TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                               S A L A   C I V I L




Auto Supremo: 1217/2016                                                                                  Sucre: 26 de octubre 2016                                                                               Expediente: SC-182-15-S                                                                                                 Partes: María  Denny   Lotore   Rosas   y   Otro.  c/   Eduardo Felipe Mancilla

             Montenegro, Cinthia Mercedes Torrico Tineo, Landívar de Vaca, Casilda

            Montaño de Ribera y Presuntos Propietarios.                                                   Proceso: Usucapión.                                                                                             Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 1868 a 1874, interpuesto por  María Denny Lotore Rosas y Wilder Ferman Guerrero Zabala contra el Auto de Vista de fecha 05 de agosto de 2015 de fs. 1855 a 1858 vta.,  pronunciado por  la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de usucapión seguido por María Denny Lotore Rosas y Otro contra Presuntos Propietarios, el auto de concesión de fs. 1891, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, el Juez Décimo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, pronunció  Sentencia  de fecha 07 de octubre de 2014, cursante de fs. 1793 a 1797, por el la declaro: “PROBADA LA DEMANDA DE Usucapión interpuesta por MARIA DENNY LOTORE ROSAS, según los memoriales saliente de fs. 2, fs.- 43 y vuelta, memorial de fs. 1487 a fs. 1498 y vueltas. 2.- se declara PROBADA  la demanda reconvencional en parte solo en lo que respecta a la Nulidad de Transferencia y cancelación de las partidas subsiguientes al Derecho de JORGE MANSILLA, mantenidos la partida No. 654 del año 1982, con fecha de presentación 21/04/1982.-, Disponiéndose una vez ejecutoriada la presente sentencia; por una parte se proceda a ministrar posesión del bien inmueble ubicado en la U.V.4. Manzano 9, entre calle Oliden y Ballivian al MARIA DENNY LOTORE ROSAS; Por otra parte, procédase a la cancelación de las partidas computarizada No. 010305670 hoy matricula No. 7.01.1.99.0025298; y la partida computarizada No. 010171847; y la partida 010045603 presentado el 22/08/1987; para tal fin franquéese  por secretaria el correspondiente testimonio.

Resolución de primera instancia que es recurrida de apelación por Eliodoro Arandia Zambrana mediante memorial de fs. 1799 a 1809, a cuyo efecto  la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz mediante Auto de Vista de fecha 05 de agosto de 2015, cursante a fs. 1855 a 1858 vta., REVOCA parcialmente la SENTENCIA de fecha 07 de octubre del año 2014 cursante de fs. 1793 a 1797, deliberando en el fondo declara IMPROBADA la demanda inserta en los memoriales de fs. 02, fs. 43 y fs. 1487 a 1489 presentada por la Sra. MARIA DENNY LOTORE ROSAS; manteniéndose firme la Sentencia en todo lo demás, bajo el fundamento de que se evidencia que mediante formulario de Declaraciones de fs. 247 la demandante MARIA DENNY LOTORE ROSAS manifestó voluntariamente: “En Primera instancia mi persona tiene posesión pacífica y continuada desde hace 15 (quince años atrás) como casera del finado Sr. Que en vida respondía al nombre de JORGE MANCILLA MOTENEGRO, quien me dio conjuntamente a mi esposo Wilder Fermín Guerrero Zabala, para cuidar el domicilio que ubica entre las calles Joliden No.80 y Ballivian de la zona Barrio Lindo, es así que desde el año 1981 habite el lugar (…)” así mismo, tampoco se valoró el Formulario de declaraciones de fs. 251 donde el Sr. WILDER FERMIN GUERRERO ZABALA, esposo de la demandante expresó: “Yo vivía en la calle Holidey No. 80 esquina Ballivian, ese domicilio pensé que partencia la Sr. Jorge Mancilla o Cecilia Rivas, en su oportunidad yo vivía como invitado a vivir ahí, por el Sr. Jorge Mansilla, quien me invito a vivir a su casa, fui a vivir ahí aproximadamente en 1982”; a estos hechos se debe sumar que la demandante MARIA DENNY LOTORE ROSAS  inicialmente al plantear la demanda de usucapión decenal en el memorial de fojas afirma que el Sr. JORGE MANCILLA se encontraba en posesión del mismo inmueble objeto de litigio, empero, en forma notoriamente contradictoria durante la tramitación del proceso cambia su argumento y señala que le Sr. Jorge Mancilla Jamás estuvo en posesión del bien inmueble objeto de litigio.

