TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A  C I V I L 




Auto Supremo: 1195/2016

Sucre: 24 de octubre 2016

Expediente: LP-229-15-S

Partes: Eusebia  Quispe  de  Mollericona.  c/  Mario  Rolando  Méndez  Aguilar  y

            Graciela Campero Chalar.

Proceso: Nulidad  de  Escrituras  Públicas y Cancelación de Partidas en Derechos

              Reales.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en  el fondo de fs. 388 a 392 de obrados, interpuesto por Eusebia Quispe de Mollericona contra el Auto de Vista Nº 287/2015, de fecha  14 de agosto de 2015, cursante de fs. 385 a 386  pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de Nulidad de Escrituras Públicas y otro seguido a instancia de Eusebia Quispe de Mollericona contra Mario Rolando Méndez Aguilar y Graciela Campero Chalar, la respuesta al recurso de fs. 394 a 399 vta., la concesión del recurso de fs. 400, los antecedentes del proceso; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Tramitado el proceso, el Juez Primero de Partido en lo Civil Comercial de la ciudad de El Alto -La Paz, pronunció Sentencia Nº 21/2015, de fecha  26 de enero de 2015,  por el cual declaro IMPROBADA la demanda de fs. 46, 47 y 48 de obrados, interpuesta por Eusebia Quispe de Mollericona y declaró PROBADA la demanda reconvencional cursante de fs. 85 a 86, 87 y 88 de obrados, interpuesta por Mario Rolando Méndez Aguilar y Graciela Campero Chalar, reconociéndose por consiguiente el mejor derecho de propiedad que asiste a Mario Rolando Méndez Aguilar y Graciela Campero Chalar sobre el inmueble ubicado lote de terreno ubicado en la Urbanización Rosas Pampa, Lote No 11, Manzana Q-1, con una extensión superficial de 489.00 Mts2, disponiéndose que los actores puedan ejercer todas las acciones tendientes al uso, goce y disfrute de su derecho propietario, sea sin costas por ser juicio doble.

Contra esta resolución la parte demandante interpuso recurso de apelación cursante de fs. 356 a 360 vta. en cuyo mérito la Sala Civil Tercera del Tribunal departamental de Justicia de La paz pronunció Auto de Vista Nº 287/2015, por el cual CONFIRMO la Sentencia Nº 21/2015 de fecha 26 de enero de 2015, todo en aplicación del art. 237.I-1) del Código de Procedimiento Civil con costas en ambas instancias, con los siguientes fundamentos:  Que los actos relacionados guardan conformidad titularía coherente y que la actora Eusebia Quispe de Mollericona, manifestando ser actual Presidente del Club de Madres Rosas Pampa, en vigencia del plazo probatorio no ha justificado ni ha probado la ilegalidad que supuestamente supone de todas y cada una de las escrituras públicas relacionadas, al margen de que la demanda de fs. 46, 47 y 48 no fue planteada conforme el art. 327 y menos aún haberse cumplido con el art. 375-1) ambos del Código de Procedimiento Civil. Los demandados Mario rolando Méndez Aguilar y Graciela Campero Chalar han justificado y probado su demanda reconvencional en cuanto al derecho propietario actual que les asiste sobre el inmueble tantas veces mencionado. El Juez A quo en la decisión optada ha actuado con criterio legal, sin que el recurso de apelación por impertinente enerve las consideraciones y parte resolutiva de la Sentencia.


Contra la Resolución de Alzada la parte recurrente Eusebia Quispe de Mollericona  interpuso recurso de casación en la forma y  en el fondo, cursante de fs.  388 a 392 de obrados, el cual se analiza:


II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:


En la forma:


1.-Acusa falta de valoración de las pruebas  de fs. 4,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 19,20,21,24,25,40, así como no fue valorada la Escritura Pública 599/88 que cursa de fs. 20 a 21, Escritura pública que dio lugar al registro de la Partida 01184234, con el cual nace el derecho propietario de la recurrente.


2.-Denuncia falta de motivación en el Auto de Vista recurrido pues en la medida que en que las resoluciones contengan los fundamentos de hecho y derecho el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa.


En el fondo:


1.- Indica que la prueba de fs. 372 consistente en el informe No 15/2015 emitido por el Notario de Fe Pública  Rubén López Patzi, demostraría la nulidad de la Escritura Pública, por faltar requisitos en el contrato y el objeto o la forma prevista por Ley, siendo la escritura No 599/88, de fecha 19 de Octubre de 1988 nula.

