TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A  C I V I L




Auto Supremo: 176/2016

Santa Cruz: 03 de marzo 2016

Expediente: SC-79-15-S

Partes: Cristóbal Candia Espinoza y Primitiva Mamani Ruíz. c/ Nico Cuellar

            Calle, Delia Laura Siles, Juan Calle Arraya y presuntos propietarios.  

Proceso: Usucapión.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 265 a 267, interpuesto por Cristóbal Candia Espinoza y Primitiva Mamani Ruíz contra el Auto de Vista Nº 177/2015 de 01 de abril de 2015, cursante de fs. 261 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Santa Cruz, en el proceso ordinario de Usucapión seguido por Cristóbal Candia Espinoza y Primitiva Mamani Ruíz contra Nico Cuellar Calle, Delia Laura Siles, Juan Calle Arraya y presuntos propietarios, la respuesta al recurso de fs. 271 a 272 y vta., la concesión de fs. 273, los antecedentes del proceso, y;

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

I.1. El Juez Décimo Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz dictó la Sentencia Nº 109/2014 de 08 de septiembre de 2014, cursante de fs. 218 a 219, declarando Improbada la demanda principal planteada por Cristóbal Candia Espinoza y Primitiva Mamani Ruíz.

I.2. Resolución de primera instancia que es apelada por la parte demandada, mediante escrito de fs. 224 a 226, que mereció el Auto de Vista Nº 177/2015 de 01 de abril de 2015, cursante de fs. 261 y vta., que en lo relevante fundamenta que no existe errónea interpretación de la ley ni aplicación indebida de la misma, pues se encuentra demostrado en obrados que los demandantes ingresaron al bien inmueble en calidad de tolerados; que si bien las nulidades acusadas por el  hoy recurrente no fueron resueltas luego de su planteamiento, esta omisión no fue reclamada oportunamente; que no es evidente que la sentencia impugnada vulnere el principio de congruencia de las resoluciones, y en todo caso los errores numéricos acusados debieron haber sido reclamados para su subsanación vía enmienda y complementación; y que los vicios de nulidad acusados no cumplen con los principios de especificidad y trascendencia; por lo que en ese antecedente Confirma totalmente la Sentencia apelada.

I.3. Resolución de alzada que es recurrida de casación en la forma y en el fondo por la parte demandada, que obtiene el presente análisis.

II. DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA:

De las infracciones acusadas por los ahora recurrentes, se extrae en calidad de resumen lo siguiente:

1. Denuncian “mala aplicación” de los arts. 89 y 90 del Código Civil, porque ingresaron al terreno de forma pacífica, porque hicieron un contrato de préstamo verbal de dinero, con el demandado Nico Cuellar Calle que por falta de pago les entregó en forma definitiva el terreno como pago de la deuda contraída por sus personas, de tal modo que su posesión inicial se transformó en posesión propia, por más de 28 años, plazo transcurrido en forma pública, libre y continuada, haciendo viable la aplicación del art. 138 del CC, porque el A quo no valora la prueba e interpreta que están ocupando a nombre de Nico Cuellar Calle como tolerados, por el contrario  han probado su posesión por cuenta propia sin perturbación, entonces, lo argumentado en la sentencia y el Ad quem al confirmar el fallo constituye un agravio acusado por errónea interpretación de la ley y aplicación indebida de la misma del art. 87 del CC., otro de los actos que denotan que son poseedores por su propia cuenta, es que han incorporado los servicios de luz a su nombre desde el momento que ejerció la posesión, prueba que hace fe de acuerdo al art. 1313 y 1318.I-2 del CC, lo que demuestra su condición de poseedor como estipula el art. 93 del CC. La demandada Delia Laura manifiesta que nunca vivió ni estuvo en posesión del bien inmueble (confesión fs. 192 a 193) cosa que el A quo no valoró las pruebas por lo que acusa de falta de valoración de pruebas como corresponde en cumplimiento del art. 192-2) del CPC, por lo menos debieron ambas instancias verter presunción legal sobre los documentos probatorios y concluir su posesión por cuenta propia sobre el inmueble, por lo que acusan inobservancia del art. 1318 del CC; a los efectos de la sustanciación de su casación en el fondo, acusan asimismo, haber invertido el valor probatorio de dichos documentos y de la confesión de la demandada de fs. 192 a 193, en aplicación del art. 1284 del CC., y al momento de decidir sobre sus pruebas, no las han apreciado conforme a su propia valoración, conculcando el art. 1286, en contrario debieron admitirlas como contundentes y aplicar el art. 1289 del CC., haciendo la procedencia de su casación en el fondo y en la forma, según los arts. 253-1, 3 y 254-4 del CPC, violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley (en relación a la casación en el fondo) y por no haberse pronunciado a nuestras pretensiones de usucapir, debiendo haberse aplicado a nuestro favor el art. 138 del CC, por lo que acusamos violación de las formas esenciales del debido proceso.

2. Acusa que las nulidades acusadas no fueron resueltas desde el momento que las advirtió oportunamente, lo que es reiterado por el Ad quem.

La parte demandada no ofrece sus pruebas oportunamente, a fs. 148 el Juez anula obrados hasta fs. 105, dicha parte sin notificarse presenta memorial de ofrecimiento de pruebas fuera de término (fs. 149 y 150), faltando al art. 139 y 377 del CPC, normas que acusa de violadas, y el Juez les concede “ultrapetitamente”, faltando a la norma del art. 3, inc. 1) y 3) del CPC, cometiendo un error de forma, al conceder más de lo pedido en violación del art. 254-4) del CPC, con esto se puede evidenciar que hay un error de hecho por faltas en la diligencias declaradas esenciales, por lo que toda la prueba de contrario esta fuera de norma (testifical y confesión provocada), nulidad de dichas actuaciones que responden al art. 17 inc. I-II de la Ley 025 y art. 3 num. 1) y 3), que fueron reclamadas en su apelación que no resolvieron.

3. Denuncia que el Juez de primera instancia incurrió en error al habilitar las pruebas de contrario que fueron presentadas extemporáneamente. De lo que se explica que el fallo es incongruente, porque el fallo no alcanza a la valoración de sus pruebas y se apoya en la presunción de la prueba de contrario que es nula de pleno derecho, ya que al haberse pronunciado “dos trabas” de relación procesal con una de las cuales contrarios ofrecieron pruebas el mismo día en que se notificaron contraviniendo el art. 140 y 379 del CPC, sin estar notificados los demás sujetos procesales, el A quo las admitió violando el art. 381 del CPC, error que fue advertido oportunamente por sus personas, pero continuó el proceso con dicha anomalía, ameritando la nulidad de todo lo actuado. Por otra parte, el A quo señala una posesión viciosa de acuerdo al art. 135 del CC, que es violenta o clandestina, pero no expresa ningún fundamento jurídico para sustentar, resultando de una arbitraria e ilegal presunción, ya que ni los contrarios aportaron prueba idónea que haga congruente el criterio formulado por el A quo y confirmado por el Ad quem, que ha incurrido en el flagrante error de no revisar los errores procedimentales en la revisión de oficio y consiguiente nulidad de obrados que le faculta el art. 17 de la LOJ, normativa especial que acusa de inobservada.

4. Acusa que no existe ninguna prueba que permita entrever que sus personas hubieran empleado violencia en su posesión o que hubieran sido interrumpidos o perturbados, por el contrario, existe prueba plena que es avalada por Laura Delia en su confesión, que nunca vivió en el inmueble y tiene como domicilio en el Departamento de Cochabamba, y es más cuando viene a Santa Cruz, se aloja en la calle Aroma donde una amiga, y que tampoco manifiesta que hubo violencia en el terreno en cuestión, entonces refiere de qué forma o prueba el A quo adquirió evidencia de su posesión viciosa, por lo que acusa de violado el art. 87 y 93 del CC.

Por otro lado, el A quo manifiesta que al existir un proceso ordinario que tienda a la restitución de la posesión del inmueble a su propietario y que dicha demanda interrumpe el plazo de la prescripción, es una auténtica aberración que viola toda forma de derecho, puesto que el proceso al que se refiere no cursa en obrados, y aunque así fuera, se trata de una litis entre personas ajenas a ellos, por lo que no les alcanza no implica perturbación, porque no se encuentra dirigida contra sus personas, resultando ser una incuestionable presunción ilegal y arbitraria del juzgador, resultando que el A quo se extralimitó utilizando dichas circunstancias para declarar improbada su demanda de usucapión, inobservando el art. 138 del CC que acusan como inobservada, pidiendo su aplicación por el Supremo Tribunal, en la valoración total y general del cuaderno procesal.

5. Denuncia que el Juez manifiesta que las declaraciones de cargo y de descargo no llegan a alterar las confesiones judiciales efectuadas por los demandantes, confesión judicial que debería ser rechazada por no ser válido las pruebas y la producción de prueba de contrario, ya que estas deberían ser rechazadas de hecho, tal como lo señala el art. 379 del CPC, que acusa de violado, y que el Juez debería dar el impulso procesal de oficio y cumplir el principio de legalidad, por lo que procedería la nulidad.

Por lo expuesto, interponen recurso de casación en la forma, en el fondo y de nulidad, según los arts. 253, 254, 252 del CPC, y solicita anular obrados hasta el vicio más antiguo y se ordene se dicte nuevo fallo, observando y aplicando las normas acusadas como violadas.

II.3. De la respuesta al recurso de casación:


Del contenido del memorial de contestación al recurso de casación, en lo pertinente y esencial se resume lo siguiente:


La parte actora refiere que los recurrentes traen hechos nuevos porque en la ampliación y modificación de la demanda no indican que Nico Cuellar les entregó el bien inmueble, asimismo que todo contrato de transferencia de un bien inmueble necesariamente debe hacerse por un documento público lo que los demandantes nunca han probado su existencia, y en la demanda y correspondiente ampliación de la misma afirman que fue Juan Calle Araya a quien le otorgaron el supuesto préstamo, por lo tanto nadie puede disponer de una cosa de la cual no sea propietario y por lo tanto dicho acto jurídico es ilícito y antijurídico, antecedentes de la acción que son contradictorios y falsos, de igual manera se olvidan de los actos procesales que se ha hecho para que desocupen dicho inmueble, por lo que siempre han sido tolerados dentro del bien inmueble por uno de los propietarios del mismo, y por lo tanto el Juez de la causa no ha malinterpretado o invertido la prueba y peor aún la norma aplicada para dicho acto, por lo que nunca han estado en quieta y pacífica posesión del inmueble el cual ha estado incluso objeto de un proceso ordinario de divorcio y posterior división y partición entre propietarios, por lo que el Tribunal de Alzada ha aplicado correctamente el art. 89 y 90 del CC., ya que no puede adquirir la posesión mientras su título no se cambie; por otra parte hacen hincapié en lo establecido por el art. 1313 y 1318 inc. 2 del CC, con relación a la eficacia de los documentos, se imaginan que se refiere al documento o contrato de préstamo de dinero que nunca presentaron por lo tanto no se puede considerar plenamente una prueba que no existe.


Con relación al agravio de las nulidades procesales, refiere que los demandantes en su desesperación intentan una vez más confundir al Tribunal con actos procesales que ya han precluído, porque las resoluciones judiciales son recurribles dentro de las etapas y términos establecidos, pues el recurso de casación no es la instancia para redundar en ese sentido, no es evidente que se haya pasado por alto ciertos actos estrictamente procesales, por lo que solicita se declare improcedente el recurso planteado con costas.

     

III. DE LA DOCTRINA APLICABLE AL CASO:


Tomando en cuenta que el recurso de casación que se analiza denuncia vicios procedimentales e incongruencia peticionando como sanción la nulidad de obrados, asimismo cuestiona la determinación asumida por los de instancia sobre la prescripción adquisitiva y posesión alegada que hubo demostrado con los medios de prueba que refiere; respecto a esta problemática se desarrolla la doctrina aplicable al caso.


III.1. Respecto a la nulidad procesal:


La uniforme línea jurisprudencial trazada por éste Tribunal ha superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento de las formalidades o el acaecimiento de un vicio procesal buscando simplemente resguardar las formas previstas por la ley procesal, “hoy en día, lo que en definitiva interesa, es analizar si realmente se transgredieron las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes en litigio y que a la postre derive en una injusticia”; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en conflicto hagan valer sus derechos dentro del marco del debido proceso y en un plano de igualdad de condiciones ante un Juez natural y competente; esta posición de ningún modo implica desconocer los principios que rigen las nulidades procesales, tales como el de especificidad o legalidad, trascendencia, convalidación entre otros, más por el contrario deben ser acatados y cumplidos dichos principios; dentro de esa corriente se configura precisamente el espíritu de los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y de los arts. 105 y 106 de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil; criterio reiterado en los Autos Supremos Nº 223/2013 de 6 de mayo, Nº 336/2013 de 5 de julio, Nº 78/2014 de 17 de marzo, y Nº 514/2014 de 8 de septiembre, entre otros.


III.2. Respecto a la congruencia de las resoluciones:


Con relación a la congruencia de las resoluciones judiciales en segunda instancia, la SC 0816/2010-R de 02 de agosto, citando a su vez a la SC 0670/2004-R de 04 de mayo, refirió que: “…se debe tener en cuenta  que la sustanciación de las demandadas en materia civil se sujetan a las normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio para las partes, conforme establece la norma prevista en el art. 90 del CPC. En ese orden de cosas, el art. 236 del CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieren sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el juez o tribunal ad quem, no puede omitir pronunciarse sobre los puntos apelados como tampoco ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad este expresamente prevista por ley…”.

III.3. Respecto a la prescripción adquisitiva y posesión alegada:

En el Auto Supremo Nº 410/2015 de 09 de junio, respecto a la usucapión decenal se ha señalado que: “el art. 138 del Código Civil preceptúa que “La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años”; asimismo el art. 87 del mismo sustantivo civil establece que la posesión es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real, de igual forma, este artículo señala que una persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa, entendiéndose como detentador, a los inquilinos, anticresistas, usufructuarios u ocupantes, quienes por su condición de transitorios, no ejercitan posesión por si mismos sino para el propietario o verdadero poseedor del bien; además, resulta pertinente indicar que para la procedencia de la pretensión de usucapión decenal o extraordinaria que fue planteada por la recurrente, se deben cumplir con ciertos requisitos que son necesarios, es decir, que deben concurrir los dos elementos de la posesión, que son: el corpus, que es la aprehensión material de la cosa y, el animus, que se entiende como el hecho de manifestarse como propietario de la cosa, posesión que debe ser pública, pacífica, continuada e ininterrumpida por más de diez años; elementos que la diferencian del resto de las figuras jurídicas como la detentación, ocupación y otros que solo constituyen actos de tolerancia que no fundan posesión. Con relación a la detentación, el art. 89 del Código Civil, señala que: “Quien comenzó siendo detentador no puede adquirir la posesión mientras su título no se cambie, sea por causa proveniente de un tercero o por su propia oposición frente al poseedor por cuenta de quien detentaba la cosa alegando un derecho real. Esto se aplica también a los sucesores a titulo universal”. En consecuencia de lo examinado se colige que para la procedencia de la usucapión no solo es necesario acreditar la ocupación física del bien inmueble por más de diez años, sino demostrar la posesión efectiva del bien inmueble por más de diez años con la concurrencia de los dos elementos de la posesión que son: el corpus y el animus, además que dicha posesión ha sido ejercitada de manera pública, pacífica, continua e ininterrumpida”.

Por su parte el Auto Supremo Nº 484/2014 de 29 de agosto ha establecido que: “En la posesión, el poder material que se ejerce sobre el bien se sustenta en la voluntad libre e independiente de usar o aprovechar económicamente el bien como si se tratara del propietario, es decir, sin que se reconozca dominio ajeno sobre el mismo, es precisamente esa actitud lo que marca la diferencia entre la posesión y la tenencia; en ésta última el poder o relación material de la persona con el bien, que se usa o aprovecha, está mediado por dependencia o subordinación a la voluntad de otro sujeto, lo que equivale a sostener que se reconoce dominio ajeno sobre el bien y se somete al mismo”.

Asimismo, sobre la “interversión” del título de detentador a poseedor la jurisprudencia concretada por la ex Corte Suprema de Justicia y con el que este Tribunal Supremo comparte criterio en el A.S. Nº 196 de 8 de junio de 2002, ha señalado que el precarista no puede usucapir en ningún tiempo: “para usucapir en forma extraordinaria o decenal según la legislación abrogada o la vigente, la ley exige esencialmente la posesión continuada e ininterrumpida con calidad “animus domini” de modo de quien ingresa como precarista o detentador, mientras no cambie su título que lo habilite como poseedor no puede usucapir en tiempo alguno...”.


De igual manera, en el Auto Supremo Nº 537/2013 de 24 de octubre se ha especificado que: “Cuando una persona posee por si misma o por otra un derecho propio se llama simplemente poseedor y cuando dicha posesión la ejerce en nombre de otra persona o respetando el derecho de otra persona se llama simplemente detentador de la cosa… (Las negrillas son nuestras)”.

III.4. Respecto a la valoración de la prueba:

El Auto Supremo Nº 410/2015 de 09 de junio, ha señalado que: “…es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. En esta tarea jurisdiccional, la examinación de la prueba es de todo el universo probatorio producido en proceso, siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia”.


IV. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Estando interpuesto el recurso de casación en la forma y en el fondo, se pasa a absolver el mismo en el orden que fue interpuesto.

1. En este primer acápite la parte ahora recurrente acusa la infracción de normas sustantivas y adjetivas, denunciando “mala aplicación” de los arts. 89 y 90 del Código Civil, errónea interpretación de la ley y aplicación indebida del art. 87 del mismo sustantivo, falta de valoración de pruebas en cumplimiento del art. 192-2) del Código de Procedimiento Civil, inobservancia del art. 1318 del Sustantivo Civil, que se ha invertido el valor probatorio de los documentos y de la confesión de la demandada, conculcación de los arts. 1284, 1286, y 1289 del Código Civil. Solicitando en definitiva la procedencia de su casación en el fondo y en la forma, según los arts. 253-1), 3) y 254-4) del Código de Procedimiento Civil, violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley (en relación a la casación en el fondo) y por no haberse pronunciado sobre sus pretensiones de usucapir, debiendo haberse aplicado a su favor el art. 138 del Código Civil, por lo que acusan violación de las formas esenciales del debido proceso.

De la relación precedentemente efectuada, se evidencia que la parte recurrente en el presente punto, fundamenta sus infracciones de forma y de fondo de modo general e incoherente en una misma relación de hechos, denunciando en una misma infracción indistintamente error “in judicando” así como error “in procedendo”, confundiendo de esta manera la naturaleza jurídica de estos errores la misma que difiere sustancialmente, porque si bien ambos errores pueden ser denunciados en un mismo memorial de recurso, empero ello no significa que una infracción pueda fundarse indistintamente en error “in judicando” y error “in procedendo”, pues de modo general una infracción de forma no puede dar lugar a la casación, como tampoco una infracción de fondo puede fundar nulidad, por lo mismo el impugnante que recurría de casación o nulidad durante la vigencia del Código de Procedimiento Civil debía dar imperativo cumplimiento a las causales de procedencia establecidos por los arts. 253 y 254 y a los requisitos de procedencia previsto por el art. 258-2) del Código de Procedimiento Civil, y en la actualidad se debe dar estricto cumplimiento a los arts. 271-I y II y 274-I-3 del Código Procesal Civil, extremos con los cuales no cumple el presunto agravio en examen, lo que hace manifiestamente impertinente el mismo.

2. Sobre su denuncia de que las nulidades acusadas no fueron resueltas desde el momento que las advirtió oportunamente, lo que es reiterado por el Ad quem.

Al respecto, corresponde referir que al advertir los ahora recurrentes que los vicios procesales que hubieron acusado no fueron resueltos oportunamente, o que la misma les causaba agravio, les correspondía al respecto en el término establecido por ley impugnar dicha resolución con los recursos que la ley les franquea, al no haber procedido así, su derecho conforme al principio de convalidación ha precluído.   

Asimismo, al advertir que el Auto de Vista omitía pronunciarse sobre alguna de sus pretensiones deducida en apelación, en el marco del art. 239 del Código de Procedimiento Civil aplicable en ese entonces al caso de autos-, y en el término establecido por ley tenía la oportunidad de hacer uso del derecho que le otorga el art. 196 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil, esto es de su derecho de explicación y complementación, al no haber procedido así su derecho también ha precluído, conforme actualmente dispone el art. 226 parágrafo III y V del Código Procesal Civil.

3. Sobre su denuncia incoherente de que el Juez de primera instancia incurrió en error al habilitar las pruebas de contrario que fueron presentadas extemporáneamente, vinculado a su denuncia de incongruencia del fallo.

En el marco del principio de conservación de los actos, de antecedentes que hacen a la presente causa se evidencia que el A quo por Auto de fs. 148, anuló obrados hasta fs. 105 inclusive, esto es hasta el estado de dictar nuevo Auto de Relación Jurídica procesal, dejando sin efecto los dos Autos anteriores (fs. 105 y 107), por lo que en el mismo Auto que declara la nulidad, seguidamente se establece la relación jurídica procesal de las partes y se fija los puntos de hecho a demostrar, actuado jurídico procesal con el cual son notificados las partes conforme se evidencia de fs. 152 a 153, sin embargo, este Auto no es impugnado menos objetado por la parte ahora recurrente, por lo que por memorial de fs. 154 la parte demandada ratifica el ofrecimiento de pruebas de fs. 149 a 150, señalándose al efecto audiencia de testigos y de confesión judicial, conforme se evidencia del decreto de fs. 155, actuado jurídico que tampoco es objetado por dicha parte. De donde se infiere que los co-demandados en tiempo oportuno ratificaron el ofrecimiento de pruebas, esto es, luego de haberse notificado con el Auto de relación procesal, por lo que no es evidente su denuncia de presentación extemporánea e incongruencia del fallo que realiza la parte ahora recurrente.

En relación a su acusación genérica de que no se expresa ningún “fundamento jurídico” para sustentar la arbitraria e ilegal presunción de una posesión viciosa, y que se ha incurrido en el flagrante error de no revisar los errores procedimentales; corresponde manifestar que al advertir la falta de fundamento jurídico sobre la ilegal presunción asumida por los Tribunales de instancia le correspondía al respecto activar su derecho de explicación y complementación, por otra parte, al advertir vicios procesales en la tramitación de la causa, en el marco del principio dispositivo y en caso de considerar que le causaban agravio, les correspondía a los ahora recurrentes denunciar oportunamente dichas infracciones, estableciendo la trascendencia de las mismas, al no haber procedido así su derecho de conformidad a los parágrafos I y III del art. 17 de la Ley de Organización Judicial y al principio de convalidación ha precluído,.

4. Sobre su acusación de que no existe ninguna prueba que permita entrever que sus personas hubieran empleado violencia en su posesión o que hubieran sido interrumpidos o perturbados, por el contrario, existe prueba plena que es avalada por Delia Laura Siles en su confesión, vinculada a su denuncia de violación de los arts. 87 y 93 del Código Civil e inobservancia del art. 138 del mismo sustantivo civil.

4.1. Si bien, el art. 138 del Código Civil preceptúa que “La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años”, asimismo el art. 87 del mismo sustantivo civil establece que: “La posesión es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real. II. Una persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa”.

Sin embargo, el art. 89 del Código Civil, señala que: “Quien comenzó siendo detentador no puede adquirir la posesión mientras su título no se cambie, sea por causa proveniente de un tercero o por su propia oposición frente al poseedor por cuenta de quien detentaba la cosa alegando un derecho real…”; entendiéndose por detentador, a los inquilinos, anticresistas, usufructuarios u ocupantes, quienes por su condición de transitorios, no ejercitan posesión por si mismos sino para el propietario o verdadero poseedor del bien.

En consecuencia de lo examinado se colige que para la procedencia de la usucapión no solo es necesario acreditar la ocupación física del bien inmueble por más de diez años, sino que quien alega posesión debe  acreditar también que ha “intervertido” su título y demostrar la posesión efectiva del bien inmueble por más de diez años con la concurrencia de los dos elementos de la posesión que son: el corpus y el animus, además que dicha posesión ha sido ejercitada de manera pública, pacífica, continua e ininterrumpida; elementos que la diferencian del resto de las figuras jurídicas como la detentación, ocupación y otros que solo constituyen actos de tolerancia que no fundan posesión.

4.2. En la especie, la parte actora en su demanda de fs. 10 y vta., ampliada a fs. 29 y vta., refiere que hace más de 18 años que Juan Calle Arraya les entregó el bien inmueble motivo de litigio en pago de una deuda contraída con sus personas, empero este extremo a objeto de acreditar su buena fe en la posesión que alega no es demostrado con prueba alguna; contrariamente, de las actas de confesión judicial provocada de fs. 187 a 188, y de fs. 188 vta., se conoce que los actores Primitiva Mamani Ruíz y Cristóbal Candia Espinoza a su turno confiesan: “Si fue el Sr. Nico Cuellar, me dijo que yo viva en el lote”, “…entramos con autorización de Nico Cuellar, hace 18 años atrás”, confesiones que tenían el valor legal establecido por el art. 404 parágrafo I del Código de Procedimiento Civil, y en la actualidad conforme dispone el art. 157-II de la Ley Nº 439, considerada además como prueba tasada por el valor probatorio que le otorgan los arts. 1321 y 1323 del Sustantivo Civil y que según Alsina: “basta por sí sola para considerar acreditados los hechos litigados, sin buscar más elementos de juicio”, la misma que además se encuentra corroborada por la declaración testifical de fs. 199 donde el testigo de cargo refiere: “…nunca hubo un préstamo…solamente les autorice para que ocupen y vendan comida, solo para que ocupen la entrada y la acera, no para que vivan ahí…yo siempre llegaba ahí, nunca hablamos del lote, yo les pedía que no hagan problema, y ellos decían que no había problema…Si la conocen a doña Delia, siempre venía a visitar el lote…”, y la confesión provocada de fs. 193 y vta, donde la co-demandada Delia Laura Siles refiere: “…cuando yo venía a Santa Cruz, la vi a la Sra. Primitiva a quien me presenté y me identifique como dueña del lote, y ella me dijo que solo iba a vender comida y después se había hecho una casuchita y así se entró a mi lote”.

De donde se infiere que los demandantes ingresaron al bien inmueble objeto de litigio en calidad de tolerados, es decir en calidad de detentadores de los propietarios ahora demandados, si bien con la prueba testifical de cargo (fs. 176 a 177) la parte actora acredita que ante la ausencia de los propietarios continuaron “viviendo” en el bien inmueble, empero los mismos continuaron detentando la propiedad en favor de los referidos propietarios porque en momento alguno acreditan con prueba idónea y fehaciente el ánimus possidendi o intención de actuar por su propia cuenta, como si se trataran de legítimos propietarios.

En relación a lo anterior corresponde aclarar además que los propietarios del inmueble por el simple hecho de su condición de propietarios del mismo, poseen el corpus y el animus aunque no ejerzan la posesión del mismo y en virtud de esa condición han otorgado la detentación del inmueble a los recurrentes, y aunque los demandantes refieren que han ejercido la ocupación del inmueble durante más de dieciocho años, lo han hecho en su condición de detentadores.

4.3. Por otra parte, si  bien los ahora recurrentes con los recibos de fs. 1 a 6 y de fs. 132 y 158, correspondientes a pagos por concepto de servicios de energía eléctrica y agua potable de los meses de abril de 1995, noviembre y diciembre de 1998, de junio a agosto y de noviembre de 1999, y de abril de 2000, pretenden acreditar su posesión, sin embargo, estos formularios no se constituyen en prueba idónea y fehaciente que acredite posesión a título personal, porque de la revisión de dichos formularios se conoce que se encuentran a nombre de tercera persona y en su caso no acreditan que corresponda al bien inmueble motivo de litigio, lo que les resta credibilidad.

Ahora bien, conforme se conoce de la prueba documental fs. 46 a 52 relativa al proceso de nulidad de documento seguido por Delia Laura Siles contra Nicolás Cuellar Calle, donde consta en ejecución de sentencia el acta de audiencia de sorteo de los bienes de fecha 19 de marzo de 2003, y de acuerdo al informe pericial se sorteó el bien inmueble objeto de litio en dos partes: el Lote 16-A le correspondió a Delia Laura Siles y el lote 16-B le tocó a Nico Cuellar Calle, y en este último lote que le toco a Nico Cuellar Calle existe una construcción en una extensión de 100 mts.2 con un valor de $us. 14.049, según informe pericial, por lo que Nico Cuellar Calle debía devolver a Delia Laura Siles el 50% de dicho costo, en mérito a este antecedente las partes posteriormente registraron su derecho propietario; lo que se encuentra ratificado por el informe avalúo de fs. 116 a 117, y la declaración testifical de fs. 199 vta. donde el testigo refiere: “A la Sra. Primitiva la conozco cuando la Sra. Delia la llevó para hacer el avalúo y doña Primitiva nos permitió el acceso y nos facilitó el trabajo para un proceso de División y Partición de bienes en fecha febrero de 2000…para la realización de la mensura me cooperó la Sra. Delia de hacer la medición de estos ambientes, en el cual se encontraba la Sra. Primitiva, quien gentilmente nos hizo acceder al inmueble, también puedo indicar de que existía charla entre la Sra. Delia a doña Primitiva, preguntándole de cuando iba a desocupar el inmueble, la cual indicaba en un año…la Sra. Primitiva, ella nos accedió a la propiedad para realizar los trabajos dichos anteriormente…Nadie se opuso, fueron gentiles y la que me ayudó a hacer el trabajo fue la Sra. Delia porque no tenía ayudante…”, asimismo la denuncia penal de fs. 53 acredita que los actores conocían estos actos y la carta notariada de fs. 54 que se constituye en un acto perturbador de la posesión, acredita que los titulares del bien inmueble en reiteradas oportunidades solicitaron la desocupación del bien inmueble, de igual manera las fotografías de fs. 109 a 110, y las literales de fs. 118 a 125, 165 a 167, acreditan actos de dominio y del ejercicio de la titularidad por parte de los propietarios y consentidos por los demandantes, durante las gestiones 2000, 2004, 2005, 2009, 2010 y 2011, que conforme al principio de comunidad de la prueba se encuentran ratificadas por la primera fotografía de fs. 35, por la prueba documental de fs. 27, por las declaraciones testificales de cargo de fs. 199 a 200 que atestan que la demandante visitaba el bien inmueble, como de descargo de fs. 177 que refiere que “a ella no la ha visto viviendo pero que la ha visto por fuera”, por el acta de inspección judicial de fs. 198 y vta. donde se hace constar que la co-demandada tenía acceso libre a su inmueble, así como por el acta de confesión de la co-demandada Delia Laura Siles de fs. 193 y vta. que refiere que: “En ningún momento he vivido pero si yo entraba y salía…es decir no he vivido pero continuamente he estado en posesión…quiero remarcar que nosotros le pusimos el letrero de Lote en Venta con la referencia de mi teléfono…”.

De donde se infiere que los propietarios han realizado actos de dominio y de disposición sobre el bien inmueble objeto de litigio, actos que han sido consentidos por los demandantes reconociendo de esta manera la titularidad de los co-demandados y de consiguiente su calidad de detentadores del bien inmueble motivo de litigio, que asimismo, en la especie los recurrentes no han demostrado que su situación de detentadores se ha interve rtido por el de poseedores, con ningún hecho concreto que demuestre dicho cambio, por lo que a pesar del tiempo transcurrido como ocupantes en el inmueble, no han creado certeza en los Tribunales de instancia que hubiera cambiado su situación con actos contundentes, resultando peligroso el abuso del derecho por parte de los recurrentes para adquirir un derecho real que jurídicamente no les corresponde, lo que hace infundado el agravio denunciado.

5. En relación a su denuncia de que no son válidas las pruebas y la producción de prueba de contrario, ya que estas deberían ser rechazadas de hecho, tal como lo señala el art. 379 del Código de Procedimiento Civil, que acusa de violado, por lo que procedería la nulidad.

En relación a este agravio corresponde remitirnos a la primera parte del punto 3 del presente apartado IV (Fundamentos de la Resolución), porque las pruebas ofrecidas por la parte co-demandada, fueron admitidas en tiempo oportuno, por lo mismo, correspondían ser consideradas por los de instancia en el marco de la ley.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal emitir fallo en la forma prevista por el art.  220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I, num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 265 a 267 de obrados, interpuesto por Cristóbal Candia Espinoza y Primitiva Mamani Ruíz contra el Auto de Vista Nº 177/2015 de 01 de abril de 2015, cursante de fs. 261 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Santa Cruz. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.-


Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.