TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A  C I V I L 




Auto Supremo: 1240/2016

Sucre: 28 de octubre 2016

Expediente: SC-2-16-S

Partes: Roberto Mario Moreno Añez. c/ José Carlos Antelo Perdriel y Ana Claudia

            Reyes Justiniano.

Proceso: Cumplimiento de contrato y entrega de bien inmueble.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 210 a 214, interpuesto por María Dolores Perdriel de Antelo en representación de José Carlos Antelo Perdriel y Ana Claudia Reyes Justiniano, contra el Auto de Vista Nº 212/2015 de fecha 05 de Agosto de 2015, cursante de fs. 200 a 203, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de cumplimiento de contrato y entrega de bien inmueble seguido por Roberto Mario Moreno Añez contra los recurrentes, el Auto de concesión del recurso Nº 112/2015 de fecha 22 de diciembre de 2015 de fs. 219, los antecedentes del proceso; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido y de Sentencia de la Provincia Sara con asiento en Portachuelo del departamento de Santa Cruz, mediante Sentencia Nº 7/2015, de fecha 24 de  abril de 2015, cursante de fs. 181 a 184 vta., declaró: PROBADA la demanda de cumplimiento de contrato interpuesta por Roberto Mario Moreno Añez, e IMPROBADA la demanda reconvencional de nulidad de contratos y cancelación de inscripción en registro de Derechos Reales, interpuesta por María Dolores Perdriel de Antelo apoderada de José Carlos Antelo Perdriel y Ana Claudia Reyes Justiniano, son costas por ser juicio doble. En consecuencia ordenó lo siguiente: 1. Concedió a los demandados José Carlos Antelo Perdriel y Ana Claudia Reyes Justiniano el plazo de 30 días para que procedan al rescate del mueble ubicado en la ciudad de Portachuelo, en U.V. 1, Manzano Nº 6 A, Lote Nº 3.3., con una superficie de 774.4 Mts2., registrado en Derechos Reales bajo la matrícula computarizada 706.1.01.0000517, actualmente a nombre del demandante, por cuyo motivo justificaría el rescate, a cuyo efecto deberán restituir el total del precio y los gastos erogados por la venta y otros inherentes, en el mismo plazo fue concedido para la entrega del inmueble antes detallado, en caso de no ejercer su derecho al rescate. 2. De no cumplirse ninguna de las condiciones en el plazo concedido, en congruencia con los fundamentos de la resolución, el contrato de fecha 31 de marzo de 2014 quedará resuelto, y en ejecución de sentencia se ordenará la cancelación del registro que figura en derechos Reales a nombre del actor principal; sin embargo los demandados deberán resarcir todos los daños y perjuicios ocasionados al comprador, que se liquidarán de igual manera en ejecución de sentencia. 3 para los efectos que pudieran darse como resultado de la Jentencia, ordenó al demandante Roberto Mario Moreno Añez poner en depósito judicial a la orden del Juzgado de Partido y de Sentencia de Portachuelo, el monto depositado por familiares de los demandados en sus cuentas bancarias, en la suma de Bs. 154.905.-, concediendo para dicho fin el plazo de diez días.

Contra la referida resolución, Roberto Mario Moreno Añez, interpuso Recurso de Apelación cursante de fs. 186 a 188 y vta.

En merito a esos antecedentes, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 212/2015 de fecha 05 de agosto de 2015, cursante de fs. 200 a 203, que en lo central de su fundamentación señaló el Juez A quo cumplió en parte con los requisitos que exige los arts. 191 y 192 del Código de Procedimiento Civil, excepto el de congruencia, pues no existiría correspondencia entre lo pedido en la demanda que ha sido declarada probada y la decisión expresada en la Sentencia, habiendo fallando más allá inclusive de los términos del contrato; que el Juez de la causa no hizo una correcta interpretación de los arts. 519, 520, 1283 y 568 del Código Civil, toda vez que el apelante no habría pedido la devolución del precio pagado por el inmueble, por el contrario habría pedido el cumplimiento de la obligación y la entrega del inmueble, y a otorgársele nuevo plazo para el rescate, el Juez de la causa, habría ido más allá de lo pedido incurriendo en incongruencia extra petita, vulnerándose el principio de exhaustividad , por lo que REVOCÓ la Sentencia de primera instancia respecto a los puntos 1) y 2) de la parte dispositiva, disponiendo en su lugar “la entrega del inmueble de la litis por parte de los demandados al demandante” quedando incólume lo demás de la sentencia. De igual forma, el Tribunal de Apelación, ante la solicitud de explicación interpuesta por la parte demandada, emitió el Auto de fecha 30 de octubre de 2015 cursante a fs. 207, declarando “No ha lugar” a la solicitud.

En conocimiento de la determinación de segunda instancia así como del Auto complementario, José Carlos Antelo Perdriel y Ana Claudia Reyes Justiniano representados por María Dolores Perdriel de Antelo, interpusieron recurso de casación, cursante de fs. 210 a 214, el que se pasa a analizar:

II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Refiere que el Auto de Vista fue pronunciado procedido de un cúmulo de irregularidades, arbitrariedades e ilegalidades, que conducen inevitablemente a la nulidad de obrados, entre ellas el hecho de que si el Tribunal de Alzada consideró que la sentencia no cumplía con el principio de congruencia, porque razón se dispuso la revocatoria de la Sentencia, cuando lo que correspondía era declarar la nulidad de la misma. De igual forma hizo notar  que el apelante hizo una errónea petición, toda vez que no sería posible invocar la revocatoria de la parte considerativa de una Sentencia, sino contra la parte resolutiva, aspectos que ya  habría expuesto en su memorial de explicación.

Asimismo, en un subtítulo de su recurso de casación se refiere a la “motivación incoherente” para lo cual cita parte del Auto de Vista, y jurisprudencia emitida por la Sala Social y Administrativa primera de este Tribunal Supremo de Justicia.

Finalmente, señala que los desaciertos, deficiencias, ilegalidades y vicios de nulidad referidos anteriormente implican violación de las garantías jurisdiccionales relacionadas con la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y los principios procesales de legalidad, debido proceso e igualdad de las partes ante el Juez, establecidos en los arts. 115-I y II, 119-I y II y 180-I de la Constitución Política del Estado, 90 del Código de Procedimiento Civil, 30 incs. 6), 12) y 13) de la Ley del Órgano Judicial y 105-II, 106 y 108 del Código Procesal Civil.

Por lo expuesto solicita se emita Auto Supremo disponiendo la nulidad del Auto de Vista y del Auto complementario.

De la Respuesta al Recurso de Casación.

De la revisión de obrados se advierte que la parte actora fue notificada con el Recurso de Casación, en fecha 07 de Diciembre de 2015, tal cual consta a fs. 216, sin embargo este no respondió, por lo que no existe nada que considerar.

En razón a dichos antecedentes diremos que:

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- Del Régimen de Nulidades Procesales.

En  el tema de nulidades, la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, no siendo suficiente que se produzca un mero acaecimiento de un vicio procesal para declarar la nulidad simplemente con el fin de proteger o resguardar las formas previstas por la ley procesal, aspecto que resulta totalmente insustancial para tomar una medida de esa naturaleza; hoy en día lo que interesa en definitiva es analizar si se han transgredido efectivamente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en el marco del debido proceso hagan valer sus derechos dentro de un plano de igualdad de condiciones para defender sus pretensiones; es precisamente el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial que concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva.  

Entendimiento que también se encuentra plasmado en el Código Procesal Civil boliviano promulgado por Ley Nº 439 en los arts. 105 a 109 en el que contienen las reglas básicas del régimen de nulidades, donde además se reconocen los principios que rigen la nulidad procesal como ser: el principio de especificidad, legalidad, trascendencia, convalidación, finalidad del acto y preclusión; entendiendo que de este modo se restringe a lo mínimo las nulidades procesales y se busca la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia, pretendiendo de esta manera revertir el antiguo sistema formalista, dejando de lado las viejas prácticas con la que se han venido tramitando los procesos judiciales por más de tres décadas con predominio de nulidades y en el mayor de los casos innecesarias e intrascendentes que solo ocasionaron retardación de justicia a lo largo del tiempo en desmedro del mundo litigante y de la propia administración de justicia, lo cual se pretende revertir definitivamente.

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha establecido a través de la SCP Nº 0140/2012 de 9 de mayo, que: “Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos)”. Razonamiento que tiene relación con lo señalado en la SCP Nº 1420/2014 de 7 de julio que señaló: “…toda nulidad debe ser reclamada oportunamente a través de los recursos e incidentes que la ley procesal establece como medios idóneos y válidos para dejar sin efecto el acto procesal afectado de nulidad, más cuando se tuvo conocimiento del proceso y asumió defensa utilizando esos medios de defensa al interior del proceso, dicho en otros términos, un acto procesal es susceptible de nulidad solo cuando es reclamado oportunamente o cuando el litigante no tuvo conocimiento de la existencia del proceso, hecho que le causo indefensión, afectando su derecho a la defensa, razonando en contrario, no se puede solicitar la nulidad cuando teniendo conocimiento del proceso y asumiendo defensa dentro del mismo, no interpuso incidente alguno contra el acto procesal objetado de nulidad, dejando ver a la autoridad judicial, que ese acto se encuentra plenamente consentido o convalidado, mereciendo en consecuencia su improcedencia”.

Así también la jurisprudencia de este Supremo Tribunal ha orientado en el Auto Supremo Nº 484/2012 que “… el espíritu del Art. 17 de la Ley 025 que refiere de manera categórica en su p. III “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”; verificando la incidencia que puedan tener en el debido proceso, es decir la trascendencia que puedan revestir, con la clara connotación de que no pueden ser consideradas ni declaradas de oficio, ya que al revestir interés particular, es a esa parte que le corresponde reclamar la presunta vulneración de algún derecho, en caso de no hacerlo, estará convalidando ese error, consecuentemente el Tribunal correspondiente no está autorizado para ingresar a revisar de oficio, es decir, está impedido el juzgador declarar la nulidad de oficio si ésta ha sido consentida

En referencia a las nulidades específicas, si bien es cierto que por disposición de la norma están señaladas las nulidades que de oficio podrían declarar los Jueces, en sujeción a lo previsto en el art. 106 del Código Procesal Civil, no significa que por ello deban ingresar a anular de manera indefectible, sino habrá que considerar la trascendencia que reviste el acto considerado nulo, que tenga incidencia en el debido proceso y el derecho a la defensa, considerándose que no hay nulidades absolutas que indefectiblemente deban ser sancionados con nulidad…

Lo anterior conlleva a decir que en el tratamiento de las nulidades procesales, debe tenerse en cuenta como ha señalado este Supremo Tribunal en reiteradas resoluciones, siguiendo el criterio doctrinal así como jurisprudencial que no se trata de un tema de defensa de las meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo de los derechos de las partes, siendo preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades. Precisamente por ello es necesario verificar a tiempo de emitir un fallo, principios que rigen la materia y deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar la nulidad…”

III.2.- Del Principio de congruencia y el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…"(las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado por el  Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); en este entendido, este Tribunal Supremo de Justicia ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016 que, citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, señala: Que, Todo Auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal a quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal a quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso.”.

De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes…

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa.”

III.3.- Del principio de Trascendencia.-

Toda vez que, en base a los nuevos principios que rigen las nulidades procesales, ya no corresponde declarar nulidades por anomalías o vicios procesales que no tenga incidencia trascendental en el proceso, resulta pertinente referirnos a uno de estos principios como es: Principio de Trascendencia.- Si bien resulta evidente que el alejamiento de las formas procesales ocasiona la nulidad o invalidez del acto procesal, empero esta mera desviación no puede conducir a la declaración de nulidad, razón por la cual se debe tener presente que para la procedencia de una nulidad tiene que haber un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin daño o perjuicio “pas de nullite sans grieg”, es decir que previamente a declarar la nulidad se debe tener presente el perjuicio real que se ocasionó al justiciable con el alejamiento de las formas prescritas. Y como decía Eduardo J. Couture: "... No existe impugnación de Nulidad, en ninguna de sus formas, sino existe un interés lesionado que reclame protección. La anulación por anulación no vale."

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De conformidad a los fundamentos expuestos en la doctrina aplicable al caso de autos, a continuación corresponde referirnos a los reclamos que fueron expuestos en el recurso de casación.

Sobre el hecho de que el Auto de Vista contendría vicios insubsanables, pues si los jueces de Alzada consideraron que la Sentencia no cumplía con el principio de congruencia debieron emitir Auto declarando la nulidad de la Sentencia y no así revocando dicha resolución; al respecto y conforme a lo expuesto en los puntos III.1 y III.2 de la doctrina aplicable al caso de autos,  es preciso señalar que si bien resulta evidente que la falta de congruencia en la que incurrió el juez de la causa, deviene en una falta de forma, la cual debiera ameritar la nulidad de dicha resolución; sin embargo, también es evidente que los nuevos lineamientos que rigen la jurisdicción ordinaria, restringieron a lo mínimo las nulidades procesales, pues lo que se busca es la materialización de los principios consagrados en la Constitución Política del Estado, entre ellos, el acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; en esa lógica los jueces de Alzada, circunscribiéndose a los reclamos que fueron objeto del recurso de apelación que fue interpuesto por la parte actora, y percatados de la incongruencia incurrida en primera instancia, previamente a declarar la nulidad de dicho fallo y disponer que el Juez A quo emita nueva resolución, verificaron que la declaración de nulidad no vaya contra los principios que rigen las nulidades procesales, entre ellos el principio de trascendencia, toda vez que no todo alejamiento de las normas procesales invalida un determinado acto procesal, es decir que no todo alejamiento debe ser considerado como una causal de nulidad, pues previamente se debe constatar si al declarar la nulidad procesal, la misma resulta ser trascendental como para modificar el fondo de la decisión asumida, razón por la cual, los jueces de Alzada, constatados de que el disponer la nulidad de la Sentencia y la emisión de una  nueva resolución enmendando dicha irregularidad, en nada modificaría el fondo de la decisión asumida, pues la Sentencia principal se mantendría declarada probada y la acción reconvencional, al no haber sido apelada por los demandados, también se mantendría improbada, y al contrario lo único que habría ocasionado es una retardación en la solución del conflicto, por lo expuesto es que dichas autoridades procedieron a revocar la sentencia en los puntos en los cuales el Juez de la causa se extralimitó, emitiendo de esta manera una resolución acorde a los nuevos lineamientos que rigen la jurisdicción ordinaria y las nulidades procesales.

Sin embargo, al margen de lo expuesto, y toda vez que los recurrentes consideran que el Auto de vista debió disponer la nulidad de la Sentencia de primera instancia y no así revocar la misma, es que resulta pertinente aclarar que el principio de congruencia procesal, el cual fue vulnerado por el Juez A quo al emitir una resolución “ultra petita”, no es absoluto, pues la nulidad, como ya se señaló supra, debe ser declarada en la medida en que dicha irregularidad afecte otros derechos, principios o garantías, bajo ese entendimiento es que el Tribunal de Apelación, con la finalidad de otorgar la tutela judicial efectiva a las partes, analizó la trascendencia y la afectación que conllevaría el disponer la nulidad de la sentencia de primera instancia, cuando lo acusado en apelación podía ser enmendado en dicha instancia, pues al revocar la Sentencia en los puntos 1 y 2 de la parte dispositiva, la incongruencia en la que incurrió el Juez A quo quedó saneada. Consecuentemente,  al no haber sido aplicado la nulidad, que es restrictiva, y contrariamente fue ponderada la misma con otros derechos como los inmersos en el art. 115-II de la Constitución Política del Estado, es que el reclamo traído a casación deviene en infundado.

Finalmente, corresponde referirnos a su reclamo orientado a la motivación incoherente, donde los recurrentes, al margen de hacer cita a lo expuesto por el Tribunal de Alzada y citar jurisprudencia de la Sala Social y Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, no fundamentan de ninguna manera la razón por la cual la motivación sería incoherente, sin embargo, remitiéndonos a los fundamentos expuestos anteriormente, debemos reiterar que el principio de congruencia procesal no es absoluta, pues no siempre conlleva la nulidad, es decir que al no ser absoluta, los jueces de Alzada pudieron o no disponer la nulidad de obrados, ello en razón a la trascendencia y afectación del acto acusado como irregular, y siempre que dicha determinación no vaya contra los principios y derechos consagrados en la Constitución Política del Estado.

Consecuentemente, por las razones expuestas es que se concluye que los Vocales del Tribunal de Alzada, no incurrieron en violación alguna de las garantías jurisdiccionales relacionadas con la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y los principios procesales de legalidad, debido proceso e igualdad de las partes ante el Juez, establecidos en los arts. 115.I y II, 119-I y II y 180.I de la Constitución Política del Estado, 90 del Código de Procedimiento Civil, 30 incs. 6), 12) y 13) de la Ley del Órgano Judicial y 105.II, 106 y 108 del Código Procesal Civil, por lo que corresponde a este Tribunal emitir resolución conforme lo establece el art. 220-II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 210 a 214, interpuesto por María Dolores Perdriel de Antelo en representación de José Carlos Antelo Perdriel y Ana Claudia Reyes Justiniano, contra el Auto de Vista Nº 212/2015 de fecha 05 de Agosto de 2015, cursante de fs. 200 a 203, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Sin costas ni costos, por no existir respuesta al recurso de casación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.