TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                          S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 278 /2016                                                                 Sucre: 31 de marzo 2016                                                          Expediente: SC-97-15- S                                                                     Partes: Felipe Justiniano Leaños c/ Viviana Montenegro Cuata        

Proceso: Cumplimiento de Contrato, Desocupación y Entrega de inmueble

Distrito: Santa Cruz

VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 85 a 88 y vta., interpuesto por Viviana Montenegro Cuata, contra el Auto de Vista de fecha 09 de abril 2015, cursante de Fs. 81 a 82, emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de Cumplimiento de Contrato, Desocupación y Entrega de inmueble, seguido por Felipe Justiniano Leaños contra la recurrente; la contestación de fs. 91 a 92, la concesión de fs. 93, los antecedentes del proceso; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez Décimo de Partido Civil - Comercial de la Capital Casa Judicial Pampa de la Isla Distrito Municipal Nº 6 del Departamento de Santa Cruz, en fecha 7 de noviembre de 2014, pronunció Sentencia, que declaró Probada la demanda principal disponiéndose que una vez ejecutoriada la misma, en el plazo de 10 días, la demandada “Vivian” Montenegro Cuata entregue el bien inmueble a favor del actor, bajo prevención de lanzamiento. Disponiendo también que el demandante restituya a favor de la demandada la suma de $us.- 3000.- mediante depósito judicial.

Determinación del Juez A quo que fue apelada, en cuyo mérito la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz el 09 de abril de 2015 emitió el Auto de Vista que Confirmó la Sentencia. Bajo el antecedente que no sería evidente las infracciones formales acusadas en su recurso de apelación, en especial la citación practicada en la litis.

Contra el Auto de Vista indicado, la demandada, interpuso recurso de casación, el mismo que se analiza.

II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

La parte recurrente señala que en su apelación denunció la falta de citación con la demanda, también indica que nunca intervino en el proceso ni tuvo conocimiento del mismo hasta la notificación con la Sentencia, aspectos que el Tribunal de Alzada no hubiese tomado en cuenta e infraccionado lo determinado en el art. 236 del C.P.C., toda vez que omitió pronunciarse en torno a la falta de citación con la demanda que fue objeto de recurso.

Reiterando líneas más abajo que el Tribunal de Alzada hubiese, omitido pronunciarse respecto a la validez o no de la citación con la demanda, violando así el principio de congruencia.

Por dichos motivos solicita que se anule el proceso hasta el vicio más antiguo, prácticamente hasta que se le cite a la recurrente de manera legal conforme procedimiento.

Respuesta al recurso de casación:

El actor señala que la citación practicada fue mediante cedula entregada al esposo de la demandada quien firmó el formulario de notificación y fue tomado una fotografía, la misma que se encuentra a fs. 23, aspecto que demuestra que legalmente se procedió con la citación con la demanda en su domicilio.

Indica también que con la supuesta infracción solamente pretende dilatar la entrega del bien inmueble objeto de la presente litis.

III.-DOCTRINA APLICABLE AL CASO:


Para el caso de Autos se deberá tener presente lo dispuesto en el Auto Supremo Nº 78/2014, de fecha 17 de marzo, que indica: “En tema de nulidades, la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, no siendo suficiente que se produzca un mero acaecimiento de un vicio procesal para declarar la nulidad simplemente con el fin de proteger o resguardar las formas previstas por la ley procesal, aspecto que resulta insustancial para tomar una medida de esa naturaleza; hoy en día lo que interesa en definitiva es analizar si se han transgredido efectiva, real y materialmente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en el marco del debido proceso hagan valer sus derechos dentro de un plano de igualdad de condiciones para defender sus pretensiones; ese es precisamente el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial que concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva.   

En definitiva, la Ley Nº 025 con el fin de dar continuidad al proceso incorpora un nuevo régimen de nulidades procesales, mismo que debido a la importancia que representa para el caso presente, se pasa a transcribir a continuación las partes pertinentes de dicha norma legal; así en su art. 16 establece lo siguiente:

I. “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley”.

II. “La preclusión opera a la conclusión de las etapas y vencimiento de plazos”.

Por otra parte, el art. 17 del mismo cuerpo normativo establece:

II. “En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos”.

III. “La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos.”

En correspondencia con lo normado por la Ley 025, el nuevo Código Procesal Civil Ley Nº 439 estable las nulidades procesales con criterio aún más restringido, cuyas disposiciones legales se encuentran previstos en los arts. 105 al 109 y vigentes desde la publicación de dicha Ley (25 de noviembre de 2013) por mandato expreso de su Disposición Transitoria Segunda numeral 4), previsiones legales que en lo posterior deben ser tomadas en cuenta por los jueces y tribunales de instancia a la hora de decretar la nulidad de obrados.

Las citadas disposiciones legales marcan el límite de la actuación de los jueces y magistrados en cuanto a las nulidades a ser decretadas estableciendo como regla general la continuidad de la tramitación del proceso hasta su total conclusión, siendo la nulidad procesal una excepción de última ratio que se encuentra a su vez limitada por determinados principios universalmente reconocidos, tales como el principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación,  preclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos; frente a esa situación, se debe procurar siempre en resolver de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido, en tanto que la nulidad procesal solo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso.

Con la Ley Nº 025 y la Ley Nº 439 nuevo Código Procesal Civil (esta última aun no vigente en su integridad) se restringe a lo mínimo las nulidades procesales y se busca la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia, pretendiendo de esta manera revertir el antiguo sistema formalista, dejando a un lado las viejas prácticas con la que se han venido tramitando los procesos judiciales por más de tres décadas con predominio de nulidades y en el mayor de los casos innecesarias que solo ocasionó retardación de justicia a lo largo del tiempo en desmedro del mundo litigante y de la propia administración de justicia, lo cual se pretende revertir definitivamente.”

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En el caso de Autos la parte recurrente objeta sobre la citación realizada en la litis, que a criterio de la recurrente no hubiese cumplido con las formalidades legales del caso, señalando que dicho aspecto fue reclamado en su recurso de apelación y el Tribunal de alzada omitió referirse al agravio, acusando en casación en la forma la vulneración del principio de congruencia y de lo establecido en el art. 236 del C.P.C. Bajo ese entendido se deberá tener presente que ante una presunta omisión del Ad quem, la recurrente tenía la facultad de solicitar la explicación y/o complementación del Auto de Vista, en base a lo previsto en el art. 239 del adjetivo de la materia, aspecto que no aconteció en obrados; no obstante a ello, de la lectura de la Resolución impugnada, se puede indicar que guarda la debida pertinencia, el Tribunal de alzada otorgó respuesta a lo reclamado en su recurso de apelación indicando que: “…es menester señalar que no es cierto que la diligencia de citación con la demanda cursante a Fs. 24 de obrados indique que la demandada VIVIANA MONTENEGRO CUATA fue citada personalmente, por el contrario las actuaciones de Fs. 23 y 24 acreditan que la nombrada demandada fue citada mediante cédula en su domicilio y en la forma prevista por el artículo 75 del Código Procesal Civil, en ese entendido se puede evidenciar también que no es cierta la afirmación de que durante la tramitación del presente proceso se hubiera vulnerado el principio de igualdad efectiva de las partes, el debido proceso y el derecho a la defensa…”.  Parte de la fundamentación del Auto de Vista que demuestra que sobre el tema en concreto, la autoridad de Alzada se pronunció y absolvió el agravio reclamado, fundamentación que cumple con lo dispuesto en la S.C. 0632/2010-R de 19 de julio, entre otras, que aclaró: "...la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas", por lo cual no resulta fundado su reclamo en casación toda vez que existe una fundamentación clara y concreta que absolvió lo reclamado ahora en casación.

Finalmente, indicarle a la parte recurrente que el nuevo régimen de las nulidades procesales estableció que son de última ratio y sólo pueden ser decretadas cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso; en el caso de Autos no existe vulneración alguna a los derechos que cuenta la parte recurrente, a fs. 22 cursa el croquis del domicilio donde se practicó la citación con la demanda, a fs. 23 cursa también la fotografía de la persona que recibió la citación con la demanda quien firma y estampa su nombre y Carnet de Identidad (Eric Rodríguez) en el formulario de citaciones y notificaciones que cursa a fs. 24, actuados judiciales que demuestran sin lugar a dudas que mediante cédula judicial fue citada y emplazada la demandada, sin haberse demostrado que dicha diligencia hubiese sido practicada en un domicilio distinto al habitado por la recurrente o se hubiese entregado a persona no identificada, hechos que cambiarían la situación procesal de la interesada y generaría una anulación de obrados por vulneración a derechos fundamentales como es el tener conocimiento de la demanda, situación que no acontece en el caso de Autos donde se le citó a la recurrente conforme a procedimiento y ahora bajo argumentos fútiles pretende hacer creer que nunca tuvo conocimiento de la presente demanda, aspecto que como se tiene indicado no resulta evidente.

En ese entendido, la denuncia traída a casación es infundada, el Tribunal de Alzada cumpliendo con lo dispuesto por el art. 236 del C.P.C., otorgó la respuesta pertinente a los agravios denunciados y la supuesta infracción acusada,  conforme al nuevo régimen de la nulidades  no resulta suficiente para declarar la nulidad de obrados, como se tiene establecido en la doctrina aplicable al caso, lo que interesa en definitiva es analizar si se han transgredido efectiva, real y materialmente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes, situación, esta última que no acontece en el caso de Autos.    

Por dichos motivos, corresponde aplicar lo dispuesto en el art. 220.II de la Ley Nº 439.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del Art. 220.II del Código Procesal Civil (Ley Nº 439), declara: INFUNDADO el recurso de casación en la forma de fs. 85 a 88 y vta., interpuesto por Viviana Montenegro Cuata, contra el Auto de Vista de fecha 09 de abril 2015, cursante de Fs. 81 a 82, emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs.1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani