TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A  C I V I L 


Auto Supremo: 1280/2016

Sucre: 07 de noviembre 2016

Expediente:        CB-140-15-S

Partes: SERPREC LTDA., representado por Magno Guillermo Mayori Machicao c/ BANCO ECONOMICO S.A., y Jaime Enrique Quiroga Angulo.

Proceso: Resarcimiento de daños.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 4436 a 4448 y vta., de obrados interpuesto por SERPREC Ltda., representada por Magno Guillermo Mayori Machicao contra el  Auto de Vista de fecha 28 de agosto de 2013, cursante de fs. 4421 a 4426 de obrados y el complementario de fecha 5 de octubre de 2015, cursante a fs. 4433, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de Resarcimiento de daños interpuesto por SERPREC Ltda., contra Banco Económico S.A., la respuesta al recurso de fs. 4452 a 4454 y vta., la concesión del recurso de fs. 4456, los antecedentes del proceso; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO

Tramitado el proceso, el Juez  Primero de Partido en lo Civil de la ciudad de Cochabamba pronunció Sentencia de fecha 12 de junio de 2014, cursante de fs. 4326 a 4346 vta., por la cual declaró IMPROBADA la demanda de resarcimiento por hecho ilícito y pago de la suma de Bs. 7.478.092.24 así como resarcimiento de daños y perjuicios interpuesta por Magno G. Mayori Machicao en representación de SERPREC Ltda., en fecha 1 diciembre de 2008 saliente de fs. 83 a 96 del expediente contra el BANCO ECONOMICO S.A., y contra Jaime Enrique Quiroga Angulo. 2) PROBADA la excepción perentoria atípica de falta de derecho y acción interpuesta por el BANCO ECONOMINO S.A., por memorial presentado el 10 de febrero de 2009 saliente de fs. 331 a fs. 338 vta., del expediente contra la demanda. 3) IMPROBADA la acción reconvencional de resarcimiento por hecho ilícito así como pago de daños y perjuicios, interpuesta por el BANCO ECONOMINICO S.A., por memorial presentado el 10 de febrero de 2009 saliente de fs. 3331 a fs. 338 vta., del expediente. PROBADA la excepción perentoria atípica de falta de acción y derecho interpuesta por el representante legal de la empresa SERPREC Ltda., a través del memorial presentado el 2 de marzo de 2009 saliente de fs. 354 a fs. 358 del expediente contra la demanda reconvencional. Sin costas por tratarse de juicio doble.

Contra esta Resolución Magno Guillermo Mayori Machicao interpuso explicación y complementación, la misma que dio no ha lugar por Auto de fecha 17 de junio de 2014, interponiendo luego recurso de apelación cursante de fs. 4356 a 4367en mérito  la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia mediante Auto de Vista de fecha 20 de octubre de 2014 cursante a fs. 4394 a 4395  ANULO obrados hasta fs. 4381 vta., disponiendo que el Juez A quo regularice el trámite de la causa, circunscribiéndose para ello, a los fundamentos fácticos y de derecho expuestos en el Auto de Vista.

En cumplimiento del mencionado Auto de Vista se concedió el recurso de apelación interpuesto así como el Auto de fecha 13 de febrero de 2009 ( apelación diferida) en el efecto suspensivo, en cuyo mérito la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia pronunció Auto de Vista de fecha 28 de agosto de 2013, cursante de fs. 4421 a 4426 por el cual CONFIRMO el Auto de fecha 13 de febrero de 2009 con costas, y CONFIRMO la Sentencia de 12 de junio de 2014 con costas, con los siguientes fundamentos en relación a que se omite valorar las presunciones legales y las judiciales graves y que son suficientes y precisas para tomar convencimiento por encima de un perito que no puede controvertir lo actuado y probado en proceso administrativo se debe señalar inicialmente que siendo el objeto del proceso el pago del cheque intransferible No 05079-9 por Bs. 7.478.092.24 en favor de su legítimo titular SERPREC Ltda., más el pago de daños y perjuicios ocasionados por el Banco Económico S.A., para su determinación requiere de prueba idónea y pertinente como la pericial. En ese orden consta que el perito designado Walter Villarroel Fernández ha dictaminado con la eficacia probatoria que le asigna el Art. 1331 del Código Civil en sentido de que no existe desconocimiento por parte de SERPREC Ltda., ni del Ing. Magno G. Mayori Machicao del cobro del cheque en cuestión realizado por Jaime E. Quiroga Angulo en fecha 24 de septiembre del 2004, por estar registrado en sus estados financieros en base a lo cual el Juez A quo ha concluido acertadamente que no ha existido daño económico alguno propiciado por el Banco demandado, consecuentemente al no acreditarse la existencia real de un daño injusto, tampoco existe posibilidad jurídica de resarcimiento de daño alguno, así como se descarta de un hecho culposo o doloso respecto al monto del destino cobrado, si se tiene en cuenta que el mismo fue efectuado por el representante legal asignado a la construcción de la obra, quien además tenía la calidad de financiador y socio mayoritario accionista de la sociedad accidental con un porcentaje de participación del 82.5% frente al 17,5% de la empresa SERPREC según consta en el contrato de 30 de septiembre de 2003, presentado en fotocopia legalizada que tiene el valor asignado por los arts. 1297 y 1311 del Código Civil consecuentemente no se advierte que la Juez A quo hubiera omitido la sana crítica y prudente criterio ni el razonamiento judicial apropiado en la causa, como aduce el apelante, sino contrariamente la Resolución impugnada cumple con lo dispuesto con los arts. 1286 del Código Civil, art. 397, 190 y 194 del Código de Procedimiento Civil, al encontrarse adecuadamente motivada y fundamentada.

Para la configuración de la cosa juzgada deben concurrir como presupuestos las mismas personas, el mismo objeto y la misma causa en sub lite se demanda el resarcimiento de daños y perjuicios por un eventual pago indebido del cheque No 05079-9 que difiere de lo decidido en el proceso administrativo instaurado con anterioridad en la que se determinó responsabilidad del Banco Económico S.A., en el pago del aludido título valor, empero sin determinar el resarcimiento pecuniario o económico por lo que al no haberse opuesto la excepción de cosa juzgado en esta causa, no puede ser considerado dicho aspecto, menos circunscribir el proceso en base a lo decidido en el proceso administrativo, que por la naturaleza de este proceso civil  no se advierte coincidencia con lo resuelto con la Sentencia, respecto a la causa de pedir con lo decidido en el proceso  administrativo, en el entendido además de que la cosa juzgada no puede atribuirse a la  prueba documental, sino al efecto procesal que produce el contenido de los fallos ejecutoriados en otro proceso debido a que impide conocer la misma. En referencia a que se ha hecho mala aplicación de normas y no se ha valorado la prueba preconstituida, o se ha dado un valor indebido a la prueba del perito, desconociendo el hecho incontrovertible de que la condición de transferibilidad de un cheque limita absolutamente el pago a terceros, se debe tener en cuenta que el art. 984 del Código Civil se demanda el resarcimiento por pago indebido del título valor en cuestión, en el que necesariamente se debe acreditar el dolo y daño causado mediante prueba idónea y pertinente, sin que  por ello sea posible fundar el fallo, única y exclusivamente en una resolución administrativa respecto al incumplimiento de normas legales, en el pago del cheque en cuestión, por cuanto el proceso ordinario se caracteriza por su solemnidad de  amplitud de debate, a efecto de emitir una Sentencia justa aplicando las normas pertinentes a los hechos planteados y discutidos, ya que se persigue una declaración de certeza de la existencia o inexistencia del derecho reclamado por el actor no siendo los mismos los efectos legales del derecho sancionador administrativo que los del derecho civil resarcitorio por daños y perjuicios que se demanda en vía ordinaria civil y en el marco del art. 984 antes citado.

En lo relacionado a que cuando el cheque es intransferible y girado a persona jurídica, solo puede ser pagado mediante depósito en la cuenta que el beneficiario tenga en el Banco, no pudiendo en ningún caso abonarse a un tercero, señalar que en el sub lite se ha acreditado que quien cobró el cheque en cuestión fue la persona que ostentaba la calidad de mandatario conforme a poderes otorgados en su favor, así como mediante contrato de constitución de sociedad accidental, para realizar la obra distribuidores vehiculares Muyurina y Recoleta, sin que se hubiera percibido daño alguno causado a la empresa Serprec Ltda., por cuanto su titular conocía del cobro y que los fondos habían sido incorporados al patrimonio de la misma y por ende a la sociedad accidental Serprec-Quiroga, tal como se halla acreditado por el informe pericial  evacuado por el Lic. Walter Villarroel Fernández, quien además acota que el dictamen fue realizado considerando  un antecedente de auditoría especial  contratado por el propio Magno Moyori Machicao, efectuado el mismo mes y año del pago efectivizado por el Banco Económico S.A., a favor de Jaime Enrique Quiroga Angulo, concluyendo así que no existía desconocimiento por parte de Serprec Ltda., ni el ingeniero Magno G. Mayori Machicao del cobro del cheque; que si bien la Resolución Jerárquica MEPF/VPSF/URD SIRIFI 008/2010 de 23 de febrero de 2010, determinó que el Banco Económico no ha ajustado a derecho su actuación y que no consideró que por más perfecto que hubiera sido el poder que SERPREC Ltda. otorgo a Jaime Quiroga Angulo no le está permitido a ninguna entidad financiera abonar en cuenta de una persona jurídica a una cuenta particular o individual y que esencialmente la condición de intransferible resulta una limitación cuyo objeto único y especifico es evitar un cobro indebido. En el sub lite la controversia se centra en el daño injusto que presuntamente se hubiera causado a la parte demandante culposa o dolosamente por el cobro del cheque indicado que empero al no haberse acreditado que los demandados hubieren causado un daño injusto por el eventual cobro indebido realizado por el apoderado, no es posible acoger su pretensión; tanto y más si el mandante tiene expedita la vía para solicitar la respectiva rendición de cuentas al apoderado cobrador del cheque.

Resolución de segunda instancia que fue objeto de enmienda y complementación por Magno Guillermo Mayori Machicado en representación de SERPREC Ltda., el mismo que no ha lugar por Auto de fecha 5 de Octubre de 2015 cursante a fs. 4433, contra el mencionado Auto de Vista y su complementario, Magno Guillermo Mayori Machicao interpuso recurso de casación  de fs. 4436  a fs. 4448 vta., el cual se analiza;

II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Del contenido del recurso de casación se extraen los siguientes reclamos:

1.- Denuncia que el Auto de Vista es una Resolución carente de motivación y fundamentación especialmente en cuanto a la valoración de la prueba, otorgando un valor no admitido por Ley a las pruebas de descargo.

2.- Menciona falta de valoración de la documental respecto al cheque No 05079-9 donde se observa que este tenía incorporado las condiciones de limitación establecidas en los arts. 603 y 626 del Código de Comercio y que su cobro por terceros exige mandato especialísimo, asimismo indica que el perito no ha comprobado que los dineros se hayan depositados a la cuenta corriente correspondiente a SERPREC Ltda.

3.- Acusa violaciones a los principios y valores constitucionales, al debido proceso y al bloque de constitucionalidad establecidos en los art. 8, 13,14.II, III y IV, 109, 115.II, 178, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado como efecto de la indebida aplicación de normas en la valoración de la prueba, vulnerando lo dispuesto por los arts. 1287 y 1296 del Código Civil y 398, 399 y 400 del Código de Procedimiento Civil, asignando indebido valor probatorio a perito de oficio por sobre prueba documental (resolución de la ASFI 074/2009 y la Resolución Jerárquica 008/2010  a la que le asignan el valor de cosa juzgada.

4.- Refiere interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley respecto al art. 1333 del Código de Procedimiento Civil, así como el derecho y garantía constitucional al debido proceso art. 115.II de la Constitución Política del Estado.

5.- Menciona indebida y errónea aplicación del art. 811 del Código Civil, con respecto a los alcances de los mandatos poder No 369/2003 de 2 de septiembre, poder No 146/2004 de 15 de abril y poder 616/2004 de 5 de Octubre de 2004, incide que estos poderes no tienen eficacia probatoria alguna por encima de las resoluciones pasadas en autoridad de cosa juzgada en proceso administrativo y hacen plena prueba frente a cualquier otro tipo de pruebas generadas en el proceso.

6.- Acusa error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, vulnerando la Ley del Procedimiento Administrativo, el principio de cosa juzgada formal y material que tienen las resoluciones en procedimientos administrativos que no han sido impugnadas en término legal en proceso judicial y su valor probatorio conforme lo dispuesto por el art. 1319 del Código Civil y 515 del Código de Procedimiento Civil, con la consiguiente vulneración de los arts. 1286, 1296 parágrafos I-II, 1307, 1309, 1311, 1318, 1319, 1332, 804, 810 parágrafo II, 811 parágrafo I y II, 812-I del Código Civil y vulnerándose en consecuencia normas de carácter público.

De la Respuesta al Recurso de Casación.-

Sostiene que el recurso incumple los presupuestos procesales de viabilidad que se encuentran establecidos en el art. 258-2 del Código de Procedimiento Civil porque sostiene un recurso de casación en el fondo, sin embargo su fundamentación la falta de competencia del Tribunal de apelación que en todo caso constituye una causal de casación en la forma, lo cual esgrime la imprecisión del recurso, asimismo el recurso debe ser improcedente porque devela un defecto grave en la petición pues pide al Tribunal  que se case o revoque el Auto de Vista, olvidando que el recurso de casación no constituye una tercera instancia.

En el recurso se aduce una indebida valoración de la prueba, pues se asignó una indebida valoración de la prueba pericial y con ello se habría vulnerado los arts. 1333, 1287, 1296 del Código Civil, y 398 al 400 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, esto no resulta evidente porque la prueba pericial, no es una prueba que está sujeta a tasa legal, pues este medio de prueba está sujeto al sistema de la sana critica como lo establece expresamente el art. 441 del Código de Procedimiento Civil  y pretender la asignación de defectuoso valor probatorio al informe pericial resulta ser impropio pues las reglas de la sana crítica se basan en las máximas de la experiencia y no están sujetas a tasación. En cuanto a la infracción del art. 1333 del Código Civil, no es posible, pues dicha disposición  no asigna valor probatorio a la pericia, por otro lado como se establece en la uniforme jurisprudencia los actos de valoración de la prueba que se ejecutan por los tribunales de instancia, resulta ser incensurable en casación.

Indica que la cita indiscriminada de disposiciones constitucionales y legales para tratar de forzar un argumento de casación, resulta un acto que no sostiene el recurso pues en la apreciación de las pruebas en su conjunto y el informe pericial, se aplicó por los Tribunales de instancia el sistema autorizado por el ordenamiento procesal referido al sistema de valoración de la sana crítica.

Respecto al error de hecho y al error de derecho en la apreciación de la prueba el recurso no cumple con especificar en qué consiste el error de hecho o de derecho, situación que motiva la improcedencia del recurso de casación.

Asimismo esgrime la vulneración de la Ley de Procedimiento Administrativo y la supuesta cosa juzgada administrativa, sin embargo, no refiere un solo articulado de la Ley, pues esta regula la actividad administrativa en las relaciones de administración- administrados y no la actividad de las contiendas judiciales de otra naturaleza.

Con relación a la resoluciones 74, 8, 67 no atribuyen responsabilidad al Banco frente a SERPREC LTDA., y la delimitación del elemento objetivo, se limita a establecer la imposibilidad de sanción a la entidad financiera, el Tribunal de apelación en ningún momento ha modificado, variado o alterado las resoluciones administrativas cuyo alcance no atribuye responsabilidad al Banco, bajo lo enunciado no existe posibilidad alguna que se esgrima cosa juzgada sobre presunta responsabilidad civil del Banco Económico S.A., la confusión resulta evidente y con ello se demuestra la plena, total y absoluta inconsistencia del recurso y la inexistencia de causal de casación.

Con relación a las infracciones acusadas respecto a la valoración de la prueba, porque los cheques las, Escrituras Públicas que contienen la Asociación Accidental y mandatos constituyen plena prueba de que el cheque fue pagado a la Empresa SERPREC Ltda., y los conflictos inherentes y relativo al destino de los recursos no es un hecho que involucre al Banco, la parte recurrente confunde el endoso de cobranza con la transmisión de propiedad y a su vez confunde los actos de disposición del mandatario de SERPREC LTDA., de los recursos con la responsabilidad que asigna la Ley a las entidades financieras, olvidando que el art. 621 atribuye responsabilidad a los Bancos, exclusivamente en situaciones específicas.

III. DOCTRINA APLICABLE AL CASO.

III.1.- Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales:

En la Sentencia Constitucional 0012/2006-R de 4 de enero, respecto a la motivación de las resoluciones se ha razonado que: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria…”.

De igual manera la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre estableció que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…”, criterio reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio.

Por otra parte, en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0903/2012 de 22 de agosto, se ha señalado que: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”.

En la Sentencia Constitucional Plurinacional 0075/2016-S3 de 8 de enero sobre la fundamentación y motivación de una resolución se ha concretado: “…es una obligación para la autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omite la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una parte estructural de la misma”.

III.2.- Respecto al daño causado por hecho ilícito

En el Auto Supremo No 193/2015 se orientó respecto al daño: “debemos considerar cual es el significado del daño como tal. Según la autora Giovana Visintini en su libro Tratado de Responsabilidad Civil señala que: El término “daño” en el lenguaje del legislador, en el ámbito de la regulación de los hechos ilícitos, asume un doble significado. Cuando se habla de “daño injusto”, como elemento objetivo del hecho ilícito, se hace referencia a la lesión del interés tutelado; en cambio cuando se hable de daño en relación con la obligación de resarcimiento, es decir; con referencia al “daño resarcible”, la expresión asume el significado de perjuicio valorable en términos económicos, y abarca el daño emergente, el lucro cesante y los sufrimientos morales padecidos por la víctima del ilícito por otros.

Asimismo en el Auto Supremo Nº 199/2015 L de fecha  20 de marzo de 2015  se expuso: “El art. 984 del Código Civil, establece: “Quien con un hecho doloso o culposo, ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento”. De dicho precepto legal se advierte que el mismo hace referencia a un hecho que es la modificación o transformación de una situación anterior, es una mutación física o hecho que puede ser ocasionado o producido por el impacto, contacto o efecto de una cosa, objeto o bien. Asimismo, el precepto hace referencia a la culpa (o dolo) que el aspecto subjetivo, voluntario o culposo, es decir, es la voluntad o querer del presunto responsable. También se hace referencia al daño que es el menoscabo o la lesión de un bien, derecho o patrimonio. Sin embargo, entre todos estos elementos, es decir, entre el hecho, la culpa y el daño debe existir una relación de causalidad, es decir, de causa a efecto que sirve para declarar la responsabilidad civil que significa la obligación de asumir todas las consecuencias patrimoniales o económicas que nacen de un hecho que ocasione un daño a otro.

Cuando ocurre un hecho que origina responsabilidad patrimonial o civil, se dice que un patrimonio ha sido lesionado o afectado, entonces, la responsabilidad civil o patrimonial es la obligación de asumir las consecuencias patrimoniales por la ruptura de ese patrimonio, por tanto, es un problema neta y exclusivamente patrimonial, es decir, una compensación patrimonial que se debe por un daño ocasionado al perjudicado. La lesión al patrimonio puede darse como resultado de un contrato o convención, en este caso se trata de la responsabilidad civil contractual, o puede darse como consecuencia de un hecho ajeno a un contrato o compromiso previo. Esta es la responsabilidad civil extracontractual. Por todo lo anotado podemos concluir que la obligación indemnizatoria es la compensación o pago por el daño ocasionado para restablecer el equilibrio patrimonial roto con el hecho dañoso. Es esa la finalidad del instituto de la responsabilidad civil.

Así también en el Auto Supremo Nº 215 de fecha 30 de marzo de 2015 se determinó: según Diez-Picazo y Gullón en su obra Sistema del Derecho Civil: “La responsabilidad implica la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de resarcir el daño producido”; acotando el mismo Autor que la responsabilidad civil se clasifica en contractual y extracontractual o aquiliana, “La primera supone una transgresión de un deber de conducta impuesto mediante un contrato. La responsabilidad aquiliana, por el contrario, da idea de la producción de un daño a otra persona sin que exista una previa relación jurídica entre Autor del mismo y esta última”.

Tradicionalmente, la doctrina en relación a la responsabilidad extracontractual, establece que es la que no deriva del incumplimiento de una obligación previamente contraída (contrato), sino de la realización de un hecho que causa un daño y que genera la obligación de repararlo, por conllevar la violación de un derecho absoluto, derecho que es correlativo de un deber de abstención que consiste en no dañar”

III.3.- De la prueba pericial.-

Ahora bien, entre los medios legales de prueba que el Código de Procedimiento Civil reconoce, las cuales deben ser introducidas al proceso por las partes con la finalidad de probar los hechos facticos a través de las cuales consolidan las pretensiones expresadas en la demanda, encontramos al peritaje o prueba pericial, la cual conforme a lo establecido en el art. 430 de la norma citada, procede cuando para la apreciación de los hechos controvertidos se requiriera de conocimientos especializados en alguna ciencia, arte, industria o técnica; de dicha norma, se puede inferir que el Juez o Tribunal con la finalidad de dilucidar un determinado proceso, muchas veces necesita del apoyo de conocimientos especializados, los cuales sirvan al operador de justicia para resolver el conflicto jurídico llegado a su conocimiento, en otras palabras podemos decir que la prueba pericial es un apoyo, pues tiene como finalidad ayudar al Juez para valerse del conocimiento de otras personas (peritos) sobre temas específicos.

De ahí que, según Herrera Áñez, que es citado por Eduardo Carlos Centella Ramos en su obra “La Prueba Judicial”, establece que el objeto de la prueba pericial es: “…conocer y apreciar hechos o averiguar su naturaleza donde se necesiten determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos que el juez no posee.”

De igual forma corresponde referirnos a la naturaleza jurídica de la prueba pericial, al respecto citaremos a David Jurado Beltrán que en su obra “La prueba Pericial”,  señaló que la doctrina hace referencia a dos teorías principales, una que es la de quienes la reputan como un medio de auxilio del juez, y la otra de quienes defienden el carácter de simple medio de prueba; en el primer caso el perito introduce en el proceso conocimientos para que el Juez aproveche de los mismos al formular en Sentencia el “juicio fáctico”, para los segundos, la pericia constituye un simple medio de prueba cuya iniciativa corresponde exclusivamente a las partes y tiene como única finalidad contribuir a formar la convicción del Juez respecto a la certeza de las afirmaciones de los litigantes referidas a los hechos en los que funden sus pretensiones.

En nuestra legislación la prueba pericial, conforme prevé el art. 1333 del Sustantivo Civil concordante con el art. 441 del Código de Procedimiento Civil, señala que dicha  prueba tiene fuerza probatoria, pues el juzgador tiene la obligación de valorarla como toda prueba aportada conforme la sana crítica, en ese mismo sentido Gonzalo Castellanos Trigo en su libro Manual de Derecho Procesal Civil tomo II comenta que: “Cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtué, la sana critica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquél.”, de esta manera, se concluye que el perito permite que el Juez aprecie realidades ocultas o alejadas de su conocimiento pues colabora con la verificación de hechos aplicando su conocimiento especializado.

III.4.- De la verdad material.-

Sobre dicho principio este Supremo Tribunal de Justicia ha orientado en sus diversos fallos como el Auto Supremo Nº 131/2016 en sentido que: “…en este Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía al Juez o Tribunal ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, ya que ahora los jueces y Tribunales deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que el Juez tiene la posibilidad incluso más amplia de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tiene su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso, por lo que en conclusión, el Juez tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales.

En este entendido la averiguación de la verdad material resulta trascendente para que el proceso conduzca a decisiones justas, en un Estado Social Constitucional de Derecho, donde la solución de los conflictos, se basa en el establecimiento de la verdad como como única garantía de la armonía social.”.

Así también el Auto supremo Nº 225/2015 al respecto ha orientado que: “Para resolver el fondo del asunto es preciso referir lo que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha razonado respecto a la verdad material y la irretroactividad de la norma, a raíz de que el Tribunal de Garantías dispuso resolver el caso en sujeción a lo previsto por el art. 180.I de la Constitución Política del Estado; en ese entendido, diremos que respecto a la verdad material en Sentencia Constitucional Plurinacional No. 1662/2012 de 1 de octubre, señaló que “II.3. Principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Entre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la Constitución Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derecho y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Jurisdiccional y de otras instancias, se encuentran impelidos de dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal.”.

Por otra parte la Sentencia Constitucional 0713/2010-R de 26 de julio al respecto ha establecido que: “El art. 180. I de la CPE, prevé que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio procesal de verdad material, que abarca la obligación del juzgador, a momento de emitir sus resoluciones, de observar los hechos tal como se presentaron y analizarlos dentro de los acontecimientos en los cuales encuentran explicación o que los generaron; de ello, se infiere que la labor de cumplimiento de este principio, refiere a un análisis de los hechos ocurridos en la realidad, anteponiendo la verdad de los mismos antes que cualquier situación, aunque, obviamente, sin eliminar aquellas formas procesales establecidas por la ley, que tienen por finalidad resguardar derechos y garantías constitucionales.

El ajustarse a la verdad material, genera la primacía de la realidad de los hechos sobre la aparente verdad que pueda emerger de los documentos; aplicando este principio, debe prevalecer la verificación y el conocimiento de éstos, sobre el conocimiento de las formas.”

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

1.- Denuncia que el Auto de Vista es una Resolución carente de motivación y fundamentación especialmente en cuanto a la valoración de la prueba, otorgando un valor no admitido por Ley a las pruebas de descargo.

Con relación a lo denunciado diremos que la motivación conforme la doctrina aplicable en el punto III.1. se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria, en ese sentido el recurrente cuestiona que el Tribunal de Alzada no habría motivado la Resolución respecto a la valoración de la prueba y especialmente a la prueba de descargo. De la revisión del Auto de Vista cuestionado se evidencia que el Tribunal Ad quem con relación a la prueba expreso: “en la presente causa se demanda el resarcimiento de daños y perjuicios por hecho ilícito conforme el art. 984 del C.C. que en el proceso administrativo no consta que se hubiese dilucidado tal aspecto, sino la infracción al art. 17 del reglamento de cheque del Banco Central de Bolivia, así como el art. 628 del Código de Comercio y otros pertinentes al área comercial, por lo que el argumento expuesto por el apelante igualmente carece de sustento legal al pretender que se valore como prueba preponderante una resolución jerárquica excluyendo la prueba pericial producida en esta causa y otros elementos probatorios que han sido valorados por el Juez para llegar a la convicción de la inexistencia de daños que hubiera causado la entidad bancaria y el asociado de la sociedad accidental  para la construcción del Distribuidor Vehicular Muyurina y Recoleta, en los términos del multicitado art. 984 del CC, consecuentemente tampoco se advierte que en la Sentencia apelada se hubiera vulnerado los art. 13, 410 de la CPE, y la Ley 241, transgrediendo el principio de cosa juzgada material y formal de las resoluciones en procedimiento administrativo como aduce el recurrente.

Respecto a que en la Resolución impugnada se vulneraría concretamente el art. 1286 del Código Civil, al no haber considerado que el cheque base de la presente acción, es un título valor, por tanto documento público que contiene declaraciones expresas que hacen plena prueba, emitido a la orden expresa de la persona jurídica SERPREC Ltda. y que su cobro por tercero exige mandato especialísimo conforme al art. 506 del Código de Comercio, en concordancia con el art. 811 del CC, se reitera que dada la naturaleza de la presente causa, se advierte que la A quo ha efectuado una valoración probatoria conjunta y armónica, conforme prevé el art. 1286 del Código Civil para determinar la no existencia de daños y perjuicios en el marco del art. 984 del CC, es así que ha realizado una valoración sistemática e integral   de todos los instrumentos públicos y privados celebrados por la empresa Serprec Ltda con su asociado accidental Jaime E. Quiroga para comprender a cabalidad las intenciones  y actuaciones de cada uno en el marco previsto por el art. 510 del Código Civil, lo cual le ha permitido concluir que el pago realizado por el Banco Económico no fue un pago realizado a una persona ajena a Serprec Ltda., menos con facultades insuficientes debido a que por poder No 369/2003, de 2 de septiembre fue nombrado representante legal de la mencionada empresa con facultad de cobrar títulos valores de propiedad de la sociedad, sumado a ello el documento de asociación accidental donde lo identifica como asociado y administrador financiero encargado de administrar las letras de cambio giradas por la H.A.M., por el contrato de obra, así como del poder No 618/2004 de 5 de octubre de 2004, concluyendo de esta manera que Jaime E. Quiroga contaba con facultades suficientes y que además el pago irregular no está relacionado con las facultades de Jaime E. Quiroga para actuar a nombre de SERPREC LTDA., sino a una infracción al reglamento del cheque emitido por el Banco Central de Bolivia, que sin embargo no ocasionado perdida alguna a la Empresa Serprec Ltda., al encontrarse acreditado documentalmente el importe del cheque ingreso efectivamente a su patrimonio, apreciaciones y todo lo cual desvirtúan la vulneración aducida del art. 1286 del CC.

De la transcripción realizada se evidencia que el Tribunal de Alzada si expresó las razones o motivos por los cuales confirmo la Sentencia, así como realizo un análisis de los medios probatorios, esencialmente  del medio probatorio de descargo consistente en cheque título valor que sirvió de base para la presente demanda y su cobro, así como de la infracción al art. 17 del reglamento de cheques, de igual forma se refirió a los otros medios probatorios aportados al proceso,  determinando que no ha lugar al pago de daños y perjuicios porque el informe pericial realizado en el proceso desvirtúo que el dinero pagado por el Banco Económico S.A., ingreso al patrimonio de la Empresa Serprec Ltda., no siendo evidente lo denunciado por la parte recurrente.

2.- Menciona falta de valoración de la documental respecto al cheque No 05079-9 donde se observa que este tenía incorporado las condiciones de limitación establecidas en los arts. 603 y 626 del Código de Comercio y que su cobro por terceros exige mandato especialísimo, asimismo indica que el perito no ha comprobado que los dineros se hayan depositado a la cuenta corriente correspondiente a SERPREC Ltda.

