TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                  S A L A  C I V I L                                              



Auto Supremo: 246/2016                                                                 Sucre: 15 de marzo 2016                                                                 Expediente: SC- 71 15 A                                                            Partes: Miguel Ángel Ortiz Tomasi  y José Alberto Ortíz Tomasi c/ Luis Alberto

            Ruiz Guerrero y Natali Ortíz Vilagud                                                            Proceso: Ordinario (anulabilidad de contrato, cancelación de inscripción en  

               Derechos Reales, mas pago de daños y perjuicios                     Distrito: Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 1127 y 1130 y vta., interpuesto por  José Alberto Ortiz Tomasi y el recurso de casación en la forma de fs. 1131 a 1140 interpuesto por Miguel Ángel Ortiz Tomasi, ambos contra el Auto de Vista Nº 24/2015 de 5 de marzo, de fs. 1106 a 1108, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santas Cruz, dentro del proceso ordinario de anulabilidad de contrato, cancelación de inscripción en Derechos Reales, mas pago de daños y perjuicios, seguido por los recurrentes contra Luis Alberto Ruiz Guerrero y Natali Ortiz Vilagud; las respuestas al recurso de fs. 1147 a 1149 y vta.; el Auto de concesión de fs. 1150 y demás antecedentes.

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

I.1.- Admitida la demanda y sustanciado el proceso hasta cierta parte, el Juez Treceavo de Partido en Materia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mediante Auto de 4 de agosto de 2014 (Auto Nº 71/14) de fs. 484 a 485, anuló obrados hasta la admisión de la demanda (fs. 66) con reposición de la las medidas cautelares efectuadas y dispuso que previo a admitir la demanda conforme al art. 333 del Código de Procedimiento Civil, los demandantes deben acreditar su designación como administradores o curadores provisionales o definitivos en el proceso de interdicción (que siguen contra su madre Ermelinda Tomasi Escalante) y sea en el plazo de 5 días de su notificación, bajo prevención de tenerse por no presentada la demanda y suspensión de las medidas decretadas; Resolución que al haber sido objeto de solicitud de explicación y enmienda, mereció el decreto de fecha 12 de septiembre de 2014 de fs. 488 donde el Juez de la causa por considerar incompleta las pruebas adjuntadas a la demanda, dispuso se oficie al Juzgado 1º de Partido y Sentencia de Montero a objeto de que se remita copia legalizada de todo el expediente de declaración de interdicción de referencia y remitidos que fueron dichos actuados, el Juez de la causa, mediante Auto de fecha 06 de octubre de 2014 (Auto Nº 120), dio por explicado la resolución de fs. 484 a 485 y al mismo tiempo procedió enmendar la parte dispositiva de dicha Resolución y en su lugar dispuso rechazar la demanda de fs. 60 a 64 por considerarlo manifiestamente improponible.   

I.2.- Miguel Ángel Ortiz Tomasi, interpuso recurso de apelación contra las tres resoluciones indicadas anteriormente, es decir contra el Auto de fs. 484 a 485 del 04 de agosto del 2014; providencia de fs. 488 del 12 de septiembre den 2014 y Auto de fs. 1076 a 1077 y vta. del 06 de octubre del 2014; concedidas las apelaciones en el efecto devolutivo, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 24/2015 de 5 de marzo, de fs. 1106 a 1108, confirmó en todas sus partes las resoluciones apeladas, con costas, bajo el siguiente fundamento:

Que el Juez A-quo tiene todas las facultades establecidas por el art. 3-1), 87 y 90 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el art. 17-II de la Ley de Órgano Judicial para revisar que el proceso se desarrolle sin ningún vicio de nulidad; en cuanto a la exigencia de la acreditación de la representación de los demandantes, indica que el apelante fue nombrado curador ad-litem de su madre Ermelinda Tomasi Escalante para el proceso de declaratoria de interdicción y para que asuma defensa en procesos judiciales en contra de ella, más no para interponer demandas, o bajo las facultades establecidas en el art. 59 del Código de Procedimiento Civil, siendo las acciones de anulabilidad de carácter personalísimo, reforzando su fundamento en la limitante establecida en el decreto de fecha 25 de febrero de 2014 de fs. 907 donde el Juez del proceso de declaración de interdicción, ateniendo una solicitud de aclaración, indicó que la facultad otorgada al curador Ad-litem Miguel Ángel Ortiz Tomasi, “incluye asumir defensa en procesos judiciales y no para iniciar demanda a nombre de su representada Ermelinda Tomasi Escalante”. Con respecto a lo dispuesto mediante proveído de fs. 488, señala igualmente que el Juez tiene facultades especiales en el art. 4-4) del Código de Procedimiento Civil de exigir las pruebas que considere necesarias, bajo el principio de “mejor proveer” y al haber exigido copias legalizadas del proceso de interdicción, ha actuado de manera correcta; concluye manifestando que los demandantes al no haber dado cumplimiento a lo requerido dentro del término establecido, el Juez A-quo al aplicar la sanción establecida en el art. 333 del mismo Código adjetivo de la materia, ha actuado correctamente.

En contra del indicado Auto de Vista los demandantes interpusieron recurso de casación en la forma por separado.

Es pertinente también hacer referencia que existe voto disidente de la Vocal Teresa Lourdes Ardaya, quien fue del criterio de revocar las resoluciones impugnadas por considerar que los demandantes acreditaron su calidad de administradores de los bienes de su madre contando con la capacidad legal y procesal para interponer la acción y que el juzgador al momento de disponer la nulidad de obrados no ha cumplido con su rol de director del proceso y no valoró correctamente las documentales respecto a la capacidad de los demandantes; por otra parte indica que el Juez a través de la solicitud de explicación y enmienda modificó sustancialmente el Auto de 4 de agosto de 2014, lo cual sería manifiestamente incorrecto, debiendo en todo caso tomarse en cuenta los principios de eficacia, eficiencia y verdad material que rigen la administración del justicia. 

II. DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA:

Del contenido de los dos recursos de casación se extrae en calidad de resumen lo siguiente:

II.1.- Recurso de José Alberto Ortiz Tomasi: (Fs. 1127 a 1130 y vta.)

Interpone su recurso por la causal contenida en el num. 7) del art. 254 del Código Procedimiento Civil indicando que la última notificación a su persona se realizó a través de la diligencia de fs. 1080 y no se le notificó con el auto de concesión del recurso de apelación en el efecto devolutivo de fs. 1099, tampoco con la providencia de radicatoria de fs. 1104, aspectos que tendrían relevancia toda vez que con esas omisiones se habrían desconocido las garantías jurisdiccionales relacionadas con la tutela judicial efectiva, el derecho al debido proceso, a la defensa e igualdad de las partes, incurriendo en violación del art. 84.III del Código de Procedimiento Civil, impidiéndole ejercer el derecho a formular recurso de compulsa en contra del Auto de concesión de la apelación y el derecho de recusar a los Vocales que emitieron el ilegal Auto de Vista, aspecto que implicaría violación de normas de orden público de cumplimiento obligatorio conforme lo establece el art. 90 del mismo adjetivo civil, citando para el efecto jurisprudencia (ordinaria y constitucional) y teorizando respecto a los principios que rigen las nulidades procesales.

En base a lo descrito, acusa la violación de los art. 115-I y II, 119-I y II y 180-I de la Constitución Política del Estado, art. 90 del Código de Procedimiento Civil, art. 30 incisos 6, 12 y 13) de la Ley del Órgano Judicial y arts. 105 num. II, 106 y 108 del Código Procesal Civil y concluye solicitando en su petitorio se anule obrados hasta fs. 1102 inclusive.

II.2.- Recurso de Miguel Ángel Ortiz Tomasi: (Fs. 1131 a 1140)

Indica que el Tribunal de apelación no consideró los argumentos del recurso de apelación de fs. 1086 a 1091, donde habría expresado como agravios los siguientes aspectos: 

Que resulta inconcebible que el Juez exija que acredite la designación como administrador provisional como emergencia del proceso de interdicción cuando esa situación se habría acreditado mediante memorial de fs. 201 con las literales de fs. 193 a 200; que resulta inconcebible que el Juez de origen en el Auto impugnado no haya considerado la admisión y reconocimiento de su personería en calidad de administrador provisional de los bienes de su madre determinada mediante providencia de fs. 202 del 17 de enero del 2014, ignorando maliciosamente la documental de fs. 193 a 200; respecto a la providencia de fs. 488 habría expresado que el Juez de origen incurrió en total desidia de manera dolosa y negligente en la sustanciación de la causa al disponer antes de resolver la enmienda, la remisión del expediente del proceso de declaración de interdicción.

Reitera que denunció al Juez de origen que al emitir las resoluciones de fs. 484 a 485 y 488 incurrió en demora dolosa y negligente en la tramitación de la causa, quien realizando un análisis de fondo declaró la nulidad de obrados y después de dictar el fallo condenatorio recién requirió pruebas que fueron admitidas con anterioridad y que constan en el expediente; que la petición de enmienda no podía afectar el fondo del asunto ya declarado por el mismo juez, la misma que debió ser resuelta dentro de las 24 horas y bajo ningún argumento podía requerir pruebas, al no haber actuado de esa manera dilató en forma injustificada la tramitación del proceso.

