TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

  S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 177/2016

Fecha: 03 de marzo 2016

Expediente: SC-76-15-S

Partes: Carlos Aranda c/ María Eugenia Pacheco Martínez.  

Proceso: Cumplimiento de obligación

Distrito: Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 205 a 207 y vta., interpuesto por María Eugenia Pacheco Martínez contra el Auto de Vista Nº 115/2014 de 11 de junio, cursante de fs. 202 a 204, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de Cumplimiento de obligación seguido por Carlos Aranda contra María Eugenia Pacheco Martínez, la respuesta al recurso de fs. 211 y vta., la concesión de fs. 212, los antecedentes del proceso, y;

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

I.1. El Juez Noveno de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz dictó la Sentencia Nº 77/2013 de 28 de octubre, cursante de fs. 167 a 169, declarando I. Probada en parte la demanda de fs. 5 a 6 interpuesta por los demandantes, solo en lo que corresponde al cumplimiento de la Tramitación de los desistimientos por parte de la demandada, e Improbada respecto del pago de multa y resarcimiento de daños. II En su mérito se dispone que, la demandada María Eugenia Pacheco Martínez, en el plazo máximo de quince días a partir de la ejecutoria de la presente Sentencia, cumpla con la tramitación de los desistimientos a los que se hace referencia en el documento de fs. 1 a 2, bajo prevenciones de imponerse la multa pactada de $us. 100.- por cada día de retraso. III. Sin costas para las partes.

I.2. Resolución de primera instancia que es apelada por la parte demandante Carlos Aranda, mediante escrito de fs. 171 a 173 y vta., y por la parte demandada María Eugenia Pacheco Martínez, mediante escrito de fs. 176 a 180 y vta, que mereció el Auto de Vista Nº 115/2014 de 11 de junio, cursante de fs. 202 a 204, que en lo relevante fundamenta que las partes por documento de fecha 10 de diciembre de 2010 acordaron pactar que la hoy demandada María Eugenia Pacheco Martínez al día siguiente de la suscripción del documento sábado 11 de diciembre de 2010 se comprometía a desocupar el bien inmueble descrito en la cláusula primera que habitaba con su familia, previo pago de la suma acordada, así se deja ver al momento de interponerse la demanda, lo cual no fue objeto de demanda; que la hoy demandada se comprometió a presentar en el plazo de 24 horas el desistimiento de la apelación y casación de la tercería que se hallaba radicada en el Juzgado Segundo de Partido en lo Civil, y retirar la demanda de nulidad y anulabilidad de acuerdo transaccional radicada en el Juzgado Tercero de Partido en lo Civil, para lo cual se estableció una multa en caso de incumplimiento de $us. 100.- por día de retraso, situación que no fue cumplida por la hoy demandada; que es evidente que la tramitación y resolución de declaratoria de desistimiento de ciertos actos procesales y el retiro de una acción judicial no se puede realizar en un tiempo record de 24 horas como se estableció en la cláusula del referido documento, que de la lectura del documento base de la demanda no se ha establecido plazo alguno para su cumplimiento de lo acordado en la cláusula tercera, siendo así el demandante conforme al art. 311 del Código Civil debió exigir de forma inmediata a la demandada el cumplimiento de lo pactado, conminando a ésta su cumplimiento bajo prevenciones de mora de acuerdo al art. 340 del sustantivo civil, para que de esta manera la obligación sea exigible y adquiera virtualidad las penalidades que se hubieran previsto por el incumplimiento, lo cual no ha existido, por lo que la imposición de multas previstas en el contrato no es aplicable; que si bien los contratos son ley entre partes, la parte que haya incumplido tenía el deber de cumplir la prestación debida en la forma pactada, y al haber cumplido la hoy demandada parcialmente, dicha obligación no cumplida es exigible en los términos del art. 311 del Código Civil; que del análisis de la sentencia se evidencia que el A quo de acuerdo a los datos procesales ha cumplido a cabalidad su calidad de director del proceso conforme al art. 87 del Código de Procedimiento Civil, cuando ha velado por la efectividad del derecho a la seguridad jurídica; y que la presente acción por la materia y naturaleza del proceso corresponde su conocimiento al Juez de Partido en lo Civil y Comercial, mismo que tiene competencia para conocer la presente acción conforme al art. 134 de la Ley de Organización Judicial; por lo que en ese antecedente Confirma la Sentencia apelada y el Auto de fecha 15 de febrero de 2013.

I.3. Resolución de Alzada que es recurrida de casación en la forma y en el fondo por la parte demandada, que obtiene el presente análisis.

II. DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA:

De las presuntas infracciones que expone la parte recurrente, se extrae en calidad de resumen lo siguiente:

1. Acusa violación del derecho al debido proceso en su componente del derecho al Juez Natural que implica la incompetencia del Juez ordinario en lo civil.

En el presente caso de Autos, el Tribunal solo se pronuncia respecto a este punto, sin tomar en cuenta la existencia de una relación matrimonial entre el demandante y su persona y que la misma está siendo revisada, procesada por el Juez Cuarto de Partido de Familia, lo que significa que el demandante es su cónyuge en matrimonio de hecho que fue declarado judicialmente mediante sentencia de fecha 18 de septiembre de 2008, la misma que se encuentra ejecutoriada, aspectos fundamentales que el Tribunal no tomó en cuenta y prosiguió en la vía civil, cuando dicho contrato es la base de la contestación en el proceso de división y partición de bienes. En tal sentido, se prosigue por la vía civil, como si existiesen deudas pendientes entre particulares, sin revisar de que se trata de dos personas que tuvieron relación de cónyuges, siendo reconocido su matrimonio de hecho y luego de aquello también se lleva adelante su separación y precisamente la división de los bienes comunes, este aspecto es el que el Tribunal no tomó en cuenta y dictó Resolución siendo que no tenía competencia para aquello, por consiguiente se han vulnerado las normas sustantivas que señala.

En tal sentido además que las normas familiares son de orden público, tomando en cuenta que la controversia versa precisamente sobre un contrato de fecha 10 de diciembre de 2010, donde prácticamente establecen aspectos de la separación, puesto que el fin era resolver mediante dicho documento un asunto familiar y es de esta forma que la demanda de división y partición de bienes comunes es contestada en fecha 10 de octubre de 2012 por el demandante, donde además ya existe el Auto de Vista de 20 de  octubre de 2011, donde se produjo un conflicto de competencia, dicho Tribunal determinó que sea el Juez ordinario familiar el que resuelva sobre la división de bienes comunes adquiridos durante la unión libre, por consiguiente es dicha autoridad la que debe resolver sobre la presentación del desistimiento.

2. Denuncia falta de fundamentación, violación a la norma procesal art. 236 y 253 inc. 1) del Código de Procedimiento Civil.

En el recurso de apelación formulado, se tiene que realizó tres motivos que hacen a su recurso de apelación, sin embargo, examinado el Auto de Vista de 11 de junio de 2014, solo se pronuncia respecto a la excepción de incompetencia en razón de materia, sin pronunciarse respecto a la falta de valoración de prueba de hecho y de derecho, menos a la aplicación indebida de la ley, lo que no solo implica una falta de motivación de dicho Auto de Vista, sino una flagrante vulneración al art. 115, 117 y 119 de la C.P.E., porque de ninguna manera se le puede dejar en indefensión, ya que el no pronunciarse de manera puntual a los puntos expuestos en su recurso de apelación, implica una aplicación indebida de la ley, violación de sus derechos fundamentales, que implican vulneración del debido proceso en su componente del derecho a la defensa y a la falta de fundamentación de su Auto de Vista, por consiguiente ha vulnerado normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio previsto en el art. 236 del C.P.C.

En ese entendido el Tribunal de Alzada ha llegado a aplicar indebidamente la ley, puesto que no se ha pronunciado sobre aspectos que fueron cuestionados en su recurso de apelación. Al respecto señala la ratio decidendi del A.S. Nº 76 de 10 de abril de 1997.

