TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 1200/2016

Sucre: 24 de octubre 2016

Expediente: SC 03 16 A                                                                                    Partes: Dimas  Ademar  Carrasco  Cuellar.  c/  Carmen  Mery Daza de Carrasco y

             otros.        

Proceso: Nulidad de declaratoria de herederos.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 141 a 148 formulado por Dimas Ademar Carrasco Cuellar contra el Auto de Vista Nº 522 de 20 de octubre de 2015, cursa de fs. 139 y vta., pronunciado por Sala Civil, de Familia y Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dentro el proceso de nulidad de declaratoria de herederos seguido por Dimas Ademar Carrasco Cuellar en contra de Carmen Mery Daza de Carrasco y otros, la concesión de fs. 152, los antecedentes procesales; y,

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Décimo en lo Civil y Comercial, pronuncia el Auto Nº 345/15 de 18 de junio de 2015 que cursa de fs. 102 y vta., que declara probada la excepción de prescripción extintiva en cuanto a la demanda principal.

Apelada la Sentencia se emite el Auto de Vista de fs. 139 y vta., que confirma el Auto apelado, con el fundamento de citar el art. 1029 del código civil aludiendo que el heredero tiene 10 años para aceptar la herencia, refiriendo que aun tomando en cuenta la minoridad del actor, el plazo para aceptar la herencia se computa desde la gestión de 1992 y su derecho expiró en la gestión de 2002 habiendo dejado de prescribir su derecho, por ello no puede demandar actos de hacía 37 años; el Ad quem aludiendo el criterio del apelante respecto de haber confundido su derecho de acción con su calidad de heredero-, ante dicho enfoque formal señala que se aplica el principio de verdad material para activar una pretensión se requiere de un interés legítimo  que emerja de un derecho, que en el caso de autos quedó extinguido.

II.- CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Acusa la ilegal conformación de Sala, refiriendo que en fs. 137, se efectuó la convocatoria del vocal semanero de Sala Civil Segunda, alegando que el proceso no fue sorteado, alega que con dicha providencia no fue notificado, impidiendo que se ejerza el derecho de recusar, al convocado, refiere que el presidente de la Sala y el secretario incumplieron el deber de controlar y administrar la distribución de causas por sorteo, como señala el art. 55.2 y 94.II.2 de la Ley Nº 025.

Acusa infracción del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, manifestando que no se pronunció sobre los agravios insertos en el memorial de apelación; refiriendo haber expuesto sobre el desconocimiento de los institutos jurídicos al objeto procesal y la legitimación, refiere sobre los presupuestos procesales de forma y de fondo, refiere que ninguno de estos aspectos ha sido considerado por su persona, se ha confundido su derecho de acción con la calidad de heredero, y cuestiona si el derecho a formular las pretensiones de fs. 48 a 51 vta., ha prescrito o el derecho a aceptar o renunciar la herencia ha prescrito, refiere que el Juez ha dispuesto la prescripción de la declaratoria de herederos, que es contradictorio cuando el objeto del  proceso no es la calidad de heredero, ni existe una demanda reconvencional que cuestione su condición de heredero.

Alega vulneración a la tutela judicial efectiva, refiriendo que en la presente causa se busca la nulidad de la declaratoria de herederos no siendo requisito que se hubiera interpuesto oposición de la declaratoria de herederos.

Cita el art. 679 del Código de Procedimiento Civil para señalar que en la resolución se hace referencia a la imprescriptibilidad de la nulidad, no obstante considera que la misma ha prescrito, refiere que la nulidad no está sujeta a prescripción, alegando que el Tribunal de alzada no se ha pronunciado sobre todas las pretensiones.

Cita el art. 30,11) de la Ley Nº 025 y arts. 1 num. 16) y 134 del Código Procesal Civil, para cuestionar si los elementos de prueba fueron descritos, si los hechos fueron verificados y el análisis de los medios de prueba producidos, cita el art. 180.I de la Constitución Política de Estado y la Sentencia Constitucional Nº 0713/2010-R.

Refiere que el auto de Vista en apariencia hubiera resuelto el recurso empero vulneró el art. 236 del Código de Procedimiento Civil en relación al art. 227 del mismo cuerpo legal, citando la pertinencia de una resolución, y acusa inexistente motivación y transcribe el Auto Supremo Nº 23/2015.

Solicitando se anule el Auto de Vista.

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- De la nulidad de la declaratoria de herederos.-

En el Auto Supremo Nº 364/2012 de 25 de septiembre, este tribunal ha emitido jurisprudencia respecto a la viabilidad de la pretensión una nulidad de declaratoria de herederos, exponiendo lo siguiente: “…tomando en cuenta la naturaleza de las cuestiones planteadas, referente a una pretensión de nulidad de declaratoria de herederos ha desarrollado jurisprudencia, exponiendo lo siguiente: “Finalmente, debió tomarse en cuenta que se puede anular la declaratoria de herederos: 1) cuando el heredero no está incluido a la sucesión llamada por ley; y 2) cuando se ha falsificado documentos para acreditar una filiación que le permite entrar de manera fraudulenta dentro la orden de llamamiento para la sucesión del de cujus. Siendo esos los dos presupuestos, por los cuales se puede admitir y sustanciar una demanda de nulidad de declaratoria de herederos, aspecto que en el caso en concreto no acontece…”

Al margen de lo dispuesto en las causales contenidas en el art. 1021 del Código Civil, el fallo citado describe la permisión impugnar una declaratoria de herederos por vía de nulidad siendo las causales específicas.

III.2.- De la improponibilidad de una pretensión.-  

Respecto a la improponibilidad de una pretensión, corresponde citar el desarrollo del  Auto Supremo Nº 324/2013 de 20 de junio, citando jurisprudencia anterior se ha señala lo siguiente: “Ahora el aspecto de una demanda improponible, ha sido desarrollada por la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación, como se describe del Auto Supremo Nº 428 de 6 de Diciembre de 2010, en el que se ha desarrollado la siguiente jurisprudencia: “En el marco de esa facultad fiscalizadora, corresponde puntualizar que, como estableció este Tribunal a través de los Autos Supremos 428, de 6 de Diciembre de 2010; y 344, de 8 de Octubre de 2010, el artículo 333 del citado Código establece que, cuando la demanda no se ajuste a las reglas establecidas podrá el Juez ordenar de oficio se subsanen los defectos dentro del plazo prudencial que fije y bajo apercibimiento de que si no se subsanaren se la tendrá por no presentada.

Que, frente a la interposición de una demanda el Juez tiene el deber de efectuar un primer examen de admisibilidad, el cual, según la citada norma, parecería limitarse a la verificación del cumplimiento de las reglas referidas a la forma de la demanda como acto de postulación, establecidas en el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

No obstante lo que se desprende de la literalidad de la norma transcrita, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido de manera concordante que la facultad del Juez puede ir más allá de ese análisis de cumplimiento de presupuestos de admisibilidad extrínsecos o formales y, extenderse a los requisitos de admisibilidad intrínsecos, e incluso a los de fundabilidad o procedencia de la pretensión.

Para lograr desentrañar adecuadamente el poder que ejerce el Juez frente a la interposición de una demanda, resulta relevante distinguir, entre el control formal de la demanda y, el control material o de fondo; o lo que el autor Carlo Carli denomina condiciones de procedibilidad y de fundabilidad.

En el primer caso, una vez deducida una determinada pretensión el Juez no queda automáticamente conminado a admitirla y promover en consecuencia el proceso, debe en principio analizar la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de las formas necesarias de las que debe estar revestido al acto de demanda. Constituye pues un juicio netamente formal que se realiza es ante  cualquier análisis sobre el fondo de la pretensión y está relacionado con el poder reconocido al Juez de sanear el proceso lo más pronto posible, para librarlo de impedimentos y óbices formales y facilitar el rápido y ordenado pasaje a las etapas vinculadas al mérito. En consecuencia, en este examen de admisibilidad el Juez deberá tener en cuenta, por ejemplo, si el conocimiento de la demanda que se le presenta es de su competencia o no; si la demanda se ajusta a las reglas previstas por el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, una vez comprobada por el Juez la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de los requisitos formales, le corresponde efectuar un control de la proponibilidad o fundamento intrínseco de la acción tal como ha sido propuesta. A diferencia del control formal, el juicio de fundabilidad opera con elementos que corresponden al derecho material, con los preceptos sustanciales llamados a zanjar la litis en la sentencia definitiva.

