TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                   S A L A   C I V I L        

       

Auto Supremo: 1231/2016                                                        

Sucre: 28 de octubre 2016                                                

Expediente: CH-61-15-S                                                

Partes: Clementina Yale Durán de Tardio c/ Comunidad Religiosa Adoratrices del Santísimo Sacramento y de la Caridad Asilo Belisario Boeto y otros.

Proceso: Usucapión.                                                                

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 707 a 715, interpuesto por Clementina Durán Yale de Tardío en contra del Auto de Vista Nº SCI-0573/2015 de 23 de octubre de 2015 que cursa de fs. 696 a 698, pronunciado por Sala Civil Comercial y Familiar Primera del Tribunal de Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro el proceso de usucapión seguido por Clementina Yale Durán de Tardio en contra de Comunidad Religiosa Adoratrices del Santísimo Sacramento  y de la Caridad Asilo Belisario Boeto y otros, la concesión de fs. 726, los antecedentes procesales y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Séptimo en lo Civil de la Capital, pronuncia la Sentencia Nº 36/2015 de 19 de junio que cursa de fs. 590 a 592, por la cual declara improbada la demanda de fs. 46 a 47 subsanada a fs. 50, declarando sin lugar a la adquisición de la propiedad por usucapión extraordinaria, en relación al inmueble ubicado en la zona de Ckara Puncu de esa ciudad, con una superficie de 10.293,83 Mts.2, a favor de la actora. Asimismo el A quo pronuncia el Auto de fs. 625, respecto a la corrección de “Buen”  por “Buena” en las conclusiones el apellido “Gillen” por “Guillen”.

Apelada la Resolución de primera instancia se pronuncia el Auto de Vista de fs. 696 a 698, que confirma la Sentencia y su Auto complementario de fs. 590, confirma la Sentencia con el fundamento de que, respecto a “la inadecuada formulación de la sentencia”, refiere que en distintos fallos se ha delineado los requisitos de una demanda ordinaria y extraordinaria, extremos que han sido consignados en el Auto de fs. 374 vta., a 375, que según la conclusión del A quo no está acreditado, refiriendo que la falta de uno de los requisitos excluye a las demás y hace improcedente una demanda de posesión por el transcurso de tiempo, incumpliendo al carga de la prueba prevista por los arts. 1283 del Código Civil y 397 de su procedimiento, y respecto a la mejoras no suple la falta de otros requisitos que posibilitan la usucapión; asimismo señala que sobre la errónea interpretación de la ley sustantiva, al considerarla como simple detentadora, refiere que la falta de uno de los requisitos hace improcedente la usucapión y en el caso de autos, el Juez ha calificado como detentadora a la actora, por la confesión espontánea hecho por la actora en su demanda que adquirió terrenos de Santiago Pimentel quien no era el propietario e ingresó a tomar posesión en el entendido que los dueños aparecerían en cualquier momento, y cita el art. 404.II del Código de Procedimiento Civil; sobre una posesión que no tiene los alcances que no tiene la buena fe exigida por el art. 93 del Código Civil, por el contrario se acomoda a la previsión del art. 89 del mismo cuerpo legal; respecto al error de hecho y error de derecho en la apreciación de la prueba de la confesión provocada, por no haberse aperturado el sobre del interrogatorio de la confesión cita el art. 463.I del Código de Procedimiento Civil y señala que el Tribunal de segunda instancia procede a cumplir con la apertura del interrogatorio que no desvirtúa la conclusión del a Quo en sentencia, la falta de requisito de la posesión de buena fe y ser simple detentadora, conforme ha establecido en el punto anterior; asimismo señala que de acuerdo a la omisión de la valoración de la prueba testifical, tanto de cargo como de descargo, la apelante no específica en qué consiste esa contradicción que erradamente calificó el A quo para que el Tribunal de Alzada -acorde al art. 236 del Código de Procedimiento Civil-, emita un pronunciamiento; asimismo señala que sobre la falta de notificación por edictos, a Victoria NN, siguiendo la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo, esa legitimación está activada a la parte interesada.

II.- CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

1.- Refiere que el A quo hubiera expuesto “inexistencia de los requisitos para la usucapión”, refiere que no en un proceso ordinario no se demuestra la inexistencia de requisitos para la usucapión, trascribe parte del Auto de fs. 374 vta., a 375 y cita el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, y señala que no está en litigio la “inexistencia de los requisitos para la usucapión”, sino de cumplir esos requisitos; señala que en Sentencia ni en el Auto de Vista, no se señala el tiempo que se realizó actos de dominio, inclusive existe el CD a fs. 27 y las fotografías de fs. 23 a 26, incuso el Juez indica la existencia de pequeñas porciones de sembradío, empero no se indica de cuando serían esos actos de dominio, aspecto que pide tenerse presente, señala que la sentencia no cumple el fin para el que estaba creada, refiere que el Juez debía establecer plazos, actos y hechos de dominio.

Asimismo señala que la sentencia describe la compraventa del inmueble citando los arts. 491.5 y 492 del Código Civil, sin embargo de ello no señala en qué fecha se hubiera adquirido el terreno, describiendo que se funda en aspecto subjetivos, refiriendo que el fallo no puede basarse en exclusivamente en prueba documental sino también en presunciones judiciales y cita los Autos Supremos Nº 168 de 21 de agosto de 2012 y Nº 280 de 7 de septiembre de 2002.

2.- Señala que se convalida el error del Juez, al no tomar en cuenta los fundamentos del recurso de apelación, cita parte de la sentencia respecto a la confesión espontánea que refiere haberse ratificado en Auto de Vista, pues refiere que una detentadora no se comporta como dueña, no siembra, no conecta el servicio de energía eléctrica, no cerca su terreno y cita el concepto de posesión de acuerdo a jurisprudencia Labores Judiciales 1985 pág. 222.

Refiere que el A quo hubiera expuesto haber adquirido el bien en forma verbal, aspecto no contemplado en la ley, alega que no se le podía haber considerado detentadora cuando existe prueba relativa a la posesión conforme a la prueba documental, confesión provocada, declaraciones testificales de cargo e inspección, refiriendo que el Juez debió aplicar el concepto de usucapidora, ocupante y compradora; refiriendo que no existe adquisición de venta verbal, sino que debe mediar un contrato, que es inexistente en el presente proceso, de acuerdo a lo expuesto solicita considerarla como usucapidora.

3.- Acusa que existe error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba,  citando los arts. 97.1.IX, 138; art. 1286 del Código Civil y 397.II del Código de Procedimiento Civil; refiere que el sobre que se ubica en fs. 390 que contiene el interrogatorio para provocar a confesión a la Religiosa Marina Gil Castillo, el Juez no lo tomó en cuenta a pesar de que la misma no se hizo presente en audiencia, otorgándole el valor que describe el art. 424 del Código de Procedimiento Civil. Expone que el Juez nunca tuvo la molestia de aperturar el sobre, para cualquier confrontación, lo cual atañe al orden público describiendo el art. 90 del Código de Procedimiento Civil, cita los Autos Supremos Nº 157 de 2 de septiembre de 1998 y  Auto Supremo de 10 de noviembre de 1998 Sala Civil Primera.

4.- Acusa que omisión de valorar la prueba, respecto a las pruebas testificales de fs. 528 a 531 y las de descargo de fs. 532 a 535, sobre las mismas el Juez no señala cuales serían las contradictorias, arguyendo que en audiencia no se les pidió a los testigos que indiquen el motivo de las contradicciones y cita el art. 463.1 del código de Procedimiento Civil, refiere que si el Juez consideró que las atestaciones era contradictorias podían imponer amonestación al testigo, asimismo cita el Auto Supremo Nº 150 de 27 de julio de 2005 y el Nº 64 de 4 de mayo de 1998.

5.- Acusa falta de valoración de notificación mediante edictos, a quienes se creyeren con derecho, refiere que dentro de los límites de terreno que se pretende usucapir se encuentra enclavado una vivienda de la señora Victoria, refiere que el proceso se ha instaurado en contra de todos los que tiene registrado sus anotaciones preventivas, la cual significa que fue en contra de esta última persona también.

Mediante memorial de fs. 722 a 725 vta., la representación legal del Instituto de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de Caridad “Asilo Belisario Boeto”, señala que el recurso es improcedente conforme señala el art. 28 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil; asimismo señala que respecto a las contradicciones la recurrente no especifica en qué consisten esas contradicciones, asimismo refiere que en cuanto a la transferencia verbal, la misma ha sido confesada por la recurrente, asimismo refiere que no se ha indicado qué norma se encontraría interpretada erróneamente, añade que el Auto de Vista tomó en cuenta la confesión espontánea que califica a la actora como detentadora, asimismo cita los arts. 87, 93 y 89 del Código Civil; sobre la apertura del sobre cerrado el Ad quem subsanó dicho procedimiento; y sobre la valoración de la prueba manifiesta que conforme al art. 397.I del Código de Procedimiento Civil, señala que las declaraciones testificales no dan luces para resolver el caso presente; también señala que sobre la falta de notificación por edictos,  la recurrente no tiene la legitimación para cuestionar tal aspecto.

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1. Sobre los elementos de la posesión.-

En el Auto Supremo Nº 432/2015 de 16 de junio, se ha señalado lo siguiente: “Asimismo el art. 87 del mismo sustantivo civil establece que la posesión es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real, de igual forma, este artículo señala que una persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa, entendiéndose como detentador, a los inquilinos, anticresistas, usufructuarios u ocupantes, quienes por su condición de transitorios, no ejercitan posesión por sí mismos sino para el propietario o verdadero poseedor del bien; además conforme ha orientado la doctrina, para la procedencia de la pretensión de usucapión decenal o extraordinaria, se deben cumplir con ciertos requisitos que son necesarios, es decir, que deben concurrir los dos elementos de la posesión, que son: el corpus, que es la aprehensión material de la cosa y, el animus, que se entiende como el hecho de manifestarse como propietario de la cosa, posesión que debe ser pública, pacífica, continuada e ininterrumpida por más de diez años; elementos que la diferencian del resto de las figuras jurídicas como la detentación, ocupación y otros que solo constituyen actos de tolerancia que no fundan posesión; con relación a la detentación, el art. 89 del Código Civil, señala que: “Quien comenzó siendo detentador no puede adquirir la posesión mientras su título no se cambie, sea por causa proveniente de un tercero o por su propia oposición frente al poseedor por cuenta de quien detentaba la cosa alegando un derecho real…”

Se ha referido que la posesión debe contener los elementos del “corpus” y el “animus”; el primero considerado como el elemento material de la posesión, la aprehensión del bien, la tenencia física del bien, y el segundo, la intención de ejercer la propiedad del bien, el comportamiento del poseedor respecto al bien, negándose éste a reconocer en cabeza de otro un mejor derecho, como dice Savigny, ello implica que el poseedor debe considerarse titular de la cosa, si reconoce el derecho de propiedad en favor de otra persona, no concurre el elemento del “animus”. 

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

1.- El fundamento del Auto de Vista radica en considerar que la actora ostenta el predio a usucapir en calidad de detentadora, como señala en el punto 2 de la resolución de Vista, indicando que la conclusión del A quo en sentido de considerar el memorial de demanda para acreditar que adquirió el predio de quien no era propietario e ingresó al mismo en el entendido de que los dueños aparecerían en cualquier momento.

Se ha referido en la doctrina aplicable, los elementos de la posesión, que son el corpus y el animus, la segunda implica la intención de manifestarse como propietaria del predio, lo que implica que no reconoce en otras (terceros o inclusive al propio titular del inmueble) el derecho de propiedad, esa es la característica del “animus”, y de acuerdo al texto descrito por el Ad quem que fue referido en sentencia se tiene que la actora, reconoce el derecho de propiedad de otras personas, lo que implica que su estancia en el predio que alega haberla poseído tan solo puede ser considerada como una posesión precaria, pues reconoce en otras personas el derecho de propiedad al momento de ingresar al inmueble; aspecto que no es impugnado por la recurrente, cuando debió impugnar tal aspecto; el Auto de Vista refiere que no tiene la buena fe exigida por el art. 93 del Código Civil y su situación se acomoda a lo previsto en el art. 89 del Código de la materia; Sobre dicho punto la recurrente cuestiona el fallo de los de instancia, en sentido de no haberse descrito la fecha de los actos de dominio o sea que no se consignó que la actora posee dicho predio por el plazo más de 10 años, que debió tener presente; sin embargo dicha observación no enerva el criterio sostenido por los de instancia en sentido de haber asumido que en el tenor de la demanda la actora reconoce que el bien que hubiera adquirido de una persona que no era su propietario y reconociendo a otros propietarios ingresó a vivir al predio, ello significa que su permanencia en dicho predio no es acompañada por el elemento del “animus”, y con criterio correcto el Ad quem señaló que la misma no tiene el alcance de la buena fe conforme a lo dispuesto en el art. 93 del Código Civil, por lo que debió demostrar esa su transformación de detentación en posesión en los términos que señala el art.  89 del mismo cuerpo legal, la misma no es descrita por la recurrente en su recurso, se limita a señalar que no se identificó los actos de dominio, cuando debía rememorar en su criterio- en base a elementos de prueba que sí efectuó la transformación de la detentación por la posesión, por lo que el criterio de una posesión precaria (detentación como fue descrita por los de instancia), no ha sido enervada lo que da lugar a mantener el criterio sumido por el Tribunal de Alzada.

2.- Respecto a la acusación de que la Sentencia hubiera descrito el término de “inexistencia de requisitos para la usucapión”; la terminología empleada en el fallo de primer grado en los “hechos probados” describe “la inexistencia de los requisitos para la usucapión”, dicho fallo también describe en los “hechos no probados” la posesión continua, ininterrumpida, pública y pacifica por más de 10 años, esa conclusión da a entender que lo expuesto en los “hechos probados” fuera no haberse demostrado la posesión conforme a los elementos descritos por el lapso de 10 años; la misma no tiene incidencia en lo sustancial del decisorio de primer grado, pues se entiende que es una descripción antónima de la frase “hechos no probados”, consiguientemente si la misma merecía corrección la recurrente debía haber solicitado su enmienda conforme al art. 196 del Código de Procedimiento Civil, con la finalidad de sanear dicha observación, pues la misma no tiene incidencia en el fondo del fallo y menos puede constituirse en una infracción que pueda dar lugar a modificar el fondo de la decisión asumida.

La acusación relativa de no señalar el tiempo que se realizó los actos de dominio; es una postura que no tiene incidencia con el recurso de casación en el fondo que tiene la finalidad de buscar una modificación del mérito de las decisiones asumidas, y la omisión acusada no se encuentra orientada a modificar el decisorio asumido.

En cuanto a la existencia del CD de fs. 27 y las fotografías de fs. 23 a 26, no señala de qué manera las mismas pudieran modificar el contenido esencial del Auto de Vista de haber calificado la permanencia de la actora en el predio como “detentadora”, lo propio ocurre con los pequeños sembradíos que identifica el Juez en sentencia, no modifican la transformación de “detentación” en “posesión”.

Respecto a la descripción efectuada sobre la compraventa del inmueble fuera escrita y que los fallos de instancias son contradictorios por no citar las fecha de adquisición de la propiedad; corresponde señalar que el contrato de compraventa es consensual conforme señala el art. 584 del Código Civil; respecto a la acusación de no haber descrito que no se hubiera identificado la adquisición del predio, no cambia la conclusión de “detentación” que hubieran arribado los de instancia, por lo que la misma resulta ser innecesario, pues el “inicio de la posesión” ha sido calificado como detentación, y el hecho de haberse descrito que en forma posterior la actora hubiera adquirido una fracción de propiedad, no cambia la calificación de “detentación”.

3.- Respecto a la acusación de que el Juez no tomó en cuenta los fundamentos de la apelación; es una situación que debe ser identificada en función al agravio no absuelto, aspecto que no refiere la recurrente.

Por otra parte en cuanto a la acusación de que una detentadora, no se comporta como dueña, no conecta medidores de energía, no siembra, no cerca su terreno; las apreciaciones descritas deben estar enmarcadas a la transformación de la detentación en posesión, especificando el modo y el tiempo de la transformación para computar el término de la posesión, pues una permanencia (aprehensión material del bien), no puede servir para computar el tiempo como posesión, no acreditado en el caso presente. La recurrente se limita a señalar que conforme a la prueba testifical, confesión provocada e inspección acreditaría su posesión, sin enervar la conclusión que con la propia versión de la actora- los de instancia la hubieran calificado como “detentadora”; asimismo corresponde señalar que respecto al contrato verbal reiterado, el contrato de venta se perfecciona con el consentimiento (acuerdo de las partes) que no requiere un documento escrito para acreditar su existencia.

4.- En cuanto al error de hecho y error de derecho que acusa la recurrente, respecto al sobre de fs. 390 que no fue considerado por el A quo, refiriendo la cita del art. 424 del Código de Procedimiento Civil; corresponde señalar que el Ad quem en el Auto de Vista en la foja 697 vta., (punto 3) refiere que dicho Tribunal de Alzada procede en la apertura de dicho sobre, y señala que su contenido no desvirtúa la conclusión efectuada por el Juez, consiguientemente se deduce que el Tribunal de Alzada en su condición de Tribunal de hecho en el trámite de la apelación dispuso la apertura del sobre de fs. 390, que la recurrente acusa no haberse aperturado, por lo que la acusación no resulta ser evidente.

5.- En cuanto a la omisión de valoración de la prueba testifical, respecto a la calificación de su contradicción; corresponde señalar que la recurrente podía haber solicitado aclaraciones respecto a la conclusión efectuada por los operadores judiciales, sin embargo, ello no ha acontecido en el caso presente, olvidando la recurrente que en el error de hecho lo que debe efectuarse es el cotejo de la prueba que cursa en el proceso, respecto a la conclusión que los jueces hubieran arribado respecto a ese medio de prueba, empero la recurrente señala que el Juez no cumplió con su obligación de pedir las aclaraciones a los testigos en audiencia.

6.- Finalmente en cuanto a la acusación relativa a la notificación de Victoria NN; se debe señalar que de acuerdo a la legitimación para recurrir, la recurrente solo puede efectuar reclamos sobre derecho propio y no sobre derechos de terceros, por lo que no corresponde considerar la notificación de Victoria NN.

Se hace constar que la parte demandada (Marina Gil Castillo, Titular de la Comunidad Religiosa demandada) reconoce a fs. 260 vta., haber transferido en favor de la actora la superficie de 400 Mts.2 (donde tiene edificada los ambientes introducidos por la demandante), los mismos que se salvan para el ejercicio de su derecho propietario.

Por lo referido, corresponde a este Tribunal fallar conforme establece el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultada conferida por el art. 41 y 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 220.II del Código Procesal Civil declara: INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 707 a 715, interpuesto por Clementina Durán Yale de Tardío en contra del Auto de Vista Nº SCI-0573/2015 de 23 de octubre de 2015 que cursa de fs. 696 a 698, pronunciado por Sala Civil Comercial y Familiar Primera del Tribunal de Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas y costos.

Se regula honorario del abogado de la Comunidad Religiosa Adoratrices del Santísimo Sacramento y de la Caridad Asilo Belisario Boeto en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.