TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A  C I V I L 



Auto Supremo: 527/2016

Sucre: 16 de mayo 2016

Expediente: LP-114-15-S

Partes: Hilda Agueda Gutiérrez Vda. de Jiménez. c/ Susana Graciela Gutiérrez

            Maydana y otros.

Proceso: Nulidad de Escritura Pública.

Distrito: La Paz.


VISTOS: el recurso de casación de fs. 567 a 577, interpuesto por Susana Graciela, Dominga Victoria y Rosario Sophia todas de apellidos Gutiérrez Maydana contra el Auto de Vista Nº S-367/2014 de 27 de noviembre cursante de fs. 559 a 563 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en el proceso de Nulidad de Escritura Pública, seguido por Hilda Agueda Gutiérrez Vda. de Jiménez contra Susana Graciela, Dominga Victoria y Rosario Sophia todas de apellidos Gutiérrez Maydana, la respuesta de fs. 578 a 581, la concesión del recurso de fs. 590; y


I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO


El Juez Tercero de Partido en lo Civil y Comercial de El Alto - La Paz, mediante Sentencia Nº 215/2012 de 20 de abril, cursante a fs. 398 a 404, declaró: PROBADA en parte la demanda interpuesta por Hilda Agueda Gutiérrez Maydana  en lo concerniente a la nulidad de la Escritura Publica N° 1843/94 y la cancelación de la partida computarizada  01314736 actual Folio Real Nº 2.01.4.01.0033075; e improbada con relación a la restitución de la habitación que ocupaba en el inmueble en cuestión y el pago de daños y perjuicios, disponiendo en consecuencia la nulidad de la Escritura Publica N°1843/94 de fecha 18 de agosto  de 1994 así como el protocolo y minuta correspondiente, y la cancelación de la partida correspondiente en la oficina de Derechos Reales.


Deducido el recurso de apelación por las demandadas y remitida la misma ante la instancia competente, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº S-367/2014, confirmo la Sentencia apelada señalando que respecto a que la fundamentación y motivación  es clara y expresa, respecto a las cuestiones litigadas  sometidas a conocimiento y resolución del Juez de instancia, que observar a estas alturas  algunas irregulares resulta extemporáneo pues las demandadas han convalidado  las actuaciones procesales tal como se realizaron;        que respecto a sus derechos como heredera forzosa habría sido vulnerados, no es difícil deducir  que en el caso presente no se trata de una liberalidad que habría modificado su derecho de legitima; que respecto a la identidad de la partes suscriptoras de las partes la E.P. N° 1843/94, no denota incoherencia, imposibilidad en su participación; concluyendo que se ha acogido la demanda de nulidad sobre la base de os dispuesto del art. 1299 del CC, ha obrado  conforme a los datos del proceso  y a las normas sustantivas que rigen la materias más aun conforme al principio iura novit curia donde el Juez está obligado a fallar conforme lo pedido.


En conocimiento de la determinación de segunda instancia, las demandadas interpusieron recurso de casación, mismo que se pasa a analizar:


II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:


En el Fondo.-


Que se habría realizado una incorrecta aplicación del art. 1299 del CC,  ya que resultaría  inapropiado referir y aplicar dicho artículo, pues dicho artículo no se refiere sobre documentos públicos  que en el presente caso  es Escritura Pública de compra ventea constituida en  instrumento público  y dicho artículo solo se aplicaría  a los documentos privados y no para escrituras públicas, para las personas analfabetas que otorgan documentos privados si se requiere tres personas testigos a ruego pero para una escritura pública celebrada ante notario  no se requiere tres personas  sino una que firme a ruego  que en el caos de autos se habría cumplido  ya que existen dos testigo a ruego  y no solo uno, sin analizar ni considerar lo dispuesto en el art. 1295 del CC.


Que la Escritura Pública habría cumplido con todos los requisitos para su formación de los contratos y escritura publicas  exigidas por Ley ya que no existiría ninguna causal como lo habría manifestado el mismo Tribunal  ola ultima parte de la infundada resolución  pretendiendo justificar lo injustificable, ya que el contrato de compraventa sería un contrato consensual donde el solo acuerdo de voluntades es suficiente  para dar nacimiento al contrato, empero el Ad quem lo habría confundido con un contrato solemne  que exige se cumpla formalidades  que se cumplieron pero que nota el error del Tribunal de Alzada.


Con la decisión asumida por el Tribunal de Alzada se violaría el derecho a la propiedad que tiene toda persona la cual está garantizada por la constitución Política del Estado  y que las resoluciones de instancia vulnerarían este precepto ya que de forma muy simple y sin ningún fundamento motivado ni explicado solo y sin dar una solución práctica confirma la resolución de primera instancia; vulnerándose además los arts. 105 y 584 del CC, y tratados y convenios internacionales como ella declaración universal de derechos humanos, ya que se limitaría su derecho propietario puesto que se anularía y se deja sin efecto su transferencia  de forma injusta e incorrecta  vulnerando el derecho de vender y de disponer  consagrado en el art. 56 de la CPE.


En la Forma.-


Que de la simple lectura de la resolución recurrida  se entendería que no contiene  la suficiente motivación ni fundamentación, no contendría criterio jurídico  propio del Tribunal a mas  que no habría resuelto todas las pretensiones  reclamadas, limitándose solo a repetir  y copiar los argumentos del Juez A quo ya que solo se habrían referido a que faltaba los tres testigos  sin explicar ni motivar cada una de las causales incoadas.


En merito a lo fundamentado solicitan se dicte Auto Supremo casando en su totalidad el Auto de Vista recurrido o en su caso anulando  el mismo.


De las Respuestas al Recurso de Casación.-


Con relación a la respuesta al recurso de casación la actora señaló:

Que se apartaría de las exigencias  de nuestro ordenamiento jurídico para  presentar el recurso de casación cuando este se encontraría sujeto a rigurosas formalidades de indispensable cumplimiento debiendo ser rechazado por improcedente ya que con solo afán de dilatar la ejecución de la Sentencia, presentan dicho recurso, incumpliendo con lo dispuesto por el art. 258-2) del Código de Procedimiento Civil, y en este proceso se habría ingresado ya a una  lamentable retardación de justicia pues ya habrían transcurrido básicamente 10 años y ahora que se habría ingresado al fondo de la causa, el Ad quem habría realizado un análisis más riguroso y positivo confirmando la Sentencia entendiendo que lo que se pretende es  hacer justicia.


Que el Tribunal de segunda instancia se habría pronunciado conforme a otras resoluciones en función a la verdad material que habrían reconocido su legitima pretensión pues habría demostrado que es víctima de sus hermanas que le negarían la herencia que le corresponde, pues habría demostrado que su madre habría adquirido el lote de terreno e cuestión, que en la causa se pide la nulidad en relación a arts. 1059, 1059 y 1299 en concordancia con el art. 549 del CC, por lo que  la sentencia habría fallado conforme las causales demandadas.

Los agravios pretenden confundir con apreciaciones falsas cuando las demandas inequívocamente contestan a la demanda  se allanan dando con bien hecho todos los actuados, y sus hermano mentirían en complicidad con su padrastro despojándola de lo que le corresponde, y se habría demostrado que la E.P.,  no cumple con las condiciones de Validez que exige la Ley cuando esta esta protocolizada se vulneran normas imperativas pues la ley exige ciertos requisitos cuando se trata de personas analfabetas  y uno elemental sería un tercero a ruego, y el contrato de compra venta además del consentimiento requiere otros requisitos  de validez exigidos por ley a falta de uno de ellos la ley los sanciona de nulidad.


En tales antecedentes diremos que:

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- De la Motivación y Fundamento.

La Sentencia Constitucional Nº 0577/2012 de 20 de julio de 2012, determinó que la motivación de una Sentencia o cualquier otra Resolución judicial se encuentra relacionada directamente con el derecho al debido proceso y tutela judicial efectiva y que la motivación no tiene que ser ampulosa sino puede ser breve, así lo dispone la señalada Sentencia Constitucional, que expresamente indicó: “En efecto, el deber de motivación de los fallos supone un elemento fundamental del debido proceso, conforme ha expresado la SC 0012/2006-R de 4 de enero, al indicar: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…) y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la Resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento…”.

III.2 Del contrato de compra venta

El art. 584 del CC que de manera textual señala: “La venta es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa o transfiere otro derecho al comprador por un precio en dinero”  asimismo acudiendo a la doctrina sobre este tipo de contratos típicos podemos citar a R. Badenes Gasset quien en su libro el Contrato de Compra Venta Tomo I pag. 46 citando a Luzzatto señala: “ la venta es un contrato, en virtud del cual, una parte (vendedor) transfiere  o se obliga a transferir la posesión de ella, mientras la otra (comprador), paga o se obliga a pagar el precio”, en cuanto a la característica de este tipo de contratos Guillermo A. Borda en su obra Manual de Contratos refiere:  “no es formal aun en el caso de que tenga por objeto la transmisión de inmuebles, la escritura pública “…” es un requisito  de la transferencia del dominio pero no del contrato en sí, que puede ser válidamente celebrado en instrumento privado aun verbalmente.

En este entendido, citamos a Roque Fortunato Garrido y Jorge Alberto Zago, que de igual manera en su libro Contratos Civiles y Comerciales Tomo II, que también  sobre el tema de las características de este tipo de contratos expone que es un contrato: “consensual, porque según de la definición del codificador, una de las parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa, es decir que en el acto de contratar no la transfiere sino que se obliga a transferir, y la otra parte se obliga a recibirla y a pagar un precio cierto en dinero. Ello señala que los efectos del contrato surgen desde el momento mismo en que se perfecciona el consentimiento contractual; es por tanto un contrato consensual….”.

Asimismo el  Auto Supremo: 153/2014 de fecha 16 de abril, ha orientado que: “Al margen de lo expuesto, resulta conveniente realizar las siguientes puntualizaciones con respecto al contrato de compra venta, con la finalidad de lograr una mejor comprensión de lo antes señalado, por consiguiente se entiende que el contrato de compra venta es un contrato consensual, que para su nacimiento basta que ocurra el acuerdo de las voluntades, sin importar si éste se expresa en forma verbal o escrita en documento público o privado, no está sujeto a formalidades, como también señala Gonzalo Castellanos Trigo “No es formal o tiene forma Libre, porque la ley no impone como regla general, una solemnidad para su existencia”…” debiendo entenderse esta como una constancia documental del consentimiento expresado por las partes, por lo que la solemnidad de transcribirla en una escritura pública es simplemente un requisito para su inscripción en el registro Derechos Reales, lo que no significa que no surta efectos en cuanto a lo consensuado por las partes contratantes, razonamiento orientado en lo establecido por la Corte Suprema de Justicia que en el Auto Supremo Nº 64/2011 que dice “Es habitual, en nuestra práctica jurídica, que muchos de los contratos consensuales se redacte o documente a través de una minuta, dejando así la constancia escrita respecto del contrato celebrado entre partes y del consentimiento expresado por ellas, sin que ello suponga la infracción de ninguna norma legal, ni motive su invalidez por la nulidad o la anulabilidad, pues, si un contrato consensual, como es la compraventa, puede celebrase incluso en forma verbal, no existe ningún óbice legal para que el acuerdo de partes y el consentimiento de ellas respecto a ese contrato se lo documente a través de ese medio, sin que ello suponga causal de nulidad ni anulabilidad del contrato”.

III.3.- Del Artículo 1295 y el art. 1299 del Código Civil

A través del Auto Supremo Nº 644/2013 de 1 de diciembre se ha orientado que: “…el actual régimen normativo prevé en el art. 1295 del Código Civil que los documentos públicos otorgados por personas que no sepan o no puedan firmar, firmará otra persona a ruego por ella, y se estampará las impresiones digitales del otorgante, haciéndose constar esta circunstancia al final de la escritura, aparte de firmar también los testigos instrumentales; ésta norma regula la otorgación de una escritura pública para personas que no sepan firmar o que no pueden hacerlo a momento de la otorgación. En relación a la extensión de un documento privado por una persona que no pueda hacerlo por estar impedido nuestro régimen normativo no fue tan claro, sin embargo se debe diferenciar de este supuesto -de persona que no pueda firmar por algún motivo- de la persona analfabeta; el art. 1299 del Código Civil que regula los documentos privados otorgado por analfabetos señala que éstos documentos llevarán siempre sus impresiones digitales puestas en presencia de dos testigos que sepan leer y escribir y suscriban también al pie, así como la persona que firme a ruego, requisitos sin los cuales son nulos, formalidades previstas por acudir al documento una persona analfabeta que tiene incapacidad de leer lo que el texto expresa y por tanto de saber de su contenido. Sin embargo, situación diferente sucede cuando se suscribe un documento privado por una persona que sabe leer y escribir, o sea que no es analfabeta, pero que por alguna circunstancia sobreviniente no puede imprimir su firma en el documento privado. Al efecto es necesario remitirnos al art. 1300 parágrafo II del sustantivo civil que señala en el caso de personas que no saben o no pueden firmar, se hará el reconocimiento de la firma a ruego, y el otorgante reconocerá por su parte el contenido del documento y el hecho de haber estampado en él sus impresiones digitales, misma sustancia prevé el art. 18 parágrafo IV de la Ley Nº 1760, que concuerda con lo descrito en el art. 1295 del Código Civil sobre el requerimiento de la firma a ruego y la impresión digital, exceptuando a los testigos instrumentales ya que el documento privado no contiene el formalismo del público, en ese sentido lo que la norma prevé para personas que no sepan firmar o no puedan hacerlo es que el documento privado presente la firma a ruego y las huellas digitales de la parte contratante, pues debe entenderse que éste último por su aptitud de lectura del texto conoce el contenido del documento; situación diferente del analfabeto que por su vulnerabilidad ante el desconocimiento de lo que se contrata es necesario el advenimiento no sólo del firmante a ruego sino también de la presencia de dos testigos que hagan conocer del contenido de lo que está contratando y legitimen el acto. Es por ello que, en un documento privado, para la persona que no sepa o no pueda firmar la ley no ha previsto un formalismo tan riguroso, sino que por su situación de conocimiento del documento y para atestiguar su consentimiento se amerita la firma a ruego y la impresión de sus huellas digitales, siendo innecesario que se acuda con otros testigos al acto.”.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En la Forma.-

Acusa que de la simple lectura de la resolución recurrida  se entendería que no contiene la suficiente motivación ni fundamentación, no contendría criterio jurídico propio del Tribunal a mas  que no habría resuelto todas las pretensiones  reclamadas, limitándose solo a repetir  y copiar los argumentos del Juez A quo ya que solo se habrían referido a que faltaba los tres testigos sin explicar ni motivar cada una de las causales incoadas.

