TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 452/2016

Sucre: 11 de mayo 2016

Expediente: CH-33-15-S

Partes: Betty Daza Bejarano. c/ Máxima, Julia, Nicolasa, Antonia, Margarita y

            Reyna Isabel de apellidos Bejarano Serrudo, y Enrique Bejarano Solíz.  

Proceso: Usucapión.

Distrito: Chuquisaca.


VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 626 a 628, interpuesto por Betty Daza Bejarano contra el Auto de Vista Nº 232/2015 de 05 de mayo de 2015, cursante de fs. 618 a 619, pronunciado por la Sala Civil y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario de Usucapión seguido por Betty Daza Bejarano contra Máxima, Julia, Nicolasa, Antonia, Margarita y Reyna Isabel de apellidos Bejarano Serrudo, y Enrique Bejarano Solíz, las respuestas al recurso de fs. 636 a 638, y de fs. 641 a 642, la concesión de fs. 643, los antecedentes del proceso, y;


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:


I.1. La Juez Sexto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sucre dictó la Sentencia Nº 48/2014 de 23 de septiembre de 2014, cursante de fs. 564 a 566 vta., declarando Improbada de fs. 30 a 32 de obrados, consecuentemente se declara no haber lugar a la adquisición del derecho propietario por prescripción adquisitiva por parte de la demandante Betty Daza Bejarano, Improbada la excepción perentoria de falta de acción y derecho deducida por los demandados y Probada la oposición deducida por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre a fs. 181-182 debiendo los propietarios respetar la rasante del colindante y la  sección de la vía de 12.00 m.2, en loteamiento contiguo. Con costas de conformidad a lo previsto por el art. 198.I del CPC.


I.2. Resolución de primera instancia que es apelada por la parte demandante, mediante escrito de fs. 571 a 572 y vta., que mereció el Auto de Vista Nº 232/2015 de 05 de mayo de 2015, cursante de fs. 618 a 619, que en lo relevante fundamenta que la parte actora a fs. 30 vuelta efectúa efectivamente una confesión espontánea a cerca del derecho propietario a quien correspondió el inmueble demandado en usucapión, habiendo sido valorada como tal (confesión espontánea) con los efectos establecidos en el art. 404-II del CPC, en la forma establecida por el art. 408-2) del CPC, esto en contra de la parte actora, criterio de valoración incensurable en casación, dado que la actora apelante no ha invocado la existencia de error de hecho o de derecho en la misma, aconteciendo lo mismo con la prueba testifical, respecto a la cual tampoco se denuncia el haberse incurrido en error de hecho o de derecho; que corresponde tener presente que tratándose de acciones declarativas de propiedad, los elementos del hecho posesorio invocado deben ser debidamente acreditados, no bastando la simple invocación de la existencia de los elementos de posesión, pues ésta al ser un hecho conforme al art. 87 del CC., debe ser necesariamente acreditado como tal en la forma prevista por el art. 375-1) del CPC.; que el fundamento de la Sra. Juez, no puede ser calificado como subjetivo, puesto que el mismo se sustenta en el art. 85 de la Ley Nº 2028, no desvirtuado por la actora; que ante la desestimación de la demanda corresponde la aplicación de la preceptiva contenida en el libro 2do, Titulo III, Sección III, del CC., en lo que corresponda; que en relación al cuestionamiento de que no consta en obrados que la actora haya sido simple detentadora, la misma tiene en su contra en razón al principio de comunidad de la prueba la literal de fs. 2, por la cual refiere que su posesión la ejerció a título, se entiende de donación remuneratoria tal cual se expresa en dicha literal; que los puntos 3 y 4 del cuestionamiento al considerando segundo de la Sentencia apelada, no constituyen propiamente expresión de agravios, dado que no vincula el eventual pronunciamiento agraviante con la reparación del mismo; con relación al punto 6, el informe que refiere la actora, la literal de fs. 176-178, no fue objetada conforme a derecho coligiéndose la ausencia de impugnación de los términos del memorial de fs. 190 de obrados; por lo que en ese antecedente confirma totalmente la Sentencia apelada con costas en ambas instancias.


I.3. Resolución de alzada que es recurrida de casación en la forma y en el fondo por la parte demandante, que obtiene el presente análisis.


II. DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN, Y SU RESPUESTA:


II.1. De las infracciones acusadas por los ahora recurrentes, se extrae en calidad de resumen lo siguiente:


1. Denuncia violación del art. 404 del Código de Procedimiento Civil.

Acusa que lo único que se tiene que demostrar en el proceso de usucapión, y no interesa si el bien inmueble es de una u otra persona, no interesa quien es el propietario del mencionado terreno o casa el derecho de propiedad es relativa, y no esta en juicio tampoco el objeto de  probanza de quien sea propietario, sino solamente está en tela de juicio demostrar la posesión, que procede incluso a bienes de menores de edad, interdictos a propiedades del estado, por tanto el fundamento ratificado por sus personas viola estas norma sustantiva, por lo que acusa la violación de esta institución procesal civil, y como han violado sus probidades precisamente por el desconocimiento de la parte final del art. 1321 del CC., que ordena cuando una confesión es valedera y que los hechos ajenos al litigio tienen importancia relativa, porque lo que interesa es la posesión pacífica libre y voluntaria, y ese extremo está demostrado en el caso de autos por todos los medios de prueba testifical, inspección judicial, pericial.


Por otra parte, en cuanto a que no hubiese demostrado el error de hecho y derecho en el recurso, sin darse cuenta que en lo principal dicen que el apelante invoca como primer agravio la errónea consideración de la confesión espontánea, ahí se ha hecho notar el error de hecho por la A quo, es decir la falsa apreciación de la realidad, en el entendido de que en el presente proceso no es de interés a quien corresponde el derecho propietario sino simplemente la posesión. Ahora, de los antecedentes del proceso queda demostrado, que el pedido de la demanda es adquirir la propiedad a través de la posesión conforme dispone el art. 236 del CPC vulnerando el derecho a la seguridad jurídica estatuida en el art. 178 de la CPE por esta incongruencia se solicita enmienda y complementación que no tuvo respuesta, por lo tanto la resolución es incongruente y viola su derecho a la defensa.


2. Acusa violación por omisión, art. 236 del Código de Procedimiento Civil.


Refiere que el Ad quem nos dice tratándose de acciones declarativas de propiedad, los elementos de posesión deben estar acreditados, no basta la simple invocación, con este único fundamento confirma la Sentencia, sin considerar toda la prueba existente que demuestran posesión, se refiere a la prueba testifical, inspección judicial y prueba pericial, por lo tanto es injusto el Auto de Vista, es citra petita ante la ausencia de fundamentación a los puntos resueltos por el inferior y los motivos de fundamentación, puesto que al haber dado respuesta en segunda instancia con unas cuantas líneas de expresión diminutivos la resolución de Ad quem es infundada porque no explica fundamentos de hecho y derecho, es decir que hechos son desfavorables para la parte demandante y demandado y en qué ley o norma basan su decisión para confirmar la injusta Sentencia este aspecto obviamente que viola el derecho a la defensa de poder plantear de manera fundamentada su recurso de casación, por ende en respeto al derecho al debido proceso corresponde nomás anular la mencionada resolución con reposición de obrados; al efecto señala como jurisprudencia el Auto Supremo Nº 105 de 12 de abril de 2005 Sala Civil II.


Por lo expuesto, solicita revocar el Auto de Vista, y en el fondo se ordene nueva resolución, cumpliendo con lo que estatuye el art. 236 del CPC.


II.2. De la respuesta al recurso de casación:


Del contenido de los memoriales de contestación al recurso de casación, en lo pertinente y esencial se resume lo siguiente:


II.2.1. De la respuesta de Reyna Isabel Bejarano Serrudo y Enrique Bejarano Solíz:


Los demandados refieren que los argumentos esgrimidos por la parte contraria  no encajan en ninguno de los numerales de procedencia del recurso de casación en la forma, quizá, aquel sustento en su recurso podría enmarcarse en el recurso de casación en el fondo, empero, dicho recurso no ha sido deducido conforme da cuenta el memorial de contrario más al contrario ni siquiera esgrime ni un solo fundamento o sustento legal para entablar un recurso de casación en la forma que tiene como propósito anular el Auto de Vista recurrido, pidiendo erradamente se revoque, extremo que hace improcedente el recurso interpuesto tal como ha sentado en su línea jurisprudencial el Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo Nº 43/2015 de 26 de enero, la misma que transcribe.


Por lo que solicita declarar improcedente el recurso de contrario con costas.


II.2.2. De la respuesta de Julia, Antonia, Nicolasa, y Margarita de apellidos Bejarano Serrudo:


Fundamentan que en el caso de autos, puede observarse que la recurrente mediante memorial de fs. 626 al 628 de obrados, llega a plantear recurso de  casación en la forma el mismo que no se enmarca en ninguno de los numerales conforme al art. 254 del Código de Procedimiento Civil, además que la accionante solicita la revocatoria total del Auto de  Vista impugnado, extremo que hace improcedente el recurso planteado, porque de acuerdo al recurso de casación en la forma corresponde resolver de acuerdo a lo previsto en el art. 271 del Código de Procedimiento Civil. Como puede apreciarse, existe una manifiesta deficiencia en el planteamiento del recurso de casación de forma por los puntos establecidos como agravios del recurso probablemente se refieren más a un recurso de casación en el fondo, es decir por los errores en la resolución de fondo del litigio “error in judicando”, caso en el cual los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el art. 253 del adjetivo civil y está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución que resuelva el fondo del litigio; el mismo que de acuerdo al memorial no ha sido planteado por la recurrente.


Por lo expuesto, solicita declarar improcedente el recurso de casación, por no tener asidero legal y estar fuera de la realidad y acorde a los datos del proceso y sea con costas.


III. DE LA DOCTRINA APLICABLE AL CASO:


Tomando en cuenta que el recurso de casación que se analiza denuncia incongruencia “citra petita”, peticionando como sanción la nulidad de obrados; asimismo cuestiona la determinación asumida por los de instancia sobre la prescripción adquisitiva y posesión alegada que hubo demostrado con todos los medios de prueba que refiere; respecto a esta problemática se desarrolla la doctrina aplicable al caso.


III.1. En relación a la congruencia de las resoluciones:


La Sentencia Constitucional 0816/2010-R de 02 de agosto, citando a su vez a la SC 0670/2004-R de 04 de mayo, refirió que: “…el art. 236 del CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieren sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el juez o tribunal ad quem, no puede omitir pronunciarse sobre los puntos apelados como tampoco ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad este expresamente prevista por ley…”.


De manera específica con relación a la congruencia de las resoluciones judiciales en segunda instancia, la SCP Nº 0363/2012-R de 22 de junio señaló: “en ese sentido, el Tribunal Constitucional anterior, en uniforme criterio, en la SC 0890/2010- R de 10 de agosto, estableció que: “En cuanto a la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es  una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limites que se expresan precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del CPC, como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”.


En relación a la congruencia externa e interna el Auto Supremo Nº 651/2014 de 06 de noviembre ha razonado: “…en relación a la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.


La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.


De donde se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).


Es por ello que una resolución judicial, en mérito al principio de congruencia, debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, que a saber se resume en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, es devuelto cuanto se apela, que establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante” (Las negrillas son nuestras).


III.2. Respecto a la nulidad procesal:


La uniforme línea jurisprudencial trazada por éste Tribunal ha superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento de las formalidades o el acaecimiento de un vicio procesal buscando simplemente resguardar las formas previstas por la ley procesal, “hoy en día, lo que en definitiva interesa, es analizar si realmente se transgredieron las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes en litigio y que a la postre derive en una injusticia”; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en conflicto hagan valer sus derechos dentro del marco del debido proceso y en un plano de igualdad de condiciones ante un Juez natural y competente; esta posición de ningún modo implica desconocer los principios que rigen las nulidades procesales, tales como el de especificidad o legalidad, trascendencia, convalidación entre otros, más por el contrario deben ser acatados y cumplidos dichos principios; dentro de esa corriente se configura precisamente el espíritu de los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y de los arts. 105 y 106 de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil; criterio reiterado en los Autos Supremos Nº 223/2013 de 6 de mayo, Nº 336/2013 de 5 de julio, Nº 78/2014 de 17 de marzo, y Nº 514/2014 de 8 de septiembre, entre otros.

III.3. Respecto a la prescripción adquisitiva y posesión alegada:

En el Auto Supremo Nº 410/2015 de 09 de junio, respecto a la usucapión decenal se ha señalado que: “el art. 138 del Código Civil preceptúa que “La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años”; asimismo el art. 87 del mismo sustantivo civil establece que la posesión es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real, de igual forma, este artículo señala que una persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa, entendiéndose como detentador, a los inquilinos, anticresistas, usufructuarios u ocupantes, quienes por su condición de transitorios, no ejercitan posesión por si mismos sino para el propietario o verdadero poseedor del bien; además, resulta pertinente indicar que para la procedencia de la pretensión de usucapión decenal o extraordinaria que fue planteada por la recurrente, se deben cumplir con ciertos requisitos que son necesarios, es decir, que deben concurrir los dos elementos de la posesión, que son: el corpus, que es la aprehensión material de la cosa y, el animus, que se entiende como el hecho de manifestarse como propietario de la cosa, posesión que debe ser pública, pacífica, continuada e ininterrumpida por más de diez años; elementos que la diferencian del resto de las figuras jurídicas como la detentación, ocupación y otros que solo constituyen actos de tolerancia que no fundan posesión. Con relación a la detentación, el art. 89 del Código Civil, señala que: “Quien comenzó siendo detentador no puede adquirir la posesión mientras su título no se cambie, sea por causa proveniente de un tercero o por su propia oposición frente al poseedor por cuenta de quien detentaba la cosa alegando un derecho real. Esto se aplica también a los sucesores a titulo universal”. En consecuencia de lo examinado se colige que para la procedencia de la usucapión no solo es necesario acreditar la ocupación física del bien inmueble por más de diez años, sino demostrar la posesión efectiva del bien inmueble por más de diez años con la concurrencia de los dos elementos de la posesión que son: el corpus y el animus, además que dicha posesión ha sido ejercitada de manera pública, pacífica, continua e ininterrumpida”.

Por su parte el Auto Supremo Nº 484/2014 de 29 de agosto ha establecido que: “En la posesión, el poder material que se ejerce sobre el bien se sustenta en la voluntad libre e independiente de usar o aprovechar económicamente el bien como si se tratara del propietario, es decir, sin que se reconozca dominio ajeno sobre el mismo, es precisamente esa actitud lo que marca la diferencia entre la posesión y la tenencia; en ésta última el poder o relación material de la persona con el bien, que se usa o aprovecha, está mediado por dependencia o subordinación a la voluntad de otro sujeto, lo que equivale a sostener que se reconoce dominio ajeno sobre el bien y se somete al mismo”.

Asimismo, sobre la “interversión” del título de detentador a poseedor la jurisprudencia concretada por la ex Corte Suprema de Justicia y con el que este Tribunal Supremo comparte criterio en el A.S. Nº 196 de 8 de junio de 2002, ha señalado que el precarista no puede usucapir en ningún tiempo: “para usucapir en forma extraordinaria o decenal según la legislación abrogada o la vigente, la ley exige esencialmente la posesión continuada e ininterrumpida con calidad “animus domini” de modo de quien ingresa como precarista o detentador, mientras no cambie su título que lo habilite como poseedor no puede usucapir en tiempo alguno...”.


De igual manera, en el Auto Supremo Nº 537/2013 de 24 de octubre se ha especificado que: “Cuando una persona posee por si misma o por otra un derecho propio se llama simplemente poseedor y cuando dicha posesión la ejerce en nombre de otra persona o respetando el derecho de otra persona se llama simplemente detentador de la cosa… (Las negrillas son nuestras)”.

III.4. En relación a la valoración de la prueba:

En el Auto Supremo Nº 146/2015 de 06 de marzo, se ha señalado: “…que la valoración de la prueba en general compete privativamente a los Jueces de grado, siendo soberanos en su valoración con facultad incensurable en casación para decidir la causa, tomando en cuenta las pruebas esenciales y decisivas, tal como se infiere de los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento”.

Respecto a lo anterior en el Auto Supremo Nº 410/2015 de 09 de junio, se ha razonado que: “…es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. En esta tarea jurisdiccional, la examinación de la prueba es de todo el universo probatorio producido en proceso, siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia”.

Por otra parte en el Auto Supremo Nº 184/2015 de 11 de marzo, al referirse a los principios generales que rigen a las pruebas judiciales se ha concretado que: “…el principio de la unidad de la prueba”, que establece que el conjunto probatorio del proceso forma una unidad y como tal, debe ser examinado y merituado por el Órgano Jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas, señalar sus concordancias, discordancias y concluir sobre el convencimiento global que se forme de ellas, es decir; que las pruebas deben ser apreciadas en forma conjunta de acuerdo al valor que les asigna la ley o a las reglas de la sana critica. “Principio de la comunidad de la prueba”, establece que la prueba no pertenece a quien la suministra, es inadmisible pretender que esta favorezca a la parte que la allega al proceso, una vez incorporada legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario”.

III.5. Respecto al error de hecho en la valoración de la prueba:


En el Auto Supremo Nº 629/2014 de 31 de octubre como línea jurisprudencial se ha concreta que: “…la apreciación de los elementos probatorios es una actividad autónoma de los jueces de grado, sin que en casación pueda censurarse esa actividad deliberativa, salvo que existiese error de hecho o error de derecho que se haya cometido al realizar la misma, conforme estipula el art. 253-3) del Código de Procedimiento Civil…”.


Asimismo, en el Auto Supremo Nº 1115/2015 de 04 de diciembre, al referirse al error de hecho se ha razonado que: “Al respecto, corresponde referir que entre los requisitos intrínsecos del recurso de casación en el fondo, se encuentra la motivación y fundamentación sobre los errores "in judicando" en que ha incurrido el Tribunal al aplicar el derecho material en la decisión de la causa y están expresamente previstos en los incisos 1), 2) y 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, cuando indica que procederá el recurso de casación en el fondo en los siguientes casos:…3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dió la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos, debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causales que establece el citado art. 253 del Código de Procedimiento Civil en sus tres ordinales…”. 


IV. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


La parte recurrente en su recurso de casación en la forma de manera incoherente denuncia error “in procedendo” así como error “in judicando”, para luego concreta incongruencia en la fundamentación del Ad quem así como error de hecho en la valoración de la confesión de la parte actora y de toda la prueba; sobre dichas presuntas infracciones en atención del principio “pro actione” corresponde disgregar dichas denuncias y absolver primero las de forma.


En la forma:


1. De considerar la ahora recurrente que el Ad quem incurrió en ilógica fundamentación o en incongruencia en la resolución de alzada, le correspondía al respecto activar su derecho de explicación y complementación conforme preceptuaba el art. 239 del Código de Procedimiento Civil en concordancia del art. 196-2) del mismo adjetivo civil, al no haber procedido así su derecho conforme al principio de convalidación ha precluído.


2. Sobre su acusación de violación por omisión del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, vinculado a su denuncia de que el Auto de Vista es “citra petita” ante la ausencia de fundamentación a los puntos resueltos por el inferior y los motivos que fueron fundamento del recurso de apelación.


Conforme se hubo desarrollado en la doctrina aplicable al presente caso de autos, de la revisión de la Resolución de Alzada, se evidencia que el Ad quem, en la parte considerativa del Auto de Vista desarrolla los puntos o agravios que fueron fundamento del recurso de apelación, detallando su análisis en relación a dichos puntos, remitiéndose de ésta manera a los agravios que fueron fundamento del recurso de apelación y también resuelve sobre los mismos aspectos que fueron motivo de impugnación, cumpliendo de ésta manera con el art. 236 del Adjetivo Civil y de consiguiente con el principio de pertinencia y congruencia extrañado.


En consecuencia se concluye que el Auto de Vista recurrido se circunscribe a la expresión de agravios que hubo sido detallado en el memorial de apelación, porque resuelve sobre los mismos puntos, habiendo observado de esta manera la pertinencia que establece el art. 236 con relación al art. 227 del Código de Procedimiento Civil, y el principio de congruencia, no existiendo por consiguiente incongruencia “citra petita”, menos agravio evidente.


En el fondo:


1. En relación a su denuncia genérica de violación del art. 404 del Código de Procedimiento Civil; corresponde puntualizar que la usucapión produce un doble efecto, adquisitiva para el usucapiente y extintiva para usucapido o titular del bien inmueble, razón por la cual para que ese efecto se produzca de forma válida y eficaz, es indispensable que el actor dirija la demanda contra quien figure en el registro público como propietario, siendo su cumplimiento inexcusable a fin de otorgar seguridad jurídica no solamente a su pretensión adquisitiva de propiedad sino extintiva del derecho del anterior titular, por lo que resulta fundamental la identificación del titular del bien inmueble a usucapir, pues es sobre él que recaerá el efecto extintivo. Debiendo tenerse presente además que por mandato constitucional y de la misma ley especial no procede la usucapión sobre bienes de dominio público, como por ejemplo el caso de las vías públicas.


Ahora bien, la parte actora en su demanda de fs. 30 a 32, al confesar espontáneamente que “siendo yo la nieta mayor, desde mi infancia he vivido en esta casa y al lado de mi recordado abuelo Bernabé Bejarano T. y obviamente al fallecimiento he continuado”, en el marco del principio de comunidad de la prueba, ha reconocido el derecho propietario de su abuelo el de cujus Bernabé Bejarano Tamayo así como el de sus herederos, entre ellos, su madre Máxima Bejarano Serrudo, y de sus tíos: Julia, Nicolasa, Antonia, Margarita y Reyna Isabel de apellidos Bejarano Serrudo y Enrique Bejarano Solíz, sobre el bien inmueble motivo de litis, derecho propietario que se encuentra debidamente registrada en el Registro de Derechos Reales, en consecuencia, en el marco de los arts. 1321 y 1323 del Código Civil y arts. 404-II, y 408-2 del Código de Procedimiento Civil, ha reconocido su calidad de hija de una de las propietarias del bien inmueble y de consiguiente su condición de simple tolerada en dicho predio; es más, los herederos y titulares de dicho predio han efectuado actos de dominio sobre el bien inmueble motivo de litis durante el tiempo de la posesión que alega la parte actora, instaurando y sustanciando un proceso de división y partición sobre dicho predio, por lo que en su calidad de descendiente de una de las herederas ha sido parte de dicho proceso de división y partición que se ha iniciado en fecha 25 de junio de 1994 y se extiende hasta la gestión 2013 (fs. 227 a 273, 347 a 383), desvirtuándose de esta manera la presunta posesión pública, pacífica y continuada que alega. En consecuencia, las determinaciones asumidas por los de instancia se encuentran enmarcadas en derecho por lo que no es evidente su denuncia en este punto.


2. Respecto a su denuncia general de error de hecho en la valoración de toda la prueba; corresponde concretar que los tribunales de instancia son soberanos en la valoración de la prueba a menos que se denuncie error de hecho o de derecho en tal tasación, extremos con los que no cumple el recurso en examen, porque no describe las pruebas en las cuales se habría incurrido en error, de consiguiente no adecuada su denuncia a la causal 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, tampoco especifica en que consiste la violación, falsedad o error, especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en escritos anteriores ni suplirse posteriormente, conforme preceptúa el art. 258 num. 2) del mismo adjetivo civil, lo que hace manifiestamente impertinente el mismo.


Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal emitir fallo en la forma prevista por el art.  220.II del Código Procesal Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 626 a 628 de obrados, interpuesto por Betty Daza Bejarano contra el Auto de Vista Nº 232/2015 de 05 de mayo de 2015, cursante de fs. 618 a 619, pronunciado por la Sala Civil y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas y costos.


Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.-


Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.