TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                           S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 1283/2016                                                                 Sucre: 07 de noviembre 2016                                                                 Expediente: CB 1 16 S                                                                    Partes: Giros More Bolivia S.A. c/ Carla Gabriela Escalera Calancha.                 Proceso: Devolución de dinero y otros.                                                       Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 1079 a 1084 vta., formulado por Giros More Bolivia S.A. mediante su representante Prieto Carlos Enrique Olaguivel Jordán contra el Auto de Vista signado con Partida Nº 93 de 15 de octubre de 2015 que cursa de fs. 1070 a 1075 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba en el proceso por devolución de dinero y otros, seguido por la entidad recurrente en contra de Carla Gabriela Escalera Calancha y otros, la concesión de fs. 1095, los antecedentes procesales; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Décimo en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, pronuncia la Sentencia signado con Ptda. Nº 315 de 24 de diciembre de 2014, que cursa de fs. 1017 a 1025 vta., que declara improbada la demanda de fs. 138, probada la excepción perentoria de falta de acción y derecho planteada por Delia Castillo Tapia y Clotilde Castillo Vda. de Chánez, de fs. 180 y 234.

En base a la apelación de Sentencia se pronuncia el Auto de Vista de fs. 1070 a 1075 vta., que anula parcialmente el Auto de Concesión en lo referentes al recurso de apelación concedida en audiencia de 18 de febrero de 2013 confirmando la resolución apelada, y también confirma la Sentencia apelada; el Auto de Vista argumenta su decisorio citando el art. 25 de la Ley Nº 1760, y refiere que el apelante no fundamentó la apelación interlocutoria en forma conjunta a la apelación de Sentencia, y dicha omisión no puede ser subsanada por la Jueza. Asimismo refiere que el objeto de la pretensión consiste en obtener una resolución  judicial que disponga la revocatoria de la transferencia contenida en el asiento A-4 y A-5, la devolución de $us.200.000.- y pago de daños y perjuicios, alegando que al declararse improbada la demanda se entiende que se declaró sobre todas las pretensiones, describe el alcance de la congruencia. Refiere que la Sentencia, con relación a la declaración unilateral de promesa de pago, cita el art. 956 del Código Civil, describiendo los requisitos de la declaración unilateral de pago, refiriendo que el Juez ha verificado la inexistencia de dichos requisitos, refiere que la Juez concluyo en señalar que la declaración efectuada en reunión de 10 de abril de 2008 y la declaración informativa prestada ante Fiscal de materia, no pueden configurar en  una promesa unilateral de pago; refiere el Ad quem que los fundamentos son disímiles al exponer los arts. 984 y 956 de Código Civil, describiendo el alcance de la responsabilidad civil extracontractual, alegando que el art. 956 del código la obligación de pago emerge de una declaración o promesa voluntaria; asimismo señala que la demandante no ha cumplido con la carga de la demostrar inequívocamente que la demandada principal hubiera incurrido en la comisión de algún hecho doloso o culposo que genere responsabilidad civil que se demanda, concluyendo que la parte actora no ha demostrado que la demandada se alzó con la suma de $us. 200.00.- menos se ha demostrado la existencia de dicho dinero. Sobre la acción pauliana, refiere que al no estar demuestra la condición de deudora de la demandada principal, el objeto fraudulento de la transferencia deja de tener relevancia, y respecto a la nulidad se señala que la misma no ha sido impugnada como falta de requisitos de formación del contrato, sino que la misma ha sido establecida en función al fraude hecho por el deudor vendedor, alegando que se incurrió en contradicción al demandar nulidad por simulación,  porque esta acción lleva implícitamente la denuncia de un acto inexistente.

II.- CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Acusa haberse aplicado incorrectamente el art. 956 del Código Civil, trascribiendo los tres puntos que contiene la foja 1073; argumentando que respecto a las declaración prestada en reunión y la efectuada ante la autoridad fiscal escapa el orden normativo, afirmando que dicha prueba fue valorada por el A quo conforme a las reglas de la sana critica, y a criterio del Tribunal ha vulnerado la reglas de la lógica, concluyendo que no se ha demostrado que la demandada se alzó con $us.200.000.- y tampoco su existencia, exponiendo que el Auto de Vista no cuenta con argumento contundente sobre la promesa de pago, concentrándose en el punto del resarcimiento del hecho ilícito.

Expone que no se ha tomado en cuenta lo planteado en apelación, olvidando la dimensión del art. 190 del Código de Procedimiento Civil, yendo más allá de lo pedido, olvidando el art. 1282 del Código Civil;  que fue reconocida por la demandada, se hizo referencia a lo establecido en la Sentencia Constitucional Nº 0632/2012 y debió existir pronunciamiento al respecto, pues hace al fondo del art. 956 del código Civil, por el cual se entiende que puede ser otorgado por una sola parte que, reconoce la deuda y debe ser puesta en conocimiento del acreedor, la demandada admitió haber recibido dineros de los cajeros y que los retiene para sus derechos y de los demás trabajadores, asimismo indicó que no pudo trasladar estos dineros de su casa a la oficina y que por otra parte del dinero estaba en su oficina central pero no lo hizo inventariar por el Notario que realizó el acto, esos actos constituyen  un reconocimiento de deuda, describe el aporte doctrinario del reconocimiento de deuda de Carlos Morales Guillen y cita el Auto Supremo Nº 090/2013 de 07 de marzo de 2013 que ha sido desconocido por los de instancia, los que refirieron que se tenga que probar con otros medios de prueba la existencia de la deuda, cuando el art. 956 del Código Civil, refiere que el favorecido queda dispensado con de probar la relación fundamental.

Asimismo señala que los Vocales convalidaron la Sentencia que afirmaba que el reconocimiento de deuda según la doctrina no constituye acto constitutivo de una obligación y que simplemente es declarativa de ella, olvidando mencionar el art. 984 del Código Civil que fue referido en la demanda, solo se hizo referencia a los arts. 956, 403, 1322, 426 y 1323 del Código Civil, aspecto que vulnera el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, empero de ello los vocales desarrollan los fundamentos de dicho articulado como si fueran Tribunal de primera instancia.

Cita el art. 483 del Código Civil y describe que toda persona que causa a otro algún daño, está obligado a repararlo, cita el fallo parte del contenido de la Sentencia (fs. 1023), y refiere que todo ello constituye un reconocimiento de deuda y arguye que no existe justificación de justicia por mano propia, convalidando lo prohibido en el art. 1282 del Código Civil, respecto al criterio de que ese dinero iría en garantía de todas las oficinas del país y que por otra parte se encuentran en respaldo y garantía de sus acciones y derechos; refiere haberse efectuado una errónea valoración de la prueba y al no haber cumplido con el requisito de la congruencia entre lo demandado y lo juzgado, además de no existir fundamento en la Sentencia y Auto de Vista, refiere que “debió anularse la sentencia”.

Con referencia a la nulidad de la transferencia realizada por Delia Castillo en favor de Clotilde Calancha, se planteó acción pauliana, la misma que será procedente como consecuencia y a tiempo de casar el Auto de Vista.

Refiere que es obligación reiterar el principio de verdad material y la prevalencia del derecho material sobre el formal,  y se tome en cuenta la Sentencia Constitucional Nº 1783/2014 de 15 de septiembre, citando el art. 180.I de la Constitución Política del Estado y cita el contenido de las Sentencias Constitucionales Nº 0713/2010-R de 26 de julio y Nº 144/2012 de 14 de mayo.

Por lo que solicitar casar el Auto de Vista declarando probada la demanda principal y se orden la devolución de dinero, la revocatoria de la transferencia y el correspondiente pago de daños y perjuicios.

De la respuesta al recurso de casación.-

Los demandados en el escrito de fs. 1089 a 1094 vta., contestan el recurso señalando lo siguiente:

Refiere que las pretensiones de reconocimiento unilateral, la demanda consistía demostrar la constitución de una obligación de pago o devolución de dineros, en el monto referido, y la acreditación de un hecho doloso o culposo para determinar el resarcimiento del daño ocasionado. Señala que el art. 956 del Código Civil, alegando que el actor debía acreditar que Carla Gabriela Escalera Calancha, haya realizado a su favor y en forma expresa una promesa unilateral de pago, o que en forma expresa y voluntaria haya realizado un reconocimiento de deuda en su favor, que jamás ocurrió. Citan el art. 984 de Código Civil y refieren que se debió demostrar que Carla Gabriela Escalera en forma dolosa o culposa ha cometido un ilícito a la empresa demandante, que no ha sido acreditado, tampoco se realizó un trámite de rendición de cuentas; manifiestan que el art. 984 del Código Civil ha sido abordado en Sentencia en la foja 1023, sosteniendo que los demandantes no han acreditado, los hechos hipotéticos de las normas en los que amparan su demanda. Deducen inexistencia de vínculo obligatorio, refiriendo las fuentes de las obligaciones. Refieren que “las declaraciones efectuadas no constituyen ni general una obligación de restituir o devolver el monto referido”. Alegan que debió demostrarse los siguiente: 1) la propiedad de los montos que se pretende ser devueltos, no se adjuntó una auditoría ni balances de gestión, 2) que demandada Carla Escalera, hubiese apropiado o hurtado ilícitamente esos dineros, que no ha sido demostrado, finaliza señalando que las declaraciones fueron objetadas en su debida oportunidad, asimismo refiere que la confesión extrajudicial no fue propuesta por la parte demandante conforme al art. 379 del Código de Procedimiento Civil, refiere que los fallos son congruentes. Asimismo señala que es improcedente la acción paulina y de nulidad de transferencia, incidiendo en el requisito de acreditar la relación obligacional entre acreedor y deudor,  no se ha probado los requisitos contenidos en el art. 1446 del Código Civil, y respecto al principio de verada material, y de acuerdo a dicho principio se acredita que Carla Escalera no es deudora ni ha causado daño a la empresa demandante.

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- DE LA CONFESIÓN EXTRAJUDICIAL.-

La confesión judicial, contenida en el art. 1322 del Código Civil, señala lo siguiente: “(Confesión extrajudicial) I. La confesión extrajudicial hecha por persona capaz al interesado o a su representante legal, surte el mismo efecto que la judicial en los casos para los cuales es admisible la prueba de testigos. II. Si la confesión extrajudicial se hace a un tercero vale sólo como indicio…”, sobre dicho medio de prueba Lino Enrique Palacio en su obra DERECHO PROCESAL CIVIL Tomo IV Editorial Abeledo-Perrot 1988 página 558 y siguientes señala: “Si la confesión extrajudicial, consta por escrito, el documento que se presente para acreditar su existencia reviste la eficacia probatoria que, según su naturaleza le asignen las leyes de fondo, de modo que si se trata de un documento público hace plena fe sin perjuicio de su redargución de falsedad o prueba en contrario, en su caso…. En la hipótesis de haberlo prestado verbalmente, la prueba de la confesión extrajudicial puede hacerse mediante declaraciones de testigos, las cuales resultan suficientes cuando aquella verse sobre simples hechos, ya que con relación a estos el Cód. no impone restricción alguna… C) A la segunda hipótesis arriba enunciado se refiere el apartado segundo… en tanto prescribe que la confesión hecha fuera de juicio frente a un tercero, constituirá fuente de presunción simple. En consecuencia, cuando la declaración confesoria no se ha prestado frente a la parte contraria, sino a terceros, aquella, aún si se encuentra acreditada, carece de eficacia probatoria plena y debe ser corroborada por otro medios de prueba….”

III.2.- DE LA DECLARACIÓN PRESTADA EN FAVOR DE OTRO.-

El art. 1290 del Código Civil, señala lo siguiente: “(Declaraciones en favor de otro) I. El documento público hace plena fe también contra quien lo ha suscrito, en cuanto a las declaraciones, obligaciones y confesiones que contiene a favor de otro. II. El testamento legal de cualquier clase, aun cuando no haya muerto el testador, hace también plena fe contra él, en cuanto a las obligaciones, confesiones y declaraciones que contiene en favor de otro. III. En ambos casos se salva la prueba contraria…”, la norma considera que un documento público, hace plena fe contra quien lo ha suscrito en cuanto a la declaración que contiene en favor de otro.

El texto hace referencia a una declaración prestada en un documento público, para el mismo corresponde remitirnos a lo dispuesto en el art. 1287 del Código Civil, que describe el concepto de documento público y señala lo siguiente: “(Concepto) I. Documento público o auténtico es el extendido por las solemnidades legales por un funcionario autorizado para darle fe pública. II. Cuando el documento se otorga ante un notario público y se inscribe en un protocolo, se llama escritura pública.”, el concepto que abarca este articulado comprende a toda persona que se encuentre investida por de autoridad pública y se encuentre autorizado para dar fe pública al acto que realiza.

Conforme al criterio del doctrinario Carlos Morales Guillen, al comentar su obra Código de Procedimiento Civil Comentado y concordado, al teorizar el art. 1287 del sustantivo civil señala lo siguiente: “Carlos Morales Guillén al comentar el art. 1287 del Código Civil boliviano se entiende que es “En realidad, documento público, supone la intervención de funcionario público que autoriza el documento; documento auténtico, en cambio, es todo aquél que realmente ha sido otorgado y autorizado por la persona que lo extiende o elabora. Así, resulta que todo documento público es auténtico, pero no todo documento auténtico es público (Escriche). Para Ricci, no hay sinonimia filológica y tampoco puede imponerla la ley como característica exclusiva del documento público. El documento público sería una subespecie del documento auténtico (Messineo).

Documento público en sentido estricto, implica la idea de su formación dentro del ejercicio de una actividad pública, específicamente dedicada a la documentación: Notarios, Oficiales del Registro Civil, funcionarios judiciales, que registran, extienden o franquean escrituras públicas, testimonios, certificados. En sentido amplio, el término en examen, comprende, además, aquéllos que se forman en el ejercicio de la actividad pública en los diversos fines del Estado: mandatos y resoluciones de los Poderes Públicos, despachos y certificados de la Administración en general, documentos de crédito público, cuyo prototipo es el billete de Banco.

El documento público no sólo cumple función de medio de prueba que, como tal, se le considera de trascendente importancia, porque es de los que produce prueba plena, esto es, que revela por sí sólo, sin dejar duda, la verdad del hecho averiguado, a diferencia de la semi-plena, que requiere el concurso confirmatorio de otros medios de prueba (v. gr. el principio de prueba escrita).” Como se puede apreciar el documento público no es exclusivo de las Notarías de Fe Pública, sino que es exclusivo de la administración pública, que desarrollan ciertas actividades y lo desarrollado por la Administración pública en el marco de sus atribuciones especificas se considera que la emisión de dichos documentos son públicos, o sea que, desde la perspectiva extensiva relacionada a los ejemplos descritos por el doctrinario citado, se entiende que los mismos también abarcan a declaraciones informativas prestadas ante el Ministerio Público dentro de un proceso penal formal y de acuerdo a los requisitos exigibles como es la participación de una abogado que asista al imputado (declarante).

Por su parte también corresponde señalar que la fe pública, atribuida al fiscal de materia se encuentra contenida en el art. 97 del Código de procedimiento Penal, en la que la ley atribuye al fiscal a recepcionar la declaración del imputado, por lo que la autoridad fiscal se encuentra descrita por ley para generar dicho acto, o sea que la ley le enviste de autoridad y fe pública para dicho acto, dicha declaración es prestada, previa citación o sea que no existe sorpresa, en la que se antela un interrogatorio, se anticipa el derecho de abstenerse a declarar, y se la presta en presencia de un abogado que asiste al declarante; deduciendo que la misma se encuentra establecida como libre, expresa y no sujeta a presión.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El recurrente acusa haberse aplicado incorrectamente el art. 956 del Código Civil, sobre la misma y respecto a las acusaciones de haberse generado un reconocimiento de deuda;  corresponde señalar que la norma descrita tiene el siguiente texto: “(Promesa de pago y reconocimiento de deuda) La persona en favor de la cual se hace por declaración unilateral promesa de pago o reconocimiento de deuda, queda dispensada de probar la relación fundamental, cuya existencia se presume, salva prueba contraria…”, la norma describe dos supuestos, una la declaración unilateral de pago y otra la de reconocimiento de deuda, el soporte doctrinario expuesto por el Ad quem, señala que debe cumplirse con tres requisitos: 1) que debe estar debidamente probado, a fin de quien quiere aprovecharse de ella, debe demostrar su existencia, 2) debe haber sido hecho libre y espontáneamente por quien reconoce la obligación de pago y promete cumplirla y 3) solo puede ser reclamado, por aquel a quien favorece la promesa, deduciendo que el favorecido es acreedor del promitente; la primera parte que expone el  Ad quem no condice con el texto del art. 956 del Código Civil, que establece la presunción juris tantum, o sea que puede ser desvirtuado.

Ahora de la revisión del proceso se tiene que la entidad actora, describió su relación fáctica señalando que Carla Gabriela Escalera Calancha, fungió como Gerente de “GIROS MORE Bolivia S.A.” empresa que operó desde la gestión de 2007, en la que se detectaron irregularidades, como el faltante de dinero en cajas, problemas de diferencias en el cambio de divisas en base a ello acordaron una reunión para el 10 de abril de 2008, y Carla Gabriela Escalera Calancha preparó y ordenó a los cajeros de la empresa, realicen la devolución del dinero que tenían en su poder y los cita a la ciudad de Cochabamba, por lo que la misma no efectúa el depósito en la cuentas bancaria de la empresa, o sea que guarda ese dinero para sí, y en dicha reunión refiere haber tomado la suma de dinero que ira en beneficio y garantía de todas las oficinas de todo el país de los trabajadores y gerentes contratados y de sus acciones, posteriormente planteada la denuncia penal, al momento de prestar su declaración informativa la codemandada señaló que los dineros  entregados por los cajeros de otras oficinas y que observaron lo dispuesto por su gerencia, asciende a la suma de $us.130.000.- que fue recibida en instalaciones de la oficina entre el 9 y 10 de abril de 2008 que se encontrarían en la oficina central depositados, cuya existencia se ha dado fe mediante intervención de Notario, y respecto al monto de $us.70.000.- los tiene en su poder que se hallan para respaldo y garantía de sus acciones y derechos; también se señala que de acuerdo al informe del Notario, éste refiere que no se hizo constar la existencia de los $us.130.000.-

Bajo ese elemento fáctico es que solicitó la pretensión de devolución de dineros, presentando y describiendo los siguientes medios de prueba de relevancia: fotocopia legalizada del acta de declaración informativa prestada por Carla Gabriela Escalera Calancha en 30 de abril de 2008, Fotocopia legalizada de la certificación, emitida por Notario de Fe Pública Nº 34, Acta de inventariación de fecha 10 de abril de 2008 emitida por Notario de Fe Pública Nº 34; asimismo en el contenido de su demanda, solicitó recabar distintos medios de prueba entre ellos, la fotocopia legalizada del Acta de reunión de directorio de la EMPRESA GIROS MORE BOLIVIA S.A. de 10 de abril de 2008, entra otras.

Corresponde señalar que, la confesión prestada ante la misma parte (contendiente), es la que se conoce como confesión extrajudicial, y el caso de autos se hizo referencia al acta de 10 de abril de 2008, que cursa de fs. 496 a 497 vta., emitido por el titular de la Notaría de Fe Pública Nº 12, que participó de la reunión sostenida por Carla Gabriela Escalera Calancha, y los Directores Raúl Ernesto Ubilla Schauricht, y Enrique Jorge Etchegoyen Kaitazoff y los abogados Cristina Bustos Valle y Fernando Córdova Santibañez, de dicha acta se puede extraer lo siguiente: “Reiniciada la reunión el Señor Enrique Etchegoyen manifestó que se indica que la vicepresidenta manifestó que existe $us.70.000 y si se depositó ese dinero en More. La vicepresidenta manifestó que salvaguardando ese dinero y sobra responder. El señor Enrique Etchegoyen indicó que se bloqueó por acuerdo de todos. La vicepresidente indicó que los saldos serán depositados ya sea en la cuenta de la empresa  o una cuenta personal….” Posteriormente en dicha Acta cursa el texto siguiente: “el presidente aclaró que la señora Carla Escalera declaró que tomará los montos de dinero de propiedad de la sociedad en garantía sin aclarar a la garantía que se refiere sin aclarar la vicepresidenta, a la garantía que solicitó… La vicepresidenta indicó que quiero aclarar que este irá a en beneficio y garantía de todas las oficinas de todo el país de los trabajadores y gerentes contratados y de mis acciones y que mandara una carta a nivel internacional vía correo electrónico de la situación en que está hoy el equipo…”, este extracto permite concluir que ante la pregunta de montos de dinero  de $us.70.000.- Carla Escalera Calancha, refirió que salvaguardará ese dinero, luego de ello, a la aseveración de la presidencia sobre los dineros, señaló que retendría los montos de dinero en beneficio y garantía de las oficinas, y su personal a nivel nacional y sus acciones, esta acta es una versión expresada por la demandada Carla Gabriela Escalera Calancha ante el directorio de Giros More S.A., por lo que la misma merece la calificación de una confesión extrajudicial conforme a la doctrina aplicable II.2, respecto de haber tomado dineros en el monto de $us.70.000.- en el entendido que los mismos correspondía a la empresa demandante, conforme a la fundamentación  establecida en la doctrina aplicable. Por lo que corresponde acoger dicha pretensión sobre el monto de $us.70.000.- habiendo desconocido el Ad quem el medio de prueba descrito como confesión extrajudicial, que se encuentra corroborada por la declaración informativa prestada ante la autoridad fiscal que se pasará a analizar en el párrafo siguiente.

Posteriormente, se ha generado prueba referente a la declaración informativa que cursa de fs. 1 a 3 que cursa en fotocopias legalizadas, prestada por Carla Gabriela Escalera Calancha,  dentro de la denuncia por los delitos de manipulación informática y hurto, en la que se señaló lo siguiente: “Por otro lado quiero manifestar que dineros entregados por los cajeros de otras oficinas y que observaron lo dispuesto por mi gerencia, asciende a la suma de $us.130.000 por una parte, que fueron recibidos en las instalaciones de la oficina central, entre el 09 y 10 de abril del año en curso; estos dineros se encuentran en la oficina central depositados, cuya existencia se ha dado mediante la intervención de Notario. Quiero también expresar que la suma de $US 70.000.- se hallan bajo mi respaldo y garantía de mis acciones y derechos en la empresa MORE BOLIVIA, de modo que se encuentran en mi poder de forma segura y que me abstengo a decir donde…”, en cuya acta firman la interesada su abogado Julio Salazar con MCA Nº 045 y el Fiscal de Materia, dicha declaración informativa, al ser prestada ante autoridad pública (Fiscal de materia), resulta ser válida conforme a lo que dispone el art. 1290 de Código civil que señala: “(Declaraciones en favor de otro) I. El documento público hace plena fe también contra quien lo ha suscrito, en cuanto a las declaraciones, obligaciones y confesiones que contiene a favor de otro. II. El testamento legal de cualquier clase, aun cuando no haya muerto el testador, hace también plena fe contra él, en cuanto a las obligaciones, confesiones y declaraciones que contiene en favor de otro. III. En ambos casos se salva la prueba contraria.”, el mismo que llega a constituirse en un documento idóneo, en el que se declara dos aspectos un monto de $us.130.000.- que los hubiera depositado en oficina de la empresa demandante, donde fungía como gerente la codemandada Carla Gabriela Escalera Calancha, y otro monto por $us.70.000.- de los que refiere estar en poder de la nombrada codemandada. Este medio de prueba llega a constituirse en un documento público conforme a la doctrina aplicable, al ser la declaración prestada ante autoridad pública (fiscal de materia) que ejerció dicho actuado en base a la atribución contenida en el art. 97 del Código de Procedimiento Penal y en presencia del abogado que asistió a la declarante; sin embargo de ello la misma no fue calificada como documento público por el recurrente sino como confesión extrajudicial (esta última se entiende que es prestada a terceras personas, generalmente particulares), por lo que solo puede tomarse en cuenta el monto de $us.70.000.- que corrobora la confesión extrajudicial descrita en el párrafo que antecede y no así respecto al monto de $us.130.000.- al no haber sido impugnado los arts. 1287 y 1290 del Código Civil; llegando a corroborar el medio de prueba de fs. 496 a 497 vta., pues este Tribunal no puede suplir los argumentos de casación que correspondían ser labrados por la entidad recurrente.

En lo demás, respecto a la acusación de haberse infringido el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, refiriendo que se otorgó más de lo pedido; estas acusaciones son exposiciones que corresponde a un recurso de casación en la forma cuya finalidad es la de buscar una nulidad procesal, no sirven de argumento para un recurso de casación en el fondo, que busca definir el fondo de la controversia. Lo propio ocurre con la falta de pronunciamiento respecto a la cita de la jurisprudencia contenida en la Sentencia Constitucional Nº 632/2012, empero de ello la falta de pronunciamiento es inherente a un recurso de casación en la forma, y no a un recurso de casación en el fondo, que revisa el mérito de las decisiones, no atinente al recurso que presenta la entidad actora que es en el fondo.

En cuanto a la descripción contenida en el art. 984 del Código civil, es correcta la teorización del Ad quem en sentido de que debe efectuarse una demostración de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, por lo que la acusación de haberse infringido el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, resulta ser impertinente en un recurso de casación en el fondo, pues la acusación de la norma procesal en la mayoría de los casos es base para fundar un recurso en la forma y no en el fondo.

Respecto a la cita del art. 483 del Código Civil, ya resulta innecesario en consideración de haber acogido parcialmente la demanda principal sobre el monto de $us.70.000, en sentido de no haberse impugnado correctamente respecto al monto de $us.130.000.-, pues no podía la actora tomar los dineros en la suma de $us.70.000.- con el pretexto del respaldo y garantía de sus acciones.

En relación a la nulidad de transferencia realizada por Delia Castillo en favor de Clotilde Calancha Castillo, la misma no se encuentra fundamentada, pues siendo una pretensión que deviene de una acción pauliana la misma debió ser fundamentada y acreditada con elementos probatorios que cursan en obrados, no pudiendo este Tribunal- suplir esa omisión recursiva que es propio de la entidad recurrente.

En cuanto a la contestación al recurso de casación; la misma no expone con precisión el alcance de la confesión extrajudicial, por lo que corresponde acoger parcialmente la pretensión de la entidad actora, no siendo necesario considerar que el reconocimiento de deuda tenga que ser literalmente en ese término “reconocer la deuda”, sino que la misma debe ser expresa en cuanto a establecer que una persona si adeuda a otra, como fue expuesta de acuerdo al contenido del acta de reunión de 10 de abril de 2008 y la declaración informativa presentada ante la autoridad fiscal  que corrobora el acta de reunión. Tampoco es necesaria la constitución de un trámite de rendición de cuentas, cuando ya existe constancia de haberse tomado dineros por  parte de la gerente de la empresa demandante, quien expuso que los tomaría para garantía de sus acciones y pago del personal, como si fueran propios. En cuanto a la inexistencia del vínculo obligacional, corresponde señalar que ambas parte reconocieron que la codemandada Carla Gabriela Escalera Calancha fungía como gerente de la empresa demandante, por lo que existe una relación de dependencia entre la misma y la entidad actora; no pudiendo argüirse la inexistencia del vínculo obligacional, no siendo necesario la emisión de una sentencia penal, pues el actor se encuentra libremente en la posibilidad de activar la vía civil o la penal.  

Por lo expuesto, corresponde emitir una resolución en base a lo dispuesto en el art. 220.IV del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultada conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.IV del Código Procesal Civil CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista signado con Partida Nº 93 de 15 de octubre de 2015 que cursa de fs. 1070 a 1075 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, consiguientemente dispone que Carla Gabriela Escalera Calancha cancele dentro de 15 días la suma de $us.70.000.- (Dólares Americanos Setenta Mil 00/100) en favor de la entidad actora, bajo alternativa de procederse con la ejecución forzada de la obligación. Sin costas por la casación parcial.

Sin responsabilidad por ser excusable el error incurrido.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.