Al respecto se debe señalar que conforme lo señalado en el punto III.1 de la adoctrina aplicable, del análisis del Auto de Vista recurrido, este en su tercer considerado el Ad quem expone en 8 puntos los motivos por los que confirma la Sentencia apelada, de manera clara y concreta, siendo que en su razonamiento  el motivo principal de la nulidad seria la falta de firma de los testigos a ruego conforme manda el art. 1299 en relación al art. 549 inc. 1) y 5) del CC, amparando la interpretación y calificación del proceso en el principio iura novit curia, exponiendo los motivos por los que reafirma la decisión del A quo, conforme se tiene expuesto en el Auto de Vista recurrido; no siendo evidente la falta de Motivación y Fundamentación acusada en este punto, pues si la resolución recurrida carecería de motivación y fundamentación no sería posible que la recurrente acuse cuestiones de fondo, toda vez que  los reclamos de fondo nacen precisamente de la motivación y fundamentación existente en la resolución recurrida. Por otra parte se debe hacer notar que el hecho de establecer la existencia de motivación no implica estar de acuerdo con dicho razonamiento, sino que al ser un reclamo de forma de la resolución no corresponde por tal aspecto ingresar a realizar un análisis de fondo de la motivación y fundamentación antes descrita.

En el Fondo.-

La recurrente en lo principal acusa que se habría realizado una incorrecta aplicación del art. 1299 del CC,  ya que resultaría  inapropiado referir y aplicar dicho artículo, pues el mismo no se refiere sobre documentos públicos, para las personas analfabetas que otorgan documentos privados pero para una Escritura Pública celebrada ante notario no se requiere tres personas  sino una que firme a ruego  que en el caso de autos se habría cumplido  ya que existen dos testigo a ruego y no solo uno; en este entendido, la Escritura Pública habría cumplido con todos los requisitos para su formación exigidas por Ley, ya que el contrato de compraventa sería un contrato consensual donde el solo acuerdo de voluntades es suficiente para dar nacimiento al contrato, empero el Ad quem lo habría confundido con un contrato solemne exigiendo se cumpla formalidades que habrían sido cumplidas, aspecto que denotaría el error del Tribunal de Alzada.

Al respecto se debe señalar que el Tribunal de Alzada en su razonamiento  principal para declarar la nulidad de la Escritura Pública de fs. 7, fue que del análisis de dicho documento constarían como testigos a ruego firmantes del documento de transferencia los señores Daniel Yampara y Natividad Pérez, empero extraña la participación de los dos testigos que sepan leer y escribir quienes debieron suscribir al pie del documento y en el caso de que dichos testigos a ruegos serían los que saben leer y escribir  aun así faltaría el tercer testigo a ruego conforme prevé la norma sustantiva civil cuya inobservancia absoluta seria causal de nulidad conforme lo prevé el art. 1299 del CC., razonamiento que resulta ser el central en relación a las diversos hechos por lo que  demandaban la nulidad que fueron desvirtuados y declarados improbados.

En este marco es preciso señalar que si bien las recurrentes señalan que en el caso sería aplicable lo dispuesto por el Art. 1295 y no el art. 1299 del CC, se debe tener en cuenta que por lo señalado en el punto III.3 de la doctrina aplicable dicho precepto normativo (art. 1295 del CC) no resulta aplicable al caso de autos; toda vez que si bien el art. 1299 del CC, regula lo relativo a la extensión de documentos privados otorgado por analfabetos, señala que éstos documentos llevarán siempre sus impresiones digitales puestas en presencia de dos testigos que sepan leer y escribir y suscriban también al pie, así como la persona que firme a ruego, requisitos sin los cuales son nulos.

Se debe tener en cuenta que conforme se tiene expuesto en la demanda cursante a fs. 15 a 17 la pretensión de los demandantes está dirigida a solicitar la nulidad de la Escritura pública Nº 1843/94, donde se encuentra contenido el contrato de compra venta suscrito entre Juana Maydana de Gutiérrez quien antes de la corrección de su apellido contenía el nombre de Juana Maydana de Vela (vendedora) y Susana Graciela, Dominga Victoria y Rosario Sophia todas de apellidos Gutiérrez Maydana (compradoras) contrato de compra venta que conforme se expuso en el punto III.2 de la Doctrina aplicable es un contrato consensual, que para su nacimiento basta que ocurra el acuerdo de las voluntades, sin importar si éste se expresa en forma verbal o escrita en documento público o privado, no está sujeto a formalidades, debiendo entenderse a dicho documento como una constancia documental del consentimiento expresado por las partes, por lo que la solemnidad de transcribirla en una escritura pública es simplemente un requisito para su inscripción en el registro Derechos Reales.

Sin embargo, en el caso de autos como se expuso supra puntualmente entre los hechos expuestos en la demanda y que fue acogido por los de Alzada, se pretende la  invalidez de la Escritura Pública Nº 1843/1994 por la falta de los requisitos establecidos en el art. 1299 del CC, en cuyo mérito lo que correspondía es determinar si en dicho documento están presentes la firma de los dos testigos que sepan leer y escribir y el testigo a ruego conforme determina el articulo antes citado; en tal entendido corresponde en esencia analizar la Escritura Publica Nº 1843/2014 cursante de fs. 5-6 de obrados que en su contenido y estructura se puede observar claramente las rubricas de los testigos  Roberto Canaza Calle, Gabriel Guzmán Pinto, Natividad Pérez Nina y Daniel Yampara, es decir, se tiene la firma de los tres testigos  que establece el art. 1299 del CC, no siendo evidente que el mismo este viciado de nulidad; ahora bien si el razonamiento tiende a atacar al documento de fs. 7 donde se tiene la existencia de solo dos testigos a ruego, se debe tener presente que dada la naturaleza consensual de la compra venta, el documento referido de fs. 7 fue insertado en la Escritura Publica Nº 1843/2014  que en definitiva quedó como constancia documental del consentimiento expresado por las partes, requisito para su inscripción en el registro Derechos Reales, quedando la falta del testigo observada en el documento de fs. 7, corregido con la protocolización del mismo que como se expuso supra contiene el contrato de compra venta en cuestión con la rubrica de cuatro testigos; no siendo correcto el razonamiento efectuado por los jueces de instancia en relación a la inexistencia de la cantidad de testigos que establece el art. 1299 del CC, en la Escritura Pública de la cual se pretende la nulidad.

En cuanto a la respuesta al recurso de casación donde la actora señala que, el recurso no cumpliría con los presupuestos  establecidos en el art. 258-2) del código de Procedimiento Civil, se tiene que conforme a lo  expuesto en el punto II del contenido del recurso de casación, este fue planteado en la forma y en el fondo, conteniendo una exposición clara de los reclamos  por los que se ingresó a considerar la forma y fondo de la resolución recurrida.

En cuanto a que el Tribunal de segunda instancia se habría pronunciado conforme a otras resoluciones en función a la verdad material que habrían reconocido su legitima pretensión, se debe tener presente que dicho aspecto referente a la legitima fue una causal descartada por el Tribunal de Alzada y que no fue reclamada en casación por lo que no fue objeto de análisis.

En cuanto a que se habría demostrado que la Escritura Pública,  no cumple con las condiciones de validez que exige la Ley cuando esta ha sido protocolizada vulnerando normas imperativas, pues la ley cuando se trata de personas analfabetas, establece entre sus requisitos, la firma de un tercer testigo a ruego; remitiéndonos a lo expuesto ampliamente en la doctrina aplicable y los fundamentos de la presente resolución dicha afirmación no es evidente.

Por todos los fundamentos expuestos corresponde dictar resolución conforme manda el art.  220.IV del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por los 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de fecha 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.IV del Código Procesal Civil CASA parcialmente el Auto de Vista Nº S-367/2014 de 27 de noviembre cursante de fs. 559 a 563 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en lo que respecta a la declaración judicial de nulidad de la Escritura Publica Nº 1843/1994 por la falta de requisitos establecidos en el art. 1299 del código Civil y la cancelación del Folio Real Nº 2.01.4.01.0033075, y deliberando en el fondo declara IMPROBADA la misma, en cuanto a la nulidad de la Escritura Publica Nº 1843/94 y su correspondiente cancelación en Derechos Reales, dejando en lo demás incólume el Auto de Vista recurrido.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.