Con respecto al Auto de fs. 1076 a 1077 indica que expresó como agravio que el Juez al determinar como improponible la demanda incurrió en aberración jurídica que no tiene límites, ya que al resolver una solicitud de explicación y enmienda, modificó la parte Resolutiva del Auto de fs. 484 a 485, incurriendo en flagrante violación del art. 196 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil.

Señala que los aspectos descritos implicarían violación de las garantías jurisdiccionales relacionadas con la tutela judicial efectiva, derecho a la defensa y los principios procesales de legalidad, debido proceso e igual de las partes, acusando la violación de los arts. 115-I y II, 119-I y II y 180-I de la Constitución Política del Estado, art. 90 del Código de Procedimiento Civil, art. 30 incisos 6, 12 y 13) de la Ley del Órgano Judicial y arts. 105 num. II, 106 y 108 del Código Procesal Civil.

En cuanto al Auto de Vista propiamente dicho, indica que resolvió en apariencia el recurso de apelación de fs. 1086 a 1091 sin cumplir con el art. 236 del Código de Procedimiento Civil incurriendo en inexistencia de motivación o motivación aparente; que no existe un pronunciamiento sobre todo los agravios expuestos en el recurso de apelación incurriendo en incongruencia omisiva, describiendo nuevamente todos los aspectos que habrían sido reclamados en su recurso de apelación señalados anteriormente.

Acusa a los Vocales de haberse negado a considerar el incidente de nulidad promovido a fs. 1117 a 1118 presentado con anterioridad al sorteo del Vocal relator, aspecto que infringiría el art. 245 del Código de Procedimiento Civil; indica que reclamó ante el Tribunal Ad-quem que la notificación realizada a su persona en fecha 03 de febrero de 2015 y los siguientes actos son ilegales y viciados de nulidad contrarios al art. 84 del Código Procesal Civil por encontrarse el expediente en despacho desde el 19 de enero hasta el 26 de febrero del 2015, siendo que su persona y sus abogados se apersonaron constantemente al Juzgado de forma continua a efectos de conocer la Resolución de concesión del recurso de apelación, habiendo sido informados por los funcionarios del Tribunal que el expediente seguía en despacho; ante tal situación jamás debió realizarse la notificación en Secretaria del Juzgado, causándole indefensión impidiéndole impugnar el Auto de concesión el cual debido a la naturaleza de la Resolución impugnada no debió ser en el efecto devolutivo sino en el suspensivo, impidiéndole también formular el recurso de compulsa, como tampoco le habría permitido reclamar para que no se admita la contestación de la parte contraria por ser su memorial presentado de manera extemporánea, transcribiendo seguidamente jurisprudencia contenida en los Autos Supremos Nº 23/2015 y 522/2014 referidos al debido proceso  en la emisión de las resoluciones.

Finaliza haciendo referencia al Voto disidente y pide que el mismo sea tomado en cuenta; en base a esos argumentos en su petitorio concluye solicitando se anule obrados hasta fs. 1106 inclusive.

II.3.- De la respuesta a los recursos de casación:

La parte demanda haciendo referencia a la impugnación de Miguel Ángel Ortiz Tomasi que cursa a fs. 1131 a 1140, indica que este recurso no se encuentra dentro de las resoluciones contra las cuales procede el recurso de casación según establece el art. 255 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el Auto de Vista no pone fin al litigio y menos se configura dentro de la causal del art. 254 num. 7) del mismo Código adjetivo de la materia; tampoco el Auto interlocutorio de fecha 04 de agosto de 2014 de fs. 484 a 485 sería una Resolución definitiva porque no extingue el derecho o la oportunidad de poder presentar una nueva demanda; indica que el Auto de Vista fue dictado considerando las resoluciones apeladas y los agravios del recurso de apelación, lo que implica que Juez inferior como el Tribunal de Alzada actuaron correctamente. En base a esos argumentos solicita que se niegue la concesión del recurso y se declararse ejecutoriado el Auto de Vista y en caso de que se remita al Tribunal Supremo, solicita se lo declare improcedente.

Con respecto al recurso de casación de José Alberto Ortiz Tomasi de fs. 1127 a 1130 indica que éste es improcedente e inadmisible y debe ser rechazado, toda vez que el recurrente no hizo uso del recurso de apelación y solicita al Tribunal Ad-quem negar el recurso y declarar ejecutoriado el Auto de Vista.  

III. DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

Tomando en cuenta que los recursos de casación no están destinados a reclamar de manera específica la nulidad dispuesta por el Juez de primera instancia, por el contrario, el reclamo recae esencialmente en la aparente falta de respuesta al recurso de apelación por parte del Ad-quem, así como denunciar la inexistencia de motivación en el Auto de Vista y en base a esos aspectos los recurrentes pretenden la nulidad del proceso, sin tomar en cuenta que el instituto jurídico de las nulidades procesales debe ser aplicado con criterio restrictivo; sobre el particular, se expone a continuación el  razonamiento jurisprudencial, sin que esto implique plasmar en su integridad las resoluciones, sino simplemente la parte más sobresaliente del ratio decidendi.

Este Tribunal en Auto Supremo Nº 78/2014 de 17 de marzo, estableció lo siguiente:

“En tema de nulidades, la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, no siendo suficiente que se produzca un mero acaecimiento de un vicio procesal para declarar la nulidad simplemente con el fin de proteger o resguardar las formas previstas por la ley procesal, aspecto que resulta insustancial para tomar una medida de esa naturaleza; hoy en día lo que interesa en definitiva es analizar si se han transgredido efectiva, real y materialmente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en el marco del debido proceso hagan valer sus derechos dentro de un plano de igualdad de condiciones para defender sus pretensiones; ese es precisamente el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial que concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva.

(…)    

En correspondencia con lo normado por la Ley 025, el nuevo Código Procesal Civil Ley Nº 439 estable las nulidades procesales con criterio aún más restringido, cuyas disposiciones legales se encuentran previstos en los arts.105 al 109 y vigentes desde la publicación de dicha Ley (25 de noviembre de 2013) por mandato expreso de su Disposición Transitoria Segunda numeral 4), previsiones legales que en lo posterior deben ser tomadas en cuenta por los jueces y tribunales de instancia a la hora de decretar la nulidad de obrados. 

Las citadas disposiciones legales marcan el límite de la actuación de los jueces y magistrados en cuanto a las nulidades a ser decretadas estableciendo como regla general la continuidad de la tramitación del proceso hasta su total conclusión, siendo la nulidad procesal una excepción de última ratio que se encuentra a su vez limitada por determinados principios universalmente reconocidos, tales como el principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación,  preclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos; frente a esa situación, se debe procurar siempre en resolver de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido, en tanto que la nulidad procesal solo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso”. 

Por otra parte, con respecto a la motivación y fundamentación de las resoluciones, la  SC 1365/2005-R de 31 de octubre, estableció lo siguiente: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”.

En ese mismo sentido, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, complementó el razonamiento anterior señalado lo siguiente:: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento…”.

IV. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Habiendo los recurrentes interpuesto de manera independiente recurso de casación únicamente en la forma, se realiza el tratamiento dichos recursos en el orden que fueron planteados.

II.1.- Recurso de José Alberto Ortiz Tomasi: (Fs. 1127 a 1130 y vta.)

De los antecedentes que informan el proceso se evidencia que el Juez A-quo mediante Auto de fecha 04 de agosto de 2014 de fs. 484 a 485 anuló obrados hasta la admisión de la demanda y al haber sido dicha Resolución objeto de solicitud de explicación y enmienda por parte del co-demandante Miguel Ángel Ortiz Tomasi, mereció la emisión del Auto de fecha 06 de octubre de 2014 de fs. 1076 a 1077 y vta., enmendando la parte dispositiva de la resolución impugnada, disponiendo el rechazo de la demanda por considerarlo improponible; empero contra estas resoluciones el hoy recurrente José Alberto Ortiz Tomasi, no interpuso ningún tipo de recurso de impugnación, haciéndolo únicamente el otro co-demandante conforme se evidencia del memorial de apelación de fs. 1086-1091 y como consecuencia de ese reclamo, se emitió el Auto de Vista de fs. 1106-1108 confirmando en su totalidad las resoluciones impugnadas.

El recurrente José Alberto Ortiz Tomasi al no haber hecho uso de ningún medio de impugnación contra las resoluciones de primera instancia, dio su aceptación tácita con la decisión asumida por el Juez A-quo y al ser el Auto de Vista confirmatorio en su totalidad, no procede su recurso de casación por disposición expresa del art. 262 del Código de Procedimiento Civil vigente al momento de la interposición de dicho recurso, la misma que reconocía competencia al Tribunal Ad-quem para negar la concesión del recurso y declarar ejecutoriado el Auto recurrido cuando el litigante pudiendo haber apelado no hizo uso de ese recurso ordinario conforme lo establecía de manera expresa en su numeral 2) de la referida norma legal, encontrando sustento el argumento expresado por la parte demandada en su contestación donde pide que se rechace el recurso de casación; similar previsión se encuentra en la actual Ley Nº 439 Código Procesal Civil en su art. 220.I num. 2) que sanciona con la improcedencia del recurso cuando: “Pudiendo haber apelado no se hubiere hecho uso de este recurso ordinario, excepto que la parte estuviere conforme con la sentencia y esta fuere anulada, revocada total o parcialmente en grado de apelación”; en el caso presente el Auto de Vista confirmó en todas sus partes las resoluciones que fueron apeladas por el otro co-demandante, con la decisión del Tribunal de segundo grado, los fallos de primera instancia no cambiaron su sentido ni su esencia, lo que da lugar a declarar la improcedencia del recurso por mandato expreso de la última Ley de referencia; solo en caso de que el Ad-quem hubiera agravado la situación del recurrente, se habría justificado la interposición del recurso de casación por parte de José Alberto Ortiz Tomasi, aspecto que no ocurre en el caso de Autos, correspondiendo ser declarado improcedente.

II.2.- Recurso de Miguel Ángel Ortiz Tomasi: (Fs. 1131 a 1140)

Los argumentos traídos en casación están referidos a reclamar exclusivamente la falta de consideración de los agravios expresados en el recurso de apelación, así como la inexistencia de motivación en el Auto de Vista; ante esa situación este Tribunal se abocará a verificar si lo afirmado por el recurrente es evidente y si dichos reclamos tienen sustento y la trascendencia para disponer la nulidad del fallo impugnado.

Del contenido del Auto de Vista se evidencia que el Tribunal Ad-quem si bien no desarrolló su fundamentación de acuerdo al orden de los puntos expresados como agravios en el recurso de apelación, sin embargo en lo esencial dio respuesta dentro del contexto que engloba los reclamos y este aspecto de ningún modo puede ser considerado como omisión, contando la resolución con la motivación y fundamentación necesaria para su validez siendo perfectamente compresible, debiendo ser la misma entendida en su conjunto y no de manera aislada.

En cuanto a la motivación y fundamentación, el Tribunal en la parte de “Vistos” de la resolución, identifica con total claridad las tres resoluciones que fueron impugnadas, siendo estas el Auto de fs. 484 a 485 de 04 de agosto, Providencia de fs. 488 del 12 de septiembre y Auto de fs. 1076 a 1077 y vta., de 06 de octubre, todas del 2014, aunque la segunda por tratarse de una providencia de mera sustanciación, no podía haber sido objeto de apelación directa por imperio del art. 226 del Código de Procedimiento Civil (vigente al momento de la impugnación); del mismo modo en el primer Considerando identifica con todo detalle los agravios del apelante con respecto a las tres resoluciones recurridas y en el siguiente Considerando ingresa a dar respuesta a los agravios previamente identificados.

De manera específica, el primer reclamo que se introduce al recurso de casación está referido a la exigencia al recurrente de parte del Juez A-quo de la acreditación de su personería y su calidad de administrador provisional de los bienes de su madre sometida a proceso de declaración de interdicción; a este reclamo el Ad-quem dio respuesta en el Segundo Considerando Punto 1.3 del Auto de Vista donde luego de hacer referencia a las resoluciones dictadas por el Juez a cargo del proceso de declaración de interdicción, llega a la conclusión que el recurrente fue nombrado curador Ad-litem de su madre Ermelinda Tomasi Escalante para ese proceso y para que asuma defensa en procesos judiciales en contra de la indicada persona, mas no para interponer demanda, o bajo las facultades de lo establecido en el art. 59 del Código de Procedimiento Civil, ya que las acciones de anulabilidad serían de carácter personal.

Más adelante, siempre haciendo referencia a las resoluciones limitativas dictadas en el proceso de interdicción, indica que la facultad otorgada al curador ad-litem tan solo,  “incluye asumir defensa en procesos judiciales y no para iniciar demanda a nombre de su representada Ermelinda Tomasi Escalante”; siendo esa la respuesta otorgada al apelante por parte del Ad-quem con respecto al reclamo planteado; consiguientemente no es evidente la omisión denunciada en sentido de que no se le habría absuelto el reclamo deducido en su apelación.

Otro de los aspectos que forman parte del reclamo en el recurso de casación está referido a la denuncia en contra del Juez A quo de haber incurrido en desidia y conducta dolosa y negligente al disponer la remisión del expediente del proceso de declaración de interdicción antes de resolver la solicitud de explicación y enmienda; no obstante que este aspecto es ante todo de orden disciplinario, sin embargo el Ad-quem en lo que corresponde específicamente a la parte del control jurisdiccional con relación a la revisión de los fallos de los inferiores, también se ha pronunciado dando respuesta al apelante en base a fundamentos amparados en normas legales; igual situación ocurre en cuanto a la nulidad de actuados que fue dispuesta por el Juez A-quo, cuyas respuestas en ambos casos se encuentran explicadas con total claridad; es así que sobre este último aspecto (nulidad), la respuesta se encuentra en los puntos 1.2 y 1.5 del Segundo Considerando del Auto de Vista donde el Tribunal de Alzada hace referencia a las facultades especiales que tiene el Juez A-quo previstas en los arts. 3-1), 87 y 90 del Código de Procedimiento Civil y art. 17-II de la Ley del Órgano Judicial para revisar que el proceso se desarrolle sin ningún vicio de nulidad, y en cuanto a la remisión de los antecedentes del proceso de declaración de interdicción dispuesto por el A-quo, hace lo propio, encontrándose la respuesta en el punto 1.4 del mismo Considerando, donde nuevamente hace referencia a las facultades especiales, esta vez referidas a exigir todas las pruebas que el juzgador considere necesarias para “mejor proveer” establecidas en el art. 4-4) del mismo Código adjetivo de la materia, respuesta aunque breve pero lo suficientemente clara y comprensible sustentadas en normas legales.

Por otra parte, refiere el recurrente que expresó como agravio en su apelación que el Juez al resolver la solicitud de explicación y enmienda y disponer en el Auto de fs. 1076 a 1077 y vta., como improponible la demanda incurrió en aberración jurídica y en violación del art. 196 num. 2) del Código de Procedimiento Civil; en cuanto a este punto se daría a entender que el Ad-quem aparentemente habría incurrido en omisión, sin embargo de la lectura atenta del contenido del Auto de Vista se advierte que la respuesta se encuentra inmersa en los puntos 1.3 y 1.5 del Segundo Considerando de la Resolución recurrida, ahí realiza su fundamentación para absolver el reclamo del apelante y dar la razón a la decisión asumida por el Juez de primera instancia.

Si bien el Juez A-quo inicialmente mediante Resolución de fecha 04 de agosto de 2014 (fs. 484 a 485), anuló obrados hasta la admisión de la demanda otorgado un plazo de 5 días a los actores para que acrediten su designación como administradores o curadores provisionales o definitivos y posteriormente con la remisión de los antecedentes del proceso de declaración de interdicción seguido por el co-demandante José Alberto Ortiz Tomasi en contra de su madre Ermelinda Tomasi Escalante, y absolviendo la solicitud de explicación y complementación, mediante Auto de 06 de octubre de 2014 (fs. 1076 a 1077 y vta.), tomó la decisión de declarar como improponible la demanda de anulabilidad de contrato (situación que fue calificado por el recurrente como aberración jurídica); sin embargo debe tenerse presente que de la revisión del contenido de la primera Resolución se advierte que todo el fundamento esgrimido ya se encontraba encaminado a declarar la improponiblidad de la demanda y con la decisión consignada en la parte dispositiva de dicho fallo de otorgar un plazo de 5 días para que se subsane lo observado, le tornaba de incongruente; empero el Juez advertido de esa situación (aunque no lo dice en esos términos), ante la solicitud de explicación y enmienda, enmendó su error a través de la segunda Resolución, es decir en el Auto del 06 de octubre de 2014 que cursa a fs. 1076 a 1077 y vta., donde declaró como improponible la demanda bajo los mismos fundamentos de la anterior Resolución, modificando de esta manera únicamente la parte dispositiva de la primera Resolución; consiguientemente, en términos procesales no se advierte violación del art. 196 num. 2) del Código de Procedimiento Civil en cuya vigencia fueron emitidas las indicadas resoluciones.

Si el recurrente considera que la decisión final asumida por el Juez de primera instancia y confirmada por el Tribunal de apelación, no es la correcta, es una situación que corresponde al fondo del tema en cuestión y debió ser reclamado en recurso de casación en el fondo, aspecto que no ocurre en el caso de Autos.

Con respecto a la naturaleza jurídica y sus efectos del recurso de aclaratoria, es pertinente hacer referencia al pensamiento del procesalista Enrique Lino Palacio, quien en su obra “Derecho Procesal Civil”, Tomo V, Ed. Abeledo Perrot 1990 Tercera reimpresión, pag. 66 y 67, señala: “En primer lugar, el aserto de que a través de la aclaratoria resulte inadmisible enmendar un error de “contenido” solo puede considerarse relativamente válido frente al supuesto de oscuridades en la expresión, pero no es extensivo, sin más a los restantes motivos que justifican la procedencia del remedio que nos ocupa. Existen, en defecto, ciertos errores materiales como los referentes al nombre o calidad de las partes o los de cálculo - cuya enmienda afecta el contenido (incluso sustancial) de la decisión; y en el supuesto de que la aclaratoria persiga que se subsane una omisión de pronunciamiento, no se trata, como es obvio, de corregir una deficiencia expresiva o material, sino de integrar la resolución primitiva mediante un nuevo acto de voluntad representado por la decisión de la cuestión o cuestiones omitidas.

En segundo lugar, aun en el caso de que permanezca inalterada la voluntad judicial, no parece dudoso que una enmienda en la expresión mediante la cual esa voluntad aparece declarada, se traduce en definitiva, en una verdadera modificación del pronunciamiento, aunque lo sea en términos más restringidos que en el caso de los restantes recursos”.

Concluye señalando, “Por consiguiente, y pese a la ubicación sistemática que le acuerdan los códigos procesales, consideramos que la aclaratoria en tanto tiende a la revisión de una resolución judicial y su resultado puede traducirse en una modificación de ella, participa de la naturaleza de los recursos”.

Como se podrá advertir, a nivel doctrinario, se reconoce que a través del recurso de aclaratoria (asimilable desde luego a nuestro medio a la figura de explicación, complementación y enmienda), es posible la modificación del contenido de la Resolución sobre la cual recae este medio correctivo; consiguientemente la calificación que realiza el recurrente de “aberración jurídica”, se encuentra fuera de contexto.

En el caso presente, se entiende que las razones que llevaron al Juez de primera instancia a tomar la decisión de declarar improponible la demanda, fue porque encontró una evidente y ostensible contradicción en las actitudes asumidas por los actores, quienes por un lado y en otro juzgado pretenden se le declare judicialmente interdicta a su madre Ermelinda Tomasi Escalante y simultáneamente en la presente causa de anulabilidad de contrato actúan procesalmente a nombre de la indicada persona bajo el amparo del art. 59 del Código de Procedimiento Civil, norma que reglamentaba la representación sin mandato entre parientes y afines; si bien existe esa posibilidad, sin embargo para que esa actuación tenga validez legal, se encuentra sometida legalmente a dos condiciones; 1) Que no se trate de acciones de carácter personalísimo, y 2) Que el representado hasta antes de la emisión de la sentencia, dé por bien hecho todo lo actuado por los mandatarios oficiosos, bajo sanción de tenerla por inexistente la actuación, lo que equivale en términos procesales a una nulidad; similar situación se encuentra previsto en la actual y vigente Ley Nº 439 Código Procesal Civil en su art. 46.I, II, III, sancionando de manera expresa con nulidad todo lo actuado en caso de no existir la ratificación por parte del representado.

En caso de que la representada sin mandato Ermelinda Tomasi Escalante sea declarada interdicta en el otro proceso, será legal y materialmente imposible que otorgue su consentimiento y de por bien hecho lo actuado en este proceso por los demandantes; además debe tomarse en cuenta la oposición expresa que realiza a la demanda la persona sometida a declaración de interdicción en ese proceso, cuyos antecedentes se encuentran arrimados en la presente causa; si bien el recurrente fue designado como curador ad-litem por el Juez que conoce del proceso de declaración de interdicción y cuenta a la vez con la autorización provisional para admirar los bienes de su madre Ermelinda Tomasi Escalante, sin embargo fue el propio Juez quien impuso limitaciones a esa actuación al establecer que la designación de curador ad-litem es únicamente para asumir defensa en procesos judiciales y no para iniciar demandas a nombre de su representada, conforme se advierte de las literales de fs. 551, 872 vta. y 907 y vta., del presente proceso, cuya designación inicial fue posterior al inicio de la presente demanda; consiguientemente no es coherente que luego de haber sido citados los demandados y en el curso del proceso se pretenda cambiar su calidad de representante sin mandato y continuar el proceso en la condición de curador ad-litem y administrador de los bienes, aspecto que implica modificar el elemento subjetivo de la parte actora litigante, cuando la ley establece que una vez citada la persona demandada no se puede modificar la demanda.          

Con relación al reclamo de inexistencia de motivación o motivación aparente en el Auto de Vista; tampoco es evidente esa situación, toda vez que como se dijo anteriormente la Resolución impugnada cuenta con la motivación y fundamentación necesaria, siendo lo suficientemente clara y comprensible, donde se explica de manera coherente las razones que le llevaron al Tribunal Ad-quem a confirmar la decisión del Juez de origen; en todo caso este Tribunal asume el criterio delineado por la jurisprudencia constitucional plasmada a partir de la S.C. Nº 1565/2005-R en sentido de que la fundamentación y motivación no necesariamente implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser la misma concisa, pero satisfacer todos los puntos demandados; razonamiento reiterado y complementado por otros posteriores fallos, entre estas en las S.C. 0012/2006-R, 0758/2010-R, S.C.P. 0903/2012, 2210/2012, 1072/2013 entre muchas otras. En el caso presente, si bien nos extendemos en la fundamentación, es con la finalidad de hacerle comprender a detalle al recurrente de lo equivocado que se encuentra al pretender la nulidad del Auto de Vista. 

Por otra parte, existe el reclamo de que los Vocales se habrían negado a considerar el incidente de nulidad presentado en segunda instancia en la misma fecha del sorteo de la causa, pretendiendo con ello dejar sin efecto la notificación realizada al recurrente en fecha 03 de febrero de 2015, argumentando que se le habría impedido conocer el Auto de concesión otorgado en el efecto devolutivo y por consiguiente a formular su impugnación contra dicha Resolución y lograr que su apelación sea concedida en el efecto suspensivo, así como interponer recurso de compulsa y pronunciarse respecto a la contestación del recurso de apelación.

Sobre el reclamo de referencia, se debe indicar que la Resolución que resuelve el recurso de casación también debe enmarcarse dentro del principio de pertinencia, y sobre el particular es preciso hacer referencia a la SCP Nº 1072/2013 de 16 de julio donde se ha establecido que el Tribunal de casación deberá considerar, analizar y resolver exclusivamente lo argumentado por las partes litigantes con relación a lo resuelto en el Auto de Vista, consiguientemente este Tribunal al igual que el de apelación, tiene delimitado su campo de acción para emitir resolución, límite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios a ser desarrollado por el recurrente en su recurso de casación con relación a lo resuelto en el Auto de Vista, no pudiendo salirse de ese marco, salvo cuando se evidencia estado de indefensión o una situación que atañe al orden público; en el caso presente el recurrente pretende que este Tribunal disponga la nulidad del proceso por una situación que no fue resuelta en el Auto de Vista, siendo que esa falta de Resolución se debe a la ausencia de reclamo en el recurso de apelación; consiguientemente el reclamo de la falta de Resolución del incidente de referencia, no compromete en lo absoluto el fallo del Tribunal Ad-quem y menos puede dar lugar a la anulación de dicha Resolución.

Empero, habrá que señalar que el recurrente formula su reclamo ante el temor o posibilidad de que su recurso de casación sea denegado por el solo hecho de habérsele concedido su apelación en el efecto devolutivo, siendo este el entendimiento que asume este Tribunal, porque de lo contrario no habría razón para reclamar de esa situación; sin embargo debe tenerse presente que la Resolución de primera instancia que originó las impugnaciones se trata de una Resolución definitiva que pone fin al proceso, y el hecho específico de que el Juez A-quo haya concedido la apelación en un efecto que no corresponde como es el devolutivo, en nada le perjudica al recurrente, toda vez que el Ad-quem prescindiendo de cualquier formalismo, igual ingresó a resolver el fondo de su apelación, como también su recurso de casación fue concedido ante este Tribunal Supremo, siendo el mismo objeto de consideración en la presente Resolución y es esto lo que precisamente pretendía el recurrente; consiguientemente el reclamo formulado sobre el incidente de nulidad de la diligencia de notificación de fecha 03 de febrero del 2015 que cursa a fs. 1.100, carece de trascendencia.    

Por todas las consideraciones realizadas, el recurso de casación de Miguel Angel Ortiz Tomasi deviene en infundado, corresponde emitir Resolución en la forma prevista por el art. 220.II de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42. num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.I num. 2) de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de José Alberto Ortiz Tomasi interpuesto a fs. 1127 a 1130 y vta., y en aplicación del Parágrafo II del art. Citado de la misma norma legal de referencia, declara INFUNDADO el recurso de casación de Miguel Ángel Ortiz Tomasi de fs. 1131 a 1140, ambos interpuestos contra el Auto de Vista Nº 24/2015 de 5 de marzo, de fs. 1106 a 1108, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santas Cruz. 

Se condena a los recurrentes al pago de costas y costos conforme dispone el art. 223.V num. 1. y 2. con relación al art. 224, ambos de la Ley Nº 439.

Se regula honorarios profesiones en la suma de Bs. 1.000 (Un Mil 00/100 Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán