TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

  S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 220/2016

Sucre: 14 de marzo 2016

Expediente: B-15-15-S

Partes: Marco Antonio Suarez Montenegro c/ Asociación Mutual de Ahorro y

           Préstamo “Paititi” y Beni Veizaga Valverde presidente del Comité de

             Vivienda del Proyecto Habitacional el Triunfo.

Proceso: Incumplimiento de contrato y Resarcimiento de Daños y Perjuicios

Distrito: Beni

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 1072 a 1083 y vta., interpuesto por Marco Antonio Suarez Montenegro contra el Auto de Vista Nº 041/2015, de fs. 1046 a 1049 y vta., de 27 de febrero, pronunciado por la Sala Civil Mixta del R. Tribunal Departamental de Justicia del Beni, dentro el proceso de Incumplimiento de Contrato y Resarcimiento de Daños y Perjuicios, seguido por el recurrente contra la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo “Paititi” y Beni Veizaga Valverde presidente del Comité de Vivienda del Proyecto Habitacional el Triunfo; la contestación de fs. 1087 a 1090 y vta., así como de fs. 1094 1099 y vta., la concesión de fs. 1108; los antecedentes del proceso; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Juez de Partido 1ro en lo Civil de la capital, el 04 de noviembre de 2014 pronunció Sentencia, cursante de fs. 919 a 925 y vta., declarando Probada en parte la demanda de resarcimiento de daños interpuesta por Marco Antonio Suarez Montenegro, únicamente en su pretensión dirigida a la Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Paititi, a quien se le condenó al pago por ese concepto en la suma de “Bolivianos Quinientos Noventa y un Mil quinientos Setenta y Nueve 32/100 (Bs.- 591.579,32) en el plazo de tres días” desde la ejecutoria de la Sentencia.

Por otro lado declaro Improbada la pretensión de daños y perjuicios dirigida al COVI en la persona de su presidenta Beni Veizaga Valverde.  Improbada la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Mutual Paititi.  Probada la Excepción de falta de legitimación activa del COVI en su contravención por Daños y Perjuicios en contra de la Empresa demandante. Sin costas por ser juicios doble.

Contra la indica Resolución, presentó su recurso de apelación la parte demandada  exponiendo sus agravios sufridos, motivo por el cual, el Tribunal de Alzada, emitió Auto de Vista anulando todo lo obrado por considerar que los contratos objeto del presente proceso son contratos administrativos y no civiles.

Resolución de segunda Instancia, recurrida en casación en el fondo y en la forma, el mismo que se analiza.

II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

En el fondo.-

Denuncia la infracción del art. 253 numeral 1) del C.P.C., porque el Auto de Vista hubiese violado los arts. 452 1). 519, 732 I) y II), 1287 y 1289 del Código Civil, exponiendo sus motivos, enteramente de fondo del proceso, concluyendo que el contrato fue firmado entre personas enteramente privadas, habiéndose valorado erróneamente la prueba cursante en obrados.

En la forma.-

Acusa la infracción de lo dispuesto en el art. 254 num. 4) del C.P.C., por emitirse el Auto de Vista de manera ultra petita, al pronunciarse por un sujeto procesal que no es parte del proceso, señalando a Marco Antonio Suarez Montero que se lo nombra al inicio del Auto de Vista, siendo su persona Marco Antonio Suarez Montenegro quien es representante de la empresa Karnak “Diseño y Construcción”, situación que generaría la falta de competencia de los vocales al confundir de sujeto en el proceso.

Por otro lado acusa que la nulidad dispuesta no fue reclamada oportunamente por los apelantes quienes esperaron hasta la emisión de la Sentencia para recién pedir la nulidad del proceso, lo cual sería improcedente en virtud a la aplicación de los art. 16 II 17 III ambos de la ley del Órgano Judicial y arts. 105, 106 y 107 II y III de la Ley Nº 439.

En consecuencia solicita que conforme al recurso de casación en el fondo se pueda casar la Resolución de Alzada, manteniendo lo dispuesto por la Sentencia calificando el pago de daños y perjuicios en Bs.- 11.232.362,85 en base a la prueba pericial.  En su caso conforme al recurso de casación en la forma se anule obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el Auto de Vista.

El presente recurso fue respondido por Eduardo Arteaga Rivera en representación de la Prof. Beni Veizaga Valverde Presidenta de COVI Proyecto “El Triunfo”, de la misma forma fue respondido por Pablo Aroldo Suarez Ruiz representante de Mutual “Paititi”, quienes concuerdan que el presente contrato es de índole administrativa y conforme a lo establecido en la Linea Jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia no se debería tramitar en instancia civiles sino conforme lo manda la ley.

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

El Auto Supremo Nº 190/2013 de 17 de abril, estableció que: “…El Tribunal Supremo de Justicia, ha emitido criterio y sentado una línea jurisprudencial considerando el carácter que revisten los contratos, se debe recordar que un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben, siendo el contrato un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones, rigiéndose por el principio de autonomía de la voluntad, según el cual, puede contratarse sobre cualquier materia no prohibida, perfeccionándose por el consentimiento y las obligaciones que nacen del contrato, tienen fuerza de ley entre las partes contratantes.

También corresponde precisar, que en función a los sujetos que intervienen en la relación contractual y el tipo de legislación que le es aplicable, por lo que  en los contratos privados, donde los sujetos intervinientes persiguen intereses particulares, y sus obligaciones y derechos se mantienen en un plano horizontal por la prestación recíproca que emana del contrato; esta relación contractual es propia del Derecho privado, y están regulados, corrientemente, por el Código Civil.

Por otro lado, se encuentran los contratos administrativos, donde interviene como sujeto contractual el Estado, mediante las instituciones que componen la Administración Pública, la relación contractual se ve compelida a la satisfacción de necesidades de carácter público, y no en base a negociación contractual, sino en base a parámetros ya descritos mediante un documento base de contratación y los términos de un contrato preestablecido razón por la cual su regulación pertenece al Derecho Administrativo.

Los contratos del Estado, están regidos predominantemente por el derecho público y con un régimen jurídico único. Estrictamente hablando, no hay contratos civiles de la Administración; en principio, todos son de derecho público, sometidos a reglas especiales. Como ya lo señalamos, los contratos de la Administración Pública se rigen predominantemente por el derecho público, pero los hay también regidos en parte por el derecho privado. Así, están más próximos al derecho civil más lejanos del derecho administrativo los contratos de cesión, permuta, donación, compraventa, mandato, depósito, fianza, transporte, contratos aleatorios. Por el contrario, están más cerca del derecho administrativo los contratos de empleo o función pública, empréstito, concesión de servicios públicos, concesión de obras públicas, obra pública y suministro.                                                       

Siendo primordial fijar la atención en ésta distinción, en consideración a que un contrato de carácter privado no es equiparable a uno de naturaleza administrativa, por las características y elementos que las componen, y en el caso, por el régimen jurisdiccional a la cual están expuestas al presentarse las controversias que deriven de ellas.

En ese antecedente es necesario efectuar precisiones referidas a la jurisdicción contenciosa-administrativa, entendiendo como su nombre indica, la referencia a una controversia con la Administración Pública y, esa contención o controversia se produce porque se considera que un acto administrativo es ilegal o ilegítimo, porque una actividad administrativa lesiona el derecho subjetivo de un particular.

La jurisdicción contenciosa administrativa ha sido instituida para establecer si la Administración Pública ha sujetado su actuación al principio de legalidad; la jurisdicción contenciosa-administrativa abarca, sin excepción, a todos los actos de la administración y en particular entratándose de controversias suscitadas a raíz de los contratos administrativos que celebra esta, la jurisdicción contencioso-administrativa, adquiere competencia para conocer y resolver dichas controversias en el marco del proceso contencioso, cuya regulación en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra comprendido en los arts. 775 del Código de Procedimiento Civil y art. 10 parágrafo I de la Ley Nº 212.

Inicialmente sólo se sometió el acto administrativo al control jurisdiccional de legalidad, luego dicho control se hizo extensivo a la actividad de la administración Pública, naciendo así la llamada jurisdicción contenciosa-administrativa como actualmente se la concibe y, con ello se profundizó el Estado de Derecho al predicarse la vigencia del principio de legalidad y de sujeción de la administración a la Ley.

Como se podrá apreciar, el proceso contencioso-administrativo ha evolucionado y pasó de ser un proceso al acto administrativo, para convertirse en un proceso de protección del derecho del particular frente a la actuación de la Administración Pública.

En definitiva, está el sólido sustento que la jurisdicción contenciosa-administrativa, es la jurisdicción especializada que tiene competencia para ejercer control jurídico sobre la actuación de la Administración Pública, arribando a la conclusión de que en las cuestiones referidas a la actuación de la Administración Pública corresponden a esa jurisdicción especializada y no a la ordinaria.

La evolución de la ciencia del derecho y por ende de la jurisprudencia en sujeción a lo determinado por la Constitución Política del Estado y los nuevos principios y valores en respuesta a los nuevos objetivos del Estado, y la prevalencia del interés público por encima del interés privado, este Tribunal Supremo de Justicia ha adoptado una línea jurisprudencial emitiendo Autos Supremos como los signados con los números 405/2012, 419/2012 entre otros, encaminados a determinar que las contenciones emergentes de contratos administrativos y su correcta vía de impugnación, partiendo de varias definiciones de contrato administrativo o contrato de la administración, entendido como la declaración de voluntades  productora de efectos jurídicos entre dos o más personas de las cuales una está en ejercicio de la función administrativa; resaltamos como características propias: a) el objeto del contrato administrativo vinculado directamente  al interés general, es decir, que la obra o el servicio cuya realización y prestación se persigue constituye precisamente la realización de los fines de la administración; b) la participación de un órgano estatal o ente estatal en ejercicio de la función administrativa y; c) las prerrogativas especiales de la administración en orden a su interpretación, modificación, ejecución y Resolución, particularidades y razonamientos que sirvieron de base para la emisión de los fallos referidos.