Sobre lo denunciado debemos referir que si bien el cheque No 05079-9, tenía incorporada las condiciones de limitación establecidas en los arts. 603 y 626 del Código de Comercio referidas a la no negociabilidad del título valor y que el importe del mismo debe ser cancelado en la cuenta que tenga el tenedor, dicho pago se realizó en base a los poderes No 369/2003 de 2 de agosto de 2003, así como los signados con los No 146/2004 y 616/2004 otorgados por la empresa Serprec Ltda., representado por Magno G. Mayori Machicao en favor de Jaime E. Quiroga Angulo, poderes a través de los cuales se ha otorgado facultades para  cobrar precisamente este cheque al margen de administrar y ejecutar el contrato de obra, no siendo evidente que el mencionado cheque se haya pagado a un tercero, ni a una persona ajena a SERPREC Ltda., asimismo por el contrato de sociedad accidental  suscrito entre SERPREC Ltda., con el ingeniero Jaime E. Quiroga Angulo este tenía por finalidad financiar, administrar y ejecutar el contrato de obra quedando designado como representante legal  para todo lo relacionado con la administración y gestión económica del contrato de obra suscrito con la Alcaldía Municipal de Cochabamba, contando con amplias facultades, como tampoco es evidente que el cobro de dicho título valor fue realizada por una persona ajena a SERPREC Ltda., no autorizada para cobrar, teniendo facultades para hacerlo por los testimonios de poderes referidos, así como por el contrato de sociedad accidental o de cuentas por participación de fecha 30 de septiembre de 2003 que especificó las funciones de cada una de las partes, es decir, la empresa SERPREC Ltda., tenía la responsabilidad técnica de la ejecución del contrato de obra y Jaime Enrique Quiroga Angulo la responsabilidad administrativa y financiera del contrato de obra, siendo que los asociados reconocen que las letras de cambio provenientes de la Alcaldía Municipal de Cochabamba, una vez recibidas por el contratista deberán ser entregadas al financiador, siendo de entera responsabilidad del financiador la administración de dichas letras, cláusula 4.2 del contrato de sociedad accidental.

Sobre el hecho de que el perito no ha comprobado que los dineros provenientes del cobro de dicho cheque no se hayan depositados a la cuenta corriente de SERPREC Ltda., de la revisión del informe pericial cursante de fs. 3169 a 3174 de obrados, este menciona que fue realizado considerando una auditoría especial contratada por el mismo Magno Mayori Machicao (demandante) el mismo refiere: “que no existe desconocimiento  por parte de SERPREC Ltda.,  ni del ingeniero Magno Mayori Machicao del cobro del Cheque No 05079-9 por Bs. 7.478.092.24 realizado por el apoderado de Serprec Ltda., Ingeniero Jaime Enrique Quiroga Angulo en fecha 24 de septiembre de 2004 por estar registrado en sus estado financieros”. Asimismo en el punto 3.2 indica: “Pericia teniendo en cuenta la factura No 196 (ratificada como prueba No 7) la misma que ha sido considerada dentro del estado de resultados del proyecto Muyurina recoleta realizado por los partícipes de la asociación accidental Serprec-Quiroga, contemplándose como ingreso de las letras de cambio consignadas en dicha factura, las mismas que fueron descontadas en la H.A.M de Cochabamba y pagadas con el cheque No 05079-9 por Bs. 7.478.092.24…”.  Asimismo en las Conclusiones se determina: Que la factura No 196 por el monto de Bs. 7.478.092.24 ( ratificada como prueba No 7) evidentemente se encuentra considerada y contabilizada dentro del estado de resultados del proyecto “Distribuidores Vehiculares Muyurina Recoleta” realizado por los partícipes de la Asociación accidental Serprec-Quiroga, contemplándose como ingreso de las letras de cambio consignadas en dicha factura, las mismas que fueron descontadas de la H.A.M. de Cochabamba y pagadas con el cheque No 05079-9 Bs. 7.478.092.24”.  En ese sentido la prueba pericial valorada por los jueces de instancia demuestra de manera irrefutable que la suma cancelada por el Banco Económico S.A., en favor de Jaime Enrique Quiroga Angulo en su condición de representante legal de SERPREC Ltda.,  ha ingresado de manera efectiva al patrimonio de la empresa demandante, en consecuencia se encuentra acreditado que no existe daño económico alguno causado por el Banco Económico, habiendo el informe pericial  comprobado que efectivamente los dineros provenientes del cheque cuestionado han ingresado al patrimonio de la empresa del demandante, debiendo también considerarse respecto a la prueba pericial  que conforme la doctrina aplicable en el punto III. 3,  la prueba pericial resulta importante para conocer y apreciar hechos o averiguar su naturaleza donde se necesiten determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos que el Juez no posee,  en ese sentido esta prueba resulta importante en el proceso para determinar si existió o no daño causado por la parte demandada.

3.- Acusa violaciones a los principios y valores constitucionales, al debido proceso y al bloque de constitucionalidad establecidos en los art. 8, 13,14-II, III y IV, 109, 115.II, 178, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado como efecto de la indebida aplicación de normas en la valoración de la prueba, vulnerando lo dispuesto por los arts. 1287 y 1296 del Código Civil y 398, 399 y 400 del Código de Procedimiento Civil, asignando indebido valor probatorio a perito de oficio por sobre prueba documental (Resolución de la ASFI 074/2009 y la Resolución Jerárquica 008/2010  a la que le asignan el valor de cosa juzgada, vulnerando lo dispuesto en el art. 1333 del Código Civil

Sobre lo acusado diremos que la empresa recurrente acusa las vulneraciones de varios preceptos constituciones y el debido proceso porque los tribunales de instancia habrían asignado un indebido valor probatorio al perito de oficio por sobre la prueba documental resoluciones de la ASFI.

Al respecto diremos que la pretensión jurídica en este proceso es el resarcimiento por hecho ilícito así como el pago de daños y perjuicios ocasionados, siendo importante demostrar el daño causado a la empresa demandante que conforme la doctrina aplicable en el punto III. 2. el daño causado por hecho ilícito y conforme lo determina el art. 984 del Código Civil, establece que quien ocasiona a alguien un daños injusto queda obligado al resarcimiento, siendo importante que un hecho haya ocasionado una transformación de una situación anterior a otra nueva que haya ocasionado perjuicio o daño, el mismo que es el menoscabo o la lesión de un bien, derecho o patrimonio. Asimismo, el precepto hace referencia a la culpa (o dolo) que es el aspecto subjetivo, voluntario o culposo, es decir, es la voluntad o querer del presunto responsable. En ese sentido el informe pericial resulta importante para determinar el perjuicio o daño ocasionado a la empresa demandante por el Banco Económico S.A., habiendo sido expreso el mismo al determinar que el Banco Económico S.A., no ocasionado ningún daño a la empresa Serprec Ltda., porque no existió desconocimiento por parte de SEPREC Ltda., ni del Ing. Magno Guillermo Mayori Machicao del cobro del cheque Nº 05079-9 por Bs. 7.478.092.24 realizado por el apoderado de la empresa demandante Jaime Enrique Quiroga Angulo por estar registrado en sus estados financieros, determinando el perito Walter Villarroel Fernández que la factura 196 (la misma que cursa en fotocopias legalizadas a fs. 150) ha sido considerada dentro del estado de resultados del Proyecto Muyurina-Recoleta, realizado por la Sociedad Accidental Serprec Quiroga, contemplándose como ingreso de las letras de cambio consignadas en dicha factura, siendo claro el perito al determinar que se encuentra contabilizado y considerado dentro del estado de resultados, como ingreso de las letras de cambio consignadas en dicha factura, no existiendo daño ocasionado a la empresa demandante. Si bien dentro del proceso cursan fotocopias legalizadas de las resoluciones de la ASFI, emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, como la Resolución No 74/2009, que cursa de fs. 2789 a 2810, que establece: que las cuentas contables utilizadas en su momento no se apegan en su totalidad  al esquema contable Nº 1, del manual de Cuentas del cheque No 05979-9, del Banco de Crédito girado por la Alcaldía Municipal de Cochabamba, en su integridad fue dispuesto en su totalidad por la Empresa Serprec Ltda., transacciones que se encuentran debidamente respaldadas en los movimientos que a esa fecha tiene el Banco. En ese sentido los errores operativos de aplicación contable ocurridos durante la aplicación del cobro del referido cheque al finalizar el día registraron el cuadro requerido en la normativa, por lo tanto en apego a disposiciones no ha causado daño o perjuicio a la empresa Serprec Ltda., legales vigentes el Banco Económico. Asimismo  en la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF7URJ-SIREFI 008/2010 de 23 de febrero de 2010,  que cursa de fs. 2833 a 2928 confirmó parcialmente la Resolución Administrativa ASFI No 266/2009 de 25 de septiembre de 2009, que en recurso de revocatoria recovo parcialmente la Resolución Administrativa No 074/2009 de 30 de julio de 2009, emitidas por la autoridad de supervisión del sistema financiero. En ese sentido las mencionadas resoluciones  han determinado errores procedimentales en cuanto a la forma de pago de cheque No 05979-9, sin embargo el informe pericial ha determinado que no existe daño económico a la empresa, razón por lo cual más allá de que el Banco Económico S.A., haya cometido infracciones a la normativa interna del sistema financiero al no observar los procedimiento de pago en el Cheque intransferible, este procedimiento no ha ocasionado un daño económico a la Empresa demandante, razón por la cual no existe una valoración equivocada de las referidas resoluciones, ni la prueba documental como acusa la parte recurrente, menos vulneración al debido proceso, ni de los arts. 8, 13,14.II, III y IV, 109, 115.II, 178, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado.

Asimismo conforme al principio de la verdad material establecido en el punto III. 4 los jueces de instancia deben intervenir activa y equitativamente en el proceso para lograr que la decisión de fondo este fundada en la verdad real de los hechos,  que constituye la verdad material por encima de la verdad formal, situación que se da en el presente proceso, porque más allá de los errores procedimentales en el cobro del cheque No 05979-9, no existe daño económico ocasionado por el Banco demandado, determinación a la que arribaron los jueces de instancia valorando los medios probatorios adjuntados al proceso como prueba documental, testimonio 1297/2003 de contrato de obras para distribuir vehicular Muyurina y Recoleta, Contrato de sociedad accidental o cuentas en participación de fecha 30 de septiembre de 2003, informe pericial en el que se toma en cuenta una auditoría realizada dentro del mes y año en el cual fue pagado por el Banco Económico S.A., a Jaime Enrique Quiroga Angulo el cheque No 05079-9 en fecha 24 de septiembre 2004, por estar registrado en sus estados financieros, prueba que además encuentra sustento en los estados financieros auditados presentados por la empresa Serprec Ltda., que cursa de fs. 3193 a 3324 del proceso en el que se refleja las sumas por cobrar y en la que no se registra la falta de ingreso del Cheque No 05079-9 y más bien el rubro de ventas detalladas por la Empresa se encuentra el ingreso de la factura 196 con número de orden 2920573619 por el importe de Bs. 7.478.092.24., pruebas que han sido valoradas y compulsadas por los jueces de instancia para determinar que no existe daño económico en la empresa demandante.

4.- Refiere interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley respecto al art. 1333 del Código Civil, así como el derecho y garantía constitucional al debido proceso art. 115.II de la Constitución Política del Estado

Sobre lo reclamado diremos que el artículo cuestionado establece que el Juez no está obligado seguir las  conclusiones de los peritos, pero debe fundar las propias, en ese sentido lo establecido tiene relación a la opción que tiene el Juez de la causa para no considerar el informe pericial, siempre cuando tenga elementos para fundar sus propias conclusiones, en el caso en examen el Juez considero la prueba pericial, la misma que fue corroborada por estados financieros de la empresa Serprec Ltda., y el ingreso de la factura 196, elementos probatorios que fueron considerados por los jueces de instancia para declarar improbada la demanda. Asimismo el artículo cuestionado indica la opción que tiene el Juez pudiendo considerar o no el informe pericial, no siendo obligatorio que funde sus propios conclusiones.

5.- Menciona Indebida y errónea aplicación del art. 811 del Código Civil, con respecto a los alcances de los mandatos poder No 369/2003 de 2 de septiembre, poder No 146/2004 de 15 de abril y poder 616/2004 de 5 de Octubre de 2004, incide que estos poderes no tienen eficacia probatoria alguna por encima de las resoluciones pasadas en autoridad de cosa juzgada en proceso administrativo y hacen plena prueba frente a cualquier otro tipo de pruebas generadas en el proceso.

Sobre lo denunciado diremos que el art. 811 del Código Civil establece que el mandato no solo comprende los actos para los cuales ha sido conferido sino también los actos necesarios para su cumplimiento, sin embargo en los mandatos conferidos por el demandante Magno Mayori Machicado a Jaime Enrique Quiroga específicamente en el testimonio de poder No 146/2004 de fecha 15 de abril de 2004, saliente de fs. 139 a 140  existían facultades específicas para apersonarse ante la Entidad Nacional Financiera Boliviana y/o ante cualquier entidad financiera, instituciones bancarias o donde se requiera para el manejo de letras de cambio emitidas por la Alcaldía Municipal de Cochabamba en favor de la Empresa Constructora Serprec Ltda., para el Proyecto Construcción Distribuidores Vehicular Muyurina y Recoleta. Así también en el poder No 616/2004 de 5 de octubre de 2004, que cursa de fs. 141 a 144 del proceso existen facultades para que se apersone ante la Alcaldía Municipal de Cochabamba a objeto de solicitar  el pago de planillas  de avance de obras para la construcción de los distribuidores vehiculares Muyurina y Recoleta de Cochabamba, más poder para cobrar dineros provenientes de la ejecución de esas obras sea en efectivo o cheque, depositar valores o dineros en instituciones bancarias o de ahorro, efectuar depósitos a la vista o a plazo en cualquier entidad bancaria o financiera del país, suspender los depósitos, retirar talonarios de cheques y reconocer o impugnar saldos, dar orden de no pagar cheques por causas legales, cobrar, aceptar, girar, endosar bajo cualquier modalidad y transferir sin restricción alguna los títulos valores de propiedad de la sociedad, ya sea a favor de personas naturales o colectivas, inclusive a favor del propio mandatario. De lo transcrito se evidencia que existían facultades específicas en cuanto al cobro de cheques, no siendo aplicable el artículo cuestionado precisamente por las facultades específicas que otorgaban los poderes indicados, razón por la cual no se encuentra la vulneración del mencionado artículo. Respecto a la segunda parte de su reclamo referida a que estos poderes no tienen eficacia probatoria alguna por encima de las resoluciones pasadas en autoridad de cosa juzgada en proceso administrativo y hacen plena prueba frente a cualquier otro tipo de pruebas generadas en el proceso; diremos que las resoluciones administrativas evidencian infracciones a la normativa interna del Banco para procesar un cheque con las características de intransferible pero en ningún caso evidencian la existencia del daño ocasionado, porque este aspecto ha sido demostrado por otros medios probatorios como el informe pericial,  que demuestra que el monto del cheque ha ingresado al patrimonio de la empresa demandante, no siendo existiendo el mismo objeto del proceso en el proceso administrativo, donde está demostrado que han existido infracción en el procesamiento del cheque, con este proceso civil en el que se analiza el daño causado para el pago  de resarcimiento de daños y perjuicios, razón por la cual lo denunciado no resulta evidente.

6.- Acusa error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, vulnerando la Ley del Procedimiento Administrativo, el principio de cosa juzgada formal y material que tienen las resoluciones en procedimientos administrativos que no han sido impugnadas en término legal en proceso judicial y su valor probatorio conforme lo dispuesto por el art. 1319  del Código Civil y 515 del Código de Procedimiento Civil.

Respecto a lo reclamado diremos que la denuncia en la vía administrativa realizada por la empresa demandante contra el Banco Económico S.A., ante la Superintendencia de Bancos e entidades financieras estableció infracciones en el procesamiento del cheque No 05079-9 en cuanto a la Ley de Bancos e instituciones financieras, así en la Resolución No 74/2009, cursante a fs. 2789, la misma resolvió desestimando la denuncia en los puntos 4 y 5, siendo objeto de recurso de revocatoria la resolución de la ASFI No 74/2009, de 25 de septiembre de 2009, emitiéndose la Resolución No 266/2009, que cursa de fs. 2771 a 2781, la cual revoca parcialmente la resolución de la ASFI No 74/2009, de fecha 30 de julio de 2009, declarando prescrita la acción el reclamo de Serprec Ltda.

En lo referente a los puntos 1,2,3 y 5 en aplicación a lo establecido en el art. 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo,  confirma el numeral 1 de la parte resolutiva de la Resolución No 074/09 de fecha 30 de julio de 2009, confirma parcialmente el numeral 2 de la Resolución  ASFI No 074/09 de fecha 30 de julio de 2009, disponiendo la amonestación del Banco económico S.A., por el incumplimiento al cargo 4 así como instruye la previsión al Banco Económico S.A., a efecto de atender la potencial contingencia que resulte de la determinación judicial que resuelva los derechos del reclamante SERPREC del 33.33% del importe del cheque en caso de que la Sentencia en primera instancia declare probada la demanda, el importe del 66.66% del importe del cheque si el Auto de Vista confirme en segunda instancia y el importe del 100%  del importe si el Auto Supremo es desfavorable al Banco Económico, sin embargo las resoluciones emitidas en la vía administrativa no tienen como objeto establecer el daño económico ocasionado por el Banco demandado, sino establecieron infracciones en cuanto al procesamiento del cheque, las mismas que no resultan relevantes para establecer el daño sino como ya lo dijimos antes el informe pericial, no siendo importante que las referidas resoluciones estén ejecutoriadas, porque no tuvieron como objetivo establecer el pago de daños y perjuicios, sino las infracciones acusadas respecto al procesamiento del cheque.  En ese sentido tampoco existen infracciones a los arts. 1319 del Código Civil y el art. 515 del Código de Procedimiento Civil, porque la cosa juzgada tiene esa calidad respecto a lo que ha sido objeto de la Sentencia y conforme lo determinaron los de instancia, en el caso de Autos la controversia se centra en el daño injusto que presuntamente se hubiera causado a la parte demandante, culposa o dolosamente por el cobro del cheque indicado, pero al no acreditarse un daño injusto causado por los demandados por el eventual cobro del cheque, mientras que en la denuncia administrativa el objeto del proceso fue totalmente diferente, relacionado con las infracciones en el procesamiento del cheque, razón por la cual lo denunciado deviene en infundado.

Por lo que corresponde a este Tribunal emitir Resolución conforme lo establece el art. 220.II del Código Procesal Civil

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42. num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código de Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 4436 a 444 y vta., de obrados interpuesto por SERPREC Ltda., representado por Magno Guillermo Mayori Machicao contra el  Auto de Vista de fecha 28 de agosto de 2013, cursante de fs. 4421 a 4426 de obrados y el complementario de fecha 5 de octubre de 2015 cursante a fs. 4433, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.  Con costas y costos.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán