TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A  C I V I L 




Auto Supremo: 1151/2016

Sucre 06 de octubre 2016

Expediente: SC-169-15-S

Partes: Rogelio  Miguel  Mercado  Morales.  c/  Miguelina  Arze Quinteros, Joel

            Daniel Mattías Arze y Exiquel Bautista Achu.

Proceso: Reivindicación, desocupación y entrega de bien inmueble.

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: Los recursos de casación cursante de fs. 511 a 520 vta., interpuesto por Miguelina Arze Quinteros, y el de fs. 536 a 543 interpuesto por Exiquel Bautista Achu, ambos contra el Auto de Vista Nº 199/2015 de fecha 23 de julio de 2015, cursante de fs. 418 a 423, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de reivindicación, desocupación y entrega de bien inmueble seguido por Rogelio Miguel Mercado Morales contra Miguelina Arze Quinteros, Joel Daniel Mattías Arze y Exiquel Bautista Achu, los Autos de concesión de los recursos de fs. 533 y de fs. 547, los antecedentes del proceso; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Quinto de Partido en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mediante Sentencia Nº 09/2015, de fecha 5 de febrero de 2015, cursante de fs. 390 a 392 vta., declaró: IMPROBADA la demanda principal de reivindicación, desocupación y entrega de bien inmueble, y PROBADA la demanda reconvencional de usucapión  decenal o extraordinaria interpuesta por Joel Daniel Mattias Arze y por Miguelina Arze de Mattías sobe los lotes de terreno Nº 14 y 15 de la Manzana Nº 5 que se encuentran registrados bajo la matricula Nº 7011990094299, Asiento 1; en consecuencia dispuso la cancelación del registro propietario que se halla registrado a nombre de Rogelio Miguel Mercado Morales sobre la referida matrícula y con relación a los dos lotes de terreno Nº 14 y 15,. Sin constas por ser juicio doble.

Contra la referida resolución, Marco Antonio Mercado Gonzales por sí  y en representación de María Da Gloria Gonzales Frías, Miguel Ángel, Fabiola, Julio Cesar e Isabel Mercado Gonzalez en su condición de herederos forzoso del demandante Rogelio Miguel Mercado Morales, interpuso Recurso de Apelación cursante de fs. 394 a 399 y vta.

En merito a esos antecedentes, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 199/2015 de fecha 23 de julio de 2015, cursante de fs. 418 a 423, que en lo central de dicha resolución los Jueces de Alzada razonaron que el Juez  A quo no cumplió a cabalidad con los requisitos exigidos por los arts. 90, 190, 192 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil, pues consideran que debió resolver las pretensiones en la forma que fueron demandadas, ya que del examen de los medios de prueba producidos en el presente proceso (fs. 01 a 12), quedaría acreditado el derecho propietario del demandante Rogelio Miguel Mercado Morales derecho que adquirió por compra de su anterior propietario Anibar Adalid Mendoza Rosado, probanzas que facultarían al actor para interponer la presente acción de reivindicación, y que debieron ser apreciadas por el Juez A quo, puesto que el actor principal cumplió con la carga de la prueba; de igual forma refirió que de la compulsa de los medios de prueba producidos en la presente acción judicial la parte actora demostró la posesión civil que ejerce sobre los lotes de terreno objeto del proceso, desde el momento de la adquisición del mismo; con relación a la acción reconvencional de usucapión decenal, nulidad de título y cancelación de partida en Derechos Reales, interpuesta por Joel Daniel Mattias Arze y Miguelina Arze Quinteros, señalaron que las declaraciones testificales no concuerdan entre sí a los fines de que puedan ser valoradas como prueba plena, empero no indicarían con exactitud  el tiempo en que se encontrarían posesionados en dichos previos; que de la valoración del acta de inspección judicial, informe técnico de fs. 243 emitido por la Alcaldía de Santa Cruz, documental de fs. 259 a 260, infirió que los reconvencionistas Miguelina Arze Quinteros y Joel Daniel Mattias Arze no cumplieron lo previsto en los arts. 110 y 138 del Código Civil, toda vez que no han demostrado su posesión pública, pacífica y continuada por más de 10 años sobre los lotes de terreno en litigio, pues de acuerdo a la documentación cursante de fs. 266 a 342 y vta., relativa al proceso ejecutivo seguido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito FATIMA Ltda. contra Juan Mattías Amabeja y cónyuge de la reconvencionista Miguelina Arze de Mattías y Joel Daniel, hasta el mes de octubre del año 2001 se encontraban en posesión del bien inmueble ubicado en la zona Sur, U.V. 117, Mza. 9, Lote Nº 35 que fue adjudicado a la mencionada entidad financiera, y no así en los lotes de terreno 14 y 15 de la U.V. 117, Mza 5 con una extensión superficie de 1209.15 mts2., fundamentos estos por el que el Tribunal de Alzada REVOCÓ la Sentencia recurrida en apelación y en consecuencia declaró PROBADA en todas su partes la demanda principal interpuesta por Rogelio Miguel Mercado Morales representado actualmente por sus herederos forzosos Antonio Mercado Gonzales, María Da Gloria Gonzales Frías, Miguel Ángel, Fabiola, Julio César e Isabel Mercado Gonzales, e IMPROBADA la demanda reconvencional interpuesta por Joel Daniel Mattías Arze y Miguelina Arze Quinteros. Asimismo el Tribunal de Alzada ante la solicitud de complementación, aclaración y enmienda interpuesta por Joel Daniel Mattías Arze (fs. 426 a 427 vta.) y por Miguelina Arze Quinteros (fs. 429 a 430 vta.),  pronunció el Auto Nº 96/2015 de fecha 25 de Agosto de 2015 cursante a fs. 431, declarando “No ha lugar” a dichas solicitudes; de igual forma ante la solicitud de complementación, aclaración y enmienda interpuesta por Exiquel Bautista Achu (fs. 478 a 479), declaró “no ha lugar” a la misma, tal como consta del Auto Nº 124/2015 de fecha 05 de octubre de 2015 cursante a fs. 480.

En conocimiento de la determinación de segunda instancia, Miguelina Arze Quinteros y Exiquel Bautista Achu, interpusieron recurso de casación, cursante de fs. 511 a 520 y vta., y de fs. 536 a 543, los mismos que se pasan a analizar:

II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Recurso de casación interpuesto por Miguelina Arze Quinteros (fs. 511 a 520 y vta.)

1. Acusa la vulneración del derecho constitucional al debido proceso en su vertiente al derecho a la fundamentación y motivación de resoluciones judiciales, toda vez que el Auto de Vista recurrido carecería absolutamente de fundamentación, violentando el deber que tiene el Tribunal de Alzada de fundamentar la resolución de segunda instancia conforme impone el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, pues los jueces de segunda instancia solo se habrían limitado a transcribir una Sentencia Constitucional tratando de suplir de esta manera la fundamentación que debe contener toda resolución.

2. Acusa la aplicación errónea e indebida de la Ley 247 de Regularización de derecho propietario a un proceso de usucapión, toda vez que de que en el último fundamento del considerando  I.4. del Auto de Vista se habría señalado que no se demostró la posesión por más de 10 años porque supuestamente habría estado en posesión en otro inmueble cuando en ninguna de las pruebas adjuntadas se demostraría dicho extremo y erróneamente el “Tribunal A quo” aplicaría el art. 12 de la Ley 247, basando su decisión de revocar la Sentencia de primera instancia es la vulneración de dicha norma cuando la misma no se aplicaría a un proceso de usucapión, pues ambos procesos, es decir el de regularización de derecho propietario y la usucapión son procesos diferentes.

3. Denuncia la interpretación errónea de los arts. 1453, 1454 y 138 del Código Civil, ya que a criterio del Tribunal de Ad quem solo con el hecho de demostrar la titularidad de un bien inmueble procede la acción reivindicatorio, desconociendo que el derecho a reivindicar el inmueble ha sido eclipsado con la prescripción adquisitiva que ha operado a su favor por estar en posesión física o real del inmueble por más de 10 años (desde el año 1995), pues habría cumplido con los requisitos establecidos en el art. 138 del Código Civil, los cuales no habrían sido tomados en cuenta por el Tribunal de Alzada.

4. Denuncia error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba documental cursante de fs. 259 a 260, pues no sería evidente que su persona tenga registrado a su nombre derecho propietario alguno, pues conforme a la documental que cursa a fs. 202 se demostraría que su persona no tiene bienes registrados a su nombre; por otra parte señala que con dicha documentación no se acreditaría el hecho de que su persona hubiera estado en posesión de otro inmueble, pues con la prueba inmersa en obrados habría demostrado estar en posesión del inmueble desde el año 1995, por lo que al momento de la interposición de la acción de reivindicación (año 2011) ya habrían pasado 20 años desde su ingreso al bien inmueble.

5. Asimismo, señala haber aportado la prueba suficiente para acreditar que tanto su persona como su familia están en posesión del inmueble por más de 10 años, por lo que acusa que las pruebas documentales (certificaciones) de fs. 27, 29, 45, 46, 99, 171, declaraciones testificales de fs. 153 a 157, así como las de fs. 168 a 170, memorial de fs. 84 y el informe técnico de fs. 243 no fueron valoradas por el Tribunal de Alzada o en alguno de los casos habrían sido valoradas de manera errónea.

6. Respecto a la uniformidad de las declaraciones testificales, acusa que los testigos únicamente dan fe de lo que saben y que dicho extremo no implica que no exista uniformidad, pues contrariamente a lo acusado por el Tribunal de Alzada, estos si darían fe de que están en posesión por más de 10 años.

7. Arguye que el informe técnico debió ser valorado conforme lo establece el art. 441 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el art. 1330 del Sustantivo Civil, contrastando con los demás medios probatorios, así como la confesión espontanea realizada en el memorial de fs. 79 a 80, más aun cuando lo demostrado por dichas pruebas fueron corroborados por el Juez A quo en la inspección judicial, donde constato la existencia de la carpintería que dataría de hace 20 años.

8. Reitera que por la fotostática de fs. 342 no se podría demostrar que estuvo en posesión de otro bien inmueble, y que Joel Daniel Mattias Arze no fue parte y en ninguna providencia se hace mención a su persona, por lo que como reconvencionista independiente demostró su posesión por más de 10 años en el inmueble objeto de la litis.

Por lo expuesto solicita se case el Auto de Vista y su correspondiente Auto Complementario, y en consecuencia se declare firme y subsistente  la sentencia de primera instancia.

De la respuesta al recurso de casación interpuesto por Miguelina Arze Quinteros.

Acusa que la recurrente no expresa con claridad y de forma concreta el fundamento legal del recurso, pues si bien sería un recurso de casación de fondo acusaría normas procesales, es decir que no identifica las violaciones sustantivas o adjetivas ocasionadas en el Auto de Vista, resolución que a criterio de la parte actora habría analizado e interpretado los derechos y hechos suscitados en el caso de autos de manera correcta, sin que exista vulneración de ninguna norma.

Señala que no existe aplicación errónea e indebida de la ley, pues el Tribunal de Alzada únicamente haría referencia al art. 12 de la Ley 247 a modo de establecer una comparación y no así como fundamento o justificación del fallo, pues de la verdad material de los hechos se evidenciaría que ejerció la posesión real y efectiva sobre oro bien inmueble e distinto a los cuestionados en la litis, extremos que se constarían de fs. 340 a 342 y vta., y de fs.  272 a 273, que demuestran que la recurrente habría entrado en posesión del inmueble objeto de la litis en fecha posterior al desapoderamiento que sufrió del anterior inmueble que ocupada, es decir posterior a octubre del año 2001.

Refiere que las declaraciones testificales constatan que la recurrente pretendía comprar el inmueble que ocupaba como casera, quedando desvirtuada la posesión que dice ejercer.

Señala que la recurrente hace un análisis fragmentado del fallo haciendo hincapié solo en la última parte del considerando que se analiza y no de todo el contexto, descartando así los argumentos y fundamentos esgrimidos por el Tribunal Ad quem.

Realizando un análisis de lo expuesto por el Tribunal de Alzada, señala que el Auto de Vista está debidamente sustentado y fundamentado en la normativa legal vigente.

Que el Ad quem hizo una correcta apreciación de las pruebas en lo que respecta a la legitimación activa para reivindicar, puesto que en su calidad de herederos del actor principal, ellos habrían continuado la posesión civil sobre los inmuebles objeto de la litis.

Observa que la recurrente denuncia la errónea interpretación de la prueba, sin señalar en que consiste el error de hecho o de derecho, aspectos que serían indispensables para recurrir en casación, pues sería incensurable el análisis y valoración de la prueba en esta etapa.

Considera que la prueba presentada por Exiquel Bautista Achu, en su memorial de contestación y reconvención a la demanda, al haber sido declara extemporánea la misma no puede ser tomada en cuenta por lo que debe quedar excluida, así como el memorial de referencia; sin embargo infiere que de la lectura de dicho memorial se advertiría que el supuesto comprador reconocía la calidad de propietario a Rogelio Miguel Mercado Morales , por lo que al existir tratativas de venta del inmueble se le permitió ocupar el terreno.

Señala que ante la comprobación del hecho de que la actora ocupaba un inmueble diferente al que pretende usucapir, pretende hacer valer los argumentos esgrimidos por su hijo Joel Mattías Arze, afirmando que este último ejerce posesión sobre los lotes 14 y 15 desde 1995, al no haber sido afectado con el proceso ejecutivo, pretendió así hacer valer a usucapión en favor de su hijo, quien en el caso presente es un heredero de que continua la posesión de su padre.

Por lo expuesto solicita se declare infundado el recurso de casación y como consecuencia se confirme en todas sus partes el Auto de Vista

Del recurso de casación interpuesto por  Exiquel Bautista Achu (fs. 536 a 543).

1. Acusa que el Auto de vista carece de fundamentación violentando el deber que tiene el Tribunal de Alzada de fundamentar la resolución de segunda instancia conforme impone el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, pues los jueces de segunda instancia solo se habrían limitado a transcribir una Sentencia Constitucional tratando de suplir de esta manera la fundamentación que debe contener toda resolución.

2. Acusa la aplicación errónea e indebida de la Ley 247 de Regularización de derecho propietario a un proceso de usucapión, toda vez que de que en el último fundamento del considerando  I.4. del Auto de Vista se habría señalado que no se demostró la posesión por más de 10 años porque supuestamente habría estado en posesión en otro inmueble cuando en ninguna de las pruebas adjuntadas se demostraría dicho extremo y erróneamente el “Tribunal A quo” aplicaría el art. 12 de la Ley 247, basando su decisión de revocar la sentencia de primera instancia es la vulneración de dicha norma cuando la misma no se aplicaría a un proceso de usucapión, pues ambos procesos, es decir el de regularización de derecho propietario y la usucapión son procesos diferentes.

3. Acusa la errónea apreciación del memorial original de fs. 84, donde el actor principal Miguel Mercado Morales en fecha 09 de junio de 1995 solicita la instalación del servicio de luz eléctrica a favor de su persona, indicando que era el comprador del inmueble, lo que demostraría que el actor vendió los terrenos objeto de la litis, quedando así demostrada que su posesión sería desde el año 1995.

4. Denuncia que no fueron valoradas por el Tribunal de Alzada las siguientes pruebas; memorial de fs. 84, la cual señalan que en virtud al principio de verdad material debieron ser apreciadas.

5. Finalmente acusa que la prueba no fue valorada de manera integral sino por el contraria habrían sido valoradas de manera sesgada, aislada con el fin de favorecer a la parte demandante.

Por lo expuesto solicita casar el Auto de Vista y en consecuencia dejar firme y subsistente la Sentencia de primera instancia o en su defecto que dicha resolución de Alzada sea anulada.

De la Respuesta al Recurso de Casación interpuesto por Exiquel Bautista Achu.

Señala que el Auto de Vista de 23 de julio de 2015 se encuentra ejecutoriado para el ahora recurrente, porque la sentencia dictada en el proceso no fue objeto de apelación por su parte, por lo que la misma gozaría de cosa juzgada para el recurrente, por lo que solicita negar dicho recurso de casación.

En razón a dichos antecedentes diremos que:

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- De la motivación de las resoluciones judiciales.

La Sentencia Constitucional 0012/2006-R de 4 de enero, respecto a la motivación de las resoluciones ha razonado que: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria…”.

De igual manera la Sentencia Constitucional 2023/2010-R de 9 de noviembre estableció que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…”, criterio reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio”.

Por otra parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0903/2012 de 22 de agosto, ha señalado que: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”. 

En la Sentencia Constitucional Plurinacional 0075/2016-S3 de 8 de enero sobre la fundamentación y motivación de una resolución se ha concretado: “…es una obligación para la autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omite la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una parte estructural de la misma”. 

III.2.- De la falta de fundamentación en las resoluciones judiciales.

El art. 192 num. 2) del Código de Procedimiento Civil dispone que la Sentencia contendrá la parte considerativa con exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga, el análisis y la evaluación fundamentada de la prueba y la cita de las leyes en que se funda; ahora bien, aparentemente tal disposición legal solo se aplicaría al fallo de primera instancia, porque se refiere en forma expresa al contenido de la Sentencia, empero, ello no es evidente, toda vez que el espíritu o razón de ser de esa norma, en lo concerniente a la necesaria motivación y fundamentación que debe contener toda Resolución jurisdiccional, se aplica también a la Resolución de segunda instancia.

Sin embargo, como es lógico, la fundamentación de la Resolución de Alzada debe circunscribirse a los agravios expuestos en el recurso de apelación, pues al Tribunal de Alzada no le es exigible realizar una motivación respecto a todo lo debatido y controvertido en el proceso, sino únicamente respecto a aquellos motivos apelados, tampoco le es exigible una revalorización total de la prueba, sino solo de aquella que el recurrente acusa de indebidamente valorada o la que se vincula al agravio expuesto por el recurrente.

III.3.- Del principio de Trascendencia.-

Toda vez que, en base a los nuevos principios que rigen las nulidades procesales, ya no corresponde declarar nulidades por anomalías o vicios procesales que no tenga incidencia trascendental en el proceso, resulta pertinente referirnos a uno de estos principios como es: Principio de Trascendencia.- Si bien resulta evidente que el alejamiento de las formas procesales ocasiona la nulidad o invalidez del acto procesal, empero esta mera desviación no puede conducir a la declaración de nulidad, razón por la cual se debe tener presente que para la procedencia de una nulidad tiene que haber un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin daño o perjuicio “pas de nullite sans grieg”, es decir que previamente a declarar la nulidad se debe tener presente el perjuicio real que se ocasionó al justiciable con el alejamiento de las formas prescritas. Y como decía Eduardo J. Couture: "... No existe impugnación de Nulidad, en ninguna de sus formas, sino existe un interés lesionado que reclame protección. La anulación por anulación no vale."

III.4.- De la usucapión decenal o extraordinaria

Este Tribunal Supremo de Justicia, sobre la usucapión decenal o extraordinaria y los requisitos que hacen procedente a dicha acción, emitió una vasta jurisprudencia, correspondiendo en ese sentido, citar entre otros, al Auto Supremo Nº 986/2015 de 28 de octubre, que sobre este modo de adquirir la propiedad señaló: “ … el art. 110 del CC., de manera general refiere: “ la Propiedad se adquiere por ocupación, por accesión, por usucapión…” asimismo en cuanto al tema de la usucapión el art. 138 del mismo cuerpo Sustantivo Civil refiere: “ La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por solo la posesión continuada durante diez años.” acudiendo a la doctrina podemos citar a Carlos Morales Guillem, quien en su obra Código Civil, Comentado y Concordado en cuanto al tema de la usucapión refiere: “La usucapión es la prescripción adquisitiva del régimen anterior, o modo de adquirir la propiedad de una cosa por la posesión de la misma, durante un tiempo prolongado.” De todo lo referido se puede advertir que el elemento esencial en este tipo de acción es la posesión, criterio que se encuentra en consonancia con el aforismo "sine possesione usucapio contingere non potest" el cual significa "sin la posesión no puede tener lugar usucapión alguna", el art. 87 del citado Código, señala que la posesión consiste en el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad, empero, a través de la doctrina y la jurisprudencia se ha establecido que para la procedencia de la posesión es necesario entre otros la existencia de dos elementos constitutivos, uno objetivo, el otro subjetivo: a) el corpus possessionis, es decir, el poder de hecho del sujeto sobre la cosa, el elemento material de la posesión, b) el ánimus possidendi o intención de actuar por su propia cuenta o de alegar para sí un derecho real sobre la cosa. 

De lo que se concluye, que la posesión está integrada por dos elementos el corpus y el ánimus (objetivo y subjetivo), al respecto Ihering citado por Néstor Jorge Musto nos indica “…la determinación del elemento corpus depende fundamentalmente de la naturaleza de las cosas y de la forma habitual u ordinaria en que el dueño se comporta frente a ellas, según su especie y según el destino económico que cumplan (…), y lo mismo ocurre con los inmuebles que pueden estar defendidos por obstáculos materiales o, por el contrario, estar abiertos y libres, de modo que no se trata de posibilidades físicas sobre las cosas y de exclusión, también física, de injerencias de extraños, sino más bien de las invisibles barreras creadas por el orden jurídico que hacen posible el uso económico de las cosas, en orden a la satisfacción de las necesidades humanas”. En cambio respecto del ánimus, indica que se requiere de la presencia, en el sujeto, de una voluntad determinada, de tratar la cosa como si le perteneciera, como si fuera dueño. Al respecto Savigny, a tiempo de desarrollar la teoría subjetiva de la posesión, sostuvo que la misma se distingue de la mera tenencia por el hecho de que consta no solo del dominio físico sobre el objeto (o corpus) sino también de la voluntad de comportarse en cuanto a ese objeto como dueño y propietario (animus domini o “intención de tratar como propia la cosa que debe formar el objeto de la posesión”). A partir de esa postulación se conoce y acepta que la posesión supone la existencia de dos elementos que la componen: el corpus y el ánimus, referidos a la relación de hecho del hombre con las cosas y su provecho material sin dependencia o subordinación a otra voluntad.”

De lo expuesto en dicho Auto Supremo, se tiene que para ser viable la usucapión decenal, deben concurrir necesariamente ciertos requisitos, siendo uno de ellos la posesión, que según lo expuesto en el art. 87 del Código Civil, es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real, de igual forma, este artículo señala que, una persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa, entendiéndose como detentador a los inquilinos, anticresistas, usufructuarios u ocupantes, quienes por su condición de transitorios, no ejercitan posesión por si mismos sino para el propietario o verdadero poseedor del bien; de igual forma corresponde señalar que los actos de tolerancia no  sirven de fundamento para adquirir la posesión (art. 90 del CC.), pues se entiende que en ambos casos, es decir detentador y tolerado, existe ausencia de animus domini, es decir de actos que solo le competen al dueño de la cosa.

Ahora bien, en el caso de que se acredite que existe posesión, en sus dos elementos, esta debe ser continuada durante 10 años, que implica que la posesión durante ese tiempo se ha ejercido ininterrumpidamente, de forma pacífica porque debe ser ejercida sin perturbaciones ni alteraciones que signifiquen reclamos por parte del propietario o por un tercero, y de manera pública porque se ha efectuado según la naturaleza del bien sin ocultar a quien tiene derecho a él. Reunidos esos caracteres o propiamente requisitos, entonces, se habrá cumplido lo que señala el art. 87 del Código Civil.

III.5.- De la valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”. Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba, “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

Razonamiento que tiene relación con la jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo de Justicia, citando para tal efecto el Auto Supremo Auto Supremo Nº 555/2013 de 04 de noviembre 2013 que sobre la valoración de la prueba fundamentó: “Con relación a que no se tomó en cuenta la prueba preconstituida presentada por los actores sin haberle dado ningún valor a la misma, referir que los jueces de instancia están obligados a considerar la prueba aportada por las partes en conjunción y de manera integral, Gonzalo Castellanos en su libro Análisis Doctrinal y Jurisprudencial del Código de Procedimiento Civil Boliviano, citando a Gozaini respecto a la valoración de la prueba señala, “…por apreciación (darle un precio) o valoración (determinar un ajuste cuántico) de la prueba, se entiende el proceso por el cual el Juez califica el mérito de cada medida probatoria explicando en la Sentencia, el grado de convencimiento que ellas le han reportado para resolver la causa”, por su parte Claria Olmedo indica que la valoración de la prueba: “… consiste en el análisis crítico e integral del conjunto de elementos de convicción reunidos y definitivamente introducidos con la actividad práctica anteriormente cumplida; análisis que persigue la obtención, como resultado, de un juicio final de certeza o de probabilidad con respecto al fundamento práctico de las pretensiones hechas valer.

El principio de comunidad de la prueba es: La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el Juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar las todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 397 del Código de Procedimiento Civil.

Orientado por otra parte, respecto a la actividad valorativa de la prueba por parte de los de instancia en el Auto Supremo N° 240/2015 que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”. 

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del análisis de los reclamos expuestos en los dos Recursos de casación, se advierte que todos las acusaciones inmersas en el Recurso de Casación interpuesto por Exiquel Bautista Achu se hallan contenidos en los numerales 1, 2 y 5 de los puntos extractados del Recurso de Casación de Miguelina Arze Quinteros, pues contienen las mismas vulneraciones y omisiones en las que hubiese incurrido el Tribunal de Alzada, por lo que este Tribunal Supremo de Justicia unificará los mismos y dará una sola respuesta, esto en virtud al principio de concentración inmerso en el art. 1 inc. 6) del Código Procesal Civil.

Con relación a la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista, pues los jueces de Alzada sólo se habrían limitado a transcribir una Sentencia Constitucional tratando de suplir la fundamentación que debe contener toda resolución; sobre este reclamo, y conforme a los fundamentos expuestos en los puntos III.1 y III.2 de la doctrina aplicable al caso de autos, donde se dejó establecido que para que una resolución esté debidamente fundamentada y motivada no es necesaria la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino de una estructura concisa y clara que exprese las razones por las cuales se asume una determinada decisión, debiendo estas estar circunscritas a los puntos que fueron objeto de apelación, debemos señalar que conforme a la revisión del Auto de Vista recurrido, se advierte que los Jueces de Apelación en el segundo Considerando de dicha Resolución, después de hacer cita al art. 236 del Código de Procedimiento Civil y efectivamente transcribir parte de una Sentencia Constitucional que se refiere a la fundamentación de las resoluciones judiciales, ya en el caso de autos, específicamente en el punto I.3, procedieron a realizar un análisis detallado y pormenorizado de la prueba documental de cargo con la cual la parte actora habría acreditado su legitimación activa y la procedencia de la acción principal de reivindicación; posteriormente en el punto I.4. del ya citado Considerando, respecto a la acción reconvencional y en virtud al análisis y valoración que hizo de la prueba documental de descargo, testifical de descargo, inspección judicial y de la valoración de la documentación cursante de fs. 259 a 260, evidenció que los reconvencionistas Miguelina Arze Quinteros  y Joel Daniel Mattías Arze no cumplieron con lo previsto en los arts. 110 y 138  el Sustantivo Civil, toda vez que no habrían demostrado la posesión pública, pacífica y continuada por más de 10 años sobre los lotes de terreno en litigio, no habiendo cumplido de esta manera con lo establecido en el art. 1283-II del Sustantivo Civil, extremo que confirmaron con la documentación de fs. 266 a 342 y vta.

De lo expuesto se advierte, que contrariamente a lo acusado por la recurrente, el Auto de Vista, al margen de hacer cita de líneas jurisprudenciales asumidas tanto por este Tribunal Supremo de Justicia como por el Tribunal Constitucional Plurinacional, como de las normas legales en las cuales sustentó su resolución, si se circunscribió a los reclamos que fueron objeto de apelación por la parte actora, otorgando una respuesta clara, precisa y concisa, cumpliendo de esta manera con la debida motivación y fundamentación que debe contener toda resolución judicial, ya que explicó las razones por las cuales asumió dicha determinación, pues no otra significa que justamente en base a la fundamentación expuesta en la resolución de Alzada, la recurrente haya acusado otros reclamos que emergen de dicho extremo, por lo que este primer reclamo deviene en infundado.

Continuando con el análisis de los reclamos expuestos en casación, corresponde referirnos a la omisión valorativa de las documentales de fs. 27, 29, 45, 46, 99 y 171, toda vez que dicho reclamo se constituye en uno de forma y con la finalidad de constatar si dicha omisión resulta o no evidente, revisado los fundamentos que sustentan el Auto de Vista recurrido, se tiene que en el punto I.4. del segundo Considerando, el Tribunal de Alzada, posterior a realizar un resumen de la pretensión reconvencional a la cual se adhirió la recurrente, señaló: “… acompañando la documental cursante a fs. 27, consistente en el Certificado expedido por el Presidente de la Junta Vecinal del Distrito Nº 9, la misma que es corroborada por las certificaciones de fs. 45 a 46, por la cual se certifica que la señora Miguelina Arze Quinteros vive en los referidos lotes de terrenos en compañía de sus hijos y esposo desde el año 1995; así también la documental cursante de fs. 28 consistente en el contrato de incorporación y servicio eléctrico con Código Fijo Nº 165-990 a nombre de Juan Mattias Amabeja de fecha 17 de enero de 1996 corroborada por la  certificación de fs. 99; Certificado de servicios públicos de Saguapac a nombre de Juan Mattias Amabeja saliente a fs. 31; de fs. 37 y vta… (sic)”, asimismo, después de hacer un análisis de los demás medios de prueba que consideró trascendentales para sustentar su decisión, señaló que: “Por lo tanto de acuerdo a la valoración de los medios de pruebas antes referidos se tiene que los reconvencionistas Miguelina Arze Quinteros y Joel Daniel Mattias Arze no han cumplido lo previsto en los arts. 110 y 138 del Código Civil, toda vez que no han demostrado la posesión pública, pacífica y continuada por más de 10 años sobre los lotes de terreno en litigio durante todo este tiempo, no habiendo cumplido con lo establecido en el art. 1283-II del Código Civil, toda vez que de acuerdo a la documentación cursante de fs. 266 a 342 y vta., relativa al proceso Ejecutivo seguido por el la Cooperativa de Ahorro y Crédito FATIMA LTDA., contra Juan Mattias Amabeja padre y cónyuge de los reconvencionistas Miguelina Arze de Mattias y Joel Daniel Mattias Arze, se evidencia que los demandados y reconvencionistas hasta el mes de octubre del año 2001 se encontraban en posesión del bien inmueble ubicado en la zona sur, U.V. 117, Mza. 9, Lote Nº 35 … (sic)”. De lo extractado se evidencia que lo acusado por la recurrente no resulta evidente, porque es justamente de la valoración y consideración de las documentales que acusa de omitidas, así como de otros medios probatorios más, que el Tribunal de Alzada llegó a la conclusión que la reconvencionista, ahora recurrente no demostró su pretensión, por lo que este reclamo también deviene en infundado.

Con relación al reclamo referido a la errónea e indebida aplicación de la Ley 247, norma a la cual se habría referido el Tribunal Ad quem, es preciso señalar, que tal y como razonó este Tribunal Supremo de Justicia en su vasta jurisprudencia, si bien resulta evidente que el proceso de regularización de derecho propietario enmarcado en la Ley Nº 247 no guarda relación alguna con el proceso de usucapión previsto en el Código Civil, siendo esta última una forma originaria de adquirir la propiedad con alcance diferente al que establece el proceso de regularización, y por ende no debió ser objeto de análisis por el Tribunal de Alzada, sin embargo de la revisión de la última parte del punto I.4 del segundo Considerando de la resolución de Alzada, se advierte que el fundamento central, es decir la razón por la cual fue declarada improbada la acción reconvencional de usucapión decenal, no fue por la prohibición inmersa en el art. 12 de la Ley Nº 247 de 5 de Junio de 2012, que como ya se dijo, resulta impertinente para el caso, sino por extremos totalmente diferentes que emergieron de la valoración de la prueba cursante en obrados, entre ellos la testifical de descargo, documentales de fs. 259 a 260, y la de fs. 266 a 342 y vta., las cuales crearon la convicción suficiente en el Tribunal de Apelación para que estos revoquen la Sentencia emitida por el Juez A quo y declarar improbada la demanda reconvencional de usucapión decenal; en ese entendido y toda vez que lo acusado por la recurrente si bien es evidente, sin embargo el enmendar dicho extremo, no resulta ser una cuestión trascendental que tienda a modificar el fondo de la decisión asumida, pues la referencia que se hizo de dicha Ley, no se constituye en sustento para la decisión asumida. 

Con relación a la interpretación errónea de los arts. 1453, 1454 y 138 del Sustantivo Civil, pues el Tribunal de Alzada habría señalado que con el solo hecho de demostrar la titularidad del derecho propietario procede la acción de reivindicación; de lo acusado debemos señalar que dicho extremo no resulta evidente, pues de una revisión minuciosa del Auto de Vista (segundo Considerando punto I.3.) se advierte que los jueces de Alzada de manera correcta señalaron que la acción reivindicatoria es una acción real de defensa del derecho propietario por excelencia, para recuperar el bien o cosa (lotes de terreno), al encontrarse este en poder de un tercero ya sea como poseedor o detentador, del mismo modo dicho Tribunal se refirió a la posesión civil que conlleva el derecho propietario, posesión que al ser la parte actora titular del derecho propietario de los bienes que se reclaman, lo ejerce plenamente; de lo expuesto se infiere que el Tribunal de Alzada, en ningún momento limitó los requisitos que son indispensables para la procedencia de la acción reivindicatoria, al contrario, lo que hizo fue verificar si la parte actora cumplió durante la tramitación del proceso con los mismos, por lo que no existe vulneración alguna de los arts. 1453 y 1454 del Código Civil, como tampoco del art. 138 del Código Civil, pues en el punto I.4. del ya referido considerando, expuso las razones por las cuales considera que la recurrente no cumplió con los requisitos inmersos en dicha normativa, por lo que al no haber operado la usucapión decenal, la reivindicación fue declarada probada.

Respecto a la errónea valoración de la prueba de fs. 259 a 260, porque no sería evidente que su persona tenga registrado derecho propietario alguno; sobre este punto, se tiene que la prueba a la cual se refiere la recurrente, consistente en un Certificado de Tradición emitido por la oficina de Derechos Reales de Santa Cruz, de manera clara demuestra que la recurrente era titular del bien inmueble ubicado en la zona Sur, U.V. Nº 117, MZA. Nº 09, Lote Nº 35 con una superficie de 360 mts2., pues en el Asiento Número 1 de propiedad se encuentra consignada su titularidad, la cual fue registrada el 28 de septiembre de 1994, derecho propietario que en base a una adjudicación judicial, paso a titularidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Nuestra Señora de Fátima” derecho que fue registrado el 26 de septiembre de 2001, y así sucesivamente; entonces lo acusado por la recurrente carece de veracidad, pues dicha certificación, al margen de que no fue observada por la recurrente cuando fue presentada como prueba de reciente obtención por la parte actora, la misma contradice y demuestra que esta si tuvo derecho propietario registrado a su nombre, por lo que la certificación de fs. 202 que señalaría que los demandados no tienen registrado ningún inmueble a su  nombre, documental que data de 21 de diciembre de 2012, es porque efectivamente en ese momento la recurrente ya no gozaba de titularidad del derecho propietario citado supra. Sin embargo, si bien es cierto que dicha prueba no demuestra plenamente que su persona hubiera estado en posesión de otro inmueble diferente al que pretende usucapir, empero para que el Tribunal de Alzada llegue a dicha conclusión, es decir de que la recurrente no estuvo en posesión por más de 10 años, tal y como lo establece el art. 138 del Código Civil, no solo valoró dicha documental, sino que su decisión la sustentó en la valoración que hizo de todos los medios probatorios, contrastando unas con otras, es decir cumpliendo con el principio de unidad de la prueba, valorando aquellas decisivas y determinantes, o sea, ponderando unas por sobre otras, como son las declaraciones testificales de descargo, inspección judicial y las documentales de fs. 266 a 342 y vta., por lo que concluiremos señalando que lo acusado en este punto, al margen de no ser evidente carece de sustento.

Continuando con las omisiones valorativas que acusó la recurrente, nos referiremos a la documental de fs. 84; prueba de la cual debemos señalar que fue adjuntada por el codemandado Exiquel Baustista Achu a su memorial de contestación y reconvención, la cual fue declarada extemporánea por Auto de fecha 16 de enero de 2012 cursante a fs. 100 vta., por lo que dicho memorial y por ende la prueba a la cual se refieren no fue aceptada; sin embargo, y toda vez que la recurrente hace hincapié en que dicho medio probatorio acreditaría su pretensión de usucapión decenal, pues la misma demostraría que el demandante vendió los lotes de terreno, toda vez que con su puño y letra reconocería haber vendido uno de los lotes al codemandado Exiquel Bautista Achu, siendo este una presunción grave sobre el tiempo que la recurrente se encontraría en posesión del inmueble, pues el actor nunca les habría entregado las minutas de transferencia aprovechándose de su ignorancia; de lo expuesto debemos señalar que tal y como lo señaló la recurrente, dicho memorial únicamente puede constituir una presunción de lo que ella pretende hacer ver, pues para que exista convicción suficiente en el juzgador, esta debió demostrar dichos extremos con todos los medios de prueba que considere convenientes, es decir que debió cumplir con la carga de la prueba y de esta manera acreditar que así como supuestamente hubiese vendido uno de los lotes al codemandado Exiquel Bautista, también le transfirió los lotes 14 y 15, sin embargo en obrados no existe constancia de dicho extremo.

Con relación a la errónea valoración de las pruebas testificales, pues contrariamente a lo señalado por el Tribunal de Alzada, estos si darían fe de que están en posesión por más de 10 años; de lo acusado y conforme a la revisión de las declaraciones testificales de descargo, cursantes de fs. 168 a 170, es preciso hacer notar que ante la pregunta tercera y cuarta donde se cuestionó de si los testigos saben si los señores Miguelina Arze de Mattias y Joel Mattias Arze viven en el domicilio ubicado en la Manzana 5, UV. 117, Lotes Nº 14 y 15 de esta ciudad, Barrio Don Bosco,  y de ser evidente con quienes vive, así como el hecho de si saben el tiempo que estos viven en los referidos lotes de terreno; solo uno de los tres testigos de descargo Sacarias Oronos Negrete, señaló que: “Vive la Sra. Miguelina Arze de Mattias con sus dos hijos hace unos 20 años”, pero también señaló desconocer en qué calidad vive; en cambio el testigo Celso Rudy Ferrel únicamente se limitó a señalar que: “Vive con sus dos hijos” sin señalar tiempo alguno, en cambio el tercer testigo Rolando Herrera Herrera señaló que la recurrente vive en los inmuebles objeto de la litis (lote 14 y 15) hace unos 16 años y que sabe que su esposo era dueño y en consecuencia también ella tendría dicha calidad; de estas consideraciones, tal y como lo señaló el Tribunal de Alzada, se puede inferir que evidentemente las mismas no son contestes o uniformes, pues no todos coinciden en el tiempo de posesión de la recurrente, y si bien dos de ellos señalan que su posesión seria por más de 10 años (16 y 20 años) empero uno de ellos señaló desconocer en qué calidad vivía en el inmueble y solo un testigo, el ultimo, señaló que dicha señora tenía la calidad de dueña, por lo que el análisis realizado por los jueces de segunda instancia resulta correcto.

Respecto al informe técnico de fs. 243, así como del memorial de fs. 79 a 80, se observa que el primer medio probatorio emitido por el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra en fecha 28 de septiembre de 2012, refiere que en los lotes 14  y 15, objeto de la litis, existen dos construcciones una que dataría de 20 años y la otra reciente que dataría de unos 7 años atrás; la otra prueba a la cual hace alusión, que es el memorial de contestación a la reconvencional sobre usucapión, evidentemente el actor principal señaló que: “con su autorización construyó un galpón pequeño precario donde además de vivir tenía su taller de carpintería”, empero en dicho memorial también señaló el actor que: “… tuve la posesión de derecho de ellos y la posesión real o de hecho la realicé introduciendo en calidad de tolerado al padre del ahora reconvencionista JUAN MATTIAS AMABEJA, por un acto de humanidad y que él me pidió que le permita vivir momentáneamente en el inmueble en el que me manifestó que le habrían rematada su casa y no tenía donde ir con su familia” (las negrillas nos pertenecen). Ahora, si bien el Juez de la causa en la audiencia de inspección judicial constató la existencia de dichas construcciones, que concuerdan con el informe técnico de fs. 243, sin embargo, corresponde aclarar a la parte recurrente, que para que proceda la usucapión decenal, quien la pretenda debe cumplir con todos los requisitos que la ley señala, sin embargo, si la recurrente pretende que se tome en cuenta lo confesado por la parte actora en el memorial de fs. 79 a 80, dicho extremo implica que este Tribunal consideré como prueba el hecho de que la recurrente ingresó a ocupar el inmueble objeto de la litis en calidad de tolerada, pues estarían aceptando que ingresaron a ocupar los lotes 14 y 15, con autorización del propietario, extremo que imposibilitaría que su pretensión sea acogida favorablemente, pues el art. 90 del Código Civil, establece que los actos de tolerancia no pueden servir de fundamento para adquirir la posesión, por lo que el hecho de que su posesión haya o no sido por más de 10 años, no resulta trascendental por la calidad de tolerada que tendría tal y como lo confesó el actor principal en el memorial de fs. 79 y 80.

Finalmente respecto al hecho de que Joel Daniel Mattias Arze, no figuraría en ninguna providencia del proceso ejecutivo que fue valorado por el Tribunal  de Alzada, pues como reconvencionista independiente habría demostrado su posesión por más de 10 años; sobre este extremo y tal como lo señala la recurrente Miguelina Arze, al ser un reconvencionista independiente, si no estaba de acuerdo con la determinación asumida por los jueces de Alzada, el codemandado Joel Mattias Arze, tenía la vía legal pertinente para reclamar cualquier vulneración o error en que hubiese incurrido el Tribunal de Alzada, por lo que no corresponde realizar más consideración al respecto.

Por las razones expuestas, corresponde a este Tribunal emitir resolución conforme lo establece el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO los recursos de casación cursante de fs. 511 a 520 vta., interpuesto por Miguelina Arze Quinteros, y el de fs. 536 a 543 interpuesto por Exiquel Bautista Achu, ambos contra el Auto de Vista Nº 199/2015 de fecha 23 de julio de 2015, cursante de fs. 418 a 423, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos.

Se regula los honorarios del abogado profesional en la suma de bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.