TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                          S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 447/2016                                                                    Sucre: 06 de mayo 2016                                                                 Expediente:         LP-119-15-S                                                            Partes: Santiago Chambi Laura y Magdalena García de Chambi.         c/Victoria

            García Vda. de López.                                                               Proceso: Usucapión Quinquenal        .                                                    Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 696 a 704 vta., formulado por Victoria García Vda. de López por intermedio de su apoderada Daniela Shirley Osorio Leyton, contra el Auto de Vista Nº S-40/2015 de 30 de enero de 2015, cursante de fs. 681 a 682 vta., enmendado y complementado por Auto de fs. 685 de 25 de febrero de 2015 y Auto de fs. 690 de 20 de marzo de 2015, pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de Usucapión Ordinaria o Quinquenal, seguido por Santiago Chambi Laura y Magdalena García de Chambi contra Victoria García Vda. de López; respuesta de fs. 707 a 709; concesión de fs. 718 y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Juez Tercero de Partido en lo Civil y Comercial de El Alto La Paz, dictó Sentencia Nº 120/2008 de fecha 31 de marzo de 2008, cursante de fs. 514 a 521, por el que declaró: PROBADA la demanda de fs. 44-47, interpuesta por  Santiago Chambi Laura y Magdalena García de Chambi; y en esa virtud operada en su favor la prescripción adquisitiva o usucapión quinquenal sobre el lote de terreno ubicado en Villa Santiago Segundo de esta ciudad, signado con el No. 1101, del Manzano Y-2 con una superficie de 297.37 Mts2, disponiéndose su inscripción definitiva en la Oficina de Derechos Reales y en Catastro Urbano Municipal, sea previo del impuesto fiscal correspondiente y protocolización de la Sentencia ejecutoriada ante cualquier Notario de Fe Pública, e IMPROBADA la demanda reconvencional de daños y perjuicios de fs. 102-105, deducida por Victoria García Vda. de López.

Resolución contra la que se interpuso recurso de apelación por Victoria García Vda. de López por memorial de fs. 526 a 539.

En mérito a esos antecedentes, la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº S-40/2015 de 30 de enero de 2015 de fs. 681 a 682 vta., por el que se CONFIRMA a) la Resolución Nº 18/05 de 5 de febrero de 2005 de fs. 118 y vta., y b) la Sentencia No. 120/08 de 31 de marzo de 2008 de fs. 514-521 de obrados, argumentando: Que: 1.- Que absolviendo los fundamentos del recurso y respondiendo a los puntos, que el fundamento que se tiene respecto a la emisión de la Sentencia de forma posterior a lo establecido por el art. 204 del C.P.C., no fuera menos cierto que el A quo con la facultad conferida por el art. 378 del C.P.C., dispuso la recepción de prueba testifical mediante Resolución No. 25/2008 de 14 de enero, después de dos días de haber concluido el plazo legal para la emisión de la Sentencia , al respecto la parte apelante no se pronunciaría pese a su notificación, y respecto a ello conforme la Jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo señalaría que no es posible anular respecto a la pérdida de competencia, que la interpretación debe ser no de la literalidad de la norma sino desde los principios y valores constitucionales, por lo que no se constituiría agravio válido el acusado en apelación.

2.- A la presunta vulneración de la cosa juzgada Sentencia 101/2003 de 15 de diciembre, que vulneraria la seguridad jurídica y el debido proceso, la no existencia de una debida valoración de las pruebas, y la no efectividad de las pruebas que señalara; fuera pertinente tener en cuenta lo dispuesto por el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, así como el art. 1286 del Código Civil, en cuya observancia, el examen y la valoración de la prueba introducida al proceso debe realizarse en su conjunto y no de forma aislada como pretendiera la recurrente, en ese antecedente no fuera evidente los aseverado por la parte apelante.

3.- Respecto a la apelación en el efecto diferido, se tuviera que se apersonó sin ser legalmente citada, desvirtuando así la presunta nulidad de la notificación de fs. 63, pues habría asumido defensa respondiendo, incluso formulando reconvención.   

