TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                S A L A  C I V I L




Auto Supremo: 126/2016

Sucre:         05 de febrero 2016

Expediente:         O-25-15-S

Partes: Rosmery Roxana Mendoza Peñaloza de Gareca. c/ Abdón Yucra

            Mamani, Maura Alegría Yucra de Yucra y Emilio Arcani Yucra.

Proceso: Mejor Derecho Propietario y Reivindicación.

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 422 a 424, interpuesto por Emilio Arcani Yucra, contra el Auto de Vista N° 019/2015 de fecha 12 de febrero de 2015, cursante de fs. 415 a 419, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso ordinario de mejor derecho propietario y reivindicación, seguido por Rosmery Roxana Mendoza Peñaloza de Gareca contra Abdón Yucra Mamani, Maura Alegría Yucra de Yucra y Emilio Arcani Yucra; la concesión de fs. 437; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:                                                                                           ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Tramitado el Proceso, el Juez de Partido Ordinario de Sentencia en lo Penal, del Trabajo y Seguridad Social, Niñez y Adolescencia de las Provincias de E. Avaroa, L, Cabrera y S. Pagador de Challapata del Departamento de Oruro,  emitió la Sentencia N° 35/2014 de fecha 20 de mayo de 2014, cursante de fs. 337 a 349, declarando PROBADA la demanda principal y en su mérito dispuso: 1. Declarar el mejor derecho propietario a favor de la actora sobre el bien inmueble (lote de terreno) ubicado en la calle Méndez Arcos entre Pisagua y Av. Aniceto Arce; 2. Que una vez ejecutoriada la sentencia en vía de reivindicación, dispuso que los demandados Abdón Yucra Mamani, Maura Alegría Yucra de Yucra y Emilio Arcani Yucra, restituyan el bien inmueble (lote de terreno) a su verdadera propietaria Rosmery Roxana Mendoza de Gareca, en el plazo perentorio de 10 días, con retiro del material utilizado en el levantamiento de los muros; 3. Que en caso de resistencia, la demolición de los muros será con auxilio de la fuerza pública. Sin costas por el doble juzgamiento. Asimismo, declaró IMPROBADAS las demandas reconvencionales interpuestas por Abdón Yucra Mamani y Maura Alegria Yucra de Yucra, asi como las excepciones perentorias de falta de acción, derecho y causa; IMPROBADAS la demanda reconvencional y las excepciones perentorias de falta de acción y derecho interpuesta por Emilio Arcani Yucra.

Contra la referida Sentencia, Abdón Yucra Mamani y Maura Alegria Yucra de Yucra mediante memorial cursante de fs. 351 a 353, y Emilio Arcani Yucra mediante memorial de fs. 355 a 357, interpusieron Recurso de Apelación; sin embargo ante el recurso de Compulsa que fue interpuesto por Emilio Arcani Yucra, el mismo que fue declarado legal mediante el Auto N° 23/2014 de 29 de julio de 2014 cursante de fs. 366 a 369, fue concedido únicamente el recurso de apelación interpuesto por este codemandado.

En merito a esos antecedentes, la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió Auto de Vista N° 019/2015 de fecha 12 de febrero de 2015, cursante de fs. 415 a 419, mediante el cual CONFIRMA la Sentencia apelada, con costas.

Resolución que dio lugar al Recurso de Casación en el fondo interpuesto por Emilio Arcani Yucra, el que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:                                                                                                        HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Acusan que en el Auto de Vista recurrido existirían contradicciones en las apreciaciones, pues si bien habría referido que su persona no cumplió a cabalidad con el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en virtud a los principios pro actione y pro homine, cuya finalidad sería que los órganos jurisdiccionales averigüen la verdad material, si bien ingresaron a considerar su recurso de apelación, empero habrían reducido su reclamos a dos puntos, vulnerando de esta manera su derecho a la defensa.

Refiere que no se valoró correctamente los medios de prueba aportados por su persona, de manera concreta, hace referencia a la documental cursante de fs. 96 a 98, expedido por el Ministerio de Planificación y Desarrollo del mes de octubre de 2011, prueba que señalaría que no existe en el Municipio de Challapata radio urbano que se encuentre homologado, por lo que considera que el presente proceso debió ser tramitado ante un Juez agroambiental.

Acusa que no se valoró correctamente la prueba litera de fs. 4 a 9 consistente en la EE.PP N° 83/1997 en lo relativo a una Sentencia inserta en dicha escritura de sub inscripción de modificación de datos, donde la actora habría demandado a su hermana para apoderarse de la propiedad rustica.

Señala  que  no  se  valoró la prueba de fs. 264 consistente en un certificado de

Derechos Reales, en cuyos asientos 3 y 4 existiría sub inscripción de modificación de datos.

Arguye que no se consideró las declaraciones testificales de sus testigos, quienes de manera uniforme habrían declarado que la Alcaldía de Challapata durante la gestión de Armando Choque Mérida se apropiaron de terrenos rústicos y no se les canceló ni un solo centavo.

Haciendo referencia a la Sentencia de primera instancia, señala que el Juez A quo respecto al radio Urbano, habría referido que dicho problema se solucionó entre la comunidad de Allituma y la Alcaldía, extremo que observa refiriendo que dicha atribución del delineado rural y urbano es de competencia del Ministerio de Planificación.

Denuncia que el trámite de sub inscripción de datos debió demandarse a la anterior supuesta propietaria del inmueble objeto de la Litis, y al no haber procedido de esta forma, acusa que el Juez. Dr., Rafael Lima, vulneró el principio registral de tracto sucesivo.

Acusa la vulneración del art. 454-II del Código Civil, extremo que habría referido en su memorial de apelación pero que fueron considerados como insuficientes por el Tribunal de Alzada.

Finalmente haciendo referencia a lo señalado por el A quo de que su persona no habría demostrado las causales de nulidad que invoco en su demanda reconvencional, señala que el hecho de que se haya realizado la sub inscripción de modificación de datos donde la demandada era la hermana de la actora y no así la anterior propietaria, si constituye una causa ilícita.

En razón a esos reclamos, solicita se case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda principal y probada su demanda reconvencional y excepciones opuestas.

CONSIDERANDO III:                                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del análisis de los reclamos acusados y toda vez que el recurso de casación fue interpuesto en el fondo y no así en la forma o en ambos a la vez, al ser la finalidad y las causales de procedencia distintas para cada recurso de casación, corresponde señalar que, el reclamo referido a la supuesta contradicción que existiría en el Auto de Vista, porque el Tribunal de Alzada habría reducido a solo dos puntos los extremos acusados en el recurso de apelación del ahora también recurrente, así como la falta de valoración de la prueba de fs. 264, consistente en un certificado de Derechos Reales y de las declaraciones de los testigos que fueron ofrecidos por su persona, son cuestiones de forma, es decir que las mismas hacen referencia a errores de procedimiento y no a cuestiones de fondo de la controversia, por lo que correspondía que los citados reclamos sean acusados en un recurso de casación en la forma y no en el fondo como erradamente lo hizo el recurrente, extremos estos que impiden a este Tribunal considerar los mismos.

Sin embargo a manera de aclaración, debemos señalar que cuando se acusa error de hecho o de derecho en la valoración de prueba, los jueces de instancia deben necesariamente realizar apreciaciones sobre los medios de prueba que se acusan como erradamente valoradas, pues los fundamentos expuestos por dichos jueces serán los que permitan a este Tribunal determinar  si hubo o no error de hecho o de derecho; sin embargo, cuando el reclamo se encuentra referido a la falta de valoración o apreciación de algún medio probatorio, no resulta lógico acusar error de hecho o de derecho en la apreciación de la misma, pues al existir omisión se entiende que no existe manifestación alguna emanada por los jueces de instancia que permitan analizar si efectivamente existió o no apreciación equivocada, es decir que al no existir valoración no puede existir error de derecho ni de hecho, pues resulta contradictorio acusar error en la valoración de prueba y posteriormente señalar que dicha prueba no fue valorada. De esta manera cuando se acusa omisión en la valoración de algún medio probatorio, este reclamo debe ser acusado en un recurso de casación en la forma por ser esta una cuestión de índole procedimental, donde lo que se analizará es si efectivamente los jueces de instancia realizaron o no dicha valoración.

Ahora bien, respecto al reclamo de que no se habría valorado correctamente la prueba documental cursante de fs. 96 a 98, consistente en un informe emanado por el Ministerio de Planificación y Desarrollo, y que la atribución del delineado rural y urbano sería de competencia de dicho Ministerio; corresponde señalar que el error de hecho en la valoración de prueba consiste en la equivocación en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en el proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en el proceso; de lo señalado y en virtud a la revisión del Auto de Vista recurrido, se advierte que el Tribunal de Alzada, una vez inferidos los reclamos inmersos en el recurso de apelación interpuesto por el ahora también recurrente, consideró y analizó los mismos, empero dichas consideraciones no se hallan referidas ni relacionadas a la prueba documental que acusa como erradamente valorada, es decir que el error de hecho que denuncia el recurrente no resulta evidente, pues para que exista error en la valoración de prueba, como ya se refirió anteriormente, debe ser apreciado por el Tribunal de Alzada y la misma debe ser acusada como errada, extremos que en el caso presente no aconteció, por lo que este Tribunal no puede analizar la acusación denunciada en este punto si la misma no fue estimada por el Ad quem, pues el hacerlo implicaría una transgresión al principio de congruencia, es decir que debemos abocarnos a los fundamentos expuestos en la resolución recurrida y que fueron objeto del recurso de casación.

Respecto al punto donde el recurrente acusa que no se valoró correctamente la prueba literal de fs. 4 a 9, consistente en la Escritura Publica N° 83/1997, documental en la cual se hallaría inmersa una Sentencia de sub inscripción de modificación de datos del inmueble objeto de la litis, donde la actora habría demandado a su hermana y no a la anterior propietaria del inmueble; sobre este punto el Tribunal de Alzada de manera correcta señaló que al no haberse interpuesto demanda o reconvención, es decir alguna acción que haya dejado sin efecto o validez el proceso por el cual la parte actora realizó el trámite de sub inscripción de modificación de datos del bien inmueble objeto de la Litis, la misma surte plenos efectos legales, razón por la cual el analizar los extremos acusados referidos a la sub inscripción en Derechos Reales, resulta impertinente.

Otro punto reclamado por el recurrente, fue la vulneración del art. 454-II del Código Civil, del cual refiere que en virtud a una serie de ilegalidades la parte actora se apoderó de su propiedad, y que dicho extremo fue acusado en su recurso de apelación; del análisis de este punto, se puede inferir que las ilegalidades a las cuales hace referencia el recurrente son las que se hubieran realizado en el proceso de sub inscripción de modificación de datos que realizó la parte actora sobre el bien inmueble objeto de la Litis, de esta manera, conforme ya se señaló en el anterior párrafo, al no haber sido objeto de la presente demanda la nulidad o invalidez de dicho trámite, esta debe ser considerada como válida surtiendo consiguientemente todos los efectos de ley mientras no exista una sentencia ejecutoriada que disponga lo contrario, por lo que lo acusado por el recurrente carece de sustento.

Finalmente, sobre el punto donde el recurrente acusa que no fue considerado por el Tribunal de Alzada el reclamo inmerso en su recurso de apelación, donde acusó que al haber demandado la parte actora a su propia hermana para realizar la sub inscripción de modificación de datos del inmueble objeto de la Litis, y que dicho extremo si constituiría como una causa ilícita en contraposición a lo establecido por el A quo que habría referido que el recurrente no demostró las causales de nulidad de su demanda reconvencional; sobre el particular corresponde señalar que la falta de pronunciamiento que acusa el recurrente, constituye una cuestión de forma y no así de fondo, pues la misma se adecua a la causal de procedencia del recurso de casación en la forma inmersa en el art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, norma que hace referencia a la falta de pronunciamiento sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso y que fueron reclamadas oportunamente, empero al haber sido interpuesto el recurso de casación únicamente en el fondo, no corresponde ingresar a considerar este reclamo.

Por los fundamentos expuestos, corresponde a este Tribunal fallar en la forma prevista por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 422 a 424, interpuesto por Emilio Arcani Yucra, contra el Auto de Vista N° 019/2015 de fecha 12 de febrero de 2015, cursante de fs. 415 a 419, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Con costas.

Se regula los honorarios del abogado profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.