TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                            S A L A    C I V I L

Auto Supremo: 1379/2016                                                                

Sucre: 05 de diciembre 2016                                                         Expediente: PT-2-16-S.                                                        

Partes: Dorotea Amador Mamani Vda. de Chiri c/ María Cristina Santos Mamani y otros.                            

Proceso: Nulidad de Escritura Pública.                                     

Distrito: Potosí.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 420 a 425 planteado por Dorotea Amador Mamani Vda. de Chiri, contra el Auto de Vista Nº 186/2015 de 12 de noviembre que cursa de fs. 415 a 417 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí dentro el proceso ordinario de nulidad de escritura pública seguido por la recurrente en contra de María Cristina Santos Mamani, la concesión de fs. 427, los antecedentes del proceso, y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Mixto, Liquidador y Sentencia de la Provincia Modesto Omiste con asiento en Villazón, pronuncia la Sentencia Nº 024/2015 de 19 de junio, cursante a fs. 381 a 386 vta., declarando improbada la demanda presentada por Dorotea Amador Vda. de Chiri, e improbada la excepción de cosa juzgada.

Resolución de primera instancia que fue recurrida de apelación por la actora y resuelto mediante Auto de Vista de fs. 415 a 417 vta., que CONFIRMA la Sentencia apelada,  sosteniendo que el cuestionamiento de la actora radica en que no se hubiera consentido con la transferencia de dicho inmueble por encontrarse en Salta-Argentina, que se hubiera producido error esencial, y que por ello se hubiera producido error esencial, generando causa ilícita exponiendo que dichos argumentos no han sido respaldadas por ningún medio de prueba, sino que en el recurso se protesta sobre las contravenciones generadas por la parte demandada y por el A quo. Refiere que las pruebas literales, testificales y periciales, no aportan respecto a las pretensiones de la demandante, resulta contradictoria la postura sobre la prueba pericial que describe que la firma no le corresponde a la actora, cuando ésta ha reconocido haber firmado papeles en blanco, resultando que la pericia es incoherente, por cuanto se ha sometido a pericia los papeles en los que estuviesen estampadas las firmas de la actora. También refiere que el recurso de apelación no se encuentra debidamente fundamentado conforme al art. 219 del Código de Procedimiento Civil. Señala que la acción de nulidad sustentada en el art. 549 num. 3) y 4) del Código Civil no ha sido demostrado, y en relación a la falta de consentimiento señala que no hubiera sido expresado al encontrarse en Salta-Argentina, ese extremo no se encuentra acreditado fehacientemente; con relación al error esencial, refiere la actora- que firmó los papeles para evitar el remate por falta de pago de impuestos y el bien estaba alodial, la misma no tiene correspondencia con el crédito otorgado por la Cooperativa que fue cancelada por el hijo de la actora. Asimismo refiere que la parte actora hubiera demandado usucapión de acuerdo a la prueba adjuntada- se conoce que ha sido declarada propietaria del bien en cuestión, aspecto que no se puede desconocer.

II. CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Describe antecedentes del proceso y para demostrar su pretensión, ofreció los documentos de fs. 1 a 5, la certificación de fs. 237, 238 y 246, que fueron admitidos por el Juez, el documento de fs. 404, las testificales de fs. 356 a 361 y la pericia de fs. 247 que no fueron examinados en forma correcta conforme al art. 398 del Código de Procedimiento Civil y no las tomó en cuenta en su fundamentación.

Describe que la fundamentación y motivación constituyen elementos del debido proceso, citando el párrafo séptimo del segundo considerando del Auto de Vista, para señalar que el Ad quem concede valor probatorio a las fotocopias de fs. 253 a 255 vta., cuya decisión carece de fundamentación, refiriendo que la demanda versa sobre nulidad del documento público Nº 88/96 de 11 de marzo de 1996 y los demandados responden en memorial de fs. 127 y de fs. 185 en las que no se encuentra ninguna versión referente a los documentos de fs. 249 a 255, ni siquiera refieren la existencia de los mismos, refiere que el auto de relación procesal define qué se debe demostrar, y no tenía oportunidad de presentar prueba para desvirtuar las fotocopias, refiere que no las conocía porque han sido ocultados por los demandados, alegando que las mismas son adulteradas, sin embargo ya están siendo sometidas a pericia para iniciar las acciones pertinentes, por lo que reitera que los documentos de fs. 253, 254 y 255 no pueden ser considerados como medios de prueba.

