TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                S A L A  C I V I L




Auto Supremo: 132/2016

Sucre:         05 de febrero 2016

Expediente:         CH-13-15-S

Partes: Desiderio Choque Garnica. c/ Nery Justiniano de Rojas.        

Proceso: Mejor derecho propietario y cerramiento de predio.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo, de fs. 215 a 219 vta., interpuesto por Dustin Félix Romero Quiroga en representación de Desiderio Choque Garnica, contra el Auto de Vista S.C.C.FAM 2ª N° 49/2015 de fecha 2 de marzo de 2015, cursante de fs. 208 a 209, pronunciado por la Sala Civil Segunda Comercial y Familiar del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de mejor derecho propietario y cerramiento de propiedad, seguido por Desiderio Choque Garnica contra Nery Justiniano de Rojas; la concesión de fs. 226; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:                                                                                            ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Tramitado el Proceso, el Juez de Partido Quinto en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sucre, emitió la Sentencia N° 24/2014 de fecha 29 de mayo de 2014, cursante de fs. 164 a 167, declarando IMPROBADA la demanda principal de mejor derecho propietario e IMPROBADA la excepción perentoria de falta de acción y derecho en el demandante y demandada. Con costas.

Contra la referida Sentencia, Dustin Félix Romero Quiroga en representación de Desiderio Choque Garnica, interpuso Recurso de Apelación cursante de fs. 171 a 173.

En merito a esos antecedentes, la Sala Civil Segunda, Comercial y Familiar del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista S.C.C.FAM 2ª N° 49/2015 de fecha 2 de marzo de 2015, cursante de fs. 208 a 209, mediante el cual CONFIRMA la Sentencia apelada, con costas en ambas instancias. De igual forma, dicho Tribunal emitió el Auto de fecha 10 de marzo de 2015, que determinó no ha lugar a la explicación y complementación solicitada por el recurrente de apelación.

Resolución que dio lugar al Recurso de Casación en el fondo interpuesto por Dustin Félix Romero Quiroga en representación de Desiderio Choque Garnica, el que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:                                                                                        HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Refiere que en su memorial de apelación demostró claramente la existencia de error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, toda vez que a documentos similares se les reconocería fuerza probatoria diferente, otorgando subjetivamente y unilateralmente mayor valor probatorio a un documento de transferencia  posterior a su transferencia emergente de la misma vendedora y de igual forma a un documento de aclaración, restándole valor a las declaraciones que contiene su escritura de transferencia; sin embargo acusa que pese a haber realizado dicha descripción sobre el error en que incurrió el Juez A quo, los Jueces de Segunda Instancia no motivaron ni fundamentaron del por qué consideran que dicho Juez habría hecho todo bien.

Señalan que el Juez A quo y el Tribunal Ad quem omitieron analizar el acta de inspección y la documental emitida por el Municipio que demostraría el código catastral del inmueble en litigio.

Denuncia que el Auto de vista sin pronunciarse para nada confirma una Sentencia recurrida en su oportunidad, donde se habría efectuado comparaciones entre el valor probatorio de los documentos ofrecidos por ambas partes, valoraciones que el recurrente considera que no tendrían razón de ser puesto que la demandada no interpuso acción reconvencional alguna, por lo que no correspondía otorgar y reconocer valor probatorio a la prueba presentada por la demandada y restarle valor probatorio a su prueba e incluso no pronunciarse sobre sus pruebas.

Arguye que el Tribunal de Segunda Instancia sin llegar siquiera a un análisis de la Escritura Pública de transferencia N° 73/1990, perezosamente omitieron cumplir con su obligación al decir que todo está bien, confirmando la Sentencia de primera instancia donde el Juez A quo le hubiese restado valor a dicha escritura, la cual acreditaría el derecho propietario registrado primigeniamente en Derechos Reales, documental que de conformidad al art. 1289 del Código Civil, tendría todo el valor legal mientras no sea declarado nulo, extremos que señala fueron identificados como agravios en su recurso de apelación.

Finalmente, refiere haber demostrado de forma irrefutable y fehaciente su mejor

derecho propietario por haber inscrito el mismo en Derechos Reales de manera anterior al derecho de la demandada, fundamento este por el cual considera que se vulneró el art. 105, 114 y 1545 del Código Civil, extremos estos por los que solicita se case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se declara probada la demanda.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Conforme a lo establecido en el art. 106 del Código Procesal Civil, que se encuentra en vigencia anticipada de acuerdo a la disposición transitoria segunda, la nulidad de obrados puede ser declarada de oficio en cualquier estado del proceso, siempre y cuando la ley lo califique expresamente, es decir que procederá la nulidad de oficio cuando se advierta infracciones que interesen al orden público; en razón a dicho análisis y en aplicación estricta del principio de eficacia y verdad material consagrados en el art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, con la facultad conferida a este Tribunal de Casación, corresponde realizar la revisión de oficio de todo lo obrado en el proceso y verificar la existencia de vicios de procedimiento que generen indefensión; en ese sentido, corresponde realizar las siguientes consideraciones:

En virtud al nuevo modelo de Estado que surge a partir de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado del año 2009, Bolivia asume un modelo Social Constitucional de Estado, que rompe con el anterior modelo de Estado liberal, en ese sentido, en este Estado Social, Constitucional de Derecho, se advierte que el rol que antes se le atribuía al Juez o Tribunal ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, ya que ahora los jueces y Tribunales deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que el Juez tiene la posibilidad, incluso más amplia, de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tienen su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso. En conclusión, diremos que el Juez tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales.

Asimismo, diremos que en todo proceso la solución de conflictos es compatible con la búsqueda de la verdad, ya que una resolución que no se fundamente en la veracidad de los hechos genera una desconfianza generalizada hacia el Órgano Judicial y un riesgo para mantener la armonía social, por lo que el compromiso del Juez es con la verdad y no con las partes del proceso, pues tiene como instrumento para llegar a esta verdad material, la facultad de decretar pruebas de oficio, por ello la producción de pruebas de oficio en equidad no afecta la imparcialidad del Juez, ya que estas pruebas de oficio que determinen la verdad real de los hechos pueden favorecer a cualquiera de las partes sin que esto signifique limitar el derecho de defensa y contradicción que tiene la otra parte, pues el Juez solo debe buscar la verdad real de los hechos manteniendo firme su imparcialidad en la aplicación del principio de verdad material al caso concreto; concordante con lo expuesto anteriormente, la SCP Nº 0112/2012 de 27 de abril señaló: “… la constitución de 2009, inicia un constitucionalismo sin precedentes en su historia, que es preciso comprender para construir, hilar una nueva teoría jurídica del derecho boliviano, en una secuencia lógica que va desde la comprensión de este nuevo derecho hasta los criterios para su aplicación judicial. Esto debido al nuevo modelo de Estado ínsito en el texto constitucional……con un rol preponderante de los jueces a través de su labor decisoria cotidiana.”. Lo que significa que en este nuevo Estado Social Constitucional de derecho, los jueces debe realizar un razonamiento que desborda la subsunción a la ley, en aplicación primaria de los principios y valores constitucionales.

En el caso de Autos y de conformidad al memorial de demanda y contestación, se infiere que la controversia gira en torno a la presunta existencia de mejor derecho propietario que alega tener el demandante Desiderio Choque Garnica sobre el bien inmueble de 5.500 mts2. de superficie, del cual señala que se encontraría debidamente registrado en Derechos Reales en fecha 3 de diciembre de 1990, bajo la matricula Nº 1011990038092, y que el mismo se hallaría en sobreposición con el inmueble de 1.500 mts2., de superficie de propiedad de Nery Justiniano de Rojas, quien señaló que la superficie a la cual hace referencia el actor principal, es decir los 1.500 mts2., se halla registrado este en Derechos Reales en fecha 5 de abril de 1991 bajo la matricula Nº1011990055593, y que en virtud a los datos inmersos en las Escrituras Públicas, no sería evidente la sobreposición que el demandante alega.

En razón a dichos antecedentes y la pruebas cursantes en obrados, el Juez de la causa emitió Sentencia con el fundamento de que las colindancias de ambos lotes de terreno serían totalmente distintas y que se trataría de dos lotes diferentes, valorando para dicho efecto, el Testimonio Nº 731/1990 referente a los 5.500 mts2. de propiedad del actor principal y el Testimonio Nº 166/1991 referente al lote de terreno de 1.500 mts2 de propiedad de la demandada, así como la confesión provocada a la que fue deferido el demandante quien señaló que si bien en ambos testimonios las clausulas referidas a las colindancias serían diferentes, empero en el aspecto físico no ocurriría lo mismo. Sin embargo se advierte que el Juez de la causa en el acápite sexto, del Considerando II referido al fondo, señaló que los limites  señalados por el actor son genéricos, que establece solo referencias, sin señalar metros de fondo ni de frente, datos genéricos que no posibilitarían la individualización y precisión del terreno motivo de la litis, añadiendo que los 5.500 mts2, podría encontrarse en cualquier parte de la extensión de los 30.000 mts2. que originalmente tenía la vendedora. De lo referido se advierte que la Sentencia de primera instancia, que fue confirmada por el Tribunal de Alzada, fue emitida en base a pruebas que no reflejan datos precisos sobre la ubicación de ambos inmuebles.

De esta manera, al ser los bienes inmuebles distintos en cuanto a su extensión superficial y teniendo presente que las colindancias pueden varíar con el tiempo, es decir que las mismas pueden sufrir modificaciones por diferentes circunstancias, dicho argumento no resulta suficiente para no brindar una solución eficaz al conflicto en función a los nuevos lineamientos que rigen la justicia boliviana, es en este entendido, que en el caso de autos resulta necesario encomendar al Tribunal de Alzada la producción de prueba pericial de oficio y las que se consideren necesarias, de manera equitativa, responsable, imparcial e integral en cumplimiento de los fines esenciales del Estado al que representan en su envestidura, para así determinar la ubicación exacta y actual de ambos inmuebles, y  establecer si existe sobreposición o no entre los mismos, en función a los documentos y los estudios que consideren necesarios para cumplir dicho fin, esto en sujeción al principio de independencia que le da al Juez o Tribunal un amplio margen para la dirección del proceso, facultad esta que debe estar orientada a dinamizar de manera activa la labor de los jueces de instancia en la averiguación de la verdad real de los hechos, especialmente en lo que hace a la evaluación pertinencia o necesidad de una prueba, adoptando las medidas que considere necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos, para así llegar a decisiones de fondo integrales y justas, pues si la prueba que posee es insuficiente, inadecuada, o abiertamente falsa su resolución resulta ineficaz, por lo que corresponde reorientar el proceso de manera favorable, en resguardo y respeto del principio de verdad material y derechos constitucionales; máxime si en el considerando primero y segundo del Auto de Vista Nº S.C.C.FAM 2ª Nº 49/2015 cursante de fs. 208 a 209, el Tribunal de Alzada identificó agravios que fueron reclamados en el recurso de apelación interpuesto por Desiderio Choque Garnica contra la Sentencia Nº 24/2014 cursante de fs. 164 a 167.

En razón a dichas consideraciones, corresponde a este Tribunal resolver conforme prevé los artículos 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil en relación al art. 106 del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil en relación al art. 106 del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista S.C.C.FAM 2ª N° 49/2015 de fecha 2 de marzo de 2015, cursante de fs. 208 a 209, pronunciado por la Sala Civil Segunda Comercial y Familiar del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, disponiendo que el Tribunal de Alzada, con carácter previo a emitir resolución, cumpla con lo dispuesto en la presente resolución. 

Siendo excusable el error no se impone multa a los Vocales suscriptores del Auto de Vista.

En aplicación del art. 17.IV de la Ley N° 025 notifíquese al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.