TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

  S A L A   C I V I L




Auto Supremo: 335/2016

Sucre: 13 de abril 2016

Expediente: CB 4 16 - S

Partes: Daniel Orellana Molina y Luz Mery Ortiz de Orellana. c/ José Ramiro

            Orellana  Ortiz y Otros.

Proceso: Anulabilidad de documento y otros

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 358 a 361 vta., interpuesto por José Ramiro Orellana Ortiz, Juliana Rosario Orellana de León y Geoerge Luis Perez Rojas en representación legal de Lenny Ivana Orellana Ortiz, contra el Auto de Vista, de fecha 11 de septiembre de 2015 cursante de fs. 354 a 355 de obrados pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Cochabamba, en el proceso ordinario de anulabilidad de documento y otros seguido por Daniel Orellana Molina y Luz Mery Ortiz de Orellana contra José Ramiro Orellana Ortiz, Juliana Rosario Orellana de León, Lenny Ivana Orellana Ortiz, Elizabeth Roxana Orellana Ortiz y Freddy Carlos Orellana Ortiz; las respuestas al recurso de fs. 365 a 370, de fs. 373 a 374 y de fs. 377 y vta.; el Auto de concesión de fs. 378; los antecedentes del  proceso, y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Décimo Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, mediante Sentencia Nº 019/13 de 20 de septiembre de 2013 de fs. 269 a 279 vta., declaró: IMPROBADA la demanda de fs. 13 a 19 y ampliación de fs. 30 y 75, e IMPROBADA la excepción de cosa juzgada opuesta por Juliana Rosario, José Ramiro y Lenny Ivana Orellana Ortiz.

Contra esa resolución de primera instancia los demandantes Daniel Orellana Molina y Luz Mery Ortiz de Orellana, interpusieron recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista REG/S.CII/ASEN.087/11.09.2015 de 11 de septiembre de 1015, cursante de fs. 354 a 355, REVOCA la Sentencia de fecha 20 de septiembre de 2013, y deliberando en el fondo determina declarar PROBADA la demanda de fs. 13 a 19 y ampliación cursante a fs. 30 y 75, consecuentemente se declara la anulabilidad del contrato de compra venta de fecha 22 de marzo de 2011, su respectivo protocolo y consiguiente Escritura Pública Nº 23/2010 otorgada por ante Notaria Nº 30 de la Capital a cargo de la abogada Jessica Pereira, disponiendo el registro de la presente sentencia ejecutoriada que sea la misma en el registro de DD.RR que corresponda. Asimismo se dispone la cancelación de la inscripción efectuada en la oficina de DD.RR de la matricula Nº 3011990003240, Asiento A-2 de 05 de febrero de 2010. Se declara IMPROBADA la excepción de cosa juzgada, bajo el fundamento de que -conforme a la prueba testifical de cargo, además de la confesión de uno de los demandados no tenían la intención de vender su inmueble a favor de sus hijos, quienes les hicieron creer que se trataba simplemente de un anticipo de legitima con derecho de usufructo, vale decir que lo que caracterizó a la actuación de los hijos fue que valiéndose de procedimiento ilícitos, como ser el hecho de señalar a sus padres de que se trataba de un anticipo de legitima con derecho a usufructo, cuando en realidad lo que estaban suscribiendo con conocimiento de los hijos era un contrato de compra venta, precisamente para producir o inducir a ese error y para evitar que sus padres lleguen a descubrirlo los hijos cambian la frase anticipo de legitima por “compra venta”, además que también utiliza en argumento de que era necesario dicho contrato para realizar mejoras en el inmueble, lo que nos demuestra que nos encontramos frente a la figura del dolo, previsto por el art. 482 del Código Civil.

Contra esa resolución de segunda instancia, los demandados José Ramiro Orellana Ortiz, Juliana Rosario Orellana de León y Lenny Ivana Orellana Ortiz representada legalmente por George Luis Pérez Rojas, interpusieron recurso de casación, mismo que se pasa a analizar.

II. DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Acusa  infracción del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, alegando que no habrían sido considerados ni absueltos todos los puntos del “responde” a la apelación planteada; así como la omisión de lo dispuesto por el art. 193 del Código de Procedimiento Civil.

Acusa violación a disposiciones legales de normas sustantivas, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, cuestionado que el Auto de Vista recurrido se habría limitado a referir doctrina sobre el “Dolo”, como la intención positiva de engañar o de mantener en error a la otra parte, aspecto ajeno a la realidad del caso que nos ocupa, declarando inexiste el dolo, debido a que sus padres habrían decidido por voluntad propia otorgarles el bien inmueble en calidad de anticipo de legitima con reserva de usufructo.

Asimismo cuestiona que el Tribunal de Ad quem habría omitido considerar la declaración testifical de Hugo Torrez Molina, profesional abogado contratado por los actores y suscriptor de los documentos en cuestión.

Acusa error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, incidiendo la en la ausencia de dolo, pues la Sentencia de primera instancia habría declarado probada la demanda en base a la documentación producida consistente en la Escritura Pública debidamente registrada en Derechos Reales y declaraciones de testigos presenciales como el Abogado de los demandantes. Siendo completamente ajena la intención de engañar o mantener en error a la otra parte, desvirtuando la existencia de mala fe, temeridad ni  malicia, aspectos que no habrían sido considerados por el Auto de Vista.

Por lo expuesto y estando demostrado que el Auto de Vista recurrido habría cometido violaciones a disposiciones legales, es que interpone recurso extraordinario de nulidad o casación contra el Auto de Vista de fecha 11 de septiembre de 2015, para que el Tribunal Supremo de Justicia anule el Auto de Vista impugnado o en su caso case el mismo confirmando la sentencia apelada.

De la respuesta al Recurso de Casación.

Con relación a la respuesta al recurso de casación los demandantes Daniel Orellana Molina y Luz Mery Ortiz de Orellana señalaron:

Que el Recurso extraordinario de casación en la forma o en el fondo, se asimila a una nueva demanda de “puro derecho”, y que debe contener los requisitos enumerados y exigidos en el art. 258 del Código de Procedimiento Civil y que en el presente caso, el recurso no los tendría claramente establecidos, por lo que no se abriría la competencia del Tribunal de Casación. Al efecto hace referencia a la jurisprudencia y distintos Autos Supremos relacionados con el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

Consideran que el presente recurso constituye ser más un resumen de hechos facticos resueltos por el inferior y revocados por el superior en grado y no de fundamentos como lo señala el recurso, toda vez que se aleja de las causales previstas en el art. 253 y 254 del Código Adjetivo de la materia, aspectos que hacen improcedente el recurso.

Con relación a la respuesta de Freddy Carlos Orellana Ortiz, el mismo señala lo siguiente:

De inicio critica la actitud de los recurrentes en su afán de apropiarse del inmueble de propiedad de sus padres, quienes a la fecha vienen sosteniendo el presente juicio, reitera que la intención no fue una venta; sino un anticipo de legitima y que jamás habrían pagado un solo centavo del precio consignado en el documento, por lo que solicita al Tribunal Supremo de Justicia declare infundado y/o improcedente el recurso.

Asimismo, Elizabeth Roxana Orellana Ortiz responde al recurso de casación, señalando que el Auto de Vista de 11 de septiembre de 2015 habría restituido a sus padres el derecho propietario de su inmueble, alegando que el recurso de casación no habría cumplido con los presupuestos del art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, por lo que pide se declare infundado o improcedente.    

III. DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- Del art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

El art. 236 del Código de Procedimiento Civil, establece que el Auto de Vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación a que se refiere el art. 227, excepto lo dispuesto en la parte final de art. 334, ambos del referido Código de Procedimiento Civil; esta norma legal obliga a los operadores de segunda instancia a resolver el recurso de apelación en base al fallo de primera instancia y los argumentos expuesto en el recurso, no permitiendo ir más allá de lo solicitado en el recurso.

