TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                 S A L A  C I V I L 


Auto Supremo: 1192/2016

Sucre: 24 de octubre 2016

Expediente:        SC-185-15-S

Partes: Eduardo Enrique Gutiérrez Romero y Danny Alan Gutiérrez Romero c/ Erwin Torrico Valverde.

Proceso: Resolución de Contrato

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 111 a 113 de obrados interpuesto por Erwin Torrico Valverde contra el Auto de Vista Nº 35/2015, de fecha 30 de septiembre de 2015,  pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de Resolución de contrato seguido a instancia de Eduardo Enrique Gutiérrez Romero y Danny Alan Gutiérrez Romero contra Erwin Torrico Valverde, la respuesta al recurso de fs. 116 a 117, la concesión del recurso de fs. 118., los antecedentes del proceso; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO

Tramitado el proceso, el Juez  Décimo Primero de Partido en lo Civil Comercial de la ciudad de Santa Cruz pronunció Sentencia No 23/2015, de fecha 22 de abril de 2015, cursante de fs. 90 a 91, por la que declaró PROBADA en todas sus partes la demanda saliente de fs. 13 a 14, interpuesta por Eduardo Enrique Gutiérrez Romero y Danny Alan Gutiérrez Romero y dispuso la resolución del contrato de fecha 28 de agosto de 2006, relativo a contrato de transferencia de inmueble con reserva de propiedad, suscrito entre Erwin Torrico Valverde y Eduardo Enrique Gutiérrez Romero en calidad de vendedor saliente de fs. 3 a 5 de obrados. Una vez ejecutoriada la sentencia se ordena al demandado Erwin Torrico Valverde entregue el bien inmueble a favor del demandante en el plazo de 10 días a partir de la notificación, con la presente resolución bajo prevención de librarse el correspondiente mandamiento de Ley. 

Contra la Resolución de Alzada el demandado Erwin Torrico Valverde interpuso recurso de apelación, cursante fs. 93 a 94, en cuyo mérito la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz pronunció Auto de Vista Nº 35/2015, de fech30 de septiembre de 2015, cursante de fs. 107 a 108, por el cual CONFIRMO en todas sus partes la Sentencia de fecha 22 de abril de 2015, con costas con los siguientes fundamentos: Con relación al primer y tercer agravio, se tiene que el Juez de Primera instancia si ha valorado correctamente las pruebas de cargo y de descargo, conforme lo establece el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, de lo cual resulta evidente que el demandado Erwin Torrico Valverde solo pago hasta la cuota 83, para cubrir la obligación contraída y suscrita por el demandado. Además la hipotética proposición de pago parcial o total de la deuda solo quedo en una proposición solamente, por lo que al no haberse cumplido la condición esencial del pago para que se perfeccione la transferencia del bien inmueble objeto principal del presente proceso. Nótese que es evidente la carga de la prueba del demandante, lo cual no excluye al demandado de la responsabilidad de probar y destruir lo aseverado por el demandante, consecuentemente el contrato debe ser resuelto.

Con relación al segundo agravio, se tiene que la Sentencia no vulnera el art. 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la misma además de descriptiva, valorativa e intelectiva decidió el litigio en primera instancia de forma expresa, positiva y precisa, sobre la resolución del contrato por incumplimiento, en base a las pruebas producidas en el proceso, cumpliendo las formalidades y contenido necesario para su validez legal como el encabezamiento, la parte considerativa y la parte resolutiva la misma que contiene decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda y sobre la excepción opuesta, declarando la resolución del contrato por incumplimiento y la entrega del bien inmueble al demandante.

Contra esta resolución de Alzada el recurrente Erwin Torrico Valverde interpuso recurso de casación en el fondo cursante de fs. 111 a 113,  el cual se analiza.

II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACION

Del contenido del recurso de casación se extraen los siguientes reclamos:

1.- Acusa interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley concretamente del art. 375 del Código de Procedimiento Civil, con respecto a la carga de la prueba indica que el demandante no produjo prueba alguna concreta y suficiente para probar su pretensión, no habiendo cumplido con la carga de la prueba, pues refiere que  las planillas de cuotas de pagos e impagos  y recibos de cuotas de pago de fs. 82 y 83 que fueron pagados por su persona, no cuentan con ningún reconocimiento de firmas y las cuotas de pagos e impagos son únicamente efectuados por los trabajadores de los demandantes y no llevan firma de propietario, por lo tanto no tienen ningún valor legal y que lo único cierto y evidente es el contrato, más no así el incumplimiento por lo que solicita a este Tribunal casar el Auto de Vista recurrido y declarar improbada la demanda.

2.- Acusa violación en la aplicación e interpretación de la ley específicamente del art. 3 inc.3) del Código de Procedimiento Civil, con respecto al principio de igualdad de las partes ya que solo menciona que su persona en audiencia conciliatoria ofreció el pago total de la supuesta deuda, siendo que en realidad ofreció el pago de sus cuotas atrasadas en presencia del Juez, mencionando que solo debía las cuotas desde que inicio el presente juicio, solo y exclusivamente porque el demandante no quiere aceptar el pago, habiendo rechazado el mismo en presencia del Juez de la causa.

De la Respuesta al Recurso de Casación.-

La parte demandante contesta al recurso refiriendo que no puede plantearse el recurso de casación de manera indiscriminada y sin la debida fundamentación,  es decir sin cumplir con los requisitos y sin diferenciar el recurso de casación en la forma y en el fondo, lo que demuestra que interpuso el presente recurso solo por dilatar el proceso. Asimismo refiere que si en el proceso existieron supuestas violaciones la parte recurrente no reclamo los presuntos actos ilegales en su oportunidad. Respecto a las pruebas indica que la parte recurrente no objetó en su momento ninguna de las pruebas aportadas al proceso, como tampoco produjo prueba que desvirtúe la demanda, por lo que cualquier derecho a reclamar a precluído.

Concluye que la Sentencia y el Auto de Vista han sido dictados dentro del marco legal y por ende constitucional, cumpliendo la finalidad para que han sido creados, es decir, la administración de justicia imparcial, obedeciendo las normas establecidas y principios constitucionales.

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO.

III.1. De la carga de la prueba

Previamente a ingresar a considerar la carga de la prueba, nos referiremos a lo que debe entenderse por prueba, para dicha finalidad citaremos a Carlos Morales Guillen  quien en su obra titulada Código Civil Concordado y anotado, citando a Messineo, señala: “Prueba es la representación de un hecho y, por consiguiente es la demostración de la realidad (o de la irrealidad) del mismo. Si el hecho no se prueba, según las reglas dadas al efecto por la ley, es como si no existiese. La finalidad de la prueba es afirmar los hechos jurídicos, entendido este término en su más amplia acepción, hechos  naturales, hechos humanos y actos y negocios jurídicos…”.

Ahora bien, dicho autor, sobre la carga de la prueba inmersa en el art. 1283 del Código Civil, señala: “…..el peso de la prueba recae en quien demanda una determinada pretensión frente otro, que debe probar los hechos en los cuales fundamenta su demanda. El demandado puede limitarse a negarla, dejando toda la carga de la prueba al demandante (ei incumbit ptrobatio qui dicit,  nom qui negat). Mas si el demandado alega hechos diversos de los deducidos por el actor que, sin negarlos necesariamente, sean incompatibles con éstos y les quiten eficacia, ya porque tengan carácter extintivo (v. gr. Pago), impeditivo (v. gr. Vigencia de plazo pactado) o modificativo (v. gr. Excesiva onerosidad sobrevenida) está obligado a probar su excepción conforme  a la segunda parte del axioma citado supra”.

En relación a dichas consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia emitió varios Autos Supremos, entre ellos el Nº 162/2015 de fecha 10 de marzo de 2015,  que sobre este punto señala: “Respecto a la carga de la prueba, acusada en el recurso de casación, se debe considerar que, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones incorporadas por los litigantes en el proceso con la finalidad de crear en el juzgador pleno convencimiento con relación a los hechos del proceso para cuya finalidad, las pruebas deben ser apreciadas de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, conforme al sistema de apreciación legal de la prueba y el valor probatorio que les asigna la Ley o de acuerdo a las reglas de la sana crítica en previsión del art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 del Código de Procedimiento Civil….”

III.2. En relación a la valoración de la prueba:

El Auto Supremo Nº 146/2015 de 06 de marzo, ha señalado que: “…se ha establecido por este Alto Tribunal que la valoración de la prueba en general compete privativamente a los Jueces de grado, siendo soberanos en su valoración con facultad incensurable en casación para decidir la causa, tomando en cuenta las pruebas esenciales y decisivas, tal como se infiere de los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento”.

Respecto a lo anterior el Auto Supremo Nº 410/2015 de 09 de junio, ha concretado que: “…es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. En esta tarea jurisdiccional, la examinación de la prueba es de todo el universo probatorio producido en proceso, siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia”.

Por otra parte el Auto Supremo Nº 184/2015 de 11 de marzo, al referirse a los principios generales que rigen a las pruebas judiciales ha especificado que: “…el principio de la unidad de la prueba”, que establece que el conjunto probatorio del proceso forma una unidad y como tal, debe ser examinado y merituado por el Órgano Jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas, señalar sus concordancias, discordancias y concluir sobre el convencimiento global que se forme de ellas, es decir; que las pruebas deben ser apreciadas en forma conjunta de acuerdo al valor que les asigna la ley o a las reglas de la sana critica. “Principio de la comunidad de la prueba”, establece que la prueba no pertenece a quien la suministra, es inadmisible pretender que esta favorezca a la parte que la allega al proceso, una vez incorporada legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario”.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

1.- Acusa interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley concretamente del art. 375 del Código de Procedimiento Civil, con respecto a la carga de la prueba indica que el demandante no produjo prueba alguna concreta y suficiente para probar su pretensión, pues refiere que  las planillas de cuotas de pagos e impagos  y recibos de cuotas de fs. 82 y 83 que fueron cancelados por su persona, no cuentan con ningún reconocimiento de firmas.

Con relación a lo reclamado por el recurrente debemos decir que el art. 375 del Código de Procedimiento Civil, se refiere a la carga de la prueba, en ese sentido corresponde al demandante o actor en cuanto hecho constitutivo de su derecho y demandado en cuanto a la existencia de su derecho impeditivo, modificatorio o extintivo del derecho del actor. En el caso de Autos el demandante al presentar la demanda ha presentado la prueba que acredita su pretensión, pues conforme lo reconoce el demandante ha presentado el contrato cursante de fs. 3 a 5 de transferencia de bien inmueble con reserva de propiedad, el cual está con reconocimiento de firmas dotando de plena validez al mencionado documento. Asimismo ha adjuntado la planilla de pagos cursante de fs. 9 a 11 donde se evidencia las amortizaciones al capital,  los intereses y las cuotas canceladas, cumpliendo con su obligación de la carga de la prueba, pues conforme a la doctrina aplicable en el punto III.1 el peso de la prueba recae en quien demanda una determinada pretensión frente otro, que debe probar los hechos en los cuales fundamenta su demanda, documentales que no han sido observadas objetivamente por la parte demandada.

En ese sentido  si  el recurrente consideró que la prueba aportada respecto a los pagos no resulta idónea porque no cuenta con su firma o en su caso con un reconocimiento de firmas, debió observar esta situación en el momento oportuno, así como aportar prueba que desvirtúe la presentada por el actor, es decir que evidencia que el sí cumplió con las cuotas mensuales  y en todo caso demostrar el cumpliendo de su obligación respecto al contrato suscrito, sin embargo, el recurrente no ha desvirtuado por ningún otro medio probatorio que los recibos observados no son ciertos, con la aclaración que los recibos de fs. 82 a 83 no corresponde a estos pues en las fojas referidas se encuentran las conclusiones del recurrente.

2.- Acusa violación en la aplicación e interpretación de la ley, específicamente del art. 3 inc.3) del Código de Procedimiento Civil, con respecto al principio de igualdad de las partes ya que solo menciona que su persona en audiencia conciliatoria ofreció el pago total de la supuesta deuda, siendo que en realidad ofreció el pago de sus cuotas atrasadas en presencia del Juez, mencionando que solo debía las cuotas desde que inicio el presente juicio.

Con relación a lo observado debemos decir que si bien el art. 3 inc.3) del Código de Procedimiento Civil se refiere a que el Juez de la causa debe tomar todas las medidas necesarias para asegurar la igualdad efectiva de las partes, dentro del proceso, este Tribunal no encuentra que los jueces de instancia hubieran vulnerado este artículo, pues si bien es cierto que en la audiencia de conciliación cursante a fs. 78, el recurrente ofreció el pago de $us. 1890, mas la cuota de $us. 160, la parte demandante expreso que no estaba de acuerdo con conciliar porque no era la primera vez que había intentado hacerlo, ante el incumplimiento del hoy recurrente, no obteniendo buenos resultados. En ese sentido existiendo desacuerdo entre las partes, el Juez de la causa no podía obligar a una conciliación, toda vez que la misma se da cuando ambas partes se ponen de acuerdo. Al no llegar ambas partes a un acuerdo conciliatorio, el proceso debe continuar con su normal trámite, actuar que no implica vulneración al principio de igualdad de las partes, como erradamente pretende el recurrente.

Al margen de ello existiendo por parte del recurrente incumplimiento de las cuotas de pago respecto al contrato suscrito, este hecho habilitaba al demandante a exigir la resolución del contrato, pues ante el incumplimiento de la obligación el demandante tenía la vía expedita para la resolución del contrato, debiendo el recurrente demostrar que respecto a su obligación asumida en el contrato este había cumplido, valiéndose para este efecto de todos los medios probatorios, pues conforme la doctrina aplicable en el punto III.2 la valoración de la prueba se hace de todo el conjunto probatorio, teniendo en su manos el recurrente  el deber de aportar elementos de prueba para desvirtuar los fundamentos expuestos por el demandante en el proceso.

Por los fundamentos expuestos corresponde a este Tribunal emitir resolución conforme lo establece el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código de Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 111 a 113 de obrados interpuesto por Erwin Torrico Valverde contra el Auto de Vista Nº 35/2015, de fecha 30 de septiembre de 2015,  pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán