TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                           S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 1321/2016                                                                  Sucre: 23 de noviembre 2016                                                                     Expediente: SC 11 16 S                                                                     Partes: Diego Hurtado Banchieri. c/ Maisy Roxana Ferrante La Torre.            Proceso: Anulabilidad Absoluta de Matrimonio y Otro.                                          Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 448 a 449 planteado por Diego Hurtado Banchieri en contra del Auto de Vista N° 182 de 16 de julio de 2015 que cursa de fs. 440 a 441 vta.,  pronunciado por Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso de anulabilidad absoluta de matrimonio seguido por el recurrente en contra de Maisy Roxana Ferrante La Torre, la concesión de fs. 462, los antecedentes procesales; y:


I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:


El Juez de Partido Primero de Familia, pronuncia la Sentencia Nº 128/2013 de 16 de septiembre que cursa de fs. 398 a 400 vta., que declara improbada la demanda principal de anulabilidad absoluta de matrimonio de fs. 115 a 117, declara probado el fraude procesal, asimismo declara improbada la demanda reconvencional de fs. 142 a 144 formulada por Maisy Roxana Ferrante La Torre, asimismo refiere que respecto a la inadmisibilidad de acción de anulabilidad absoluta de matrimonio, por limitación improbada, y respecto al daño moral y perjuicio económico improbada. Sentencia que fue objeto de enmienda mediante Auto de fs. 409 en sentido de modificar la identidad del demandante de Jorge Hurtado Vargas Bozo por el correcto de Diego Hurtado Banchieri, en los puntos 1 y 3 de la parte dispositiva de la Sentencia.


Apelada la Sentencia se emite el Auto de Vista de fs. 440 a 441 vta., que confirma la Sentencia argumentando que a tiempo de interponer la demanda, el actor contaba con la obligación de cumplir con la carga de la prueba conforme al art. 375 del Código de Procedimiento Civil, asimismo cita el contenido del principio de verdad material, refiere que sobre la demanda de fraude procesal habilita la demanda de revisión extraordinaria; asimismo describe el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, que es aplicable al proceso ya que existe sentencia judicial ejecutoriada en la cual se ha considerado y tomado como verdaderos dichos extremos, situación que impide al consideración o debate sobre un punto que ya ha sido resuelto. Refiere que la  prueba es un medio de verificación de las proposiciones de los litigantes las que deben ser apreciadas d acuerdo a la valoración que señala la ley, o de acuerdo  a sana crítica.


II.- CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:


Cita el art. 254.4 del Código de Procedimiento Civil e indica que de la lectura del Auto de Vista, refiere que la misma contiene solo la relación de los hechos y citas doctrinales sin exponer de qué manera ha incidido en el fallo; cita el contenido del Auto Supremo N° 216/2006, exponiendo que el Auto de Vista se encuentra carente de motivación, que permite plantear el recurso de casación.


Añade que se ha violentado el art. 236 del Código de procedimiento Civil, arguyendo que se debe dar una respuesta fundamentada a todos los agravios planteados en el recurso de impugnación  que no ocurrió en el Auto de Vista, se describe como agravios empero no se da respuesta a los mismos acusando la resolución del Ad quem de nulo, por lo que solicita que se case parcialmente el auto de vista  y se dé respuesta a los agravios sufridos; señala que se declara probada el fraude procesal empero no la anulabilidad absoluta de matrimonio lo cual es contradictorio.


La demandada, por memorial de fs. 460 y vta., contesta el recurso señalando que el mismo no señala si el Auto de Vista contuviera disposiciones o contradictorias a la ley, se limita a citar el art. 254 del Código de Procedimiento Civil, refiriendo que la motivación no necesariamente debe ser ampulosa, refiere que en la parte final acusa que el A quo actuó contradictoriamente al declarar probada la demanda de fraude procesal e improbada la anulabilidad absolouta del matrimonio, sobre la misma se olvida que ambos instituto son diferentes, refiere que la demanda de anulabilidad absoluta de matrimonio por fraude procesal, sin que exista proceso de revisión, resulta inadmisible; por lo que solicita que el recurso sea declarado infundado.


