TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                          S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 309/2016                                                                    Sucre: 08 de abril  2016                                                                 Expediente:         LP-190-15-S                                                                    Partes: Ana  María  Choque  Villca  Vda.  de  Ramírez. c/  Igor  Jaime  Ramírez

             Guerra y otros.

Proceso: ordinario de  Nulidad y simulacion de contrato de venta, reivindicación

               de inmueble, daños y perjuicios.                                          Distrito: La Paz.

VISTOS: los recursos de casación de fs.1217 a 1219,  de  fs. 1222 a 1224 y 1230 a 1233 vlta., interpuesto por los señores IGOR JAIME RAMIREZ GUERRA, RAUL Y ROGER RAMIREZ CALLE y LILIA RAMIREZ SOLARES respectivamente, CONTRA EL Auto de Vista No 17/2015 de fecha 6 de febrero de 2015 que cursa de fs. 1205 a 1207 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinarios de Nulidad y simulacion de contrato de venta, reivindicacion de inmueble, daños y perjuicios, seguido por Ana María Choque Villca Vda. de Ramírez contra Igor Jaime Ramírez Guerra y otros; el Auto de concesión de fs. 1245, los antecedentes del proceso y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Jueza Sexto de Partido Civil-Comercial de la cuidad de La Paz, pronuncio Sentencia No 116/05 de fecha 5 de agosto del año 2005, de fs. 374 a 377 vta., que declara PROBADA la demanda principal planteada por Ana María Choque Villca que cursa a fs. 17 a 21 vlta., disponiendo 1.- La Nulidad de la Escritura Pública No 659/1992 de 26 de agosto de 1992 de transferencia de acciones y derechos de Jaime Ramírez Solares sobre un lote de terreno de 250 m2 equivalente al 50% de los 500 m2 del lote de terreno comprado juntamente con su hermano Carlos Ramírez Solares signado con el No 16, Manzano “H”, de la urbanización la Baqueta-Médicos de la Caja Nacional, zona de Achumani, suscrita a favor de la Sra. Antonia Guisbert Vda. de Ramírez por ante el ex Notario de Fe Pública Félix Mongudo Collao, actualmente a cargo de la Dra. María Rosa B. de Cordero, quien deberá proceder a la cancelación del protocolo correspondiente.- 2.- Por ante Derechos Reales, se procederá a la cancelación de la Partida computarizada No 01175241 de 11 de Septiembre de 1992, asentada en la actual Matricula Computarizada No 2.01.0.99.0022362 del 14 de Mayo de 2.002, así como a la rehabilitación de la Partida No 3315, Libro 1º A de 1982 a favor de JAIME RAMIREZ SOLARES, en ejecución de fallos. 3.- La reivindicación del referido inmueble de la Sra. Ana María Choque Vda. de Ramírez por parte de los detentadores del mismo, sean los demandados o terceras personas, bajo alternativa de proceder al lanzamiento en tercero día de la ejecutoria del presente fallo. 4.- El resarcimiento de daños y perjuicios causados por los demandados a la actora, los que se liquidaran en ejecución de fallos, de acuerdo a procedimiento. Y declara IMPROBADA la demanda reconvencional de pago de daños y perjuicios incoada por los tres demandados mediante memorial de fs. 40-41 contra la parte actora, por falta absoluta de elementos probatorios que la respalden.-  Quedan a salvo los derechos sucesorios de los herederos forzosos de Jaime Ramírez Solares que podrán hacerlo valer en la vía y forma que demanda la Ley.

Resolución de primera instancia que es recurrida de Apelación por los demandados LILIA, JUANA RAMIREZ SOLARES e IGOR  JAIME RAMIREZ GUERRA, por memorial de fs. 382 a 384, mismo que mereció el Auto de Vista No 71/07 de fecha 26 de Abril de 2007 emitida por la Sala Civil Segunda de la ex Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, de fs. 454 y vta., que ANULA obrados hasta el auto de concesión de fs. 390 inclusive, disponiendo que la A-quo, dicte nuevo Auto de  Concesión que comprenda la apelación contra la Sentencia de fs. 374-377 y contra el Auto de fs. 347 de obrados. Resolución que es recurrida de casación por los demandados LILIA y JUANA RAMIREZ SOLARES e IGOR JAIME RAMIREZ GUERRA, recurso que fue resuelto por la Sala civil de la ex Corte Suprema de Justicia, mediante Auto Supremo No 214/2011  de fecha 22 de junio de 2011, cursante a fs. 580 a 582, por el cual se declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 459-463 y vta., de obrados.

La Jueza Quinto de Partido en lo Civil-Comercial (en suplencia Legal), en cumplimiento del Auto de Vista No 71/07 de 26 de Abril de 2007 emite Auto de concesión al recurso de alzada en el efecto diferido en aplicación del art. 25 parágrafo  II de la Ley 1760, así como la apelación contra la Sentencia en el efecto SUSPENSIVO  de conformidad al Art. 224 inc. 1) del Código de Procedimiento Civil.

Concedidas los recursos de alzada de fs. 351-352 vta., 382 a 384 y 623 a 632, respondidas debidamente se emite el Auto de Vista No 17/2015 de fecha 6 de febrero del 2015, que CONFIRMA la Sentencia No 11/05 de fecha 5 de Agosto de 2005 de fs. 347-377 vta., y Auto de fecha 24 de julio de 2004 de fs. 347-347 vta. Con Costas.

En conocimiento de la determinación de segunda instancia los demandados IGOR JAIME RAMIREZ GUERRA, RAUL Y ROGER RAMIREZ CALLE y LILIA RAMIREZ SOLARES interponen recurso de casación en el fondo y en la forma, el cual es sujeto del presente análisis. 

II.- DEL CONTENIDO DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN:

IGOR JAIME RAMÍREZ GUERRA, en su recurso de casación en el fondo hace una relación de todo lo acontecido en el proceso, señalando que su persona vive en el domicilio signado con el No 16, del manzano H de la urbanización la Baqueta-médicos en la zona de Achumani, en calidad de heredero forzoso de  JAIME RAMIREZ SOLARES, cuya declaratoria lo tiene registrada en oficinas de Derechos Reales, aspecto este que no fue valorado  por la Jueza de primera instancia, constituyendo este hecho una errónea aplicación del artículo 1453 del Código Civil, menciona también que existe amplia Jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia, sobre REINVIDICACION, así como el Auto Supremo No 414/2014 y Auto Supremo 266/2013, entre otros que establecieron que “ la acción reivindicatoria es aquella de la que puede hacer uso el propietario que no posee el bien inmueble, frente al poseedor que no es propietario” y que en el  caso de autos su condición  de copropietario es a título hereditario, por lo que no es un simple poseedor. Solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia evidenciando la errónea aplicación de las normas citadas y reconociendo su calidad de copropietario del inmueble establezca la improcedencia de la acción reivindicatoria en cuyo mérito emitirá Auto Supremo casando parcialmente el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo declare improbada la demanda principal respecto a la acción reivindicatoria y consiguientemente respecto a los daños y perjuicios. 

Por su parte, los recurrentes RAUL Y ROGER RAMIREZ CALLE en su recurso de casación en  la forma; refieren que su calidad de herederos forzoso de JAIME RAMIREZ SOLARES, núnca fue considerada, pese a que  presentaron a fs. 44 a 50 de obrados documentos que acreditan su calidad de herederos y que a pesar que la fiscal Magaly Mirtha Gonzales  Ríos dispuso se haga conocer ulteriores actuados, núnca se les hizo conocer ningún actuado, rechazando la juez de primera instancia su participación y sacándolos del proceso, parcializándose con la Srta. Ana María Choque Villca. Que cuando adquirieron la mayoría de edad y anularse el proceso hasta el Auto de concesión de alzada, presentaron  apelación a fs. 623 a 632, que  el Auto de Vista No 17/2015 no hace referencia a su calidad de herederos menos a la apelación presentada en contra de la Sentencia que cursa a fs. 623 a 632 y que el tribunal de alzada OLVIDO la apelación de fs., 623 a 632, no pronunciándose al respecto situación que le causa INDEFENSION.

Y que Ana María Choque Villca pretende reivindicar la totalidad del inmueble, cuando el mismo debe ser objeto de división y partición, que la declaratoria de herederos presentada por la demandante salva derechos de los herederos, que la Juez ignoro que este tipo de procesos cuando el objeto de la Litis tiene varios herederos corresponde llamar a la litisconsorcio necesario desde el inicio del proceso. Que el Auto de Vista No 17/2015 de fecha 6 de febrero de 2015 no especifica que el objeto del litigio es un bien inmueble hereditario y que no se encontraba dividida. Que al amparo de la causal establecida en el artículo 254 inc. 4 y 7 del CPC interponen recurso de casación en la forma contra el Auto de Vista No 17/2015  que cursa a fs. 1205 a 1207 y enmienda de fs. 1213, mencionan que de la revisión el mencionado  Auto de Vista, que no se toma en cuenta la apelación de fs. 623 a 632, a  pesar de estar dispuesto por auto de concesión de fs. 691 y que al no haber respetado la calidad de herederos forzosos de JAIME RAMIRES SOLARES, se a ignorado sus derechos, no habiendo sido sometidos a un debido proceso, por lo que en solicitan se dicte Auto Supremo ANULANDO el Auto de Vista de fs., 1205 a 1207 enmienda de fs. 1213 en cuanto ha sido materia del presente recurso por consiguiente se declare la nulidad de obrados.

LILIA RAMIREZ SOLARES, interpone recurso de casación en la forma señalando que Igor Jaime Ramírez Guerra es propietario del inmueble en litigio y que las autoridades de alzada confundieron la aplicación de la norma, pretendiéndolo sacar de su casa que le pertenece por ser heredero forzoso de su hermano Jaime Ramírez Solares, dice que por solo ser tía de Igor y salir en defensa de este la demandaron  y que no es justo que la indilguen de detentadora por el solo hecho de que a veces visita a su sobrino, que ella tiene casa propia gracias a su trabajo en la UMSSA. Que Ana María Choque Villca a perdido la legitimidad procesal para seguir presentándose como esposa y viuda de su hermano, ya que su matrimonio fue anulado, por lo que no puede identificarse como “Ana María Choque Vda. de Ramírez “, menciona que de manera ULTRA PETITA se le otorga derecho propietario del bien inmueble en litigio, cuando la misma no presentó ninguna prueba que acredite que el Juez de familia, que anulo su matrimonio le haya otorgado también derecho propietario como bien ganancial, señala también que el Tribunal de alzada no considero que sucedieron nuevos hechos antes de la emisión de la Sentencia de primera instancia que fueron admitidas por el Tribunal de alzada, pero que sin embargo el Auto de Vista no tomo en cuenta dichas pruebas confirmando la SENTENCIA  de primera instancia, por lo que  estando en el plazo previsto por ley y al amparo del artículo 254 4 de la CPC., interpone recurso de casación en la forma contra el Auto de Vista 17/2015 de 6 de febrero de 2015 cursante a fs. 1205 a 1207 y enmienda de fs. 1213, pretendiendo que el Tribunal Supremo de Justicia, evidenciando que el  Tribunal de segunda instancia no se ha pronunciado sobre los nuevos hechos y pruebas aportadas aceptadas por el mismo tribunal se segunda instancia, ANULE obrados hasta el Auto de Vista No 17/2015 en el que deberá ordenarse se emita uno nuevo sin previo sorteo donde deberán pronunciarse sobre todos los reclamos realizados fundamente porque no acepta las pruebas presentadas en segunda instancia ya que las mismas no han sido consideradas ni valoradas.

CONSIDERANDO III:

DE LA DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1. Respecto a la nulidad Procesal:

La uniforme línea  jurisprudencial trazada por este tribunal, ha superado aquella vieja concepción que vislumbraba la nulidad procesal como mero alejamiento de las formalidades o el acaecimiento de un vicio procesal buscando simplemente resguardar las formas previstas por la Ley Procesal, hoy en día lo que en definitiva importa, es analizar si realmente se transgredieron las  garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes en litigio y que a la postre derive en una injusticia, solo en el caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la NULIDAD PROCESAL a fin a que las partes hagan valer sus derechos dentro del marco del debido proceso y en un plano de igualdad de condiciones ante el juez natural competente, esta posición de ningún modo implica desconocer los principio que rigen las nulidades procesales, tales como la especificad o legalidad, transcendencia, convalidación entre otros, más por el contrario deben ser acatados y cumplidos dichos principio; dentro de esta corriente se configura precisamente el espíritu de los arts. 16 y 17 de la Ley No 025 del Órgano Judicial y de los arts. 105 y 106 de la Ley 439 Código Procesal Civil; criterio reiterado en los autos Supremos No 233/2013 de 6 de mayo, No 336/2013 de 5 de Julio, No 78/2014 de 17 de Marzo y No 514 de 8 de Septiembre, entre otros.

III.2. Respecto a la Congruencia de las resoluciones:

Resulta imperativo en el presente caso abordar el principio constitucional de la congruencia en el proceso civil,  al respecto se indica : “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia «ultra petita» en la que se incurre si el Tribunal concede «extra petita» para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; «citrapetita», conocido como por «omisión» en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados…”  (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).

La SC No 0816/2010 de 2 de Agosto, citando a su vez la SAC 06/2004-R de 4 de mayo refirió que:   “… se debe tomar en cuenta que la sustanciación de las demandas en materia civil se sujetan a las normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio para las parte, conforme establece la norma prevista en art. 90 del CPC. En ese orden de cosas el art. 326 del CPC marca el ámbito del contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el juez o tribunal ad-quem, no puede omitir pronunciarse sobre puntos apelados como tampoco ir más allá de lo pedido. Salvo en los casos en que los vicio de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad este expresamente prevista por Ley…”

III-3- Respecto a la Reivindicación:

El artículo 1453 parágrafo I del Código Civil previene que "el propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta",  al respecto, Alexander Rioja Bermúdez en su artículo Mejor Derecho de Propiedad y Reivindicación, quien sobre la reivindicación afirma que: La prueba de la acción reivindicatoria se establece con tres requisitos; estos son: el derecho de dominio de quien se pretende dueño; la determinación de la cosa que se pretende reivindicar y la posesión de la cosa por el demandado; ante estos tres requisitos dicho Autor, también afirma que: El reivindicador debe probar, en primer lugar su derecho de dominio sobre la cosa que trata de reivindicar; en segundo lugar, la posesión de la cosa por la parte demandada; y por último, la identificación de la cosa que reivindica.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En el caso específico que se analiza, con carácter previo consideraremos el recurso de casación en la forma, toda vez que de ser evidentes las infracciones que ameritarían la anulación de obrados del Auto de Vista recurrido, ya no correspondería ingresar a considerar los aspectos referentes a los otros recursos de casación en el fondo.

El artículo 106 del Código Procesal Civil, Ley N° 439 de fecha 19 de noviembre de 2013, previene en su parágrafo I que :“La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte en cualquier estado del proceso, cuando la ley lo califique expresamente”, en el entendido, de que se hubieran vulnerado las garantías constitucionales de las partes o de una de ellas, o en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; disposición legal que se relaciona con el artículo 90 del Adjetivo Civil, que otorga el carácter de orden público a las normas procesales y por lo tanto de cumplimiento obligatorio; esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel, así mismo, el artículo 17 de la Ley del Órgano Judicial, establece que las revisiones de las actuaciones procesales serán de oficio, limitándose a los asuntos previstos por ley, siendo deber de este Tribunal el pronunciamiento sobre los aspectos solicitados en los recursos interpuestos y la procedencia de nulidad ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente durante la tramitación de los procesos, en ese ámbito, se tienen las siguientes consideraciones:

El Tribunal Supremo de Justicia se constituye en el máximo Tribunal de jurisdicción ordinaria, así lo establece el artículo 181 de la Constitución Política del Estado, concordante con el art. 31 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial, que entre sus atribuciones está la de actuar como Tribunal de casación y conocer recursos de nulidad en los casos expresamente señalados por ley, siendo sus resoluciones de cumplimiento obligatorio.

Conforme dispone el artículo 236 del Código Procedimiento Civil, "…el Auto de Vista dictado dentro de un recurso de alzada debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación…" disposición que tiene relación con las previsiones contenidas en el artículo 227 del Adjetivo Civil, que consagra el principio de congruencia, según el cual, la resolución judicial debe ser exacta, precisa y relacionada con la pretensión oportunamente deducida en el pleito, constituyéndose el límite de la potestad jurisdiccional del juzgador, puesto que el contenido de las resoluciones deben estar limitadas al sentido y alcance de las peticiones de las partes recurrentes, para que exista identidad entre lo resuelto, las pretensiones y los agravios denunciados.

La jurisprudencia nacional, sostiene que los fallos de instancia deben ser congruentes, motivados y fundamentados con relación a las pretensiones de las partes y no deben carecer de sustento jurídico material y por consiguiente, resulta procedente la nulidad cuando el Auto recurrido no se hubiese pronunciado sobre alguna o todas las pretensiones expuestas en la alzada; pues, debe existir congruencia entre el Auto de Vista y la expresión de agravios por ser ella la que marca y delimita la competencia del Tribunal, quien no puede apartarse de los términos en que quedó planteado el recurso de apelación, caso contrario esa resolución se encuentra viciada de nulidad, al incumplir las previsiones del artículo 236 del Código Procedimiento Civil, evidenciando el desconocimiento de su propia jurisdicción y competencia.

En ese contexto si una resolución causa agravio a las partes, éstos tienen derecho a acudir ante el Juez o Tribunal superior en grado para expresarlo, buscando su reparación; para ello no disponen de otro medio que no sea el recurso de apelación, cuyo objeto no es sino la revisión de aquella resolución que consideran les causó agravio. En ese sentido, reiteramos que es ineludible el deber del Tribunal de alzada de pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, con la pertinencia establecida en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil,  en estricta observancia del debido proceso y el derecho a la legítima defensa que tienen las partes.

Dicho de otro modo, los principios de pertinencia y congruencia previstos en la norma citada con relación al artículo 227 del Código de Procedimiento Civil de la materia, fijan el marco jurisdiccional dentro del cual debe recaer la resolución del Juez o Tribunal de segunda instancia, es decir, circunscribirla a lo resuelto por el Juez en la resolución respectiva y a los puntos objeto de la expresión de agravios, sin que pueda sustraerse del pronunciamiento de alguno de los puntos apelados, o, referirse y basar su resolución de vista en aspectos no incoados en el recurso de apelación.

En el sub lite, en el   recurso de casación que analizamos los  demandados  acusan  al Tribunal de alzada no haber tomado en cuenta  la calidad de herederos forzosos del que en vida fue  Jaime Ramírez Solares, extremo probado con documentos y pruebas como la declaratoria de herederos  que cursa a fs. 44 a 50 de obrados,  y menos se hace referencia a la  apelación,  presentada contra la Sentencia, recurso de alzada ubicada a fs. 623 a 532, pese  que fue aceptado y contestado debidamente, el Tribunal de alzada OLVIDO que existe APELACION de fs. 623 a 632,  vulnerando por lo  tanto su derecho al debido proceso e igualdad procesal de los litigantes,  dejándolos en completa INDEFENSION.

Que, en la declaratoria de herederos presentada por la demandante ANA MARIA CHOQUE VILLCA, se salvan los derechos de los herederos, el Juez ignoro que en este tipo de procesos cuando el objeto en la Litis tienen varios herederos le corresponde llamar a LITIS CONSORCIO NECESARIO  DESDE EL INICIO DEL PROCESO, más cuando se perjudica derechos reconocidos a los herederos.

Revisado el contenido del Auto de Vista N° 17/2015 de fecha 6 de febrero de 2015 que corre a folios 1205 a 1207 y enmienda de fs. 1213, se puede advertir que  el Tribunal Ad-quem NO se ha pronunciado con respecto a la apelación presentada en fecha 13 de noviembre de 2011,  por los ahora recurrentes RAUL Y ROGER RAMIREZ CALLE, que corre a fs. 623 a 632.

El Tribunal de alzada, al haber omitido completamente pronunciarse con respecto a los  agravios señalados por el recurrentes en su recurso de alzada de la cual no existe su consideración y resolución positiva o negativamente, ha incurrido en la causal prevista en el numeral 4) del artículo 254 con relación al artículo 236 ambos del anterior Código de Procedimiento Civil, y articulo 220  parágrafo III, inciso c) del Código Procesal Civil, situación que conlleva la afectación del derecho a la impugnación, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, omisión que por determinación del Adjetivo de la materia, conlleva la nulidad del Auto de Vista recurrido, razón por la cual inhibe a este Tribunal Supremo ingresar al análisis del recurso de casación en el fondo presentada por IGOR JAIME RAMIREZ GUERRA y LILIA RAMIREZ SOLARES, por ser innecesario.

Conforme a los argumentos expuestos y al ser evidentes las infracciones acusadas corresponde a este Tribunal Supremo fallar en la forma prevista por el artículo 271 numeral 3) con relación al artículo 275 del anterior  Código de Procedimiento Civil, y artículo. 220 parágrafo III inciso c) del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo  41 y 42 parágrafo I numeral 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los articulos  220 Parágrafo III inciso. c) y 106 parágrafo I y II última parte del Código Procesal  Civil, ANULA el Auto de Vista N° 17/2015 de fecha 6 de febrero de 2015 cursante de fs. 1205 a 1207 vta., y dispone que el Tribunal Ad quem, previo sorteo, pronuncie nueva resolución con arreglo a lo previsto por Ley.

No siendo excusable el error en la que incurrieron los Vocales signatarios del Auto de Vista impugnado, se impone multa de un día de haber, debiendo a tal efecto notificar la presente resolución a la Dirección General Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.

En cumplimiento a lo previsto por el artículo 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase

Magistrada Relatora.

Dra. Ana Adela Quispe Cuba.