TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                        S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 1158/2016                                                                    Sucre: 07 de octubre 2016                                                         Expediente:        SC-172-15-S                                                                    Partes: Lilian Zaida Tribeño Nogales c/         Humberto Sejas                        

Proceso: Nulidad de Contrato y Otro                                        

Distrito: Santa Cruz

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 342 a 345, formulado por Humberto Sejas, contra el Auto de Vista No. 18/15 de 21 de mayo de 2015 de fs. 336 y vta., pronunciado por el Juzgado de Partido de Sentencia de Yapacaní del Departamento de Santa Cruz, en el proceso de Nulidad de Contrato y Otro, seguido por Lilian Zaida Tribeño Nogales contra Humberto Sejas; concesión de fs. 370 y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Juez de Instrucción Mixto y Cautelar de Yapacaní Provincia Ichilo del Departamento de Santa Cruz, dictó Sentencia No. 05 de fecha 2 de junio de 2014 cursante de fs. 149 a 153, por el que se declaró PROBADA la demanda de fs. 20 a 22 y de fs. 32 a 33 (según sentencia), sobre Nulidad de Contrato y Cancelación de Matrícula en Derechos Reales interpuesta por Lilian Zaida Tribeño Nogales contra Humberto Sejas. En consecuencia, se ordena la cancelación del derecho propietario registrado bajo el Asiento A-1 que corresponde a la Matrícula Computarizada No. 7.04.3.01.0004184 a nombre de Humberto Sejas, restituyendo el derecho propietario de posesión del terreno de la demandante en todas sus partes.

Resolución que fue apelada por Humberto Sejas por memorial de fs. 156 a 157 vta.

En mérito a esos antecedentes, el Juzgado de Partido de Sentencia de Yapacaní del Departamento de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista No. 18/15 de 21 de mayo de 2015 de fs. 336 y vta., por el que CONFIRMA la Sentencia apelada de fecha 02 de junio de 2014, argumentando que: 1.- Que fuera evidente que conocido el objeto de la demanda, la misma no tuvo con fin declarar derecho de propiedad o mejor derecho de propiedad, la demanda tuviera como pretensión, la declaración de nulidad de un documento de transferencia de inmueble, y la cancelación de la inscripción en derechos reales. 2.- Con relación a la indebida apreciación de la prueba acusando que se tomó en cuenta la confesión judicial de la demandante, que contradice a la prueba pericial, se pudiera  establecer que la juez no solo tomó como base para dictar Sentencia la prueba pericial, sino todo el conjunto de la prueba, si debía tomarse en cuenta como única prueba la confesión espontánea que hace la demandante, también debía tomarse en cuenta que ella declararía en su demanda ser una persona analfabeta que no sabe leer ni escribir.

Que se debe tomar en cuenta que la falta de consentimiento no fuera causal de nulidad sino de anulabilidad, que sin embargo no obstante no haber hecho esa diferenciación para declarar la nulidad del contrato, por los antecedentes se advertiría que existiría causa y motivo ilícito en la formación del contrato que refiere, señala que las pruebas fueran relevantes, porque la demandante fuera analfabeta, que esa situación le haría vulnerable para ser víctima de engaño.

La determinación de la prueba pericial que señalara no fueran de su autoría, la inexistencia de archivos en la Alcaldía y otros  aspectos que implicarían las causas de nulidad previstas en el art. 549 inc. 3) del Código Civil.

Que el A quo no habría conculcado ninguna disposición legal, menos las acusadas por el apelante.

II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Alega los arts. 250.I, 253 num. 1) y 3 del C.P.C., que dice no fueran tomados en cuenta por los de instancia, que adquirió de buena fe y canceló el precio justo, señalando la forma de pago y los antecedentes que hubieran motivado.

Refiere a los agravios que hubiera sufrido, señalando que la demandante no hubiera demostrado o acreditado derecho propietario, aspecto que no se habría tomado en cuenta.

Por otro lado, la demandante reconocería que suscribió el documento de fecha 19 de marzo de 2004, confesión judicial que haría plena fe, cuestionando las circunstancias y los términos utilizados, calificando de error de derecho sobre la referida prueba, que no hubiera sido considerado por los de instancia.

Como tercer punto señala que la juez de primera instancia basaría su resolución en una sola prueba que fuera contradictoria, la pericial en la que se señalaría que no fuera la firma de la actora, pero que la demandante señalaría que la firma fuera suya.

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

Respecto al error de hecho y error de derecho.

Siguiendo razonamiento doctrinario, se señaló en el Auto Supremo No. 493/ 2012, de 14 de diciembre de 2012, refiriendo que: “…en lo cual es menester señalar que doctrinalmente se entiende por error de hecho cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir , el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente; error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro.

Bajo estos parámetros, y aparejando un contexto normativo en torno a la prueba, el art. 1286 del Código Civil y 397 de su procedimiento, las pruebas producidas deben ser apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, pero sí esta no determina otra cosa, puede hacerlo conforme a su prudente criterio o sana critica; agregando además la norma de procedimiento mencionada, y que el Juez tendrá obligación de valorar las pruebas esenciales y decisivas en Sentencia.”

Auto Supremo No. 293/2013 de 07 de junio 2013 señala que: “…en cambio el error de derecho tiene relación con la otorgación del valor probatorio determinado en ley, es otorgar o negar el valor probatorio que la ley le ha asignado a un medio de prueba, situación concurrente al sistema de valoración de los medios del proceso, por lo que la valoración del elemento probatorio cuando la ley le asigna un valor predeterminado, vincula al Juez con esa valoración legal, y si no fue preestablecido, se recurre a la sana crítica.”

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De principio el recurrente alega las normas que establecen la procedencia del recurso de casación, citando luego las tres casuales por lo que procediera el recurso de casación en el fondo, transcribiéndolo.

1.- Luego de la referencia anterior apunta como “primer agravio”, cual se tratara de un recurso de apelación, “interpretación errónea o aplicación indebida de la ley”, sin embargo en el desarrollo del argumento de ese punto, no refiere a ninguna norma que se hubiera interpretado de manera errónea o que su aplicación fuera indebida, se limita a realizar cuestionamiento que la actora no hubiera demostrado derecho propietario y aspecto que no se hubiera tomado en cuenta por el de segunda instancia. Al margen de lo anterior, es decir no haber hecho referencia a norma alguna como infringida, tampoco señala a cuál de las causales que en principio describió supone que se enmarcaría el supuesto “agravio”, no habiendo demostrado ninguno de los presupuestos contenidos en el artículo que autoriza la procedencia del recurso de casación en el fondo, careciendo de sustento lo afirmado por el recurrente.

2.- Como segundo reclamo una vez más refiere como “agravio” sugiriendo la existencia de error de hecho en la valoración de las pruebas. Para responder a la denuncia señalada, debe entenderse primero que este Tribunal en diversos Autos Supremos como señaló en el punto III de la Doctrina aplicable que se “…entiende por error de hecho cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir , el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente; error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro.”, no obstante ello la pretensión del recurrente es demostrar que existiera contradicción entre lo manifestado en la demanda con relación a lo establecido en el estudio pericial, sin embargo no toma en cuenta que la afirmación es que el demandado le hizo firmar un documento sin que hubiera en verdad conocido el contenido del mismo debido a su escasa preparación, además de la privación de libertad que estaba sufriendo en ese momento, tomando una concepción diferente, es decir, que no realizaba una transferencia sino otro tipo de documento, -reconocimiento de deuda que habría contraído su esposo-, en base a lo anterior no existe evidencia que fuera el mismo documento que refiere haber firmado la actora la que se utilizó en la posterior transferencia y el reconocimiento de firmas y que de manera fehaciente se demostró que son falsas por estudio pericial, consiguientemente aquel desacuerdo no configura error de hecho en la valoración de la prueba.

3.- Como tercer reclamo señala la presunta existencia de error de derecho en la apreciación de las pruebas, y una vez más el argumento es la presunta existencia de contradicción entre lo manifestado por la demandante sobre la firma de un documento con relación a lo establecido por el estudio pericial que determinó la falsedad de las contenidas en las transferencia y el reconocimiento de firmas, ahora con la pretensión que existiera error de derecho, bajo ese reclamo, corresponde señalar que el error de derecho tiene relación con la otorgación del valor probatorio determinado en ley, es otorgar o negar el valor probatorio que la ley le ha asignado a un medio de prueba, situación concurrente al sistema de valoración de los medios del proceso, por lo que la valoración del elemento probatorio cuando la ley le asigna un valor predeterminado, vincula al Juez con lo anterior, y si no fue preestablecido, se recurre a la sana crítica, esto no está en cuestionamiento en el caso de autos pues el A quo en uso de su facultad privativa como Juez de grado ha establecido el valor probatorio del estudio pericial, situación incensurable en casación.

No obstante lo anterior al parecer el sustento que pretende utilizar el recurrente es que hubo nulidad de obrados en el caso de autos que comprendió a la vez el estudio pericial cuestionado, sin embargo el mismo reconoce que a fs. 119 se ratificó la prueba pericial, lo cual es evidente, y el Juzgador de la causa aceptó esa ratificación a fs. 119 vta., mediante proveído de fecha 8 de noviembre de 2011, aspecto no objetado por el hoy recurrente pese a su legal notificación por diligencia de fs. 121, con todo el valor legal para ser considerado en Sentencia, tal como se lo hizo y confirmado por Auto de Vista. Consecuentemente carece de sustento legal la afirmación del recurrente que al parecer pretende el entendimiento que las resoluciones emitidas se hubieran dictado basados en prueba anulada, aspecto que como se tiene referido, no es evidente al haberse ratificado por la parte actora y aceptado por el juzgador como se detalló supra, consecuentemente carece de sustento lo afirmado por el recurrente.

Finalmente el desacuerdo que se muestra en el recurso a lo sostenido por los de instancia, que la demandante no firmó el documento de transferencia, y que sin embargo la actora señalaría que fuera evidente la firma, no existe contradicción como entiende el demandado, pues de la lectura de la demanda se establece que la actora enfatiza que nunca supo que transfirió su inmueble, que nunca asistió a la Notaria de Fe Pública a reconocer su firma, entendiendo que si bien firmó un documento estando privada de su libertad, no existe evidencia como se dijo anteriormente que se tratara del mismo documento que se estableció por estudio pericial que las firmas estampadas en la misma fueran falsas. Bajo esas consideraciones este último desacuerdo del demandado con lo resuelto por los de instancia no tiene sustento alguno para ser considerado como causal de casación que pudiera adecuarse a una de las causales del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, al margen que ni el propio recurrente identifica o adecua aquel aspecto.

Bajo esas consideraciones, al carecer de sustento jurídico las aseveraciones efectuadas por el recurrente, deben ser resueltos por el infundado.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley de Órgano Judicial y en aplicación de lo previsto en el artículo Art. 220.II del Código Procesal Civil (Ley 439) declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo formulado por Humberto Sejas por memorial de fs. 342 a 345 de obrados contra el Auto de Vista  de 21 de mayo de 2015 de fs. 336 y vta. Sin costas ni costos al no haber respuesta al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                                        

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.