TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 1281/2016

Sucre: 07 de noviembre 2016

Expediente: CB-138-15-S

Partes: Ediberto Nery Arandia Villarroel. c/ Victoriana Nidia Illanes Rodríguez y

            Guido Portugal Larrea.

Proceso: Cumplimiento de compromiso de pago de obligación.

Distrito: Cochabamba.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 196 a 199, interpuesto por Guido Portugal Larrea, contra el Auto de Vista REG/S.CII/ASEN.088/28.09.2015 de fecha 28 de septiembre de 2015, cursante a fs. 193 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de cumplimiento de compromiso de pago de obligación, seguido por Ediberto Nery Arandia Villarroel contra Victoriana Nidia Illanes Rodríguez y Guido Portugal Larrea; el Auto de concesión de fs. 206; los antecedentes del proceso; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, emitió la Sentencia de fecha 14 de octubre de 2014, cursante de fs. 156 a 163, declarando: 1) IMPROBADA la demanda de cumplimiento de compromiso de pago del documento privado de 1 de junio de 2007. 2) PROBABA la acción reconvencional de nulidad de contrato interpuesta por el codemandado Guido Portugal Larrea, a cuyo efecto declaró nulo el documento privado de rescisión de contrato y compromiso de pago de obligación de fecha 1 de junio de 2007. 3) Asimismo, como emergencia del efecto retroactivo de la nulidad declarada, ordenó que el codemandado  y reconviniente Guido Portugal Larrea dentro de tercero día de ejecutoriada dicha resolución restituya al demandante Ediberto Nery Arandia Villarroel la suma de $us. 11.500 bajo conminatoria de procederse al embargo y subasta de sus bienes. 4) Con relación a la codemandada Victoriana Nidia Illanes Rodríguez, declaró que no tiene nada que restituir. 5) Sin costas por ser juicio doble.  De igual forma dicha autoridad, ante la solicitud de complementación interpuesta por Ediberto Nery Arandia Villarroel (fs. 165 y vta.), emitió el Auto de 27 de octubre de 2014, que cursa a fs. 167, rechazando dicha solicitud.

Resoluciones que puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que Guido Portugal Larrea, mediante memorial de fs. 169 a 171 y vta., interpusiera Recurso de Apelación.

En merito a esos antecedentes, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista REG/S.CII/ASEN.088/28.09.2015 de 28 de septiembre de 2015, cursante a fs. 193 y vta., con el fundamento central de que el reconocimiento de obligación de pago de la suma de $us. 11.500,00 no se halla viciado de nulidad, razón por la cual debe ser cumplida conforme a lo establecido en el art. 541-I del Código Civil, y si bien dicho extremo no fue demandado por el actor principal, sin embargo como efecto de la nulidad decretada en primera instancia, no debe perderse de vista que este (el demandante) inició la demanda pretendiendo el pago de la referida obligación, por lo que adecuando la sentencia de primera instancia al principio de razonabilidad y así asegurar la eficacia de los derechos fundamentales, los cuales en el caso presente están referidos al derecho patrimonial del demandante de percibir el pago de la obligación reconocida por el apelante; que la norma citada por la Juez A quo, art. 547-I) del CC., no es potestativa ni está supeditada al principio dispositivo que regula el derecho procesal civil, que al contrario resulta ser un imperativo legal de obligatoria observancia cuando el juez de la causa encuentra razones para establecer que la nulidad que eventualmente decide decretar no puede ser utilizada, a fin de que quien se favorece con la nulidad decretada se libere sin justificación alguna de sus obligaciones patrimoniales, y siendo esas las razones por las cuales la Juez de la causa dispuso el pago de la suma ordenada, es que CONFIRMA totalmente la Sentencia de primera instancia, con costas.

Resolución que dio lugar al Recurso de Casación interpuesto por Guido Portugal Larrea, el cual se pasa a considerar y resolver.

II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Refiriéndose a lo expuesto en el considerando I del Auto de Vista, señala que dicho razonamiento causa agravios al debido proceso, la seguridad jurídica, con la violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley.

Señala que el Tribunal de Alzada ha incurrido en violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, por lo que cita los arts. 8, 9, 115 I y II y 178 de la Constitución Política del Estado y art. 3 de la Ley de Organización Judicial.

Acusa que la parte demandante en ningún momento demandó la restitución de los dineros bajo conminatoria de procederse al embargo y subasta de los bienes del recurrente, sino que lo que se habría demandado es el cumplimiento de compromiso de pago de obligación, por lo que al haberse declaro nulo el documento privado de rescisión de contrato y compromiso de pago de obligación de fecha 1 de junio de 2007, la Juez A quo debió circunscribirse a los puntos demandados, y no haber ordenado la restitución de los dineros bajo conminatoria de procederse al embargo y subasta de sus bienes, por lo que acusa que el Juez A quo pronunció una Sentencia extra petita, de esta manera refiere que el Tribunal de Alzada no podía confirmar dicha resolución basado en el principio de razonabilidad, al contrario debió analizar los motivos por los cuales el actor no dio cumplimiento en su demanda para solicitar la restitución de los dineros y el embargo y subasta de bienes.

Señala que el Tribunal de Alzada realizó una incorrecta interpretación del contrato de fecha 1 de junio de 2007, así como habría efectuado una interpretación errónea  y aplicación indebida del art. 547 inc 1) del Código Civil para restituir lo que se ha recibido o se tuviera enriquecimiento para que su perciba dentro de tercer día restituya los dineros bajo conminatoria de procederse al embargo y subasta de los bienes del recurrente.

Finalmente acusa que el Auto de Vista carece de la fundamentación ya que no se expresaría las razones determinantes que justifiquen su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustenten la parte dispositiva.

Por lo expuesto solicita se declare  “infundado el Auto de Vista” recurrido en casación.

Respuesta al recurso de casación.

Respecto al recurso de casación, la parte actora refiere que el codemandado no detalló que disposición fue interpretada erróneamente y que norma legal se hubiese aplicado indebidamente parte, como tampoco hubiese especificado los folios de lo que se encontrare las supuestas irregularidades.

Que los jueces de instancia razonaron correctamente, que si declaraban nulo el referido documento de 01 de junio de 2007, también quedaba nula la obligación de cancelar la deuda de $us. 11.500, quedando favorecido el recurrente, liberándose sin justificación alguna de sus obligaciones patrimoniales, por lo que habrían aplicado el principio de razonabilidad.

Que el recurrente no dio estricto cumplimiento al numeral 2) del art. 258 del Código de Procedimiento Civil, por lo que solicitaron se niegue la procedencia de dicho recurso  y se declare plenamente ejecutoriado el Auto de Vista.

En razón a dichos antecedentes diremos que:


III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- De la motivación de las resoluciones judiciales.

La Sentencia Constitucional 0012/2006-R de 4 de enero, respecto a la motivación de las resoluciones ha razonado que: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria…”.

De igual manera la Sentencia Constitucional 2023/2010-R de 9 de noviembre estableció que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…”, criterio reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio”.

Por otra parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0903/2012 de 22 de agosto, ha señalado que: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”. 

En la Sentencia Constitucional Plurinacional 0075/2016-S3 de 8 de enero sobre la fundamentación y motivación de una resolución se ha concretado: “…es una obligación para la autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omite la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una parte estructural de la misma”. 

III.2.- De la falta de fundamentación en las resoluciones judiciales.

El art. 192 num. 2) del Código de Procedimiento Civil dispone que la Sentencia contendrá la parte considerativa con exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga, el análisis y la evaluación fundamentada de la prueba y la cita de las leyes en que se funda; ahora bien, aparentemente tal disposición legal solo se aplicaría al fallo de primera instancia, porque se refiere en forma expresa al contenido de la Sentencia, empero, ello no es evidente, toda vez que el espíritu o razón de ser de esa norma, en lo concerniente a la necesaria motivación y fundamentación que debe contener toda Resolución jurisdiccional, se aplica también a la Resolución de segunda instancia.

Sin embargo, como es lógico, la fundamentación de la Resolución de Alzada debe circunscribirse a los agravios expuestos en el recurso de apelación, pues al Tribunal de Alzada no le es exigible realizar una motivación respecto a todo lo debatido y controvertido en el proceso, sino únicamente respecto a aquellos motivos apelados, tampoco le es exigible una revalorización total de la prueba, sino solo de aquella que el recurrente acusa de indebidamente valorada o la que se vincula al agravio expuesto por el recurrente.

III.3.- Del efecto Retroactivo de la Nulidad.

Con relación al efecto que genera la declaración de nulidad de un determinado contrato, el art. 547 del Código Civil, establece que los efectos que esta genera tienen efecto retroactivo, es decir que al quedar extinguidas las obligaciones  que asumieron las partes, se entiende que por lógica consecuencia lo que estas hubieran recibido de la otra parte deben ser restituidas; en este entendido este Tribunal Supremo de Justicia ha orientado dicho extremo a través de diversos fallos, entre ellos el Auto Supremo N° 1132/2015 L de 07 de diciembre, donde señaló lo siguiente: “En ese contexto. Cuando las partes contratantes procuran la nulidad del contrato del cual nace su relación jurídica, el efecto emergente de la invalidez pretendida es la extinción de las obligaciones incumplidas con carácter retroactivo, conforme prevé el art. 547 1 del Código Civil, emergiendo la ficción legal que el contrato no se ha generado, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la celebración del acto como si este no hubiese existido, pero si las obligaciones fueron total o parcialmente cumplidas el efecto de la nulidad demandada entre partes es el “restitutorio” en virtud al cual las partes deben restituirse mutuamente los prestaciones recibidas, conforme añade la aclaración del precitado artículo”. 

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De la revisión de los reclamos inmersos en el recurso de casación se advierte que los mismos están referidos tanto al fondo como a la forma, por lo que en principio se considerará aquellos reclamos de forma pues de ser evidentes y trascendentales se producirá la nulidad de obrados, no resultando, si ese fuese el caso, considerar los reclamos de fondo.

En esa lógica, corresponde referirnos al reclamo relacionado a la falta de fundamentación del Auto de Vista, pues en dicha resolución no se habría expresado las razones por las cuales se asumió dicha decisión; en virtud a dicho reclamo y de conformidad a lo expuesto en los puntos III.1 y III.2 de la doctrina aplicable al caso de autos, es preciso señalar que tanto la motivación como la fundamentación de las resoluciones judiciales, no implica necesariamente la exposición ampulosa de consideraciones, ni de citas legales, al contrario implica que los fundamentos expuestos en las mismas al margen de circunscribirse a lo pretendido o expuesto por las partes, esta sea clara y precisa, es decir que sea de fácil entendimiento para los justiciables, con ese preámbulo y conforme a la revisión de la resolución recurrida en casación, se advierte que los jueces de Alzada, en el considerando I, explican las razones por las cuales llegaron a confirmar la Sentencia de primera instancia, entre estos el hecho de que es evidente que el fundamento de nulidad del contrato consiste en la ausencia de objeto del mismo, sin embargo como habría razonado la Juez A quo, el reconocimiento de obligación de pago de la suma de $us. 11.500.- no se hallaría viciado de nulidad, por lo que la misma debió ser cumplida, tal como lo establece el art. 547-1) del Código Civil; otro fundamento en el cual se basó el Tribunal Ad quem, fue en el hecho de que si bien lo determinado por el Juez A quo, que  emerge de la nulidad decretada, no fue demandado por el actor, sin embargo, refirió que no debe perderse de vista que el actor habría demandado el cumplimiento de la obligación pretendiendo el pago de la obligación referida, por lo que la resolución de primera instancia se adecuaría al principio de razonabilidad; finalmente dicho Tribunal expuso como razón suficiente para confirmar la Sentencia de primera instancia, que el art. 547-1) del Código Civil resulta un imperio de la ley de obligatoria observancia, por lo que las observaciones hechas por el apelante no  fueron estimadas favorablemente.

De lo expuesto, se infiere que la Resolución de Alzada si contiene la debida fundamentación, pues claramente se expone las razones por las cuales el Tribunal de Apelación decidió confirmar la Sentencia de primera instancia, resultando consiguientemente infundado el reclamo expuesto en este punto.

Continuando con el análisis de los extremos acusados en casación, corresponde referirnos al hecho de que el Tribunal de Alzada no podía confirmar la Sentencia de primera instancia por ser la misma extra petita, pues el actor habría demandado el cumplimiento de compromiso de pago de obligación, por lo que al haberse declarado nulo el documento privado de rescisión de contrato y compromiso de pago de obligación de fecha 1 de junio de 2007, la Juez A quo debió circunscribirse a los puntos demandados, y no haber ordenado la restitución de los dineros bajo conminatoria de procederse al embargo y subasta de sus bienes; al respecto, corresponde señalar que evidentemente Ediberto Nery Arandia Villarroel, por memorial cursante de fs. 8 a 9, en la vía ordinaria demandó el cumplimiento de compromiso de pago de obligación inmerso en el documento de fecha 01 de junio de 2007, contra Guido Portugal Larrea y Victoriana Nidia Illanes Rodríguez, toda vez que desde la fecha de suscripción de dicho documento, habrían transcurrido más de tres años sin que el co demandado Guido Portugal Larrea haya cumplido con la introducción de mejoras en la terraza del edificio multifamiliar de propiedad de Victoriana Nidia Illanes Rodríguez  y Ediberto Nery Arandia Villarroel, esto con la finalidad de cuantificar el valor real para su posterior venta al mejor postor en el lapso de un año, y de esta manera entregar Victoriana Nidia Illanes Rodríguez a su persona la suma de $us. 11.500 dinero que emergería por concepto de una deuda contraída por Guido Portugal Larrea contra el actor.

Sin embargo, admitida que fue la demanda y corrida en traslado a los dos demandados, también resulta evidente que Guido Portugal Larrea, mediante memorial cursante de fs. 30 a 32, al margen de contestar y negar la demanda principal, interpuso acción reconvencional de nulidad del contrato de fecha 01 de junio de 2007, amparándose entre otras normas en el art. 452 inc. 2) del Código Civil falta de objeto-, toda vez que en el mismo no se habría consignado que mejoras iba a realizar su persona  en la propiedad del actor y de Victoriana Nidia Illanes Rodríguez, como tampoco se habría establecido a partir de qué fecha y/o año debió colocar a la venta la terraza.

Es así que cumplidas las etapas procesales respectivas, el Juez de primera instancia, emitió Sentencia que cursa de fs. 156 a 163 de obrados, donde declaró improbada la demanda principal de cumplimiento de compromiso de pago, esto en razón a que la demanda reconvencional de nulidad de contrato interpuesta por el codemandado Guido Portugal Larrea fue declarada probada y en consecuencia declaró nulo el documento privado de rescisión de contrato y compromiso de pago de obligación de fecha 01 de junio de 2007, de igual forma y en virtud a la nulidad declarada, el Juez de la causa correctamente ordenó que el co demandado Guido Portugal Larrea dentro de tercer día de ejecutoriada dicha resolución restituya al actor principal la suma de $us. 11.500.-, bajo conminatoria de procederse al embargo y subasta de sus bienes.

De los antecedentes expuestos, y de conformidad a lo reclamado por el recurrente, corresponde señalar que la resolución de primera instancia no resulta extra petita, pues si bien el actor pretendía el cumplimiento de obligación, pretensión que fue declarada improbada por el Juez de la causa, empero al haber sido acogida favorablemente la pretensión reconvencional de nulidad de contrato por falta de objeto, se entiende que esta declaración debe generar el efecto retroactivo, tal y como lo dispone el art. 547-1) del Sustantivo Civil, pues como ya se señaló en el punto III.3 de la doctrina aplicable al caso de autos, dicha determinación no emerge como una disposición extra petita, sino como consecuencia lógica de haberse declarado nulo el documento de fecha 1 de junio de 2007, del cual pretendió su cumplimiento el actor principal, toda vez que el mismo no contendría objeto determinado o determinable, situación que de manera correcta ocasiona que las partes suscribientes se restituyan lo recibido, que en el caso de autos, el actor como consecuencia de la nulidad de dicho contrato, no tendría nada que restituir, toda vez que este no recibió nada, en cambio el recurrente, conforme a lo expuesto en la cláusula quinta del ya citado documento, al haber reconocido que adeuda la suma de $us. 11.500.- en favor del actor, este claramente debe restituir dicho monto, determinación asumida, no en contraposición a lo solicitado por el actor en su demanda principal, sino, como ya se señaló supra, como consecuencia del efecto retroactivo que genera la nulidad del contrato.

Al margen de lo ya expuesto corresponde aclarar a la recurrente, que la determinación de que la restitución del monto de dinero sea bajo conminatoria de procederse al embargo y subasta de sus bienes, fue dispuesto con la única finalidad de que lo determinado en Sentencia sea cumplido de manera eficaz, es decir que dicha determinación fue adoptada con la finalidad de garantizar que se cumpla el efecto retroactivo de la nulidad del contrato, razones por las cuales se concluye que lo acusado por el recurrente no resulta evidente.

Finalmente, con relación a la acusación de incorrecta interpretación del contrato de fecha 1 de junio de 2007, así como del art. 547-1) del Código Civil, corresponde remitirnos a los fundamentos expuestos supra, donde ya se explicó que lo dispuesto por los jueces de instancia, emerge como consecuencia de haberse declarado probada la acción reconvencional de nulidad del contrato de 01 de junio de 2007, por carecer el mismo de objeto determinado y determinable, acción que al haber sido interpuesta por el recurrente, se entiende que este conocía de los efectos que generaría el hecho de acogerse su pretensión.

Por lo expuesto, y toda vez que lo acusado por el recurrente no resulta evidente, pues no existió vulneración alguna al debido proceso, ni a la seguridad jurídica, y mucho menos violación o interpretación errónea o aplicación indebida de ley alguna, es que corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia resolver conforme señala el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 196 a 199, interpuesto por Guido Portugal Larrea, contra el Auto de Vista REG/S.CII/ASEN.088/28.09.2015 de fecha 28 de septiembre de 2015, cursante a fs. 193 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas y costos.

Se regula honorarios del abogado profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.