Conforme al análisis efectuado de manera precedente se llega a conclusiones de que el Juez a quo no ha realizado una correcta valoración de las pruebas documentales descritas de manera precedente, las cuales denotan que la demándate MARIA DENNY LOTORE ROSASA y su familia no tiene la calidad de poseedores sobre el bien inmueble objeto de litigio conforme a lo exigido por el articulo 87 parágrafo I) del Código civil, pues no cuenta con el animus, elemento esencial y componente para determinar la existencia de posesión conforme a la norma descrita presentemente, sino por el contrario tienen acreditado que se ingreso al inmueble objeto de la Litis fue en calidad de tolerados con los efectos que deviene el articulo 90 del Código Civil.”.

Resolución que fue impugnada vía  recurso de casación presentado por María Denni Lotore Rosas y Wilder Ferman Guerrero Zabala  de fs. 1868 a 1864, que se analiza.


CONSIDERANDO II:

II.1- DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


Acusa que con toda la prueba adjunta al proceso ha demostrado que han vivido juntamente con su esposo e hijos quienes han nacido en el inmueble y  se les reconoció como su domicilio donde siguen viviendo en la calle Holiden No.80, y de igual forma argumenta que se han presentado prueba testificales que tiene todo el valor que le asigna la ley al ser contestes en tiempo y lugares en sentido que le conocen.


Señala que en definitiva se han violado  los arts. 1286, 1287 y 1289-I del CC, ya que su demanda está respaldada por las pruebas que cursan de fs. 162 a 168 ratificadas por su Persona las cursantes de fs. 1.172, 1109 a 1112 y fs.  1116, 1114, 1115, 1117, 1118 a 1124, 1126 a 1128, 1130  a 1132, 1150, 1151 a 1159 y 1261 a 1265, pruebas documentales que han demostrado que vive conjuntamente con su familia en la calle Holiden No. 80 de esa ciudad.


De igual forma acusan que se ha valorado una prueba de declaración ante la policía que hiciera su esposo Ferman Guerrero, declaración que fue extraída bajo presión en celdas policiales y que no tiene valor probatorio, prueba que está viciada de nulidad.


Asimismo señala que se aplicó erróneamente el art. 138 del CC., debido que este artículo determina que la única condición que se requiere para adquirir el derecho propietario sobre un bien es la posesión continuada durante diez años, extremo que no fue apreciado.


Acusa la vulneración a derechos fundamentales y constitucionales como ser la falta de motivación y congruencia, debido a que el Tribunal solo busco una prueba  para fallar, ante un abanico de pruebas presentado por su parte.

Refieren que el Tribunal de apelación ha vulnerado el principio de seguridad jurídica pues han omitido toda la prueba aportada por su parte, y solo han valorado un prueba presentado por los demandados.


Y el hecho de no haberse valorado esta prueba no solo violan el derecho al debido proceso, sino también les dejan en total indefensión. 


II. 2 CONTESTACION AL RECURSO DE CASACIÓN:


Señala que el recurrente no realizo un análisis previo de las reglas que regula el recurso de casación a efectos de su interposición y fundamentación, denotándose un recurso confuso e incongruente y contradictorio.


Refiere que al señalar su recurso de casación en el fondo el recurrente de manera confusa y desordenada manifiesta violación de sus derechos fundamentales, la violación del CC y de su procedimiento omitiendo individualizar normas y artículos vulnerados y explicar en qué consiste la lesión de las mismas en la forma establecida por el art. 253-3) del procedimiento civil, sin explicar las normas vulneradas y explicar en qué consiste la lesión de las mismas, lo cual impedirá su análisis.


III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO CONSIDERANDO:


III.1.- Ante la interposición del recurso de casación en la forma y fondo, es necesario  en primer lugar resolver los reclamos de forma.


Sobre este punto, corresponde señalar lo expresado en la doctrina aplicable contenida en el AS  203/2016 de fecha 11 de marzo 2016, que de forma clara  ha expresado: “En principio corresponde orientar que conforme establece el art. 274 del Código Procesal Civil, el recurso de casación puede ser interpuesto tanto en la forma como en el fondo; norma que posee un contenido análogo con lo que establecía el  art. 258 num. 2) del Código de procedimiento Civil, tipo de recursos que tiene relación con la forma de resolución que ha de emitirse, en vista de que el recurso de casación en la forma, es el mecanismo recursivo, mediante el cual se acusan aspectos inherentes a la forma de la tramitación de la causa, cuya finalidad es anular obrados y el recurso de casación en el fondo, es el mecanismo recursivo idóneo para observar la errónea aplicación, violación o interpretación de la ley realizado por los jueces de instancia y la finalidad de la misma es casar el Auto de Vista, y debido a esta notoria diferenciación, es que de principio y por metodología estructural corresponde pronunciarse en un primer momento, sobre los reclamos de forma, puesto que de ser evidente los mismos, la resolución a emitirse como se expuso es una anulatoria y  no corresponderá realizar un análisis en cuanto a los reclamos de fondo, entonces debido a ese antecedente, es que en principio corresponde realizar un análisis de los reclamos inherentes a la forma del proceso.”

III.2.- De la motivación de las resoluciones judiciales.

Sobre el tema se puede citar el AS Nº 29/2016 de fecha 21 de enero 2016, que sobre el tema ha señalado: “Del agravio referido se advierte como fundamento la falta o carencia de motivación del Auto de Vista, sobre este  tópico  relacionado a la motivación es menester  previamente citar la SC. 0669/2012  de fecha  2 de agosto, que ha referido: “…. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas' ( SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio).” Del entendimiento constitucional vertido se evidencia  que para el cumplimiento del debido proceso en su elemento  motivación de una Resolución, no es necesario que la misma sea ampulosa, sino coherente, precisa y clara dando a entender el motivo de su Resolución, cumplido este extremo se tiene por realizada la motivación de una Resolución, empero, cuando los litigantes, no están de acuerdo con dicha motivación, otro resulta el tema y agravio a invocar, muy diferente al de la falta de motivación, correspondiendo en todo caso reclamar por errónea aplicación,  interpretación o violación de la ley o en su defecto por errónea valoración de la prueba, aspectos que deben ser impugnados vía recurso de  casación en el fondo.”

III.3.- De la usucapión decenal o extraordinaria

Este Tribunal Supremo de Justicia, sobre la usucapión decenal o extraordinaria y los requisitos que hacen procedente a dicha acción, emitió una vasta jurisprudencia, correspondiendo en ese sentido, citar entre otros, al Auto Supremo Nº 986/2015 de 28 de octubre, que sobre este modo de adquirir la propiedad señaló: “ … el art. 110 del CC., de manera general refiere: “ la Propiedad se adquiere por ocupación, por accesión, por usucapión…” asimismo en cuanto al tema de la usucapión el art. 138 del mismo cuerpo Sustantivo Civil refiere: “ La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por solo la posesión continuada durante diez años.” acudiendo a la doctrina podemos citar a Carlos Morales Guillem, quien en su obra Código Civil, Comentado y Concordado en cuanto al tema de la usucapión refiere: “La usucapión es la prescripción adquisitiva del régimen anterior, o modo de adquirir la propiedad de una cosa por la posesión de la misma, durante un tiempo prolongado.” De todo lo referido se puede advertir que el elemento esencial en este tipo de acción es la posesión, criterio que se encuentra en consonancia con el aforismo "sine possesione usucapio contingere non potest" el cual significa "sin la posesión no puede tener lugar usucapión alguna", el art. 87 del citado Código, señala que la posesión consiste en el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad, empero, a través de la doctrina y la jurisprudencia se ha establecido que para la procedencia de la posesión es necesario entre otros la existencia de dos elementos constitutivos, uno objetivo, el otro subjetivo: a) el corpus possessionis, es decir, el poder de hecho del sujeto sobre la cosa, el elemento material de la posesión, b) el ánimus possidendi o intención de actuar por su propia cuenta o de alegar para sí un derecho real sobre la cosa. 

De lo que se concluye, que la posesión está integrada por dos elementos el corpus y el ánimus (objetivo y subjetivo), al respecto Ihering citado por Néstor Jorge Musto nos indica “…la determinación del elemento corpus depende fundamentalmente de la naturaleza de las cosas y de la forma habitual u ordinaria en que el dueño se comporta frente a ellas, según su especie y según el destino económico que cumplan (…), y lo mismo ocurre con los inmuebles que pueden estar defendidos por obstáculos materiales o, por el contrario, estar abiertos y libres, de modo que no se trata de posibilidades físicas sobre las cosas y de exclusión, también física, de injerencias de extraños, sino más bien de las invisibles barreras creadas por el orden jurídico que hacen posible el uso económico de las cosas, en orden a la satisfacción de las necesidades humanas”. En cambio respecto del ánimus, indica que se requiere de la presencia, en el sujeto, de una voluntad determinada, de tratar la cosa como si le perteneciera, como si fuera dueño. Al respecto Savigny, a tiempo de desarrollar la teoría subjetiva de la posesión, sostuvo que la misma se distingue de la mera tenencia por el hecho de que consta no solo del dominio físico sobre el objeto (o corpus) sino también de la voluntad de comportarse en cuanto a ese objeto como dueño y propietario (animus domini o “intención de tratar como propia la cosa que debe formar el objeto de la posesión”). A partir de esa postulación se conoce y acepta que la posesión supone la existencia de dos elementos que la componen: el corpus y el ánimus, referidos a la relación de hecho del hombre con las cosas y su provecho material sin dependencia o subordinación a otra voluntad.”

De lo expuesto en dicho Auto Supremo, se tiene que para ser viable la usucapión decenal, deben concurrir necesariamente ciertos requisitos, siendo uno de ellos la posesión, que según lo expuesto en el art. 87 del Código Civil, es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real, de igual forma, este artículo señala que, una persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa, entendiéndose como detentador a los inquilinos, anticresistas, usufructuarios u ocupantes, quienes por su condición de transitorios, no ejercitan posesión por si mismos sino para el propietario o verdadero poseedor del bien; de igual forma corresponde señalar que los actos de tolerancia no  sirven de fundamento para adquirir la posesión (art. 90 del CC.), pues se entiende que en ambos casos, es decir detentador y tolerado, existe ausencia de animus domini, es decir de actos que solo le competen al dueño de la cosa.

Ahora bien, en el caso de que se acredite que existe posesión, en sus dos elementos, esta debe ser continuada durante 10 años, que implica que la posesión durante ese tiempo se ha ejercido ininterrumpidamente, de forma pacífica porque debe ser ejercida sin perturbaciones ni alteraciones que signifiquen reclamos por parte del propietario o por un tercero, y de manera pública porque se ha efectuado según la naturaleza del bien sin ocultar a quien tiene derecho a él. Reunidos esos caracteres o propiamente requisitos, entonces, se habrá cumplido lo que señala el art. 87 del Código Civil.

III.4.- De los actos de tolerancia.

Respecto a lo que debe entenderse como actos de simple tolerancia, el Autor Guillermo A. Borda en su obra titulada “Tratado de Derecho Civil,  Derechos Reales” Tomo I, sexta edición, señaló que: “Es necesario distinguir los actos posesorios propiamente dichos y los llamados actos de simple tolerancia. Se denominan así los realizados sobre un inmueble por un tercero que el propietario o poseedor permite por razones de tolerancia, amistad o buena vecindad, pero que él puede hacer cesar cuando le plazca (105)….”.

