TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 1353/2016

Sucre: 30 de noviembre 2016

Expediente: CB-5-16-S

Partes: Félix Prudencio Gutiérrez c/ María Emilsa Uriona Flores y otro

Proceso: Nulidad venta y otro

Distrito: Cochabamba

VISTOS: El recurso de casación de fs. 538 a 544 vta., interpuesto por Marcelo Alejandro Prudencio Uriona por medio de su representante  y el recurso de casación de  María Emilsa Uriona Flores contra el Auto de Vista de fecha 09 de octubre de 2015 de fs. 531 a 533 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Cochabamba, dentro del proceso de Nulidad de documento y otro seguido por Félix Prudencio Gutiérrez contra María Emilsa Uriona Flores y otro, el auto de concesión de fs. 562, y:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez de Partido Primero en lo Civil de la Capital de Cochabamba, pronunció Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2004, cursante de fs. 436 a 442, por la que declaró: “PROBADA en parte la demanda de fecha 21 de junio de 2001, de fs. 204 a 208, IMPROBADAS las excepciones perentorias de FALTA DE ACCION Y DERECHO, PRESCRICPION, FALSEDAD, ILEGALIDAD e IMPROCEDENCIA, invocadas por Marcelo Alejandro Prudencio, como IMPROBADAS la acción reconvencional y las excepciones perentorias de COSA JUZGADA , FALTA DE ACCION Y DERECHO, OSCURIDAD, CONTRADICCIÓN, ILEGALIDAD Y FALSEDAD, opuestas por María Emilsa Uriona. En consecuencia declara la existencia de fraude procesal dentro de proceso de usucapión interpuesto por la demandada que fue tramitado en el Juzgado Sexto de Partido en lo Civil de la Capital debiendo  los actores en aplicación del art. 297 del Código de Procedimiento Civil recurrir ante la Corte Suprema de Justicia con la finalidad de tramitar la revisión extraordinaria de la referida sentencia. Asimismo, se declara NULO y SIN VALOR LEGAL el documento de fecha 18 de marzo de 1982, suscrita entre PRUDENCIA GUTIERREZ VDA. DE PRUNDENCIO y LUCIO URIONA SOTO, por la venta del 50% de acciones y derechos, del bien inmueble que motiva el presente proceso, ordenando además la cancelación del registro efectuado en la Oficina de Derechos Reales, bajo la matrícula computarizada No. 3011010004535, Asiento A-1 de 19 de noviembre de 1999, disponiéndose que el codemandado MARCELO AJEJANDRO PRUDENCIO URIONA reivindique el 50% de acciones y derechos a favor de los actores y sea dentro el plazo de tercer día .”.

Resolución de primera instancia que es recurrida de apelación por  María Emilsa Uriona Flores y a su turno Marcel Alejandro Prudencio Uriona, a cuyo efecto  la Sala Civil, Comercial, Familiar  y de la Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal de Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista de fecha 09 de octubre de 2015, cursante de fs. 531 a 533 vlta., CONFIRMA la sentencia, fundamentando que: “ conviene remitirnos a lo expuesto en el punto A.2 del acápite que antecede; reiterando que por el principio dispositivo que rige el proceso civil corresponde al afectado reclamar oportunamente toda eventual irregularidad que le pudiera perjudicar, por lo que no habiendo los reconvenidos observado dicho aspecto, no es posible su consideración en alzada, por lo que el argumento de que se hubiera vulnerado el imperativo legal contenido en los arts. 68, 124 y 131 del CPC, no amerita acoger la petición apelante, por cuanto resulta evidente que recurre objetando el trámite del proceso o violaciones de plazos procesales que deben ser resuelto mediante tramite incidental y no en alzada.”

Resolución que fue impugnada vía recurso de casación de fs. 538 a 544 vta., de Marcelo Alejandro Prudencio Uriona por medio de su representante  y a su turno de  María Emilsa Uriona Flores de fs. 548 a 554 vta., recursos que se analiza.

II.  DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

RECURSO DE CASACIÓN MARCELO ALEJANDRO PRUDENCIO URIONA

Acusa que el Auto de Vista no cumplió con lo establecido el art. 236 y 227 del CPC, por lo que, corresponde en aplicación del art. 15 de la Ley del Organización  Judicial (abrogada), anular obrados, debido a que no se pronunció, con referencia a la integración a la Litis de las partes que han sido demandadas, y tampoco con relación a la normas procesales inherentes a la medida preparatoria, es decir, si fueron citados o no con esta medida, también alude que  el poder presentado por los actores no es suficiente para litigar por otras personas y  de igual forma no se habría hecho mención con referencia a que si los demandados han sido citados o si tienen defensor de oficio.

En si alude la inexistencia de una respuesta clara fundamentada y oportuna, a los agravios denunciados pues en dos simples puntos deciden confirmar la Sentencia.

Asimismo expresa que  no se ha tomado en cuenta que los poderes cursante en el expediente no confieren a los demandantes las facultades para iniciar, continuar y concluir esta demandada ordinaria de nulidad de venta y usucapión.

De igual forma expresa que en la medida preparatoria se vulnera los artículos 319 y 326 del CPC, al no haber citado a los posibles demandados, su persona y su hijo, también alude que no era necesario interponer una medida preparatoria sino acudir a la misma autoridad y recabar antecedentes con una orden si el caso ameritaba, pero no mediante un procedimiento ilegal que posteriormente ha sido corroborado por el a quo y por la Sala Civil, quienes no han cumplido con su rol fiscalizador, vulnerando su derecho a la defensa con la designación de un perito sin saber si era o no entendido en la materia,  ni los puntos de pericia.

También expresa que se han vulnerado los artículos referentes a la declaratoria de rebeldía y designación de defensor de oficio de los demandados con la demanda reconvencional.

Señala que se omitió pronunciarse sobre su excepción de prescripción.

RECURSO DE CASACIÓN DE MARIA EMILSA URIONA FLORES

Acusa que el Auto de Vista no cumplió con lo establecido el art. 236 y 227 del CPC, por lo que, corresponde en aplicación del art. 15 de la Ley del Organización Judicial (abrogado), anular obrados, debido a que no se pronunció, con referencia a la integración a la Litis de las partes que han sido demandadas, y tampoco con relación a la normas procesales inherentes a la medida preparatoria, es decir, si fueron citados o no con esta medida, también alude que  el poder presentado por los actores no es suficiente para litigar por otras personas y  de igual forma no se habría hecho mención con referencia a que si los demandados han sido citados o si tienen defensor de oficio.

En si alude la inexistencia de una respuesta clara fundamentada y oportuna, a los agravios denunciados pues en dos simples puntos deciden confirmar la Sentencia.

Asimismo expresa que  no se ha tomado en cuenta que los poderes cursante en el expediente no confieren a los demandantes las facultades para iniciar, continuar y concluir esta demandada ordinaria de nulidad de venta y usucapión.

De igual forma expresa que en la medida preparatoria se vulnera los artículos 319 y 326 del CPC, al no haber citado a los posibles demandados, su persona y su hijo, también alude que no era necesario interponer una medida preparatoria sino acudir a la misma autoridad y recabar antecedentes con una orden si el caso ameritaba, pero no mediante un procedimiento ilegal que posteriormente ha sido corroborado por el a quo y por la Sala Civil, quienes no han cumplido con su rol fiscalizador, vulnerando su derecho a la defensa con la designación de un perito sin saber si era o no entendido en la materia,  ni los puntos de pericia.

También expresa que se han vulnerado los artículos referentes a la declaratoria de rebeldía y designación de defensor de oficio de los demandados con la demanda reconvencional.

Señala que se omitió pronunciarse sobre su excepción de prescripción.

II.2.- Contestación al recurso de casación

Alude al punto primero que en todo el proceso no se objeta la personería de ninguno de los demandantes, sobre el punto segundo expresa que este fue respondido por la apoderada no siendo necesario ningún edicto, en cuanto al punto tercero expresa que no es necesario ningún anuncio formal, toda vez que rechazar o aceptar la demanda de revisión de Sentencia, es competencia únicamente del Tribunal Supremo, al punto cuarto señala que esta medida es de carácter unilateral personal y extra procesal, que no tiene incidencia en el proceso y no puede causar nulidad y al punto quinto  alude que la observación inherente a las  notificaciones  corresponde a la parte afecta en el momento que se observe su ilegalidad.

III. DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1.- Del Principio de Concentración.

Sobre el tema en el AS Nº 172/2016 de fecha 03 de marzo 2016 se ha orientado en sentido que: “El art. 89 del Código de Procedimiento Civil establece” Los actos procesales deberán realizarse sin demora procurándose abreviar los plazos y concentrar en un mismo acto o audiencias todas las diligencias que fueren menester”.

Considerando este principio se debe tener presente que el proceso debe desarrollarse en el menor tiempo posible”… “ mismo se encuentra estrechamente relacionado con el de celeridad. Al respecto Hernando Devis Echandia en su obra en su obra “Teoría General del proceso” refiere: “Que se debe procurar que el proceso se desenvuelva sin solución de continuidad y evitando que las cuestiones accidentales o incidentales entorpezcan el estudio de lo fundamental; lo cual solo se obtiene restringiendo el derecho de interponer recurso e incidentes previa definición. Igualmente este principio tiende a dejar todas las cuestiones, los incidentes, las excepciones y peticiones para ser resueltas simultáneamente a la Sentencia, concentrando así el debate Judicial”.

Asimismo el Código Procesal Civil en actual vigencia establece el principio de concentración con el mismo espíritu, es decir que el proceso tenga la mayor concentración de actos “…”

Al respecto Gonzalo Castellanos Trigo en su libro: “Análisis Doctrinal del Nuevo Código Procesal Civil” refiere sobre el principio de concentración: “Principio que tiene como objeto acelerar el proceso eliminando trámites que no sean indispensables, agrupando en un solo acto la mayor cantidad de actuaciones procesales y así evitar la realización de actuaciones dispersas que conlleva dilación en la tramitación del proceso judicial en desmedro del principio de celeridad procesal”.”

III.2.- De la motivación de las resoluciones

El A.S. Nº 29/2016 de fecha  21 de enero 2016 ha señala que: “sobre este  tópico  relacionado a la motivación es menester  previamente citar la SC. 0669/2012  de fecha  2 de agosto, que ha referido:”…. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas' ( SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio).” Del entendimiento constitucional vertido se evidencia  que para el cumplimiento del debido proceso en su elemento  motivación de una Resolución, no es necesario que la misma sea ampulosa, sino coherente, precisa y clara dando a entender el motivo de su Resolución, cumplido este extremo se tiene por realizada la motivación de una Resolución, empero, cuando los litigantes, no están de acuerdo con dicha motivación, otro resulta el tema y agravio a invocar, muy diferente al de la falta de motivación, correspondiendo en todo caso reclamar por errónea aplicación,  interpretación o violación de la ley o en su defecto por errónea valoración de la prueba, aspectos que deben ser impugnados vía recurso de  casación en el fondo.”

III.3.- De la Nulidad Procesal

Si bien anteriormente el régimen de la nulidad de obrados, se encontraba orientado a un enfoque totalmente formalista conforme orientaba el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (Abrogada), empero, con el transcurso del tiempo conforme al principio de progresividad, dicho instituto jurídico procesal ha sido modulado  por la  jurisprudencia y reorientado por nuestro ordenamiento jurídico procesal actual, mereciendo consideración especial, en  los nuevos Códigos en si regulando su procedencia( Ley del Órgano Judicial Nº 025 y Código Procesal Civil Ley Nº439), esto debido a la importancia que relieva su aplicación en los distintos procesos que se desarrollan, pues es concebido como un instrumento que permite remediar la violación del debido proceso en su elemento de derecho a la defensa, pero de ningún modo constituye el medio para el cumplimiento de fórmulas ritualistas establecidas en el procedimiento, por ello es contundente el art. 16 de la Ley Nº 025 al indicar que: “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa”, entendimiento  en concordancia con  la Ley Nº 439, respecto a  la nulidad de los actos procesales, con vigencia anticipada, que precisa la especificidad y trascendencia de vicio para que opere la nulidad procesal poniendo como factor gravitante para esa medida la indefensión que hubiere causado aquel acto.

Estos presupuestos legales, han sido establecidos en desarrollo de la garantía constitucional que desprende el art. 115 de la CPE., que indica  “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, estableciéndose que es Política de Estado garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a un proceso sin dilaciones, o sea sin aquellos obstáculos procesales que tienden a dilatar la tutela jurisdiccional solicitada.

Por lo manifestado, es indiscutible resaltar y reiterar que la nulidad procesal es una medida de -ultima ratio-, siendo la regla la protección de los actos válidamente desarrollados en proceso, por lo que,  ahora resulta limitativo aplicar una nulidad procesal, puesto que si en la revisión de los actos procesales desarrollados se verifica que esa irregularidad no fue reclamada oportunamente y el acto cumplió con su finalidad procesal, no puede pretender el juzgador fundar una nulidad procesal en ese acto procesal por su sola presencia en la causa, sino se debe apreciar  la trascendencia de aquel acto  de manera objetiva en relación al derecho a la defensa de las partes.

