TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L 




Auto Supremo: 1403/2016

Sucre: 05 de diciembre 2016

Expediente: CB-70-16-S

Partes: Santos Arrazola Sandoval e Irene Sandoval de Arrázola. c/ Marina

            Zambrana Arteaga.

Proceso: Mejor derecho propietario.

Distrito: Cochabamba.


VISTOS: El recurso de casación  en la forma y en el fondo  de fs. 293 a 295 vta., de obrados interpuesto por  Marina Zambrana Arteaga contra el Auto de Vista  de fecha 18 de abril de 2016 cursante de fs. 288 a 290 pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de Mejor derecho propietario, seguido por Santos Arrazola Sandoval e Irene Sandoval de Arrázola contra Marina Zambrana Arteaga, la respuesta al recurso de fs. 299 a 302 de obrados,  la concesión del recurso de fs. 303, los antecedentes del proceso; y:


I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Tramitado el proceso, el Juez de Partido Décimo Primero en lo Civil de la Capital pronunció Sentencia con Partida Nº 12, de 11 de febrero de 2010, cursante de fs. 160 a 168 vta., declarando PROBADA la demanda de fs. 47 a 51 y la excepción de falsedad opuesta en contra de la reconvencional, IMPROBADA la demanda reconvencional de fs. 70 a 72, consiguientemente declara el mejor derecho de propiedad a los demandantes sobre el bien inmueble registrado en la Oficina de Derechos Reales bajo las partidas 1895 y No 1225 del Libro Primero “A” de propiedades de la capital de 1973 y 1996, respectivamente; asimismo dispuso la cancelación de la inscripción contenida en la Partida Nº 593 del Libro Primero “B” de Propiedades de la Provincia Cercado de 1994 a nombre de Marina Zambrana Arteaga y la cancelación de todas las inscripciones posteriores a sus registros así de todos los gravámenes que pesan sobre dicho bien.


Fallo que es recurrido de apelación por parte de la demandada y como consecuencia de la misma se emite el Auto de Vista de fs. 207 a 209, por el que ANULA la Sentencia apelada disponiendo que se dicte nuevo fallo observando el régimen y principios constitucionales y legales señalados en la Resolución de Vista, fallo que es recurrido en casación por la parte demandada, emitiéndose el Auto Supremo Nº 633/ 2013, de fecha 11 de diciembre de 2013, cursante de fs. 242 a 244 de obrados, por el cual se declaró INFUNDADO el recurso de casación en la forma con costas.


Emitida la nueva Sentencia Nº 25/2015, de fecha 4 de mayo de 2015, cursante de fs. 260 a 271 y vta., (foliación incorrecta), declaró PROBADA en parte la demanda de mejor derecho propietario cursante a fs. 47 a 51 PROBADA con relación a la pretensión principal de mejor derecho, extinción de registro en Derechos Reales, ratificación de registros e IMPROBADA, respecto a la cancelación de todos los gravámenes que pesan sobre el bien inmueble objeto del litigio, de igual forma IMPROBADA la demanda reconvencional de nulidad, mejor derecho y reivindicación cursante de fs. 70 a 72 PROBADA la excepción perentoria de falsedad opuesta contra la acción reconvencional mediante memorial de fs. 75 -76 e IMPROBADA, la excepción de falta de acción y derecho interpuesta contra la demanda. Sin costas por ser proceso doble y en consecuencia se declaró el mejor derecho propietario de Santos Arrazola Sandoval e Irene Sandoval Rojas de Arrazola, sobre el bien inmueble con una superficie de 916 Mts2., ubicado en la calle Tarija de la ciudad de Cochabamba, registrado en la Oficina de Derechos Reales a fs. 1025 y Ptda. Nº 1895 del Libro Primero “A” de propiedad de la ciudad Capital en fecha 13 de diciembre de 1973, a fojas 1025, Partida No 1896 del Libro primero “A” a fojas 1225, Ptda. Nº 1225 del Libro Primero “A” de propiedad de la ciudad Capital en fecha 5 de junio de 1996. Así como se ratifica dichos registros en la oficina de Derechos Reales, debiendo en consecuencia notificarse al registrador de Derechos Reales y por Secretaría franquearse el correspondiente testimonio de la Sentencia en tercero día de su ejecutoria. Asimismo dispone la extinción de la inscripción en Derechos Reales del registro  de fojas y Pdta. No 593 del Libro Primero “B” de propiedad de la Provincia Cercado en fecha 23 de febrero de 1994 a nombre de Marina Zambrana Arteaga. De igual forma se dispone la extinción de todas las inscripciones posteriores a sus registros. Debiendo en ejecución de Sentencia notificarse al Registrador de Derechos de Cochabamba y con su resultado expedirse el testimonio correspondiente.


Contra la Sentencia la demandada Marina Zambra Arteaga interpuso recurso de apelación cursante de fs. 273 a 275 vta., en cuyo mérito la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emitió el Auto de Vista Pdta. Nº 43 de fecha 18 de abril de 2016, cursante de fs. 288 a 290 de obrados por el cual CONFIRMÓ totalmente la Sentencia apelada con costas a la parte recurrente, con los fundamentos siguientes: Con relación al régimen de las nulidades procesales, se ha reiterado y explicado en los arts. 105 al 109 del Código procesal Civil, de modo que la conducta de los jueces debe estar circunscrita a esas estipulaciones legales a la luz del mismo este Tribunal concluye que no existe mérito en la pretensión de la parte apelante en primera instancia no ha dirigido la demanda contra todas las personas que cita en su apelación, lo que equivale a consentir que estos no tienen ya interés legítimo en su criterio implícito en su acción reconvencional, que justifique se los llame a intervenir en este juicio y por otro lado cuando el Juez de la causa negó que se cite con su acción reconvencional a otros que no sean los demandantes la parte apelante se sometió a esa determinación cuando podía impugnarla con los argumentos que ahora expone en su recurso al no haberlo hecho caduco su derecho procesal de impugnar con ese argumento y tomando en cuenta que la Sentencia pronunciado no afecta los derechos de ninguna persona que no sean los que intervienen como demandantes y demandados se concluye que no existe mérito alguno para declarar la nulidad procesal.


Sobre la revocatorio planteada vemos que la apelante cuestiona la valoración de la prueba documental hecha por el Juez al momento de emitir la Sentencia, al respecto corresponde señalar que la valoración de la prueba hecha por el Juez resulta ser incensurable aún en casación y solo podrá revisarse si en la Alzada se alegare que dicha labor ha infringido las reglas de la sana critica, la experiencia y la a lógica, lo cual debe ser expuesto en forma clara y expresa indicando el error y señalando cómo debía valorarse la hecho, hecho que la parte apelante no cumple con esa carga de apelar y se limita a señalar de modo subjetivo y sin especificación alguna que sus títulos cumplen con el tracto sucesivo y no cómo se equivocó el Juez de la causa y como los títulos de los demandantes derivan de un testamento no registrado, esta omisión impide la apertura de la competencia del Tribunal de segunda instancia, el cual solo puede pronunciarse sobre los puntos apelados contenidos en la resolución impugnada que hubieran sido expresamente fundamentados ya en error in iudicando o ya in procedendo, lo que impide a este tribunal de Alzada ingresar a realizar esa labor, pues no le es lícito analizar aspectos del juicio que no hubieren sido expresamente objetados.

Resolución de Vista que fue objeto de recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por la demandada Marina Zambrana Arteaga, cursante de fs. 293 a 295 vta., el cual se analiza:


II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:


Del contenido del recurso de casación se extraen los siguientes reclamos:

En la forma:


1.- Refiere que se violo el art. 67 concordante con el art. 194 del Código de Procedimiento Civil porque se debió integrar a la Litis a Miguelina Rojas Vda. de Vargas, José Cadima Ponce y Rosa Pardo de Cadima, Hilda, María Carlota y Ángel Alfonso Cadima Tapia en calidad de Litis consorcio necesario, respecto a la demanda reconvencional de nulidad del testimonio Otorgado por el Notario Público de Tacna Perú, así como la nulidad del testimonio  No 357, otorgado ante el Notario Jesús Salazar porque ante una eventual nulidad de los títulos previstos en la acción reconvencional sus derechos se verán afectados.


2.- Denuncia que la disposición consignada en el por tanto referida a la extinción de la inscripción en Derechos Reales sobre el bien inmueble motivo del presente proceso es ultra petita, en ese sentido lo que se solicito es la cancelación de inscripciones y no precisamente la extinción, habiéndose violado también el art. 190 del Código de Procedimiento Civil ya que este punto fue objeto de apelación y no mereció ningún pronunciamiento por el Tribunal Ad quem.  


                                                                                                                                                                       

En el fondo:


1.- Acusa la vulneración del art. 1545 del Código Civil, porque indica que el Juez A quo  solo se limitó a realizar una comparación de las fechas de los registros de los títulos de los demandantes en relación con sus títulos, siendo que el título de los demandantes data del 13 de diciembre de 1973, en cambio mi título indica que su registro es de 23 de febrero de 1994, sin embargo la jurisprudencia prevé que se debe realizar toda la tradición más antigua delimitar el mejor derecho propietario, siendo que en el tracto sucesivo exigido por la Ley de inscripción de Derechos Reales, en cambio los títulos de los demandantes derivan de un Testamento que nunca fue registrado en Derechos Reales y los títulos de los demandantes derivan de un testamento que nunca fue registrado en Derechos Reales, lo que a su vez genera la nulidad de todos los títulos que derivan del testamento expedido en Tacna.

  

De la Respuesta al Recurso de Casación.-


Los demandantes refieren que no existen motivos para que se decrete la nulidad procesal toda vez que la parte apelante no ha dirigido la demanda contra todas las personas que cita en el recurso de apelación, sin embargo la nulidad solo procede ante irregularidades reclamadas oportunamente en la tramitación del proceso, este régimen de nulidad se ha reiterado en los art. 105 al 109 del Código Procesal Civil. Asimismo señala que cuando el Juez de instancia negó la citación con su acción reconvencional a otros que no sean los demandantes, la parte apelante no hizo uso de ningún medio legal sobre dicha reclamación,  no pudiendo pretender ahora  que el Tribunal de Alzada se pronuncie sobre aspectos no reclamados  oportunamente, al margen de ello la Sentencia no afecta derechos de terceras personas que no sean las que intervienen en el proceso.


El Auto de Vista dictado contiene una secuencia de datos para llegar a la conclusión de que no existe fundamentación de agravios como elemento esencial para abrir la competencia del Tribunal, limitándose su recurso de apelación a una comparación de fechas de registro de nuestros títulos, cuando de acuerdo a la jurisprudencia existente en nuestro país se debe tener en cuenta  la tradición más antigua del título, porque es este instituto el que delimita el mejor derecho propietario sobre el bien inmueble motivo de la Litis.


En el caso del recurso de casación interpuesto el mismo carece de requisitos señalados en el CPC., pues se limita a señalar nuevamente una transcripción de todo lo ocurrido en el proceso, sin ningún asidero legal, siendo necesario que para la procedencia del recurso de casación cumplir con las causales que se encuentran establecidas en el art. 253 del Código Procesal, en el sub lite el recurrente manifiesta que al interponer el recurso de casación que el Juez de primera instancia no ha valorado la prueba, no siendo evidente tal afirmación.

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- De la Nulidad Procesal de Oficio.-

En el Auto Supremo No 327/2016 de fecha 12 de abril se orientó: “Conforme el art. 106 del Código Procesal Civil, que hace mención a que el Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, disposición aplicable al presente caso conforme a la disposición transitoria segunda de la mencionada ley, por lo que se pasa a efectuar una revisión de oficio del proceso en cuestión en aplicación del principio de eficacia, contenido en el art. 180.I de la CPE., que deben contener las resoluciones         judiciales.

Por otra parte el art. 17 par. I) de la Ley 025 señala: “La revisión de actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley”, en este entendido, a los Tribunales aún les es permisible la revisión de las actuaciones procesales de oficio, sin embargo, esa facultad está limitada a aquellos asuntos previstos por ley, entendiendo, que el régimen de revisión no es absoluto, sino limitado por factores legales que inciden en la pertinencia de la nulidad para la protección de lo actuado, por lo que en el caso de que un Juez o Tribunal advierta algún vicio procesal, este en virtud del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria al tomar una decisión anulatoria.

III.2.- De  la Facultad de producir prueba de Oficio.-

El art. 378 del Código Procesal Civil dispone: El Juez dentro del periodo probatorio o hasta antes de la sentencia, podrá ordenar de oficio declaraciones de testigos, dictámenes de peritos, inspecciones oculares y toda la prueba que juzgare necesaria y pertinente”,  precepto normativos aplicables al caso, por cuanto establecen la facultad de los jueces y Tribunales de producir prueba de oficio esto en procura de llegar a la verdad material de los hechos y lograr la emisión de resoluciones eficaces, que se materializan precisamente por el cumplimiento de los principios reconocido por la Constitución Política del Estado.

Es en este entendido que este Supremo Tribunal de Justicia a orientado a través de diversos fallos (Autos Supremos Nros. 690/2014, 889/2015 y 131/2016) que en este nuevo Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía al Juez o Tribunal ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, ya que ahora los jueces y Tribunales deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que según lo regulado por el art. 378 del Código Procesal Civil, el Juez o Tribunal tiene la posibilidad incluso más amplia (por el principio de verdad material art. 180 de la C.P.E.), de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tiene su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso, por lo que en conclusión, el Juez tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales.

Razonamiento que tiene sustento en diversos fallos constitucionales que fundamentaron sobre el nuevo Estado Constitucional de Derecho que hoy rige la en la justicia boliviana entre ellas podemos citar a la S.C.P., Nº 0112/2012 de 27 de abril (hito) que señaló: “…la constitución de 2009, inicia un constitucionalismo sin precedentes en su historia, que es preciso comprender para construir, hilar una nueva teoría jurídica del derecho boliviano, en una secuencia lógica que va desde la comprensión de este nuevo derecho hasta los criterios para su aplicación judicial. Esto debido al nuevo modelo de Estado ínsito en el texto constitucional… con un rol preponderante de los jueces a través de su labor decisoria cotidiana.”. Lo que significa que en este nuevo Estado Social Constitucional de derecho, la primacía de la Constitución desplaza a la primacía de la ley, exigiendo de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción a la ley, en aplicación primaria de los principios y valores constitucionales

Así también, acudiendo al derecho comparado la Sentencia T-264/09 de la Corte Constitucional de Colombia, desarrolla la verdad material realizando un análisis, minucioso respecto a este principio y la función de Juez en la averiguación de la verdad, señalando: “…es posible distinguir dos tendencias: una que preconiza que el proceso civil mantenga un carácter plenamente dispositivo, y otra que propugna por dar pleno alcance a las facultades oficiosas del juez, incluidas aquellas de carácter inquisitivo para la determinación de los hechos. La primera tendencia concibe al proceso exclusivamente como un mecanismo para la resolución pronta y definitiva de los conflictos sociales mediante la composición de los intereses en pugna, en tanto que la segunda lo concibe como una instancia destinada a lograr la vigencia y efectividad del derecho material.

La verdad, desde el primer punto de vista no resulta relevante e, incluso, puede convertirse en un obstáculo para la composición de conflictos dentro de términos temporales estrictos, pues supone (i) el alejamiento de posiciones intermedias que permitan soluciones sencillas y prácticas, o que lleven a un acuerdo para la terminación del proceso basado más en la conveniencia que en la verdad, y (ii) implica un desgaste de recursos, lo que disminuye la eficacia y eficiencia del proceso.

Desde el segundo punto de vista, en cambio, se considera que una decisión solo es justa si se basa en un soporte fáctico que pueda considerarse verdadero. En este sentido, la verdad es un fin del proceso, y la solución de conflictos solo se considera adecuada si se lleva a cabo mediante decisiones justas, basadas en un fundamento fáctico confiable y veraz.”.

En este entendido ninguna decisión judicial puede considerarse razonablemente correcta o justa, si se funda sobre una comprobación errónea o parcial de los hechos que hacen al fondo del proceso, la decisión es correcta si se pone fin al conflicto estando fundada sobre criterios legales y racionales, ya que en todo proceso la solución de conflictos es compatible con la búsqueda de la verdad, ya que una resolución que no se fundamente en la veracidad de los hechos viene a generar una desconfianza generalizada hacia órgano judicial y un riesgo para mantener la armonía social, por lo que el compromiso del Juez es con la verdad y no con las partes del proceso, pues tiene como instrumento para llegar a esta verdad material, la facultad de decretar pruebas de oficio, por ello la producción de pruebas de oficio en equidad no afecta la imparcialidad del Juez, ya que estas pruebas de oficio que determinen la verdad real de los hechos pueden favorecer a cualquiera de las partes sin que esto signifique limitar el derecho de defensa y contradicción que tiene la otra parte, pues el Juez solo debe buscar la verdad real de los hechos manteniendo firme su imparcialidad en la aplicación del principio de verdad material al caso concreto.

III.3.- De la Acción mejor derecho Propietario.-

Al respecto, corresponde señalar que el art. 1545 del Código Civil Dispone que: “Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquiriente que haya inscrito primero su título”.

La línea jurisprudencial asumida por este Tribunal, ha orientado en el Auto Supremos Nº 588/2014 de 17 de octubre que: “para la procedencia de la acción de mejor derecho propietario respecto a bienes sujeto a registro, se requiere de tres condiciones o requisitos a ser cumplidos: 1.- Que el actor haya inscrito en el Registro Público su título de dominio sobre el bien que ostenta su derecho propietario con anterioridad a la inscripción del título de dominio que tuvieren otros adquirentes del mismo bien; 2.- Que el título de dominio del actor y del demandado provengan de un mismo origen o propietario, y 3.- La identidad o singularidad del bien o cosa que se demanda de mejor derecho de propiedad”. Asimismo en el Auto Supremo Nº 618/2014 de 30 de octubre se razonó que:”…sobre dicho articulado este Tribunal emitió el Auto Supremo N° 89/2012 de 25 de abril, que estableció: “…una acción de reconocimiento de mejor derecho propietario, el presupuesto esencial, radica en la identidad de la cosa, respecto a la cual dos o más personas reclaman derecho de propiedad; en otras palabras, la acción de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, supone necesariamente la existencia de una misma cosa, cuya titularidad es discutida por dos o más personas…”la norma de referencia establece el hipotético de que en el caso de que existan dos o más personas con título de propiedad sobre un mismo bien adquiridos de un mismo vendedor, la norma concede el derecho al que ha registrado con prioridad su título, esa es la regla; empero de ello, de acuerdo a la concepción extensiva de la norma de referencia, también debe aplicarse a los hipotéticos de presentarse dos o más personas que aleguen ser propietarios de un mismo bien inmueble, que pese de no haber adquirido el inmueble (predio) del mismo vendedor, sino que cada uno de estos propietarios hubieran adquirido el bien inmueble de distintos vendedores y cuyos antecesores también ostenten título de propiedad, caso para el cual se deberá confrontar el antecedente dominial de cada uno de estos propietarios y su antecesores, con el objeto de verificar de que se trate de los mismos terrenos (total o parcialmente), para verificar cuál de los títulos de propiedad fue registrado con prioridad en el registro de Derechos Reales y por otra también corresponderá analizar si el título alegado por las partes mantiene o no su validez, para de esta manera otorgar el mejor derecho de propiedad, sea en forma total (cuando los títulos de las partes se refieran a la misma superficie) o en forma parcial (cuando los títulos de las partes solo hayan coincidido en una superficie parcial)”. Es decir, que para resolver sobre una pretensión de mejor derecho de propiedad el presupuesto es que existan dos títulos de propiedad válidos sobre un mismo inmueble, en cuyo mérito corresponde al juzgador definir cuál de los titulares debe ser preferido por el derecho, provengan ambos títulos de un mismo vendedor común o no, y tengan o no un mismo antecedente dominial.

En este mismo sentido se ha orientado a través del Auto Supremo Nº 408/2015 de 9 de Junio que: “…para que proceda el mejor derecho propietario, señalando además reglas de como los de instancia deben fallar, los presupuesto señalados por el recurrente se adecuan a lo razonado por este Supremo Tribunal a través del Auto Supremo Nº 92/2013 que al respecto orientó: “…a los fines de determinar el mejor derecho propietario entre dos contendientes, necesariamente se debe contar con los siguientes presupuestos: el primero, referido a que exista más de un propietario que alegue dominio sobre un mismo bien, demostrándose a tal efecto que el inmueble adquirido proviene de un mismo dueño o que el antecedente dominial corresponda a uno común; el segundo, que el inmueble tenga la misma ubicación geográfica disputada entre contendientes; finalmente el tercero referido a que el peticionante hubiera registrado primero su derecho propietario en las oficinas de Derechos Reales, publicitando el mismo a los efectos de hacer oponible frente a terceros;…”.

Ahora bien, en cuanto al segundo presupuesto resulta conveniente citar lo razonado en el Auto Supremo Nº 648/2013 que textualmente dice: “La interpretación del art. 1545 del Código Civil debe ser en sentido amplio en lo referente al propietario de quien emana los títulos de propiedad del inmueble, por cuanto el autor no debe ser entendido como causante inmediato sino en establecer el origen del derecho propietario común, acudiendo al principio del tracto sucesivo…”, en esta lógica corresponde precisar que con esta aclaración, los presupuestos señalados supra que determinan la procedencia del mejor derecho propietario, están referidos a la declaración y reconocimiento de prevalencia y eficacia jurídica de un derecho de propiedad sobre otro derecho de propiedad, pero con la certeza de que se trata del mismo inmueble, es decir el actor reconoce que el demandado cuenta con derecho propietario sobre el mismo inmueble alegando tener la titularidad preferente o superior al del demandado.”

Este mismo Auto Supremo Nº 648/2013 de 11 de diciembre citando el Auto Supremo Nº 46 de 9 de febrero de 2011 que señaló: “…frente a una demanda de mejor derecho propietario, es necesario, en principio acreditar que el derecho propietario del actor como del demandado emergen de un mismo vendedor o lo que es lo mismo tienen un mismo origen, conforme establece el artículo 1545 del Código. Pero, la interpretación de esa disposición no se limita a un sentido restringido, es decir a establecer que el causante del actor y del demandado sea la misma persona, por el contrario, en sentido amplio, dicha determinación orienta a establecer el origen del derecho propietario, vale decir establecer si los derechos contrastados tienen un mismo origen.

Siguiendo con el análisis, resulta importante determinar el antecedente del dominio por cuanto es desde ahí de donde se establece los derechos, pues la cadena de transmisiones acreditará el derecho de sus antecesores otorgando legitimidad al título del contendiente.

Ahora bien, es posible que en este análisis del tracto sucesivo de ambos contendientes, no se arribe a un antecedente común, en cuyo caso la solución del mejor derecho de propiedad no pasa por establecer la prioridad de registro de uno u otro contendiente o de sus antecedentes, sino por determinar en base a otros criterios el mejor derecho de propiedad, para lo cual resulta indispensable también realizar un análisis del antecedente dominial del origen de los derechos de propiedad en contienda.”

En este antecedente se puede concluir que actualmente no se puede negar una pretensión de mejor derecho propietario por el simple hecho de que los títulos propietarios de las partes no devienen de un vendedor común, manteniendo una análisis restringido de la norma que no condice con el principio de eficacia de la justicia ordinaria ni resuelve el conflicto de partes, fin esencial del estado; por lo que en el caso de que no concurra el presupuesto de que un mismo vendedor hubiese transferido la propiedad tanto al actor como al demandado, la dilucidación del mejor derecho propietario no debe resolverse siguiendo el principio de prelación del registro, sin antes hacer un minucioso estudio de la tradición de dominio que existió en ambos títulos y establecer mediante el análisis de ésta cadena de hechos si en sus antecedentes de dominio existe un causante común que habría transmitido la propiedad a distintos propietarios que constituyan a su vez el antecedente dominial del demandante y del demandado y establecer mediante el análisis de ésta cadena de hechos a quien le corresponde el mejor derecho propietario.

III.4- Del Efecto de la Sentencia de Mejor Derecho Propietario.-

Al respecto el Auto Supremo N° 1051/2015 de 16 de Noviembre, ha orientado que: “Según el Tratadista Guillermo A. Borda: “…de acuerdo a una clásica distinción, las acciones patrimoniales se dividen en reales y personales. Las primeras son las que se dan en protección de los derechos reales y tienen las siguientes características generales: a) gozan del ius persequendi; ósea de la facultad de hacer valer  el derecho contra cualquiera que se halle en posesión de la cosa… las acciones personales en cambio se dan en protección de los derechos personales y tienen las siguientes características: a) solamente pueden ser ejercitadas contra el  o los obligados; b)  tienden a la extinción del derecho, porque una vez ejercida  la acción y cobrado el crédito se extingue la obligación….”, con la aclaración del autor antes citado, de que los caracteres señalados sirven como tendencia general antes que como expresión de caracteres típicos de cumplimiento obligatorio. En este entendido, diremos que las acciones reales son aquellas que garantizan la defensa del derecho propietario sobre determinada cosa o bien inmueble que buscan prevenir impedir o reparar una lesión al derecho propietario y al ejercicio de las facultades que el derecho propietario conlleva; por otra parte las acciones personales se ejercen contra personas determinadas, por conflictos que surgen de un contrato, u otro acto jurídico, o un delito, es decir busca garantizar el goce pleno y libre de un derecho patrimonial.

Ahora bien, en el caso del proceso anterior donde se declaró el mejor derecho propietario del ahora recurrente se debe precisar que  la acción real de mejor derecho propietario, regulada por el art. 1545 del C.C., está referida a la declaración y reconocimiento de prevalencia y eficacia jurídica de un derecho de propiedad sobre otro derecho de propiedad de un mismo inmueble; es decir que cuando se demanda el mejor derecho propietario, la finalidad está referida a la declaración y reconocimiento de prevalencia y eficacia jurídica de un derecho de propiedad sobre otro respecto al mismo inmueble; que tiende a obtener una sentencia declarativa de existencia de un mejor derecho propietario, sin embargo dicha Sentencia de reconocimiento de mejor derecho propietario no tiene por efecto la nulidad del título de la parte perdidosa, toda vez que los juzgadores a tiempo de resolver a quien corresponde el mejor derecho propietario se limitan confrontar ambos títulos de propiedad y determinar que título es preferente y prevalente en derecho….

En este orden de ideas, corresponde puntualizar que el recurrente pretende encontrar cosa juzgada - oponible a la presente causa-  en la Sentencia emitida en el proceso ordinario sobre mejor derecho propietario seguido por su persona contra  Jorge Zambrana Pareja y Nicole Michaelis de Zambrana, por el cual se reconoció su mejor derecho propietario sobre el de los ahora demandantes, fundamentando que por efecto de dicho reconocimiento habrían perdido toda legitimación o interés legal al tenor del art. 551 del C.C., es decir que los fallos ejecutoriados habrían extinguido el interés legítimo de los actores para demandar en el presente proceso, sin tomar en cuenta, reiteramos, que cuando se demanda el mejor derecho propietario, la finalidad está referida a la declaración y reconocimiento de prevalencia y eficacia jurídica de un derecho de propiedad sobre otro respecto al mismo inmueble; que tiende a obtener una Sentencia declarativa de existencia de un mejor derecho propietario sobre otro, sin embargo, dicha Sentencia de reconocimiento de mejor derecho propietario no tiene por efecto la nulidad del título de la parte perdidosa, toda vez que los juzgadores a tiempo de resolver a quien corresponde el mejor derecho propietario se limitan confrontar ambos títulos de propiedad y determinar que título es preferente y prevalente en derecho.”.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Conforme se ha desarrollado en el punto III.1 de la doctrina aplicable, el art. 106 del Código Procesal Civil, en concordancia del art. 17.I de la Ley Nº 025 establecen que la revisión de las actuaciones será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley, y que el Juez o Tribunal de casación anulará de oficio el proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, por lo que, corresponde a éste Tribunal Supremo de Justicia realizar las siguientes consideraciones:

En el caso de Autos la pretensión de los demandantes Santos Arrazola Sandoval y  e Irene Sandoval de Arrazola es el reconocimiento del mejor derecho propietario  de un lote de terreno sito en el lugar denominado “El Rosal” actualmente calle Tarija, inmueble que tiene una superficie total de 916 Mts.2., los cuales fueron adquiridos de propietarios diferentes conforme se evidencia del testimonio No 357 de fecha 6 diciembre de 1973 que establece que Miguelina Rojas Vda. de Vargas transfiere en favor de Santos Arrazola e Irene de Arrazola un lote de terreno con una superficie de 600 Mts.2., ubicada en la calle Tarija de la ciudad de Cochabamba, Asimismo por testimonio de Escritura Pública No 358 de 6 de diciembre de 1973, se evidencia que José Cadima y Rosa Pardo de Cadima transfieren en favor de Santos Arrazola e Irene de Arrazola un lote de terreno con una superficie de 300 Mts.2., ubicado en calle Tarija de la ciudad de Cochabamba y finalmente conforme el testimonio No 627/96 de fecha 15 de mayo de 1996, otorgado ante Notaria de Hacienda, la cual establece que la Alcaldía de Cochabamba adjudica a favor de Santos Arrazola e Irene Sandoval de Arrazola una fracción de terreno de 16 Mts.2., respecto a la parte demandada quien también cuenta con derecho propietario, acción real que se encuentra establecida  por el art. 1545 del CC., y conforme la doctrina aplicable establecida en el punto III.4 para la procedencia de dicha acción necesariamente se debe tener en cuenta   1.- Que el actor haya inscrito en el Registro Público su título de dominio sobre el bien que ostenta su derecho propietario con anterioridad a la inscripción del título de dominio que tuvieren otros adquirentes del mismo bien; 2.- Que el título de dominio del actor y del demandado provengan de un mismo origen o propietario, y 3.- La identidad o singularidad del bien o cosa que se demanda de mejor derecho de propiedad, condiciones o requisitos que el Juez de la causa debe considerar al momento de resolver el conflicto jurídico.

Asimismo el Juez de la causa debe tener en cuenta el presupuesto esencial, que radica en la identidad de la cosa, respecto a la cual dos o más personas reclaman derecho de propiedad; en otras palabras, la acción de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, supone necesariamente la existencia de una misma cosa, cuya titularidad es discutida por dos o más personas, la norma de referencia establece el hipotético de que en el caso de que existan dos o más personas con título de propiedad sobre un mismo bien adquiridos de un mismo vendedor, la norma concede el derecho al que ha registrado con prioridad su título, esa es la regla; empero de ello, de acuerdo a la concepción extensiva de la norma de referencia, también debe aplicarse a los hipotéticos de presentarse dos o más personas que aleguen ser propietarios de un mismo bien inmueble, que pese de no haber adquirido el inmueble (predio) del mismo vendedor, sino que cada uno de estos propietarios hubieran adquirido el bien inmueble de distintos vendedores y cuyos antecesores también ostenten título de propiedad, caso para el cual se deberá confrontar el antecedente dominial de cada uno de estos propietarios y su antecesores, con el objeto de verificar de que se trate de los mismos terrenos (total o parcialmente), para verificar cuál de los títulos de propiedad fue registrado con prioridad en el registro de Derechos Reales y por otra también corresponderá analizar si el título alegado por las partes mantiene o no su validez, para de esta manera otorgar el mejor derecho de propiedad, sea en forma total (cuando los títulos de las partes se refieran a la misma superficie) o en forma parcial (cuando los títulos de las partes solo hayan coincidido en una superficie parcial).

En el caso que se analiza la parte demandante indica que cuenta con derecho propietario con una superficie total de 916 Mts.2., superficie que fue adquirida por 2 ventas diferentes y por avance de propiedad de 16 Mts.2., en el caso de la parte demandada Marina Zambrana Arteaga la misma cuenta con derecho propietario sobre una superficie total de 800 Mts.2., conforme se desprende del Testimonio 1/1994 de fecha 5 de febrero de 1994, de los antecedentes referidos se establece que las superficies tanto de la parte demandante como de la parte demandada no son  coincidentes, datos que son necesarios identificar con precisión al determinar el mejor derecho propietario respecto de cualquiera de las partes, o en su caso establecer si en el inmueble de referencia existe sobreposición, aspecto que es necesario determinar a través de informe pericial, que esclarezca esta situación para concluir con precisión si se trata del mismo bien inmueble, toda vez que para que una Sentencia sea eficaz debe basar su decisión en hechos ciertos y verdaderos, en ese sentido en atención a que existe una duda razonable en cuanto la superficie del bien inmueble, se hace necesario que el Juez de la causa, produzca prueba suficiente que esclarezca este aspecto, toda vez que para que  el Juez de la causa pronuncie Sentencia de fondo que resuelva definitivamente el conflicto, es necesario realizar un análisis jurídico de la pretensión sobre la prueba producida que demuestre elementos ciertos sobre los cuales se va determinar el mejor derecho propietario.

Asimismo conforme lo desarrollamos en la doctrina aplicable en punto III.2 el Juez de la causa se encuentra facultado para producir prueba de oficio conforme lo dispone el art. 378 del Código Procesal Civil posibilidad incluso más amplia (por el principio de verdad material art. 180 de la CPE.), que faculta al Juez la posibilidad de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tiene su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso. En ese sentido la tarea del Juez de la causa es más dinámica,  interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes.

Continuando con el análisis que corresponde realizar en el caso de Autos las partes que intervienen en el proceso cuentan con derechos propietarios los que provienen de vendedores distintos, en ese sentido conforme la doctrina aplicable en el punto III.4 el análisis que debe realizar el Juez de la causa debe ser del tracto sucesivo  análisis del tracto sucesivo de ambos contendientes, en cuyo caso la solución del mejor derecho de propiedad no pasa por establecer la prioridad de registro de uno u otro contendiente o de sus antecedentes, sino por determinar en base a otros criterios el mejor derecho de propiedad, para lo cual resulta indispensable también realizar un análisis del antecedente dominial del origen de los derechos de propiedad en contienda, situación que en el caso presente el Juez de la causa ha omitido realizar, porque como ya lo dijimos la prioridad en el registro de inscripción solo sirve cuando los vendedores resultan comunes, solo así se podrá determinar que derecho propietario resulta prevalente y preferente en el tiempo.

Asimismo dentro de este análisis que realice el Juez de la causa, debe considerar que cuando se demanda el mejor derecho propietario, la finalidad está referida a la declaración y reconocimiento de prevalencia y eficacia jurídica de un derecho de propiedad sobre otro respecto al mismo inmueble; que tiende a obtener una Sentencia declarativa de existencia de un mejor derecho propietario sobre otro, sin embargo, dicha Sentencia de reconocimiento de mejor derecho propietario no tiene por efecto la nulidad del título de la parte perdidosa, toda vez que los juzgadores a tiempo de resolver a quien corresponde el mejor derecho propietario se limitan confrontar ambos títulos de propiedad y determinar que título es preferente y prevalente en derecho.

Por lo expuesto, en aplicación del art. 106.I del Código Procesal Civil, corresponde a este Tribunal fallar en la forma prevista por el art. 220.III del mismo Adjetivo Civil. 


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial, y en aplicación del  art. 106 del Código Procesal Civil, ANULA obrados hasta fojas 260 inclusive, con la finalidad de que el Juez de la causa produzca prueba conforme se tiene expuesto.

Sin responsabilidad, por ser excusable el error incurrido por los de instancia.

En atención a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.


Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durá n.