Finalmente con relación a este tipo de contratos es de hacer notar lo normado por el art. 47 de la Ley 1178, de 20 de julio de 1990 que establece: “Son contratos Administrativos aquellos  que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza”.

Bajo ese razonamiento y afirmada como está la existencia de la jurisdicción especializada contencioso-administrativo, y recordando que el contrato administrativo o contrato de administración (reconocido por el art. 47 de la Ley Nro. 1178), si bien tiene elementos comunes al contrato privado, empero tiene varias variantes que dependen de su contenido, de su fin de los distintos intereses que afecta y de su régimen jurídico propio. Como sostiene el autor Roberto Dromi, en su obra Derecho Administrativo; establecimos que en caso de controversias suscitadas a raíz de un contrato administrativo, la jurisdicción que deberá dirimir esa controversia, es la contencioso-administrativa.…”

IV.- FUNDAMENTATOS DE LA RESOLUCIÓN:

En el caso presente, la parte recurrente nos trae a consideración un ampuloso recurso de casación en el fondo y en la forma donde sus argumentos están orientados a objetar la valoración probatoria, la errónea aplicación del art. 253 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil, en relación a los arts. 452 1). 519, 732 I) y II), 1287 y 1289 del Código Civil, argumentado que el Tribunal de Alzada no consideró que el contrato es ley entre las partes firmantes y debido a ello debería corresponder el pago de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato de los demandados,  es más la parte recurrente efectúa un análisis  de cuestiones de fondo del proceso como valoración pericial que el Auto de Vista no entró a considerar, argumentos que están orientados a solicitar el pago de daños y perjuicios, que a criterio del recurrente llegaría a la suma de Bs.- 11.232.362,85.  Aspectos de fondo que sin duda no fueron analizados por el Tribunal de Alzada, autoridad que se circunscribió a considerar la línea jurisprudencia referente a que la jurisdicción civil no tiene competencia para la tramitación de contenciones derivadas de contratos administrativos, en otras palabras, el Tribunal de Alzada determinó y delimitó la competencia de la jurisprudencia civil estableciendo de manera clara y precisa que no correspondía ser tramitado en esta jurisdicción dicho proceso, teniendo la parte recurrente las vías legales para exigir lo que en derecho le corresponda.

Siguiendo ese fundamento que se encuentra ampliamente respaldado en la jurisprudencia nacional y en nuestra normativa legal vigente, el recurrente, si no estaba de acuerdo con la determinación asumida por el Tribunal Ad quem, tenía el deber de demostrar con hechos concretos, claros y precisos que la argumentación vertida por el de Alzada no era la correcta, aspecto que no acontece en el presente recurso, el cual está orientado a mantener la decisión en Sentencia con la modificación de que se determine el pago por daños y perjuicios en la suma indicada supra, aspecto que no corresponden conocer ni resolver en esta instancia, debido a la falta de competencia que cuenta la jurisdicción civil en cuestiones derivadas de contratos administrativos.

Por otro lado, la parte recurrente en su recurso de casación en la forma, trae a consideración denuncias fútiles -que a decir de Eduardo Couture-, para satisfacer "pruritos formales" que no están orientados a objetar lo esencial de la determinación asumida por el Tribunal Ad quem, al ser así lo denunciado referente a que el Auto de Vista se pronunció por un sujeto procesal que no fue parte del proceso judicial, que los apelantes de manera inoportuna objetaron la falta de competencia del Juez A quo, no serán considerados en la Resolución, porque, sencillamente no están dirigidos a cuestionar y a demostrar que la jurisdicción civil sea la competente en la tramitación del presente proceso. No sin antes, indicarle al recurrente que la competencia es de orden público e improrrogable en razón de materia, no pudiendo ser convalidada por el consentimiento de las partes, por disposición expresa del art. 122 de la Constitución Política del Estado que refiere: "Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley."

En un caso similar se emitió el Auto Supremo Nº 190/2013 de 17 de abril que fue base para que el Tribunal de Alzada determinara su incompetencia en la presente causa, toda vez que resulta ser análoga a lo debatido en la litis; no estando objetada dicha determinación en términos claros y precisos, menos específicos las infracciones o violaciones que hubiese cometido el Tribunal de Alzada respecto a la argumentación de la jurisdicción competente; por lo que corresponde aplicar lo dispuesto en el art. 220.I num. 4) en relación con el art. 274.I num. 3) ambos del Código Procesal Civil (Ley Nº 439).

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.I num. 4) en relación con el art. 274.I num. 3) ambos del Código Procesal Civil (Ley Nº 439), declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 1072 a 1083 y vta., interpuesto por Marco Antonio Suarez Montenegro contra el Auto de Vista Nº 041/2015, de fs. 1046 a 1049 y vta., de 27 de febrero, pronunciado por la Sala Civil Mixta del R. Tribunal Departamental de Justicia del Beni. Con costas y costos.

Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs.- 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani