TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                 S A L A  C I V I L 



Auto Supremo: 1261/2016

Sucre: 07 de noviembre 2016

Expediente: O-51-16-S

Partes: Bacian Villca Villca. c/ Victoriano Mamani Villca y otros.

Proceso: Usucapión decenal.

Distrito: Oruro.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 491 a 494 vta., interpuesto por Bacian Villca Villca contra el Auto de Vista Nº 078/2016 de 23 de mayo de fs. 483 a 485 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en el proceso ordinario de Usucapión decenal o extraordinaria seguido por Bacian Villca Villca contra Victoriano Mamani Villca y otros, la respuesta de fs. 505 a 507, concesión de fs. 508; y:


I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:


El Juez de Partido Mixto y Publico en Materia de la Niñez y Adolescencia de las provincias Litoral, Sabaya y Mejillones con asiento en la localidad de Huachacalla - Oruro, mediante Sentencia de 28 de diciembre de 2015, cursante de fs. 319 a 331, declaró: PROBADA la demanda de usucapión decenal o extraordinaria de fs. 7 a 8 vta., aclarada a fs. 11 y vta., y 15 y vta.,  declarándose el derecho propietario vía usucapión del 50% del inmueble  ubicado en la Av. Comercio entre avaroa y bolívar de la localidad de Sabaya, provincia Sabya del departamento de Oruro a favor de Bacian Villca Villca; disponiendo que en ejecución de Sentencia por secretaria se expida la correspondiente minuta de transferencia a favor del demandante para su protocolización en una Notaría de fe pública de la localidad de Sabaya, previo pago de impuestos de ley y se proceda a su inscripción en Derechos Reales.

Deducida la apelación por Teresa Janet Villca Flores y remitida las misma ante la instancia competente, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Auto de Vista Nº 078/2016, anuló obrados hasta el Auto de fs. 16 inclusive disponiendo que el Juez de primera instancia providenciar conforme a los fundamentos expuestos en la resolución que en lo principal señala; que conforme a lo dispuesto en el art. 17 de la Ley Nº 025 que regula su facultad de fiscalizar las actuaciones procesales, citando el Auto Supremo Nº 475 de 12 de diciembre de 2012, señalando que conforme a los antecedentes del proceso  la demanda de usucapión intentada por Bacian Villca, se advierte que el actor no ha cumplido en acreditar antecedente dominial alguno  registrado en la oficina de Derechos Reales del bien inmueble ubicado en la localidad de Sabaya  Av. Comercio casi Esq. Avaroa signada con el Nº 31 del que pretende la propiedad por usucapión  del 50%  ubicado al lado norte; así como no se tiene acreditado con prueba idónea la inexistencia de antecedente dominial en del predio pretendido para así habilitarse la usucapión y obtener el derecho propietario por esta vía legal, pues el Juez de primera instancia no habría cumplido con su obligación de solicitar la certificación o tradición registral antes de admitir la demanda a los fines de establecer la legitimación pasiva.  


En conocimiento de la determinación de segunda instancia, el demandante interpuso recurso de casación, mismo que se pasa a analizar:


II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:


Que el Auto de Vista recurrido sería contradictorio con las disposiciones emanadas por la CPE, inclusive se alejaría del marco establecido en el art. 265-I de la Ley Nº 439, pues se encuadra en extremos formalismos  que  no se ciñen al nuevo marco axiomático de la Constitución; y el disponer en el Auto de Vista que  se acompañe al momento de admitir la demanda una certificación o documentación que acredite quien es el propietario registral del inmueble, llegaría a ser ocioso y contrario al principio de una justicia pronta y sin dilaciones además de ir contra la ley de las personas contra la tercera edad y dar una solución a este problema porque en ninguna instancia registral se obtendría esa certificación que para la resolución recurrida es formalmente esencial.


La contradicción del Auto de Vista recurrido y su interpretación restringida consiste en creer que el decreto Nº 27957 exige la no existencia de un antecedente propietario del terreno  para así habilitarse la usucapión, cuando en su sentido literal el Decreto supremo refiere  que en caso de inmuebles que no cumplan este requisito (de no tener matricula  o no estar inscrito en Derechos Reales)  los interesados deberán recurrir a la vía judicial  a fin de legitimar su derecho y adquirir la propiedad por usucapión  y otras formas  legales con cuyo resultado el juez ordenará la inscripción del registro… en ese sentido lo que se pretendería con la litis es que el Juez ordene la inscripción del inmueble objeto de autos para dar cumplimiento al Decreto Supremo Nº 27957, ósea regularizar el inmueble mediante su inscripción que hasta hoy no lo tiene, por lo que el criterio del Auto de Vista recurrido violaría su derecho a la propiedad privada; derecho fundamental que pretendería regularizar, a través de la demanda de usucapión; y debería existir el criterio globalizador de dar solución  a la posesión y no tener inscrito en derechos reales  un bien inmueble  es que ambas instituciones usucapión y regularización del derecho propietario  deberían vincularse.


Que el Auto de Vista recurrido infringe el principio de Verdad material  ya que al limitarse en su extremo formalismo, no ha analizado que la Sentencia a través del principio procesal de la inmediación, que sobre la verdad material esta evidenciada la falta de un registro de bienes inmuebles en el municipio de Sabaya por el hecho de ser un municipio indígena originario campesino, donde resultaría ocioso, contradictorio restrictivo y dilatorio exigir una documentación o certificación de un antecedente dominial inexistente, que por el principio de verdad material dicho aspecto ya se habría establecido.


Que se habría violado el art. 105 dela Ley Nº 439 con referencia  los principios procesales de especificidad y trascendencia  y convalidación, ya que no se puede pedir la nulidad cundo la parte no ha sufrido gravamen con la infracción  y en el caso del Auto de Vista recurrido se evidencia  que este ha ocasionado un daño cierto y evidente ya que se le coartaría su derecho a la propiedad pretendido consolidar a través de la usucapión,  ya que habiéndose demostrado a través de la verdad material  que su persona  posee desde no solo 10 años atrás el objeto de la litis, sino más tiempo 30 años. Ya que el juez ha evidenciado materialmente la inexistencia de  registro de los inmuebles  en Sabaya.


Por lo que en merito a lo expuesto solicita se CASE el Auto de Vista recurrido y en su mérito declare probada la demanda de fs. 7-8.


Respuesta al recurso de casación.


Que el justo y correcto Auto de Vista tiene a bien anular obrados  hasta el proveído de admisión  ya que la amplia jurisprudencia ha establecido que es un requisito sine quaon acreditar al sujeto pasivo a tal efecto se requiera una certificación del  de la autoridad competente vale decir el antecedente dominial del registrador de derechos reales. Razonamiento vinculado al debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica; y conforme los antecedentes del proceso se podría colegir, que es evidente la inexistencia de certificado dominial u otro documento  idóneo que demuestra que el demandante no cumplió con este requisito para la admisión de la demanda. Y de manera maliciosa el demandante habría accionado contra una persona que no tiene derecho propietario con el ánimo de causar indefensión a los herederos de Elisa Huarachi Flores, siendo esta una observación insubsanable.


En tales antecedentes diremos que:

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- De la legitimación pasiva en los procesos de usucapión decenal o extraordinaria.

El Auto Supremo Nº 525/2013 de 21 de octubre, sobre este punto en particular, señaló lo siguiente: “Respecto a la legitimación pasiva en los procesos de usucapión, debemos recordar que la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación ha emitido el Auto Supremo Nº 262 de 25 de agosto 2011, entre otros, señaló que: "...La usucapión declarada judicialmente produce un doble efecto, adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el usucapido, razón por la cual para que ese efecto se produzca de forma válida y eficaz, es indispensable que el actor dirija la demanda contra quien figure, en el Registro de Derechos Reales, como titular del derecho propietario del bien inmueble que se pretende usucapir, sólo así la Sentencia que declare la usucapión producirá válidamente ese doble efecto. 

El sujeto pasivo de la usucapión es siempre la persona que figura, en el Registro de Derechos Reales, como titular del bien a usucapir, por ello el actor debe acompañar con la demanda la certificación o documentación que acredite ese aspecto, toda vez que es contra él -el actual propietario-, que se pretende opere el efecto extintivo de la usucapión”, este criterio ha sido compartido por este Tribunal Supremo de Justicia, con el fin de asegurar, que en los procesos de usucapión se asegure la legitimación pasiva en la usucapión decenal para generar el efecto extintivo para el usucapido y el efecto adquisitivo para el usucapiente, solo de esa manera se asegura que una sentencia de usucapión genere seguridad jurídica para las partes intervinientes en el proceso y para terceros, como son los verdaderos propietarios del inmueble objeto de la usucapión quienes no deben ser confundidos en dicho proceso, quienes obligatoriamente deben participar como demandados en el proceso de usucapión para generar el efecto extintivo de su derecho de propiedad, pues solo el que se encuentre con la legitimación pasiva puede efectuar una contestación en forma afirmativa, en forma confesa, negar la demanda oponer excepciones o formular reconvención en el ejercicio de sus derechos, otorgándole el término de prueba en el que pueda probar sus aciertos.”

III.2.- De la necesidad de identificar al último Propietario registral del bien inmueble que se pretende usucapir.

El fundamento esencial de la usucapión consiste en otorgar seguridad a las situaciones de hecho producidas durante cierto tiempo convirtiéndolas en jurídicas, en aras de la paz social, el fundamento subjetivo de la prescripción extintiva consiste en la presunción de abandono del derecho por su titular; de ello puede establecerse que quien puede adquirir un bien por usucapión es el usucapiente que ha cumplido ciertas condiciones en el transcurso de determinado tiempo, por contrapartida, quien puede perder un bien por efecto de la usucapión es el usucapido que no ha ejercido su derecho por abandono del mismo.

El art. 138 del Código Civil, dispone: “La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por solo la posesión continuada durante diez años”. Entre los efectos de la Sentencia que declara la usucapión decenal, se tiene que la misma otorga título de propiedad sobre el bien objeto del proceso, y en contrapeso, la antigua inscripción en Derechos Reales del ex propietario debe ser cancelada.

Al respecto, Este Supremo Tribunal de Justicia ha emitido diversos fallos respecto a la necesidad de identificar al último propietario registrado en Derechos Reales, que sufriría el efecto extintivo de la usucapión en caso de declararse probada y evitar que los mismos estén en estado de indefensión; entre los fallos de orientaron respecto a este tema tenemos: el Auto Supremo Nº 185/2012 que señaló: “…como se conoce para que proceda la usucapión ésta debe contener tres requisitos que son: la posesión continuada durante diez años, la posesión pacífica y la posesión ininterrumpida por ese tiempo, cumplidos los mismos y declarada judicialmente la usucapión, ésta produce un doble efecto; el primero adquisitivo para los usucapientes y el segundo extintivo para el usucapido, por lo que necesariamente a tiempo de iniciar una demanda de usucapión respecto a un inmueble este debe contar con registro de propiedad a los fines de dirigir la demanda contra quien fuere último propietario, a tal efecto y también por este mismo motivo es que en cumplimiento de la ley N° 2028 es que los jueces de oficio están obligados a citar a la Alcaldía Municipal a efectos de conocer que el inmueble a usucapir no sea de su propiedad o se encuentre en áreas verdes o de equipamiento; por ello resulta imprescindible como se dijo que para que el efecto que produce la usucapión declarada judicialmente los actores dirijan su demanda contra el último propietario del inmueble. En este sentido, es obligación de quien pretende usucapir efectuar un detalle o relación registral de quienes figuraron como propietarios en los Registros de Derechos Reales, por una parte; por otra es obligación del juez solicitar esta certificación o tradición registral antes de admitir la demanda a los fines de que a quien se demanda sea el legitimado pasivo.”.

En este mismo entendido el Auto Supremo Nº 28/2013 de 06 de febrero de 2013, ha orientado que: “A efectos de determinar la titularidad del demandado, el actor deberá presentar los correspondientes informes o certificaciones de la Oficina de Registro de Derechos Reales, que acrediten ese aspecto y el correspondiente antecedente dominial. La usucapión declarada judicialmente produce un doble efecto, adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el usucapido, razón por la cual para que ese efecto se produzca de forma válida y eficaz, es indispensable que el actor dirija la demanda contra quien figure, en el Registro de Derechos Reales, como titular del derecho propietario del bien inmueble que se pretende usucapir. El sujeto pasivo de la usucapión es siempre la persona que figura, en el Registro de Derechos Reales, como titular del bien a usucapir, por ello el actor debe acompañar con la demanda la certificación o documentación que acredite ese aspecto, toda vez que es contra él -el actual propietario-, que se pretende opere el efecto extintivo de la usucapión. Por lo expuesto, se concluye que es deber ineludible del actor acreditar, a tiempo de interponer la demanda de usucapión, que la persona contra quien se la dirige es quién figura como titular en el momento de promover la acción. No es posible que el actor dirija su pretensión en contra de una persona distinta de quien figura como actual titular en los Registros de Derechos Reales, tampoco es posible que el actor dirija su demanda contra personas desconocidas, pues, la usucapión, opera como un modo de adquirir la propiedad respecto de bienes que se encuentran en la esfera del dominio privado, es decir, respecto de aquellos bienes sobre los que ya recae un anterior derecho de propiedad...".

Asimismo, el mencionado Auto Supremo hace referencia a que la ex Corte Suprema de Justicia, orientó la forma de tramitar las pretensiones de usucapión mediante Circular Nº 035/1995 por el que estableció que antes de la admisión de una demanda de usucapión debe exigirse se adjunte el certificado de Derechos Reales que identifique al titular del predio a ser usucapido y su partida en el registro.

Criterio también desarrollado en el Auto Supremo Nº 140/2015 que al respecto señaló: “En otras palabras, la demanda de usucapión debe dirigirse contra quien figure como propietario en el Registro de Derechos Reales o contra sus presuntos herederos, pues, están en juego razones de orden público por tratarse de un modo excepcional de adquirir la propiedad que correlativamente apareja la extinción para su anterior titular, en virtud del principio de exclusividad que reviste el derecho real de propiedad. Requisito que tiene como fundamento la garantía del derecho de defensa de los titulares del inmueble que se pretende usucapir, cuya finalidad además de asegurar el respeto del derecho de defensa a través de la conformación del legítimo contradictor, es la de asegurar la primacía de los principios de seguridad jurídica y de eficiencia, pues se pretende claridad y certeza en la titularidad del derecho que se pretende obtener mediante la usucapión, además de los requisitos comunes a toda demanda, previstos por el art. 327 del Código de Procedimiento Civil, debe acreditarse la titularidad de dominio del demandado e  a individualizarse con exactitud el bien inmueble que se pretende usucapir, determinando con precisión su ubicación, superficie, medidas y linderos, de modo que no haya dificultad alguna para determinar con certeza el objeto del juicio de usucapión y así poder establecer su vinculación con la titularidad del demandado.”, (lo subrayado es nuestro).

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El recurrente acusa que el Auto de Vista recurrido sería contradictorio con las disposiciones emanadas por la CPE, inclusive se alejaría del marco establecido en el art. 265-I de la Ley Nº 439, al disponer en el Auto de Vista recurrido, que se acompañe al momento de admitir la demanda una certificación o documentación que acredite quien es el propietario registral del inmueble, disposición que llegaría a ser ociosa y contraria al principio de una justicia pronta y sin dilaciones además de ir contra la ley de las personas de la tercera edad y dar una solución a este problema porque en ninguna instancia registral se obtendría esa certificación que para la resolución recurrida es formalmente esencial.

Al respecto corresponde precisar que de la revisión obrados se tiene que a tiempo de interponer la demanda y la admisión de la misma, no se  precisa o identifica al propietario registral del inmueble que se pretende usucapir; tampoco existe certificación alguna emitida por Derechos Reales respecto los propietarios o a la situación del bien inmueble en cuestión, es más los demandados que responden a fs. 127 a 129 vta., 138 y vta., tampoco alegan ser propietarios de dicho bien inmueble; siendo la identificación del legitimado pasivo un elemento esencial para la procedencia de la acción de usucapión conforme se desarrolló en el punto III.1 del doctrina aplicable donde se orienta que la usucapión declarada judicialmente produce un doble efecto, adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el usucapido, razón por la cual, para que ese efecto se produzca de forma válida y eficaz, es indispensable que el actor dirija la demanda contra quien figure, en el Registro de Derechos Reales, como titular del derecho propietario del bien inmueble que se pretende usucapir, sólo así la Sentencia que declare la usucapión producirá válidamente ese doble efecto.

Es en este marco que el Tribunal de Alzada a tiempo de emitir el Auto de Vista recurrido determino la nulidad de obrados, a efecto de que se regularice el  procedimiento, ya que no se tiene establecido quien es propietario registral de quien se pretende prescriba extintivamente el derecho propietario, en este sentido el requisito de identificar al legitimado pasivo que  tiene el derecho de  defender su derecho propietario, resulta un  elemento trascendental para la procedencia de la acción de usucapión, esto reiteramos debido a su naturaleza adquisitiva de derecho propietario y el doble efecto que tiene sus alcances tanto al usucapiente como al usucapido.

En consecuencia dicha disposición de nulidad no implica que se trate de un mero formalismo como acusa la parte recurrente, o que se esté violando el derecho a una justicia pronta y oportuna, ya que en el caso de autos  la nulidad responde a buscar la eficacia de la resolución en el conflicto de autos, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa del propietario del bien inmueble que se pretende adquirir por usucapión; por otra parte no se comprende cómo se podría afectar los derechos de la tercera edad, cuando en el proceso se está sustanciado una cuestión de adquisición de derecho propietario a favor del demandante y de extinción del derecho propietario del demandado, y en el caso de autos conforme lo explicado supra, la nulidad dispuesta no implica alejarse de la solución al problema planteado, sino, buscar la eficacia en la resolución que ponga fin al conflicto. No siendo evidente la vulneración al art. 265-I de la Ley Nº 439, ya que la nulidad dispuesta tiene un fundamento valido y acorde al actual régimen de nulidades y la CPE, que entre sus principios pregona el principio de armonía social que tiende a materializarse con una sentencia eficaz, que resuelva el conflicto sin vulneración del derecho de las partes, como el derecho a la defensa que tiene todo propietario.

En cuanto a la supuesta contradicción del Auto de Vista recurrido que consistiría en creer que el decreto Nº 27957 exige la no existencia de un antecedente propietario del terreno para así habilitarse la usucapión, pues lo que se pretendería con la litis es que el Juez ordene la inscripción del inmueble objeto de autos para dar cumplimiento al Decreto Supremo Nº 27957, ósea regularizar el inmueble mediante su inscripción que hasta hoy no lo tiene, por lo que el criterio del Auto de Vista recurrido violaría su derecho a la propiedad privada; derecho fundamental que pretendería regularizar, a través de la demanda de usucapión; por lo que ambas instituciones usucapión y regularización del derecho propietario  deberían vincularse.

Al respecto corresponde primeramente aclarar que la Usucapión es un modo de adquirir la propiedad, en cuya virtud el poseedor se convierte en propietario definitivo si ha poseído de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley, es decir que el poseedor que no es propietario tras poseer durante cierto tiempo puede adquirir la propiedad; en este sentido y dada la naturaleza de esta acción que no puede ser planteada por quien ya es propietario; no se la puede confundir con un trámite que simplemente disponga la inscripción del derecho propietario de quien ya lo tiene, sino que conforme se expresó supra y en la doctrina aplicable esta acción tiene por finalidad la adquisición del derecho propietario de quien solo es poseedor; acción que se encuentra regulada por el art. 138 del CC; razón por la que no resulta aplicable lo dispuesto en el D.S. 27957 (Reglamento, modificación y actualización a la Ley de Inscripción de Derechos Reales) que en esencia es un reglamento destinado a regular la inscripción y publicidad de todas las transferencias, mutaciones, gravámenes y limitaciones que recaigan sobre los derechos reales; pero que no tiene relación alguna con el fondo de una  acción de usucapión decenal que tampoco puede ser vinculada con la regularización de derecho propietario, ya que ambas son institutos totalmente diferentes con requisitos y procedimientos propios, que no tiene relación entre sí, la primera regulada conforme se mencionó antes en el art. 138 del CC, y la segunda en la Ley Nº 803, por lo que conforme se desarrolló en el punto anterior la disposición de nulidad de obrados en el caso de autos, donde la pretensión es la usucapión, obedece a la falta de identificación precisa del legitimado pasivo. No siendo evidente la contradicción acusada en este punto.

En cuanto a que el Auto de Vista recurrido infringe el principio de Verdad material ya que al limitarse en su extremo formalismo, no ha analizado que la Sentencia a través del principio procesal de la inmediación, que sobre la verdad material esta evidenciada la falta de un registro de bienes inmuebles en el municipio de Sabaya por el hecho de ser un municipio indígena originario campesino, por lo que resultaría ocioso, contradictorio restrictivo y dilatorio exigir una documentación o certificación de un antecedente dominial inexistente, que por el principio de verdad material dicho aspecto ya se habría establecido.

Al respecto se debe señalar que conforme se desarrolló en punto III.2 de la doctrina aplicable, la demanda de usucapión debe dirigirse contra quien figure como propietario en el Registro de Derechos Reales o contra sus presuntos herederos, o en su caso establecer por todos los medios necesarios  el nombre del ultimo propietario registral, ya que están en juego razones de orden público por tratarse de un modo excepcional de adquirir la propiedad que correlativamente apareja la extinción para su anterior titular, en virtud del principio de exclusividad que reviste el derecho real de propiedad. Requisito que tiene como fundamento la garantía del derecho de defensa de los titulares del inmueble que se pretende usucapir, cuya finalidad además de asegurar el respeto del derecho de defensa a través de la conformación del legítimo contradictor, es la de asegurar la primacía de los principios de seguridad jurídica y de eficiencia, pues se pretende claridad y certeza en la titularidad del derecho que se pretende obtener mediante la usucapión.

En este entendido, no simplemente puede presumirse la inexistencia de  documentación o certificación de un antecedente dominial; por lo que no puede aplicarse el principio de verdad material conforme acusa el recurrente en base a suposiciones, ya que en obrados no existe prueba alguna que acredite que el bien inmueble no tiene un  antecedente dominial, por lo que en todo caso dicho aspecto referente a la existencia o no, sobre quien es propietario registral o el antecedente dominial, debió ser incluso probado por la parte demandante a tiempo de  presentar  su demanda siendo evidente que  el Juez A quo ha omitido la exigencia de este requisito imprescindible en esta acción que en esencia es una demanda conocida y sustanciada por la jurisdicción ordinaria que conforme se expuso supra  tiene como requisito la identificación del legitimado pasivo (propietario registral), requisito que tiene como fundamento la garantía del derecho de defensa de los titulares del inmueble que se pretende usucapir, por lo que el hecho de que la localidad de Sabaya sea un municipio indígena originario campesino; no puede suprimir o quebrantar esta garantía constitucional reconocida en los arts. 115.II y 119.II de la CPE. No siendo evidente lo acusado en este punto.

En relación a que se habría violado el art. 105 de la Ley Nº 439 con referencia a  los principios procesales de especificidad, trascendencia  y convalidación, ya que no se puede pedir la nulidad cundo la parte no ha sufrido gravamen con la infracción y en el caso del Auto de Vista recurrido se evidencia  que este ha ocasionado un daño cierto y evidente, ya que se le coartaría su derecho a la propiedad de la cual pretende consolidar a través de la usucapión, ya que habiéndose demostrado a través de la verdad material  que su persona  posee desde no solo 10 años atrás el objeto de la litis, sino 30 años.

Corresponde precisar que conforme lo desarrollado en los puntos anteriores no es evidente la falta de especificidad y trascendencia, ya que al ser la usucapión una forma de adquirir la propiedad, la disposición de nulidad de obrados del Ad quem para que previo a la admisión de la demanda se identifique al propietario registral del inmueble en cuestión tiene como fundamento la garantía del derecho de defensa de los titulares del inmueble que se pretende usucapir, cuya finalidad además de asegurar el respeto del derecho de defensa a través de la conformación del legítimo contradictor, es la de asegurar la primacía de los principios de seguridad jurídica y de eficiencia, razón por la no resulta aplicable los principios de especificada y trascendencia, en cuanto al principio de convalidación, no puede existir convalidación si no se tiene identificado al legitimado pasivo que pueda convalidar vicio procesal alguno; en este entendido más allá de que existiese o no una posesión de 30 años conforme asegura el actor, dicho argumento no resulta relevante en virtud de que en el proceso no se tiene identificado al legitimado pasivo que sufra los efectos de la usucapión que nace de la posesión alegada en caso de ser probada, conforme se fundamentó supra. No siendo evidente lo acusado en este punto. 

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala el art. 220.II del Código procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO El recurso de casación de fs. 491 a 494 vta., interpuesto por Bacian Villca Villca contra el Auto de Vista Nº 078/2016 de 23 de mayo de fs. 483 a 485 vta. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Duran.