Respecto de las condiciones de fundabilidad, el autor argentino Peyrano señala que "Presentada la demanda ante el Juez, éste deberá analizar (entre otras cosas) la proponibilidad objetiva de la pretensión y para ello deberá consultar el ordenamiento y comprobar "en abstracto" si la ley le concede la facultad de juzgar el caso. El mencionado autor refiere el rechazo in límine por "improponibilidad objetiva de la demanda", es decir, no ya por carencia de condiciones de procedibilidad, sino por evidente infundabilidad.

El concepto de "improponibilidad", fue postulado por Morello y Berizonce, en un trabajo llamado "improponibilidad objetiva de la demanda", en el que se estableció que le está permitido al Juez, fuera de los supuestos de inhabilidad formal de la demanda, disponer su repulsa in limine juzgando sin sustanciación acerca de su fundabilidad o merito, cuando el objeto perseguido (por la pretensión) está excluido de plano por la ley, en cuanto esta impida explícitamente cualquier decisión al respecto, o la improcedencia derive de la no idoneidad, juzgada en abstracto, de los propios hechos en que se funda la demanda (causa petendi), los que no son aptos para una Sentencia favorable.

El rechazo in limine o ab initiode la demanda por falta de fundabilidad o por carecer de un interés tutelado por el ordenamiento, tiene como fundamento evitar un inútil dispendio de la función jurisdiccional, puesto que de admitirse el trámite de una demanda improponible y que así será sancionada al culminar el proceso, no sólo se atenta contra los principios de economía procesal y celeridad, sino que se activa y recarga inútilmente la labor de los órganos jurisdiccionales.

Ahora bien, corresponde precisar en qué situaciones resulta legítimo rechazar in limine una pretensión; es decir en qué casos el Juez debe ejercer la facultad de repulsar una demanda por infundabilidad o improponibilidad objetiva.

Al respecto, son varios los criterios de clasificación que adopta la doctrina, empero, diremos que en principio esa facultad comprende aquellas pretensiones en las que falta un interés susceptible de ser protegido, o demanda imposible; de la multiplicidad de relaciones subjetivas que se suceden en el tráfico jurídico no todas encuentran un amparo por el derecho, existen relaciones jurídicas que se crean al margen de la legalidad y que el ordenamiento las priva de tutela jurídica por estar en pugna con el orden público o ser contrarias a la ley…”

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El art. 106 del Código Procesal Civil (Ley No. 439), permite a este Tribunal efectuar una revisión de los antecedentes del proceso, como los presupuestos procesales de fondo que resultan ser esenciales para su desarrollo.

Consiguientemente se dirá que los presupuestos procesales de fondo, son elementos procesales indispensables para el desarrollo del proceso, entre estas se encuentran el interés de obrar, la legitimidad para obrar y la posibilidad jurídica, esta última “posibilidad jurídica” se encuentra identificada con la pretensión procesal, que tiene que ver con lo solicitado por el demandante, si la misma puede ser acogida o no en Sentencia, la misma es entendida en la doctrina como la improponibilidad de la pretensión, por lo que se pasa a verificar la misma en sujeción al contenido de la demanda.