III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:


III.1.- Imposibilidad del heredero- de demandar anulabilidad absoluta del matrimonio por carecer de legitimación.-

En relación al tema, este Tribunal Supremo ha emitido criterio ya en diversos Autos Supremos, entre ellos el signado con el Nº 433, de 5 de agosto de 2014 en el que se señaló que: “En el régimen de la anulabilidad absoluta, bajo el mismo impedimento de matrimonio anterior,  la segunda parte del art. 83 del Código de Familia, en forma genérica expresa que: “La anulación puede ser demandada por los mismos cónyuges, por sus padres o ascendientes y todos los que tengan un interés legítimo y actual, así como por el ministerio público”; ésta norma no especifica quienes son los que pueden accionar de forma legítima la anulabilidad absoluta, por ligamen anterior, sin embargo nos otorga un marco normativo a seguir. A ello, podemos manifestar que los legitimados para accionar son: Los padres o ascendientes; luego “los que tengan un interés legítimo”, entendiendo que, en la medida de tratarse un impedimento, son en defecto de los padres o ascendientes, los parientes colaterales de los cónyuges, o en su caso, el cónyuge del anterior matrimonio cuyo enlace sigue vigente; a más que para accionar se debe tener presente de estos el “interés actual”, es decir que el interés sobre el cual se fija el impedimento al momento de la celebración siga vigente en el instante de establecerse la acción de anulabilidad, que en el caso de matrimonio vigente anterior, no se haya disuelto éste por cualquier hecho como es el la muerte del cónyuge del matrimonio a anularse.

En este mismo análisis el art. 90 de la norma familiar, señala que la acción de anulación del matrimonio no se transmite a los herederos sino cuando hay demanda pendiente a tiempo del deceso de quien podía interponerla, es decir que la acción de anulación no es transmisible a los herederos sino por sustitución procesal cuando se entabló previamente la demanda al deceso del legitimado.

Por lo fundamentado, se debe señalar que no toda persona que tenga un interés en la anulabilidad del matrimonio de otro, está legitimado para accionar por ley, ya que conforme la interpretación del art. 83 del Código de Familia, para el caso de la contravención del art. 46 de la misma norma familiar, están legitimados  el cónyuge que contrajo matrimonio posterior, los padres o ascendientes de los contrayentes, y los que tengan un interés legítimo y actual, estando en esta permisión los parientes colaterales de los cónyuges, en defecto de los padres, o en su caso, el cónyuge del anterior matrimonio cuyo enlace sigue vigente, para todos ellos siempre y cuando ese interés que debió estar a momento de la celebración del matrimonio esté aún latente en función al impedimento.”

Reiterando este criterio entre otros fallos en el Auto Supremo Nº 868/2015 L de 2 de Octubre.

III.2.- Legitimación del fraude procesal.-


En el Auto Supremo  Nº 532/2013 de 21 de octubre, se ha señalado lo siguiente: “3.- Conforme se tiene de la jurisprudencia emitida por la ex Corte Suprema de Justicia, con la que se comparte criterio, la demanda de declaratoria de fraude procesal debe ser incoada por las mismas personas que sostuvieron anteriormente el proceso ordinario; toda vez que son a estos actores a quienes interesa la revisión extraordinaria de la misma, así se corrobora del AS Nº 247/98 que refiere:  “La demanda tiene como pretensión la declaratoria de fraude procesal que se habría producido en un anterior proceso que sostuvieron las mismas partes hoy en conflicto, para abrir luego el recurso de revisión extraordinaria de sentencia…. bajo la determinación de los arts. 1 y 190 del indicado código procesal, sin que les sea permitido extender la misma a otros aspectos que están reservados a otros órganos jurisdiccionales…”; de lo que se concluye dos aspectos importantes, el primero respecto a que ante el ordinario para la declaratoria de fraude procesal, necesariamente la intervención corresponde a los mismos actores de un proceso anterior; y el segundo referido a que se regirán a determinar únicamente el fraude en virtud al cual el proceso ordinario cuestionado fue resuelto, no siendo el fin de esta acción declarativa de fraude procesal la consideración y pronunciamiento sobre la legalidad, ilegalidad, corrección o incorrección de las resoluciones dictadas en el proceso de conocimiento” .


Obviamente que en caso de sucesión procesal sea por causa de muerte o transferencia de la cosa, se llega a entender que el fraude procesal se amplía inclusive a los sucesores procesales.


III.3.- de la legitimación ad causam.-


En el Auto Supremo Nº 583 de 10 de octubre de 2014, este Tribunal ha efectuada la diferencia teoría y práctica de la legitimación en el proceso respecto a la legitimación en la causa, refiriendo que el titular de la relación jurídica es la persona que se encuentra facultada para promover la acción y buscar la tutela respecto al derecho subjetivo, así se indicó lo siguiente: “Para evaluar la polémica presente, corresponde señalar que el tema de la representación siempre ha traído conflictos en los operadores de justicia, para la misma se pasa a establecer una diferencia entre la legitimación “ad procesum” y la legitimación “ad causam”.

Sobre la legitimación “ad procesum”, empezaremos diciendo que diferentes procesalistas ente ellos Eduardo Couture, señala: “la legitimación procesal es la aptitud o idoneidad para actuar en un proceso, en el ejercicio de un derecho propio o en representación de otro”, esto quiere decir que la legitimación en el proceso comprende tanto a la capacidad procesal, como la aptitud que tienen las personas que actúan en calidad de representantes de otras (por carencia de capacidad procesal o por representación voluntaria).

Carlos Arellano García, en su obra TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, Edit, Porrua México 2001 página 214, señala lo siguiente: “dentro de nuestro mundo forense, se alude a personalidad y falta de personalidad, o personalidad acreditada, cuando aparece que en el proceso se ha tenido el derecho de intervenir como parte o como tercero, o como representante de una parte o de un tercero, cuando se han aportado elementos de prueba para demostrar que se es parte o tercero o que se tiene la calidad de representantes de una parte o de un tercero”, de acuerdo al criterio expuesto, corregiremos el término de “personalidad” por el de personería, porque refiere a la situación de representación.

Así diremos que la legitimación en el proceso, se identifica con la falta de personería o capacidad en el actor, que se encuentra referida a un presupuesto procesal, necesario para el ejercicio del derecho de acción que pretenda hacer valer quien se encuentre facultado para actuar en el proceso como actor, demandado o tercero; la falta de personería se refiere a la capacidad, potestad o facultad de una persona física o moral, para comparecer en juicio, a nombre o en representación de otra persona, esta falta de legitimación ad procesum se encuentra establecida como la excepción de impersonería en nuestro Código de Procedimiento Civil.

Ahora sobre la legitimación “Ad causam”, diremos que es la condición particular y concreta de las partes, que se deriva en su vinculación con el objeto del litigio, así podemos citar el criterio de Hernando Devis Echandía, quien en su obra TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, 2da Edición Buenos Aires Edit. Universidad 1997 página 269, señala: “Tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, puede formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda o en la imputación penal, por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial pretendida o del ilícito penal imputado, que deben ser objeto de la decisión del Juez…”

Esto quiere decir que la legitimación en la causa es un elemento esencial de la acción que presupone o implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso  concreto la función jurisdiccional.

En el Código de Procedimiento Civil, tan solo se encuentra descrita la excepción de falta de personería en el demandante o en el apoderado, sobre la base de la misma se puede cuestionar la capacidad de obrar del demandante o del apoderado, para la prosecución del proceso; así también habrá falta de personería en el apoderado de una persona jurídica (sociedad), cuando no se haya transcrito los documentos inherentes a la existencia de esa persona jurídica, o que las facultades del apoderado se encuentren cuestionadas por ser limitativas, como lo describen los arts. 52 a 56 del Código de Procedimiento Civil, sobre estas en base a nuestro Código establecidas en el art. 336 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, la doctrina las describe como legitimación Ad procesum.

En cambio la falta de legitimación propiamente dicha (legitimación ad causam), cuestiona si la parte resulta ser el titular de la relación jurídica sustantiva (el titular del derecho litigado que es el nexo entre el actor y demandado), cuando se cuestiona ese aspecto, el mundo litigante generalmente la impugna por la excepción de “falta de acción y derecho”, cuando dicha invocación es errada, pues el derecho de acción, es entendida como el derecho público subjetivo que tiene toda persona natural o jurídica para acudir al órgano jurisdiccional con el objeto de que se atienda su pretensión, muy al margen de considerar si la pretensión se encuentra amparada por el derecho;  en cambio por la falta de derecho, se entiende si la pretensión deducida por el actor (al que se lo reconoce como el titular de la relación jurídica) se encuentra amparado por la legislación. Como se podrá ver ambos institutos resultan ser diferentes ya que en la falta de legitimación propiamente dicha (legitimación ad causam), se cuestiona si el actor es el titular de la relación jurídica sustantiva.

Para orientar la legitimación ad causam o legitimación propiamente dicha, se tiene los ejemplos siguientes: si A demanda a B la reivindicación, sin ser el propietario del bien, habrá falta de legitimación en el demandante, porque no es el titular del bien que se pretende reivindicar; otro ejemplo de falta de legitimación radica en que: si A demanda la usucapión de un bien inmueble a B, sin que B sea el propietario del inmueble, habrá falta de legitimación en el demandado”.


IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Sujetos a la previsión establecida por el art. 106 de la Ley 439 (Código Procesal Civil), se debe verificar los antecedentes del proceso y establecer si su tramitación estuvo sujeto a la normativa pertinente e inherente a la materia.

De esa verificación del proceso, se tiene que, de acuerdo al contenido de la demanda de 01 de septiembre de 2010 (fs. 115 a 117) el actor refiere que su padre hubiera fallecido en fecha 02 de marzo de 2010, el que hubiera contraído matrimonio con Maisy Roxana Ferrante La Torre en fecha 08 de agosto de 2009, alegando que uno de los motivos que le impulsa a generar el proceso es que desde el fallecimiento de su progenitor la esposa, ha intentado tomar los bienes, que son de hace más de 15 años y que la misma hubiera procedido con la venta de bienes que su padre los hubiera adquirido mediante compra virtual, refiere también que la demandada estaba casada con Jorge Calderón Balderrama sin que haya cancelado dicho matrimonio. Asimismo señala que el trámite de divorcio realizado por la demandada, tiene antecedentes de haberse fabricado en forma apresurada, describiendo antecedentes calificados de irregulares, describiendo fechas de extractos públicos que no coinciden con las fechas del proceso y su registro, y que fue iniciada en base a un pasaporte vencido y que el Juez dictó sentencia a los 2 meses y 20 días, observa que la ejecutoria fue notificada en fecha 27 de julio de 2009 y fue franqueada en días no laborables, cuando estaba en receso hasta el 8 de agosto, no existe domicilio real de la actora, el domicilio del demandado señalado por la demandante no existe, refiere que en fecha 7 de abril de 2009 el demandado se encontraría en New York EE.UU. empero aparece en Concepción en la misma fecha y días posteriores, y realizada la firma del demandado Calderón- resulta ser falsa, y finalmente refiere que la orden de cancelar el matrimonio de la demandada, fue presentada en forma posterior a la celebración del matrimonio con su progenitor. Por lo que solicita se declare  nulo el matrimonio celebrado por fecha 08 de agosto de 2009 entre Haroldo Jorge Hurtado Vargas Bozo y Maisy Roxana Ferrante La Torre, y se declare nulo las actuaciones del proceso de divorcio de Maisy Roxana Ferrante La Torre.

De acuerdo al texto revisado se tiene que el actor postula dos pretensiones, una relativa a la anulabilidad absoluta del matrimonio que contrajo su progenitor con Maisy Roxana Ferrante La Torre y la declaratoria de fraude procesal del proceso de divorcio de los Maisy Roxana Ferrante La Torre  y Jorge Calderón Balderrama, tramitado en Concepción.

La primera pretensión se encuentra viciada de nulidad, en consideración a la falta de legitimación activa en el demandante, conforme se ha expuesto en la doctrina aplicable III.1, corresponde señalar que este Tribunal en diversos Autos Supremos, entre ellos en N° 433 de 5 de agosto de 2014, en la que se señaló lo siguiente: “En el régimen de la anulabilidad absoluta… la segunda parte del art. 83 del Código de Familia, en forma genérica expresa que: “La anulación puede ser demandada por los mismos cónyuges, por sus padres o ascendientes y todos los que tengan un interés legítimo y actual, así como por el ministerio público”; la norma en cuestión como se señaló en el referido Auto Supremo no especifica quienes son los que pueden accionar de forma legítima la anulabilidad absoluta, por ligamen anterior, sin embargo otorga un marco normativo a seguir. Señalando asimismo que “A ello, podemos manifestar que los legitimados para accionar son: Los padres o ascendientes; luego “los que tengan un interés legítimo”, entendiendo que, en la medida de tratarse un impedimento, son en defecto de los padres o ascendientes, los parientes colaterales de los cónyuges, o en su caso, el cónyuge del anterior matrimonio cuyo enlace sigue vigente; a más que para accionar se debe tener presente de estos el “interés actual”, es decir que el interés sobre el cual se fija el impedimento al momento de la celebración siga vigente en el instante de establecerse la acción de anulabilidad, que en el caso de matrimonio vigente anterior, no se haya disuelto éste por cualquier hecho como es la muerte del cónyuge del matrimonio a anularse”.

El art. 90 del Código de Familia norma con la que se sustanció el presente proceso- señala que la acción de anulación es intransmisible a los herederos, siendo así, en su condición de heredero de Haroldo Jorge Hurtado Vargas Bozo ya que el actor señaló en el otrosí 1° de su demanda que adjunta la declaratoria de herederos de su causante, que le habilitaría el proceso-  por lo que respecto a la pretensión de anulabilidad descrita, se tiene que el actor no tiene legitimación activa para iniciar la misma, pues el ordenamiento familiar claramente prescribe que dicha acción no es transmisible al heredero, solo pueden efectuarlo los cónyuges en vida, no siendo necesario teorizar en lo relativo al resto de los legitimados para dicha acción en consideración a que la postura sostenida por el actor fue que la declaratoria de herederos lo legitima para accionar por anulabilidad absoluta del matrimonio que contrajo su progenitor, por lo que existiendo falta de legitimación activa en la presente acción, aquella se constituye en un presupuesto del proceso, sin la cual no podría viabilizarse la pretensión propuesta, ello implica que ante la existencia de falta de legitimación, el proceso se encuentra viciado de nulidad.

Por otra parte, en cuanto a la pretensión de declaratoria de fraude procesal del proceso de divorcio celebrado entre Maisy Roxana Ferrante La Torre y Jorge Calderón Balderrama, el actor resulta ser una persona ajena a esa relación jurídico procesal del proceso de divorcio que se describe, por lo tanto no goza de legitimación ad causam para interponer dicha pretensión de fraude procesal; en el caso presente el actor pretende activar el mecanismo jurisdiccional cuando no tiene la legitimación en la causa, pues conforme a la doctrina aplicable, el fraude procesal solo puede ser interpuesto por los titulares de la relación jurídico procesal, y el causante del actor, tampoco es titular de esa relación jurídico procesal de divorcio, que pretende sea declarado en fraude.

Por lo que en ambas pretensiones del actor resulta que carece de legitimación activa, esa legitimación resulta un presupuesto del proceso, sin la cual no podría desarrollarse el debate, pues las partes no tienen establecida una relación jurídica entre sí, conforme a lo expuesto en la doctrina aplicable, en el primer caso la norma no permite que el heredero del causante pueda interponer la acción de anulabilidad absoluta de matrimonio; y el en el segundo caso, ni el actor ni su causante formaron parte de la relación procesal en el proceso de divorcio que se pretende sea declarado en fraude.

Respecto a la pretensión reconvencional, planteada en memorial de fs. 142 a 143, se tiene que  la misma, fue planteada por actos personales del demandante, salvando la misma a la vía llamada por ley.

En base a los fundamentos expuestos, corresponde emitir Resolución anulando todo lo obrado.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y por los Arts. 220.III num. 1) inc. c) y 106 del Código Procesal Civil, ANULA todo lo obrado, sin reposición.

Sin responsabilidad por ser excusable el error.

En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 17.IV de la Ley 025, remítase copia de la presente Resolución al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.