2.- Acusa violación de los arts. 1283,1286,1296 y 1287 del Código Civil por haber realizado una mala valoración de las pruebas presentadas 4,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,y 40.


3.- Finalmente acusa la violación del art. 115 parágrafos I y II de la Constitución Política del Estado.


De la Respuesta al Recurso de Casación.-


La demandante refiere que existirían irregularidades por parte de los demandados a pesar que en dicho año los demandados no tenían ninguna relación con el bien inmueble objeto del presente proceso, en ese sentido la demandante por motivos que desconocemos después de enterarse que la directiva de su club de madres decidió transferir el bien en el mes de julio de 1992, mediante testimonio No 771/92 en favor de los esposos Celestino Nina Quispe y Flora de Nina en fecha 21 de julio de 1992, mismo que se registró en oficinas de Derechos Reales bajo la partida Computarizada Nº 01170749, el 11 de agosto de 1992, enterándose se esta transferencia la demandante intento sin ningún mandato o poder otorgado por el entonces Club de Madres en noviembre de 1992 volver a registrar en Derechos Reales el bien que ya había sido inscrito con el mismo instrumento público ( 599/88) es decir a simple vista se puede observar que es la demandante quien trato de manera ilegal apropiarse de un bien inmueble.


Con relación a la prueba que no habría sido valorado se puede evidenciar que la demandante adjunta cuanto papel y documento tenía a la mano, sin que la mayoría pudiera aprobar sus ilógicas pretensiones, llegando a adjuntar documentos que tenía en mano, sin que la mayoría demuestre sus ilógicas pretensiones, cayendo en irregularidades e ilegalidades al momento de tratar de inscribir nuevamente un bien que ya había sido transferido por los titulares del derecho propietario al dueño y vendedor de sus mandantes.


Respecto a que hace mención que la Escritura Pública No 599/88 es totalmente fraguada no indica las razones de porque sería fraguada la misma, hace referencia a Crisóstomo Aguilar pero esta persona no interviene en ninguna de las transferencias realizadas desde la compra del bien de Rosa Aguilar de Paredes al Club de Madres y tampoco interviene en la venta entre Celestino Nina  a sus poderdantes. Asimismo resulta totalmente paradójico que la demandante acuse de nulidad un documento que ella misma pretendió registrar, es decir volver a inscribir derecho propietario en noviembre de 1992, bajo la partida nulo No 01184234.


Respecto de la Escritura Pública No 599/88 de fecha 19 de Octubre de 1988 que cursa de fs. 63 a 64 que sería según la demandante totalmente fraguada y surge de hecho ilícitos debe señalar que el documento fue adjunto al proceso por ambas partes, así como se hizo una inspección a la matriz que lo contiene en la Notaría de Fe Pública correspondiente y que inclusive se remitió una copia legalizada de la misma por lo que no adolece de ninguna irregularidad.

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales:


En la Sentencia Constitucional 0012/2006-R de 4 de enero, respecto a la motivación de las resoluciones se ha razonado que: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria…”.

De igual manera la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre estableció que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…”, criterio reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio.

Por otra parte, en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0903/2012 de 22 de agosto, se ha señalado que: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”.

En la Sentencia Constitucional Plurinacional 0075/2016-S3 de 8 de enero sobre la fundamentación y motivación de una resolución se ha concretado: “…es una obligación para la autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omite la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una parte estructural de la misma”.

III.2.- En relación a la valoración de la prueba:


El Auto Supremo Nº 146/2015 de 06 de marzo, ha señalado que: “…se ha establecido por este Alto Tribunal que la valoración de la prueba en general compete privativamente a los Jueces de grado, siendo soberanos en su valoración con facultad incensurable en casación para decidir la causa, tomando en cuenta las pruebas esenciales y decisivas, tal como se infiere de los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento”.


Respecto a lo anterior el Auto Supremo Nº 410/2015 de 09 de junio, ha concretado que: “…es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. En esta tarea jurisdiccional, la examinación de la prueba es de todo el universo probatorio producido en proceso, siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia”.


Por otra parte el Auto Supremo Nº 184/2015 de 11 de marzo, al referirse a los principios generales que rigen a las pruebas judiciales ha especificado que: “…el principio de la unidad de la prueba”, que establece que el conjunto probatorio del proceso forma una unidad y como tal, debe ser examinado y merituado por el Órgano Jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas, señalar sus concordancias, discordancias y concluir sobre el convencimiento global que se forme de ellas, es decir; que las pruebas deben ser apreciadas en forma conjunta de acuerdo al valor que les asigna la ley o a las reglas de la sana critica. “Principio de la comunidad de la prueba”, establece que la prueba no pertenece a quien la suministra, es inadmisible pretender que esta favorezca a la parte que la allega al proceso, una vez incorporada legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario”.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

1.-Acusa falta de valoración de las pruebas de fs. 4,9,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,40, así como no fue valorada la Escritura Pública 599/88 que cursa de fs. 20 a 21, Escritura Pública que dio lugar al registro de la Partida 01184234, con el cual nace el derecho propietario de la recurrente.


Con relación a lo reclamado debemos decir que el Tribunal de Alzada debe circunscribirse a absolver los agravios expresados en el recurso de apelación conforme la pertinencia del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, en ese sentido el Tribunal de Alzada se refirió a las pruebas indicando: “que se adjunta a fs. 13 informe emitido por Derechos Reales de fecha 11 de octubre de 1993 y que en su segunda parte indica taxativamente que la partida 01184234 ( supuestamente original y única) de 20 de octubre de 1992 se encuentra nula por duplicidad del registro, documentos que fueron valorados para fundar su decisión de manera integral, antecedentes de dominio de propiedad fácilmente evidenciables por la relación que existe entre las Escrituras Públicas de compra venta que sucesivamente son registradas en los antecedentes del registro del Derecho propietario del bien de manera legítima e integral y que no exigen fundamentación legal como alega la recurrente. Asimismo respecto a la prueba el Tribunal de Alzada se refirió en el punto 3) del primer considerando y refirió: “En relación a la prueba el art. 375 y el art. 1283 del Código Civil establece que la prueba incumbe al actor en cuanto al hecho constitutivo de su derecho, en ese sentido debemos decir que muchos de los documentos no fueron considerados pues se tratan de memoriales de fs. 11 y 12 que no tienen nada que ver con los puntos de hecho a probar, otros son informes que indican y ratifican la nulidad de la partida que supuestamente es original y única fs. 9, 10, 13 es decir que el título de propiedad y el antecedente que originó las ventas están insertos en los documentos ofrecidos en calidad de prueba dentro de la causa.   En ese sentido las pruebas que reclama la recurrente que no fueron valoradas por el Tribunal de Alzada, si fueron consideradas, sin embargo la recurrente debe tener presente que algunas de ellas como el mismo Tribunal de Alzada lo reconoce no fueron considerados pues se tratan de pruebas que no tienen nada que ver con los puntos de hecho a probar o con las pretensiones de las partes, no siendo evidente lo acusado por la parte recurrente.


Con relación a la segunda parte de su reclamo referida a que no fue valorada la Escritura Pública No 599/88 que cursa de fs. 20 a 21 de obrados y que demostraría el derecho propietario de la recurrente, debemos decir que el Tribunal de Alzada si se refirió a dicha escritura en el considerando Segundo  punto I, indicando que Rosa Aguilar de Paredes por Escritura Pública Nº 599 de fecha 19 de Octubre de 1988 , vende al Club de madres “Rosas Pampa” un inmueble lote de terreno de la superficie de 489 Mts2., No 11, Manzano Q1, ubicado en la urbanización Rosas Pampa de la ciudad de El Alto y que se registra en la partida computarizada No 01184234 de fecha 20 de noviembre de 1992, cursante a fs. 21 y 22 del proceso. En el punto I.1. Indica: “la misma Escritura Pública No 599 de fecha 17 de octubre de 1988 por datos que cursan de fs. 63 a 64 del proceso, fue registrada en la partida computarizada No 01030557 de fecha 24 de febrero de 1989, vigente en razón de que la oficina de Derechos Reales por informe No 600357 declara que por razón de duplicidad la Partida No 01184234 de fecha 20 de noviembre de 1992 fue cancelada y por lo tanto inexistente”. De lo transcrito se evidencia que el Tribunal de Alzada si valoro la mencionada Escritura Pública, la misma que evidencia el derecho propietario del Club de Madres Rosas Pampa, existiendo una doble inscripción de esa escritura, y por duplicidad fue cancelada la Partida 01184234, no siendo evidente que no se habría valorado dicho medio probatorio.


2.- Acusa falta de motivación en el Auto de Vista recurrido pues en la medida que en que las resoluciones contengan los fundamentos de hecho y derecho el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa.


Al respecto diremos que conforme la doctrina aplicable en el punto III.1 la motivación de la resolución está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria. El Tribunal de Alzada expreso las razones o motivos por los cuales confirmó la Sentencia refiriendo que los antecedentes de la venta del lote de terreno objeto de la Litis, expresando estos antecedentes en el considerando II y en los puntos I., I.1, II y III del Auto de Vista e indicando” que los actos relacionados guardan conformidad titularía coherente y que la actora Eusebia Quispe de Mullericona, manifestando ser actual Presidente del Club de madres de Rosas Pampa, en vigencia del plazo probatorio no ha justificado ni probado la ilegalidad que supuestamente supone de todas y cada una de las Escritura Públicas relacionadas en el anterior considerando, al margen de que la demanda de fs. 46, 47 y 48 no fue planteada conforme el art. 327  y menos aún haberse cumplido con el art. 375- 1) ambos del Código de Procedimiento Civil.


En ese sentido el Tribunal de Alzada expreso las razones para confirmar la Sentencia de primera instancia indicando que la demandante no ha cumplido con demostrar las causales de nulidad respecto a la Escritura Pública No 599/88, no habiendo probado la nulidad de la misma durante el periodo probatorio, razón por la cual la demanda fue declarada improbada, no siendo evidente que en la Resolución de Alzada existiera falta de motivación como acuso la parte recurrente.


3.- Indica que la prueba de fs. 372 consistente en el informe No 15/2015 emitido por el Notario de Fe Pública Rubén López Patzi, demostraría la nulidad de la Escritura Pública, por faltar requisitos en el contrato y el objeto o la forma prevista por Ley, siendo la escritura No 599/88, de fecha 19 de Octubre de 1988 nula.


Al respecto diremos que la prueba cursante a fs. 372 consistente en el informe No 15/2015 emitido por el Notario de Fe Publica Rubén López Patzi fue presentada en segunda instancia, la misma conforme el proveído de fs. 381,  sin embargo, el informe que observa la parte recurrente no es conducente para demostrar su pretensión de nulidad de la mencionada Escritura Pública, porque el mismo evidencia que cursa en archivos el protocolo de dicha escritura y que las partes suscribientes son por una parte Rosa Aguilar de Paredes como vendedora y en calidad de compradoras figuran el Club de Madres Rosas Pampa a través de sus representantes, así como se evidencian las firmas y rubricas de las partes, en ese sentido dicha prueba no sirve para enervar la pretensión de la parte recurrente, pues más bien demuestra el derecho propietario del Club de Madres Rosas Pampa y la legalidad de la mencionada escritura, en ese sentido lo que observa la parte recurrente carece de sustento legal.


Al margen de ello la recurrente debe comprender que si bien este informe menciona que Crisóstomo Aguilar no figura como propietario o vendedor del lote objeto de Litis, esta persona no interviene en ninguna escritura pública de transferencia en favor de los demandados, ni tampoco en la transferencia efectuada por Rosa Aguilar de Paredes al Club de Madre Rosas Pampa, de donde proviene el derecho propietario de la parte demandada.


4.- Acusa violación de los arts. 1283, 1286, 1296 y 1287 del Código Civil por haber realizado una mala valoración de las pruebas presentadas de fs. 4,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,y 40.


Conforme el reclamo diremos que los artículos que acusa de vulnerados la recurrente se refieren a la carga de la prueba la misma que corresponde a las partes las cuales deben probar el hecho o los fundamentos de su pretensión y asimismo quien pretende que ese derecho sea modificado o extinguido debe probar este aspecto, así como a la apreciación de la prueba, pues conforme la doctrina aplicable en el punto III.2 los jueces de la causa deben valorar el conjunto probatorio aportado al proceso el cual forma una unidad y como tal, debe ser examinado y merituado por el Órgano Jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas, señalar sus concordancias, discordancias y concluir sobre el convencimiento global que se forme de ellas, es decir; que las pruebas deben ser apreciadas en forma conjunta de acuerdo al valor que les asigna la ley o a las reglas de la sana critica, en ese sentido los Tribunales de instancia valoraron las pruebas aportadas por ambas partes determinando que el derecho propietario de la parte demandada tiene como antecedente la compra venta del Lote de terreno ubicado en la urbanización Rosas Pampa Manzano Q-1 Lote No 11 realizada por Rosa Aguilar de Paredes al Club de Madre Rosas Pampa, bajo la Partida computarizada 1030557 mediante la Escritura Pública 599/88 de fecha 19 de Octubre de 1988, posteriormente el Club de Madres Rosas Pampa mediante Testimonio Nº 771/92 vende el mencionado Lote en favor de los esposos Celestino Nina Quispe y Flora López de Nina en fecha 21 de julio de 1992, mismo que se registró en Derechos Reales bajo la Partida computarizada No 01170749 y mediante testimonio No 531/2007 Celestino Nina Quispe y Flora López de Nina venden el referido lote de terreno en favor de los actuales demandados Mario Rolando Méndez Aguilar y Graciela Campero Chalar en fecha 30 de agosto de 2007, que los mencionados hechos no solo fueron demostrados por las Escrituras Públicas de referencia,  las cuales se adjuntaron como prueba sino también por el informe emitido por la Oficina de Derechos Reales de la ciudad del Alto, cursante a fs. 53, que evidencia que los demandados tienen registrado su Derecho Propietario bajo la Partida No 2014010091108 sobre el lote de terreno objeto de la Litis, razón por la cual fue declarado el mejor derecho propietario a favor de ellos, en cuanto a la demanda reconvencional.


Asimismo por el informe de Derechos Reales cursante a fs. 126 de obrados que evidencia que la Partida computarizada No 01184234 con fecha de ingreso 20/11/1992, bajo la Escritura Pública No 599,  de fecha 19/10/88 se encuentra observada por duplicidad, en razón de haberse inscrito la misma Escritura Pública No 599 de fecha 19 de Octubre de 1988 bajo la Partida 01030557 de fecha 24 de febrero de 1989 en favor del Club de madres “Rosas Pampa”  y se canceló la Partida No 01184234 de fecha 20 de noviembre de 1992, así como la tarjeta de propiedad quedando sin efecto la misma, en ese sentido la demandante pretende hacer valer un derecho propietario que fue observado por duplicidad, siendo que al presente la recurrente no tiene ningún derecho propietario registrado a su nombre.


Con relación a la mala valoración de las pruebas de fs. 4,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,y 40., debemos decir que existe un contrasentido por parte de la recurrente ya que por una parte acuso la no valoración de las mismas en el recurso de casación en la forma y por otra acusa la mala valoración, siendo incongruente este acusación, no siendo coherente la recurrente al plantear el reclamo que de no se habrían valorado dichas pruebas y acusar al mismo tiempo su mala valoración. Sin embargo abstrayendo esta incongruencia debemos decir que las pruebas que acusa de mala valoración no son conducentes para demostrar su pretensión de nulidad de la Escritura Pública No 599, menos demuestran causal de nulidad para hacer procedente su pretensión, razón por la cual lo acusado por la parte recurrente carece de sustento legal.


Asimismo muchas de las pruebas que observa la recurrente demostraron por el contrario la legalidad del derecho propietario de los demandados, desvirtuando que existieran causales para declarar la nulidad de la Escritura Pública cuestionada, y por el contrario demostraron el mejor derecho de propiedad que le asiste a Mario Rolando Méndez Aguilar y Graciela Campero Chalar el mismo que fue valorado por los Tribunales de instancia, declarando probada la demanda reconvencional, razón lo cual los reclamos traídos a esta etapa casacional no resultan evidentes.


5.- Finalmente acusa la violación del art. 115 parágrafos I y II de la Constitución Política del Estado. Con relación a lo observado diremos que el art. de referencia en sus parágrafos I y II establece la protección oportuna y efectiva que debe tener toda persona por los jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos, así como que el Estado garantiza el debido proceso y una justicia pronta, oportuna y gratuita. Ahora bien, de la revisión del proceso se evidencia que la recurrente tuvo la protección efectiva por parte de los jueces de instancia, haciendo uso de todos los medios probatorios a su alcance para demostrar su pretensión, así como uso el debido proceso haciendo uso de los recursos de impugnación en el transcurso del proceso como el recurso de apelación y casación, no siendo evidente que se hubiese vulnerado dicho artículo, toda vez que el proceso se desarrolló en igualdad de condiciones para ambas partes demandante y demandada habiendo producido prueba la mismas que fue valorada por los jueces de instancia, no siendo cierto la vulneración del mencionado artículo.


Por lo que corresponde a este Tribunal emitir resolución conforme lo establece el art.220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220-II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO  el recurso de casación en la forma y en  el fondo de fs. 388 a 392 de obrados, interpuesto por Eusebia Quispe de Mollericona contra el Auto de Vista Nº 287/2015, de fecha  14 de agosto de 2015,  pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas y costos.


Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1000.-


Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Duran.