De igual forma, este Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo Nº 506/2013 respecto a lo que debe entenderse por tolerancia ha orientado en sentido que de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, por tolerancia se entiende como la acción de tolerar, y a este último término como “permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente”.

Sobre este punto, el Código Civil en su art. 90, establece que: “Los actos de tolerancia no pueden servir de fundamento para adquirir la posesión”,  lo que nos da a entender que los actos de tolerancia para la tenencia de cierto bien, no llega a constituirse como posesión propiamente dicha.

Sin embargo, si bien resulta evidente que un acto de tolerancia no constituye posesión y por ende tampoco puede generar que quien se encuentra en calidad de tolerado adquiera el bien inmueble en razón a la prescripción adquisitiva o usucapión; empero, corresponde precisar que, conforme a la cita doctrinaria expuesta supra, esta autorización o consentimiento que otorga ya sea el propietario o poseedor, para que un tercero realice actos sobre la cosa, debe necesariamente ser demostrado, con otros medios probatorios, puesto que se constituye en una presunción judicial, consiguientemente quien refiera que un tercero se encuentra en calidad de tolerado en un inmueble de su propiedad, debe demostrar que este dio su consentimiento para que este tercero realice actos sobre el mismo, máxime si el art. 88 del Sustantivo Civil, establece que se presume la posesión de quien ejerce actualmente el poder de la cosa

III.5.- De la teoría de la interversión del título.-

Para comprender en que consiste la interversión del título, así como los casos en los cuales se produce este cambio de título, resulta pertinente referirnos al Auto Supremo Nº 209/2016 de 11 de marzo, que sobre el particular señaló: “…la teoría de la “interversión del título” la actora no ha demostrado con prueba idónea cuando su título de detentadora ha cambiado al de poseedora como se dijo anteriormente para demostrar el transcurso efectivo del tiempo para la pretensión de usucapión decenal, más aún si ha reconocido el derecho propietario sobre el bien inmueble motivo de litigio al firmar un acuerdo transaccional con el propietario, al respecto es clara la norma alegada como vulnerada, es decir el art. 89 del Código Civil "Quien comenzó siendo detentador no puede adquirir la posesión mientras su título no se cambie, sea por causa proveniente de un tercero o por su propia oposición frente al poseedor por cuenta de quien detentaba la cosa alegando un derecho real. Esto se aplica también a los sucesores a título universal" (…) La citada disposición expresa en su primera parte el principio general de que nadie puede cambiar por sí mismo la causa de la posesión (nemo ipse sibi causam possessionis mutare potest). Sin embargo, la norma citada no tiene un carácter absoluto, por el contrario ella misma prevé los supuestos en que opera el cambio de detentador a poseedor, identificando estos: 1) por causa proveniente de un tercero; 2) por propia oposición frente al poseedor por cuenta de quien detentaba la cosa. Al respecto Ripert nombrado por Gonzalo Castellanos Trigo en su libro "Posesión, Usucapión y reivindicación señala: "...que el tenedor puede transformarse en poseedor verdadero y detentar la cosa de un modo útil. Esta transformación no resulta un simple cambio de voluntad de parte del detentador, por lo que debe abandonar su título primitivo con hechos; por lo que debe operar un reemplazo de la posesión precaria por una posesión verdadera. Esa interversión tiene lugar de dos maneras: 1º. Por una causa que proviene de un tercero y 2º. Por una contradicción a los derechos del propietario". O como señala el autor Néstor Jorge Musto, en su obra Derechos Reales: "Para que exista interversión del título, no bastan las simples manifestaciones de voluntad, (...), sino que la actitud debe consistir en hechos exteriores que impliquen una verdadera contradicción a los derechos del propietario, un verdadero alzamiento contra su derecho, que puede revestir la forma judicial, aunque no es necesario que se plantee un litigio, o actos de fuerza que impidan al propietario el ejercicio de su derecho. Estos actos, por lo tanto, deben revestir un carácter ostensible e inequívoco para tener la consecuencia que la introversión apareja, cual es la de convertir la tenencia en posesión".

III.6.- De la valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”. 
Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba, “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es: La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla.
Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el Juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar las todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 397 del Código de Procedimiento Civil.

Orientado por otra parte, respecto a la actividad valorativa de la prueba por parte de los de instancia en el Auto Supremo N° 240/2015 que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”. 


III.7.- De la verdad material.-

Sobre dicho principio este Supremo Tribunal de Justicia ha orientado en sus diversos fallos como el Auto Supremo Nº 131/2016 en sentido que: “…en este Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía al Juez o Tribunal ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, ya que ahora los jueces y Tribunales deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que el Juez tiene la posibilidad incluso más amplia de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tiene su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso, por lo que en conclusión, el Juez tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales.

En este entendido la averiguación de la verdad material resulta trascendente para que el proceso conduzca a decisiones justas, en un Estado Social Constitucional de Derecho, donde la solución de los conflictos, se basa en el establecimiento de la verdad como como única garantía de la armonía social.”.

Así también el Auto supremo Nº 225/2015 al respecto ha orientado que: “Para resolver el fondo del asunto es preciso referir lo que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha razonado respecto a la verdad material y la irretroactividad de la norma, a raíz de que el Tribunal de Garantías dispuso resolver el caso en sujeción a lo previsto por el art. 180.I de la Constitución Política del Estado; en ese entendido, diremos que respecto a la verdad material en Sentencia Constitucional Plurinacional No. 1662/2012 de 1 de octubre, señaló que “II.3. Principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Entre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la Constitución Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derecho y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Jurisdiccional y de otras instancias, se encuentran impelidos de dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal.”.

Por otra parte la Sentencia Constitucional 0713/2010-R de 26 de julio al respecto ha establecido que: “El art. 180. I de la CPE, prevé que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio procesal de verdad material, que abarca la obligación del juzgador, a momento de emitir sus resoluciones, de observar los hechos tal como se presentaron y analizarlos dentro de los acontecimientos en los cuales encuentran explicación o que los generaron; de ello, se infiere que la labor de cumplimiento de este principio, refiere a un análisis de los hechos ocurridos en la realidad, anteponiendo la verdad de los mismos antes que cualquier situación, aunque, obviamente, sin eliminar aquellas formas procesales establecidas por la ley, que tienen por finalidad resguardar derechos y garantías constitucionales.

El ajustarse a la verdad material, genera la primacía de la realidad de los hechos sobre la aparente verdad que pueda emerger de los documentos; aplicando este principio, debe prevalecer la verificación y el conocimiento de éstos, sobre el conocimiento de las formas.”

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que, del análisis del recurso de casación se advierten reclamos tanto de forma como de fondo interpuestos indistintamente, a los efectos de una adecuada argumentación jurídica y por metodológica estructural de una resolución, conforme a lo orientado en la doctrina aplicable III.1, corresponde absolver de inicio  los cuestionamientos de forma.

Como un reclamo de forma invoca la falta de motivación del Auto de Vista, en principio corresponde reiterar que de acuerdo al análisis emitido en el punto III.2, la motivación de las resoluciones no implica una exposición ampulosa y reiterativa, sino que este derecho emergente del Debido proceso se tiene por cumplido cuando la resolución a emitirse tiene una explicación lógica o el razonamiento justificado  del por qué, se está asumiendo una determinación, extremo que no implica una aceptación en el fondo de la determinación, sino una revisión en la estructura de una resolución.

Partiendo de lo anotado, en el caso en cuestión del análisis del Auto de Vista objeto de Litis, se denota que para revocar la decisión de primera instancia basa su fundamento en que: “se evidencia que mediante formulario de Declaraciones de fs. 247 la demandante MARIA DENNY LOTORE ROSAS manifestó voluntariamente: “En Primera instancia mi persona tiene posesión pacífica y continuada desde hace 15 (quince años atrás) como casera del finado Sr. Que en vida respondía al nombre de JORGE MANCILLA MOTENEGRO, quien me dio conjuntamente a mi esposo Wilder Fermín Guerrero Zabala, para cuidar el domicilio que ubica entre las calles Joliden No.80 y Ballivian de la zona Barrio Lindo, es así que desde el año 1981 habite el lugar (…)” así mismo, tampoco se valoró el Formulario de declaraciones de fs. 251 donde el Sr. WILDER FERMIN GUERRERO ZABALA, esposo de la demandante expresó: “Yo vivía en la calle Holidey No. 80 esquina Ballivian, ese domicilio pensé que pertenecía al Sr. Jorge Mancilla o Cecilia Rivas, en su oportunidad yo vivía como invitado a vivir ahí, por el Sr. Jorge Mansilla, quien me invito a vivir a su casa, fui a vivir ahí aproximadamente en 1982”; a estos hechos se debe sumar que la demandante MARIA DENNY LOTORE ROSAS  inicialmente al plantear la demanda de usucapión decenal en el memorial de fojas afirma que el Sr. JORGE MANCILLA se encontraba en posesión del mismo inmueble objeto de litigio, empero, en forma notoriamente contradictoria durante la tramitación del proceso cambia su argumento y señala que el Sr. Jorge Mancilla Jamás estuvo en posesión del bien inmueble objeto de litigio.

Conforme al análisis efectuado de manera precedente se llega a conclusiones de que el Juez a quo no ha realizado una correcta valoración de las pruebas documentales descritas de manera precedente, las cuales denotan que la demándate MARIA DENNY LOTORE ROSAS y su familia no tiene la calidad de poseedores sobre el bien inmueble objeto de litigio conforme a lo exigido por el articulo 87 parágrafo I) del Código civil, pues no cuenta con el animus, elemento esencial y componente para determinar la existencia de posesión conforme a la norma descrita precedentemente, sino por el contrario tienen acreditado que se ingresó al inmueble objeto de la Litis fue en calidad de tolerados con los efectos que deviene el artículo 90 del Código Civil.

I.5.- Por último, en lo referente a las construcciones del inmueble objeto de litigio, se evidencia que la demandante MARIA DENNY LOTORE ROSAS no acredito la antigüedad de las mismas y tampoco han producido prueba idónea que acredite que ella realizó las mismas  con sus propios recursos económicos…” del contexto de lo señalado a prima facie, se advierte una respuesta clara y concreta o justificación razonada, del por qué, la pretensión de Usucapión no está siendo acogida por este Tribunal, en si basan su decisión en la ausencia de animus y la calidad de tolerado del demandante y la insuficiencia de prueba para demostrar que fueron ellos los que realizaron las construcciones, argumentos que denotan la existencia de motivación de la resolución impugnada, no resultando correcto el reclamo invocado.

Como otro reclamo alude, que con toda la prueba adjunta al proceso ha demostrado que han vivido juntamente con su esposo e hijos, quienes habrían nacido en el inmueble y que se les reconoció que viven en la calle Holidey No.80, y de igual forma expresa que se habría presentado prueba testifical que son contestes en tiempo y lugares en sentido que le conocen y que está poseyendo por más de diez años.


Que con carácter previo, corresponde reiterar el entendimiento asumido por este Tribunal en sentido que para la procedencia de la pretensión de usucapión decenal o extraordinaria que fue planteada por la recurrente, se deben cumplir con ciertos requisitos que son necesarios, es decir, que deben concurrir los dos elementos de la posesión, que son: el corpus, que es la aprehensión material de la cosa y, el animus, que se entiende como el hecho de manifestarse como propietario de la cosa, posesión que debe ser pública, pacífica, es decir, que para una persona sea considerada poseedora y se reconozca la posesión alegada, se debe demostrar primordialmente esos dos elementos, como ser el animus y el corpus, entendimiento que ha sido desglosado en el punto III.3, adentrándonos en el elemento animus, en caso de no ser demostrado este elemento de la posesión nos encontramos frente a lo que en nuestra legislación establece como detentador o tolerado, debido a que en este caso se está reconociendo dominio ajeno sobre el mismo, es precisamente esa actitud lo que marca la diferencia; conforme a lo orientado en la doctrina aplicable III.4.


En el caso de autos, si bien conforme señalan los recurrentes existirá elementos probatorios como ser documentales y testificales que generarían un criterio de una aparente posesión alegada, empero, no puede dejarse de lado el entendimiento asumido por el Tribunal de apelación quien haciendo una revisión minuciosa del proceso ha determinado que los ahora demandantes carecen de animus como para invocar posesión alguna, en vista de que habrían ingresado al bien inmueble objeto de Litis reconociendo la calidad de quien creyeron propietario (ahora fallecido), demostrándose de esa manera su calidad de tolerados en la Litis haciendo inviable la pretensión invocada conforme al entendimiento asumido en los puntos III.3 y III.4, extremo que no ha sido enervado por ningún medio probatorio existente en la causa,  no resultando lógico pretender desconocer ese antecedente en la causa en contravención del principio de verdad material enfocado en el acápite III.7,  por cuanto no existiendo elemento probatorio que enerve la calidad de tolerado de los demandantes u otro medio que evidencia la interversion de esa calidad, la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de apelación resulta correcta y enfocada en los elementos que resultan trascendentales en la presente causa, actitud que va en consonancia con lo esgrimido en el tópico III.6, resultando infundado su reclamo.


En cuanto a su acusación que se habría violado los arts. 1286, 1287 y 1289-I del CC, ya que su demanda está respaldada por las pruebas que cursan de fs. 162 a 168 ratificadas por su Persona las de fs. 1.172, 1109 a 1112 y fs.  1116, 1114, 1115, 1117, 1118 a 1124, 1126 a 1128, 1130  a 1132, 1150, 1151 a 1159 y 1261 a 1265, pruebas documentales que han de demostrar que vive conjuntamente con su familia en la calle holiden No. 80 de esa ciudad.


Sobre lo acusado corresponde ratificarnos en lo señalado supra en sentido de que estos elementos probatorios citados de forma general no han de enervar la calidad de tolerados que ostentaban los ahora demandantes, por lo que, no habiendo sido desvirtuado este punto las mismas resultan intrascendentes a los efectos de la presente causa.


Aduce que se aplicó erróneamente el art. 138 del CC debido que este artículo determina que la única condición que se requiere para adquirir el derecho propietario sobre un bien, es la posesión continuada durante diez años, extremo que no habría sido apreciado.


Lo alegado resulta repetitivo, debido a que este extremo ha sido analizado supra, orientando que la posesión alegada para ser válida debe contener esos dos elementos, animus y corpus,  y uno de esos elementos como ser el animus resulta ausente en la posesión alegada, es por dicho motivo que la misma ha sido rechazada por el Tribunal de apelación.


En cuanto a la alegación que la declaración invocada por el Tribunal de segunda instancia, resulta viciada de nulidad por que fue extraída bajo presión, este punto no pasa de ser simples conjetura sin sustento probatorio alguno, por lo que, no merece mayor análisis.


En cuanto al reclamo inherente a que se hubiesen vulnerado sus derechos y garantías, en el entendido de que sus medios de prueba no habrían sido valorados, sobre este punto conforme se ha expuesto los mismos resultan intrascendentes al presente caso, debido a que no enervan la calidad de los demandantes, por lo que, los mismos no han de modificar la decisión de fondo asumida.


Por los motivos expuestos corresponde dictar resolución conforme determina el art. 220.II del Código Procesal Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 1868 a 1874, interpuesto por  María Denni Lotore Rosas y Wilder Ferman Guerrero Zabala contra el Auto de Vista de fecha 05 de agosto de 2015 de fs. 1855 a 1858 vta.,  pronunciado por  la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, con costas y costos.


Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.000 (mil Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.