TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                            S A L A  C I V I L 



Auto Supremo: 1142/2016

Sucre: 29 de septiembre 2016

Expediente: SC-171-15-S

Partes: Desiderio Roberto Rojas Ovando. c/ Ruth María Ovando Vda. de Aguirre.

Proceso: Reivindicación, mejor derecho de propiedad y entrega de bien inmueble.

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 376 a 378  de obrados interpuesto por Ruth María Ovando Vda. de Aguirre contra el Auto de Vista Nº 144/2015, de fecha 3 de junio de 2015,  pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Santa Cruz, dentro del proceso de Reivindicación, mejor de derecho de propiedad y entrega de bien inmueble seguido a instancia de Desiderio Roberto Rojas Ovando contra Ruth María Ovando Vda. de Aguirre., la respuesta al recurso de fs. 382 a 383 vta., la concesión del recurso de fs. 384., los antecedentes del proceso; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Tramitado el proceso, el Juez Octavo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, pronuncio Sentencia Nº 94/2014, de fecha 16 de diciembre de 2014, cursante de fs., 343 a 347, por la que declaró PROBADA  en parte la demanda de fs. 26 a 28 complementada y reformulada de fs. 31 a 33 interpuesta por Tito Abdón Barrientos Téllez en representación legal de Desiderio Roberto Rojas Obando con relación al mejor derecho propietario, reivindicación, entrega de inmueble e IMPROBADA en cuanto a daños y perjuicios. Se declaró IMPROBADA la demanda reconvencional de fs. 123 a 125 y vta., interpuesta por Ruth María Ovando Vda. de Aguirre u otros ocupantes, desocupen y entreguen el inmueble ocupado por la demandada en favor del demandante Desiderio Roberto Rojas Obando. Sin costas por ser juicio doble.


Contra esta resolución la demandada Ruth María Ovando Vda. de Aguirre interpuso recurso de apelación cursante de fs. 349 a 351 vta., en cuyo mérito la Sala Civil  Segunda del Tribunal Departamental de Santa Cruz, pronunció Auto de Vista Nº 144/2015, de fecha 3 de junio de 2015,  por el cual  confirmó la Sentencia, así como el decreto de fs. 217 de fecha 9 de junio de 2014 y el Auto de fs. 329 de 16 de septiembre de 20154, con costas, con los fundamentos de que el Juez A quo a considerado las pruebas documentales de fs. 2 a 11 que demuestran la legítima propiedad del demandante sobre el inmueble ubicado en la Urbanización Tarumá, Cantón Palmar del Oratorio Manzana No 3, Lote No 15, pruebas documentales que al tenor de lo establecido por los arts. 1283, 1286, 1287 y 1289 del Código Civil, merecen entera fe probatoria en concordancia con los arts. 397 y 476 del Código de Procedimiento Civil, a esto debemos tener presente que el Juez  ha valorado de manera correcta las pruebas documentales de fs. 50, 51, 58 59, 280, 283 que demuestra el derecho propietario de la demandada Ruth María Ovando Vda. de Aguirre, ubicado en la zona S ur, UV 167, Manzana 28, Lote No 13 y ha considerado de manera correcta, lo establecido por el art. 1538 del Código Civil, relativo al mejor derecho de propiedad. Asimismo ha considerado el informe pericial de fs. 268 a 276 elaborado por el Agrimensor Juan Ortega Flores, debidamente posesionado según acta de fs. 261 que en su parte considerativa determina que el lote 15 de Desiderio Roberto Rojas Obando, la ubicación del origen  corresponde al beneficiario Desiderio Carrasco Valverde donde se encuentra en el mismo lugar antes parcela 3 y ahora manzano 28, de la UV 167, reestructurado por el Gobierno Municipal de Santa Cruz.


Contra la Resolución de Alzada la recurrente Ruth María Ovando Vda. de Aguirre  interpuso recurso de casación en el fondo, cursante de fs.  376 a 378, el cual se analiza:


II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:


Del contenido del recurso de casación se extraen los siguientes reclamos:

1.-Denuncia que existe documentación que nunca debió valorarse porque esta prueba no fue introducida conforme establece los art. 330, 331 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo indica que existe documentación que no fue admitida por la Juez A quo, conforme consta de la providencia de fs. 179 de fecha 22 de abril de 2014, menciona también que se admitieron otras pruebas como documentos de reciente obtención en base a una providencia inexistente conforme se lee en fs. 288.


2.-Indica que existe una errónea interpretación del art. 1538 del Código Civil porque el demandante no habría cumplido con las formalidades de inscripción, habiendo determinado el mejor derecho cuando en realidad le faltaban los requisitos de acuerdo al principio de especialidad referente a la inscripción.

3.- Refiere que existe error de hecho en la apreciación de las pruebas, concretamente de las fs. 160 refiere que esa prueba no fue introducida al proceso con las formalidades legales y que además demostraría que el lote 15 Mza. 28 es inexistente, sobre el mismo punto señala que la Juez A quo señala que el lote de la recurrente estaría desplazado a una distancia de 470 Mts2., y que en dicha prueba no se aprecia en ningún lado las manzanas 14 y 20.


4.- Sostiene que las documentales de fs. 153 y 154 no están ingresadas al proceso conforme a derecho, al ser una documental ingresada después de la demanda y reconvención y no existe constancia que esta prueba sea de reciente obtención y introducida en esa calidad al proceso.


5.- Finalmente indica que el perito no puede hacer juicios de valor, sino simplemente realizar y poner en práctica sus conocimientos sobre un hecho que por ley se le asigna al momento de su juramento, sin embargo el perito en su informe de fs. 268 señala para realizar e interpretar el mejor derecho de los inmuebles 13 y 15, esta función jamás se le asigno.


De la Respuesta al Recurso de Casación.-


La parte demandante contesta al recurso refiriendo que son infundadas las observaciones realizadas en el recurso de casación porque el fallo no se centra únicamente en los documentos de fs. 153 a 160, sino primordialmente en la documentación de fs. 196 a 207, prueba presentada debidamente en fotocopias legalizadas y que tienen todo el valor probatorio conforme los art. 400 inc. 2 del Código de Procedimiento Civil. Sobre el mejor derecho propietario expresa que el título de la parte demandada tiene una inscripción posterior al título de la parte demandante y conforme lo disponen los arts. 14 y 15 de la Ley 15 de noviembre de 1887, la inscripción en el registro surte efectos frente a terceros, desde el momento de su inscripción, y cuando por pactos diversos se ha comprometido el mismo bien a diferentes personas, la propiedad de este pertenece al adquiriente  que primero haya adquirido su título.


Sobre la prueba presentada expresa que la recurrente objeta documentos y pruebas que no observo en primera instancia  dentro del término previsto por el art. 382 del Código de Procedimiento Civil  y que de igual manera no fueron denunciados en apelación contraviniendo lo dispuesto en el inc. 3) del art. 258 del Código de Procedimiento Civil, siendo totalmente falso que la Juez de primera instancia hubiera basado su decisión en documentos inexistentes y  que supuestamente no habrían sido incorporados en el proceso.


Respecto al informe pericial menciona que el informe pericial constituye una documentación válida y técnica la misma que no fue objetada, ni tachada dentro del término legal, siendo por tanto un peritaje con pleno valor legal, correspondiendo ser apreciado por los jueces de instancia, el cual es incensurable en casación en tanto no se falta a reglas de criterio legal.

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- Del Principio de Convalidación. 

El fundamento del Principio de Convalidación, tiene su esencia en que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, debido a que no obstante haber tenido expedito el derecho para deducir su nulidad, no lo hace oportunamente en su primera actuación; con ese proceder dota a dicho acto de plena eficacia jurídica; en ese mérito el art. 107 de la Ley 439 estableció que “II. No podrá pedirse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita. III. Constituye confirmación tácita, no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil”.

Razonamiento que tiene relación con lo señalado en la SCP Nº 1420/2014 de 7 de julio que señaló: “…toda nulidad debe ser reclamada oportunamente a través de los recursos e incidentes que la ley procesal establece como medios idóneos y válidos para dejar sin efecto el acto procesal afectado de nulidad, más cuando se tuvo conocimiento del proceso y asumió defensa utilizando esos medios de defensa al interior del proceso, dicho en otros términos, un acto procesal es susceptible de nulidad solo cuando es reclamado oportunamente o cuando el litigante no tuvo conocimiento de la existencia del proceso, hecho que le causo indefensión, afectando su derecho a la defensa, razonando en contrario, no se puede solicitar la nulidad cuando teniendo conocimiento del proceso y asumiendo defensa dentro del mismo, no interpuso incidente alguno contra el acto procesal objetado de nulidad, dejando ver a la autoridad judicial, que ese acto se encuentra plenamente consentido o convalidado”.

III.2.- En relación a la valoración de la prueba.


El Auto Supremo Nº 146/2015 de 06 de marzo, ha señalado que: “…se ha establecido por este Alto Tribunal que la valoración de la prueba en general compete privativamente a los Jueces de grado, siendo soberanos en su valoración con facultad incensurable en casación para decidir la causa, tomando en cuenta las pruebas esenciales y decisivas, tal como se infiere de los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento”.


Respecto a lo anterior el Auto Supremo Nº 410/2015 de 09 de junio, ha concretado que: “…es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. En esta tarea jurisdiccional, la examinación de la prueba es de todo el universo probatorio producido en proceso, siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia”.


Por otra parte el Auto Supremo Nº 184/2015 de 11 de marzo, al referirse a los principios generales que rigen a las pruebas judiciales ha especificado que: “…el principio de la unidad de la prueba”, que establece que el conjunto probatorio del proceso forma una unidad y como tal, debe ser examinado y merituado por el Órgano Jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas, señalar sus concordancias, discordancias y concluir sobre el convencimiento global que se forme de ellas, es decir; que las pruebas deben ser apreciadas en forma conjunta de acuerdo al valor que les asigna la ley o a las reglas de la sana critica. “Principio de la comunidad de la prueba”, establece que la prueba no pertenece a quien la suministra, es inadmisible pretender que esta favorezca a la parte que la allega al proceso, una vez incorporada legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario”.


III.3.- Del art. 1538 del Código Civil:

En el auto Supremo 232/2012, de fecha 24 de julio de 2012 se orientó: “Concordante con esta norma legal, el artículo 1538 del Código Civil, señala que ningún derecho real sobre inmuebles, surte efecto contra terceros sino desde el momento en que se hace público, publicidad que se adquiere mediante la inscripción del título en el Registro de Derechos Reales.

Normas legales que traducen el principio de prioridad en el tiempo, que define el derecho de propiedad a favor de quien primero lo inscribe; y el de oponibilidad, que permite al titular del dominio hacer oponible su derecho contra terceros, erga omnes.

Que, como se precisó anteriormente, frente a una demanda de mejor derecho propietario, es necesario, en principio acreditar que el derecho propietario del actor como del demandado emergen de un mismo vendedor o lo que es lo mismo tienen un mismo origen, conforme establece el artículo 1545 del Código Civil. Pero, la interpretación de esa disposición no se limita a un sentido restringido, es decir a establecer que el causante del actor y del demandado sea la misma persona, por el contrario, en sentido amplio, dicha determinación orienta a establecer el origen del derecho propietario, vale decir establecer si los derechos contrastados tienen un mismo origen.

Consiguientemente a lo mencionado hay que añadir otro requisito necesario para declarar el mejor derecho propietario es que ambos títulos que se analizan pertenezcan a una misma propiedad, y que no sean de distintas propiedades”

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

1.- En atención a que la parte recurrente denuncia que existe prueba que no fue presentada conforme lo determinan los arts. 330 y 331 del Código de Procedimiento Civil, es decir que no fue presentada con la demanda, reconvención ni contestación de la demanda, la misma que estuviera fuera de plazo, refiriéndose concretamente a la documental de fs. 153.

De la revisión de la prueba cuestionada se establece que la parte demandante presento prueba documental por memorial de fs. 177  a 178, y en mérito a ello el Juez de causa por proveído de fs. 179  determinó “se las tiene por ratificadas las pruebas documentales presentadas por la parte demandante y con relación a las propuestas por secretaría ofíciese, asimismo señaló audiencia de declaraciones testificales para el día 04 de junio de 2014”,  en ese sentido el Juez de la causa estableció la ratificación de la prueba documental presentada y en su caso si la parte recurrente consideró que la documental observada no fue presentada dentro del plazo inmediatamente debió observar la misma, sin embargo, no se advierte que la ahora recurrente hubiese observado dicho aspecto, y conforme a lo expuesto en la doctrina aplicable III.1, con el silencio de la ahora recurrente se ha dotado de plena eficacia todos esos actuados realizados, no resultando viable pretender retrotraer actuados procesales ya superados, siendo inviable invocar la nulidad procesal por desidia o dejadez en el Juzgador, cuando como se expuso las partes  contaban con los mecanismos recursivos idóneos establecidos en el art. 24 de la Ley 1760 deviniendo en infundado su reclamo.

Asimismo con relación a la prueba que fue admitida como de reciente obtención por acta de fs. 181 de obrados, si la recurrente considero que la misma no fue dispuesta por el Juez debió observar este aspecto en el momento oportuno, pues conforme la doctrina aplicable en el punto III.1 en virtud al principio de convalidación con su silencio a dotado de plena eficacia los actuales procesales que hoy observa, no siendo viable retrotraer actuados procesales totalmente superados.

2.-Indica que existe una errónea interpretación del art. 1538 del Código Civil porque el demandante no habría cumplido con las formalidades de inscripción, habiendo determinado el mejor derecho cuando en realidad le faltaban los requisitos de acuerdo al principio de especialidad referente a la inscripción.


Con relación a lo reclamado diremos que conforme la doctrina aplicable en el punto III.2 el art. 1538 del Código Civil establece la publicidad de la inscripción de un derecho real, el mismo que a partir de su inscripción surte efectos contra terceros,  sin embargo este aspecto no resulta transcendental para el presente caso porque no se trata del mismo bien inmueble,  en el caso de Autos los Tribunales de instancia determinaron que no se trata del mismo bien inmueble,  pues conforme lo determino el Juez de la causa el bien inmueble del demandante se encuentra ubicado en la urbanización Tarumá, Cantón el Palmar del Oratorio, Manzana No 3, lote No 15, con una superficie total de 400 M2, proveniente de una adjudicación judicial por ante el Juzgado Segundo de Partido en lo Civil, protocolizada mediante Escritura Pública No 429/2003 de fecha 14 de marzo del 2003  y el inmueble de la recurrente se encuentra ubicado en la zona sur UV 167, Manzano 28, Lote 13, el mismo que tiene como antecedente dominial o como propietarios anteriores a María Elsa Salazar Ribero quien realizo la traslación del derecho propietario a favor de Evelin Dunia Flores Barrios quien registra su derecho propietario en fecha 6 de marzo de 2013 y luego transfiere a Ruth María Ovando Vda. de Aguirre en fecha 2 agosto de 2013. En mérito a ello resulta intranscendente realizar la aplicación de la prelación de antecedentes de la inscripción en Derechos Reales, pues conforme el peritaje cursante de fs. 268 a 275  los bienes inmuebles de la parte demandante y la demanda son  bienes totalmente diferentes.


De lo mencionado y de los antecedentes del proceso se corrobora que ambas propiedades no cuentan con un causante común, la propiedad del actor tiene distinta procedencia al de la recurrente, haciéndose evidente en el transcurso del proceso que el título de propiedad del actor pertenece al mismo lote de terreno objeto de la Litis coincidiendo con el criterio de los tribunales de instancia que determinaron que, la documentación con la que cuenta el actor corresponde al lote de terreno objeto de la Litis y que la documentación que cuenta la demandada Ruth María Ovando de Aguirre no corresponde al mencionado lote, este análisis ha resultado importante para declarar el mejor derecho propietario de la actora en virtud a que la ubicación del lote de terreno del demandada estuviera ubicado en un lugar distinto al lote del actor, conclusión a la que llego el peritaje cursante de fs. 268 a 275.


3.- Refiere que existe error de hecho en la apreciación de las pruebas, concretamente en la documental de fs. 160 debido a que esa prueba no fue introducida al proceso con las formalidades legales y además demostraría que el lote 15 Mza. 28 es inexistente, sobre el mismo punto señala que la Juez A quo determino que el lote de la recurrente estaría desplazado a una distancia de 470 Mts2., y que en dicha prueba no se aprecia en ningún lado las manzanas 14 y 20.

Al respecto diremos que la prueba cursante de fs. 160 consistente en el plano aprobado por reestructuración por la Dirección de Desarrollo Territorial del Gobierno Municipal de Santa Cruz, el cual fue ratificado como prueba por el demandante, habiendo el Juez de la causa dispuesto su ratificación por proveído de fs. 179, sin embargo como ya lo dijimos en el punto uno, la recurrente debió observar en el momento dicha ratificación al no haberlo hecho ha dotado de validez a todos esos actuados procesales, no pudiendo retrotraerse el proceso a etapas ya superadas. Con relación a que en la referida prueba no existiría el lote 15 Mzo. 28 debemos decir que por el desplazamiento que ha existido conforme el informe pericial cursante de fs. 268 a 271 señala que la ubicación del lote de la recurrente no es la correcta porque  el mismo se encuentra desplazado distante a 470 metros al nor este, antes parcela 28 y actualmente se sobrepone a los manzanos 14 y 20  de la UV 167, documental que no ha sido enervada por ningún otro medio probatorio para demostrar que el lote sería el mismo y que no estaría desplazado.


4.- Sostiene que las documentales de fs. 153 y 154 no están ingresadas al proceso conforme a derecho, al ser una documental ingresada después de la demanda y reconvención y no existe constancia que esta prueba sea de reciente obtención,  introducida en esa calidad al proceso.


Al respecto nos ratificamos en la respuesta otorgada en el punto uno, no habiendo la recurrente observada este aspecto en el momento oportuno, en virtud al principio de convalidación los actuados que reclama la recurrente han quedado consolidados, pues tampoco resulta ético que ante un resultado desfavorable, recién activar supuestos vicios procesales. Asimismo se debe considerar que los jueces de instancia valoraron en su conjunto las pruebas aportadas al proceso, es decir contrastando el conjunto probatorio entre ellos los testimonios de propiedad de las partes, el informe pericial, el plano de restructuración territorial,  y conforme la doctrina aplicable en el punto III.2, todo el universo probatorio el cual forma una unidad, no siendo solo determinante las documentales observadas por la parte recurrente.


5.- Finalmente indica que el perito no puede hacer juicios de valor, sino simplemente realizar y poner en práctica sus conocimientos sobre un hecho que por ley se le asigna al momento de su juramento, sin embargo el perito en su informe de fs. 268 señala para realizar e interpretar el mejor derecho de los inmuebles 13 y 15, esta función jamás se le asigno.


Con relación al reclamo diremos que el perito es un técnico que aporta al proceso todos los conocimientos necesarios para aclarar los hechos que son objeto de debate del proceso aportando el perito conocimientos especializados,  en ese sentido  el Juez de la causa procede a la interpretación  y evaluación del informe pericial, informe que esclarecerá algunos aspectos oscuros o contradictorios; el hecho de que en el informe el perito haya puesto como antecedente que ha sido designado para interpretar el mejor derecho propietario, no significa que este facultado para ello,  siendo claro que la decisión le corresponde al Juez de la causa, quien en base a dicho informe y considerando el conjunto probatorio aportado al proceso está facultado para decidir sobre el fondo  de la pretensión expuestas por las partes, razón por la cual lo reclamado no tiene sustento.

Por los fundamentos expuestos corresponde a este Tribunal emitir resolución conforme lo establece el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 376 a 378  de obrados interpuesto por Ruth María Ovando Vda. de Aguirre contra el Auto de Vista Nº 144/2015, de fecha 3 de junio de 2015,  pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Santa Cruz. Con costas y costos por existir respuesta al recurso.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.