En ese sentido en el régimen de nulidades procesales, impuesta en la nueva normativa jurisdiccional, elaboró los presupuestos de una posible nulidad conforme a la doctrina de los principios procesales, por ello se hace indispensable que el operador de justicia cuando tome un decisión anulatoria verifique a luz de estos esa disposición como última opción; en ese cometido podemos manifestar que el Principio de Especificidad o Legalidad, se encuentra establecido en el art. 105-I de la Ley Nº 439 que establece que “Ningún acto o trámite judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la Ley”; criterio de nulidad específica, pero esta no se concibe en el principio de legalidad en su forma pura, sino en una forma mucho más amplia y flexible, atenuada, acorde a las necesidades de la práctica forense y con mayor criterio de juridicidad, misma sustancia se aprecia de la primera parte del parágrafo II del artículo precitado.

El Principio de Trascendencia y el Principio de finalidad del acto procesal, sitúan su lugar en el art. 105.II del Código Procesal Civil, que indica que: “El acto será válido, aunque sea irregular, si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión”, cabe resaltar que la sola presencia de un vicio no es razón suficiente para que el Juez declare la nulidad de un acto procesal, se requiere además, compulsar si el acto aunque anómalo cumplió con el propósito procesal (finalidad del acto) y que ese vicio sea trascendente; es decir, que determine un resultado probablemente distinto en la decisión judicial o coloque al justiciable en estado de indefensión. No procede, por tanto, la nulidad fundada en el mero interés de la ley, sino cuando la inobservancia de las formalidades del acto causa un daño que no puede ser reparado si no es por esta vía excepcional.

El Principio de Protección tiene como fundamento la protección del acto, y en ello proteger aquellos sujetos inmersos en un proceso, ya como parte o como terceros, en ese fin el proponente de la nulidad no puede ser el mismo que ha originado la supuesta nulidad, pues ese actuar estaría afectando a otros interesados en el proceso, por ello se dice que el presupuesto de la nulidad es la ausencia de culpa o dolo de quien la alega; quien la deduce debe acreditar un perjuicio cierto y actual a su derecho de defensa, demostrando también su interés en la subsanación del vicio; bajo esa concepción el art. 106-II del Código Procesal Civil establece: “También la nulidad podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla y que tenga interés en la observación de la norma respectiva, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y haber sufrido indefensión”.

El fundamento del Principio de Convalidación es que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, no obstante haber tenido expedito el derecho para deducir su nulidad, no lo hace oportunamente en su primera actuación; con ese proceder dota a dicho acto de plena eficacia jurídica; en ese mérito se estableció que “II. No podrá pedirse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita. III. Constituye confirmación tácita, no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil” (art. 107 de la Ley Nº 439).

Asimismo el Principio de conservación que implica la conservación de los actos procesales, la cual sólo admite excepciones ante supuestos de lesión al debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa, se encuentra instituido en el art. 107-I) de la norma procesal citada que sostienen: “Son subsanables los actos que no hayan cumplido con los requisitos formales esenciales previstos por ley, siempre y cuando su finalidad se hubiera cumplido”.

III.4.- Sobre la obligación de agotar la solicitud de complementación y enmienda.

Sobre el tópico es menester previamente enfatizar que el art. 254-4) del Código de Procedimiento Civil expresaba: “procederá el recurso de casación por haberse violado las formas esenciales de proceso, cuando la sentencia o auto recurrido hubiere sido dictado...4) Otorgando más de lo pedido por las partes o sin haberse pronunciado sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente ante los tribunales inferiores.” Ultima parte de la norma que está en concordancia con el art. 258-3) del mismo compilado legal,  y al ser la omisión un aspecto de forma, el cual tiene por finalidad Anular obrados, la normativa que rige dicho instituto procesal ha establecido lo siguiente: “III. La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos.” Art. 17-III de la Ley 025, criterio que se halla en consonancia con el nuevo Código Procesal Civil.

De lo que se concluye cuando se alegue en amparo de esta causal art. 254-4) del cuerpo Ritual Civil antes señalado (Código de Procedimiento Civil) la falta de pronunciamiento, corresponde al afectado previamente a utilizar el recurso de  casación, hacer uso de la facultad establecida en el art. 196-2) del Código de Procedimiento Civil, aplicable a segunda instancia por expresa determinación del art. 239 de la misma normativa, articulo que de manera clara señala que con esta facultad se puede:”…  suplir cualquier omisión en que se hubiere incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio.”, facultad que permite subsanar la falta de pronunciamiento por los Tribunales o Jueces de instancia, caso contrario en aplicación del principio de convalidación, al no utilizar el mecanismo para su corrección, implica una aceptación tácita de la omisión acusada, precluyendo por simple consecuencia su derecho de reclamar aspectos de nulidad no reclamados en su oportunidad cuando se contaba con los mecanismos que establece la ley.

Entendimiento orientado por este Supremo Tribunal en diversos fallos entre ellos el Auto Supremo Nº 32/2015 que señaló: “Respecto a la falta de pronunciamiento del segundo punto apelado, se debe indicar que, el Ad quem, de forma genérica arribó a la conclusión de que el Auto de 10 de junio de 2003 que resolvió las excepciones no se las puede revisar en vía del recurso de apelación porque dicha resolución hubiera causado ejecutoria, esa es una respuesta de forma general a las acusaciones relativas a la forma de resolución de las excepciones formuladas por los recurrentes.

Ahora si dicha respuesta, no satisfacía las expectativas deducidas por los recurrentes debieron formular la petición de complementación y aclaración en base al art. 239 del Código de Procedimiento Civil, el no haberlo hecho implica que los recurrentes no agotaron el mecanismo de protección oportuno para la satisfacción del reclamo que ahora se traen en casación, consiguientemente se advierte no haberse dado cumplimiento a la premisa establecida en el art. 17 parágrafo III de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial.”.

III.5.- Del per saltum

El Auto Supremo Nº 939/2015 de 14 de octubre sobre el tema ha referido: “De lo anteriormente expuesto, se advierte dos aspectos importantes, 1).-que los argumentos expuestos en el recurso de casación, nunca fueron observado en el recurso de apelación, y 2).- Que el Tribunal de segunda instancia se pronunció sobre los agravios expuestos, en segunda instancia, empero, por lógica consecuencia, los argumentos expuestos en casación nunca merecieron pronunciamiento en el Auto de Vista por los motivos descritos, motivo por el cual los mismos no merecen consideración alguna en aplicación del principio del per saltum (pasar por alto), puesto que para estar a derecho, los recurrentes debieron instar en apelación dicho debate y así agotar legal y correctamente toda la segunda instancia. Criterio asumido en varios Autos Supremos que orientan sobre la aplicación del per saltum, así tenemos el A.S. Nº 154/2013 de fecha 08 de abril, el cual estableció que: “Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 núm. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem.”

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.

De la revisión del recurso de casación de fs. 538 a 544 vta., de Marcelo Alejandro Prudencio Uriona y del recurso de casación de  María Emilsa Uriona Flores de fs-548 a 554 vta., se advierte que ambos contienen  los mismos puntos de controversia o reclamos, por lo que, en aplicación del principio de concentración desglosado en el punto III.1, se procederá a dar una sola respuesta para ambos recursos.

Como primer punto aluden incumplimiento a los art. 236 y 227 del Código de Procedimiento Civil, en sentido que el Tribunal de apelación no se habría pronunciado en cuanto a sus reclamos expuestos en el recurso de apelación, como ser la integración de Litis a las partes que han sido demandados, con relación a la medida preparatoria; es decir, si fueron o no citados con esa medida,  si el poder presentado por los actores es suficiente o no para litigar por otras personas o incoar la presente acción y establecer si los demandados han sido citados y si tienen defensor de oficio.

En el sub lite, de la revisión del primer reclamo relacionado a la omisión de pronunciamiento de citación a todos los demandados, de una revisión minuciosa de ambos recursos de apelación, se advierte que este tópico, no ha sido un agravio expresado en los recursos de apelación de los demandados ahora recurrente, y conforme al entendimiento asumido en la doctrina aplicable III.5 por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben ser acusadas previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 núm. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso, sobre todo si conforme orienta el art. 108 del Código Procesal Civil, para que sea atendida una nulidad procesal la misma debe ser reclamada en el recurso de apelación, extremo que no acontece en el caso de autos, lo cual a prima facie haría inviable su análisis.

