TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A   C I V I L 




Auto Supremo: 233/2016

Sucre 15 de marzo 2016

Expediente:         LP-83-15-S

Partes: H. Centro de Generales, Jefes, Oficiales, Sub oficiales, Clases y Policías

            del sector  pasivo  de  la  Policía  representado  por  Jaime Renán López

            Azurduy. c/ Cooperativa Multiactiva Policial “COOMUPOL” Ltda. (Antes

           mutual  y  cooperativa  policial  “MOCUPOL”)  representada  por  Felipe

           Almaraz Zamorano.

Proceso: Nulidad  de  Escritura  Pública,  cancelación  de  partida en Derechos

              Reales y Reconocimiento de Derecho Propietario.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 303 a 308, interpuesto por My. Pavel Cesar Vásquez Pastor, en representación legal de la Cooperativa Multiactiva Policial “COOMUPOL” Ltda.,  contra el Auto de Vista Nº 449/2014 de fecha 23 de diciembre de 2014, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de Nulidad de Escritura Pública, cancelación de partida en Derechos Reales y reconocimiento de Derecho Propietario, seguido por H. Centro de Generales, Jefes, Oficiales, Sub oficiales, Clases y Policías del sector pasivo de la Policía representado por Jaime Renán López Azurduy contra la institución recurrente, el Auto de concesión del recurso de fs. 314, los antecedentes del proceso; y

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Tramitado el proceso, la Juez Quinto de Partido en lo Civil y Comercial de la Ciudad de La Paz, mediante Sentencia de fecha 5 de agosto de 2014, cursante de fs. 256 a 264 vta., declaró: PROBADA en todas sus partes la demanda planteada a fs. 37-40, subsanada a fs. 45 y vta., e IMPROBADA la excepción de prescripción planteada por Cooperativa Multiactiva Policial “Coomupol Ltda.”. En tal virtud declaró la nulidad parcial de la Escritura Pública Nº 89/1981 de 16 de febrero de 1981 por la cual se realizó la compra venta del inmueble ubicado en la plaza Obispo Bosque esquina Colón de la ciudad de la Paz sobre una extensión de 524,70 mts2 con registro en Derechos Reales, bajo la partida 279 fojas 279 “A” del  Libro Primero “B” de 1967; en lo concerniente únicamente a la cláusula segunda referente a la parte compradora  es decir a la Mutual y Cooperativa Policial, reconociendo que los compradores son quienes aportaron para adquirir el mencionado inmueble los ahora “jubilados de la Policía Boliviana”; asimismo dispuso  se proceda a la cancelación  de la inscripción y de la sub inscripción en el Registro de Derechos Reales de la matricula computarizada Nº 201099011172 (folio real) que corresponde a los asientos Nº A-1 y A-2, y consiguiente inscripción en el registro de Derechos Reales como compradores del inmueble al H. Centro Matriz de Generales, Jefes y Oficiales y los miembros de la unión de Suboficiales, Clases y Policías en servicio pasivo de la policía boliviana; para dicho fin ordenó también que se expidan las ejecutoriales de ley, tanto a la Notaria de Fe Pública Nº 042 a cargo de la Dra. Amanda J. Moller Pablo como a la Registradora de Derechos Reales de la ciudad de La Paz. Con costas.

 

Contra la referida resolución, My. Pavel Cesar Vásquez Pastor por la institución demandada, interpuso Recurso de Apelación cursante de fs. 266 a 274.


En merito a esos antecedentes, la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 449/2014 de fecha 23 de diciembre de 2014, cursante de fs. 296 a 299,  con el siguiente fundamento: 1) Respecto a la apelación concedida en el efecto diferido contra la Resolución de fs. 91, que en virtud a la revisión de obrados habría advertido que el Poder otorgado a favor de Jaime Renán López Azurduy es amplio y suficiente, teniendo este todas las facultades para actuar en representación de los Miembros del Directorio del Honorable Centro Matriz de Generales, Jefes y Oficiales en servicio pasivo de la Policía Boliviana, para actuar en el presente proceso; asimismo, refirió que no existe en obrados poder de revocatoria del Poder Nº 483/2011 y que no puede dar un credencial fe sobre las facultades otorgadas a una persona en representación de otra; concluyendo que la parte actora tiene toda la legitimación para interponer la presente demanda. 2) Respecto a la apelación interpuesta contra la sentencia señaló: que el art. 1507 del Código Civil es inaplicable en el caso de autos, debido a que la pretensión principal es la nulidad regida por el art. 551 del cuerpo legal citado; asimismo, en virtud a la apreciación de las pruebas aportadas al proceso, como ser la Resolución Nº 07/74 de 08/10/1974 cursante a fs. 1, Escritura Pública Nº 89/1981 de fs. 2-3 y Escritura Pública Nº 437/93 de fs. 4-5, concluyó que los propietarios del inmueble objeto de la litis son la parte actora, arguyendo que si bien el inmueble fue adquirido por la entonces MUCOPOL ahora COOMUPOL, empero dicha adquisición fue realizada con dineros propios de la policía siendo esos los propietarios del bien, conclusión que fue arribada en virtud al contradocumento  de fs. 4-5, teniendo por ende el derecho de solicitar la nulidad dispuesta en el num. 5) del art. 549 del Código Civil. De igual forma, refirió que no era evidente que el Juez de primera instancia hubiera realizado una correcta valoración de la Resolución Nº 07/74, pues dicha prueba al margen de haber sido reconocida en su firmas y rubricas,  tiene toda la fe probatoria más aun cuando esta fue corroborada por la Escritura Publica Nº 437/1993, no existiendo duda sobre el descuento efectuado a miembros de la policía. Otro aspecto que formó parte de la resolución de Alzada, fue que la parte recurrente de apelación no demostró por medio alguno la nulidad de la documental de fs. 4-5; asimismo, refirió que los demandantes al haber sufrido el descuento de sus salarios para adquirir el bien inmueble objeto del litigio no resultan terceros al documento de compra venta. En virtud a dichos fundamentos, el Tribunal de Alzada CONFIRMÓ  la resolución Nº 373/2012 de 15/11/2012 de fs. 91 y la Sentencia Nº 324/2014 de fecha 05/08/2014 de fs. 256-264. Con costas.


En conocimiento de la determinación de segunda instancia, Pavel Cesar Vasquez Pastor en representación legal de la institución demandada, interpuso recurso de casación, cursante de fs. 303 a 308, el mismo que se pasa a analizar:


II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:


En el fondo


1. Acusa la transgresión del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el Tribunal de Apelación ha momento de resolver la excepción de impersonería habría obviado considerar aspectos de orden legal y fáctico, pues considera que si dicho Tribunal reconoció que el Juez A quo a momento de resolver la excepción citada vulneró principios como ser el de seguridad jurídica y debido proceso, no debió confirmar la Sentencia de primera instancia.


2. Refiriéndose nuevamente a la excepción de impersonería que fue concedida en apelación en el efecto diferido, denuncia la vulneración y errónea interpretación de los arts. 3 numeral 1), 58, 329, 333 y 336 numeral 2) todos del “Código Procesal Civil”, ya que considera que el Tribunal de Alzada tenía la obligación de verificar las causales de impersonería que fueron acusados por su parte y no limitarse a realizar una valoración incorrecta y escueta de todas las observaciones efectuadas al Testimonio de Poder Nº 483/2011, pues las personas que otorgaron el Poder a favor de Jaime Renán López Azurduy, carecerían de legitimación para hacerlo, ya que su gestión como Directorio de la institución demandante habría concluido, dejando de tener en consecuencia capacidad de obrar conforme al art. 14 de su Estatuto Orgánico.


De igual forma, aduce que no se consideró que en la representación por mandato, al margen de presentar los documentos que demuestren la personería, debía verificarse la capacidad del mandante, máxime si quien representa a dicho centro es el directorio y no un comité electoral, así como el hecho de que la Sentencia de primera instancia reconoce un derecho propietario a favor de H. Centro Matriz de Generales, Jefes, Oficiales, Sub Oficiales, Clases y Policías del Sector Pasivo de la Policía Boliviana, entidad que no existiría, pues la Resolución Nº 210231 de 27 de diciembre de 1991 no incluiría a los Sub oficiales, Clases y policías del Sector Pasivo de la Policía, al margen de no existir en obrados poder que estos hayan otorgado al Sr. López Azurduy.


3. Refiriéndose a la excepción de prescripción, arguye que el Tribunal de Alzada de manera irrisoria y con argumentos diferentes a los vertidos por el Juez A quo, señaló que dicho juez acertó en la conclusión arribada, desconociendo lo prescrito en el art. 1507 del Código Civil, que señala que los derechos patrimoniales se extinguen por prescripción en el plazo de 5 años, y debido a que la Resolución Administrativa Prefectural RAP Nº321/02 de 29 de agosto de 2002 determinó continuar con la tramitación jurídica del derecho propietario del edificio del ex comando de la plaza Obisto Bosque, por lo expuesto refiere que los actores principales tenían el plazo de 5 años a partir de dicha resolución para hacer valer su derecho conforme lo señala el art. 1439 del Sustantivo Civil.

4. Acusa que la Resolución Nº 07/74, nunca fue reconocida en sus firmas y rúbricas como erradamente lo habría señalado el Tribunal de Apelación, quien habría otorgado toda la fe probatoria a dicha documental basándose en los arts. 1286 del Sustantivo Civil y 397 y 400 del Código de Procedimiento Civil, normas que fueron erradamente aplicadas debido a que las mismas solo se refieren a la valoración de la prueba y no así a otorgar fe probatoria.


Señala que la Resolución Nº 07/74 y la Escritura Publica Nº 437/1993 de fs. 4 y 5 al margen de no acreditar la efectivización de los mentados descuentos, existiría una contradicción entre ambos documentos pues el primero refiere que el descuento sería para efectivizar la adquisición de ese bien raíz que constituiría patrimonio exclusivo del merituado organismo policial, y la Escritura Publica señalaría que la adquisición del inmueble en litigio sería para la finalidad que ulteriormente decida el personal de la policía nacional aportante. Dichos extremos, refiere que no fueron debidamente valorados y corroborados a momento de la emisión del Auto de Vista conculcando lo dispuesto en el art. 190 del Código de Procedimiento Civil.


5. Acusa la incorrecta valoración de la prueba, refiriéndose específicamente al reconocimiento del documento de fecha 15 de noviembre de 1977, el cual se habría efectuado 15 años después  es decir el 17de diciembre de 1993, realizado por el Cnl. Víctor Colodro López quien para  la fecha de reconocimiento no ejercía ni la presidencia ni la representatividad de la otrora MUCOPOL, asimismo observa que el Cnl. Julio Lara realizó el reconocimiento de firmas cuando este ya no ostentaba el cargo de comandante General de la Policía Boliviana; de esta manera, la parte recurrente, considera que en aplicación del art. 56 del Código de Procedimiento Civil, debió convocarse para dicho reconocimiento de firmas a los representantes legales de las instituciones partes, razón por la cual considera como ilegal el Testimonio Nº 437/93.


6. Denuncia una mala y equivocada aplicación del parágrafo II del art. 543 del Código Civil, puesto que los demandantes no tendrían calidad de parte como refirió el Tribunal de Alzada, ya que ellos no habrían intervenido en dicha transferencia, por lo que no pueden ser considerados como directos interesados, sin embargo acusa que dicha consideración resulta ser contradictoria con el fundamento de que en el caso de autos sería aplicable el art. 543 del Sustantivo Civil, norma que expresamente hablaría de terceros perjudicados.


De manera general refiere que el Auto de Vista recurrido, vulneró el debido proceso,, congruencia y la seguridad jurídica, al mismo tiempo de acusar que el mismo carecería de fundamentación y motivación legal y fáctica.


En la forma:


Amparándose en el art. 254 inc. 6) del Código de Procedimiento Civil, refiere que:

El Auto de Vista no fue emitido dentro del plazo legal establecido, habiendo consecuentemente perdido competencia el vocal relator, aspecto que señala fue debidamente acusado en fecha 06 de marzo de 2015, sin embargo señala que ese mismo día se le notificó con el Auto de Vista que falseando a la verdad habría consignado como fecha de emisión el 23 de diciembre de 2014.


Por los fundamentos expuestos solicita se case el Auto de Vista y consecuentemente se anule obrados hasta el vicio más antiguo que considera ser la Admisión de la demanda.


De la respuesta al recurso de casación.

La parte actora, respondiendo al recurso de casación que fue interpuesto por la institución demandada, señala:


Que el recurso interpuesto resulta ser infundado por que los jueces de instancia habrían realizado una correcta valoración de las pruebas y aplicado correctamente las disposiciones legales, arguyendo que la personería legal de la parte demandante fue plenamente reconocida por las autoridades que conocieron el proceso.


Refiere que la nulidad es imprescriptible por que la demanda versa sobre la nulidad parcial de la Escritura Pública y cancelación de partida en Derechos Reales y no para acciones patrimoniales a las cuales se refiere la norma que señala la parte recurrente (art. 1507 del Código Civil).


Finalmente acusa que el recurso de casación no cumple con lo dispuesto en el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.


Por lo expuesto solicitan que se declare infundado el recurso interpuesto por la otra parte.


En razón a dichos antecedentes diremos que:

III. DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- De la pérdida de competencia por vencimiento de plazo para emitir resolución.

Sobre este punto es menester señalar que el Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso de autos, en su art. 204 parágrafo III, establecía que los Autos de Vista y los de Casación deben pronunciarse dentro del plazo de treinta días, computables desde la fecha en que fue sorteado el expediente; de igual forma, el art. 209 de la referida norma, señalaba que si el Auto de Vista no hubiere sido presentado en el plazo señalado supra, el Vocal Relator perdía su competencia en el asunto, debiendo pasar el proceso a la sala que siga por orden de sorteo.

Ahora bien, sobre la pérdida de competencia a la cual se refería el art. 209 del Código de Procedimiento Civil, resulta pertinente señalar que el art. 16 de la ley Nº 025 del Órgano Judicial,  respecto a la continuidad del proceso, señala lo siguiente: “I. Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley…”; de igual forma el art.  17 de dicha disposición señala: “III. La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”; de dichas normas se advierte que la nulidad procesal debe ser considerada como una excepción a la regla que es la prosecución del proceso, es decir que el proceso debe seguir con su normal tramitación salvo los casos en los que la irregularidad haya sido reclamada oportunamente por quien se creyere afectado, pues si el reclamo no se lo hace en el momento pertinente, el acto procesal quedara convalidado; asimismo, al margen de la oportunidad de la observación, el hecho acusado debe ocasionar perjuicio o indefensión, es decir que debe ser trascendente.

En esa lógica, la pérdida de competencia procederá si esta es reclamada oportunamente y resulta perjudicial, debiendo realizarse dicha observación inmediatamente después de haberse cumplido el plazo para la emisión de la resolución y no esperar a la emisión de la misma y recién ante la eventualidad de que esta sea desfavorable a una de las partes puedan acusar la “pérdida de competencia”, cuando en realidad al esperar la emisión de la resolución se está convalidando dicho extremo, no correspondiendo en ese caso la acusación de perdida de competencia sino la retardación de justicia.

En conclusión podemos señalar que la pérdida de competencia opera siempre y cuando, ya sea las partes o el mismo Juez, reclaman dicho aspecto en el momento del vencimiento del plazo, solicitando la remisión del proceso al siguiente habilitado, empero cuando ninguna de las partes reclaman por el incumplimiento de la emisión de la resolución dentro del plazo, o no la hacen oportunamente y consienten en que la resolución sea emitida fuera de plazo por el Juez titular, no dará lugar a la pérdida de competencia. Razonamiento que ya fue vertido por este Tribunal Supremo de Justicia en varios Autos Supremos como ser el Auto Supremo 52/2016 de 20 de enero de 2016, que sobre este aspecto señala: “2. En relación a su acusación de perdida de competencia. El parágrafo III del art. 204 del adjetivo civil, establece que: “Los autos de vista y los de casación se pronunciarán dentro del plazo de treinta días, computables desde la fecha en que se sorteare el expediente”. De la revisión de obrados se conoce que el sorteo en el presente caso por ante el Tribunal de Alzada se efectuó en fecha 28 de mayo de 2014, conforme se evidencia de fs. 697, habiendo dictado la correspondiente resolución el Ad quem en fecha 20 de junio de 2014, como se constata del Auto de Vista de fs. 698 a 700; realizado el cómputo correspondiente se deduce que dicha resolución se encuentra dictada dentro del término establecido por el art. 204-III del Código de Procedimiento Civil, esto es a los 24 días luego de haberse sorteado el expediente, extremo que no es desvirtuado con prueba alguna por la parte ahora recurrente. Complementando lo anterior, corresponde también referir que este Tribunal en el Auto Supremo Nº 336/2013 de 5 de julio, como línea Jurisprudencial ha razonado que: “…la sanción por el incumplimiento de los plazos generará consecuencias jurídicas ya sea para las partes o para el Juez. Tratándose del incumplimiento de los plazos por parte del Juez, el art. 205 del Adjetivo Civil prevé que incurrirá en retardación de justicia, el Juez o Tribunal que no dictare las resoluciones correspondientes dentro de los plazos fijados en los artículos anteriores, haciéndose pasible por tanto, de las responsabilidades y sanciones consiguientes. La sanción por el incumplimiento de los plazos procesales en la emisión de las resoluciones debe recaer sobre su infractor, es decir, en los casos en que el Juez es quien incumple los plazos y demora y retarda la justicia, la sanción recaerá sobre él, de ninguna manera ese reproche debiera afectar a las partes, quebrantando aún más el derecho que les asiste a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones. En ese contexto debemos interpretar el art. 208 del Código de Procedimiento Civil que establece: “El Juez que no hubiere pronunciado la Sentencia dentro del plazo legal o del que la Corte le hubiere concedido conforme al artículo 206, perderá automáticamente su competencia, en el proceso. En este caso remitirá el expediente dentro de las veinticuatro horas al Juez suplente llamado por la ley. Será nula cualquier Sentencia que el Juez titular dictare con posterioridad”. De tal forma que la pérdida de competencia a la que alude la norma opera si en el momento del vencimiento del plazo legal las partes o el Juez -de oficio- advierten y reclaman ese aspecto y como consecuencia de ello el proceso se remite al Juez suplente para que éste emita la correspondiente Sentencia, sin embargo cuando ninguna de las partes advierte ni reclama por el incumplimiento del plazo para dictar Sentencia y consienten en que ésta sea emitida -fuera del plazo- por el Juez titular, no resulta moral ni legal que, ante la eventualidad de serles desfavorable la Sentencia, pretendan recién activar el reclamo en apelación o en casación procurando se aplique la sanción de nulidad de la Sentencia que en el supuesto caso de haberles sido favorable no hubiera sido atacada en su validez por el incumplimiento del plazo para su emisión”. Razonamiento reiterado en el Auto Supremo Nº 234/2015 de 13 de abril.  De donde se concluye que en caso de advertir las partes la perdida de competencia de los Tribunales de instancia, corresponde a las mismas cuestionar dicho aspecto en el momento del vencimiento del plazo legal, y no esperar a la emisión del falló, porque una vez emitido el mismo, ya no da lugar a la perdida de competencia o a la nulidad de obrados, sin que esto implique exoneración de la responsabilidad del infractor, porque no resulta moral ni legal que al ser desfavorable, recién la parte observe y cuestione la presunta pérdida de competencia, aspecto que al margen de lo manifestado, resulta contrario a los principios ético morales en que se sustenta la Constitución Política del Estado. Lo que hace infundado su reclamo”.

III.2.- De la legitimación procesal

Sobre el particular es conveniente señalar que la legitimación, conforme a la doctrina se clasifica en legitimación procesal y legitimación ad- causam; la primera está referida a la aptitud o idoneidad para intervenir válidamente en el proceso, ya sea de parte del demandante o del demandado o de quienes intervienen en su representación (apoderados); es una cuestión de carácter estrictamente formal; en tanto que la legitimación ad causam se vincula con la titularidad del derecho sustancial que se pretende ejercitar con la demanda, exige que la demanda sea presentada por quien realmente tenga la titularidad del derecho sustancial que se reclama, es una cuestión que hace al fondo de la pretensión.

Sobre la legitimación “Ad causam”, diremos que es la condición particular y concreta de las partes, que se deriva en su vinculación con el objeto del litigio.
Así también, podemos citar el criterio de Hernando Devis Echandía, quien en su obra Teoría General del Proceso, 2da Edición Buenos Aires Edit. Universidad 1997 página 269, señala: “Tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, puede formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda o en la imputación penal, por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial pretendida o del ilícito penal imputado, que deben ser objeto de la decisión del Juez…” Esto quiere decir que la legitimación en la causa es un elemento esencial de la acción que presupone o implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional.

La falta de legitimación propiamente dicha (legitimación ad causam), cuestiona si la parte resulta ser el titular de la relación jurídica sustantiva (el titular del derecho litigado que es el nexo entre el actor y demandado), cuando se cuestiona ese aspecto, el mundo litigante generalmente la impugna por la excepción de “falta de acción y derecho”, cuando dicha invocación es errada, pues el derecho de acción, es entendida como el derecho público subjetivo que tiene toda persona natural o jurídica para acudir al órgano jurisdiccional con el objeto de que se atienda su pretensión, muy al margen de considerar si la pretensión se encuentra amparada por el derecho.

Sobre el particular, existe una vasta jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo de Justicia, citando entre algunos de los Autos Supremos a los A.S. Nº 071/2014 de 14 de marzo de 2014 y 536/2014 de 19 de septiembre de 2014 y, concordante con dichos Autos tenemos a la Sentencia Constitucional 1587/2011-R de 11 de octubre que al referirse a la legitimación dijo: “La legitimación en el orden procesal debe relacionarse con el concepto de acción y por consiguiente, con sus sujetos activo y pasivo, se configura con el reconocimiento que el derecho hace a una persona de la posibilidad de ejercitar y mantener con eficacia una pretensión procesal - legitimación activa -, o de resistirse a ella eficazmente - legitimación pasiva…”, por lo que la legitimación resulta ser un presupuesto que afecta tanto al actor como al demandado. La pretensión, en efecto, debe ser deducida por y frente a una persona procesalmente legitimada, lo contrario torna inadmisible la demanda.

III.3.- De la imprescriptibilidad de la acción de  nulidad.

El art. 552 del sustantivo civil, establece que la acción de nulidad es imprescriptible, sobre el particular Carlos Morales Guillen en su Libro Código Civil Concordado y Anotado, Cuarta Edición, Tomo I, refiere que: “Está pues entre los caracteres de la nulidad su perpetuidad y, por consiguiente, la imprescriptibilidad de la acción para hacerla declarar judicialmente salvo (Messineo) alguna excepción, como la del art. 1208…”. De lo expuesto se deduce que dicha disposición al estar referida a la nulidad de un acto jurídico bilateral, es decir a un contrato, el mismo puede ser interpuesto en cualquier momento y por quien tenga intereses legítimo, en otras palabras el plazo para accionar la nulidad de un contrato, por cualquiera de las causales señaladas en el art. 549 de dicha normativa, no prescribe con el transcurso del tiempo.

Ahora bien, el art. 1507 del Sustantivo Civil al cual hace referencia la parte recurrente y que a su criterio debió aplicarse en el caso de autos, señala claramente que lo que prescribe en el plazo de cinco años son los derechos patrimoniales,  aspecto diferente a las acciones personales como es la acción de nulidad de un acto jurídico. En esa lógica, el Auto Supremo Nº 1051/2015 de fecha 16 de noviembre de 2015, señaló: Según el Tratadista Guillermo A. Borda: “…de acuerdo a una clásica distinción, las acciones patrimoniales se dividen en reales y personales. Las primeras son las que se dan en protección de los derechos reales y tienen las siguientes características generales: a) gozan del ius persequendi; ósea de la facultad de hacer valer el derecho contra cualquiera que se halle en posesión de la cosa… las acciones personales en cambio se dan en protección de los derechos personales y tienen las siguientes características: a) solamente pueden ser ejercitadas contra el o los obligados; b) tienden a la extinción del derecho, porque una vez ejercida la acción y cobrado el crédito se extingue la obligación….”, con la aclaración del autor antes citado, de que los caracteres señalados sirven como tendencia general antes que como expresión de caracteres típicos de cumplimiento obligatorio. En este entendido, diremos que las acciones reales son aquellas que garantizan la defensa del derecho propietario sobre determinada cosa o bien inmueble que buscan prevenir impedir o reparar una lesión al derecho propietario y al ejercicio de las facultades que el derecho propietario conlleva; por otra parte las acciones personales se ejercen contra personas determinadas, por conflictos que surgen de un contrato, u otro acto jurídico, o un delito, es decir busca garantizar el goce pleno y libre de un derecho patrimonial…..Demanda de nulidad, que hace a una acción personal regulada por el art. 549 del C.C., que procede cuando el contrato u acto Jurídico del cual deberían emerger obligaciones contiene vicios insubsanables por disposición expresa de la ley y lo que impide que un contrato o acto jurídico tenga validez jurídica que pueda afectar los derechos de una de las partes o como en el caso presente de terceros con interés legítimo, pues se constituye en un acto viciado desde su nacimiento, razón por la que la acción personal de demandar la nulidad es imprescriptible y no es susceptible de confirmación. La Sentencia que dispone la nulidad de un contrato tiene un efecto retroactivo sobre los efectos aparentes que dicho acto nulo produjo, ya que se retrotraen al nacimiento del mismo del acto jurídico viciado y lo hacen desaparecer quedando todo como era hasta antes de la celebración del contrato.”

III.4.- De la explicación y complementación.


El art. 239 del Código de Procedimiento Civil establece que las partes dentro del plazo de veinticuatro horas pueden hacer uso del derecho que les otorga el art. 196 inciso 2) del mismo cuerpo legal, en ese sentido refiriéndonos a dicha normativa encontramos que una vez pronunciada la sentencia, el Juez no puede modificarla ni sustituirla, sin embargo a pedido de parte en el plazo citado anteriormente, podrá corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial.


Por lo expuesto, la parte que necesita alguna complementación, explicación o enmienda deberá formularla oportunamente ante el Juez que emitió dicha resolución, empero debemos hacer hincapié que las mismas procederán siempre y cuando se refieran a errores materiales o aclaración de algún concepto, siempre y cuando esta no llegue a modificar el fondo de la decisión, pues contra cuestiones que hacen al fondo del proceso, se encuentran establecidos los recursos respectivos. Es así que, si alguna de las partes considera que existe algún error de forma que o modifica lo resuelto, este ya no podrá hacer dicho reclamo en una etapa procesal posterior que no sea la enmienda o complementación, pues su derecho habrá precluído y el acto se habrá convalidado, tal como lo refleja el Auto Supremo Nº 118/2015 de fecha 13 de febrero de 2015, que señala: “Por otro lado también se debe indicar que una vez dictada la Resolución de Alzada las notificaciones con la misma cuentan con la debida cronología en sus fechas de notificación lo cual también demuestra que la consignación de la fecha del Auto de Vista pudo ser un lapsus de los vocales firmantes; en todo caso la parte recurrente tenía la posibilidad de solicitar conforme lo norma el art. 239 del Código de Procedimiento Civil la explicación, enmienda y complementación de dicho acto, y ser enmendado o aclarado por el Tribunal de Alzada y al no haber efectuado dicho evento, se debe concluir que el error acusado de ninguna manera puede generar la nulidad de dicha Resolución.”

III.5.- De la simulación de los contratos

Nuestra legislación en el art. 543 del Código Civil dispone que: “I. En la simulación absoluta el contrato simulado no produce ningún efecto entre las partes. II. En la relativa, el verdadero contrato, oculto bajo otro aparente, es eficaz entre los contratantes si reúne los requisitos de sustancia y forma, no infringe la ley ni intenta perjudicar a terceros.” La simulación del contrato es absoluta, cuando las partes del negocio simulado no quieren, en realidad, celebrar negocio alguno; en tanto que es relativa cuando produce la divergencia entre la intensión práctica y la causa típica del contrato o acto jurídico; es decir, existe contrato pero en ella existen situaciones contractuales que no corresponden a la realidad.

De lo expuesto debe tomarse en cuenta la clasificación que se tiene respecto al tema en simulación absoluta y relativa; en el primer caso, no hay intención negociadora alguna de los simuladores, es decir, la manifestación de voluntad no está encaminada a la producción de ningún efecto jurídico, el acto jurídico es inexistente por falta de voluntad. Se finge aparentar un negocio, pero el contenido de éste siguiendo el criterio de Ospina Fernández y Ospina Acosta, es vacuo, en la medida en que la intención de los participantes no es la de producir ningún efecto en realidad. En la simulación relativa en cambio, si existe alguna intención negociadora, aunque deformada por la falsa declaración de voluntad realizada por los simuladores. En la obra referida anteriormente, el autor recurre al criterio de Jorge Seuscún que refiere anota con propiedad, que este tipo de simulación puede revestirse de tres formas, “En la primera, se oculta la naturaleza del negocio como en las ventas disfrazadas de donación o los mutuos con garantía prendaria, que se esconden bajo forma de ventas con pacto de retroventa.” “La Segunda tiene que ver con la proyección a los terceros de una imagen errónea en relación con las condiciones en las que se celebra el negocio jurídico, como en los eventos en los cuales se hace aparecer en la venta un precio distinto del que realmente se paga, para efectos de disminución de la carga impositiva.” “Finalmente, es posible que los simuladores proyecten una falsa imagen en relación con la identidad de las personas que intervienen en el acto jurídico. Suele apelarse a esta figura para eludir incapacidades”. En conclusión señalaremos que en la simulación absoluta, el acto es inexistente, y por consiguiente, no se puede decir que haya efectos jurídicos. En cambio en la simulación relativa es claro que en realidad existe un acto jurídico, aunque distinto al aparente, siendo su consecuencia que el acto oculto prevalece sobre el aparente. Por otra parte, Guillermo Borda cuando refiere a la simulación dice: "El acto simulado es aquél que tiene una apariencia distinta a la realidad querida por las partes, el negocio que aparentemente es serio y eficaz es en si ficticio y mentiroso o constituye una máscara para ocultar un negocio distinto". "La noción de simulación en el terreno propiamente jurídico origina de modo principal la figura del llamado negocio jurídico simulado, que no es sino aquel cuya apariencia externa está en absoluta contraposición con la realidad, bien porque no existe tal negocio o porque su substancia difiera de la que extremadamente presenta.”

Por otra parte el art. 544 del Código Civil nos enseña sobre los efectos con relación a terceros  que: "I. La simulación no puede ser opuesta contra terceros por los contratantes. II. Los terceros perjudicados con la simulación pueden demandar la nulidad o hacerla valer frente a las partes; pero ello no afecta a los contratos a título oneroso concluidos con personas de buena fe por el favorecido con la simulación". Las partes cuando celebran un contrato que afecta los derechos de un tercero, es decir de un extraño a la simulación, éste puede hacer valer sus derechos descubriendo la simulación practicada por las partes, demandando la nulidad del contrato en virtud a los perjuicios ocasionados a éste. Relacionado con lo expuesto citaremos a los Autos Supremos Nº 245/2013 de 16 de mayo de 2013, 544/2014 de fecha 30  de septiembre de 2014 y Auto Supremo Nº 379/2015-L de fecha 13 de agosto de 2015, entre otros.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En virtud a los extremos expuestos en el recurso de casación, corresponde previamente considerar los extremos vertidos en la forma, toda vez que de ser evidentes los mismos dará lugar a la emisión de una resolución anulatoria de obrados, caso en el cual ya no corresponderá analizar los reclamos vertidos en el fondo.

En la forma:

Respecto al reclamo de que el Auto de Vista no habría sido emitido en el plazo legal establecido, habiendo en consecuencia perdido la competencia el vocal relator de dicha resolución; sobre este reclamo, se tiene que en virtud a la revisión de obrados, el Tribunal de Alzada, mediante decreto de fecha 12 de noviembre de 2014, cursante a fs. 294 dictó “Autos” para resolución, según el turno que corresponda, de esta manera en fecha 28 de noviembre de 2014 el proceso fue sorteado y entregado al vocal relator (fs. 295), actuado en virtud al cual debe computarse el plazo que establece el art. 204 parágrafo III del Código de Procedimiento Civil para la emisión del Auto de Vista; en esa secuencia, de fs. 296 a 299, cursa el Auto de Vista cuya fecha de emisión es 23 de diciembre de 2014; asimismo, en obrados cursa la notificación con dicha resolución a la parte recurrente. la cual data de fecha 06 de marzo de 2015 y posteriormente se advierte un memorial presentado por el recurrente, donde acusa la perdida de competencia del Tribunal de Alzada, que mereció el decreto de fecha 09 de marzo de 2015 donde dicho Tribunal determinó que se sujete a lo dispuesto en el Auto de Vista.

De dichos antecedentes se infiere que en el caso concreto, el Auto de Vista recurrido, conforme a la fecha de emisión de dicha resolución así como de la fecha de sorteo, este fue pronunciado dentro de los 30 días que el art. 204.III del Procedimiento Civil establece, razón por la cual no resulta evidente que dicha resolución haya sido emitida fuera de plazo.

Sin embargo si la parte recurrente como refiere en su recurso de casación, consideraba que la fecha del Auto de Vista no condice con lo realmente acontecido, pues la misma habría sido emitida recién en fecha 06 de marzo de 2015, es decir después de los 30 días, ocasionándose la pérdida de competencia; es preciso señalar que tal extremo, como se refirió anteriormente debió ser acusado oportunamente, es decir inmediatamente después de haberse vencido el plazo para la emisión de la resolución de Alzada y no esperar a la emisión de dicha resolución para recién observar tal extremo. Asimismo, el hecho de que en obrados curse el memorial donde se acusa la pérdida de competencia del Tribunal de Alzada, el mismo para ser considerado como un reclamo oportuno conforme a lo ya señalado, debió ser presentado inmediatamente después de haberse cumplido los 30 días, empero se observa que el mismo data de fecha de presentación de 6 de marzo de 2015, es decir más de dos meses después de que se hubiese vencido el plazo para la emisión del Auto de vista, por lo que dicho memorial no se constituye en un reclamo oportuno.

Empero como el Auto de Vista, conforme a los datos del proceso, fue emitido dentro del plazo establecido, la acusación de perdida de competencia resulta impertinente, razón por la cual no puede sancionarse con nulidad.

Continuando con el análisis de los reclamos que hacen a la forma del proceso, debemos referirnos al hecho de que el Tribunal de Alzada a momento de resolver la excepción de impersonería habría obviado considerar aspectos de orden legal y factico, pues al encontrar principios vulnerados no correspondía confirmar la Sentencia de primera instancia; sobre este reclamo, en principio se debe señalar que la acusación de que el Tribunal de Alzada haya obviado considerar aspectos de orden legal y factico, resulta ser general y ambigua, pues no especifica cuáles serían esos aspectos que no fueron considerados por el Tribunal de Alzada, deficiencia que imposibilita a este Tribunal Supremo de Justicia considerar dicho reclamo.


Ahora bien, respecto a la vulneración del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, porque dicho Tribunal habría obviado referirse a la irregularidad de la excepción de impersonería, la cual habría sido denunciada en el memorial de apelación; al respecto debemos señalar que en el considerando II del Auto de Vista, el Tribunal de Alzada refiriéndose a la apelación contra la Resolución Nº 373/2012, que rechazó las excepciones previas planteadas por la parte ahora recurrente, entre ellas la excepción de impersonería a la cual hace referencia, por los fundamentos ahí expuestos, concluyó que la parte actora tiene la legitimación necesaria para interponer el proceso de nulidad, por lo que no resulta evidente que no se haya considerado dicho aspecto. Sin embargo corresponde explicar que ante el reclamo de omisión de pronunciación este Tribunal verificará si dicho extremo resulta ser evidente o no, sin embargo cuando se demuestra disconformidad con la fundamentación vertida por el Tribunal de Alzada, el reclamo debía estar orientado a las causales inmersas en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil aplicable al caso de autos.


Sobre la denuncia de vulneración y errónea interpretación de los arts. 3 numeral 1), 58, 329, 333 y 336 numeral 2) todos del “Código Procesal Civil”, pues las personas que otorgaron el Poder a favor de Jaime Renán López Azurduy, carecerían de legitimación para hacerlo, ya que su gestión como Directorio de la institución demandante habría concluido. De lo acusado, se advierte que  el reclamo expuesto se encuentra centrado en cuestionar la legitimación de la parte actora, de esta manera debemos señalar que al haber sido la parte demandada, ahora recurrente, quien interpuso la excepción referida a cuestionar la legitimación de los actores principales, conforme a lo señalado en el art. 1283 del Sustantivo Civil y art. 375 del Código de Procedimiento Civil, tenían la obligación de demostrar los extremos vertidos en el memorial donde interpusieron dicha excepción, sin embargo, en dicho memorial, así como en las actuaciones referidas a dicho extremo, únicamente expresó que el Poder otorgado a Jaime Renán López Azurduy habría sido otorgado por un directorio que había concluido su gestión y por ende carente de representatividad, respaldando dicho argumento en el art. 14 del Estatuto Orgánico de la institución actora, que referiría que el mandato del Directorio dura dos años, computando dicho tiempo del 16/11/2009 al 16/11/2011, y al haber sido conferido el Poder en fecha 09/12/2011 consideró que la gestión de dicho Directorio ya habría fenecido. De lo expuesto y remitiéndonos al Estatuto citado por la parte recurrente y que cursa en obrados de fs. 17 a 32, se puede observar que evidentemente el mandato del directorio tanto matriz como departamentales, puede llegar a durar dos años, empero este articulo también agrega que los miembros de dichos directorios pueden ser reelegidos total o parcialmente solamente por otro periodo más.


En razón a dicha normativa, claramente se observa que los dos años de mandato del Directorio de la institución demandada a los cuales hace referencia la parte recurrente, no demuestran que el tiempo de duración de dicho directorio haya concluido efectivamente el 16/11/2011, pues el Estatuto, como se pudo advertir supra, dispone la reelección de los miembros del directorio, en esa lógica si la parte recurrente consideró que las personas que fungen como Directorio de la institución demandante otorgaron Poder Notarial para la tramitación del presente proceso a Jaime Renán López Azurduy, sin haber tenido representación para dicho fin, debieron adjuntar prueba que acredite tal extremo, empero en obrados no existe constancia de dicha acusación, en cambio, la parte actora, para desvirtuar tal extremo, como consta por fs. 84 a 87, adjuntó fotocopia legalizada del Acta de la Asamblea Ordinaria de 13 de octubre de 2011, donde se decidió ratificar al actual directorio por una gestión más, ello en virtud a lo establecido en el art. 14 del Estatuto citado anteriormente.


En virtud a lo señalado, se puede advertir que el Directorio de la institución demandante cuando otorgó el Poder Notarial a Jaime Renán López Azurduy, para la tramitación del presente proceso, tenía la legitimación suficiente, resultando consiguientemente infundado el reclamo vertido por la parte recurrente, que por impericias cometidas por el Tribunal de Alzada sobre dicha excepción, no puede pretender la nulidad de obrados, máxime si con dicha determinación en base a los fundamentos expuestos, no se modifica el fondo de la decisión asumida por los de Alzada.


Otro aspecto reclamado es que en base a la Resolución Nº 210231 de 27 de diciembre de 1991 habrían quedado excluidos los Suboficiales, Clases y Policías del Sector Pasivo de la Policía, sobre este extremo corresponde señalar que la parte recurrente recién en esta etapa procesal hace mención a dicha Resolución, no habiendo en consecuencia sido objeto de consideración ni por el Juez A quo ni por el Tribunal de Alzada, razón por la cual no corresponde referirnos a dicho aspecto.


Respecto a la excepción de prescripción, punto en el cual acusa el desconocimiento del art. 1057 del Código Civil, que señalaría que los derechos patrimoniales se extinguirían por prescripción y que en el caso de autos al haber transcurrido más de cinco años desde la Resolución Administrativa Prefectural RAP Nº 321/02 que determinaría continuar con la tramitación jurídica respecto al bien inmueble objeto de la litis, el mismo habría prescrito. Sobre el particular es menester señalar que la pretensión invocada por la parte actora es la nulidad parcial de la Escritura Pública Nº 89/1981 y la consiguiente cancelación en Derechos Reales y por ende el reconocimiento del derecho propietario, de esta manera, se puede advertir que la pretensión de la actora se encuentra inmersa y por ende regulada conforme a lo establecido en los arts. 549 y siguientes del Sustantivo Civil. Por consiguiente al ser la pretensión principal de la parte actora la nulidad parcial de un contrato, en lo que respecta al plazo para interponer dicha acción, esta debe estar sujeta a lo establecido en el art. 552 del Sustantivo Civil, que señala que el plazo para interponer la nulidad de contrato, es imprescriptible, es decir que no está sujeta a ningún plazo por lo que el derecho para interponer dicha acción no se extingue con el transcurso del tiempo, como erradamente señala la parte recurrente.


Continuando con el análisis de los reclamos de forma, nos referimos a la observación que se realiza respecto a que la Resolución Nº 07/74, no habría sido reconocida en sus firmas y rúbricas como erradamente lo habría señalado el Tribunal de Apelación; sobre este reclamo en particular diremos que si la parte recurrente consideraba que dicho aspecto no era evidente, debió formular la petición de Explicación y Complementación en base a lo dispuesto en el art. 239 del Código de Procedimiento Civil, concordante con el art. 196 inc. 2) del mismo cuerpo legal, puesto que el Tribunal de Alzada ante dicha petición y siendo lo acusado una cuestión de forma, podía ser enmendado por dicho Tribunal; de esta manera al no haber hecho uso la parte recurrente de lo establecido en el art. 239 citado supra, no puede traer dichos reclamos a casación, máxime este no modifica el fondo de la decisión asumida ni le genera perjuicio alguno que amerite la nulidad procesal, pues el hecho de que dicha resolución haya o no sido reconocida en firmas y rubricas, y que sobre el caso el Tribunal Ad quem haya incurrido en un lapsus, no modificara la decisión que asumió, resultando en ese sentido infundado este reclamo.


En el fondo.

Continuando con la consideración del recurso de casación, corresponde referirnos a los reclamos que hacen al fondo del proceso.


Sobre la contradicción que existiría entre la Resolución Nº 07/74 y la Escritura Publica Nº 437/1993 de fs. 4 y 5, pues el primero referiría que el descuento sería para efectivizar la adquisición del bien raíz objeto de la litis, que constituiría patrimonio exclusivo del merituado organismo policial y, la Escritura Publica señalaría que la adquisición del inmueble en litigio sería para la finalidad que ulteriormente decida el personal de la policía nacional aportante; sobre este punto y conforme a la revisión de las documentales acusadas como erradamente valoradas, corresponde precisar que la Resolución del Comando General de la Policía Nacional Nº 07/74 de fecha 8 de octubre de 1974, cursante a fs. 1, señaló que al existir predisposición favorable de los que eran propietarios del bien inmueble objeto de la litis, de transferir el mismo en favor de la Guardia Nacional por un precio conveniente a los intereses de la citada institución, determinó ser necesario efectuar dicha compra en las condiciones ofertadas por los propietarios, por lo que para cumplir con dicha finalidad autorizó los descuentos respectivos  a los señores Jefes, Oficiales, Personal Administrativo y Tropa de la Guardia Nacional, toda vez que el bien inmueble se constituiría en patrimonio exclusivo de dicha institución. Asimismo, la Escritura Publica Nº 437/1993, que sería contradictoria con la resolución citada supra, señala que la compra del bien inmueble objeto de la litis, fue para la finalidad que ulteriormente decida el personal de la Policía Nacional aportante.


De dichas documentales, se infiere que no existe contradicción como refiere la parte recurrente, toda vez que lo señalado en la citada Escritura Pública de que los aportantes decidan la finalidad del bien inmueble objeto de la litis no desdice lo expuesto en la Resolución 07/74, puesto que los que aportaron para la adquisición del bien inmueble en ese entonces conformaban la Guardia Nacional.

Respecto a la acusación de que el Testimonio Nº 437/93 sería ilegal, porque considera que el reconocimiento de firmas inmerso en el mismo, debió ser realizado por los representantes legales de las instituciones partes. Sobre este aspecto, corresponde aclarar a la parte recurrente, que al no existir sentencia ejecutoriada que declare la nulidad, invalidez o ilegalidad de dicha Escritura Pública, ya sea por las razones que se acusa o por otras, dicha documental surte plenos efectos y, si la institución demandada consideraba que la Escritura Pública contenía las observaciones que refiere en ese punto, debió reconvenir acusando tal extremo y demostrar lo acusado, consiguientemente su reclamo deviene en infundado.


Finalmente corresponde referirnos a la acusación de errónea aplicación del parágrafo II del art. 543 del Código Civil, puesto que los demandantes no tendrían calidad de parte como refirió el Tribunal de Alzada, ya que ellos no habrían intervenido en dicha transferencia, por lo que no pueden ser considerados como directos interesados.


Al respecto debemos señalar que de la revisión de la Escritura Pública Nº 89/1981 sobre una transferencia de bien inmueble realizado en fecha 15 de noviembre de 1977, por el cual Alarcón y Compartes transfieren a favor de la Mutual y Cooperativa Policial el bien inmueble ubicado en la Plaza Obispo Bosque esquina Colón de la ciudad de La Paz, con una superficie de 524,70 mts2., la parte actora no interviene en la suscripción de dicha transferencia, razón por la cual no puede ser considerado como parte sino más bien como terceros, puesto que el contrato al cual se hizo referencia le ocasiona perjuicio, ante este hecho es que correctamente la parte actora en su condición de tercero perjudicado, como lo establece el art. 544 parágrafo II del Sustantivo Civil, interpuso la acción de nulidad del documento refiriendo que el mismo es simulado; de esta manera la parte actora para hacer viable su pretensión tenía la posibilidad de producir toda la prueba que considere pertinente, inclusive la testifical. En esa lógica, más allá de la imprecisión en la que habría incurrido el Tribunal de Alzada, se tiene que la parte actora, conforme a los fundamentos expuestos en este punto así como en el punto VI de la doctrina  aplicable, tiene la calidad de tercero por lo que la acción de nulidad parcial del contrato que es considerado como simulado es viable, conforme a la determinación de los jueces de instancia.

Consiguientemente, por las razones expuestas corresponde a este Tribunal resolver conforme señala el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 303 a 308, interpuesto por My. Pavel Cesar Vásquez Pastor, en representación legal de la Cooperativa Multiactiva Policial “COOMUPOL” Ltda., contra el Auto de Vista Nº 449/2014 de fecha 23 de diciembre de 2014, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas y costos a la parte recurrente.

Se regula honorarios al abogado profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.