II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

En la forma

1.- Que el fallo de segunda instancia es incongruente e incompleto carente de fundamentación y motivación. Se pronunciaría únicamente sobre las nulidades acusadas en primera instancia, limitándose a citar y transcribir el art. 397 del Adjetivo Civil, que esa incongruencia omisiva que como parte del debido proceso estuviera garantizado por normas legales que cita,  y el Tribunal de alzada omitiría analizar y compulsar y aun pronunciarse, sobre la incorrecta aplicación normativa e incorrecta valoración de las pruebas acusadas, la interrupción de la posesión, el desconocimiento de la cosa juzgada, la inexistencia de pacífica posesión y buena fe, que se habrían invocado en apelación, aspectos que contradicen según señala, el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, por lo que correspondería aplicarse el art. 254 num. 4) de la norma señalada.

Por otro lado dice que contravendría la jurisprudencia constitucional, que toda resolución debe estar adecuadamente fundamentada, respondiendo a todos los puntos planteados, lo propio habría señalado el Tribunal Supremo y que el Auto de Vista incurre en incongruencia omisiva, y no cumpliría con los requisitos de fundamentación y motivación  que debe contener todo fallo, citando al efecto diversas Sentencias Constitucionales así como Auto Supremo.

2.- El Auto de Vista carece de fundamento normativo. Denunciando que se omite la fundamentación legal, siendo manifiestamente insuficiente para fundar y sostener la confirmación del fallo de primera instancia respecto a la pretensión principal y su demanda reconvencional, se habría acusado la vulneración de normas sustantivas y desconocimiento de la cosa juzgada, entre otros agravios  expresados y fundamentados en su apelación.

Se habría pedido la aclaración y complementación, la misma fuera rechazada. Que siendo obligación ineludible de los jueces y tribunales de apelación con la fundamentación debida, resolver todos y cada uno de los agravios invocados, por lo que correspondería censurar en casación por esa omisión.

Por lo anterior pide que antes de ingresar al fondo del recurso de casación debe anular el Auto de Vista a fin de que se pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas del recurso de alzada.

En el fondo

Que al carecer de fundamento factico y normativo propio, la resolución impugnada sobrecartaría implícitamente la infracción e indebida aplicación de la Ley, así como los errores de hecho y derecho, apreciación en la prueba en la que incurrió la Sentencia confirmada.

1.- Acusa que la resolución impugnada desconoce y viola los arts. 547 y 553 del Código Civil, y esta norma dispondría que la nulidad declarada judicialmente surte efectos con carácter retroactivo y el contrato nulo no puede ser confirmado, al desconocer ello y disponer por operada la usucapión quinquenal del inmueble en litigio, su uso caería en ilicitud penal inclusive e inadmisible la afirmación que no tuviera asidero, cuando la exigencia fuera según el art. 134 (no dice de que norma) es tener título idóneo y justo.

Analiza el tema referido a la nulidad declarada judicialmente y que fuera tenido como inexistente al retrotraerse al momento de su formación y no podría ser confirmado para causar efectos, por lo mismo fuera ineficaz. Con ese desconocimiento de las normas aludidas por las que se arribaría a un fallo injusto e ilegal, de observarlos nunca se habría otorgado validez y eficacia de la Escritura Pública No. 567/91 y su registro, desconociendo la nulidad de ambos documentos, forzaría la indebida aplicación del art. 134 del C.C., por lo que correspondería casar el Auto de Vista recurrido.

2.- Refiere que se aplicó de manera indebida el art. 134 del Código Civil, argumentando aspectos referidos de cómo procedería la usucapión quinquenal u ordinaria, el tiempo a transcurrir y los requisitos inherentes a ella, que la carencia de uno de ellos determinaría la inaplicabilidad de la norma jurídica; que en el caso no se habría cumplido con los requisitos, exponiendo que no habría justo título ni registro en derechos reales al haber sido declarados nulos, por lo tanto inexistentes, no válidos e ineficaces, y sobre ellos no podría fundarse la usucapión. No se cumpliría asimismo  el requisito de buena fe, ya que los compradores conocerían de la ilicitud de la transferencia al ingresa de manera clandestina al inmueble, que habría sido informado tener otra propietaria  y aun así persistirían  en la ilícita retención del inmueble, y no se podría fundar usucapión sobre esos aspectos. Que fueran detentadores y no tuvieran ánimo de dueño, este aspecto no habría cambiado.

No habría por otro lado transcurrido el tiempo exigido por el art. 134, el plazo se habría interrumpido, refieren a una denuncia penal por despojo y otras acciones cuyas resoluciones fueran favorables, refiere por otro lado sobre la presunta ocupación de una habitación hasta el año 1997 que nunca se dejaría ejercer el ánimo de dueña y otros  aspectos con las que concluye que no se habría cumplido lo exigido por el art. 134 del Código Civil.

3.- Se denuncia haber incurrido en error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba, al declarar sin asidero la nulidad de los títulos de los actores asimismo al no compulsar la prueba de fs. 81 y 238, sobre inexistencia jurídica ni validez alguna por nulidad los títulos y su inscripción, por desconocimiento y omisión de análisis de la literal de fs. 261 a 294 que acreditaría la mala fe de los demandantes. También se incurriría en error de hecho en la apreciación de la prueba al no tomar en cuenta la prueba de fs. 294 a 299  que demostraría la eyección de su inmueble, por lo que correspondería ser casado el Auto de Vista. Además en error de hecho por misión de las pruebas de fs. 239 a 303, que demostraría que nunca dejó de ejercer su ánimo de dueña.

Que de haberse analizado y compulsado esta prueba, no se habría dictado el injusto fallo que impugna para que sea censurado en casación.

Refiere como errores de derecho no haber tomado en cuenta conforme al art. 1296 del Código Civil las literales de fs. 81 y 238, además desconocer la eficacia probatoria asignada por el art. 131 del Código Civil, las insertas de fs. 261 a 303, confesión del co-demandante al reconocimiento del derecho propietario de la demandada, señalando asimismo otros aspectos en los siguientes puntos.

Concluyendo que de no haber incurrido en dichos errores no se habría arribado al fallo que se impugna, por lo que de conformidad al art. 253 incs. 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil el fallo recurrido fuera casable.

Pide se dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista y declarando improbada la demanda principal.

De la respuesta al recurso de casación:

Acusa de irresponsables las acusaciones en el recurso y no cumplir con lo previsto por el art. 258-2) del Procedimiento Civil. Que erróneamente pretendería invalidar la sentencia  bajo el pretexto equivocado fundamento de “incongruencia omisiva”, al respecto nada tuviera que examinar el Tribunal Supremo, por haberse cumplido por los de instancia  conforme prevén los arts. 397 del Procedimiento y  1286 del Código Civil. Refiere de manera textual a segmentos del fallo de primera instancia. Cuestiona la huella digital de la demandada y la presentación que se hubiera realizado en estrados, por lo que debía inviabilizarse el recurso de apelación, refieren a la contestación que hubieran realizado al recurso.

El Auto de Vista fuera congruente, refiriendo a la existencia de una sentencia y las pruebas que se hubieran valorado, y fuera acorde a lo previsto por el art. 236 del Procedimiento Civil.

No especificaría debidamente en que consiste la supuesta violación  de normas invocadas, ni preciso errores de hecho o derecho, que la carga de la prueba incumbe también al demandado en cuanto a la existencia del hecho impeditivo, modificatorio o extintivo del derecho del actor.

Alegaría por otro lado aspectos no reclamados en apelación, por ello incumpliría el art. 258 del Código de Procedimiento Civil, pidiendo se declare improcedente el recurso de casación interpuesta por la demandada o infundada de considerar el recurso.

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

En casos similares, se tiene el A. S. No. 401/2014, de 25 de julio de 2014, habiéndose referido en la misma que: “De lo señalado se tiene que la sentencia al igual que toda resolución judicial, como es el Auto de Vista, debe cumplir con dos requisitos indispensables e inexcusables que son: la fundamentación y motivación, debiendo ajustarse las mismas a las pretensiones deducidas por las partes durante la tramitación del proceso o al recurso planteado, de esta manera, se entiende a la fundamentación como la obligación que tiene el Juez para citar  las razones de hecho y de derecho que se aplican al caso y en las cuales apoyó su determinación; y por motivación el deber de señalar cuales fueron las circunstancias y/o razonamientos lógico-jurídicos que se tomaron en cuenta para la emisión de la resolución. Por tanto, las resoluciones judiciales, deben adecuarse a los arts. 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil, debiendo contener, el hecho o hechos en los cuales basa su determinación, los elementos de prueba que fueron aportados por las partes y que son objeto de la litis, las que deberán ser individualizadas, analizadas y valoradas, también debe contener la citación de manera expresa de las normas en las que sustenta su decisión. Asimismo, sobre el particular, el Tribunal de Apelación, a tiempo de emitir resolución, debe, además de lo citado supra, adecuarse a lo dispuesto en el art. 236 del Procedimiento Civil.”

Asimismo el A.S. No. 465/2014, de 27 de agosto 2014 que sostiene: “Desde la puesta en vigencia de la Nueva Constitución Política del Estado, los servidores de justicia, estamos regidos a un nuevo modelo de justicia que se aplica desde y conforme a la Constitución, donde el Juez se constituye en un verdadero garante de los derechos fundamentales de todos los miembros de este Estado, al ser así resulta muy importante  tener presente y conocer los aspectos doctrinales del derecho, no es suficiente conocer el derecho, sino, primordialmente aplicarlo correctamente en beneficio de las partes que confían en la administración de justicia y que sólo buscan una tutela judicial efectiva a sus pretensiones.

En ese marco, debemos considerar que el Juez como primer sujeto procesal es el encargado de velar por la aplicación correcta de las leyes, aplicando en sus resoluciones judiciales principios rectores del derecho, como el principio de congruencia, entendida ésta, según el doctrinario Jorge. W. Peyrano en su libro el Proceso Civil Principios y Fundamentos como: “…la exigencia de que medie identidad entre la materia, partes y hechos de una litis incidental o sustantiva y lo resuelto por la decisión jurisdiccional que la dirima.”. Así también teniendo en cuenta lo establecido por Hernando Devis Echandía en su obra Teoría General del Proceso, la congruencia es entendida como: “…el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (…), para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones…”.

Bajo dicha esfera doctrinaria, corresponde precisar que toda Resolución judicial debe guardar la debida congruencia, y de la misma emergen dos reglas esenciales que son: a) decidir sólo sobre lo alegado y debatido, b) decidir sobre todo lo alegado y debatido.

Si la Resolución judicial no se enmarca en esas dos reglas, nos encontramos frente a la llamada incongruencia, que aplicada a las dos reglas antes expuestas da lugar a la incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; o la incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial.”.

Por otro lado respecto a las nulidades entre otras resoluciones se tiene el A.S. No. 183/ 2013 de 5 abril  2013, que señala: “En materia de nulidades procesales, lo que interesa, en definitiva, es analizar si se  han transgredido efectivamente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes, no siendo suficiente el mero acaecimiento de un vicio o defecto de forma para que se declare la nulidad.  “Donde hay indefensión hay nulidad; si no hay indefensión no hay nulidad”, señaló el tratadista Alsina, en una expresión que sin duda resume el avance de un esquema extremadamente rígido y ritualista a otro en donde debe tenerse en cuenta la instrumentalidad de las nulidades procesales,  es decir el resguardo del debido proceso como garantía de la igualdad y defensa de las partes.

En ese marco, si el presupuesto para la invalidez de un acto procesal consiste en la vulneración del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa, la pregunta es cómo se establece si un determinado acto producido de forma irregular incidió en la esfera del derecho a la defensa de las partes; la respuesta no es sencilla ni se encuentra expresamente prevista en la norma, sin embargo, para tal efecto el juzgador debe partir del análisis y consideración de una serie de principios que se constituyen en pautas orientadoras de su decisión y al mismo tiempo en instrumentos de control para que las partes y los Tribunales superiores fiscalicen las decisiones de los juzgadores en cuanto a las resoluciones anulatorias de obrados se refiere.”

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En la forma

La recurrente acusa carencia de fundamentación fáctica y jurídica, así como la vulneración del principio de congruencia y pertinencia en lesión del derecho a la defensa, la seguridad jurídica  y el debido proceso. Asimismo, que no se hubiera pronunciado respecto de todos y cada uno de los agravios planteados, reclamando esencialmente sobre la incorrecta aplicación de la normativa e incorrecta valoración de las pruebas acusadas, la interrupción de la posesión  y buena fe, que hubieran sido invocados a tiempo de interponer recurso de apelación, y se pronunciaría solamente sobre las nulidades acusadas en primera instancia.

Bajo ese antecedente, corresponde verificar el sustento de las aseveraciones realizadas, partiendo de la revisión del recurso de apelación (fs. 526 a 539), formulada contra la Sentencia de primer grado, de cuyo texto se evidencia que sus argumentos los subdividió en dos partes, signándolos como “A) VULNERACION DE NORMAS PROCESALES DE ORDEN PUBLICO” y “B) INCORRECTA APLICACIÓN DE NORMAS SUSTANTIVAS Y MALA VALORACION DE LA PRUEBA”, habiendo expuesto en cada acápite los razonamientos que desde su punto de vista fueran atentatorias contra sus derechos. Tramitado el recurso, mediando un Auto Supremo de la Sala Civil Liquidadora que anuló el primer Auto de Vista que a la vez fuera anulatoria, se emitió el Auto de Vista ahora recurrido de casación que efectivamente resolvió el recurso de apelación interpuesto, sin embargo de su lectura tal como se denunció por la recurrente, hizo énfasis a la primera parte del recurso, es decir el identificado como vulneración a normas procesales, adoptando el razonamiento del Tribunal Supremo de Justicia en relación a las nulidades procesales por la no emisión de una sentencia en término previsto por ley; sin embargo con relación a la segunda parte del recurso, no existe mayor fundamento sino el señalar de manera escueta y con transcripción de los arts. 397 del Código de Procedimiento Civil así como del art. 1286 del Código Civil, que “en cuya observancia, el examen y la valoración de la prueba introducida al proceso debe realizarse en su conjunto y no de forma aislada, como pretende el recurrente, en virtud del cual y conforme se refirió precedentemente, del conjunto de pruebas existentes en el proceso, señalando en la misma resolución impugnada, como pruebas la misma sentencia que declara probada la demanda, de este modo se tiene que no es evidente lo aseverado por la apelante en su recurso de apelación.”. En ese texto evidentemente no existe respuesta congruente ni fundamentado a los puntos de agravio expuestos en el recurso de apelación, existiendo omisión como señala la parte recurrente.

Toda resolución judicial debe guardar la debida congruencia, resaltando de la doctrina legal aplicable, “decidir sólo sobre lo alegado y debatido”.

Concluyendo que si una resolución judicial no se enmarca a las dos reglas señaladas, se estará frente a la llamada incongruencia, que aplicada a las expuestas, dará lugar a la incongruencia positiva, entendiéndose que se efectiviza cuando el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que fue sometido a su consideración; o la incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial, en este caso la resolución será citra petita, lo que implica que el Juez deja sin resolver algo que ha sido pedido u excepcionado.

En el caso en cuestión se denuncia al fallo de segunda instancia, de incongruente e incompleto, carente de fundamentación y motivación, sustentando la acusación de omitir analizar, compulsar y aun de pronunciarse sobre los aspectos apelados que se identifican, que vulnerarían el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, estableciendo que efectivamente el Tribunal de Segunda instancia al no responder de manera motivada y fundamentada, incurrió en la vulneración de la norma citada, que subsume a la norma prevista por el art. 254-4) del Código de Procedimiento Civil con la que se tramito el proceso, es decir “…sin haberse pronunciado sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente ante los tribunales inferiores.”

En ese antecedente este Supremo Tribunal de Justicia, ha sostenido y sostiene que en materia de nulidades, lo que interesa, en definitiva, es analizar si se han transgredido efectivamente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes, en ese análisis se ha recurrido al criterio autorizado del Tratadista Hugo Alsina que sostiene “Donde hay indefensión hay nulidad; si no hay indefensión no hay nulidad” sustentando en esa expresión, que resume el avance del esquema rígido y ritualista a otro donde debe tenerse en cuenta la instrumentalidad de las nulidades procesales, que van en resguardo del debido proceso como garantía de la igualdad y defensa de las partes.

En el caso de autos como se vio, evidentemente se omitió dar respuesta de manera fundada y congruente a todos los agravios denunciados en apelación, existiendo al respecto, petición expresa por parte de la recurrente de aclaración y complementación por memorial de fs. 689, que mereció respuesta negativa, habiendo agotado entonces el recurso pertinente para habilitar de manera posterior la formulación del recurso de casación en la forma.

En razón a las consideraciones expuestas, corresponde dar lugar a la petición de la recurrente y emitir resolución en sujeción a lo previsto por el art. 220.III del Código Procesal Civil.

En razón de la decisión a adoptar, no se considerará el recurso planteado en el fondo.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley de Órgano Judicial y en aplicación de lo previsto por el art. 220.III. del Código Procesal Civil (Ley Nº 439) ANULA el Auto de Vista Nº S-40/2015 de 30 de enero de 2015 de fs. 681 a 682 vta., de obrados, emitido por la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y dispone que previo sorteo y sin espera de turno, el Tribunal Ad quem emita nueva Resolución que resuelva la apelación interpuesta contra la Sentencia en estricto apego a lo previsto por el art. 265 del Código Procesal Civil. Sin multa por ser excusable el error.

En virtud a lo dispuesto en el art. 17. IV de la Ley del Órgano Judicial, remítase copia de la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                                        

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.