Empero al margen de lo expuesto, si los ahora recurrentes advirtieron la omisión de algún agravio expuesto en apelación, era obligación de estos previo a interponer este extraordinario recurso de casación hacer uso de facultad de complementación y enmienda delineado en el punto III.4, al no haberlo hecho ha dejado precluir su derecho, debido a que mediante esa vía la parte perjudicada podía lograr el pronunciamiento de la omisión acusada, actitud procesal que hace infudado lo acusado.  

Con relación a la supuesta omisión de sus reclamos ligados a la medida preparatoria, del Auto de Vista en estudio se advierte que  sobre dicha alegación expuso: “ En cuanto a la medida preparatoria aportada como prueba que sostiene- la apelante- que no ha sido puesto en su conocimiento para también proponer perito dactiloscopia, no siendo válido como poner en conocimiento de  “presuntos interesados”, y que en señalamiento de audiencia de contracautela, la solicitud de 6 de noviembre de 2000, no señala a que persona se demandara, por lo que aduce que constituye un procedimiento ilegal que vulnera derechos y garantías constitucionales; se dirá que, dicho aspecto al ser referente a un elemento de prueba, debió ser también reclamado oportunamente mediante una cuestión incidental para habilitar una apelación en el efecto diferido conforme faculta el art. 24 inc. 3) de la ley 1760 que establece: “ La apelación en el efecto diferido procedera contra resoluciones sobre proposición producción, denegación y diligenciamiento de la prueba”; en consecuencia , no constando que se hubiera interpuesto oportunamente dicho medio recursivo, impide a este tribunal Ad quem emitir consideración alguna al respecto, menos aún, en relación a que la solicitud de contracautela no señalaría a que persona se demandara, que se reitera debió ser reclamada oportunamente dicho aspecto para ser atendido por el órgano judicial. ” y en cuanto a que si el poder presentado por los actores es suficiente o no la Resolución emitida por el Ad quem expresa: “En relación a que la demanda sería ilegal, por cuanto el poder otorgado en la Argentina, no consignaría la participación de Marcelo Alejandro Prudencio Uriona, señalar que, el proceso judicial se desarrolla en un serie de fases sucesivas ordenadas en unidades de tiempo, computados en plazos, que hace que toda actuación procesal debe ser realizada  en el plazo fijado, bajo riesgo de no poder ser realizada con posterioridad, por cuanto el transcurso de esas etapas, fases o plazos resulta fatal, por el principio de preclusión que impone la carga de realizar  el acto en la etapa procesal correspondiente. En ese orden, los arts. 336 num. 2) y 337  del CPC, establece que la excepción de impersoneria del demandante o demandado, o de sus apoderados, debe ser planteado dentro el plazo de cinco días fatales, desde la citación con la demanda; en el sub lite, se tiene que citados los codemandados, no opusieron ninguna excepción previa de impersonería de los apoderados ni objetaron el poder en cuestión, por lo que, al no constar esa excepción previa y el consiguiente recurso de apelación en el efecto diferido que preve el art. 24  num. 1) de la Ley 1760, en sentido de que la apelación en el efecto diferido procederá contra: “ 1. Autos interlocutorios que resolvieren excepciones previas” y cuya fundamentación queda reservada para una eventual falta de personería que aduce la apelante, por lo  que el argumento de  que el poder protocolizado el 21 de junio de 2001 otorgado por los hermanos  Blanca, Betty Miguel y Edgar Prudencio a favor de Félix Prudencio Gutiérrez para que demande el desalojo de Emilsa Uriona Flores y tramite el proceso divisorio de herencia más otros de administración y disposición y que tampoco, consignaría la participación de Marcelo Alejandro Prudencio Uriona, no puede ser considerado  en apelación de Sentencia por los principios de preclusión, así como por el de convalidación que hace a toda supuesta irregularidad quede convalidada, sino es reclamada dentro del plazo previsto por Ley. ” y en lo que  atañe a la citación y declaratoria de rebeldía o designación de defensor de oficio,  segunda instancia ha señalado: “ En lo atinente a la existencia de vicios de nulidad al no haber respondido los reconvenidos Bethy, Miguel y Edgar Prudencio, respondido pese a haber sido notificados mediante edictos, por lo que, con carácter previo a dictar la sentencia, debió procurarse el saneamiento procesal anulando obrados hasta el estado de declarar la rebeldía de los prenombrados ausentes, designándoseles defensor de oficio; se  dirá que igualmente conviene remitirnos a lo expuesto en el punto A.2 del acápite que antecede; reiterando que por el principio dispositivo que rige el proceso civil corresponde al afectado reclamar oportunamente toda eventual irregularidad que le pudiera perjudicar, por lo que, no habiendo los reconvenidos observado dicho aspecto, no es posible su consideración en alzada; por lo que el argumento de que se hubiera vulnerado el imperativo legal contenido en los art. 68, 124 y 131 del CPC, no  amerita acoger la petición del apelante,  por cuanto resulta evidente que recurre objetando el trámite del proceso o violación de plazos procesales, que deben ser resueltos mediante tramite incidente y no en alzada. ” de lo señalado, claramente se advierte una respuesta a los puntos ahora observado, máxime, si como se explano en el punto III.2 la motivación de las resoluciones judiciales no implica una exposición ampulosa y repetitiva de fundamentos, sino que la misma se tiene por cumplida cuando la Resolución judicial es clara,  concreta y da a entender del por qué se está asumiendo una decisión, es decir, debe existir una justificación razonada del motivo del fallo emitido, lo cual no implica una revisión del fondo de la Resolución, y el entendimiento asumido por el Tribunal de apelación, se basó en sentido de que los reclamos ahora invocados como de nulidad, no fueron oportunamente observados ya sea vía incidente o excepción, por lo que, en aplicación de los principios de preclusión y convalidación rechaza la nulidad impetrada argumentos que  demuestran que la falta de motivación acusada, no es evidente.

Siguiendo con la dilucidación de los puntos reclamados, se advierte que estos tienen por finalidad la nulidad de obrados, y sobre dicho punto  conforme lo glosado en el acápite III.3, la nulidad procesal es una medida de ultima ratio, la cual, debe ser aplicada bajo un criterio de juridicidad, sobre todo si la finalidad del proceso es la solución del conflicto jurídico y no la perfección procesal, lo cual no implica una vulneración total del procedimiento, sino la aplicación correcta de los principios que rigen dicho instituto procesal.

Bajo dicho parámetro, en lo referente a su reclamo a que el demandante carecería de poder suficiente y que la medida preparatoria no fue tramitada de forma correcta, del examen del proceso en estudio, se advierte que estos tópicos no han sido reclamados oportunamente por las partes, por cuanto con su silencio han dotado de plena eficacia jurídica a todo lo actuado, no resultando viable que ante las resultas de una Sentencia desfavorable recién se activen los mecanismos de reclamo, no pudiendo la parte perjudicada pretender retrotraer el proceso a etapas procesales ya superadas, resultando inviable su reclamo conforme también lo ha orientado el Ad quem, máxime, si no se advierte la vulneración de derecho o garantía alguno, debido a que los recurrentes han sido participes de todo el proceso, quienes tenían toda la facultad de ofrecer y producir prueba, para enervar los elementos probatorios producidos en la medida preparatoria, empero, tampoco lo hizo, actitud procesal que hace inviable la nulidad solicitada.

Y en cuanto a los otros reclamos inherentes  a la falta de citación o declaración de Rebeldía, conforme a lo glosado supra la nulidad procesal no tiene por fin proteger simples pruritos formales, sino que la esencia del proceso es la consecución del derecho sustantivo, y en sub lite, lo ahora esgrimido, no ha sido oportunamente  reclamado y este tópico no causa perjuicio o indefensión a los recurrentes,  por lo que, reiteramos no resulta viable la nulidad procesal para satisfacer meros pruritos formales, deviniendo en infundado su reclamo.

Y en cuanto a la omisión de pronunciamiento de la excepción de prescripción, conforme a lo referido en primer punto, si los recurrentes advirtieron la omisión de una pretensión debieron hacer uso de la facultad de complementación y enmienda, empero no hicieron uso de la citada facultad precluyendo la etapa para realizar ese reclamo, sobre todo si en casación no puede argumentar nuevas causales de nulidad ante contravenciones no reclamadas oportunamente vía los mecanismos procesales oportunos.

Por lo manifestado corresponde dictar Resolución conforme determina el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código de Procesal Civil, declara INFUNDADO recurso de casación de fs. 538 a 544 vta., interpuesto por Marcelo Alejandro Prudencio Uriona por medio de su representante  y el recurso de casación de  María Emilsa Uriona Flores ambos contra el Auto de Vista de fecha 09 de octubre de 2015 de fs. 531 a 533 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Cochabamba. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani