TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L 




Auto Supremo: 507/2016

Sucre: 16 de mayo 2016

Expediente:         SC-120-15-S

Partes: Carlos Nina Sacari. c/ Bella Barba Céspedes.

Proceso: Resolución de Contrato y otros.

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: el recurso de casación de fs. 322 a 330, interpuesto por Bella Barba Céspedes contra el Auto de Vista Nº 307/2015 de 27 de mayo de fs. 318 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en el proceso de resolución de contrato por incumplimiento de pago, Acción negatoria, pago de daños y perjuicios y desocupación, entrega de bien inmueble; y reconvencional de usucapión y caducidad de derecho; seguido por Carlos Nina Sacari contra Bella Barba Céspedes, la respuesta de fs. 334 y vta., la concesión de fs. 337; y


I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:


El Juez Octavo de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital Santa Cruz, mediante Sentencia N° 86/2014 de 24 de noviembre, cursante de fs. 276 a 279 vta., declaró: PROBADA en parte la demanda de fs. 16 a 17 complementado y ratificada por memoriales de fs. 22 a 23 y fs. 24 interpuesta por  Carlos Nina Sacari contra Bella Barba Céspedes, solamente en lo que respecta a la resolución de contrato, desocupación y entrega de bien inmueble e improbad la pretensión de pago de daños y perjuicios ; y declaro IMPROBADA la demanda reconvencional interpuesta por la demandada, consiguientemente dispuso por resuelto el contrato privado de 12 de junio de 1999 reconocido judicialmente en sus firmas; y que la demandada Bella Barba Céspedes, restituya en el plazo de  30 días  de su legal notificación  el bien inmueble objeto de la venta.


Deducida la apelación por parte de la demandada y remitida la misma ante la instancia competente, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 307/2015, confirmo la Sentencia objeto de apelación, señalando que a fs. 268 consta diligencia de notificación  en la cual consta el sello de recepción de la Secretaría General Municipal lo que significa que el municipio de Santa Cruz esta notificado y tiene conocimiento del proceso y que la posesión ejercida habría sido a nombre del  propietario del bien inmueble por otra parte el termino de prescripción también habría sido interrumpido varias veces como consecuencias de los procesos judiciales (interdicto y proceso ordinario).


En conocimiento de la determinación de segunda instancia, la demandada interpuso recurso de casación, mismo que se pasa a analizar:


II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:


En el Fondo.-


Acusa error de hecho toda vez que el Tribunal de Alzada no analizaría las pruebas literales adjuntas al proceso ni las testificales que serían claras y contundentes; como el listado de documentos por consumidor otorgados por la CRE, acredita los pagos por consumo de Luz eléctrica desde 1998; la certificación por COPAGUAS Ltda., en el que se acredita que sería socia regular  por conexión del servicio; las fotocopias de un proceso sumario en el cual se declaró la perención de instancia; las pruebas que salen de fs. 210 a 217 así como las salen de fs. 27 a 129 en el cual se acreditaría  que el lote de terreno que pretende recobrar el hoy demandado le habría sido vendido por Tomas Hackett Howard por documento de 20 de febrero de 1995 por $us.- 1.163.- del cual ya habría pagado muchas cuotas.


Que existiría error de derecho en la apreciación de la prueba cuando se tergiversa  el sentido y alcance  de los documentos presentados en el proceso, como ser el documento de fs. 1 repetido a fs. 14, el de fs. 21-22, el de fs. 25 y el de fs. 27 con reconocimiento de firmas a fs. 28, el poder amplio y notariado de fs. 42 y vta.,  y el contrato de venta incorrecto que hace Carlos Nina Sacari a la suscrita a Bella Barba Céspedes de 12 de juicio de 1999 que habría sido firmado por al recurrente por  en blanco para que se realice  tramites en su favor  por la Venta del terreno que le habría hecho Tomas Hackett Howard, en este sentido los jueces de instancia no habrían tomado en cuenta  que los documento de compra y venta del derecho de posesión en su favor por sus anteriores ocupantes, pruebas indiciarias o de presunción  de inicio de la posesión.


En la Forma.-


Que El Auto de Vista recurrido no cumple en lo más mínimo, con lo establecido en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil ya que no habrían dado cumplimiento a los dispuesto en el art. 131 de la Ley 2028, ya que no se hizo la citación al Gobierno Municipal como correspondería en todo proceso de usucapión; ya que por memorial de fs. 220 y vta., habría solicitado la nulidad de obrados debido a que al admitir su demanda de usucapión no se cumplió con el art. antes citado vigente en ese momento, debido a que el auto de admisión no dispuso se cite al gobierno municipal y lamentablemente los vocales no se pronunciarían en lo más mínimo sobre dicho aspecto.


Por lo que solicita al Tribunal Supremo de Justicia  Casar en el fondo y en la forma el Auto de Vista recurrido por haber infringido los vocales normas sustantivas y adjetivas.


De la Respuesta al Recurso de Casación.-


Qué recurso de casación habría sido interpuesto fuera del plazo establecido en el art. 257 del Código de Procedimiento Civil señalando que el plazo hasta el que habría podido interponer dicho recurso seria  hasta horas  10:40 del 22 de junio de 2015  como plazo máximo para que dicho recurso pueda ser admitido y en el caso de autos se habría planteado el recurso de casación el 22 de junio de 2015 a horas 18:31 pasando con ocho horas el termino establecido.

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- De las Nulidades Procesales.

La Ley Nº 025 con el fin de dar continuidad al proceso incorporó un nuevo régimen de nulidades procesales, mismo que debido a los reclamos formales expuestos en el recurso, resulta pertinente transcribir a continuación las partes que regulan dicho régimen; así en su art. 16 establece lo siguiente:

I. “Las y los magistrados, vocales y Jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley. II. La preclusión opera a la conclusión de las etapas y vencimiento de plazos”.

Por otra parte, el art. 17 del mismo cuerpo normativo establece:

II. “En grado de apelación, casación o nulidad, los Tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos. III. La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos.”

En correspondencia con lo normado por la Ley 025 el Código Procesal Civil boliviano promulgado por Ley Nº 439 en los arts. 105 a 109 en el que contienen las reglas básicas del régimen de nulidades, donde además se reconocen los principios procesales de la nulidad como ser: el principio de especificidad o trascendencia, convalidación, finalidad del acto y preclusión; entendiendo que de este modo se restringe a lo mínimo las nulidades procesales y se busca la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia, pretendiendo de esta manera revertir el antiguo sistema formalista, dejando de lado las viejas prácticas con la que se han venido tramitando los procesos judiciales por más de tres décadas con predominio de nulidades y en el mayor de los casos innecesarias e intrascendentes que solo ocasionaron retardación de justicia a lo largo del tiempo en desmedro del mundo litigante y de la propia administración de justicia, lo cual se pretende revertir definitivamente.

Las citadas disposiciones legales marcan el límite de la actuación de los Jueces vocales y Magistrados en cuanto a las nulidades a ser decretadas estableciendo como regla general la continuidad de la tramitación del proceso hasta su total conclusión, siendo la nulidad una excepción que procede según dispone la Ley 025, bajo dos presupuestos legales indispensables; es decir cuando la irregularidad procesal viole el derecho a la defensa y que esa situación haya sido reclamada de manera oportuna por la parte afectada, bajo sanción de operarse la preclusión en su contra; entendiendo que de este modo se restringe a lo mínimo las nulidades procesales y se busca la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia, pretendiendo de esta manera revertir el antiguo sistema formalista.

III.2.- De la incongruencia omisiva y el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En este entendido, se debe tomar en cuenta que en relación a los reclamos por vulneración del artículo antes citado a ser resueltos por el Tribunal de Casación; el Tribunal Constitucional Plurinacional que en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1083/2014 de 10 de junio, ha interpretado los alcances del recurso de casación en la forma en relación a la falta de respuesta a los puntos de agravio del recurso de apelación, conforme desarrolla: “…En ese contexto, cabe recalcar que, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ante el planteamiento de un recurso de casación en la forma, debe limitar sus consideraciones a las causales establecidas en el art. 254 del CPC. En el presente caso, al estar extrañada la falta de respuesta a los puntos de agravio identificados en el recurso de apelación, el Tribunal de casación debe limitar su consideración únicamente para establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo; así, los Magistrados demandados, luego de efectuar un examen de los antecedentes del legajo procesal, concluyeron que el Tribunal de apelación, otorgó la respuesta extrañada, inclusive extrayendo citas textuales que ellos consideraron como respuestas a la apelación contra la Sentencia; por lo tanto, el Auto Supremo Nº 434/2013, no incurre en incongruencia omisiva ni carece de la debida motivación, ya que la labor del Tribunal de casación estaba restringida a efectuar el control para determinar si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente y, fue ésa la misión que cumplieron los Magistrados demandados; por lo tanto, cumple con el debido proceso” (las negrillas y subrayado son nuestras).

III.3.- De la Valoración de la Prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia  del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos  que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba“El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es“La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el Juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar las todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 397 del Código de Procedimiento Civil.   

En este marco este supremo Tribunal a través de diversos fallos  entre ellos el Auto Supremo N° 240/2015 a orientado que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.  Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En la Forma.-

Acusa que el Auto de Vista recurrido no cumple en lo más mínimo, con lo establecido en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil ya que no habrían dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 131 de la Ley Nº 2028, ya que no se hizo la citación al Gobierno Municipal como correspondería en todo proceso de usucapión y lamentablemente los vocales no se pronunciarían en lo más mínimo sobre dicho aspecto; al respecto se tiene que del análisis de Auto de Vista recurrido en su segundo considerando, el Tribunal de Alzada señaló: “Al respecto corresponde puntualizar en primer lugar que consta a fs. 268 una diligencia  de notificación en la cual consta el sello desde recepción de la secretaria General Municipal, lo cual implica que el municipio de Santa Cruz  estaría notificado y  y tiene conocimiento del Proceso…”, razonamiento que del análisis de obrados resulta correcto toda vez que a fs. 268 consta notificación al Gobierno Municipal de Santa Cruz, practicada en la Secretaría General de dicha entidad, no siendo evidente la incongruencia omisva en cuanto la falta de pronunciamiento sobre este punto acusado en apelación (conforme el punto III.2 de la doctrina aplicable).

Por otra parte se debe tener presente que según lo expuesto en el punto III.1 de la doctrina aplicable, se restringe a lo mínimo las nulidades procesales y se busca la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia (especificidad, trascendencia, convalidación, finalidad del acto y preclusión) que marcan el límite de la actuación de los Jueces vocales y Magistrados en cuanto a las nulidades; en cuyo fundamento se tiene que tener presente que al margen de lo correctamente fundamentado por el Ad quem, resulta intrascendente generar una nulidad en base a una pretensión que resulto improbada, que no afectaría derecho alguno de la entidad municipal de Santa cruz, por otra parte pretender la nulidad acusando errores de nominación en cuanto a que se habría notificado a la Alcaldía Municipal y no al Gobierno Municipal, resulta un aspecto impertinente, extremadamente ritualista que va contra los principios desarrollados en el punto III.1 de la doctrina aplicable; no siendo evidente lo acusado en este punto.

En el Fondo.-

Acusa error de hecho toda vez que el Tribunal de Alzada no analizaría las pruebas literales adjuntas al proceso ni las testificales que serían claras y contundentes; como el listado de documentos por consumidor otorgados por la CRE, acredita los pagos por consumo de Luz eléctrica desde 1998; la certificación por COPAGUAS Ltda., en el que se acredita que sería socia regular  por conexión del servicio; las fotocopias de un proceso sumario en el cual se declaró la perención de instancia; las pruebas que salen de fs. 210 a 217 así como las que salen de fs. 27 a 129 en el cual se acreditaría que el lote de terreno que pretende recobrar el hoy demandado le habría sido vendido por Tomas Hackett Howard por documento de 20 de febrero de 1995 por $us.1.163.- del cual ya habría pagado muchas cuotas.

Al respecto corresponde señalar que la recurrente precisa que las pruebas literales señaladas en el párrafo anterior acreditarían su posesión por más de 20 años; se debe tener presente que los jueces de instancia en su fundamentación reconocen que la recurrente está en posesión material por dicho tiempo, sin embargo dicha posesión probada por la prueba señalada por la actora fue contrastada conforme de expuso en el punto III.3 de la doctrina aplicable con la prueba documental cursante a fs. 12 y 13 (cartas notariales sobre desocupación y entrega de bien inmueble - años 2002 y 2006); de fs. 27 a 129 referentes a fotocopias legalizadas del proceso de resolución de contrato y entrega de bien inmueble que fue notificada y contestada por parte de la recurrente en dicho proceso, son elementos propietarios que permiten concluir que la posesión alegada por la recurrente no ha sido continua sino que ha sido interrumpida, resultando ineficaz la prueba que solo acredita una posesión que no fue continua y pacifica por ser interrumpida por parte del demándate que en todo momento estuvo reclamando y pretendiendo hacer valer su derecho propietario sobre el bien inmueble en cuestión; no siendo evidente el error de hecho acusado en este punto.

En cuanto a que existiría error de derecho en la apreciación de la prueba cuando se tergiversa  el sentido y alcance de los documentos presentados en el proceso, como ser el documento de fs. 1 repetido a fs. 14, el de fs. 21-22, el de fs. 25 y el de fs. 27 con reconocimiento de firmas a fs. 28, el poder amplio y notariado de fs. 42 y vta., y el contrato de venta incorrecto que hace Carlos Nina Sacari a la suscrita a Bella Barba Céspedes de 12 de junio de 1999 que habría sido firmado por al recurrente en blanco para que se realice  tramites en su favor  por la Venta del terreno que le habría hecho Tomas Hackett Howard, en este sentido los jueces de instancia no habrían tomado en cuenta  que los documentos de compra y venta del derecho de posesión en su favor por sus anteriores ocupantes, serian pruebas indiciarias o de presunción de inicio de la posesión.

Al respecto se tiene que la recurrente acusa que los contratos de compra venta firmados a su favor seria prueba indiciaria del inicio de sus posesión; se debe tener presente que en el caso de autos el inicio de la posesión no está en duda, sino que por lo expuesto en el punto anterior, la posesión ejercida por la recurrente no fue continua ni pacifica conforme el análisis desarrollado supra; por otra parte en cuanto a la validez o no de la venta realizada hacia el propietario Carlos Nina Sacari no es objeto de la presente causa; por lo que no es evidente el error de derecho acusado en este punto por cuanto, en función de lo fundamentado en el punto III.3 de la Doctrina aplicable, por la contratación e integración de las pruebas aportadas al proceso se concluye que no hay  posesión continua y pacífica.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala el art. 220.II del Código procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los arts. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 322 a 330, interpuesto por Bella Barba Céspedes contra el Auto de Vista Nº 307/2015 de 27 de mayo de fs. 318 y vta. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.