Cita los acápìtes 9, 15 y 16 entendiendo que se trata del Auto de Vista y refiere que dicha motivación se aparta de la certificación médica de fs. 346, expone que si las bases del proceso de nulidad estriba en el hecho de no haber estado presente en la ciudad de Villazón, que fue demostrado a través de la declaración de la testificación que se señala de cargo, que se encuentra relacionado con el certificado de fs. 346, que no ha sido tomada en cuenta, refiriendo a la literal de fs. 404 que demuestra su salida de Villazón hacia al Argentina en fecha 2 de enero de 1996, que fue considerada como innecesaria de ser examinada y cita la Sentencia Constitucional Nº 0965/2006-R de 2 de octubre, refiere que toda la prueba debe ser analizada y valorarse la prueba en forma racional realizada en base a criterios objetivos.

Describe que la prueba pericial no es contradictoria a los fundamentos de la demanda, en sentido de que refirió no haber firmado en la hoja notarial, por ello, el peritaje no ha sido observado por los demandados; añade que la prueba de cargo con el valor descrito en los arts. 1286, 194, 1330, 1333, 1320 del Código Civil y arts. 446, 439-2) y 440 de su procedimiento, no se valora el documento de fs. 246, que resulta ser determinante.

Asimismo señala que los de instancia señalaron que no existe medio de prueba eficiente respecto a la nulidad del documento de transferencia, cita la literal de fs. 246 que demuestra que el 11 de marzo de 1996 se encontraba en Salta, sometida a tratamiento médico, que ha sido ignorada, que no ha sido examinada en el marco del art. 397-1 del Código de Procedimiento Civil, y 1286 del Código Civil; refiere que error de derecho respecto a la prueba literal de descargo, que constituye fotocopias simples sin legalización alguna, concediendo valor probatorio cuando no tiene dicho valor, por lo que acusa aplicación indebida de los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su procedimiento.

III. DOCTRINA APLICABLE.-

III.1.- Firma en blanco.-

En el Auto Supremo N° 521/2016 de 16 de mayo, este Tribunal ha teorizado sobre el alcance de los papeles firmados en blanco, en ella se indicó lo siguiente: “La firma en blanco sobre un documento es muy discutido en la doctrinario, para el efecto corresponde citar el aporte doctrinario de Carlos Morales Guillen, quien en su obra CODIGO CIVIL CONCORDADO Y ANOTADO, a comentar el art. 1297 señaló lo siguiente: “La firma en blanco, consiste en que ésta es dada con anterioridad a la facción del documento y el papel firmado queda en blanco, hasta que es llenado con lo que debe contener mediante la redacción que, comunmente, la hace una persona distinta del firmante. Es una muestra de confianza y, con frecuencia, una imprudencia mayúscula (Planiol y Ripert). Quien suscribe un documento en blanco no hace ninguna declaración; solamente construye una prueba (Carnelutti). Su validez ha sido discutida. Mientras no se descubra el fraude -si hubo- su fuerza obligatoria es inobjetable. Descubierto el fraude, en su caso, pasa quitarle eficacia sólo cabe la vía penal (art. 336 del c.p.). Aquí no hay acción por falsedad de documento, porque no hay hipótesis de contraste entre el contenido del documento y la verdad, sino entre el contenido mismo y la voluntad del suscriptor (Carnelutti)…”

También en la doctrina se encuentra el aporte de Jorge LLambias, en mismo en su obra, “TRATADO DE DERECHO CIVIL” Editorial Abeledo Perrot, señala lo siguiente: “C.- DOCUMENTOS FIRMADOS EN BLANCO. 949. VALIDEZ DE LA FIRMA EN BLANCO; IMPUGNACIÓN.- En la práctica de los negocios es bastante frecuente el otorgamiento de documentos firmados en blanco. Estas operaciones implican riesgos para el firmante que, por lo común, tiene buen cuidado de no hacerlo sino con personas que le merezcan la mayor confianza.

En principio, la firma dada en blanco es perfectamente lícita (art. 1016 Ver Texto, Cód. Civ.), pero la ley reconoce al signatario la facultad de poder impugnar el contenido del documento, cuando éste no se ajustare a lo estipulado, puesto que el tenedor está obligado a llenarlo de acuerdo con lo pactado y con las instrucciones recibidas del firmante.

950.- El derecho de impugnar el contenido del documento debe ser estudiado en relación a tres hipótesis posibles:

a) Que el documento sea hecho valer por la persona a quien se lo confió; en este caso, el firmante puede demostrar que el instrumento ha sido llenado en contra de lo acordado por toda clase de pruebas, salvo la de testigos (art. 1017 Ver Texto, Cód. Civ.).

