TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                            S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 129/2016

Sucre: 05 de febrero 2016

Expediente: CB-59-15-S

Partes: Víctor Zurita Chaparro c/ Andrés Aranibar Mena, Cinda Guzmán de

           Aranibar, Policarpio Aranibar Mena y Mica Coca Coria de Aranibar

Proceso: Reivindicación

Distrito: Cochabamba


VISTOS: El Recurso de Casación, cursante de fs. 421 a 423, interpuesto por Andrés Aranibar Mena y Cinda Guzmán de Aranibar, contra el Auto de Vista REG/S.CII/ASEN.013/29.01.2015 de fecha 29 de enero de 2015, cursante de fs. 413 a 415, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de reivindicación de bien inmueble, seguido por Víctor Zurita Chaparro contra Andrés Aranibar Mena, Cinda Guzmán de Aranibar, Policarpio Aranibar Mena y Mica Coca Coria de Aranibar; la concesión de fs. 428; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Tramitado el Proceso, el Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Quillacollo, emitió la Sentencia de fecha 19 de abril de 2006, cursante de fs. 302 a 308 y vta., declarando IMPROBADA la demanda principal y las excepciones perentorias opuestas a la acción reconvencional, y PROBADA la acción reconvencional así como las excepciones opuestas contra la demanda principal, con costas. Asimismo, aclaró que dicha Resolución es únicamente para efectos del art. 297 del Código de Procedimiento Civil, de donde todos los demás aspectos colaterales presentados por las partes, corresponde su consideración y Resolución a la instancia llamada por ley. de igual forma, dicha autoridad, ante la solicitud de complementación y enmienda de Víctor Zurita Chaparro, emitió el Auto de complementación  cursante a fs. 311, corrigiendo el error cometido respecto a la imposición de costas, disponiendo que por tratarse de juicio doble no corresponde la imposición de costas.

Contra la referida Sentencia, Víctor Zurita Chaparro, interpuso Recurso de Apelación cursante de fs. 313 a 317 y vta.

En merito a esos antecedentes, y mediando un Auto de Vista (fs. 339 a 340 y vta.) y Auto Supremo emitido por la Sala Civil Liquidadora cursante de fs. 388 a 392, que anuló la Resolución de segunda instancia, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista REG/S.CII/ASEN.013/29.01.2015 de fecha 29 de enero de 2015, cursante de fs. 413 a 415,  REVOCANDO la Sentencia de fecha 19 de abril de 2006 y deliberando en el fondo declaró PROBADA la demanda principal e improbada la acción reconvencional, consecuentemente dispuso se proceda a la restitución, a favor del demandante Víctor Zurita Chaparro,  del inmueble ubicado en la zona de Vinto comprensión de la provincia de Quillacollo, debiendo emitirse el correspondiente mandamiento de desapoderamiento contra los demandante o terceros ocupantes; asimismo, dispuso el pago de daños y perjuicios ocasionad averiguables en ejecución de Sentencia, sin costas por ser juicio doble y por la decisión asumida en dicha Resolución.

Resolución que dio lugar al Recurso de Casación, interpuesto por Andrés Aranibar Mena y Cindi Guzmán de Aranibar, cursante de fs. 421 a 423; el que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Acusan que el Auto de Vista recurrido fue dictado con errores, desaciertos e imprecisiones, pues haría referencia a un juicio de nulidad de letra de cambio y pago documentado de obligación, cuando dicho proceso jamás fue sostenido por las partes, de esta manera refiere que dicho aspecto constituye un vicio de nulidad por transgredir los principios de especificidad, trascendencia y defensa.

Denuncian que la Resolución de Alzada, formula consideraciones faltos de análisis de los antecedentes, que al no justificar el fallo carece de fundamentación, asimismo señala que no realizó una correcta valoración de los datos del proceso, que  al contrario realiza una inadecuada y contradictoria interpretación de la ley y de los antecedentes del proceso, al margen de no considerar la fundamentación y la base legal respaldadas por sus personas.

Arguyen que los jueces de Alzada, respecto al proceso independiente que declaró nula la minuta de venta de terreno efectuada por Ricardo Zurita Chaparro contra Juan José Flores Soto, no consideraron que dicho proceso fue interpuesto únicamente contra dicho sujeto, quien al responder a dicho proceso, refirió que el inmueble fue transferido a Andrés Aranibar, extremo del cual refieren que el actor principal ya tenía conocimiento de dicha venta, pues al margen de lo establecido dicha parte también se apersonó a un proceso de interdicto de adquirir la posesión instaurado por Andrés Aranibar Mena y Cinda Guzmán de Aranibar; antecedentes estos por los cuales acusan que en dicho proceso de nulidad habría existido fraude procesal, por haberse dirigido la demanda contra la persona citada anteriormente cuando en realidad este ya no era propietario del bien inmueble, aspecto que los recurrentes consideran como vulneración del art. 236 y 227 del Código de Procedimiento Civil.

Refieren que la vocal relatora al referirse a la posesión civil no señaló la base legal que sustenta la misma, por lo que acusa errónea interpretación del art. 1453 del Código Civil.

Asimismo señalan que entraron a tomar posesión legal y corporal del bien inmueble objeto de la litis el 22 de agosto de 1990, que en virtud a un proceso de entrega de bien inmueble que siguieron a Carlos Paco Vega consolidaron su posesión y derecho propietario, aspectos que consideran fueron desapercibidos por el Tribunal de Alzada.

Por ultimo acusan que en el Auto de Vista hace ver la demanda reconvencional de fraude procesal, sin dar la adecuada valoración; asimismo, refiere que lo señalado por el Tribunal de Alzada de que la demanda de fraude procesal sería viable únicamente mediante revisión extraordinaria de Sentencia dictada en proceso ordinario, cuando ellos no fueron parte del proceso ordinario de nulidad, razón por la cual no le correría ningún plazo para interponer el fraude procesal como proceso no como recurso.

Por los fundamentos expuestos, solicita casar el Auto de Vista recurrido y mantener firme la Sentencia de primera instancia, paralelamente solicita se anule obrados hasta el vicio más antiguo.

CONSIDERAN DO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del análisis de los reclamos expuestos en el presente recurso de casación, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia, ingresar a considerar previamente los referidos a la forma, toda vez que si estos resultan evidentes, corresponderá la emisión de una resolución anulatoria de obrados, caso en el cual ya no resultará necesario considerar los reclamos que hacen al fondo del proceso. En ese entendido diremos que:

En la forma:

Respecto al reclamo donde acusan que el Auto de Vista recurrido habría sido dictado con errores, desaciertos e imprecisiones, pues el mismo haría referencia a un proceso de nulidad de letra de cambio y pago documentado de obligación, cuando en realidad las acciones tramitadas son otras; sobre este punto, que es considerado como un vicio de nulidad por los recurrentes, resulta necesario señalar que aquella concepción que consideraba a la nulidad procesal como la solución a todas las situaciones alejadas de las formas procesales previstas por ley, fue superada con la nueva concepción constitucional referida al proceso jurisdiccional y específicamente a las nulidades procesales; en ese entendido y toda vez que el proceso se constituye como el medio a través del cual se llegan a efectivizar los derechos pretendidos por las partes, este debe ser llevado a cabo en idéntica correspondencia para las partes, dejando de lado el exagerado formalismo que lo único que ocasionaba era que se declare la nulidad ante cualquier vicio procesal, sin tomar en cuenta que dicha determinación en nada modificaría la decisión de los jueces de instancia, o este hubiera sido ya convalidado por las partes.

De ahí que, antes de declarar la nulidad procesal por la existencia de un vicio procesal, se debe constatar si el mismo vulnera las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes, pues de no concurrir dichos presupuestos no corresponderá declarar la nulidad procesal y retrotraer el proceso a etapas ya concluidas, es decir, la nulidad procederá cuando la infracción ocasione un daño que no puede ser enmendado si no es por esta vía; consideraciones estas que nos permiten inferir que la nulidad procesal debe ser aplicada con carácter excepcional en contraposición a la continuidad del proceso hasta su culminación, que es la norma general; consiguientemente si se declara la nulidad procesal por simples vicios procesales, implicaría la transgresión del derecho que tienen las partes al acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones.

En virtud a las consideraciones expuestas supra, en lo que respecta al reclamo acusado, diremos que si bien resulta evidente que el Tribunal de Apelación consignó en la parte del encabezado del Auto de Vista recurrido, que el proceso se trataría de un ordinario de nulidad de letra de cambio y pago documentado de obligación, cuando en realidad la causa que se tramita es sobre una acción reivindicatoria y fraude procesal; sin embargo debemos señalar que este reclamo al margen de constituirse en una cuestión eminentemente formal, pues está orientado a cuestionar un desliz involuntario que consignaron los jueces de segunda instancia, se infiere que el mismo no genera perjuicio alguno a los recurrentes, por lo que no resulta viable declarar la nulidad procesal, más aun cuando lo acusado no modifica en nada la determinación de fondo a la cual arribó el Tribunal Ad quem.

Con relación a la falta de fundamentación, porque el Auto de Vista no habría justificado su fallo; corresponde señalar que de conformidad a la revisión de la resolución de Segunda Instancia, se advierte que el mismo en los tres considerados hace referencia en principio a los antecedentes del proceso, es decir que de manera resumida, expone el antecedente que dio lugar a que dicho Tribunal emita el Auto de Vista; de igual forma en el segundo considerando, se advierte que este contiene los agravios expuestos en el recurso de apelación de la parte actora, los cuales, en el último considerando del Auto de Vista, fueron analizados y debidamente fundamentados, pues en una primera parte se refiere de manera exclusiva a la acción principal de reivindicación y  posteriormente a la acción reconvencional de fraude procesal.

De dichas observaciones, se colige que la falta de fundamentación que acusan los recurrentes, no resulta ser evidente, puesto que el Auto de Vista, resulta ser claro, comprensible y adecuado a los extremos acusados en el recurso de apelación que fue interpuesto por la parte actora, extremos estos que demuestran que dicha Resolución contiene la suficiente fundamentación que la hace entendible y comprensible, dicho de otra forma, esta Resolución contiene las razones determinantes en las cuales se basó el Tribunal Ad quem para emitir Resolución revocando la Sentencia de primera instancia. Ahora bien, el hecho de que se considere que por no ser extensa la Resolución que se recurre, esta no tenga la debida fundamentación, resulta ser una  cuestión totalmente subjetiva, pues para que una Resolución se encuentre debidamente fundamentada, esta debe ser clara, precisa y fácil de comprender, tal como ocurre en el caso de Autos; sin embargo la falta de fundamentación no debe ser confundida con el desacuerdo que se tenga con dicha Resolución, pues en el primer caso nos estaríamos refiriendo a una ausencia de fundamentación y en el segundo a una errónea interpretación o aplicación indebida de norma o a una apreciación errónea de la prueba, cuestiones estas que al estar orientadas a cuestionar el fondo del proceso deben ser interpuestos en un recurso de casación en el fondo conforme a las causales que hacen procedente a la misma.

Finalmente, los recurrentes acusan la vulneración del art. 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil, arguyendo que el Tribunal Ad quem no habría considerado que el proceso de nulidad no fue interpuesto contra ellos sino contra un sujeto que ya no era propietario del bien inmueble; de lo expuesto, se puede inferir que cuando los recurrentes se refieren al proceso de nulidad, el cual se habría llevado a cabo con evidentes vicios de nulidad, en realidad lo que hacen es fundamentar las razones por las cuales consideran que debió ser declarada probada su demanda reconvencional de fraude procesal.

Bajo esa lógica y toda vez que en el presente reclamo, los recurrentes cuestionan que el Tribunal Ad quem, no consideró, es decir que no se pronunció, sobre la falta de notificación a sus personas con el proceso de nulidad del cual demandan el fraude procesal; se debe señalar que conforme a la revisión del considerando tercero del Auto de Vista recurrido, dicho Tribunal si se refirió a la demanda reconvencional de fraude procesal, señalando, entre otros aspectos: que la misma resultaría improponible  y que  constituiría  en un presupuesto para la revisión extraordinaria de sentencia conforme a lo establecido en el art. 297 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil.´ Consiguientemente, al haber sido declarada improponible el fraude procesal no correspondía un pronunciamiento expreso sobre lo alegado.

En el fondo:

Los recurrentes acusan la errónea interpretación del art. 1453 del Código Civil, pues refieren que la posesión civil a la cual hizo referencia el Tribunal de Alzada no tendría sustento legal; de dicho reclamo, resulta pertinente referirnos a la norma acusada, la cual, respecto a la acción reivindicatoria señala: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”; precepto legal que establece que la reivindicación es una acción real, cuyo objeto es recuperar el bien, sobre el que se tiene derecho de propiedad, es decir que esta acción se encuentra reservada precisamente para el propietario que ha perdido la posesión de un bien que es de su propiedad.

Resulta, también pertinente señalar que para la procedencia de la acción de reivindicación, debe cumplirse necesariamente con tres requisitos, que son: 1. Que el actor cuente con derecho propietario de la cosa a reivindicar; 2. Que esté privado o destituido de ésta, y 3. Que la cosa se halle plenamente identificada; exigencias estas que necesariamente deben concurrir para hacer viable la pretensión, pues la falta de una de estas ocasionará que el mismo no sea acogido favorablemente.

De esta manera, centrándonos en el reclamo, diremos que la línea emitida por este Tribunal Supremo de Justicia, precisó con claridad que la acción reivindicatoria debe otorgarse al propietario que no ostenta  la posesión de su propiedad y pide a aquel que ejerce la posesión sobre el mismo, que le restituya; de igual forma se precisó que esta acción debe proceder aunque el propietario no haya tenido la posesión corporal de la cosa, aspecto este que se encuentra respaldado por el Estado mediante sus órganos jurisdiccionales, los cuales deben resguardar el derecho de propiedad que es garantizado conforme lo señala el art. 56 de la Constitución Política del Estado, puesto que, mientras el título de propiedad de la parte que interpone la acción reivindicatoria, se encuentre vigente el mismo goza de plena eficacia para poder instaurar esta acción real.

En virtud a este entendimiento, debemos señalar que el derecho de propiedad encierra también el derecho a poseer la cosa, la que emerge de la titularidad que se tiene, por lo tanto el hecho de que el bien inmueble objeto de la litis no fue desposeído por los recurrentes, o que el demandante no haya estado nunca en posesión del mismo, no conlleva la improcedencia de la acción reivindicatoria, pues el art. 105 del Código Civil, al señalar que el derecho de propiedad es el poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, se advierte que el mismo confiere al titular de este derecho propietario, dada su naturaleza, la posesión emergente del derecho mismo, y no solo la posesión civil o “jus possidendi”, que está a su vez se encuentra integrado por sus elementos “corpusy ánimus”, sino también la natural o corporal o “jus possesionem”, pudiendo ser esta última ejercida o no por el propietario, extremo que no implica que no se encuentre en posesión del bien, pues el mismo conforme lo señalado se encuentra en “posesión civil” de la cosa, extremo que evidentemente le permite interponer la acción reivindicatoria.

De lo expuesto, se advierte que no existió errónea interpretación del art. 1453 del Código Civil, pues el razonamiento vertido por el Tribunal de Alzada conforme a lo desarrollado supra se encuentra plenamente justificado; de esta manera, el hecho de que los recurrentes refieran que entraron en posesión legal y corporal del bien inmueble objeto de la litis el 22 de Agosto de 1990, este aspecto lo único que hace es sustentar la pretensión de la parte actora, pues uno de los requisitos que hacen viable la acción reivindicatoria, es que el bien inmueble que reclama el propietario, este en posesión de terceros que no tienen calidad de propietarios, para que se lo restituya, por lo tanto el Tribunal de Alzada si consideró y analizo la posesión de los recurrentes. 

Por último, en lo que respecta a la demanda reconvencional de fraude procesal, del cual señalan que fue interpuesto como proceso y no como recurso extraordinario como refirió el Tribunal de Alzada, y que al no haber sido parte del proceso del cual solicitan se declare la nulidad a través de la figura de fraude procesal, no les correría plazo alguno; sobre este reclamo, debemos señalar que el fraude procesal es entendido como todo artificio, maquinación, ardid o engaño que la malicia humana puede introducir en el proceso, haciendo víctima del engaño al juzgador, con la finalidad de obtener dolosamente de éste, una Sentencia.

Asimismo, el fraude procesal, da lugar a la revisión del fallo cuando el juzgador ha pronunciado una Sentencia merced de artificios o engaños introducidos en el proceso y que de no haber mediado estas maquinaciones, el pronunciamiento podía ser diferente; es así que refiriéndonos a la jurisprudencia referida al fraude procesal, el Auto Supremo N° 159/2012 de 22 de junio, ha establecido que: “El fraude procesal, como causal de procedencia de la revisión extraordinaria de sentencia, por mandato del art. 297-3) del Código de Procedimiento Civil, debe necesariamente ser demostrado en proceso ordinario, en el que no se discuten los derechos en controversia ni las decisiones de las instancias jurisdiccionales, sino los hechos que dieron origen al fraude procesal que se acusa. En ningún caso este proceso ordinario constituye una instancia de revisión, es un nuevo proceso de conocimiento en el que deben probarse los hechos constitutivos del fraude procesal entendido -según el Diccionario de Edgar Oblitas Fernández- como toda maniobra de las partes, del Juez, de terceros o de auxiliares que tienda a obtener o dictar una sentencia- sin valor de cosa juzgada o la homologación de un acuerdo procesal u otra resolución judicial, con fines ilícitos o impedir su pronunciamiento o ejecución. El fraude procesal necesariamente debe establecerse en proceso ordinario por mandato del art. 297-3) del Código de Procedimiento Civil relacionado con el art. 316 del mismo cuerpo legal, sólo para efectos de viabilizar la procedencia de la revisión extraordinaria de sentencia a la que se refiere precisamente el citado art. 297-3). De manera que pretender que un Juez de partido, a través de un proceso de fraude procesal, en definitiva declare la nulidad de las actuaciones producidas en un proceso de conocimiento, resulta inadmisible conforme lo previsto por el art. 297 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que tal determinación corresponde al Tribunal Supremo de Justicia por ser el único órgano competente para conocer la revisión extraordinaria de sentencia ejecutoriada; aclarando que ésta procede entre otras causales por fraude procesal.”

En el caso de Autos, se advierte que los demandados reconvienen a la acción principal de reivindicación, interponiendo la acción de fraude procesal, pretendiendo que la sentencia pronunciada dentro del proceso de nulidad de contrato de venta que fue interpuesto por Víctor Zurita Chaparro contra José Juan Flores Soto ahora también actor, sea declarada nula por contener supuestamente vicios procesales que vulneraron su derecho a la defensa, pues cuando dicho proceso fue interpuesto contra José Juan Flores Soto, el mismo ya no tenía la calidad de propietario del bien inmueble, pues el demandado de ese proceso, habría transferido el bien inmueble a Andrés Aranibar Mena y Cinda Guzmán de Aranibar; en virtud a lo señalado se deduce que los fundamentos expuestos por los recurrentes están orientados a cuestionar los derechos en controversia y la decisión asumida en el proceso de nulidad de contrato, por lo que solicitan se anule la sentencia dictada en dicho proceso y se ordene la nueva inscripción de sus títulos de propiedad al igual que de José Juan Flores Soto, de quien refieren que jamás falsifico firma alguna.

De lo expuesto, se advierte que la pretensión de fraude procesal, tal como lo estableció el Tribunal de Alzada, ciertamente resulta improponible toda vez que en nuestra economía jurídica no existe la figura de “nulidad del proceso por fraude procesal”, toda vez que, conforme a los fundamentos expuestos, esta no resulta ser la vía para disponer tal nulidad, pues el fin que persigue el proceso de fraude procesal es el de establecer únicamente los hechos constitutivos del fraude a efectos de posibilitar el posterior recurso de revisión extraordinaria de sentencia, en cuyo conocimiento el Tribunal Supremo, si acaso correspondiera, podría dejar sin efecto el proceso de conocimiento sustanciado con fraude procesal.

De esta manera, conforme a los fundamentos expuestos, tanto en el recurso de casación en la forma como en el fondo, corresponde emitir fallo conforme a lo previsto en los artículos 271 num. 2) y 273) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el Recurso de Casación, cursante de fs. 421 a 423, interpuesto por Andrés Aranibar Mena y Cinda Guzmán de Aranibar, contra el Auto de Vista REG/S.CII/ASEN.013/29.01.2015 de fecha 29 de enero de 2015, cursante de fs. 413 a 415, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas.

Se regula los honorarios del abogado profesional en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Durán.