Por lo expuesto, solicita anular obrados hasta el Auto de fecha 15 de febrero de 2013 de fs. 88, debiendo dictar otro Auto disponiendo declarar probada la excepción de incompetencia remitiendo obrados al Juez Cuarto de Partido en lo Familiar, quien es la competente y que conoce el presente caso, sea conforme a lo previsto en el art. 336 inc. 1 y 13 del C.P.C.

II.3. De la respuesta al recurso de casación:

Del contenido de la memoria de contestación al recurso de casación, en lo pertinente y esencial se resume lo siguiente:

1. La parte actora refiere que el recurso de casación de los recurrentes es “inidóneo”, es defectuoso pues no se adecua ni cumple con lo previsto por el art. 258 del C.P.C., no cita la Sentencia o Auto de Vista del cual se recurre y lo más grave es que no cita su folio dentro del expediente y más bien cita las de fs. 71 a 73, y 88 del expediente, lo cual genera dudas e incertidumbre, no se sabe de qué Resolución está recurriendo de casación, faltando al principio de certeza que obligadamente debe tener este recurso por lo que al estar viciado no puede ser admitido ni concedido el citado recurso de casación.

2. El recurso de casación en la forma argumentado en el punto I, primer motivo, la recurrente indica “violación al debido proceso en su componete al Juez natural”, lo cual resulta equivoco pues el Juez natural es el Juez del lugar donde ocurrieron los hechos criminales, importando el argumento de este recurso incompetencia en razón de territorio, no así en razón de materia, NO CONSTA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO, SOLO ESTA ANUNCIADO Y NO FUNDAMENTADO resultando totalmente oscuro y contradictorio por lo que pide la no concesión de este defectuoso recurso y en su caso sea infundado.      

III. DE LA DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

Tomando en cuenta que el recurso de casación que se analiza se denuncia que se produjo un conflicto de competencia porque el Juez ordinario familiar debe resolver sobre la división de bienes comunes adquiridos durante la unión libre, y que existe omisión de respuesta y vulneración del debido proceso en su componente del derecho a la defensa y la falta de fundamentación del Auto de Vista y violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, por lo que solicita anular obrados hasta el Auto de fecha 15 de febrero de 2013 de fs. 88; respecto a esta problemática se desarrolla la doctrina aplicable al caso.

III.1. Respecto a la incompetencia del juez ordinario en lo civil:

Respecto al tema, este Tribunal mediante Auto Supremo Nº 491/2012 de 14 de diciembre, ha razonado que: “De lo manifestado precedentemente se establece que, siempre que exista una cuestión familiar de la cual dependa la cuestión civil, la competencia debe ser reconocida al Juez de Familia. En el caso de demandas que buscan invalidar actos de disposición de bienes comunes de uno de los cónyuges, sin el consentimiento del otro, será competente el Juez de Familia, siempre que previamente resulte necesaria la determinación del carácter común del bien objeto de la disposición, pues, es posible que en algunos casos particulares tal determinación ya esté dada, como por ejemplo a través de una Sentencia de divorcio ejecutoriada que, con carácter previo a la demanda de invalidez, hubiese reconocido el carácter ganancialicio del inmueble en cuestión, o cuando el título de adquisición del inmueble se encuentra registrado a nombre de ambos cónyuges, en cuyos casos no es necesario que previamente la jurisdicción familiar defina el carácter común del bien, razón por la que el Juez competente para conocer y resolver la demanda de invalidez resultará ser el Juez de materia Civil”.

En el Auto Supremo Nº 554/2015L de 15 de julio, respecto a la competencia del juez ordinario en lo civil ha señalado que: “En relación a la falta de competencia, traída a consideración en casación, se debe indicar que el art. 380 del Código de Familia establece “(COMPETENCIA) La competencia de los jueces de partido o instrucción familiar se determina por la naturaleza del asunto o por razón del territorio, conforme a las disposiciones del presente Código.

En caso de plantearse una cuestión civil que dependa de otra familiar será competente para conocer de ella el juez de familia.”

En el marco de lo normado en el indicado artículo, se entiende que toda cuestión civil se tramitará en la competencia familiar, siempre y cuando dependa de esta vía; en el caso de autos la parte recurrente demandó la anulabilidad del contrato de transferencia de un bien inmueble registrado en Derechos Reales en la Matricula Nº 7011990046750 a nombre de su ex esposa como bien propio, consignada en la minuta de transferencia de fecha 05/05/ 2003.  Pretensión que así expuesta,  no requiere, con carácter previo, se dilucide dicho trámite en la vía familiar, no resulta necesario acudir a la competencia familiar porque la naturaleza del presente asunto se centra en demostrar si existió engaño y dolo para “sonsacarle los títulos de propiedad” situación enteramente civil que no depende de una familiar.  Por otro lado, dicho bien inmueble no pertenece a la comunidad de bienes gananciales, como para presumir que dependa el presente tramite de la vía familiar, situaciones fácticas que no se subsumen a lo determinado por el art. 380 del Código de Familia.

En ese entendido, la falta de competencia traída a consideración en instancia casacional no resulta fundada…”.

III.2. Respecto a la omisión de respuesta:

En el Auto Supremo Nº 441/2014 de 08 de agosto este Tribunal al referirse a la falta de respuesta a los agravios deducidos en apelación concreto lo siguiente: “Asimismo, ante la falta de respuesta o pronunciamiento por el Tribunal de alzada a los agravios denunciados en su memorial de apelación, no le correspondía activar en forma directa el recurso de casación, sino de hacer uso del recurso de complementación y enmienda toda vez que aún contaba con el deber de agotar las vías legales antes de interponer nueva demanda de puro derecho como es el recurso de casación, conforme establece el art. 239 del Código de Procedimiento Civil (Explicación y Complementación) que dispone: "Las partes, dentro del plazo fatal de veinticuatro horas, podrán hacer uso del derecho que les otorga el artículo 196, inciso 2) siendo aplicable la disposición del artículo 221”.

Razonamiento reiterado en el Auto Supremo Nº 890/2015-L  de 6 de Octubre, donde en relación a la omisión de respuesta e infracción del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, se señaló: “En relación a su denuncia de omisión de respuesta, de inicio debemos señalar que correspondía a la parte ahora recurrente activar previamente su derecho de explicación y complementación, en el marco del art. 239 del Código de Procedimiento Civil, al no haber procedido así, su derecho conforme al principio de convalidación ha precluido”.

IV. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Estando interpuesto el recurso de casación en la forma como en el fondo, se pasa a resolver el mismo en el orden que fue interpuesto.

1. Sobre su acusación de violación del derecho al debido proceso en su componente del derecho al Juez Natural que implica la incompetencia del Juez ordinario en lo civil.

Al respecto, corresponde referir que del “documento privado reconocido de compromiso de desocupación de inmueble y firma de desistimientos” de fecha 10 de diciembre de 2010 que suscriben María Eugenia Pacheco Martínez y Carlos Aranda (fs. 2 a 3 y vta.), se conoce que en lo relevante María Eugenia Pacheco Martínez se obliga y se compromete a desocupar el inmueble referido en la cláusula primera conjuntamente con su hija y todos sus familiares el día sábado 11 de diciembre de 2010, dejándolo completamente libre, deshabitado y expedito, retirando únicamente los enseres, objetos y bienes que son de su exclusiva propiedad, no pudiendo retirar mercaderías, muestrarios, muebles ni objetos que son de propiedad de la Distribuidora CRISTEMBO, seguidamente la misma contratante se compromete a que en el término de 24 horas procederá a suscribir y tramitar los desistimientos de la acción y del derecho y a desistir de la apelación y casación de la tercería que tiene incoada en el Juzgado 2do. de Partido en Materia Civil y a retirar la demanda de anulabilidad de acuerdo transaccional radicado en el Juzgado 3ro. de Partido en Materia Civil asumiendo las costas. Si bien, en la penúltima y última cláusula hacen constar su absoluta conformidad con la disolución y cancelación del matrimonio de hecho que le une con Carlos Aranda, el mismo que se llevará a cabo por acuerdo mutuo de ambas partes, declarando su conformidad con las cláusulas precedentes y su obligatorio cumplimiento, empero, este documento en ninguna parte de su contenido hace referencia a los bienes comunes de la relación de hecho ni hace constar la división o partición de los mismos o que en su caso el bien inmueble a desocupar se trataría de bien común perteneciente a la comunidad de gananciales, como para presumir que dependa el presente trámite de la vía familiar, sino que en lo principal simple y llanamente acuerdan la desocupación y entrega del inmueble particular al Sr. Luís García Checa previo pago de la suma ya acordada y aceptada por ambas partes, situaciones fácticas que no se subsumen a lo que disponía el art. 380 del Código de Familia y en la actualidad al art. 222.I y II  de la Ley Nº 603.

Ahora bien, de la demanda de fs. 5 a 6 interpuesta por la parte actora se infiere que la misma amparada en los arts. 519 y 532 del Código Civil, en su pretensión ha concretado el cumplimiento del contrato, es decir la presentación de los desistimientos y retiros de demanda, y el pago emergente del importe de la multa en la suma total de $us. 68.000 más el resarcimiento de los daños causados. De donde se conoce que su pretensión no se ha centrado en la calidad de los bienes gananciales o su posterior división y partición, o en su caso en las convenciones asumidas sobre el importe total de dicha comunidad -lo que ciertamente por su naturaleza correspondería dilucidar al juez de familia-, sino en el cumplimiento del contrato civil y las consiguientes emergencias del mismo. Pretensión que así expuesta, no requiere, con carácter previo, se dilucide dicho trámite en la vía familiar, por lo que no resulta necesario acudir a la competencia familiar porque la naturaleza del presente asunto se centra en demostrar si existió o no incumplimiento en la presentación de los desistimientos y los retiros de demanda, situación enteramente civil que no depende de una cuestión familiar como se hubo desarrollado en el sub punto III.1, del apartado III. (De la Doctrina aplicable al caso concreto).

Es más, del acta de confesión judicial provocada de la ahora demandada María Eugenia Pacheco Martínez, prestada en la demanda de separación y desvinculación de unión libre o de  hecho que le hubo seguido Carlos Aranda a María Eugenia Pacheco Martínez en el Juzgado Primero de Partido de Familia, se conoce que la misma confesó que su separación data de fecha 10 de diciembre de 2008 (fs. 79 a 82), es decir que la relación de hecho de las partes concluyó en dicha fecha. En consecuencia, el contrato suscrito en fecha 10 de diciembre de 2010 es posterior a la disolución del vínculo concubinario que hubo concluido en fecha 10 de diciembre de 2008, por lo que dicho contrato se constituye en una relación jurídica entre particulares y no entre “cónyuges” como pretende hacer ver la parte ahora recurrente.

Es decir, se trata de una acción personal, y no precisamente de una división y partición de bienes gananciales, por lo mismo no existe necesidad de dilucidar los aspectos cuestionados ante el juez de familia, porque estos corresponden a la jurisdicción ordinaria civil, en consecuencia las determinaciones asumidas por los Tribunales de instancia se encuentran enmarcadas en derecho. Lo que hace infundado el agravio denunciado.  

2. Sobre su denuncia de falta de fundamentación, violación a la norma procesal art. 236 y “253 inc. 1) del Código de Procedimiento Civil”, vinculada a su denuncia de omisión de respuesta.

En relación a este agravio, corresponde manifestar que al advertir la ahora recurrente que el Auto de Vista omitía pronunciarse sobre alguna de sus pretensiones deducida en apelación, en el marco del art. 239 del Código de Procedimiento Civil, tenía en el término establecido por ley la oportunidad de hacer uso del derecho que le otorgaba el art. 196 num. 2) del mismo adjetivo, esto es de su derecho de explicación y complementación, al no haber procedido así su derecho a precluído, conforme actualmente también así dispone el art. 226 parágrafos III y V del Código Procesal Civil. Lo que hace impertinente el agravio denunciado.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal emitir fallo en la forma prevista por el art.  220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I, num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 205 a 207 y vta., interpuesto por María Eugenia Pacheco Martínez contra el Auto de Vista Nº 115/2014 de 11 de junio, cursante de fs. 202 a 204, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.