Existe, pues, una diferencia fundamental con los documentos normalmente redactados, en los que la firma ha sido estampada luego de escrito el texto del convenio: en éstos también el firmante puede impugnar la sinceridad de su contenido pero, en principio, no puede hacerlo sino por contradocumento o por pruebas tan inequívocas que, en cierto modo, pueden equipararse a aquél (véase núms. 1184 y sigs.). En cambio, si se demostrara previamente que el documento ha sido firmado en blanco, la ley es mucho menos severa y admite toda clase de pruebas para acreditar que fue llenado en contra de lo convenido, con la única excepción de la de testigos. Esta excepción se justifica plenamente, pues lo contrario permitiría invalidar con facilidad obligaciones en verdad contraídas.

Se ha decidido, sin embargo, que los testigos son admisibles si existe principio de prueba por escrito (ver nota 2), solución lógica porque si esta regla se aplica para demostrar la simulación en cualquier clase de instrumentos (véase núm. 1186), con tanta mayor razón debe serlo en los firmados en blanco.

951.-  b) Que el documento sea hecho valer por un tercero de buena fe, que hubiera contratado con la persona a quien aquél fue confiado. Puede ocurrir, en efecto, que el tenedor de un documento firmado en blanco, luego de llenarlo, haya contratado sobre la base de él con un tercero; el caso más frecuente es el del pagaré o cheque endosado por el tenedor originario a favor de otra persona. En tal caso, el firmante no podría oponer excepción alguna contra el tercero (art. 1018 Ver Texto , Cód. Civ.), quedando desde luego a salvo su derecho para reclamar daños y perjuicios contra la persona en la cual confió y que lo llenó apartándose de lo estipulado.

Firmar un documento en blanco supone riesgos y quien lo hace debe afrontarlos; no sería justo que el tercero de buena fe sufriere perjuicio como consecuencia de una actitud que le es imputable al librador; por lo demás, la seguridad del comercio exige la protección de los terceros de buena fe.

952.-  c) Que el documento haya sido sustraído fraudulentamente a la persona que lo firmó o a la persona a quien se lo hubieran confiado y hubiera sido llenado en contra de la voluntad de ellas. En este caso, la prueba de la sustracción y del abuso de la firma en blanco puede hacerse por toda clase de medios, inclusive testigos (art. 1019 Ver Texto, Cód. Civ.). Por sustracción fraudulenta debe entenderse el hurto, robo, o que el documento haya sido obtenido mediante maniobras dolosas (ver nota 3).

Otra consecuencia importante: en esta hipótesis, las convenciones hechas con terceros por el portador del documento no pueden oponerse al signatario, aunque los terceros hubiesen procedido de buena fe (art. 1919 Ver Texto, Cód. Civ., in fine). La solución de la ley es, en este caso, menos rigurosa para el firmante. Pero no hay que perder de vista que la sustracción implica siempre una culpa o negligencia de quien tenía el documento en su poder; por lo tanto, es justo que los jueces sean severos en la apreciación de la prueba sobre el hecho (ver nota 4)…”

El Auto Supremo Nº 43 de 18 de marzo de 2005, sobre la firma de un documento en blanco se señaló lo siguiente: “En el caso presente, revisando las pruebas testificales cuyas actas cursan a fs. 335-349 de obrados, ratificatorias de las prestadas en el proceso ejecutivo, seguido por el actor contra las demandadas, principalmente evidencian que la letra de cambió firmada en blanco, fue entregada anteriormente a Rolando Garnica Iturri, empero, ninguna de estas atestaciones señala conocer el momento real de entrega de tal cambiaria al actual demandante, ni conocen a cabalidad las relaciones comerciales que mantenían las demandadas con el actor, más aún, se concluye que la letra de cambio, fue en un momento dado firmada en blanco, pero, no se ha demostrado que el demandante conocía de las anteriores transacciones a que fue sometida esa letra de cambio, por ello, resulta tratarse de diferentes negocios jurídicos con diferentes efectos para las partes.

De aquí resulta, que la nulidad pactada entre las ahora demandadas con Rolando Garnica Iturri, respecto de dicha letra de cambio, tiene plena validez para éstos; empero, su valor probatorio como documento de pago, de ninguna manera puede ser enervado respecto del actual demandante…” 

IV. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.-

La pretensión de la actora radica en impugnar la minuta de 7 de marzo de 1996 y la protocolización de dicha minuta de transferencia contenida en la Escritura Pública N°  88/1996 de 11 de marzo de 1996, mediante la cual la actora transfiere su derecho de propiedad en favor de Leandro Rene Chiri Amador y María Cristina Santos Mamani, alegando que en dichas fechas se encontraba en Salta-Argentina, y que su hijo Leandro René Chiri Amador le hubiera hecho firmar dos hojas en blanco, creyendo que fuera para trámites administrativos, refiere en la fundamentación que el documento privado de transferencia se encontraría viciado de nulidad describiendo los numerales 1, 2 y 3 del art. 452 del Código Civil, y en la petición sostiene que se declare la nulidad de la minuta y la Escritura Pública, entendiendo que la pretensión de la nulidad de la escritura es tramitado como una pretensión accesoria que depende de la nulidad de la minuta; por lo que en función al recurso se analizará los agravios descritos:

En el ámbito civil -conforme a lo expuesto en la doctrina aplicable- la firma en blanco de papeles implica una muestra de confianza, y quien lo hace no efectúa ninguna declaración en la misma, sino que espera que el documento sea llenado conforme a lo acordado con el receptor del papel en blanco que fuere firmado, si sucede que el llenado no corresponde a lo acordado puede ser impugnado por todos los medios de prueba excepto el de testigos, estos se habilitan cuando existe principio de prueba por escrito que pueda viabilizar las atestaciones, por lo que en base a dicha doctrina se pasa a revisar si los reclamos del recurrente se adecuan a lo establecido en la jurisprudencia emitida por este Tribunal.

Respecto a la acusación de haber adjuntado los documentos de fs. 1 a 5, la certificación de fs. 237, 238 y 246, el documento de fs. 404, las testificales de fs. 356 a 361 y la pericia de fs. 247; corresponde señalar que las literales de fs. 1 a 2 es una minuta de 7 de marzo de 1996 consistente en la transferencia de un inmueble ubicado en la calle Chichas N° 1073 que otorga Dorotea Amador Vda. de Chiri en favor de Rene Chiri Amador y María Cristina Santos Mamani de Chiri; la que cursa de fs. 3 a 5 resulta ser una copia de la Escritura Pública N° 88/96, mediante la cual se inserta la transcripción de la minuta descrita precedentemente; las mismas no acreditan los vicios descritos en el contenido de la demanda. Asimismo corresponde analizar la literal que cursa de fs. 237 y 238 (cuyas originales y copia autenticada cursa de fs. 245 a 246, empero signan como 372 y 373), que resulta ser una copia del certificado médico que refiere que la actora hubiera estado en tratamiento desde el 6 de enero hasta el 30 de abril de 1996, estas literales bien puede acreditar la permanencia de la actora en Salta-Argentina, sin embargo de ello, se ha indicado en la doctrina que un papel puede ser firmado en blanco, empero de ello si el llenado no corresponde a lo acordado la misma debe ser probada en proceso con todos los medios de prueba sobre el fraude generado por el receptor del papel firmado en blanco respecto a lo acordado y su llenado, y en el caso de autos la propia actora en el contenido de su demanda refiere que en Salta-Argentina firmó dos papeles en blanco,  la misma no acredita el fraude cometido por el receptor René Chiri Amador; lo propio sucede con el documento de fs. 404 que fue alegado por la recurrente, la misma resulta ser una constancia de movimiento migratorio de la actora con fecha 22 de enero de 1996, inclusive la misma no condice con las fechas que describe el certificado de fs. 245 a 246 que describe el tratamiento médico desde el 6 de enero al 30 de abril de 1996; por lo que dicho medio de prueba tampoco prueba el fraude que se hubiera generado en el llenado del documento de 7 de marzo de 1996 que alega la recurrente.

Asimismo corresponde analizar la testifical que refiere la recurrente; así se tiene que la que cursa de fs. 356 a 357 vta., corresponde a la declaración de Mary Brígida Ventura Alfaro de Alfaro y Victoria Rivadeneira, las que en lo sobresaliente de su atestación- declaran que la actora no se encontraba en Bolivia en la gestión de 1996, las atestaciones de Nicolás  García y Nicolás Sergio Guarachi Pantoja de fs. 358 a 359 vta., se concluye que no presenciaron del momento de la suscripción del protocolo de la escritura pública ante la Notaría de Fe Pública donde figuran como testigos instrumentales; la testigo Carmen Rosa Guamán, cuya declaración consta en fs. 260 a 261, señala en lo relevante de su atestación que conoció de la redacción de la minuta y que la actora no se presentó en ese tiempo a la Notaría de Fe Pública.

De acuerdo a las conclusiones de los medios probatorios, se debe analizar los mismos en relación a dos escenarios, primero respecto a la suscripción de la minuta de 7 de enero de 1996, la misma que de acuerdo a la doctrina aplicable, es permisible la firma de papeles en blanco, pues se lo emite en base al alto grado de confianza que se realiza respecto de la persona receptora del papel firmado en blanco, por lo que para demostrar el fraude debe demostrarse cuál era el contenido que debía llenarse en el papel firmado en blanco, sobre la misma no se evidencia prueba al respecto, tan solo cursa la declaración contenida en la demanda por la parte actora, por lo que respecto a la minuta no existe constancia de haberse demostrado el fraude generado por el receptor del papel firmado en blanco, las declaraciones testificales pueden ser aceptadas en base a un principio de prueba por escrito, y la misma no existe en autos, que pueda generar indicio del fraude cometido por el receptor de los papeles firmados en blanco.

Por otra parte, en cuanto a la suscripción del protocolo de la Escritura Pública N° 88/1996, se tiene que la parte actora postuló dicha pretensión sobre la base de que no participó en la suscripción de la misma, corresponde señalar que la participación de testigos en el acto de protocolización no ha sido objeto de pretensión por lo que en atención al principio de congruencia no corresponde mezclar dicho antecedente como objeto del debate; por lo que la atestación de los testigos Nicolás  García y Nicolás Sergio Guarachi Pantoja no corresponden ser tomados en cuenta; en cuanto a la declaración de los testigos Mary Brígida Ventura Alfaro de Alfaro, Victoria Rivadeneira y Carmen Rosa Guamán, solo señalan que en la gestión de 1996 no percibieron la presencia de la actora en la Localidad de Villazón, aspecto que no es suficiente para considerar que la actora no hubiera participado en el acto de protocolización, pues la postura de la actora ha variado en el caso de autos, ya que inicialmente señaló conforme a su certificado médico que refiere que desde el 6 de enero al 11 de abril de 1996 se encontraba con tratamiento- sin embargo presenta la literal de fs. 404, que refiere movimiento migratorio de salida en fecha 22 de enero de 1996, aspectos que hacen entender que la actora no se encontraba internada en la fecha en que se procedió a efectuar la protocolización, solo recibió tratamiento médico, lo que quiere decir que se encontraba libre de ejercer su locomoción. Asimismo corresponde señalar que respecto a la prueba pericial de fs. 346 a 351, la misma no describe que la firma estampada sea falsa, sino se limita a efectuar una descripción que la misma refiere en sus conclusiones que se efectuó una comparación ante los documentos describiendo que la firma estampada no corresponde a la actora, sin embargo de ello, no tiene el soporte técnico que ampare dicha conclusión, al margen de ello describe medios probatorios cotejando con muestras generadas en la gestión de 2015, cuando debió incluir en el cotejo con mayor preferencia muestras de la misma data en que las firmas fueron acusadas de ser dubitadas, aspectos contundentes para no considerar las conclusiones de la pericia, conforme dispone el art. 1333 del Código Civil.

Consiguientemente no se considera las literales de fs. 253 a 254 por ser un medio de prueba que demuestra hechos que no formaron parte de los hechos postulados por las partes, por lo  que el reclamo de considerar dicho medio de prueba queda acogido en favor de la recurrente únicamente en este punto; sin embargo de ello, conforme se ha explanado supra, los elementos de prueba adjuntados no resultan ser suficientes como para modificar la decisión asumida por los de instancia.

Los documentos de fs. 249 a 250, son relativos a la minuta de venta del inmueble que se asume fue firmado en blanco, cuya pretensión resulta ser denegada, en cuanto al documento de fs. 255 la misma es una copia del documento de aclaración del precio de venta, que no es considerado por no formar parte de la relación procesal.

En cuanto a los documentos de fs. 251 a 252 resulta ser un documento de entrega de documentos y cancelación de deuda efectuada por Rene Chiri Amador respecto de la deuda contraída por la actora con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Monseñor Félix Gainza, que no inciden en el decisorio de autos.

Consiguientemente no se evidencia haberse infringido los arts. 1286, 1330, 1333, 1320 del Código Civil y arts. 446, 439 num. 2), 440 y 397 de su procedimiento.

Por lo expuesto, corresponde emitir Resolución en la forma prevista en el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) y 17.I de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y art. 220.II del Código Procesal Civil declara INFUNDADO, el recurso de casación de fs. 420 a 425 planteado por Dorotea Amador Mamani Vda. de Chiri, contra el Auto de Vista Nº 186/2015 de 12 de noviembre que cursa de fs. 415 a 417 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí. Sin costas ni costos, por no haber sido contestado el recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.