TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A   C I V I L 


Auto Supremo: 1400/2016

Sucre: 05 de diciembre 2016

Expediente:        SC-10-16-S

Partes: Carmen Luz Urdininea de Vargas c/ Derechos Reales de Santa Cruz y la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE.

Proceso: Inscripción de derecho propietario de inmueble en Derechos Reales.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 175 a 178, interpuesto por Carmen Luz Urdininea de Vargas, contra el Auto de Vista Nº 150/2015 de fecha 05 de junio de 2015, cursante de fs. 172 a 173 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de inscripción de derecho propietario en Derechos Reales, seguido por la recurrente contra la oficina de Derechos Reales de Santa Cruz y ENFE, el Auto de concesión del recurso de fs. 197, los antecedentes del proceso; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO

El Juez Octavo de Partido en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mediante Sentencia Nº 2, de fecha 2 de enero de 2015, cursante de fs. 141 a 143 y vta., declaró: IMPROBADA la demanda principal de fs. 17 a 18, modificada y complementada por memorial de fs. 46 interpuesta por Carmen Luz Urdininea de Vargas.

Contra la referida Resolución, la actora Carmen Luz Urdininea de Vargas, interpuso Recurso de Apelación cursante de fs. 145 a 148.

En merito a esos antecedentes, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 150/2015 de fecha 05 de junio de 2015, cursante de fs. 172 a 173 y vta., donde los jueces de Alzada en lo más trascendental de la Resolución señalaron que la apelante Carmen Luz Urdininea de Vargas no ingresó a cuestionar los fundamentos y disposiciones argumentados en la Sentencia de fecha 02 de enero de 2015, tampoco habría señalado en qué forma se habría realizado una incorrecta valoración de las pretensiones expuestas en la demanda de fs. 17 a 18; de igual forma, señalaron que por las documentales de fs. 11 y 14 la matricula computarizada Nº 7011990005767 no tendría superficie, por consiguiente no se podría ordenar la inscripción de un derecho propietario sobre un registro con superficie inexistente; en ese sentido concluyeron señalando que el recurso de apelación se encuentra carente de expresión de agravios y su fundamentación, tal y como lo exigen los arts. 219 y 227 del Código de Procedimiento Civil, consecuentemente no se encontraría abierta la competencia del Tribunal de Apelación para examinar la Sentencia, conforme a lo establecido en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, por lo que CONFIRMA la Sentencia recurrida, con costas.

En conocimiento de la determinación de segunda instancia, Carmen Luz Urdininea de Vargas, interpuso recurso de casación, cursante de fs. 175 a 178, el mismo que se pasa a analizar:

II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Refiriéndose a los fundamentos expuestos por el Juez A quo en la Sentencia de primera instancia, respecto a que sería imposible crear una matrícula para el registro de su derecho propietario, denuncia que el mismo sería incoherente, porque en similares casos habría dispuesto la relación de una nueva matrícula en Derechos Reales.

Arguye que si bien resulta evidente que en el presente proceso no trata de demostrar su posesión por más de 20 años, empero también acusa que contrariamente a lo expuesto por el Juez de primera instancia, el presente proceso de registro en Derechos Reales, resulta ser el idóneo para registrar su derecho propietario, máxime si cuenta con una minuta de transferencia y demás documentos, como plano de uso de suelo, certificado catastral y pago de impuestos al día, sobre el inmueble que pretende su inscripción.

Acusa que la Juez A quo no valoró la minuta de transferencia, plano de uso de suelo, certificado catastral y el último pago de impuestos; cumpliendo de esta manera con los requisitos de procedencia de la inscripción de bien inmueble adquirido.

Refiriéndose al Auto de Vista, acusa que el fundamento expuesto por el Tribunal Ad quem de que no habría superficie para poder inscribir y darle una matrícula a su lote de terreno, sería totalmente errónea e incongruente, pues si habría superficie hubiese recurrido a la inscripción de su derecho de manera directa ante la oficina de Derechos Reales; asimismo refiere que en casos similares que son de la misma urbanización, se habría procedido al registro en derechos reales creando nuevas matrículas como es el caso de Antonio Vicente Urdininea Rivero.

Por lo expuesto solicita se case el Auto de Vista y se ordene al registrador de Derechos Reales la inscripción de su inmueble en Derechos Reales.

De la Respuesta al Recurso de Casación.-

ENFE a través de su apoderado legal contesta al recurso de casación señalando que en el mismo se habría obviado el procedimiento, pues no se habría tomado en cuenta la normativa para la procedencia del recurso de casación en el fondo y en la forma, por lo que solicitaron que dicho recurso sea rechazado y declarar ejecutoriada la Resolución.

En razón a dichos antecedentes diremos que:

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO.

III.1.- No es viable en casación impugnar lo fundamentado en Sentencia.

Corresponde precisar que conforme a una adecuada técnica procesal recursiva dentro de un proceso ordinario, el recurso de casación se interpone contra la Resolución de segunda instancia, es decir, contra el Auto de Vista, conforme orienta lo establecido en el art. 255 en sus incisos del 1) al 4) del Código de Procedimiento Civil (con la salvedad de lo establecido en el inciso 5), entonces todos los reclamos incoados en el recurso de casación deben estar orientados a observar aspectos de forma y fondo inherentes a lo dispuesto por el Tribunal de segunda instancia y no así, lo expresado en primera instancia, como ser la Sentencia, debido a que este Tribunal ha de analizar y resolver conforme a lo establecido en el art. 271 del Código de Procedimiento Civil, es decir infundado, declarando improcedente, anulando o casando el Auto de Vista y no así la Sentencia.

Lo expuesto resulta ser un criterio que ya fue asumido de forma categórica en el Auto Supremo Nº 493/2014 de fecha 04 de septiembre, que delineando lo explicado supra ha expresado lo siguiente: “Conforme la amplia jurisprudencia emitida en varios Autos Supremos por la Ex Corte Suprema de Justicia y con la cual este Tribunal comparte criterio, se ha dejado claramente establecido que, el recurso de casación como tal, es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley, dirigido a lograr la revisión y reforma o anulación de las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas del derecho material, las normas que garantizan el derecho al debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales. De esta manera el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho, que deberá contener los requisitos exigidos en el art. 258 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, el mismo que puede ser planteado en la forma o en el fondo, o en ambos casos a la vez, conforme lo establece el art. 250 del ya citado código; en la forma procederá por errores de procedimiento denominado también error in procedendo, cuyo propósito es la anulación de la Resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubiera violado las formas esenciales del proceso sancionados expresamente con nulidad por la ley; respecto al recurso de casación en el fondo o error injudicando, procederá por errores en la Resolución del fondo del litigio, orientada a que se resuelva sobre el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley o la debida valoración de la prueba. En ambos casos se debe indicar de manera precisa y concreta las causas que motivan la casación, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino que se debe demostrar en que consiste la infracción que se acusa, conforme establecen los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, resultando imperativo fundamentar en que consiste la infracción y precisar cual la correcta aplicación de la norma cuya infracción se acusa, ello en cumplimiento de los requisitos exigidos en el art. 258 citado supra. Conforme las características que hacen a uno y otro recurso, la resolución de cada uno, también adopta una forma específica, razón por la cual, al margen de exponer los motivos en que se funda tanto el recurso de casación en la forma como en el fondo, es deber del recurrente concretar su pretensión en forma congruente con el recurso que deduce. Estas especificaciones, deben realizarse en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente, por lo tanto debe quedar claramente establecido que la casación no constituye una tercera instancia ni una segunda instancia de apelación.

En el caso de Autos, se evidencia que el recurso planteado de fs. 595 a 598 y vta., no cumple con la técnica recursiva pertinente, tampoco se ajusta a los requisitos y condiciones expresamente señalados en el art. 258 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, toda vez que las recurrentes, en el punto I de su recurso denominado “procedencia del recurso”, señalan que plantean recurso de casación en el fondo con la finalidad que se case y/o anule la resolución de primera instancia, obviando por completo, lo desarrollado en el parágrafo anterior, pues las recurrentes confunden las finalidades que persiguen tanto el recurso de casación en la forma como en el fondo, pues al recurrir en el fondo, debieron solicitar se case el Auto de Vista, empero solicitan que se case y/o anule la resolución de primera instancia, cuando en realidad lo que se pretende con el recurso de casación en el fondo, es casar el Auto de Vista recurrido, mas no la resolución de primera instancia, toda vez que cuando se recurre contra la resolución de primera instancia opera el recurso de apelación mas no de casación.

Seguidamente, las recurrentes en el punto II, denominado “casación en el fondo”, señalan que debido a que la resolución de primera instancia les hubiera ocasionado graves perjuicios plantean el recurso de casación en el fondo, de lo manifestado, una vez más se evidencia que las recurrentes lo que pretenden es que se revise la resolución de primera instancia, siendo que esta, como ya se manifestó anteriormente no es la instancia pertinente para denunciar agravios producidos en la resolución emitida por el Juez A quo.” (las negrillas pertenecen a  la presente resolución).

III.2.- De la valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”. Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba, “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

Razonamiento que tiene relación con la jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo de Justicia, citando para tal efecto el Auto Supremo Auto Supremo Nº 555/2013 de 04 de noviembre 2013 que sobre la valoración de la prueba fundamentó: “Con relación a que no se tomó en cuenta la prueba preconstituida presentada por los actores sin haberle dado ningún valor a la misma, referir que los jueces de instancia están obligados a considerar la prueba aportada por las partes en conjunción y de manera integral, Gonzalo Castellanos en su libro Análisis Doctrinal y Jurisprudencial del Código de Procedimiento Civil Boliviano, citando a Gozaini respecto a la valoración de la prueba señala, “…por apreciación (darle un precio) o valoración (determinar un ajuste cuántico) de la prueba, se entiende el proceso por el cual el Juez califica el mérito de cada medida probatoria explicando en la Sentencia, el grado de convencimiento que ellas le han reportado para resolver la causa”, por su parte Claria Olmedo indica que la valoración de la prueba: “… consiste en el análisis crítico e integral del conjunto de elementos de convicción reunidos y definitivamente introducidos con la actividad práctica anteriormente cumplida; análisis que persigue la obtención, como resultado, de un juicio final de certeza o de probabilidad con respecto al fundamento práctico de las pretensiones hechas valer.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En virtud a los fundamentos expuestos en el punto referido a la doctrina aplicable al caso de autos, a continuación corresponde referirnos a los reclamos que fueron expuestos en el recurso de casación.

En ese sentido, es preciso señalar que de la revisión de los reclamos inmersos en el recurso de casación, la actora en los tres primeros puntos se limitó a cuestionar los fundamentos que fueron expuestos por el Juez de la causa en la Sentencia de primera instancia, pues cuestiona y observa los fundamentos que se hallan inmersos en dicha Resolución, como las omisiones valorativas en las que dicha autoridad judicial hubiese incurrido, es decir que la recurrente, en los tres primeros puntos que hacen a su memorial de recurso de casación se limitó a cuestionar la decisión asumida por el Juez A quo, como si el presente recurso fuese de apelación, cuando en realidad debió cuestionar y observar los fundamentos expuestos en el Auto de Vista Nº 150/2015 de 05 de junio de 2015 de fs. 172 a 173 y vta., toda vez que el recurso de casación procede contra irregularidades o vulneraciones incurridas por los jueces de segunda instancia y no así contra la decisión asumida por los jueces de primera instancia, pues contra estas resoluciones es admisible el recurso de apelación, que en el caso de autos ya fue considerado por los jueces de Alzada, razón por la cual, todos los reclamos y acusaciones plasmadas en el recurso de casación debieron estar referidas a cuestionar la decisión asumida por el Tribunal Ad quem en el Auto de Vista. En ese sentido, es que este Tribunal Supremo de Justicia se ve impedido de considerar tales reclamos, máxime, valga la redundancia, si los mismos ya merecieron pronunciamiento por parte del Tribunal de Apelación.

Ahora bien, con relación al reclamo de que el fundamento expuesto por el Tribunal Ad quem de que no habría superficie para poder inscribir y darle una matrícula a su lote de terreno, sería totalmente erróneo e incongruente, pues si habría superficie hubiese recurrido a la inscripción de su derecho de manera directa ante la oficina de Derechos Reales, al respecto corresponde señalar que tal y como lo señalaron los jueces de instancia, la pretensión de inscripción de derecho propietario en Derechos Reales, con relación al bien inmueble ubicado en la zona Este, U.V. 140, Manzano Nº 28, Lote Nº 28, con una superficie de 264 Mts.2, no fue acogida favorablemente, en razón a que la matricula computarizada Nº 7011990005767 No Vigente, se encuentra bloqueada por la matricula Nº 7011990039546 que se encuentra SIN SUPERFICIE, por las ventas realizadas; pues si bien contaba con una superficie de 113828,90 Mts.2, por las certificaciones e informes emitidos por la Oficina de Derechos Reales (fs. 11, 14 y 15), la superficie restante en esta última matricula es de “-0,38 Mts.2”, extremo este que imposibilita que la pretensión de registro del derecho de propiedad que alega la recurrente sobre 264 Mts.2, sea viable, pues en caso de procederse a la solicitud de la actora, de crear una nueva matricula, la cual emergería de la matricula madre 7011990005767, se estaría afectando el derecho propietario de un tercero, pues reiteramos, al no existir superficie restante que permita el registro del derecho propietario del inmueble que alega la actora, si se procede con el registro la suma de las superficies de las matriculas que emerjan de la matricula madre, resultará superior a la superficie que esta tenía, en esa lógica la decisión asumida por los jueces de instancia, para nada resulta incongruente o errónea como acusa la recurrente.

Con relación a que en casos similares que son de la misma urbanización, se habría procedido al registro en Derechos Reales creando nuevas matrículas como es el caso de Antonio Vicente Urdininea Rivero, sobre el particular debemos señalar que durante la tramitación del proceso, la parte actora debió adjuntar las documentales necesarias para respaldar dichas aseveraciones, pues de la revisión de obrados se tiene que dicho extremo no puede ser constatado por este Tribunal al no existir prueba idónea que respalde tal aseveración. Asimismo, en este punto corresponde aclarar a la recurrente que el motivo por el cual no se acogió su pretensión no fue porque no se pueda crear matriculas para registrar el derecho de propiedad que aduce, sino porque de los informes emitidos por Derechos Reales, que ya fueron citados supra, no existe superficie que permita realizar o crear dicha matrícula. 

Por las razones expuestas, corresponde a este Tribunal emitir Resolución conforme lo establece el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 175 a 178, interpuesto por Carmen Luz Urdininea de Vargas, contra el Auto de Vista Nº 150/2015 de fecha 05 de junio de 2015, cursante de fs. 172 a 173 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos.

Se regula los honorarios del abogado profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán