TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L 




Auto Supremo: 1401/2016

Sucre: 05 de diciembre 2016

Expediente: SC-5-16-S

Partes: Carlos Nina Sacari. c/ Teófilo Siles.

Proceso: Desocupación, entrega de bien inmueble y pago de daños y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El Recurso de Casación cursante de fs. 142 a 149 vta., interpuesto por Teófilo Siles y Faty Contreras Flores, contra el Auto de Vista Nº 230/2015 de fecha 2 de octubre de 2015, cursante de fs. 136 a 138, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de desocupación, entrega de bien inmueble y pago de daños y perjuicios, seguido por Carlos Nina Sacari contra Teófilo Siles, el Auto de concesión del recurso Nº 109/2015 de fecha 11 de diciembre de 2015 de fs. 156, los antecedentes del proceso; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Décimo Segundo de Partido de Partido en materia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mediante Sentencia Nº 81 de fecha 18 de  julio de 2014, cursante de fs. 93 a 94, declaró: PROBADA la demanda principal interpuesta por Carlos Nina Sacari; en consecuencia y como emergencia de dicha resolución ordenó que el demandado Sr. Teófilo Siles, en el plazo de 30 días de ejecutoriada la sentencia, entregue el inmueble que ocupa a su propietario, bajo prevenciones de librarse el mandamiento de desapoderamiento respectivo; asimismo, dispuso que en ejecución de sentencia, se tasen los daños y perjuicios causados.

Contra la referida resolución, Teófilo Siles, mediante memorial cursante de fs. 97 a 100, y Faty Contreras Flores a través del memorial de fs. 102 a 105 y vta., interpusieron Recurso de Apelación.

En merito a esos antecedentes, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 230/2015 de fecha 02 de agosto de 2015, cursante de fs. 136 a 138, que en lo central de su fundamentación señaló que el Juez A quo consideró las pruebas documentales de fs. 1 a 4, que constan en el proceso y que demuestran la legítima propiedad del demandante Carlos Nina Sacari sobre el inmueble objeto de la litis, por lo que al haberse valorado y acreditado el derecho propietario, es que se tuteló el derecho y la acción de desocupación  y entrega de inmueble, además de haberse respetado el derecho y garantías de las partes, las mismas que se apersonaron debidamente valorándose su participación y pruebas aportadas, máxime su el demandado principal fue declarado rebelde al no haber contestado a la demanda y menos haber interpuesto demanda reconvencional. De igual forma el citado Tribunal de Apelación, sobre las pruebas documentales de fs. 26, 27 y 28, refirió que las mismas no tienen sustento legal, pues fueron rechazadas mediante Auto de fs. 35  vta., por lo que los argumentos de agravios expuestos en el memorial de apelación de fs. 42 a 44, no son ciertos, ya que no existiría ninguna irregularidad o defecto de juicio o haberse parcializado con la parte demandante, por lo que dicho Auto también fue confirmado. Finalmente al haberse apersonado la apelante Faty Contreras Flores interponiendo incidente de nulidad de actos procesales, siendo este rechazado, resolución que fue legalmente notificada mediante diligencia de fs. 85, advirtió que esta no interpuso recurso de apelación sobre dicho incidente, consintiendo en ese sentido cualquier argumento expuesto en el recurso de apelación, por lo que los agravios expuestos en el mismo no son evidentes. En ese sentido el Tribunal de Alzada  CONFIRMÓ en todas sus partes la Sentencia de fs. 93 a 94 y el Auto de fs. 35 y vta., así como el Auto complementario de fs. 39. Con costas. 

En conocimiento de la determinación de segunda instancia, Teófilo Siles y Faty Contreras Flores, de manera conjunta, interpusieron recurso de casación, cursante de fs. 142 a 149 y vta., el que se pasa a analizar:

II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Acusan que el Tribunal Ad quem, al momento de pronunciar el Auto de Vista recurrido, no realizó la respectiva exposición sumaria del hecho y del derecho que se litiga, como tampoco habría realizado el análisis respectivo de los extremos resueltos por el inferior en las resoluciones recurridas y de los puntos objeto de impugnación, para luego ser resueltos uno por uno con la respectiva cita de leyes que sustenta y respalda su decisión.

En ese sentido, y complementado al punto anterior, arguyeron que el proceso se habría tramitado con vulneración de derechos y garantías constitucionales, así como con violación de normas de orden público y cumplimiento obligatorio, pues la demanda se habría tramitado con argumentos oscuros, imprecisos, contradictorios e incongruentes; que se habría declarado indebidamente improbadas las excepciones de impersonería del demandante, de oscuridad, contradicción e imprecisión en la demanda y de falta de acción y derecho; que se habría declarado ilegalmente la rebeldía de Teófilo Siles, así como haberse negado que tenga derechos sobre el inmueble; que en su recurso de apelación habría hecho notar que los puntos de hecho a probar no guardan la debida correspondencia con los argumentos de la demanda y los extremos expuestos en el memorial de contestación y excepciones. Extremos estos, que acusan que pese a haber sido objeto del recurso de apelación, no habrían sido considerados ni resueltos en el Auto de Vista, vulnerándose de este modo el art. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado, así como de los arts. 192, 236 y 90 del Código de Procedimiento Civil.

Denuncian que en el caso de autos, el Tribunal de Alzada confirmó ilegalmente la Sentencia de fs. 93 a 94, sin considerar y sin tener presente que el proceso se habría tramitado con vulneración de derechos y garantías constitucionales y con violación de normas de orden público y de cumplimiento obligatorio, pues la demanda fue formulada con argumentos oscuros, imprecisos, contradictorios e incongruentes, respecto al supuesto derecho que adujo tener para sustentar su acción, pues habría reconocido que este no se encuentra en posesión del inmueble sino su persona, así como el hecho de que el actor habría tenido conocimiento pleno de que en el inmueble viven y ocupan Faty Contreras Flores, sus hijos Jhon Steven y Reineer Alberth Siles Contreras; por lo que la demanda no cumpliría con los requisitos exigidos por los inc. 4, 5, 6 y 7 del art. 327 del Código de Procedimiento Civil, pues no se habría demandado a la totalidad de las personas que se encuentran en posesión y poseen derechos emergentes de su posesión de las mejoras realizadas; aspectos estos que pese a haber sido expuestos en el recurso de apelación tampoco habrían sido analizados ni resueltos en el Auto de Vista.

En otro punto de su recurso de casación, acusan que los jueces de Alzada no realizaron la respectiva fundamentación legal del hecho de que las excepciones no tendrían sustento legal, del porque no son ciertos los agravios y porque no existiría irregularidad en el trámite del proceso con cita de normas en las que ampara tal decisión, por lo que consideran que los extremos acusados en la apelación contra el Auto de fs. 35 y vta., son reales y evidentes y debieron ser reparados por dicho Tribunal.

Del mismo modo, vuelven a observar los puntos de hecho a probar que fueron establecidos por el Juez A quo, expresando cuales debieron ser a su criterio los puntos hacer demostrados, por lo que el Tribunal de Alzada percatados de dichas irregularidades debió declarar la nulidad de obrados.

Acusan que el Tribunal de Alzada así como el Juez A quo de manera errónea e ilegal vulneraron y desconocieron el derecho de Faty Contreras Flores sobre el inmueble objeto de la litis así como de sus mejoras en proporción al 50 %, vulnerándose el derecho al debido proceso, a la defensa, al de ser oída, escuchada y vencida dentro de un juicio justo y legal.

Aducen que en sentencia se presumió que su posesión es arbitraria por haberse constatado en la inspección ocular que su persona se encuentra en posesión del inmueble de la litis, cuando en el proceso constaría documentación que demuestra que su ingreso fue por efectos del contrato de compra de mejoras y de posesión de fecha 03/04/1995, presunción que no habría sido considerada ni valoradas en Sentencia y tampoco en el Auto de Vista, como tampoco se habría valorado que el actor no presentó prueba alguna que demuestre la arbitrariedad e ilegalidad de su posesión.

En lo que respecta al fondo de su recurso de casación, los recurrentes acusan error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, pues en obrados no existiría comprobación alguna sobre el derecho del demandante a formular la acción de desocupación y entrega de bien inmueble, pues la afirmación realizada por el Tribunal Ad quem no corresponde a la verdad materias de los hechos y que los actos procesales y la prueba pondría de manifiesto que se incurrió en error de hecho y de derecho al confirmarse la Sentencia de primera instancia.

Acusan que en el proceso de manera ilegal se declaró improbadas las excepciones que interpuso, cuando en realidad la excepción de falta de acción y derecho, al constituirse en una excepción anómala debió ser considerada en Sentencia, empero la misma no habría sido objeto de probanza en el Auto de relación procesal y tampoco habría sido resuelta en Sentencia. En este punto los recurrentes, reiteran que la declaración de rebeldía fue errónea e ilegal.

Sobre el análisis que el Tribunal de Alzada realizó sobre las pruebas de fs. 26 a 28, denuncian que la misma es errónea, pues los agravios expuestos en la apelación de fs. 42 a 44 serían ciertos y evidentes, debido a que existió irregularidad en la admisión de la demanda.

Finalmente arguyen que el análisis respecto al apersonamiento de Faty Contreras Flores, es erróneo e ilegal, pues se estaría afectando los intereses y derechos que esta tendría sobre el 50% del inmueble objeto de la litis, por lo que interpuso incidente de nulidad lo que da a entender que su persona no consintió actos procesales que a su criterio se encuentran viciados de nulidad.

Por los fundamentos expuestos solicita se case el Auto de Vista recurrido y deliberando ene l fondo se declare improbada la demanda principal, caso contrario se disponga la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo que sería el Auto de admisión de la demanda, ampliándose la misma contra los otros poseedores y ocupantes del inmueble.

De la Respuesta al Recurso de Casación.

Previamente a responder el recurso de casación, el actor arguyó que su persona ejerció su derecho propietario una vez que concluyo el proceso de usucapión que el demandado interpuso; con relación a las demás personas que viven en el inmueble, refirió que recién por el certificado de matrimonio que se adjuntó a fs. 119, que data de fecha 15 de diciembre de 2012,  se establecería que recién a partir de dicha fecha Faty Contreras tendría algún derecho como esposa del demandado sobre la posesión del terreno, la cual sería posterior a su demanda.

En lo que respecta al recurso de casación en la forma, señala que en el presente caso los recurrentes no señalaron que forma esencial se violó en el proceso para que proceda el mismo, por lo que el recurso de casación en lo que respecta a este punto no se adecuaría a lo establecido en el art. 254 del Código de Procedimiento Civil.

En lo que respecta al fondo del recurso, señalan que los recurrentes en ningún momento demuestran con documentos o actos auténticos la equivocación de los jueces, pues solo habrían realizado una relación cronológica del proceso, tal y como lo exige el art. 253 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil.

Por lo expuesto solicita se declare improcedente el recurso de casación interpuesto por la parte demandada.

De la revisión de obrados se advierte que la parte actora fue notificada con el Recurso de Casación, en fecha 07 de Diciembre de 2015, tal cual consta a fs. 216, sin embargo este no respondió, por lo que no existe nada que considerar.

En razón a dichos antecedentes diremos que:

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- Del Régimen de Nulidades Procesales.

En el tema de nulidades, la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, no siendo suficiente que se produzca un mero acaecimiento de un vicio procesal para declarar la nulidad simplemente con el fin de proteger o resguardar las formas previstas por la ley procesal, aspecto que resulta totalmente insustancial para tomar una medida de esa naturaleza; hoy en día lo que interesa en definitiva es analizar si se han transgredido efectivamente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en el marco del debido proceso hagan valer sus derechos dentro de un plano de igualdad de condiciones para defender sus pretensiones; es precisamente el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial que concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva.  

Entendimiento que también se encuentra plasmado en el Código Procesal Civil boliviano promulgado por Ley Nº 439 en los arts. 105 a 109 en el que contienen las reglas básicas del régimen de nulidades, donde además se reconocen los principios que rigen la nulidad procesal como ser: el principio de especificidad, legalidad, trascendencia, convalidación, finalidad del acto y preclusión; entendiendo que de este modo se restringe a lo mínimo las nulidades procesales y se busca la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia, pretendiendo de esta manera revertir el antiguo sistema formalista, dejando de lado las viejas prácticas con la que se han venido tramitando los procesos judiciales por más de tres décadas con predominio de nulidades y en el mayor de los casos innecesarias e intrascendentes que solo ocasionaron retardación de justicia a lo largo del tiempo en desmedro del mundo litigante y de la propia administración de justicia, lo cual se pretende revertir definitivamente.

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha establecido a través de la SCP Nº 0140/2012 de 9 de mayo, que: “Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos)”. Razonamiento que tiene relación con lo señalado en la SCP Nº 1420/2014 de 7 de julio que señaló: “…toda nulidad debe ser reclamada oportunamente a través de los recursos e incidentes que la ley procesal establece como medios idóneos y válidos para dejar sin efecto el acto procesal afectado de nulidad, más cuando se tuvo conocimiento del proceso y asumió defensa utilizando esos medios de defensa al interior del proceso, dicho en otros términos, un acto procesal es susceptible de nulidad solo cuando es reclamado oportunamente o cuando el litigante no tuvo conocimiento de la existencia del proceso, hecho que le causo indefensión, afectando su derecho a la defensa, razonando en contrario, no se puede solicitar la nulidad cuando teniendo conocimiento del proceso y asumiendo defensa dentro del mismo, no interpuso incidente alguno contra el acto procesal objetado de nulidad, dejando ver a la autoridad judicial, que ese acto se encuentra plenamente consentido o convalidado, mereciendo en consecuencia su improcedencia”.

Así también la jurisprudencia de este Supremo Tribunal ha orientado en el Auto Supremo Nº 484/2012 que “… el espíritu del Art. 17 de la Ley 025 que refiere de manera categórica en su p. III “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”; verificando la incidencia que puedan tener en el debido proceso, es decir la trascendencia que puedan revestir, con la clara connotación de que no pueden ser consideradas ni declaradas de oficio, ya que al revestir interés particular, es a esa parte que le corresponde reclamar la presunta vulneración de algún derecho, en caso de no hacerlo, estará convalidando ese error, consecuentemente el Tribunal correspondiente no está autorizado para ingresar a revisar de oficio, es decir, está impedido el juzgador declarar la nulidad de oficio si ésta ha sido consentida

En referencia a las nulidades específicas, si bien es cierto que por disposición de la norma están señaladas las nulidades que de oficio podrían declarar los Jueces, en sujeción a lo previsto en el art. 106 del Código Procesal Civil, no significa que por ello deban ingresar a anular de manera indefectible, sino habrá que considerar la trascendencia que reviste el acto considerado nulo, que tenga incidencia en el debido proceso y el derecho a la defensa, considerándose que no hay nulidades absolutas que indefectiblemente deban ser sancionados con nulidad…

Lo anterior conlleva a decir que en el tratamiento de las nulidades procesales, debe tenerse en cuenta como ha señalado este Supremo Tribunal en reiteradas resoluciones, siguiendo el criterio doctrinal así como jurisprudencial que no se trata de un tema de defensa de las meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo de los derechos de las partes, siendo preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades. Precisamente por ello es necesario verificar a tiempo de emitir un fallo, principios que rigen la materia y deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar la nulidad…”

III.2.- De los principios que rigen las nulidades procesales.

Precisamente por los fundamentos expuestos precedentemente, en razón al caso de autos, corresponde a continuación referirnos de manera específica a algunos de los principios que regulan la nulidad procesal, los cuales ya fueron desarrollados en varios Autos Supremos emitidos por este Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos el Nº 158/2013 de 11 de abril de 2013, 169/2013 de 12 de abril de 2013, 411/2014 de 4 de agosto de 2014, 84/2015 de 6 de febrero de 2015, en virtud a los cuales diremos:

Principio de especificidad o legalidad.- Este principio se encuentra previsto por el artículo 105-I del Código Procesal Civil, en virtud a él "no hay nulidad sin ley específica que la establezca" (pas de nullité sans texte). Esto quiere decir que para declarar una nulidad procesal, el Juez ha de estar autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto. Sin embargo, este principio no debe ser aplicado de manera restringida, pues, resulta virtualmente imposible que el legislador pudiera prever todos los posibles casos o situaciones que ameriten la nulidad en forma expresa, y siguiendo esa orientación la doctrina ha ampliado este principio con la introducción de una serie de complementos, a través de los cuales se deja al Juez cierto margen de libertad para apreciar las normas que integran el debido proceso, tomando en cuenta los demás principios que rigen en materia de nulidades procesales, así como los presupuestos procesales necesarios para integrar debidamente la relación jurídico-procesal. 

Principio de finalidad del acto.- Partiremos señalando que este principio se encuentra íntimamente relacionado con el de especificidad o legalidad, pues en virtud a este, habrá lugar a la declaratoria de nulidad si el acto procesal no cumplió con la finalidad específica por la que fue emanada, y en contraposición a lo señalado, en el caso de que el acto procesal, así sea defectuoso, cumplió con su finalidad, no procederá la sanción de la nulidad.
Principio de Conservación.- Este principio da a entender que en caso de que exista duda debe mantenerse la validez del acto, esto en virtud a que se debe dar continuidad y efectos a los actos jurídicos sin importar el vicio que expongan, siempre y cuando, la nulidad no sea de tal importancia que lesione la calidad misma del acto. 

Principio de Trascendencia.- Si bien resulta evidente que el alejamiento de las formas procesales ocasiona la nulidad o invalidez del acto procesal, empero esta mera desviación no puede conducir a la declaración de nulidad, razón por la cual se debe tener presente que para la procedencia de una nulidad tiene que haber un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin daño o perjuicio “pas de nullite sans grieg”, es decir que previamente a declarar la nulidad se debe tener presente el perjuicio real que se ocasionó al justiciable con el alejamiento de las formas prescritas. Y como decía Eduardo J. Couture: "... No existe impugnación de Nulidad, en ninguna de sus formas, sino existe un interés lesionado que reclame protección. La anulación por anulación no vale."

Principio de Convalidación.- Partiremos señalando que convalidar significa confirmar, revalidar; en esa lógica, cuando se corrobora la verdad, certeza o probabilidad de una cosa, se está confirmando. De esta manera, este principio refiere que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, dejando pasar las oportunidades señaladas por ley para impugnar el mismo (preclusión); en otras palabras, si la parte que se creyere perjudicada omite deducir la nulidad de manera oportuna, vale decir en su primera actuación, este hecho refleja la convalidación de dicho actuado, pues con ese proceder dota al mismo de plena eficacia jurídica, a esta convalidación en doctrina se denomina convalidación por conformidad o pasividad que se interpreta como aquiescencia frente al acto irregular; por lo expuesto se deduce que la convalidación se constituye como un elemento saneador para los actos de nulidad.

Principio de preclusión.- Concordante con el principio de convalidación tenemos al principio de preclusión también denominado principio de Eventualidad que está basado en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encontrando su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que deben desarrollarse los actos procesales. A este efecto recurrimos al Dr. Pedro J. Barsallo que refiere sobre el principio de preclusión que: “En síntesis la vigencia de este principio en el proceso, hace que el mismo reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del Tribunal, dentro de las fases y periodos, de manera que determinados actos procesales deben corresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse carecen totalmente de eficacia”. De ello se establece que el proceso consta de una serie de fases o etapas en las cuales han de realizarse determinados actos, por lo que una vez concluida la fase procesal, las partes no pueden realizar dichos actos y de realizarlos carecerán de eficacia, surgiendo así una consecuencia negativa traducida en la pérdida o extinción del poder procesal involucrado, pues se entenderá que el principio de preclusión opera para todas las partes.

De dichos principios y concordante con lo desarrollado en el anterior numeral, se deduce que los jueces y Tribunales que administran justicia, tienen el deber ineludible de velar porque se cumplan en el proceso los presupuestos procesales y se observen las garantías del debido proceso, pues si bien es evidente que tienen la facultad de anular de oficio, empero en virtud al principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria, se encuentran obligados a compulsar los principios expuestos supra, es decir que la nulidad de oficio procederá cuando la ley así lo determine o exista evidente vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes, pues lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, los cuales se hallan consagrados en el art. 115-II de la Constitución Política del Estado, preceptos que se sustentan en el principio de celeridad consagrado en el art. 180.I de la referida norma, cuyo texto señala: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el Juez”.
Por lo expuesto, concluiremos señalando que no corresponden los rigorismos que tiendan a producir nulidades por anomalías o vicios procesales que no tenga incidencia trascendental en el proceso.

III.3.- Sobre la obligación de agotar la solicitud de complementación y enmienda.

Primeramente se debe tener presente que el art. 254-4) del Código de procedimiento civil expresaba: “procederá el recurso de casación por haberse violado las formas esenciales de proceso, cuando la sentencia o auto recurrido hubiere sido dictado...4) Otorgando más de lo pedido por las partes o sin haberse pronunciado sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente ante los tribunales inferiores.” Ultima parte de la norma que está en concordancia con en el art. 258-3) del mismo compilado legal.

Por lo que al ser aplicable a cuestiones para subsanar cuestiones formales de las resoluciones como errores en la estructura de la resolución u omisiones que pudieren existir en la misma y entendiendo que los reclamos de forma tienen por finalidad anular obrado, Art. 17-III de la Ley 025 normativa que rige dicho instituto procesal ha establecido lo siguiente: “III. La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos.”.

Criterio que se halla en consonancia con el nuevo código procesal civil, de lo que se concluye que cuando se alegue en amparo de esta causal art. 254-4) del Código de Procedimiento Civil antes señalado, la falta de pronunciamiento, sea en primera o segunda instancia, corresponde al afectado previamente a utilizar el recurso de apelación o casación, hacer uso de la facultad establecida en el art.  196-2) del Código de procedimiento Civil, aplicable a segunda instancia por expresa determinación del art. 239 de la misma normativa, articulo que de manera clara señala que con esta facultad se puede:”…  suplir cualquier omisión en que se hubiere incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio.”, facultad que permite subsanar la falta de pronunciamiento por los Tribunales o jueces de instancia, caso contrario en aplicación del principio de convalidación, al no utilizar el mecanismo para su corrección, implica una aceptación tácita de la omisión acusada, precluyendo por simple consecuencia su derecho de reclamar aspectos de nulidad no reclamados en su oportunidad, conforme determinan las normas citadas supra.

Entendimiento orientado por este Supremo Tribunal en diversos fallos entre ellos el Auto Supremo Nº 32/2015 donde señaló: “Respecto a la falta de pronunciamiento del segundo punto apelado, se debe indicar que, el Ad quem, de forma genérica arribó a la conclusión de que el Auto de 10 de junio de 2003 que resolvió las excepciones no se las puede revisar en vía del recurso de apelación porque dicha resolución hubiera causado ejecutoria, esa es una respuesta de forma general a las acusaciones relativas a la forma de resolución de las excepciones formuladas por los recurrentes.

Ahora si dicha respuesta, no satisfacía las expectativas deducidas por los recurrentes debieron formular la petición de complementación y aclaración en base al art. 239 del Código de Procedimiento Civil, el no haberlo hecho implica que los recurrentes no agotaron el mecanismo de protección oportuno para la satisfacción del reclamo que ahora se traen en casación, consiguientemente se advierte no haberse dado cumplimiento a la premisa establecida en el art. 17 parágrafo III de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial.”.

III.4.- Del Principio de congruencia y el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…"(las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado por el  Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); en este entendido, este Tribunal Supremo de Justicia ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016 que, citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, señala: Que, Todo Auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal a quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal a quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso.”.

De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes…

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa.”

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De conformidad a los fundamentos expuestos en la doctrina aplicable al caso de autos, a continuación corresponde considerar los reclamos que fueron expuestos en el recurso de casación.

Respecto a que el Tribunal de Alzada, no habría realizado la respectiva exposición sumaria del hecho y del derecho que se litiga, como tampoco habría realizado un análisis de los extremos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación; sobre el presente reclamo y conforme a la revisión de la resolución recurrida en casación, se advierte que los jueces de Alzada, en los dos primeros considerandos del Auto de Vista, realizaron una exposición sumaria de los hechos que dieron lugar a la emisión de dicha resolución, es decir de la Sentencia y del Auto de fs. 35 y vta., que fueron pronunciadas por el Juez de primera instancia, y posteriormente, realizaron una exposición detallada, de los agravios que fueron acusados en los recursos de apelación contra la Sentencia como contra el Auto de fs. 35 y vta.; reclamos que en un tercer considerando, específicamente en los puntos II, III y IV, fueron considerados y analizados por los miembros del Tribunal de Alzada, es decir que el Tribunal Ad quem, si se circunscribió a los reclamos acusados en apelación, pues de la lectura de los puntos citados supra, claramente se puede advertir tal extremo. Sin embargo, corresponde aclarar a los recurrentes que la fundamentación expuesta por los jueces a momento de emitir resolución, no necesariamente debe ser ampulosa o abundante ya sea de consideraciones, de citas legales o de argumentos reiterativos, al contrario, lo que se busca es que las resoluciones sean claras y concisas e integre a todos los puntos demandados, siendo entendible para los justiciables, como ocurrió en el caso de autos, donde el Tribunal Ad quem, de manera clara y precisa, explico las razones por las cuales confirmó las resoluciones recurridas en apelación; no obstante, si los recurrentes consideraron que los jueces de Alzada no se circunscribieron a todos los puntos que fueron objeto de apelación, estos en virtud a lo que establecía el art. 239 del Código de Procedimiento Civil, tenían la facultad de hacer uso del derecho que les otorgaba el art. 196 inc. 2) del mismo cuerpo legal, es decir que ante las omisiones acusadas, debieron solicitar la complementación y enmienda respectiva, empero al no haber hecho uso de dicho facultad, se entiende que su derecho a reclamar precluyó.

Continuando con el análisis de los reclamos expuestos en el recurso de casación, corresponde referirnos al hecho de que el presente proceso se habría tramitado con argumentos oscuros, imprecisos, contradictorios e incongruentes; al respecto debemos señalar que dicha observación, ya fue advertida por el recurrente Teófilo Siles cuando interpuso excepciones previas de falta de acción y derecho, incapacidad o impersonería del demandante y oscuridad, contradicción e imprecisión de la demanda (fs. 29 a 31 y vta.), las mismas que fueron declaradas improbadas por Auto de fecha 7 de octubre de 2011 cursante a fs. 35 y vta., y complementado por Auto de fs. 39 de 19 de octubre de 2011, resoluciones que al haber sido recurridas en apelación, fueron concedidas en el efecto diferido, en esa lógica el Tribunal de Alzada, en el punto III, del tercer Considerando del Auto de Vista, refiriéndose a las pruebas de fs. 27 a 29 (fotografías que fueron adjuntadas al memorial de excepciones previas), señaló que las mismas no tienen ningún sustento legal, por lo que los argumentos de agravios expuestos en el memorial de apelación de fs. 42 a fs. 44, no serían ciertas ya que no existiría ninguna irregularidad o defecto de juicio o parcialización alguna, por lo que confirmó el Auto que resolvió y declaró improbadas las excepciones. De estos antecedentes se infiere que las irregularidades que acusan los recurrentes y con las cuales se habría tramitado el presente proceso, no resultan evidentes, tal y como lo expresaron los jueces de instancia, por lo tanto, al margen de que los reclamos referidos a dichas excepciones si fueron consideradas en segunda instancia, debemos señalar que por lo expuesto por el Tribunal de Alzada, no resulta evidente que el proceso se haya desarrollado con argumentos oscuros, imprecisos, contradictorios o incongruentes. Sin embargo si los recurrentes consideraron que las contradicciones que alegan se origina en el documento que acredita el derecho propietario de la parte actora, es preciso señalar que mientras este no sea declarada nulo o ineficaz mediante resolución judicial, el mismo resulta valido e idóneo para acreditar dicho derecho, máxime si la parte demandada no interpuso acción reconvencional alguna.

Ahora bien, con relación al hecho de que se habría declarado ilegalmente la rebeldía de Teófilo Siles, debemos señalar que conforme a la revisión de obrados, si bien es cierto que el Juez de primera instancia, pese a que el demandado citado supra, se apersonó al proceso e interpuso excepciones previas mediante memorial de fs. 29 a 31 y vta., este fue declarado rebelde por Auto de fecha 12 de noviembre de 2012 cursante a fs. 51, sin embargo, se tiene que pese a que este tomó conocimiento de dicha determinación en fecha 28 de noviembre de 2012, tal como consta en la papeleta de notificación de fs. 52, no objetó la resolución que lo declaraba rebelde, convalidando de esta manera dicha determinación, pues si este recurrente no estaba de acuerdo con lo dispuesto por el Juez de la causa, o si consideraba que dicho extremo se constituía en una irregularidad o vulneración al debido proceso, como lo señala en el recurso de casación, una vez que tomó conocimiento de dicha resolución, es decir en el momento procesal oportuno, debió activar los medios de impugnación pertinentes, y no esperar a la emisión de la Sentencia, por lo que el reclamo que acusa en este punto al margen de haber sido convalidado se encuentra precluído.

Respecto a que los puntos de hecho a probar no guardarían la debida correspondencia con los argumentos de la demanda y el memorial de excepciones; sobre este reclamo, corresponde señalar que el Juez de la causa mediante Auto de fecha 03 de diciembre de 2012 cursante a fs. 54, fijó tres puntos de hecho a probarse; resolución que una vez puesta en conocimiento del demandado Teófilo Siles (papeleta de notificación de fs. 62), este no presentó objeción alguna, tal como disponía el art. 371 del Código de Procedimiento Civil, pues si el recurrente consideraba que los puntos de hecho a probarse debieron ser otros, o debió añadirse otros puntos, ese era el momento procesal oportuno para que observe dicho Auto, sin embargo al no haber presentado observación u objeción alguna, se entiende que estaba de acuerdo con los puntos expuestos en el Auto citado supra, por ende la irregularidad que ahora acusa quedó convalidada y el momento para reclamar sobre tal extremo quedó precluído.

De esta manera, debemos advertir que las irregularidades que acusan los recurrentes y con las cuales se habría tramitado el proceso, al margen de no ser evidentes, las mismas fueron convalidadas, toda vez que la parte demandada no hizo uso de su derecho a reclamar de forma oportuna; sin embargo, al margen de lo ya expuesto, si los recurrentes consideraron que dichos extremos no fueron considerados ni resueltos en el Auto de Vista, al tratarse dicho extremo de una acusación de omisión, estos debieron solicitar la complementación y enmienda dentro del plazo que la ley disponía (art. 239 del Código de Procedimiento Civil), de igual forma, si bien es cierto que esta incongruencia omisiva que acusan en casación, puede dar lugar a la nulidad de obrados, empero también es cierto que esta incongruencia no es absoluta, tal y como se desarrolló en el punto IV de la doctrina aplicable al caso presente, pues previamente a disponer la nulidad de obrados se debe ponderar si dicha nulidad resulta ser trascendental como para modificar el fondo de la decisión asumida por los jueces, y como en el caso de autos, se explicó detalladamente que los extremos acusados fueron convalidados, es que la nulidad que solicitan los recurrentes no es viable pues la misma no modificará el fondo de la decisión, en ese sentido se concluye que los jueces de Alzada no vulneraron los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado, ni los arts. 192, 236 y 90 del Código de Procedimiento Civil.

Continuando con el análisis de los extremos acusados en el recurso de casación, corresponde referirnos al hecho de que el Tribunal de Alzada habría confirmado ilegalmente la sentencia de primera instancia, pues no habría tomado en cuenta los fundamentos expuestos en el memorial de demanda respecto al supuesto derecho que el actor adujó tener para sustentar su demanda, como tampoco habría tomado en cuenta que este reconoció que no se encuentra en posesión del inmueble sino el demandado; sobre este reclamo y conforme lo señalaron correctamente los jueces de instancia tanto en la sentencia como en el Auto de Vista, al ser la propiedad un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, el propietario puede reivindicar la cosa de manos de un tercero o ejercer otras acciones en defensa de su propiedad, de esta manera quien pretenda la desocupación y entrega de un bien inmueble, debe probar o acreditar con prueba idónea que es el titular del derecho propietario, tal como aconteció en el caso de autos, donde el actor acreditó tener la titularidad del bien inmueble objeto de la litis y que el mismo se encuentra debidamente registrado en Derechos Reales, por ende oponible a terceros, así mismo y conforme lo expresaron los recurrentes al estar ellos en posesión de dicho bien inmueble, se entiende que el derecho de propiedad del actor no está siendo ejercido plenamente, por lo que la acción interpuesta resulta viable, máxime si la parte demandada se limitó simplemente a interponer excepciones previas y no así a contestar o interponer acción reconvencional alguna tendiente a declarar la nulidad o ineficacia del documento que acredita plenamente que el titular del derecho propietario del bien inmueble objeto de la litis es el actor; por lo que dichos documentos gozan de plena eficacia y legalidad, resultando en consecuencia infundado el presente reclamo, pues si los recurrentes pretenden hacer valer su posesión en el bien inmueble o quitar la eficacia a los documentos que acreditan el derecho propietario del actor, debieron accionar los mecanismos legales necesarios.

De igual manera, sobre el reclamo referido a que la demanda debió ser interpuesta contra la totalidad de las personas que se encuentran en posesión del bien inmueble, corresponde advertir que por memorial de fs. 58 a 60, Faty Contreras Flores interpuso incidente de nulidad aduciendo que en el inmueble objeto de la litis también se encuentran en posesión su persona y sus dos hijos y no solo el demandado Teófilo Siles; sin embargo, el incidente interpuesto mereció el Auto de fecha 8 de octubre de 2013 que cursa a fs. 80, donde el Juez A quo si bien rechazó el incidente de nulidad de obrados, empero dispuso el litis consorcio pasivo de Jhon Steven y Reiner Alberth Siles Contreras, quienes por su minoría de edad estarían representados por su madre Faty Contreras Flores, Auto que pese a haber sido puesto en conocimiento de los recurrentes mediante papeleta de notificación que cursa a fs. 85 y vta., estos no presentaron apelación alguna, por lo que se entiende que dicha resolución fue de su conformidad, en esa lógica, como lo señalaron los jueces de segunda instancia, tanto los reclamos acusados en el recurso de apelación que fueron reiterados en casación, al no haberse interpuesto apelación alguna contra el Auto que resolvió el incidente, quedaron convalidados; de esta manera, el hecho de que los reclamos referidos a que la demanda debió ser dirigida contra la totalidad de los poseedores del bien inmueble no habría sido considerada por los jueces de Alzada en el Auto de Vista no resulta evidente, pues los fundamentos citados anteriormente se encuentran inmersos en el numeral IV del tercer considerando del Auto de Vista.

Con relación a la falta de fundamentación legal del hecho de que las excepciones no tendrían sustento legal del porque no serían ciertos los agravios y porque no existiría irregularidad en el trámite del proceso con cita de normas en las que ampara tal decisión; en virtud al presente reclamo, y revisados los fundamentos expuestos en el Auto de Vista, debemos reiterar que para que una resolución sea entendible a las partes, no precisa contener una exposición ampulosa de consideraciones o citas legales, al contrario lo que debe contener es una fundamentación clara y precisa, es así que los jueces de Alzada, en el punto III del tercer considerando, señalaron que el Juez A quo resolvió y valoró de manera correcta las pruebas documentales de fs. 26 a 28 que fueron adjuntadas al memorial de excepciones previas, y que al no tener estas sustento legal, fueron rechazadas en primera instancia, por lo que concluyeron que los reclamos expuestos en el recurso de apelación de fs. 42 a 44, no resultaban ciertos, pues ninguna de las irregularidades acusadas aconteció. De lo expuesto, podemos señalar que los jueces de Alzada si realizaron una fundamentación adecuada, empero si esta fundamentación no parecía para los recurrentes lo suficientemente clara o precisa, debieron solicitar la explicación y complementación sobre dichos extremos, pues conforme a lo ya expuesto en el punto anterior, al haber acreditado el actor ser el titular del derecho propietario del bien inmueble que se encuentra en posesión de los recurrentes, la presente acción resulta viable, por lo que la nulidad de obrados que pretende resulta intrascendente.

Con relación a la observación de los putos de hecho a probar que fueron dispuestos por el Juez de la causa, y toda vez que el presente reclamo es reiterativo, corresponde remitirnos a los fundamentos ya expuestos en los párrafos anteriores.

Del mismo modo, con relación a la vulneración de los derechos de la recurrente Faty Contreras Flores sobre el 50% del bien inmueble como de las mejoras que por ser esposa de Teófilo Siles le correspondería, debemos remitirnos a lo ya expuesto en líneas anteriores, donde se señaló que al no haber sido recurrido en apelación el Auto que rechazó el incidente de nulidad interpuesto por Faty Contreras, se entiende que la misma estuvo de acuerdo con dicha determinación, por lo que no puede acusar como agravios reclamos que no fueron oportunamente advertidos, tal y como lo expreso el Tribunal Ad quem en el punto IV del considerando tercero del Auto de Vista.

Respecto a que se habría presumido que la posesión que el recurrente ejerce en el bien inmueble objeto de la litis es arbitraria, se tiene que tal y como lo señala el art. 105 del Código Civil, el propietario de una cosa puede interponer las acciones de defensa que crea conveniente para hacer respetar el derecho que ostenta, en ese sentido para que su pretensión sea acogida favorablemente, quien pretenda que este su derecho sea tutelado, debe acreditar la titularidad del derecho y que el mismo se encuentra en posesión de un tercero, tal y como aconteció en el caso de autos, donde el actor principal para ser viable la desocupación y entrega del bien inmueble, acreditó no solo ser el titular del derecho propietario, sino que el inmueble se encuentra en posesión de terceros, es así que el hecho de que la posesión sea clandestina o arbitraria, resulta irrelevante, por lo que el extremo acusado en este punto deviene en infundado.

Finalmente sobre el error de hecho y de derecho que se acusa, pues en obrados no existiría comprobación alguna sobre el derecho del demandante a formular la acción de desocupación y entrega de bien inmueble; con relación a este punto, y reiterando lo ya expuesto en los párrafos anteriores, para que la acción de desocupación y entrega de bien inmueble sea acogida favorablemente, quien pretenda dicha tutela, debe acreditar con prueba documental idónea que su persona es el titular del derecho propietario, tal y como aconteció en el caso de autos, donde el actor Carlos Nina Sacari adjuntó a su memorial de demanda prueba documental preconstituida (fs. 1 a 4), que acreditan que su persona es el titular del derecho propietario, derecho que se encuentra debidamente registrado en Derechos Reales, por ende goza de plena legitimidad para interponer los mecanismos de defensa necesarios para hacer respetar su derecho propietario, entre ellos el de desocupación y entrega de bien inmueble, por lo que lo acusado en el presente punto no resulta evidente. Ahora bien, con relación al reclamo referido a que la excepción de falta de acción y derecho debió ser considerada en sentencia y fijada como punto de hecho a probarse, de dicha acusación debemos señalar que cuando el recurrente interpuso excepciones, estas fueron tramitadas como previas, tal y como lo solicitó en la petición del memorial de fs. 29 a 31 y vta., sin embargo al haber sido declaradas improbadas las excepciones interpuestas en dicho memorial, entre ellas la de falta de acción y derecho, se advierte que entre los agravios expuestos en el recurso de apelación de fs. 42 a 44, lo reclamado ahora en casación no fue objeto de apelación, extremo por el cual no fue considerado en Sentencia, por lo tanto, en virtud al principio de “per saltum”, no corresponde realizar más consideraciones sobre este extremo.

Sin embargo respecto a los demás reclamos acusados en el fondo del recurso de casación, debemos señalar que los mismos ya fueron considerados en los párrafos anteriores, pues los recurrentes reiteraron los reclamos referidos a la declaratoria de rebeldía del demandado Teófilo Contreras, como a la vulneración de derechos de Faty Contreras, extremos que al haber sido ya analizados y considerados, corresponde remitirnos a dichos fundamentos.

Por las razones expuestas corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 142 a 149 y vta., interpuesto por Teófilo Siles y Faty Contreras Flores, contra el Auto de Vista Nº 230/2015 de fecha 2 de octubre de 2015, cursante de fs. 136 a 138, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos.

Se regula honorarios del abogado profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.