TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

               S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 385/2016

Sucre: 19 de abril 2016                

Expediente: SC-98-15-S

Partes: María Angélica Vaca Casia c/Pura Burgos Heredia

Proceso: Anulabilidad de Matrimonio

Distrito: Santa Cruz

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 212 a 215 y vta., interpuesto por Pura Burgos Heredia, impugnando el Auto de Vista Nº 231/2015, de 23 de abril, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de Anulabilidad de matrimonio seguido a instancia de María Angélica Vaca Casia contra Pura Burgos Heredia, la respuesta del recurso de fs. 221 a 222, la concesión de fs. 223, los antecedentes del proceso y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Tramitado el proceso el Juez de la causa pronunció Sentencia de fecha 10 de julio de 2012, cursante de fs. 72 a 73 y vta., por la cual declaro IMPROBADA la demanda principal de fs. 14 a 15, complementada a fs. 18 a 20 y vta., PROBADA la reconvencional den fs. 30 y vta., complementada a fs. 34 y en consecuencia declaró sin valor legal y fuera de la vida del derecho el matrimonio celebrado entre Rubén Mateo Valdez Rodo con María Angélica Vaca Casia cuya partida matrimonial será anulada en ejecución de Sentencia, con costas.

Contra esta Resolución de primera instancia María Angélica Vaca Casia interpuso recurso de apelación, en conocimiento del mencionado recurso, la Sala Civil segunda del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz pronunció Auto de Vista Nº 150/2013, cursante de fs. 112 a 114 y vta., por el que anuló obrados hasta fs. 38 inclusive, debiendo el Tribunal A quo dictar Auto de relación procesal conforme a lo previsto por los arts. 354 p. I) y 370 del Código de Procedimiento Civil

En mérito del mencionado Auto de Vista se vuelve a calificar el proceso ordinario de hecho y tramitado el mismo, pronunciándose nueva Sentencia Nº 212/2014, de fecha 10 de noviembre, cursante de fs. 182 a 183 y vta.,  por la cual la cual se declaró PROBADA la demanda principal de fs. 14 a 15, complementada de fs. 18 a 20 y vta., e IMPROBADA la demanda reconvencional de fs. 30 y vta. y complementación de fs. 34 y en consecuencia se declaró sin valor legal y fuera de la vida del Derecho el matrimonio celebrado entre RUBEN MATEO VALDEZ RODO con la señora PURA BURGOS HEREDERIA, cuya partida matrimonial será anulada en ejecución de Sentencia en el Libro No 1, Partida No 1 de la Oficialía del registro Civil No 4100, del Departamento de Santa Cruz, provincia Chiquitos, Localidad San José 

Contra la mencionada Sentencia la demandada Pura Burgos Heredia interpuso recurso de apelación cursante de fs. 186 a 188, en conocimiento del mencionado recurso La Sala Civil Primera del tribunal Departamental de Santa Cruz, pronunció Auto de Vista Nº 231/2015, de fecha 23 de abril, por el cual confirmó en todas sus partes la Sentencia apelada con costas, con los siguientes fundamentos de orden jurídico que la autoridad judicial valoró correctamente las pruebas presentadas en el proceso conforme lo establecen las reglas de la sana crítica y prudente criterio, tal como lo regula las normas establecidas en el art. 397 del Código de procedimiento Civil, asimismo refirió que la recurrente Pura Burgos Heredia vulneró la norma taxativa y explicita contenida en el art. 227 del Código de Procedimiento Civil, cuando el recurso carece de fundamentos y solamente trascribe situaciones parcializadas y subjetivas impertinentes toda vez que el proceso de reposición de partida de matrimonio y complementación de segundo nombre fue desvirtuado con pruebas consistentes en informes del SERECI, cursantes de fs. 132 a 138.

En conocimiento de la Resolución de Alzada Pura Burgos Heredia interpuso recurso de casación en el fondo cursante de fs. 212 a 215 y vta., el cual se analiza:

II.-DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

La recurrente interpuso recurso de casación  en el fondo expresando los siguientes reclamos:

1.- Acusa falta de motivación y fundamentación de las resoluciones expresa que el Auto de Vista carece de motivación jurídica, misma que no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, al respecto menciona que la Sentencia y el Auto de Vista han incurrido en violación al debido proceso, a la seguridad jurídica por falta precisamente de motivación y fundamentación.

2.-  Menciona  la recurrente que al haber tramitado judicialmente un proceso de reposición de partida de matrimonio y complementación de segundo nombre, se lo ha hecho de acuerdo a las normas previstas en el art. 41 del Código de Familia, indica que la reposición de partida de matrimonio es un trámite legal y tiene que ser reconocido por las autoridades que administran justicia. Asimismo indica que nuestro ordenamiento jurídico no reconoce el matrimonio si se han infringido los requisitos exigidos como la libertad de estado de los contrayentes establecida en el art. 46 del Código de Familia, es decir la libertad de estado, no pudiendo reconocer un matrimonio que se habría celebrado sin cumplir uno de los requisitos como la libertad de estado.

3.- Refiere que existe la disolución natural del matrimonio, al respecto refiere el art. 129 del Código de Familia con relación al art. 204 del Código de Familias, indica que al fallecimiento de uno de los conyugues se disuelve el matrimonio, existiendo un contrasentido al pretender se declare la anulabilidad de un acto jurídico extinguido, refiere que en el proceso se demanda la anulación del matrimonio, demanda que fue interpuesta con posterioridad al fallecimiento del cónyuge casado en segundas nupcias, con cuyo deceso quedo disuelto el segundo matrimonio, al tenor de lo establecido en los artículos mencionados

4.- Acusa violaciones a las normas del Código de Familia y normas procesales, menciona que el Tribunal de Alzada no realizo valoración de la prueba en especial del certificado de matrimonio de fs. 129, fotocopias legalizadas de la inscripción de matrimonio de Pura Burgos Heredia, así como de la reposición de partida de matrimonio y complementación  cursante de fs. 28 a 29, menciona que tratan de favorecer a la demandante solicitando una certificación del Jefe de Archivos del registro Civil sobre su partida matrimonial, siendo lo cierto que su persona ha contraído matrimonio civil Nº 4100, con reposición de partida matrimonial, tramita ante el Juez de Partido y de Sentencia de Portachuelo, menciona que su persona se ha casado primero y el segundo matrimonio no tiene ningún valor legal.

Concluye su recurso solicitando se case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se pronuncie nuevo fallo.

De la respuesta del recurso:

Con relación a la respuesta del recurso  la demandante refiere que en el recurso de casación interpuesto por la demandada,  confunde el recurso de casación en la forma y en el fondo, porque ataca errores de procedimiento y vicios que son motivo de nulidad, los mismos que deben plantearse vía recurso de casación en la forma y no en el fondo como lo hizo la recurrente.

Refiere que cuando se interpone recurso de casación en el fondo se ataca las infracciones directas a la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación de especificar en qué consiste la violación y cuál debería ser la norma jurídica aplicable correctamente, sin embargo expone acusaciones de forma en el recurso de casación en el fondo.

Finalmente menciona que finaliza su recurso de casación en el fondo con un petitorio totalmente fuera de todo contexto jurídico porque pide que se case el Auto de Vista pero a la vez solicito se dicte nuevo fallo expresando violaciones de forma, sin darse cuenta que el Tribunal supremo es de puro derecho y no puede suplir de oficio las omisiones o imprecisiones de la recurrente.

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.-Respecto a la falta de fundamentación, como agravio de forma de la Resolución recurrida:

El art. 192 num. 2) del Código de Procedimiento Civil dispone que la Sentencia contendrá la parte considerativa con exposición sumaria del hecho o del derecho  que se litiga, el análisis y la evaluación fundamentada de la prueba y la cita de las leyes en que se funda; ahora bien, aparentemente tal disposición legal solo se aplicaría al fallo de primera instancia, porque se refiere en forma expresa al contenido de la Sentencia, empero, ello no es evidente, toda vez que el espíritu o razón de ser de esa norma, en lo concerniente a la necesaria motivación y fundamentación que debe contener toda Resolución jurisdiccional, se aplica también a la Resolución de segunda instancia.

Sin embargo, como es lógico, la fundamentación de la Resolución de Alzada debe circunscribirse a los agravios expuestos en el recurso de apelación, pues al Tribunal de Alzada no le es exigible realizar una motivación respecto a todo lo debatido y controvertido en el proceso, sino únicamente respecto a aquellos motivos apelados, tampoco le es exigible una  revalorización total de la prueba, sino solo de aquella que el recurrente acusa  de indebidamente valorada o la que se vincula al agravio expuesto por el recurrente. 

III.2.-De la motivación en las resoluciones:

Al respecto el Tribunal Constitucional, a través de la S.C. Nº 2026/2010-R de 9 de noviembre, estableció que: "... La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió”

III.3.- De la anulabilidad absoluta del matrimonio:

Félix Paz Espinoza en su Libro “Derecho de Familia y sus instituciones” Tercera Edición comentada y actualizada Ediciones e impresiones El Original San José Pag. 263 expresa: “la anulabilidad del matrimonio es una condición de los actos semejante a los negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos o ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de producir tal resultado. Así como los actos nulos carecen de validez por si mismos, los anulables son válidos mientras no se declare su nulidad. De ahí podemos decir que el matrimonio es anulable cuando se lo ha constituido con la existencia de algún impedimento en su realización, desconocido por el oficial del Registro Civil o atribuible a su irresponsabilidad funcionaria, consecuentemente el matrimonio es anulable cuando no se cumple con los impedimentos prohibitivos o dirimentes.

Asimismo el mismo autor refiere que según el Capítulo II, Secciones I, II y III Titulo II Libro Primero del Código de Familia se distinguen la existencia de A) Anulabilidad absoluta y B) anulabilidad relativa, la anulabilidad absoluta del matrimonio sucede cuando en su constitución no se han observado los impedimentos dirimentes, es decir que el matrimonio se ha celebrado en contravención de lo prescrito en los arts. 44, 46 al 50, 67 y 68 del Código de Familia. La anulabilidad absoluta corresponde al orden público por ello es que puede ser demandada por quienes tengan un interés legítimo y actual, incluidos los mismos contrayentes, por los padres y demás ascendientes de los esposos  y aún por el Ministerio Público (art. 83, Par. II del Código de Familia), sin embargo el matrimonio no puede ser anulado de oficio por el Juez

Respecto al tema en el Auto Supremo Nº 451/2015 de fecha 19 de junio, se ha razonado lo siguiente: “El examen de la primera parte del art. 80 del Código de Familia que dispone: “Es anulable el matrimonio celebrado en contravención a lo dispuesto por los arts. 44 y 46 al 50 del presente código”; y del art. 46 (Libertad de estado) del mismo cuerpo legal que preceptúa: “No puede contraerse nuevo matrimonio antes de la disolución del anterior”, siendo en consecuencia la libertad de estado un requisito formal que hace que el matrimonio como acto jurídico se tenga por celebrado válidamente, su incumplimiento es sancionado con la anulabilidad absoluta del matrimonio. En esa relación, la segunda parte del art. 83 del Código de Familia, regula: “La anulación puede ser demandada por los mismos cónyuges, por sus padres o ascendientes y por todos los que tengan un interés legítimo y actual…”; esta última parte de la norma no especifica de forma expresa quienes son los que pueden accionar de forma legítima la anulabilidad absoluta, por vinculo anterior o ausencia de libertad de estado, no obstante nos otorga un marco normativo a seguir, porque dicha norma familiar establece que los legitimados para accionar son los propios cónyuges, sus padres o ascendientes, luego los que tengan un interés legítimo y actual, entendiendo que, en la medida de tratarse de un impedimento, son en defecto de los padres o ascendientes, los parientes colaterales de los cónyuges, o en su caso, el cónyuge del anterior matrimonio cuyo vinculo siga vigente; a más que para accionar se debe tener presente de estos el interés actual, es decir que el interés sobre el cual se fija el impedimento al momento de la celebración siga vigente en el instante de establecerse la acción de anulabilidad, y que en el caso de matrimonio vigente anterior, no se haya disuelto éste por cualquier hecho como ser la muerte del otro cónyuge, puesto que el fallecimiento de uno de los cónyuges pone punto final al vínculo jurídico conyugal, es decir tiene el efecto de disolver el matrimonio porque determina de manera inevitable el fin de la personalidad física; sin embargo, la última parte referida precedentemente (“…y por todos los que tengan un interés legítimo y actual…”), se encuentra limitada por el art. 90 del Código de familia que señala: “La acción de anulación del matrimonio no se transmite a los herederos sino cuando hay demanda pendiente a tiempo del deceso de quien podía interponerla”, disponiendo de esta manera imperativamente que la acción de anulación no es transmisible a los herederos sino cuando hay litigio pendiente es decir por sustitución procesal cuando ya se hubo iniciado la demanda con anterioridad a su deceso por el que fuera legitimado. De donde podemos inferir que no toda persona que tenga un interés en la anulabilidad del matrimonio de otro, está legitimado para accionar por ley”

III.4.- Efectos del Matrimonio anulado:

Con relación a los efectos del matrimonio anulado el Autor Félix C. Paz Espinoza  en su libro “Derecho de Familia y sus instituciones” tercera edición comentada y actualizada pag. 280 refiere: “la anulación del matrimonio proviene de una sentencia declarativa pronunciada por una autoridad jurisdiccional competente, es decir el juez de Partido de Familia que vuelve las cosas al mismo o igual estado en que se hallaban antes del acto anulado, proyecta sus efectos con carácter retroactivo, al día en que se constituyó el acto jurídico, esto en forma similar como ocurre en materia civil. Siendo más precisos, en el régimen matrimonial el efecto de la Sentencia de anulabilidad tiene la virtud de dejar sin eficacia el vínculo jurídico, con carácter retroactivo al día de su celebración, basado en el impedimento dirimente o el vicio que provoca la anulación, de la cual emergen varios efectos a) los cónyuges adquieren la calidad de solteros con libertad de estado para contraer nuevo matrimonio b) la terminación o cesación del régimen de la sociedad conyugal patrimonial c) la determinación de la patria potestad sobre los hijos, d) la obligación de brindar la asistencia familiar y el derecho a ejercer visitas a los hijos, a fin de mantener vigentes las relaciones paterno-materno filiales y e) El derecho de la sucesión hereditaria de los hijos y del cónyuge supérstite inocente, art, 1106 del Código Civil; precepto que reconoce al cónyuge de buena fe cuyo matrimonio ha sido anulado después de que murió el otro, el derecho de suceder a éste; sin embargo, el derecho de la sucesión puede estar supeditado a una excepción que señala el Par. II de la norma, que excluye de ese derecho al cónyuge supérstite, cuando la persona de cuya herencia se trata, estaba vinculado mediante matrimonio válido anterior al momento de su fallecimiento, por lo demás respecto a la situación legal de los hijos, quedan a salvo por imperio del Art. 195 de la Constitución Política del Estado y 173 del Código de Familia.”

III.5.- Respecto a la valoración de la prueba:

El Auto Supremo Nº 410/2015 de 09 de junio, ha señalado que: “…es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. En esta tarea jurisdiccional, la examinación de la prueba es de todo el universo probatorio producido en proceso, siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia”.

III.6.- De la verdad Material y acceso a la justicia

En el Auto Supremo Nº 84/2015, de fecha 30 de enero, se ha desarrollado el principio de verdad material establecido en el Art. 180.I de la Constitución Política del Estado refiriendo: ”En este sentido acudiendo al derecho comparado la Sentencia T-264/09 de la Corte Constitucional de Colombia, desarrolla la verdad material realizando un análisis,  minucioso respecto a este principio y la función de juez en la averiguación de la verdad, señalando: “…es posible distinguir dos tendencias: una que preconiza que el proceso civil mantenga un carácter plenamente dispositivo, y otra que propugna por dar pleno alcance a las facultades oficiosas del juez, incluidas aquellas de carácter inquisitivo para la determinación de los hechos. La primera tendencia concibe al proceso exclusivamente como un mecanismo para la resolución pronta y definitiva de los conflictos sociales mediante la composición de los intereses en pugna, en tanto que la segunda lo concibe como una instancia destinada a lograr la vigencia y efectividad del derecho material…..

Desde el segundo punto de vista, en cambio, se considera que una decisión solo es justa si se basa en un soporte fáctico que pueda considerarse verdadero. En este sentido, la verdad es un fin del proceso, y la solución de conflictos solo se considera adecuada si se lleva a cabo mediante decisiones justas, basadas en un fundamento fáctico confiable y veraz.”, en este entendido ninguna decisión judicial puede considerarse razonablemente correcta o justa, si se funda sobre una comprobación errónea o parcial de los hechos que hacen al fondo del proceso, la decisión es correcta si se pone fin al conflicto estando fundada sobre criterios legales y racionales, entre los cuales asume importancia esencial la comprobación de la verdad real de los hechos y para lograr esa verdad el Juez por el principio de Verdad Material consagrado en el art. 180 parágrafo I de la CPE, está revestido para hacer uso de las facultades necesarias para acceder a los medios de convicción idóneos en la verificación de los hechos afirmados por las partes, esto en función al principio de equidad, asumiendo un rol de director activo dentro el proceso, sin que por ello se pueda ver afectada su imparcialidad e independencia”.

III.7.- Sobre el art. 193 del Código de Procedimiento Civil

El art. 193 del Código de Procedimiento Civil, establece que: “El Juez no podrá dejar de fallar en el fondo de las causas sometidas a su juzgamiento bajo pretexto de falta, oscuridad o insuficiencia de la ley, ni salvar los derechos de los litigantes para otro proceso. Deberá fundar su sentencia en los principios generales del Derecho, las leyes análogas o la equidad que nace del ordenamiento jurídico del Estado.”, concordante con el art. 15 parágrafo III de la Ley del Órgano Judicial, normas que orientan la finalidad de la administración de justicia, es decir resolver el conflicto jurídico.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

1.- La recurrente acusa falta de motivación y fundamentación tanto en la Sentencia como en el Auto de Vista, sin especificar respecto a que reclamo se acusa los referidos vicios, menciona que se hubieran vulnerado sus derechos y el debido proceso. Al respecto diremos que conforme la doctrina aplicable en el punto III.1.- la falta de fundamentación en la Resolución de Alzada debe circunscribirse a los reclamos expuestos en el recurso de apelación, en el caso de Autos la recurrente no especifica respecto a que reclamos no existe motivación en el Auto de Vista recurrido,  lo que impide a este Tribunal realizar un análisis al respecto.

Sobre la fundamentación y conforme la doctrina aplicable en el punto III.2.- la motivación en las resoluciones significa que toda autoridad que conozca un reclamo o resuelva un recurso debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, al respecto  debemos decir que el Auto de Vista expone las razones o motivos por los cuales confirmó la Sentencia y refiriendo que la Sentencia apelada no vulneró ningún derecho a garantía constitucional de la recurrente, expresando los motivos o razones por las cuales ha confirmado el Tribunal Ad quem la Sentencia, razón por la cual lo reclamado respecto a la falta de motivación no tiene asidero legal.

2.- Menciona la recurrente que al haber tramitado judicialmente un proceso de reposición de partida de matrimonio y complementación de segundo nombre, se lo ha hecho de acuerdo a las normas previstas en el art. 41 del Código de Familia, indica que la reposición de partida de matrimonio es un trámite legal y tiene que ser reconocido por las autoridades que administran justicia.

Sobre lo denunciado diremos que en la Litis la demandante ha tenido como pretensión la anulabilidad del matrimonio de Pura Vargas Heredia y Rubén mateo Valdez Rodo, y en base a ese planteamiento expresado en la demanda o sea sobre la falta de libertad de estado del ultimo nombrado, resultando este el objeto del proceso, no siendo relevante otros aspectos ajenos al proceso como la reposición de partida de matrimonio y complementación que reclama la recurrente, no resultando este aspecto trascedente a los efectos del proceso, por lo que, resulta insustancial su reclamo.

Con relación a que no podría reconocerse el matrimonio de la demandante con Rubén Valdez Rodo, porque el mismo carecería de valor legal porque no existía libertad de estado en uno de los contrayentes; respecto a lo denunciado debemos decir el Código de Familia establece los requisitos para contraer matrimonio en el Capítulo II estando determinado como un requisito para contraer matrimonio la  libertad de estado, en el caso que se analiza, no existe prueba alguna que evidencia que las partes en el momento de celebración del matrimonio, realizado en fecha 4 de marzo de 1997, no contarán con libertad de estado, en ese sentido, el matrimonio celebrado en la Oficialía de registro Civil Nº 4001, goza de todo el valor legal porque fue celebrado cumpliendo los requisitos exigidos por el Código de Familia entre ellos la libertad de estado, no siendo evidente lo denunciado por la recurrente.

3.- Refiere que existe la disolución natural del matrimonio, al respecto refiere el art. 129 del Código de Familia con relación al art. 204 del Código de Familias, indica que al fallecimiento de uno de los conyugues se disuelve el matrimonio, existiendo un contrasentido al pretender se declare la anulabilidad de un acto jurídico extinguido.

Con relación al tema diremos que conforme a la doctrina aplicable en el punto III.7.- el Juez de la causa necesariamente debe resolver el problema jurídico traído en el proceso, debiendo en función de la prueba aportada por las partes, emitir una Sentencia, que ante todo resuelva el conflicto jurídico en que se encuentran las partes litigantes, y en el caso que se analiza si bien resulta cierto que al fallecimiento de Rubén Valdez Rodo disolvió el matrimonio con la demandante, sin embargo y conforme en la doctrina aplicable en el punto III.4.- referido a los efectos del matrimonio anulado, la demandante María Angélica Vaca Casia al iniciar la presente demanda buscaba precisamente consolidar los efectos del matrimonio que pretendía anular respecto de la demandada y su esposo fallecido, toda vez que al contar con tres hijas menores de edad y habiendo sido declarada heredera y por consiguiente con derecho al cobro de pensiones como derecho habiente de su esposo en la AFP, sin embargo la parte demandada, solicitó a la AFP, se suspenda el pago que se veía efectuando bajo el argumento de que como primera esposa le correspondía a ella cobrar dichas pensiones, razón por la cual se establece que si bien existió el fallecimiento del esposo Rubén Mateo Valdés, ocurrido en fecha 27 de mayo de 2008, hecho que puso punto final al vínculo existente, con la demandante María Angélica Vaca Casia, sin embargo, conforme la doctrina legal expresada en el punto III.4.- lo que buscaba la demandante al interponer la presente acción eran los efectos jurídicos del matrimonio anulado entre la parte demandada y su esposo fallecido. No siendo menos importante que durante el proceso tanto las partes litigantes como el Juez de la causa busquen la averiguación de la verdad conforme al principio de la verdad material  establecido en el punto III.6.- siendo necesario que existiendo problemas jurídicos como el cobro de la AFP, resultaba necesario interponer la presente acción de anulabilidad del matrimonio, buscando los efectos jurídicos de un matrimonio anulado,  en ese sentido la demandante refiere que dicho pago le correspondía a ella, y no a la demandada Pura Burgos Heredia porque su matrimonio no resultaba válido, toda vez que no contaba con libertad de estado, razón por la cual y en función a la verdad material y el art. 193 del Código de Procedimiento Civil desarrollado en la doctrina aplicable al caso en el Punto III.7.- el Juez  necesariamente debió resolver el conflicto jurídico sometido a su conocimiento en función a las pruebas aportadas al proceso, no resultando razonable salvar los derechos de las partes para otro proceso, dado que esta situación no resulta justificable porque ocasiona la proliferación innecesaria de procesos, deviniendo su reclamo en infundado.

4.-Acusa violaciones a las normas del Código de Familia y normas procesales, menciona que el Tribunal de Alzada no realizo valoración de la prueba en especial del certificado de matrimonio de fs. 129, fotocopias legalizadas de la inscripción de matrimonio de Pura Burgos Heredia, así como de la reposición de partida de matrimonio y complementación  cursante de fs. 28 a 29, menciona que tratan de favorecer a la demandante solicitando una certificación del Jefe de Archivos del registro Civil sobre su partida matrimonial.

Sobre lo acusado debemos decir que conforme la doctrina aplicable en el punto III.5.- la valoración de la prueba  es facultad privativa de los jueces de grado y conforme a la valoración que le otorga la Ley y cuando esta no determina otra cosa  el Juez puede realizar esta valoración conforme su prudente criterio. En el caso que se analiza los tribunales de instancia si valoraron la prueba que acusa la recurrente consistente en el certificado de matrimonio de fs. 129, así como la reposición de partida de fs. 28 a 29, las mismas que fueron desvirtuadas por certificaciones emitidas de fs. 132 a 133 y el informe Nº 28/12 e informe 15/2013, de fs. 134 a fs. 138, emitido por el Director Departamental del Sereci Santa Cruz, que evidencian que el matrimonio de Rubén Mateo Valdez Rodo y Pura Burgos Heredia, no tiene valor real ni eficacia jurídica porque no se encuentra inscrito en la Oficialía de Registro Civil Nº 4100.

Con relación a que al pedir las certificaciones al SERECI, se trataría de favorecer a la parte demandante, debemos decir que al Juez de la causa le interesa la averiguación de la verdad, y en función a establecer la verdad material de los hechos le corresponde pedir y solicitar las certificaciones que crea necesarias para tal fin, sin constituir estos hechos parcialización con ninguna de las partes.

Por lo indicado concluiremos que, los Tribunales de instancia obraron conforme a derecho correspondiendo emitir fallo en virtud a la previsión contenida en el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010; y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil  declara INFUNDADO, el recurso de casación en el fondo de fs. 212 a 215 y vta., interpuesto por Pura Burgos Heredia, impugnando el Auto de Vista Nº 231/2015, de 23 de abril, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos, por existir respuesta al recurso.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana nava duran