Ello significa que una vez dictada la Sentencia y si una de las partes hubiera recurrido de la resolución, caso en el que se apertura la competencia de segunda instancia concluyendo la misma con la emisión del Auto de Vista; en ese sentido al contener los agravios descritos en dicho medio de impugnación, cuya pretensión es resolver los agravios que puedan versar sobre aspecto de fondo en forma total o parcial, o solo sobre aspectos de forma.

Al respecto se tiene amplia jurisprudencia emitida por la entonces Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto al deber de los Tribunales de Alzada, mismos que a tiempo de conocer de un recurso, deben ajustar su resolución a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad previstos en el art. 236 con relación al 227 ambos del Código de Procedimiento Civil. Ello significa resolver la alzada dentro del marco jurisdiccional que les impone la Sentencia y expresión de agravios, a fin de determinar los efectos de la cosa juzgada y evitar que una resolución incompleta pueda generar  otros procesos eternizando los litigios, así se tiene establecido entre otros los Autos Supremos Nº 376/2014 de 11 de julio de 2014 y 651/2014 de 06 de noviembre de 2014.

III.2.- Del dolo.

La doctrina señala que el dolo posee tres acepciones en derecho civil: como vicio de los actos jurídicos, como presupuesto que cualifica el delito civil y como un tipo de inejecución contractual por el deudor, así lo manifiesta Raúl Romero Sandoval en su Libro Derecho Civil.

En la definición de Gutiérrez Alvis, el dolo es “el propósito intencional de causar un daño a otro; consiste en toda maquinación o maniobra fraudulenta encaminada a mantener en el error o en engaño a la persona con quien se va a celebrar un negocio jurídico”.

Para que el dolo asuma el carácter de esencial y pueda ser cualificado como un vicio del consentimiento es necesario que se integren algunos elementos, tales como: a) acción antijurídica con ánimo de engañar a otro; b) que produzca el engaño o error; c) que tenga como beneficiario a su autor a o un tercero y d) que cause perjuicio a la otra parte.

Ello significa que la pretensión sea hacer incurrir en error, este comportamiento tiene el carácter de ilícito, pues con él se simulan hechos falsos, o se ocultan los verdaderos; configurándose así con la maquinación o el ardid que lleva a una conducta antijurídica; siendo necesario la concurrencia del aninus decipiendi, que consiste en la intención de llevar a engaño a la otra parte. La maquinación o el artificio deben tener la suficiente idoneidad para lograr engañar y que además sea de beneficio del autor.

En nuestra legislación el dolo es considerado como vicio del consentimiento; se encuentra previsto en el art. 482 del Código Sustantivo de la materia, mismo que señala: “El dolo invalida el consentimiento cuando los engaños usados por uno de los contratantes, son tales que sin ellos el otro no habría contratado”.

III.3.- De la prueba y su valoración.-

El art. 397 del Código de Procedimiento Civil (Valoración de la Prueba) señala: “I): Las pruebas producidas en la causa serán apreciadas por el juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si esta no determinare otra cosa, podrá apreciarlas conforme a su prudente criterio o sana critica” II. El juez tendrá obligación de valorar en la sentencia las pruebas esenciales o decisivas”.

Según el Código de Procedimiento Civil comentado y concordado del Dr. José Deker Morales, Pág. 240 nos menciona respecto de la prueba al profesor Hugo Alsina, quien nos dice: “En su acepción lógica, probar es demostrar la verdad de una proposición, pero en su significado corriente, expresa una operación mental de comparación. Desde ese punto de vista la prueba judicial es la confrontación de la versión de cada parte con los medios producidos para abonarla”.

Los hecho y los actos jurídicos dice Couture son objetos de afirmación o negación en el proceso. Pero como el juez es normalmente ajeno a esos hechos sobres los cuales debe pronunciase, no pueden sentenciar teniendo en cuentas las simples manifestaciones de las partes; entonces debe disponer de medios para verificar la exactitud de esas proposiciones”, es menester comprobar la verdad o falsedad de ellas, con el objeto de formarse convicción a su respecto. Siendo estas definiciones de la prueba en General.

Asimismo debemos tener en cuenta ciertos principios referidas a las pruebas, entre las cuales tenemos el “principio de la unidad de la prueba”.-  significa; que el conjunto probatorio del proceso forma una unidad, y como tal debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas, documentales, testificales y otras, señalando sus concordancias y discordancias, y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme.

IV. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Respecto de la violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, cuyo fundamento señala que el Auto de Vista no habría dado respuesta al memorial de  “responde” al recurso de apelación.

Corresponde precisar en el caso que nos ocupa, fue la parte demandante quien interpuso el recurso de apelación contra la Sentencia de primera instancia, misma que fue resuelta por Auto de Vista de fs. 354 a 355, emitida por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, cuyo fundamento central va orientado a establecer la existencia de dolo en el acto jurídico celebrado por los contendientes, en el entendido de que la intención de los padres era otorgar el bien inmueble en calidad de anticipo de legitima y no de venta como se tiene establecido en el documento cuya anulabilidad se pretende; es decir que el recurso de apelación fue atendido conforme a ley.

Sin embargo la respuesta al recurso de apelación cursante de fs. 295 a 296 vta., presentada por los hermanos Orellana Ortiz; ha sido considerada por el Tribunal de Alzada a tiempo de emitir su resolución, no siendo imprescindible que dicha respuesta sea considerada de manera expresa como pretenden los recurrentes, en virtud de los agravios acusados en apelación que el Tribunal de Alzada realiza una revisión de lo obrados, por lógica consecuencia contrastando dichos puntos de apelación con lo señalado en la respuesta del recurso, en consecuencia el Ad quem ha aplicado estrictamente lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

En el caso al haber la resolución acogido lo reclamado en apelación, no significa que no se haya considerado lo expuesto en la respuesta al recurso, de lo que se infiere que simplemente para el Tribunal de Alzada el razonamiento contenido en dicha respuesta no es el correcto. Por lo que si la parte que responde al recurso de apelación considerada que la resolución de segunda instancia es agraviante a sus intereses, tiene como medio de impugnación el recurso de casación, activado oportunamente como lo hicieron en el caso que nos ocupa para cuestionar la decisión de fondo o aspectos formales expuestos en su respuesta, que en criterio del Ad quem no fueron correctos para que el Tribunal de caacasion realice un nuevo análisis al respecto.

Respecto de la violación a disposiciones legales de normas sustantivas, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, señala que el Auto de Vista recurrido se habría limitado a referir doctrina sobre el “Dolo”, como la intención positiva de engañar o de mantener en error a la otra parte, aspecto ajeno a la realidad del caso que nos ocupa, debido a que sus padres habrían decidido por voluntad propia otorgarles el bien inmueble en calidad de anticipo de legitima con reserva de usufructo, conforme lo tienen manifestado en la demanda. Asimismo cuestiona que el Tribunal de Ad quem habría omitido considerar la declaración testifical de Hugo Torrez Molina, profesional abogado contratado por los actores y suscriptor de los documentos en cuestión.

Del análisis del presente reclamo se tiene que el mismo tiende a desvirtuar el argumento esgrimido por el Tribunal de Alzada en el Auto de Vista, emitido bajo el argumento de la existencia de dolo en el presente caso como vicio del consentimiento, alegando los recurrentes que sus padres habrían decidido efectuar un contrato cuya intención fue: “de anticipo de legitima con reserva de usufructo en nuestro favor hasta nuestros últimos días…”señalado de manera textual; de ello que se infiere que los hijos compradores estaban conscientes de que la figura legal; es decir de la intención de sus padres, misma que era un anticipo de legitima con reserva de usufructo en favor de sus padres y no así un documento de compraventa como se tiene plasmado en la Escritura Pública Nº 23/2010 de 30 de enero de 2010 cuya anulabilidad se pretende. Sin embargo el documento suscrito entre los contendientes como se tiene dicho es de compraventa, con el que los compradores registraron su derecho propietario en oficina de Derechos Reales, razón por la que se deduce que en la suscripción de dicho contrato existió engaño y dolo por parte de los demandados.

Al respecto resulta un tanto extraño por parte de los demandados (tres de los hermanos Orellana Ortiz) alegar la validez de un contrato de compraventa efectuado a su favor; siendo que los mismos admiten que la intención de sus padres fue el anticipo de legitima como se tiene manifestado, máxime si admiten que el usufructo se estaría cumpliendo a cabalidad en el entendido de que sus padres serían quienes cobran los alquileres de una parte del inmueble para vivir dignamente. En ese razonamiento y conforme lo señala la parte dispositiva del Auto de Vista impugnado que revoca la Sentencia de primera instancia y deliberando en el fondo determina declarar probada la demanda, consecuentemente la anulabilidad del contrato de compra venta de fecha 22 de marzo de 2011, su respectivo protocolo y consiguiente Escritura Pública Nº 23/2010 otorgada por ante Notaria de Fe Pública Nº 30. No siendo evidente el reclamo acusado en este punto.

Respecto de la declaración de Hugo Torrez Molina, quien fungió como abogado en la elaboración de los documentos; tanto de compra venta como de anticipo de legitima, quien en su declaración de fs. 205 de obrados, afirmando la existencia de los dos documentos, además señala que las personas que contrataron sus servicios fueron la señora Mary y Charo, habiendo entregado los recibos por concepto de honorarios y rendición de gastos a la señora Charo (co demandada) por ser ella quien le hubiera entregado el dinero; finalmente hace constar que el señor Daniel es quien se encontraba renuente a firmar esa minuta; sin embargo por la confianza que tenían en sus hijos firmaron sin leer el documento.

Del contenido de la atestación señala supra, se advierte que la misma va a corroborar los argumentos vertidos por las partes en cuanto a la suscripción de ambos documentos, no siendo esta declaración determinante para la resolución de la causa, por cuando dicha atestación resulta contradictoria.

En cuanto a que hubiera error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, incidiendo la en la ausencia de dolo, pues la Sentencia de primera instancia habría declarado probada la demanda en base a la documentación producida en el proceso; consistente en la Escritura Pública debidamente registrada en Derechos Reales y declaraciones de testigos presenciales como el Abogado de los demandantes. Siendo completamente ajena la intención de engañar o mantener en error a la otra parte, desvirtuando la existencia de mala fe, temeridad ni  malicia, aspectos que no habrían sido considerados por el Auto de Vista.

Respecto del aparente error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, concretamente de la Escritura Pública Nº 23/2010 de fecha 30 de enero de 2010, protocolizada ante Notaria de Fe Pública a cargo de Jessica Pereira, instrumento con el que fue registrado el derecho propietario del bien inmueble, ubicado en la Av. San Martín de la ciudad de Cochabamba, alegando los recurrentes que sus padres estaban conscientes de la venta que realizaron a su favor; a esto corresponde precisar que no resulta prueba idónea y eficaz, los documentos por los que se demanda la anulabilidad, en el sentido de que los mismos fueron acusados de haber sido suscritos por engaños de los hijos de los demandantes.

Por otra parte no es menos cierto la existencia de un documento privado suscrito en fecha 25 de enero de 2010, mismo que aclara la intención de los ahora demandantes, cuyo tenor establece un anticipo de legitima y que el mismo estaría siendo cumplido a cabalidad por las partes, conforme lo tienen señalado los propios demandados, reiterando lo señalado en la respuesta precedente en cuanto a la vigencia del documento privado de anticipo de legitima. No siendo evidente el reclamo acusado en este punto. 

Por lo manifestado corresponde resolver el recurso de casación en la forma previsto por el art.  220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 220.II del Código Procesal Civil,  declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 358 a 361 vta., interpuesto por José Ramiro Orellana Ortiz, Juliana Rosario Orellana de León y Geoerge Luis Pérez Rojas en representación legal de Lenny Ivana Orellana Ortiz contra el Auto de Vista REG/SCII/ASEN.087/11.09.2015 de 11 de septiembre de 2015, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas y costos.

Se regula honorarios en la suma de Bs. 1.000.- 

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.