El actor en su demanda de fs. 48 a 51 vta., describe haber aceptado la herencia de su causante Alejandro Carrasco Vaca, asimismo refiere que los otros coherederos Mery Daza Franco Vda. de Carrasco, y María Elva, Juan Antonio, Mery Cecilia y Bismarck Alejandro Carrasco Daza tramitaron su declaratoria de herederos ante el Juez Segundo de Instrucción en lo Civil de Santa Cruz de la Sierra emitiéndose el Auto de 11 de septiembre de 1978 mediante el cual los declaró herederos de Alejandro Carrasco Vaca, y luego de ello mediante acta de 23 de febrero de 1979 fueron posesionados en distintos bienes, registrando los mencionados actos en la oficina de Derechos Reales; señala que en dicho trámite no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inc. 3) del art. 643 del Código de Procedimiento Civil, pese de haber tomado conocimiento que el actor también es descendiente del mismo causante, siendo el actor un heredero con igual derecho que los nombrados, posteriormente los otros herederos transfirieron parte de uno de los bienes hereditarios (fundo rustico), en favor de Alfredo Mercado Allende y Teresa Lora de Mercado, refiriendo que tácitamente se han dividido la herencia, cuando la división debe comprender a la totalidad de los herederos bajo pena de nulidad; por lo que peticiona la nulidad de la declaratoria de herederos, el procedimiento de posesión hereditaria, la cancelación de la inscripción de dichos actos en la Oficina de Derechos Reales y la nulidad de todo acto de disposición de los bienes hereditarios en particular del fundo rústico efectuado en favor de Rene Alfredo Mercado Allende y Teresa Lora de Mercado.

Conforme a la doctrina descrita en el punto III.1, se tiene que la nulidad de declaratoria de herederos, solo puede ser demandada en dos hipotéticos, la primera cuando el heredero no se encuentra incluido dentro de los llamados a la sucesión (no confundir con la exclusión  de heredero que señala el art. 1086 del Código Civil), y cuando se ha falsificado documentos para acreditar una filiación que sirvió entrar en el orden de los llamados a la sucesión hereditaria; salvo los casos que describe el art. 1021 del Código Civil que es exclusivo de acreedores.

La descripción contenida en la tercera parte del art. 643 del Código de Procedimiento Civil, solo tiene carácter referencial, pues la aceptación de la herencia es siempre expresa o  tácita, por lo que la omisión de no haber descrito al resto de herederos (actor) en el trámite de declaratoria de herederos no puede anular una aceptación de la herencia, en la que tiene el objeto principal de cotejar el parentesco del causante y los herederos, que fue efectivizado en dicho trámite de declaratoria de herederos (aceptación expresa de la herencia) que fue tramitada por Mery Daza Franco Vda. de Carrasco, y María Elva, Juan Antonio, Mery Cecilia y Bismarck Alejandro Carrasco Daza respecto a la sucesión de Alejandro Carrasco Vaca, que fue reconocido por el actor en su propia demanda; por lo que al no estar adecuado el argumento fáctico a lo que dispone la jurisprudencia descrita en la doctrina aplicable contenida en el punto III.1, no correspondía tramitar el presente proceso, porque la pretensión jurídicamente no es posible, ello implica que la misma se torne en improponible en los términos descritos en la doctrina aplicable III.2., consiguientemente se evidencia que el actor ha planteado una pretensión principal improponible, cuyo argumento fáctico no se acomoda a las causales descritas para una nulidad de “declaratoria de herederos”; sin embargo de ello, corresponde también referirse a la última pretensión respecto a los actos de disposición del fundo rústico por parte de los demandados herederos, la misma puede ser tramitada si considera el actor, que existe elementos fácticos que estuvieran amparados por la norma civil- en contra de los herederos y los adquirientes, o en su defecto instar la acción por división de la herencia en contra de los herederos; con similar criterio, respecto a las causales de la nulidad de declaratoria de herederos, se ha emitido el Auto Supremo Nº 324/2013 de 20 de junio.

Por lo que al haber advertido que no concurre uno de los elementos de los “presupuestos procesales” como el de la posibilidad jurídica de la pretensión (improponibilidad de la pretensión), corresponde anular el proceso sin reposición.

Consiguientemente este Tribunal emite resolución en la forma descrita por el art. 220.III. num. 1) inc. c) del Código Procesal Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 42.I num. 1) de la Ley N° 025 y lo dispuesto por el art. 220.III num. 1) inc. c) del Código Procesal Civil, ANULA el proceso sin reposición, salvando los derechos del actor a la vía aconsejada por ley respecto a su última pretensión.

Sin responsabilidad por ser excusable el error incurrido.

En aplicación del art. 17.IV de la Ley Nº 025 remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Relator: Mgdo: Dr. Rómulo Calle Mamani.