TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                               S A L A  C I V I L




Auto Supremo: 511/2016

Sucre: 16 de mayo 2016

Expediente: PT-27-14-S

Partes: Ana María Gómez Choque. c/ Vidal Choque Callapa y Vicenta Arce

            Quispe de Choque.

Proceso: Fraude Procesal.

Distrito: Potosí.

VISTOS: La Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1071/2015-S1 de fecha 3 de noviembre de 2015, que revocó la Resolución 39/2015 de 29 de mayo, emitida por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituido en Tribunal de Garantías, y en consecuencia concedió la tutela solicitada en la acción de Amparo Constitucional interpuesta por Vidal Choque Callapa contra los Magistrados de la presente Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.

El recurso de casación en la forma de fs. 518 a 530 vta., interpuesto por Vidal Choque Callapa, contra el Auto de Vista Nº 89/2014 de 29 de mayo de 2014 cursante de fs. 509 a 511 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en el proceso de Fraude procesal, seguido por Ana María Gómez Choque en contra de Vidal Choque Callapa y Vicenta Arce Quispe de Choque, el Auto de concesión del recurso de fs. 537, los antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Cuarto en lo Civil y Comercial de la ciudad de Potosí, dictó la Sentencia N° 05/2014 de 06 de marzo de 2014, cursante de fs. 471 a 478, declarando PROBADA totalmente la demanda interpuesta de fs. 107 a 110 por Ana María Gómez Choque, en consecuencia declaró la existencia de fraude procesal en la demanda ordinaria de usucapión decenal o extraordinaria interpuesta por Vidal Choque Callapa y Vicenta Arce Quispe de Choque en contra de María Gómez Choque y terceras personas con interés legítimo, tramitado en el Juzgado de Partido Segundo en lo Civil de la Capital Potosí, que mereció sentencia fechada el 23 de abril de 2012 que en su parte resolutiva declaró probada la demanda y reconoció derecho propietario a favor de Vidal Choque Callapa y Vicenta Arce Quispe de Choque. IMPROBADA en cuanto a la procedencia de la excepción de falta de acción y derecho interpuesta de fs. 116 a 119 por Vidal Choque Callapa. Con costas.

Resolución de primera instancia que fue recurrida de apelación por el codemandado Vidal Choque Callapa por escrito de fs. 483 a 492.

Antecedentes en virtud de los cuales, la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emitió el Auto de Vista Nº 89/2014 de 29 de mayo de 2014, de fs. 509 a 511 vta., con el fundamento de que el Juez de primera instancia obró en forma correcta sin haber quebrantado ninguna norma legal, que no son evidentes los fundamentos anotados por Vidal Choque Callapa en su memorial de apelación, y que no pudo desvirtuar con prueba fehaciente los fundamentos de la demanda, es que CONFIRMÓ totalmente la Sentencia pronunciada en apelación. Asimismo, emitió el Auto de fecha 06 de junio de 2014 cursante a fs. 514, que ante la solicitud de explicación interpuesta por el recurrente de apelación, no dio lugar a dicha solicitud.

Resoluciones que dieron lugar al Recurso de Casación en la forma interpuesto Vidal Choque Callapa, cursante de fs. 518 a 530, en cuyo mérito se pronunció el Auto Supremo Nº 651/2014 de 06 de noviembre de 2014, cursante de fs. 548 a 552 vta., que declaró infundado dicho recurso, con costas.

Contra dicho Auto Supremo, Vidal Choque Challapa, interpuso Acción de Amparo Constitucional, que mereció la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1071/2015-S1 de fecha 3 de noviembre de 2015 pronunciada por la Sala Primera Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional, revocando la Resolución  39/2015 de 29 de mayo, emitida por la Dala Civil. Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituido en Tribunal de Garantías, y en consecuencia, concedió la tutela solicitada, disponiendo que nuestras autoridades emitan una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada conforme a la jurisprudencia constitucional expuesta en dicho Fallo.

II. DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:                                

De forma resumida se pasa a detallar los fundamentos de agravio que expone el recurrente: 

1º Recurso extraordinario de casación en la forma en contra el Auto de Vista Nº 89/2014, por falta de pronunciamiento de los puntos apelados:

Refiere que de la revisión del Auto de Vista Nº 89/2014 de 29 de mayo de 2014, se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció respecto a ocho de los puntos apelados, siendo los mismos: “1) Errónea aplicación del art. 1543 parágrafo I del Código Civil. 2) Infracción del art. 476 del Código de Procedimiento Civil. 3) Infracción del art. 424 del Código de Procedimiento Civil y art. 25 de la Ley 1760. 4) Infracción del art. 192 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil. 5) Infracción del art. 476 del Código de Procedimiento Civil. 6) Infracción del art. 476 del Código de Procedimiento Civil. 7) Infracción del art. 192 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil. 8) Infracción del art. 192 núm. 2) del Código de Procedimiento        Civil.”

La falta de pronunciamiento está demostrado porque no se encuentran en el citado Auto de Vista fundamentos que se refieran y resuelvan los ocho puntos de apelación, siendo que es deber del Tribunal de apelación pronunciarse de forma exhaustiva, sobre los agravios invocados en su memorial de apelación de fecha 21 de marzo de 2014. 

Asimismo manifiesta que de los argumentos citados en el Auto de Vista, “solo se encuentra pronunciamiento” al punto impugnado “9) Infracción del art. 1283 del Código Civil”, aspecto que hace notar para demostrar la falta de pertinencia del Auto de Vista, con relación a la falta de pronunciamiento de los restantes ocho puntos apelados que se encuentran en el recurso de apelación.

Agrega que los argumentos vertidos en el Auto de Vista, en la foja 511, no pueden suplir la exigencia del art. 236 del Código de Procedimiento Civil y el principio de congruencia, porque al tratarse de varios puntos el Ad quem debía individualizar cada uno de los puntos de apelación, lo que no ha sucedido en el presente caso, porque las Autoridades de manera general aseveran que el juez de la causa ha valorado la prueba con la sana crítica y prudente arbitrio, sin embargo dichos argumentos vertidos solo son una relación de antecedentes del proceso y la Sentencia, por lo que al no haberse resuelto los puntos impugnados, se ha incurrido en incongruencia “citra petita”, principio definido en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0593/2012 de 20 de julio que al efecto transcribe.

De esta manera el Ad quem ha suprimido su derecho al Debido Proceso en su dimensión como Garantía Jurisdiccional, en su elemento congruencia, también han suprimido su derecho al Debido Proceso en su dimensión como Derecho Fundamental, derechos que se hallan consagrados en los arts. 115 parágrafo II) y art. 117 parágrafo I) de la Constitución Política del Estado, porque no se han sujetado a las reglas establecidas en el ordenamiento jurídico arts. 236 y 90 del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente como fundamentos legales señala los arts. 236 y 227 del Código de Procedimiento Civil, la jurisprudencia contenida en los Autos Supremos Nº 216/2006 de 2 de octubre, Nº 60/2005 de 29 de marzo, los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado, las Sentencias Constitucionales Nº 0363/2012 de 22 de junio, 0051/2012 de 5 de abril, 0593/2012 de 20 de julio, y Nº 0099/2012 de 23 de abril, y el art. 15-II (Carácter obligatorio vinculante y valor jurisprudencial de las Sentencias) del Código Procesal Constitucional. 

Por lo expuesto, interpone recurso de casación en la forma, por falta de pronunciamiento de los puntos apelados, recurso que presenta amparado en el art. 254 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil, solicitando que el Tribunal de Casación anule llanamente el Auto de Vista recurrido, conforme al art. 275 del adjetivo civil y se ordene se dicte nuevo Auto de Vista conforme lo dispone el art. 236 del Código de Procedimiento Civil y el principio de congruencia.

2º Recurso extraordinario de casación en la forma en contra el Auto de Vista Nº 89/2014, por haber otorgado más de lo pedido:

Manifiesta que el Ad quem con los argumentos vertidos se pronuncia sobre el punto de apelación “9) Infracción del art. 1283 del Código Civil”, empero al resolver este punto otorgarían más de lo pedido, la infracción se ocasiona cuando hacen referencia a aspectos que no han sido mencionados por su persona y tampoco por la parte demandante en el punto de apelación “9) Infracción del art. 1283 del Código Civil”, aspectos que se pueden corroborar de la revisión del memorial de contestación al recurso de apelación que cursa a fs. 498 de obrados, y de los antecedentes citados y cotejados en el recurso de apelación de fs. 483 al 492, donde se encuentran los fundamentos del punto apelado; se evidencia que en ambos actuados procesales no se hace mención que su persona ha actuado con total deslealtad procesal por haber hecho una relación de hechos falsos, y que no ha demostrado por ningún elemento de convicción que esa transferencia haya existido, como que ha poseído el bien inmueble por espacio de 10 años que exige la ley y que tampoco existe argumentos en el sentido de que al momento de efectuar se responde a la demanda de fraude procesal no ha cumplido con lo establecido en el art. 346-1) del Código de Procedimiento Civil es decir que no ha negado en forma explícita y expuesto en la demanda limitándose a pretender hacer ver que el inmueble que ocupa no es el mismo el que reclama la demandante, que varía en lo relativo a la superficie, registros y antecedentes dominiales.

Por los antecedentes mencionados está probado que el Ad quem al dictar el Auto de Vista Nº 89/2014, ha otorgado más de lo pedido al resolver el punto de apelación “9) Infracción del art. 1283 del Código Civil”.

Por todo lo anteriormente expuesto, interpone recurso de casación en la forma, porque el Ad quem ha otorgado más de lo pedido, es decir extra petita, aspecto que hace la procedencia del recurso, conforme lo establece el art. 254 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil, solicitando que el Tribunal de Casación anule llanamente el Auto de Vista recurrido, conforme al art. 275 del adjetivo civil y se ordene se dicte nuevo Auto de Vista congruente y exhaustivo conforme a los datos del recurso de apelación y la contestación al recurso de apelación con respecto al punto apelado.

De la respuesta al recurso de casación.

Refiere que el recurrente, no obstante de que se habría demostrado plenamente  la existencia de dolo y de fraude procesal, insistiría en hacer uso abusivo de los recursos que la ley le franquea.         

Señala que el recurso de casación interpuesto, no cumple con los requisitos que el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil establece, así como el hecho de que a lo largo del citado recurso, solo se hará mención del Auto de Vista mas no así del Auto Complementario.

Aduce que al ser el recurso de casación en la forma la valoración de prueba es incensurable en esta etapa procesal.

Asimismo, señala que dicho recurso no contiene fundamentación alguna solo una transcripción del proceso, es decir que no existe fundamentación relevante que demuestre que se habría dado cumplimiento al art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.-

Respecto al numeral dos del recurso de casación, refiere que el recurrente entra en confusión porque el hecho de hacer referencia a algo, no implica otorgamiento de más o menos, y que en el Auto de Vista no se dio más de lo pedido.

Manifiesta que en la resolución recurrida en casación existe pronunciamiento de todos los puntos que fueron apelados por el ahora recurrente, y que por tal razón corresponde emitir Auto Supremo declarando improcedente o en su defecto infundado el recurso de casación en la forma.  

En razón a dichos antecedentes diremos que:

III. DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

Es pertinente señalar que el presente examen deviene del mandato que emerge de la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1071/2015-S1 de 3 de noviembre de 2015, pronunciada dentro de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por Vidal Choque Callapa contra los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, donde el citado Tribunal señaló que en el Auto Supremo accionado carece de una debida motivación y fundamentación completa que demuestre las razones por las cuales se ha tomado dicha determinación, pues no se habría explicado porque se llegó a tal conclusión, tomando en cuenta que se denunció la falta de motivación de ocho puntos, los cuales por su naturaleza no pueden ser generalizados, pues merecerían un análisis individualizado y específico; de igual forma señaló que el pedir al justiciable que fundamente y explique la importancia de la nulidad es un requisito netamente formal, pues le principio de trascendencia debe ser aplicable por los que imparten justicia y no por el justiciable.

III.1.- De la incongruencia omisiva y el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En este entendido, se ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016 que, citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, señala: “Que, Todo Auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal a quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal a quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso.”.

En este antecedente, el Tribunal de casación a momento de realizar el análisis sobre los reclamos de incongruencia omisiva en que habría incurrido el Tribunal de Alzada respecto a los puntos acusados en apelación, se debe tener presente que al ser un aspecto que acusa un vicio de forma como es la incongruencia omisiva que afecta la estructura de la resolución, el análisis debe limitarse a contrastar en el contenido de la resolución la existencia o no de dicha omisión, razonamiento compartido por el Tribunal Constitucional Plurinacional que en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1083/2014 de 10 de junio, ha interpretado los alcances del recurso de casación en la forma en relación a la falta de respuesta a los puntos de agravio del recurso de apelación, conforme desarrolla: “…En ese contexto, cabe recalcar que, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ante el planteamiento de un recurso de casación en la forma, debe limitar sus consideraciones a las causales establecidas en el art. 254 del CPC. En el presente caso, al estar extrañada la falta de respuesta a los puntos de agravio identificados en el recurso de apelación, el Tribunal de casación debe limitar su consideración únicamente para establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo; así, los Magistrados demandados, luego de efectuar un examen de los antecedentes del legajo procesal, concluyeron que el Tribunal de apelación, otorgó la respuesta extrañada, inclusive extrayendo citas textuales que ellos consideraron como respuestas a la apelación contra la Sentencia; por lo tanto, el Auto Supremo Nº 434/2013, no incurre en incongruencia omisiva ni carece de la debida motivación, ya que la labor del Tribunal de casación estaba restringida a efectuar el control para determinar si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente y, fue ésa la misión que cumplieron los Magistrados demandados; por lo tanto, cumple con el debido proceso” (las negrillas y subrayado son nuestras).

III.2.- De la Congruencia en las resoluciones.

Este Supremo Tribunal de Justicia a través de sus diversos fallos (Autos Supremos Nros. 651/2014, 254/2016) ha orientado que la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado por el  Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014. De donde se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

Es en este entendido que a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes.

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa.”.

IV. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En virtud a los fundamentos expuestos en el punto anterior y particularmente en estricto cumplimiento de lo establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1071/2015-S1 de 3 de noviembre de 2015, corresponde ingresar a considerar los reclamos expuestos en el recurso de casación en la forma.

1. Sobre la falta de pronunciamiento de los puntos apelados.

Con relación a la falta de pronunciamiento en que hubiese incurrido el Tribunal de Alzada al no haberse referido sobre ocho de los nueve puntos apelados, es decir sobre 1) Errónea aplicación del art. 1543 parágrafo I del Código Civil. 2) Infracción del art. 476 del Código de Procedimiento Civil. 3) Infracción del art. 424 del Código de Procedimiento Civil y art. 25 de la Ley 1760. 4) Infracción del art. 192 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil. 5) Infracción del art. 476 del Código de Procedimiento Civil. 6) Infracción del art. 476 del Código de Procedimiento Civil. 7) Infracción del art. 192 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil. 8) Infracción del art. 192 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil; al respecto corresponde señalar que:

Sobre la omisión de la errónea aplicación del art. 1543 parágrafo I del Código Civil, se tiene que si bien resulta evidente que en el Considerando I de la Sentencia de primera instancia, el Juez A quo refiriéndose a que a fs. 84 cursa el certificado de nacimiento de Ana María Gómez Choque nacida en fecha 23 de enero de 1977, y que tal documental tendría la fuerza probatoria que reconoce el art. 1287-I y “1543-I” ambos del Código Civil, extremo que ocasionó que el demandado acuse en apelación la vulneración de este último artículo, por no tener el mismo relación con el caso de autos, es en virtud a este reclamo que el Tribunal de Alzada, contrariamente a lo acusado en casación, refiriéndose al citado certificado de nacimiento que fue objeto de valoración por el Juez A quo, donde hizo mención del articulo acusado como erróneamente aplicado, señaló que el mismo acreditaría que al momento de efectuar la transferencia del inmueble en favor de los demandados, ahora recurrentes, que data de 1986, Ana María Gómez Choque contaba con 9 años de edad, y que tal aspecto no fue desvirtuado por los demandados con prueba alguna. De lo expuesto es que se infiere que si bien el Tribunal de Alzada no se refirió de manera específica sobre el articulo acusado de erróneamente aplicado, empero al haber considerado y analizado el valor que tendría el certificado de nacimiento, donde el Juez A quo, refirió que dicha documental al margen del valor que otorga a dicha prueba el art. 1287-I del Sustantivo Civil, tendría también el valor que otorga el art. “1543.I del Código Civil”, es un extremo que no puede constituirse como omisión, pues de lo expuesto se advierte que el Tribunal de Alzada al confirmar la Sentencia recurrida en apelación, también concedió el valor que el art. 1287-I de la norma ya citada le otorga a dicho medio probatorio; ahora bien, el hecho de que el art. 1543.I del Código Civil no guarde relación con la prueba documental citada ni con el proceso, este extremo se constituye en un lapsus en que incurrió el Juez A quo, que no puede de ninguna manera constituirse como una causal de nulidad, máxime si en base a la doctrina aplicable al caso de autos, se señaló que el principio de congruencia no es absoluta, y toda vez que el enmendar dicho desliz involuntario, al margen de no resultar trascendental, es una cuestión que no modifica el fondo de la decisión que fue asumida por los jueces de instancia, pues lo contrario implicaría ir contra los principios de celeridad y acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que son reconocidos en la Constitución Política del Estado, más aun si el mismo constituye una cuestión más de forma que de fondo, es que este reclamo deviene en infundado

Ahora bien, con relación a la falta de pronunciamiento de los numerales 2), 5) y 6) del recurso de apelación, se advierte que los mismos están orientados a acusar la vulneración del art. 476 del Código de Procedimiento Civil; en esa lógica, para verificar si efectivamente el Tribunal de Alzada omitió o no considerar dichos reclamos, corresponde en principio establecer que este artículo está orientado a la apreciación de la prueba testifical, pues textualmente señala: “En oportunidad de dictar sentencia definitiva, el juez, según las reglas de la sana critica, apreciará las circunstancias y motivos que corroboraren o disminuyeren la fuerza de las declaraciones de los testigos…”; de esta manera se tiene que toda vez que en dichos numerales el recurrente señaló haber acusado la infracción de dicha norma, se entiende que los reclamos inmersos en los numerales 2), 5) y 6) deben estar orientados a cuestionar la apreciación que el Juez A quo hizo sobre las declaraciones testificales, sin embargo de la revisión de obrados se tiene que únicamente en el numeral 2) el recurrente se refiere a la prueba testifical, aunque con una imprecisión pues señala que la prueba testifical objeto del reclamo sería la de descargo, cuando en realidad la única parte que produjo prueba testifical fue la parte actora, a pesar de ese desliz, se tiene que el Tribunal de Alzada después de hacer una relación minuciosa de los antecedentes que hacen al presente proceso, de manera concreta y precisa señaló que la prueba testifical producida en el proceso fue realizada en base a la sana crítica y prudente criterio, amparando dicho fundamento en lo señalado en el art. 1286 del Sustantivo Civil y art. 397 del Código de Procedimiento Civil, de dicho fundamento se deduce que si bien la respuesta no fue ampulosa, empero el hecho de que el Tribunal de Alzada haya referido que el Juez A quo realizó una valoración de las declaraciones testificales conforme a las normas citadas anteriormente, es un hecho que claramente demuestra que el Tribunal Ad quem, no omitió considerar las mismas, como erradamente acusa el recurrente, y toda vez que este Tribunal Supremo de Justicia debe abocarse a verificar si existió o no dicha omisión se advierte que el Tribunal aunque de manera concreta si se refirió a dichas pruebas, caso diferente hubiese sido el hecho de que el recurrente no este de acuerda con la valoración que el Tribunal de Alzada dio a dicha prueba, caso en el cual debió interponer recurso de casación en el fondo y no en la forma, acusando tal equivocación, aspecto que no tiene relación alguna con la omisión.

Continuando con este punto referido a la omisión del reclamo de vulneración del art. 476 del Código de Procedimiento Civil, abocándonos a los numerales 5) y 6) del recurso de apelación, que también son acusados como omitidos, se tiene que al no estar orientados estos reclamos a cuestionar la apreciación de la prueba testifical, no puede pretender el recurrente que en el caso de que exista omisión de consideración de tales aspectos, de lugar a la emisión de un Auto Supremo anulatorio, pues si ese sería el caso, se estaría vulnerando principios constituciones en los cuales se rige la jurisdicción ordinaria, toda vez que dicha omisión en nada cambia el fondo de la decisión, es decir que esta no es trascendental, pues a simple vista se advierte que el recurrente acuso la vulneración del artículo citado supra, con fundamentos que no guardan relación alguna con el mismo, por lo tanto el hecho de que el Tribunal de Alzada de manera específica no se haya referido a dichos reclamos no es causal suficiente para anular la resolución de Alzada.

En cuanto a la omisión del numeral 3) donde se cuestionó la infracción del art. 424 del Código de Procedimiento Civil y art. 25 de la Ley 1760, el Tribunal de Alzada en el único considerando de la resolución de Alzada, específicamente en fs. 511, señaló que la confesión judicial a la cual se refiere dicha norma, fue valorada en base a la sana crítica y prudente criterio, de dicho razonamiento se infiere que al haber confirmado el Tribunal de Alzada la resolución de primera instancia se encuentra en total acuerdo con los fundamentos que fueron vertidos por el Juez de la causa, es decir que al señalar que este obro de manera correcta la transgresión que atacan no resulta evidente, por lo que tampoco existió omisión de dicho reclamo.

Finalmente, corresponde referirnos a la omisión de los numerales 4), 7) y 8) del recurso de apelación donde el recurrente acusó la infracción del art. 192 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, de esta manera verificaremos si evidentemente el Tribunal de Alzada omitió considerar o no dichos reclamos, de esta manera diremos que al referirse dicha norma a la forma que debe contener la Sentencia, mas propiamente del hecho o del derecho que se litiga, análisis y evaluación fundamentada de la prueba  y cita de las leyes en que se funda, se tiene que el Tribunal de Apelación, justamente en virtud a las consideraciones sobre los antecedentes que hacen al proceso, como de lo expuesto en el recurso de apelación, los mismos que se hallan inmersos en el considerando que hace a dicha resolución, señaló que no fue desvirtuado por prueba alguna la documental consistente en el certificado de nacimiento de Ana María Gómez Choque, que demuestra que ella nació el 23 de enero de 1977, acreditando en ese sentido que a la fecha de celebración del documento de transferencia de 1986, al cual hicieron referencia los demandados como base de su demanda de usucapión, ella contaba con 9 años de edad; de igual forma el Tribunal de Alzada, refiriéndose a los fundamentos vertidos por el Juez A quo, llegó a la siguiente conclusión, que : “…la valoración de la prueba documental, de inspección de visu, confesión judicial y la prueba testifical, lo realizó con sana critica, prudente criterio, conforme al art. 1286 del CC., y Art. 397 de su Código Ritual…”, “…que ha obrado en forma correcta sin haber quebrantado ninguna norma legal, no siendo evidente los fundamentos anotados por el demandante Vidal Choque Callapa en su memorial de apelación de fs. 483 a 492 de obrados, no pudo desvirtuar con prueba fehaciente los fundamentos de la demanda de fs. 107 a 110 interpuesto por Ana María Gómez Choque.”, fundamentos que dan a entender que la infracción de la norma acusada no resulta evidente, pues si el Juez A quo hubiese infringido dicha norma, el recurrente no hubiese tenido sustento para acusar los demás extremos vertidos en su recurso de apelación, de esta manera la omisión que el recurrente aduce en este punto no resulta ser suficiente para generar la nulidad del Auto de Vista, como este lo pretende.

En base a estas consideraciones es que se concluye que el Tribunal de Alzada si se refirió a los reclamos que fueron expuestos en el recurso de apelación, en base a los cuales llegó a confirmar la Sentencia de primera instancia, pues los fundamentos vertidos en el Auto de Vista recurrido si cumple con la exigencia establecida en la Sentencia Constitucional Nº 632/2010-R de 19 de Julio; sin embargo, como ya se refirió anteriormente, cuando en casación se acusa la falta de pronunciamiento sobre los agravios que fueron reclamados en  el recurso de apelación, el Tribunal de Casación se encuentra limitado a considerar si evidentemente hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, y si existió omisión, establecer si esta resulta ser trascendental o no, como para disponer la nulidad de obrados, de esta manera el reclamo sobre la incongruencia omisiva que fue acusada en casación deviene en infundado.

2. Sobre la denuncia de que el Ad que hubiese otorgado más de lo pedido.

La parte recurrente denuncia que el Ad quem al dictar el Auto de Vista Nº 89/2014, ha otorgado más de lo pedido al resolver el punto de apelación “9) Infracción del art. 1283 del Código Civil”, por lo que corresponde examinar dicho cuestionamiento.

2.1. En éste punto el recurrente transcribiendo el punto “resolución impugnada” de la parte considerativa del Auto de Vista, refiere que la infracción se ocasiona cuando hacen referencia a aspectos que no han sido mencionados por su persona en el recurso de apelación y tampoco por la parte demandante en su contestación al mismo, porque en ambos actuados procesales “no se hace mención que su persona ha actuado con total deslealtad procesal por haber hecho una relación de hechos falsos, y que no ha demostrado por ningún elemento de convicción que esa transferencia haya existido, como que he poseído el bien inmueble por espacio de 10 años que exige la ley y que tampoco existe argumentos en el sentido de que al momento de efectuar su responde a la demanda de fraude procesal no he cumplido con lo establecido en el art. 346-1) del Código de Procedimiento Civil es decir no he negado en forma explícita y expuesto en la demanda limitándose a pretender hacer ver que el inmueble que ocupo no es el mismo el que reclama la demandante, que varía en lo relativo a la superficie, registros y antecedentes dominiales”.
Al respecto, de la revisión de la Resolución de Alzada, se evidencia que el Ad quem, al referirse a la “resolución impugnada” en la parte considerativa del Auto de Vista, trae a colación el fundamento del presente agravio que es objeto del presente análisis; sin embargo, dicha referencia es una alusión a la conclusión arribada por el A quo en la resolución de primera instancia, en ese antecedente, el Ad quem recopila dicha conclusión para contextualizar su resolución. En consecuencia dicha “fundamentación” no nació como una consideración oficiosa sino es una recopilación de la conclusión arribada por el A quo, lo que es respaldado por el Tribunal de alzada, empero esta evocación en ningún momento se constituye en falta de congruencia. Máxime, si tampoco acredita de manera evidente el ahora recurrente, que el Tribunal de apelación dio lugar a una pretensión ajena al presente caso y al margen de lo resuelto en la Sentencia, porque la resolución de alzada al confirmar la resolución de primera instancia, no ha otorgado ni concedido nada más de lo que ha sido reconocido en la Sentencia.

De donde se concluye que en éste punto existe la debida pertinencia establecida por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil y el estricto cumplimiento del principio de congruencia, y al no haberse otorgado más de lo pedido no se ha incurrido en incongruencia “extra petita”, de consiguiente no es evidente el agravio denunciado.

Por lo expuesto, corresponde emitir resolución en la forma prevista en el art. 220.I del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma, de fs. 518 a 530 vta., interpuesto por Vidal Choque Callapa contra el Auto de Vista Nº 89/2014 de 29 de mayo de 2014 dictado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí. Con costas y costos.

Se regula honorarios del abogado profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.