TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                              S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 1354/2016

Sucre: 30 de noviembre 2016

Expediente: LP-12-16-S

Partes: Neptali Cáceres Vda. de Quispe c/ Santiago Quispe Chico.

Proceso: Rescisión por lesión

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 478 a 479, formulado por Neptali Cáceres Vda. de Quispe, contra el Auto de Vista de 28 de julio de 2015, cursante de fs. 474 a 476, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de Rescisión por Lesión, seguido por Neptali Cáceres Vda. de Quispe, contra Santiago Quispe Chico, la concesión de fs. 494; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Juez Segundo de Partido en lo Civil y comercial de la ciudad de el Alto (La Paz), dictó Sentencia Nº 97/2014 de fecha 15 de abril de 2014, cursante de fs. 435 a 437, por la que declaró: “IMPROBADA la demanda de fs. 8-9 vta, de obrados interpuesto por Neptali Caceres Vda. de Quispe, con costas”.

Resolución contra la que se interpuso recurso de apelación por Neptali Cáceres Vda. de Quispe, mediante memorial de fs. 438 a 439 vta.

A cuyo efecto, la Sala Civil y Comercial  Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de  La Paz, emitió el Auto de Vista de fecha 28 de julio de 2015 cursante de fs. 474 a 476, por el que CONFIRMA la sentencia, argumentando que: “ es preciso determinar el valor del inmueble objeto de la transferencia para lo cual debemos realizar las siguientes precisiones, el valor del bien debe reflejar la época o tiempo en el que fue suscito el negocio jurídico impugnado de rescisión, en ese sentido de obrados se evidencia que, el Avaluó pericial de fs. 6-7, replicado a fs. 93-97, y ampliado a fs. 130-132, efectuado por Luis Tambor Machicado, expresa que el valor del inmueble sería de $us. 61.934,10; el Avaluó parcial fs. 40-47, efectuado por Javier Iván Álvarez M., para el Banco Mercantil S.A., expresa que el valor del inmueble sería de $us. 35.352,10; y finalmente el Avaluó pericial fs. 369-377, efectuado por José Luis Loayza Sardon, expresa que el valor del inmueble sería de $us. 99.444,00; este último fue reformulado a fs. 391-397, expresando que el valor sería de $us. 52.475,80 tomando en cuenta sobre los valores vigentes desde la gestión 2005; finalmente la certificación del Gobierno Municipal de el Alto de fs. 145, expresa que el valor del lote de terreno es de Bs. 271.118,10, al tipo de cambio de la época seria $us. 48.415,00.

Ahora bien, los avalúos ofrecidos por la parte demandante, no cumplen con la legalidad exigida, lo que da a relucir una parcialización con la misma, puesto que el perito valuador presta su juramento el mismo día que se presenta el avalúo, conforme se evidente del acto de juramente de perito de fs. 98, asimismo, los avalúos ejecutados por el perito de oficio no reflejan el periodo  que fue suscrita la transferencia, extremo que descartan tales estudios; es por tal razón que  como único medio de prueba del valor del lote de terreno se tiene la certificación del Gobierno Municipal de El Alto de fs. 145, la cual refiere que es de Bs. 271.119,10, que al tipo de cambio de la época seria $us. 48.415,00; monto que debe ser considerado como el valor objetivo del lote de terreno, ya que el mismo expresa un valor de la época, además que es emitido por un ente del Estado que tiene el valor probatorio otorgado por el Art. 1296 del Código Civil.

II.3.3 Bajo estos parámetros es evidente que el precio real cancelado por los demandados que asciende a $us. 25.000, supera el 50% del precio del lote de terreno de la demandada, mismos que en la gestión 1998 tenía el valor aproximado de $us. 48.415,00; en tal razón no es evidente que exista una desproporcionalidad de las prestaciones establecidas en el contrato protocolizado en la Escritura Publica Nº 612/98 de 03/03/1998, consiguientemente la pretensión de rescisión no puede prosperar  puesto que, como se dijo no exista una desproporcionalidad de las prestaciones.”

Resolución que dio lugar al recurso de casación, formulado  Neptali Caceres Vda. de Quispe  de fs. 478 a 479 que se analiza.

II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Acusa errónea interpretación, debido a que se otorgó preferencia a lo que declara el demandado en su confesión provocada cursante de fs. 89 a 103, sobre los informes periciales o avalúos del inmueble, lo cual debió ser prueba esencial y determinante para la procedencia de la demanda de rescisión de contrato por lesión.

Aduce que los de instancia se remitieron al precio anterior al momento de suscripción del contrato de crédito, cuando lo correcto era aplicar el valor comercial actual del inmueble.

Señala que es muy extraño que se sortee la causa justamente al Vocal Ramiro Sánchez Morales, debido a que existen tres procesos con similares resultados pese a existir excusa.

De la respuesta al recurso:        

No existe respuesta al recurso de casación.

III. DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- Ante la interposición del recurso de casación en la forma y fondo, es necesario  en primer lugar resolver los reclamos de forma.

Sobre este punto, corresponde señalar lo expresado en la doctrina aplicable contenida en el AS  203/2016 de fecha 11 de marzo 2016, que de forma clara ha expresado: “En principio corresponde orientar que conforme establece el art. 274 del Código Procesal Civil, el recurso de casación puede ser interpuesto tanto en la forma como en el fondo; norma que posee un contenido análogo con lo que establecía el  art. 258 num. 2) del Código de procedimiento Civil, tipo de recursos que tiene relación con la forma de resolución que ha de emitirse, en vista de que el recurso de casación en la forma, es el mecanismo recursivo, mediante el cual se acusan aspectos inherentes a la forma de la tramitación de la causa, cuya finalidad es anular obrados y el recurso de casación en el fondo, es el mecanismo recursivo idóneo para observar la errónea aplicación, violación o interpretación de la ley realizado por los jueces de instancia y la finalidad de la misma es casar el Auto de Vista, y debido a esta notoria diferenciación, es que de principio y por metodología estructural corresponde pronunciarse en un primer momento, sobre los reclamos de forma, puesto que de ser evidente los mismos, la resolución a emitirse como se expuso es una anulatoria y  no corresponderá realizar un análisis en cuanto a los reclamos de fondo, entonces debido a ese antecedente, es que en principio corresponde realizar un análisis de los reclamos inherentes a la forma del proceso.”

III.2.- De la nulidad Procesal.

Si bien el régimen de la nulidad de obrados, se encontraba orientado en un enfoque totalmente formalista conforme orientaba el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (Abrogada), empero, con el transcurso del tiempo conforme al principio de progresividad, dicho instituto jurídico procesal ha sido modulado  por la  jurisprudencia y reorientado por nuestro ordenamiento jurídico procesal actual, mereciendo consideración especial, en  los nuevos Códigos en si regulando su procedencia( Ley del Órgano Judicial Nº 025 y Código Procesal Civil Ley Nº 439), esto debido a la importancia que relieva su aplicación en los distintos procesos que se desarrollan, pues es concebido como un instrumento que permite remediar la violación del debido proceso en su elemento de derecho a la defensa, pero de ningún modo constituye el medio para el cumplimiento de fórmulas ritualistas establecidas en el procedimiento, por ello es contundente el art. 16 de la Ley Nº 025 al indicar que: “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa”, entendimiento  en concordancia con  la Ley Nº 439, respecto a  la nulidad de los actos procesales, con vigencia anticipada, que precisa la especificidad y trascendencia de vicio para que opere la nulidad procesal poniendo como factor gravitante para esa medida la indefensión que hubiere causado aquel acto.

Estos presupuestos legales, han sido establecidos en desarrollo de la garantía constitucional que desprende el art. 115 de la CPE., que indica  “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, estableciéndose que es Política de Estado garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a un proceso sin dilaciones, o sea sin aquellos obstáculos procesales que tienden a dilatar la tutela jurisdiccional solicitada.

Por lo manifestado, es indiscutible resaltar y reiterar que la nulidad procesal es una medida de -ultima ratio-, siendo la regla la protección de los actos válidamente desarrollados en proceso, por lo que,  ahora resulta limitativo aplicar una nulidad procesal, puesto que si en la revisión de los actos procesales desarrollados se verifica que esa irregularidad no fue reclamada oportunamente y el acto cumplió con su finalidad procesal, no puede pretender el juzgador fundar una nulidad procesal en ese acto procesal por su sola presencia en la causa, sino se debe apreciar  la trascendencia de aquel acto  de manera objetiva en relación al derecho a la defensa de las partes.

En ese sentido en el régimen de nulidades procesales, impuesta en la nueva normativa jurisdiccional, elaboró los presupuestos de una posible nulidad conforme a la doctrina de los principios procesales, por ello se hace indispensable que el operador de justicia cuando tome una decisión anulatoria verifique a luz de estos esa disposición como última opción; en ese cometido podemos manifestar que el Principio de Especificidad o Legalidad, se encuentra establecido en el art. 105.I de la Ley Nº 439 que establece que “Ningún acto o trámite judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la Ley”; criterio de nulidad específica, pero esta no se concibe en el principio de legalidad en su forma pura, sino en una forma mucho más amplia y flexible, atenuada, acorde a las necesidades de la práctica forense y con mayor criterio de juridicidad, misma sustancia se aprecia de la primera parte del parágrafo II del artículo precitado.

El Principio de Trascendencia y el Principio de finalidad del acto procesal, sitúan su lugar en el art. 105.II del Código Procesal Civil, que indica que: “El acto será válido, aunque sea irregular, si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión”, cabe resaltar que la sola presencia de un vicio no es razón suficiente para que el Juez declare la nulidad de un acto procesal, se requiere además, compulsar si el acto aunque anómalo cumplió con el propósito procesal (finalidad del acto) y que ese vicio sea trascendente; es decir, que determine un resultado probablemente distinto en la decisión judicial o coloque al justiciable en estado de indefensión. No procede, por tanto, la nulidad fundada en el mero interés de la ley, sino cuando la inobservancia de las formalidades del acto causa un daño que no puede ser reparado si no es por esta vía excepcional.

El Principio de Protección tiene como fundamento la protección del acto, y en ello proteger aquellos sujetos inmersos en un proceso, ya como parte o como terceros, en ese fin el proponente de la nulidad no puede ser el mismo que ha originado la supuesta nulidad, pues ese actuar estaría afectando a otros interesados en el proceso, por ello se dice que el presupuesto de la nulidad es la ausencia de culpa o dolo de quien la alega; quien la deduce debe acreditar un perjuicio cierto y actual a su derecho de defensa, demostrando también su interés en la subsanación del vicio; bajo esa concepción el art. 106-II del Código Procesal Civil establece: “También la nulidad podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla y que tenga interés en la observación de la norma respectiva, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y haber sufrido indefensión”.

El fundamento del Principio de Convalidación es que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, no obstante haber tenido expedito el derecho para deducir su nulidad, no lo hace oportunamente en su primera actuación; con ese proceder dota a dicho acto de plena eficacia jurídica; en ese mérito se estableció que “II. No podrá pedirse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita. III. Constituye confirmación tácita, no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil” (art. 107 de la Ley Nº 439).

Asimismo el Principio de conservación que implica la conservación de los actos procesales, la cual sólo admite excepciones ante supuestos de lesión al debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa, se encuentra instituido en el art. 107-I) de la norma procesal citada que sostienen: “Son subsanables los actos que no hayan cumplido con los requisitos formales esenciales previstos por ley, siempre y cuando su finalidad se hubiera cumplido”.

III.3.- De la valoración de la prueba.-

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia  del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos  que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba“El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es“La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el Juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar las todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 397 del Código de Procedimiento Civil.   

En este marco y en relación a lo dispuesto por el art. 1330 del Código Civil, respecto a la valoración de la prueba testifical este Supremo Tribunal en el Auto Supremo N° 703/2014 ha orientado que: “…al respecto debemos señalar que la prueba testifical constituye un medio probatorio por el cual una persona ajena al proceso realiza declaraciones sobre determinados hechos de los que tenga conocimiento, siendo el objeto de dicha prueba la demostración de las pretensiones formuladas ya sea en la demanda o en la contestación a la misma, estas atestaciones, versarán sobre hechos ocurridos con anterioridad a la demanda o contestación a la misma, pues el testigo emitirá un juicio de valor sobre la existencia, inexistencia o la manera en cómo se produjeron los hechos, de esta manera es que el art. 1327 del Código Civil prevé su admisibilidad, al igual que su eficacia probatoria que conforme lo establece el art. 1330 de la norma ya citada, esta se encuentra reservada al Juez quien deberá apreciar la misma considerando la credibilidad personal de los testigos, las circunstancias y la eficacia probatoria suficiente que de sus declaraciones sobre los hechos pueda resultar, por lo que se deduce que este medio de prueba en lo que respecta a su apreciación y valoración se encuentra inmerso en las reglas de la sana critica”.

Orientado por otra parte, respecto a la actividad valorativa de la prueba por parte de los de instancia en el Auto Supremo N° 240/2015 que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.  Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.


IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que, del análisis del recurso de casación se advierten reclamos tanto de forma como de fondo interpuestos indistintamente, a los efectos de una adecuada argumentación jurídica y por metodológica estructural de una Resolución, conforme a lo orientado en la doctrina aplicable III.1, corresponde absolver de inicio  el reclamo de forma.

De su confuso reclamo en la forma se puede inferir, que la recurrente observa la participación del Vocal Ramiro Sánchez en la emisión del Auto de Vista pese a existir excusa, expresando que esto resultaría muy extraño, debido a que existen tres procesos con similares resultados

Analizando lo acusado, se evidencia que resulta un reclamo genérico sin sustento objetivo, debido a que no existe en obrados prueba que demuestre la susceptibilidad acusada, es decir la falta de imparcialidad de dicha Autoridad, resultando un reclamo carente de sustento, ya que de la compulsa de obrados se aprecia que si bien la ahora recurrente ha recusado al referido Vocal, pero tramitado a ese incidente, este mereció la Resolución de fs. 468 a 469, rechazando el incidente de recusación interpuesto bajo el fundamento que la misma ha sido interpuesta fuera del plazo que establece el art. 351.II del Código Procesal Civil, extremo que denota falta de diligencia en la recurrente para lograr la separación de la citada autoridad, operándose el principio de convalidación por la no utilización de los mecanismos procesales de forma oportuna, por lo que, no resulta viable retrotraer el proceso ante estadios procesales ya superados criterio que resultan rectores para toda nulidad procesal conforme se ha orientado en el punto III.2, deviniendo en infundado su reclamo en la forma.

Acusa errónea interpretación, debido a que se habría otorgado preferencia a lo que declara el demandado en su confesión provocada cursante de fs. 89 a 103, sobre los informes periciales o avalúos del inmueble, lo cuales, debieron ser pruebas esencial y determinante para la procedencia de la demanda de rescisión de contrato por lesión.

De lo reclamado en esencia se puede extraer, que su observación tiene como punto neurálgico que se ha otorgado preferencia a la confesión provocada del demandante sobre los informes o avalúos periciales para fallar en el fondo de la Litis, en principio corresponde expresar que dicha alegación no resulta evidente, empero, a los efectos de una argumentación clara, eficiente y eficaz, corresponde analizar las resoluciones de instancia, sobre lo alegado la sentencia ha referido: “ Que habiéndose demostrado en forma clara y categórica la simulación en el precio contenido en la Escritura Publica No. 612/98 de 03/03/1998, cuya rescisión se pretende,  (Bs. 10.000), corresponde tomar como parámetro de referencia el precio real de venta convenido entre partes, el cual alcanza a la suma de $us. 25.000.-; asimismo, a efecto de establecer la existencia de una desproporción en la precitada suma con el valor real del inmueble objeto de venta, es imperante determinar su valor real al momento de la celebración del citado acuerdo, esto a fin de determinar la existencia o no de una lesión; por consiguiente, como precedente por el avaluó pericial de fs. 93 a 95 complementado a fs. 130 a 132, se infiere que este fue practicado fuera de procedimiento, dado que el perito presto su juramento presento dicho avaluó al mismo tiempo, tal como se advierte a fs. 97 y 98, por lo que, dicho aspecto denota cierta parcialización con alguna de las partes, a saber que el informe pericial adjunto con la demanda  fs. 6 a 7 proviene del mismo perito, por lo que corresponde su desestimación; asimismo cursa a fs. 40 a 47 avaluó del inmueble motivo de Litis, correspondiente al efectuado en el proceso ejecutivo seguido por el Banco Boliviano Americano contra Teodoro Quispe Cáceres, en el cual se le otorga a fecha 05/05/1999 un valor de $us. 35.352.10.-; asimismo cursa a fs. 145 certificación emitida por la Dirección de Catastro del Gobierno Municipal de El Alto que data de fecha 13/02/2001 en el que señala que verificada la existencia del Código Catastral No. 39-53-27 la misma corresponde al inmueble ubicado en Zona 16 de Julio, Manzano 55, Lote 27, con una superficie de 200 Mts.2 registrado a nombre de Santiago Quispe Chico y Donata Huanquiri de Quispe, otorgándole un Valor de Bs. 271.119,10.- mismos que al tipo de cambio de 1998 es igual a $us. 48.415,00.-; por último el cumplimiento al Auto de Vista No. S-239/2007 de 15/06/2007 a fs. 208 a 281 vlta., por providencia de fs. 354 vta. se dispuso oficiar al Colegio de Arquitectos a efectos de que eleven una terna de profesionales a fin de realizar el avaluó pericial de inmueble motivo de Litis, en consecuencia por el avaluó saliente a fs. 369 a 377, se establece que perito en principio efectuó el mismo otorgando a dicho predio un valor actual a fecha 21/10/2011 por un monto de $us. 99.444,00; aspecto que se solicitó se subsane y se calcule los mismos en base a los valores que regían el año 1998: gestión en la cual se efectúo la trasferencia del inmueble motivo de Litis; por lo que a fs. 391-397 el perito subsano dicho extremo otorgando esta vez un valor de $us. 52.475,80.-; empero el mismo aclaro que dicho monto se calculó sobre los valores catastrales vigentes desde la gestión 2005, no pudiendo remitir información exacta a lo solicitado, dado que la oficina de Catastro del Gobierno Municipal de El Alto no cuenta con datos técnicos de las gestiones solicitadas; asimismo a fs. 423 cursan informe aclaratorio en el que además señala, respecto a este último monto, que al no contar la oficina de catastro con datos técnicos por las gestiones 1997-1998, debido a suceso sociales de conocimiento público no pudo determinar la superficie construida en ese entonces por lo cual adopto la construida al momento de la inspección, asimismo el valor del terreno fue calculado de acuerdo a su situación geográfica en El Alto, además no pudo determinar con exactitud con que servicios contaba el inmueble motivo de Litis, en ese entonces, así como el estado de la vía, esto por falta de datos técnicos.

5.- Que, de lo relación anteriormente se establece 3 situaciones con relación al valor del inmueble motivo de Litis una por la gestión 1999 por un monto de $us. 35.352,10 otra por la gestión 2001 por un monto de $us. 48.415,00 y una última de la gestión 2011 por un valor referencial de dicha época por $us. 52.475,80; y de su análisis se advierte que todas ellas conllevan un grado de coherencia con relación al valor ascendente del inmueble motivo de Litis; correspondiendo tomar como parámetro valido el otorgado por la unidad de Catastro de la Alcaldía del El Alto, es decir $us. 48.415,00.- toda vez que el mismos a más de haber sido expedido por autoridad competente, refleja el valor del predio motivo de Litis en una época cerca a la celebración del contrato de venta que se pretende su rescisión (1998); asimismo dicho valor se aproxima y se encuentra plenamente respaldado por el avaluó pericial ordenado por este despacho judicial en cumplimiento al Auto de Vista No. S-239/2007, mismo que da un valor referencial de $us. 52.475,80.- a saber que el mismo fue practicado sobra tablas actuales (2005) y datos aproximados al no contar la oficina competente con datos técnicos de la gestión; en consecuencia  habiendo Santiago Quispe Chico y Donata Huanquiri de Quispe convenido con Neptali Caceres Vda. de Quispe el pago de la suma de $us. 25.000. por el precio de venta del precitado inmueble, se establece que dicho monto sobre pasa el 50% del valor real que tenía  a momento de la celebración del mencionado contrato;” asimismo el Auto de Vista en cuanto al tema en debate ha referido: “es preciso determinar el valor del inmueble objeto de la transferencia para lo cual debemos realizar las siguientes precisiones, el valor del bien debe reflejar la época o tiempo en el que fue suscito el negocio jurídico impugnado de rescisión, en ese sentido de obrados se evidencia que, el Avaluó pericial de fs. 6 a 7, replicado a fs. 93 a 97, y ampliado a fs. 130 a 132, efectuado por Luis Tambor Machicado, expresa que el valor del inmueble sería de $us. 61.934,10; el Avaluó parcial fs. 40 a 47, efectuado por Javier Iván Álvarez M., para el Banco Mercantil S.A., expresa que el valor del inmueble sería de $us. 35.352,10; y finalmente el Avaluó pericial fs. 369-377, efectuado por José Luis Loayza Sardon, expresa que el valor del inmueble sería de $us. 99.444,00; este último fue reformulado a fs. 391 a 397, expresando que el valor sería de $us. 52.475,80 tomando en cuenta sobre los valores vigentes desde la gestión 2005; finalmente la certificación del Gobierno Municipal de el Alto de fs. 145, expresa que el valor del lote de terreno es de Bs. 271.119,10, al tipo de cambio de la época seria $us. 48.415,00.

Ahora bien, los avalúos ofrecidos por la parte demandante, no cumplen con la legalidad exigida, lo que da a relucir una parcialización con la misma, puesto que el perito valuador presta su juramento el mismo día que se presenta el avalúo, conforme se evidencia del acto de juramento de perito de fs. 98, asimismo, los avalúos ejecutados por el perito de oficio no reflejan el periodo  que fue suscrita la transferencia, extremo que descartan tales estudios; es por tal razón que  como único medio de prueba del valor del lote de terreno se tiene la certificación del Gobierno Municipal de El Alto de fs. 145, la cual refiere que es de Bs. 271.119,10, que al tipo de cambio de la época seria $us. 48.415,00; monto que debe ser considerado como el valor objetivo del lote de terreno, ya que le mismo expresa un valor de la época, además que es emitido por un ente del Estado que tiene el valor probatorio otorgado por el Art. 1296 del Código Civil.

II.3.3 Bajo estos parámetros es evidente que el precio real cancelado por los demandados que asciende a $us. 25.000, supera el 50% del precio del lote de terreno de la demanda, mismos que en la gestión 1998 tenía el valor aproximado de $us. 48.415,00; en tal razón no es evidente que exista una desproporcionalidad de las prestaciones establecidas en el contrato protocolizado en la Escritura Publica Nº 612/98 de 03/03/1998, consiguientemente la pretensión de rescisión no puede prosperar  puesto que, como se dijo no exista una desproporcionalidad de las prestaciones”   del análisis de las resoluciones de grado clara y objetivamente se advierte que los de instancia en ningún momento han tomado como parámetro la confesión provocada del demandado, al contrario realizando un análisis de los elementos objetivo y subjetivo de este tipo de acción, haciendo una contrastación de los informes periciales visibles en obrados, han señalado y explicado desde el punto de vista objetivo, cuales resultan los trascendentales y de igual forma exponen los motivos, por los cuales no son tomados en cuenta algunos informes, lo cual evidente que  han realizado una valoración de la prueba de forma conjunta conforme a lo referido en el punto III.3, concluyendo que no ha existido una desproporción en la venta del bien inmueble objeto de Litis, por cuanto el reclamo inferido por la recurrente no resulta evidente.

En cuanto a su ultimo reclamo, en principio la recurrente no expresa de forma clara y precisa, del por qué, su postura debe ser asumida resultando la misma en una mera alusión sin fundamento o sustento, máxime, si por sindéresis jurídica y por razonabilidad no resulta correcto aplicar el entendimiento señalado en su recurso, debido a que la perfección del contrato data de la misma fecha de la suscripción.

Consecuentemente, se evidencia que los reclamos expuestos no resultan evidentes ni suficientes para lograr alguna modificación de la Resolución de segundo grado, por cuanto corresponde emitir Resolución en sujeción a lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil (Ley Nº 439), declara INFUNDADO el recurso de Casación de fs. 478 a 479, formulado por Neptali Cáceres Vda. de Quispe, contra el Auto de Vista de 28 de julio de 2015, cursante de fs. 474 a 476, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin costas ni costos por no existir respuesta al recurso de casación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                          

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.