TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 112/2016

Sucre: 05 de febrero 2016

Expediente: O-28-15-S

Partes: Gainsborough  Cutipa  López  en representación  de  Angélica Barrios

            Hualampa. c/ Félix Orlando Blacutt Sánchez, Ángel Blacutt Sánchez,

            Valentín Otalora Mamani,  Cristina  Roxana  Otalora Choque y Juan

            Valeriano Quiroz.

Proceso: Nulidad de contratos de compra venta.

Distrito: Oruro.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 746 a 751 presentado por Ángel Blacutt Sánchez, el recurso de casación y nulidad de fs. 755 a 763 vta., presentado por Juan Valeriano Quiroz, y el recurso de casación en el fondo de fs. 779 a 780 presentado por Félix Orlando Blacutt Sánchez, todos en contra del Auto de Vista  de fecha 31 de diciembre de 2014, cursante de fs. 729 a 733 vta.,  pronunciado por la Sala Civil, Familiar y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro el proceso de Nulidad de Contratos, seguido por Gainsborough Cutipa López en representación de Angélica Barrios Hualampa en contra de los recurrentes y otros;  la concesión de fs. 787.; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:                                                                                    ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Segundo en lo Civil y Comercial, en fecha 2 de mayo 2014 pronunció Sentencia, cursante de fs. 636 a 644, declarando Improbada la demanda de Nulidad de fs. 28 a fs. 34, ratificada y aclarada a fs. 99 a fs. 102, al no haberse demostrado las causales inmersas en el art. 549 incs. 1, 2, 3, 4 del CC en los contratos de compra venta demandados; Declaro también Improbada la excepción perentoria de prescripción contra la demanda formulada a fs. 174 ratificada a fs. 182 por mandato del art. 552 del CC.  Asimismo se tuvo presente el tenor del memorial de contestación de fs. 151 a fs. 153 vta., de obrados. Mediante Auto Complementario de fecha 27 de mayo de 2014 declaró también probadas las excepciones perentorias de falta de acción y falta de legitimidad procesal opuestas en contra la demanda principal, manteniendo incólume lo demás de la sentencia principal.

Contra dicha resolución y Sentencia, presentó recurso de apelación la parte demandante, exponiendo  los agravios sufridos con la Resolución emitida por el Juez A quo.

En virtud de la apelación planteada en la litis, el Tribunal de Alzada conforme a  los antecedentes del proceso y la apelación presentada, revocó de forma total la Sentencia dictada por el Juez A quo y deliberando en el fondo declaró probada la demanda principal de nulidad interpuesta por Angélica Barrios Hualampa de Arandia e Improbadas las excepciones perentorias de prescripción  y de falta de acción y falta de legitimidad procesal planteadas por los codemandados, en consecuencia se declaró la nulidad de la Escritura Pública Nº 175/1999 de fecha 24 de agosto de 1999 que contiene la minuta de fecha 01 de julio de 1999, que no obstante de estar demostrado su inexistencia física, se dispuso la notificación  al titular de la Notaría de Fe Pública de Segunda Clase de Caracollo, así también se dispuso la notificación de la Oficina de Derechos Reales a objeto por donde corresponda se proceda a la cancelación de la Ptda. 698 del libro de Propiedad Cercado de 1999 de fecha 09 de septiembre de 1999.  En otro punto se declaró la nulidad de la minuta de fecha 17 de marzo de 2000 contenida en el Escritura Pública Nº 59/2000 de 24 de marzo del 2000, extendido ante la notaria de fe pública Nº 11 de la capital a cuyo efecto se dispuso la notificación a su titular, como también a DD.RR. para su respectiva cancelación.

En el punto 3 se declaró la nulidad de la minuta de 19 de mayo de 2001 contenida en la Escritura Pública Nº 85/2001 de 22 de mayo de 2001 extendido ante la Notaría de Fe Pública Nº 09 de la capital, disponiéndose su notificación al igual que a DD.RR para su cancelación. Lo mismo ocurre con la minuta de fecha 09 de abril de 2007 contenida en la Escritura Pública N1 278/2007 de 16 de abril de 2007, que se declaró su nulidad.

Disponiéndose finalmente que una vez ejecutoriada la resolución y habiéndose detectado la posible comisión de ilícitos en la facción de la Escritura Pública Nº 175/1999 de 24 de agosto de 1999 se remitió obrados ante el Fiscal Departamental a objeto que disponga el inicio de investigaciones/ impute y/o acuse en cuanto corresponda en derecho al o los responsables si los hubiere.

Resolución que ahora es recurrida, mediante tres recurso de casación presentados por los codemandados, de manera independiente cada uno, los mismos que se analizan a continuación.

CONSIDERANDO II:                                                                                            DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Recurso de casación de Ángel Blacutt Sánchez:

Acusa sobre la interpretación errónea o/y aplicación indebida de la ley, señalando que la Autoridad de instancia a tiempo de revocar la Sentencia dictada por el Juez A quo no sustenta su decisión en algún artículo o norma sustantiva, aduciendo además que la constitución del acto jurídico de la Escritura Pública Nº 175/1999 de 24 de agosto de 1999 (Falsificada) no es vinculante a su derecho y la Escritura Pública Nº 59/2000 de fecha 24 de marzo de 2000, del cual proviene su derecho, no se ha evidenciado de forma alguna cual sería la causa o motivo ilícito que motivaría la sanción de nulidad.  Reiterando que aun cuando la E. P. Nº 157/1999, tendría algún defecto, en ningún caso ese defecto podría alcanzar a un contrato suscrito de forma posterior amparado válidamente en el principio de buena fe.

La parte recurrente, circunscribe su recurso de casación en la aplicación del principio de buena fe que le asiste como tercero adquiriente, apoyándose en jurisprudencia emitida por la Extinta Corte Suprema de Justicia y la emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, concluyendo que al haberse adquirido el bien inmueble de buena fe, y teniéndose presente que al momento de la adquisición del lote de terreno, no existía sobre el mismo anotación preventiva y/o gravamen alguno, que posibilite entender que sobre ese bien existía algún conflicto, por lo  cual no le alcanzaría la nulidad demandada.

En otro punto señala sobre el principio juris novit curia, acusando al Tribunal de alzada de no ser admisible dicho principio al igual que el principio “Quo nullumest, nullum producit effectun” (lo que es nulo no produce ningún efecto) los cuales fueron superados por la nueva concepción procesal civil en su art. 229 (Alcance de la Sentencia) donde se especifica que la Sentencia en ningún caso afectará a terceras personas adquirientes de buena fe a título oneroso de bienes o derechos y que tengan título inscrito en el registro público; reiterando que el recurrente es tercero adquiriente de buena fe del inmueble objeto de litis, transferido por Félix Orlando Blacutt Sánchez con todas las formalidades legales.

En Conclusión solicita que se Case el Auto de Vista y en su emergencia se declare improbada la demanda de nulidad de escritura pública.

Recurso de casación y nulidad de Juan Valeriano Quiroz:

EN LA FORMA:

Conforme lo establece el art. 254 num. 4 y 6) del CPC, la parte recurrente, acusa que se otorgó más de lo pedido por las partes, al haber resuelto el Tribunal de apelación con “súper abundante subjetivismo nada objetivo” y de manera ultra petita a favor de la parte actora sin considerar que la parte recurrente compró el lote de terreno de una tercera persona que no son los hermanos Blacutt, ni de la madre de la actora.

Por otro lado señala la perdida de competencia del Tribunal de Alzada, conforme lo establece el art. 209 del CPC, concluyendo que el Auto de Vista es nulo en virtud a la regla que establece el art. 251 del mismo cuerpo legal.

EN EL FONDO:

En aplicación del art. 253 num. 2) y 3) interpone recurso de casación en el fondo indicado que en la resolución de alzada existe errónea apreciación de las pruebas y que se hubiere incurrido en error de derecho y de hecho al no considerar que en la litis no cursa prueba alguna sobre que Martha Huallpa es Martha Hualampa Adrián, menciona que no existe certificación de autoridad competente, donde se exprese que evidentemente existió un error de transcripción en los nombres de la difunta propietaria, quedando clara que la parte actora no tiene acción ni derecho para interponer la presente demanda.

Por otro lado acusa que la falta de consentimiento es causal de anulabilidad y no de nulidad, señalando que su compra venta registrada en Derechos Reales cuenta con el consentimiento de las partes contratantes, el objeto cierto determinado o determinable,  la causa y el motivo, requisitos que dan pleno valor a su derecho propietario legalmente adquirido para toda su familia.

Finalmente señala que le órgano jurisdiccional, ha emitido criterios legales a favor de una persona accionante, sobre derechos que no existen, donde se emitieron criterios legales de la anulabilidad de contrato, sin referirse respecto de la nulidad del contrato, mucho menos sobre su derecho propietario que cuenta con todos los requisitos de formación y validez.  Concluyendo que no existen contratos inexistentes, sino los contratos nulos y anulables, teniendo cada uno diferentes connotaciones y efectos.

Termina peticionando que se Case en todas su partes el Auto de Vista, se Revoque y se mantenga lo dispuesto en la Sentencia apelada.

Recurso de casación de Félix Orlando Blacutt Sánchez:

Empieza acusando sobre la procedencia de la anulabilidad y no de la nulidad conforme lo establece el art. 554 inc. 1) del Sustantivo Civil, indicando además que el contrato de transferencia firmado por su persona cumple con todos los requisitos legales correspondientes. Menciona que la actora en ningún momento del proceso demostró la data de nacimiento de la Sra. Martha Hualampa Adrián y que existiría confusión entre los apellidos “Huallpa” con “Hualampa” o con “Gualampa”, hecho que lesionaría su derecho ya que compró el lote de terreno de Buena Fe.

Finalmente indica que el presente caso de autos ya fue juzgado hace más de una década, habiendo pasado todas las instancias legales, reiterando que se estaría confundiendo entre Martha Huallpa Adrián y Martha Hualampa Adrián que serían distinta persona toda vez que no se demostró la fecha de nacimiento de la Sra. Hualampa Adrián. Pidiendo se tenga presente.

CONSIDERANDO III:                                                                                  FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Para contar con una resolución coherente con el tema debatido en la litis y que resulte congruente con los tres recursos de casación presentados; primeramente  analizaremos, el recurso de casación en la forma de Juan Valeriano Quiroz, para luego pasar a considerar los tres recursos de casación de fondo en conjunto, de los cuales se extrae como el problema jurídico central a resolver en el Auto Supremo, dos grandes puntos: El 1ro.- referente a la procedencia de la nulidad o la anulabilidad, bajo el entendido de que la falta de consentimiento constituye causal de anulabilidad conforme lo determina el art. 554 num. 1) del CC. y 2do.- Sobre la situación del Tercero Adquiriente de Buena fe, frente al propietario original que pierde su derecho por hechos fraudulentos, así también se teorizará sobre el principio de buena fe y otros, determinando si la nulidad o anulabilidad de un contrato de transferencia acusado de falso y comprobado su falsedad, alcanza a los compradores de buena fe. En base a lo indicado se desglosará punto por punto el tema descrito, debiéndose tener presente lo siguiente:

Recurso de casación en la Forma de Juan Valeriano Quiroz:

La parte recurrente en su confuso recurso de casación señala que se otorgó más de lo pedido por las partes, y que Tribunal de apelación resolvió la causa con “súper abundante subjetivismo nada objetivo” y de manera ultra petita a favor de la parte actora.  Al respecto, corresponde precisar que toda Resolución judicial debe guardar la debida congruencia, de la cual emergen dos reglas esenciales que son: “a) decidir sólo sobre lo alegado y debatido, b) decidir sobre todo lo alegado y debatido.

Si la Resolución judicial no se enmarca en esas dos reglas, nos encontramos frente a la llamada incongruencia, que aplicada a las dos reglas antes expuestas da lugar a la incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; o la incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial.

Al respecto corresponde señalar que la incongruencia positiva adopta a su vez dos modalidades: 1) "ultra petita", cuando el Juez otorga más de lo pedido; y 2) "extra petita", cuando otorga algo distinto de lo pedido.

Respecto a la incongruencia negativa, la misma se verifica cuando el Juez omite el debido pronunciamiento sobre algunos de los términos del problema judicial, lo que se denomina como "citra petita", es decir cuando el Juez deja sin resolver algo que ha sido pedido u excepcionado.

En el caso sub lite, de la revisión del Auto de Vista se evidencia que el Tribunal de alzada, en base a los fundamentos contenidos en la Resolución de primera instancia, los hechos facticos expuestos por la parte actora, la prueba presentada en la litis, estableció la procedencia de la pretensión accionada, al ser así, resulta incomprensible la denuncia de incongruencia formulada por la parte recurrente, quien pretende encontrar el defecto acusado (incongruencia por ultra petita) sobre la base del reclamo de una aparente falta de valoración de la prueba, lo que resulta confuso y contradictorio con lo denunciado, en especial el hecho de no haberse considerado que la parte recurrente compró el lote de terreno de una tercera persona que no son los hermanos Blacutt, ni de la madre de la actora, situación de fondo que de ninguna manera puede ser considerado dentro de un recurso de casación en la forma, donde sencillamente se procede a debatir y resolver errores formales cometidos en la litis o en el Auto de Vista.

Sobre lo expuesto y de la revisión del Auto de Vista recurrido se establece que el mismo guarda la debida congruencia y pertinencia, en razón a que, en base a los fundamentos en el contenido, se pronunció respecto al debate acaecido en la litis, el cual fue motivo de apelación por el demandado, consiguientemente el Tribunal de Alzada circunscribió su decisión al motivo que le fue impugnado y que fue resuelto por el Juez A Quo, no encontrándose impertinencia en la resolución de alzada o que la misma hubiese sido emitida con “súper abundante subjetivismo nada objetivo” y de manera ultra petita.

Por otro lado, el recurrente cuestiona la supuesta pérdida de competencia del Tribunal de alzada, al consignar el Auto de Vista N° 266/2013 en fecha 31 de diciembre de 2013, extremo que llamaría la atención, ya que los anteriores actuados, inclusive la Sentencia sería de fecha posterior, es decir 2014 y 2015.  Al respecto, revisados los actuados acusados, se tiene que existe un error de taipeo en la consignación de la fecha indicada, el Auto de Vista conforme se puede evidenciar a fs. 729, si bien se consigna con el Nº 266/2013, tiene la fecha de 31 de diciembre de 2014, el mismo que se encuentra correlativo con las fechas del decreto de autos y el sello de sorteo al vocal relator, que datan de fecha 03 de diciembre de 2014 conforme se desprende de la fs. 723 y 728 vta., habiéndose resuelto la Resolución de alzada dentro del plazo establecido por ley, o sea, dentro de los 30 días dispuestos para su emisión; en ese entendido, no existe la pérdida de competencia que acusa la parte recurrente.

Bajo esas consideraciones, resulta claro que las denuncias interpuestas sobre supuestos errores formales que a criterio de la parte recurrente darían lugar a la anulación de obrados, no son evidentes y conforme se tiene explicado, el Tribunal de alzada cumplió con las formas prevista para la emisión de la Resolución de segunda instancia, motivo por el cual sus reclamos en casación en la forma resultan infundados, debiéndose aplicar lo dispuesto en el art. 273 del CPC.

Recursos de Casación en el fondo de Ángel Blacutt Sánchez, Juan Valeriano Quiroz y Félix Orlando Blacutt Sánchez:

Estando analizado, líneas arriba, el recurso de casación en la forma, corresponde en esta parte del Auto Supremo, hacer referencia y considerar los recursos de casación de fondo de los tres recurrentes, como se dijo al comienzo de la presente resolución, se considerara los mismos de manera conjunta, bajo ese introito, se pasa analizar el tema indicado:

1ro.- El problema de la nulidad y anulabilidad de contratos, donde se ve involucrado la falta de consentimiento, sin duda ha sido tratado desde la extinta Corte Suprema de Justicia, la misma que bajo un criterio restrictivo y literal de la norma, estableció una línea jurisprudencial que hacía referencia que la falta de consentimiento fuera causal de anulabilidad y no de nulidad, concepción respaldada por nuestra normativa que en su artículo 554 num. 1) del CC., referente a los casos de anulabilidad del contrato se estableció como una de sus causales la falta de consentimiento en su formación; al respecto connotados doctrinarios y estudiosos del Derecho Sustantivo Nacional encontraron el error en la consignación de la falta de consentimiento como causal de anulabilidad. Bajo esa lógica jurídica se tiene a Carlos Morales Guillen quien en su obra “Código Civil Concordado y Anotado” pag. 659 y vta., comenta sobre la falta de consentimiento para su formación, considerando que, “el caso, es de una grave importancia” estableciendo de manera textual que: “Según el art. 455, el contrato se forma, esto es, existe, en cuanto han concurrido, como expresión del consentimiento, la oferta y la aceptación para constituir el acuerdo. En otras palabras, si falta el consentimiento de una de las partes, porque el policitado no da su aceptación o porque el oferente retira la oferta, el contrato no se forma, esto es, no cobra existencia, al tenor de dicho art. 455.  Ergo, no puede ser anulado un acto inexistente, que no se ha formado.”, dando a entender que nuestra normativa sustantiva contiene un grave error al consignar la falta de consentimiento en su formación como causal de anulabilidad y no de nulidad, concluyendo que: “Semejante error proviene, seguramente, de que dicho art. 1418, ha sido copiado y mal- en parte y sin una detenida consideración de sus alcances y finalidad.” Bajo esa consideración que efectúa el indicado doctrinario, se pronunciaron muchos estudiosos del derecho nacional que señalan y concluyen que la falta de consentimiento en su formación es una causal de nulidad del contrato y no de anulabilidad, bajo el entendido de que si una persona no otorga su consentimiento para un determinado acto jurídico o negocio jurídico, no existe o no nace el contrato como tal.  Así tenemos lo establecido por Gonzalo Castellanos Trigo que en su obra “Teoría General de los contratos conforme al Código Civil Boliviano” pag. 387 establece que se encuentra plenamente de acuerdo con la postura de que la falta de consentimiento en su formación es causal de nulidad y no de anulabilidad, justificando su posición bajo la regla general que “sin consentimiento no hay contrato válido”.  

En la legislación comparada, además de la nulidad y la anulabilidad, se habla de inexistencia de los actos jurídicos, al respecto Santos Cifuentes en su obra “Negocio Jurídico”  pag. 717, hace referencia a la nulidad e inexistencia, estableciendo que: “A partir de Zacharle, que creó la teoría de la inexistencia de los actos jurídicos, refiriéndola especialmente al matrimonio, y después, en Francia, Aubry y Rau que la acogieron en forma más general, se consolidó el concepto de inexistencia jurídica del negocio, como distinto del de nulidad.  Consideraban los autores citados que el acto era inexistente -non avenu- cuando no reunía los elementos de hecho que suponen su naturaleza o su objeto, en ausencia de los cuales es lógicamente imposible concebir su existencia, como en la convención sin el consentimiento o la venta sin la cosa vendida o sin el precio.”, líneas más abajo este mismo autor señala que dicho concepto tuvo gran acogida en otros países y también a nivel latinoamericano, citando al doctrinario Anzola de su libro “Lecciones elementales de Derecho Civil Colombiano” indica que: “siguiendo a Restrepo Hernández, que un acto es inexistente cuando carece de los elementos esenciales y necesarios para que tenga vida legal; no solamente en el derecho, ni aun en el hecho ha tenido existencia. Es un acto únicamente en apariencia, como lo sería aquel a quien faltara consentimiento u objeto.” 

En base a las ideas generales y razonamientos vertidos por los estudiosos del derecho, sean estos nacionales o extranjeros, sin duda analizan correctamente la nulidad, anulabilidad y esta tercer figura jurídica referente a la inexistencia, que en nuestra realidad jurídica no se encuentra legislada, pero sin lugar a dudas, no se puede extrañar su presencia a nivel internacional, figura jurídica que “…no sólo permite resolver determinadas situaciones de la vida real, sino porque reposa en una neta diferencia conceptual, ya que no es lo mismo que no haya negocio jurídico a que exista pero esté viciado.” (Belluscio, Derecho de Familia) 

Ese entendido Sustantivo de las nulidades, anulabilidades o inexistencia jurídica, necesariamente debe tener concordancia y afinidad con el espíritu teleológico de lo establecido en la Nueva Constitución Política del Estado, que pondera sobre todas las demás leyes y disposiciones legales el Principio de Supremacía Constitucional, los Principios y Valores establecidos en la Constitución los que se constituyen en la base axiológica del Estado Plurinacional de Bolivia que asume como principios de la sociedad plural, el ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón); suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble); principios y valores en los que se debe enmarcar la conducta de todo miembro de esta nueva sociedad, donde reine una vida diligente sin engaños y robos. Estos valores y principios constitucionales se constituyen en los pilares fundamentales de la sociedad boliviana.

Bajo ese marco constitucional que se encuentra respaldado por la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0112/2012 de 27 de abril; el Tribunal Supremo de Justicia emitió el Auto Supremo N° 275/2014 de 2 de junio que en su parte referente a la falsificación de documentos y sus efectos jurídicos, estableció: “La falsificación de instrumentos privados o públicos se considera una forma especial de engaño que como tal entra en pugna con los principios y valores ético morales en que se sostiene el Estado Plurinacional de Bolivia. Ahora bien los efectos jurídicos que devienen de un hecho ilícito deben tener en relación al actor eminentemente efectos de reproche a la conducta ilícita, y por ningún motivo debe significar la consolidación de derechos favorables al actor que incurrió en el acto ilícito. En consecuencia un hecho ilícito debe generar para el autor efectos de reproche, no de consolidación de un derecho adquirido por un ilícito, que conciba efectos benignos para el autor, como el que podría darse en el caso de Autos, si se reconoce validez a una transferencia que deviene de una falsificación.

En este entendido debemos puntualizar que toda falsificación es evidentemente un acto ilícito y como tal no puede ser considerado como válido para generar efectos favorables para su autor, más al contrario como se mencionó, por lógica, debe producir efectos de reproche a ese acto, que atentaría contra el orden legal y la convivencia social, recriminación que si bien debe operar esencialmente en la vía del derecho penal, pero también en la esfera del derecho civil debe reprimirse el acto ilícito que altera el ordenamiento jurídico, no pudiendo en consecuencia avalarse los pretendidos efectos del hecho ilícito.

Si bien el art. 554 inc. 1) del Código Civil establece la causal de anulabilidad por falta de consentimiento, se debe puntualizar que esta causal no contempla dentro sus previsiones aquellas causales que derivan de una ilicitud sancionada incluso penalmente, sino que esta contempla esencialmente aquellos casos en los en que por ejemplo: un cónyuge transfiere un bien inmueble sin el consentimiento de su cónyuge, cuando este bien inmueble resulta ser un bien ganancial, sin encontrar en este acto de disposición un ilícito sino simplemente, una ausencia de consentimiento del cónyuge quien resultaría el legitimado para validar esa transferencia, o; en el caso de que se le confiera poder a una persona para hipotecar un bien inmueble, y este mandatario va más allá de lo dispuesto en su mandato y transfiere el bien inmueble, acto que, per se, no constituiría un ilícito, sino que solo implicaría la ausencia de consentimiento del legitimado para disponer la venta del bien inmueble.”(El subrayado y la negrilla no corresponden al original) Líneas más abajo en la misma resolución se estableció también que: “…corresponde puntualizar que el Tribunal Supremo como administrador de justicia no puede convalidar una transferencia originada en un hecho ilícito como causal de anulabilidad basada en una ilegalidad, ya que en el caso de Autos se ha probado la falsedad de la minuta (…) este Tribunal  Supremo no puede reconocer  una transferencia que se originó en una falsificación de documentos, ya que estaría yendo contra la ética, los principios, valores, la moral y las buenas costumbres que rigen el Estado, desechando la posibilidad de que en aquellos casos en que a raíz de una falsificación que evidencia un ilícito penal, este acto se subsuma a una causal de anulabilidad, dando en consecuencia la posibilidad de la confirmabilidad del ilícito. Esto supondría generar un caos en el ordenamiento jurídico por contravención a los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado que determinan la moralidad y las buenas costumbres que deben regir en la convivencia social del Estado Plurinacional de Bolivia.” (El subrayado y la negrilla no corresponden al original)  Concluyéndose que la falsedad de un acto no habilita su invalidación por la vía de anulabilidad sino por la vía de la nulidad por su manifiesta ilicitud. Línea jurisprudencial que rige en la actualidad.

En el caso de autos, los tres recurrentes (Ángel Blacutt Sánchez, Juan Valeriano Quiroz y Félix Orlando Blacutt Sánchez), objetan sobre la procedencia de la nulidad dispuesta por el Tribunal Ad quem, pretendiendo justificar un erróneo actuar del Tribunal de instancia en consideración a lo dispuesto en el art. 554 num. 1) del CC. que hace referencia a la procedencia de la anulabilidad y no de nulidad; lo establecido supra, referente al entendimiento legal de la nulidad, anulabilidad y finalmente de inexistencia jurídica, refleja que la consideración expuesta por el Ad quem que textualmente indica: “Concluir por consecuencia lógica, si en el caso, no existe elementos de convicción necesarios y suficientes que nos lleven a afirmar que el día 24 de agosto 1999 (mucho menos el 01 de julio de 1999) hubo un acuerdo de voluntades para realizar un contrato de compra venta del bien motivo del presente caso entre la Sra. Martha Huallpa Adrian o Martha Hualampa Adrían (que para los suscribientes de la presente Resolución, se estima por las probanzas producidas, son una misma persona) por un lado y por otro el Sr. Felix Orlando Blacutt Sánchez, mucho menos pudo ocurrir un acuerdo en el objeto del contrato o causa o motivo que pueda impulsar a las partes suscribir un acuerdo de voluntades, que haga posible el nacimiento de un contrato con los elementos de sus formación que prevé el Art. 452 del Código Civil, por lo mismo tachar a la Escritura Pública Nº 175/1999 de 24 de agosto de 1999 que habría sido extendida ante la Notaría de Fe Pública de Segunda Clase de Caracollo simplemente de inexistente por dicha consecuencia, corresponde expulsarla del tráfico jurídico y retrotraer sus efectos hasta antes de su inscripción en Derechos Reales…”, la consideración expuesta se encuentra en concordancia con la doctrina analizada y la línea jurisprudencial asumida por el Tribunal Supremo de Justicia, al ser así, la denuncia efectuada por los tres interesados (recurrentes) no tiene fundamento alguno ni respaldo legal, debiendo en consecuencia declararse infundado lo acusado en este punto ya consolidado en nuestra jurisprudencia nacional.

2do.- Otro de los problemas jurídicos en el caso de autos se circunscribe a determinar el alcance de la nulidad dispuesta al tercero adquiriente de buena fe, el mismo que se encontraría protegido por el principio de la buena fe y el principio de seguridad  jurídica registral, para entrar en contexto, resulta importante conocer que entendemos por estos principios, bajo esa idea desglosaremos los mismos:

Principio de la Buena Fe: La doctrina nos señala que resulta ser “…un criterio que no significa otra cosa sino lealtad y claridad en el hablar y en la conducta en atención al dato elemental de que la contraparte nada conoce, ni está obligada a conocer, del querer interior de la otra; conoce, únicamente, aquello que la declaración y la conducta integral externa le hace evidente.” (Negocio Jurídico -  Gonzalo Mauricio Meza) siguiendo lo señalado por el autor, éste recoge el concepto emitido por Renato Scognamiglio que señala: “Por ello conviene explicar que la misión de la buena fe en un sistema normativo que destaca ese principio en todas las manifestaciones de la vida contractual, se justifica plenamente en materia de interpretación (subjetiva), por la necesidad de realzar otro criterio más penetrante para resolver la divergencia persistente sobre el significado del contrato…”, concluyéndose que debe existir una “confianza recíproca”; de la misma forma la doctrina la describe como el principio constitucional que obliga a que las autoridades públicas y la misma ley, a que presuman la buena fe en las actuaciones de los particulares.  Por su parte Santos Cifuentes en su obra Negocio Jurídico haciendo cita a Von Tuhr nos enseña que: “No debe olvidarse que en los supuestos de transmisión negocial, si bien en estos casos el enajenante no es el titular ni está facultado para disponer, es indispensable que exista el acto o negocio, de la misma manera que la buena fe del adquiriente; son dos elementos del factum, y el primero, negocio o acto de enajenación, no obstante la ausencia de titularidad del enajenante desconocida por el adquiriente, debe estar cubierta de todos los recaudos de una enajenación válida.”

Principio de Seguridad Jurídica Registral: En toda sociedad ya sea simple o compleja, donde sus componentes realizan en su diario vivir una serie de negocios jurídicos a través de los cuales transfieren sus Bienes inmuebles, rige dicho principio, el cual orienta que resulta obligatorio y necesario que los bienes inmuebles tengan su debida registración en el Registro Público de la Propiedad, (Derechos Reales), al darse la registración de un bien inmueble a favor de una persona, esta aparecerá ante terceros como la legitima propietaria del bien inmueble, con efectos erga onmes, es decir, efectos jurídicos que afectan a todos los miembros de la sociedad. Además, se garantizará a aquellos que deseen adquirir dicho bien inmueble, que quien les está vendiendo es realmente el propietario del bien. Una de las funciones del Registro Público de Propiedad o lo que se conoce en nuestro medio como el Registro de Derechos Reales es dar publicidad a los negocios jurídicos, o sea, de hacer público la existencia de un derecho, a través de los registros que pueden ser consultados por cualquier persona en general, en síntesis es la seguridad jurídica que se brinda a las personas que consultan el Registro antes de la realización de un negocio jurídico. Este principio de seguridad trasciende la esfera registral y se contempla como un valor fundamental de la sociedad. Así, la seguridad es intrínseca a la naturaleza humana, constituyéndose su finalidad en brindar certeza de la situación jurídica que goza un bien inmueble en un momento determinado; de esa forma el Registro resguarda los derechos, tanto de titulares como de terceros, pues se presume que la información contenida en la base de datos del registro es cierta.

Debemos dejar en claro que respecto al tema en cuestión existen otros principios que resguardan al tercero adquiriente de buena fe, pero por cuestiones de efectuar una teorización adecuada y comprensible, solamente se hará mención a los indicados supra.

Situación del Tercero Adquiriente de Buena Fe: La jurisprudencia internacional, de España y Costa Rica encuentra dicotomía en la protección que otorga la ley al tercero adquiriente de buena fe, frente al propietario primigenio del bien inmueble, si bien, en algunos fallos de los Tribunales civiles se evidencia la protección registral para el adquiriente de buena fe, existen también la corriente de protección al propietario primigenio en casos de falsificación de documentos, o lo que se denomina a nivel internacional como “fraudes inmobiliarios”. Para tener una idea clara sobre el tema pasaremos a desarrollar jurisprudencia emitida por los Tribunales de Costa Rica, basando nuestro estudio en la revista de Ciencias Jurídicas Nº 15  (79-116) mayo- agosto 2011, donde se realiza un “Análisis del Fraude inmobiliario” expuesto por el M. Sc Jorge Jiménez Bolaños, Vice decano. Facultad de derecho. Profesor Asociado  Universidad de Costa Rica. Dicho autor, haciendo referencia a la jurisprudencia dictada en su país nos enseña que, la venta de cosa ajena o fraudulenta es absolutamente nula, indicando que la inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o anulables conforme a ley, exponiendo la Resolución de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (Costa Rica) donde se señala textualmente que: “…la validez del contrato por medio del cual adquirió el inmueble, a su decir, al amparo de la fe pública registral, tampoco, las argumentaciones que buscan considerarlo como adquiriente de buena fe, por cuanto la nulidad absoluta de esa negociación es impuesta, legalmente…”, resolución que además hace alusión a las acciones que tuviese el tercero adquiriente o el comprador que ignoraba adquirir un bien ajeno a su transmitente como el pago de daños y perjuicios y acciones de indemnización.

Continuando con el estudio, nos referiremos a la figura de la Adquisición a non domino, protección del tercero adquiriente de buena fe cuando considera que la adquisición realizada, lo fue de persona que no era la propietaria del bien, sin embargo se lo hizo bajo la información registral de la persona que en el registro aparecía como dueña o dueño del inmueble y como tal adquirieron de esa persona que no era la dueña, confiando los adquirientes en la información registral.  “…la adquisición a non domino se protege al adquiriente de buena fe cuyo derecho se origina en quien ostenta, en apariencia, el carácter de titular.  Ello acontece cuando el enajenante aparece como titular en el Registro Público…”, protecciones que sin duda resguardan la seguridad jurídica que debe reinar en toda legislación.

El problema surge, cuando existe colisión entre la posición del tercero adquiriente de buena fe que basó su adquisición en la información registral sin saber que dicho bien le fue sustraído ilegalmente al propietario original, la jurisprudencia de Costa Rica establece: “…es criterio de esta Sala que, como sucede en el caso concreto, la víctima de un despojo de sus bienes, hecho al amparo de documentos falsos que logran ser inscritos en el Registro Público, tiene derecho a recuperar el bien que le ha sido, de esta manera, sustraído en forma fraudulenta, aun cuando haya terceros adquirientes de buena fe, que a su vez confiaron en la publicidad registral.  Lo dicho no implica, en forma alguna, desconocer a los terceros de buena fe, la tutela y defensa de sus intereses, porque ellos conservan los mecanismos previstos en la legislación civil para reclamar, contra el vendedor, la garantía y, en todo caso, el pago de los daños y perjuicios, así como las restantes indemnizaciones que correspondan pago de mejoras, por ejemplo-, según los principios que allí se establecen.  A juicio de esta Sala, la tutela del tercero de buena fe no puede implicar que su situación prevalezca sobre la de quien ha sido, en forma fraudulenta, subrepticia e indefensa, sorprendido con el despojo de la titularidad jurídica de los bienes que le pertenecen y que por imposición del Estado, está obligado a inscribir y registrar (…) la importancia de la publicidad registral y sus principios, no pueden prevalecer sobre el derecho de la primer víctima el legítimo propietario, originariamente despojado en forma fraudulenta- de mantener la titularidad plena sobre sus bienes o en todo caso, el derecho a ser restituido en el goce de los mismos (…) en lo posible restaurando las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho…” (Resolución Nº 0003-98 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia dictada al ser nueve horas, treinta minutos del tres de abril de mil novecientos noventa y ocho).

La posición de la indicada resolución enseña que la tutela del tercero de buena fe no puede implicar que su situación prevalezca sobre la de quien ha sido en forma fraudulenta sorprendido con el despojo de la titularidad jurídica de sus bienes, estableciendo la misma Resolución citada líneas más abajo que: “…mediante la utilización de documentos falsos, en perjuicios de los propietarios registrales verdaderos y, realizar a su amparo, entre otros, falsos traspasos que luego, so pretexto de la seguridad que la propia publicidad representa, extender los efectos del delito, a terceras personas que actúan, la mayoría de ocasiones, de buena fe, si bien no faltan casos en los que, quien adquirirá “al amparo del registro”, también conoce la maniobra fraudulenta y de ello precisamente, espera obtener provecho, para “legalizar” su situación y, de allí en adelante, iniciar la cadena de perjuicios, a los vendedores adquirientes de buena fe, confiados en la información de la publicidad registral.  En suma: la publicidad registral protege el derecho de los terceros de buena fe que ha sido sorprendidos con maniobras fraudulentas ocasionados, según se establece en el campo civil-.  Pero no puede, en forma alguna, constituirse como mampara de legitimación de los hechos delictivos, al punto de ser un obstáculo para que la víctima de un delito el propietario original, despojado de su bien por un documento falso que ha logrado inscribirse- pueda recuperarlo de hecho y de derecho-…”.  Concluyéndose en esta colisión de derechos entre la tutela del tercero adquiriente de buena y el propietario original que en el caso de nulidad del título inscrito se deba a la falsedad del documento que lo ampara se vulnera no sólo “la identidad, sino como lógica consecuencia, la voluntad y el consentimiento del titular registral del bien”. En ese caso no puede hablarse de negocio, de venta y, al amparo de tal acto fraudulento, no pueden generarse efectos jurídicos válidos, aun cuando hayan intervenido en la cadena de transmisiones y movimientos, terceros de buena fe, como sucede en la mayoría de los casos, toda vez que, son provenientes de hechos contrarios a las buenas costumbres que dañan y van en contra de los principios ético-morales establecidos para nuestra convivencia.

En el trabajo efectuado por el M Sc. Jorge Jiménez Bolaños, se considera que: “…deberá resolverse entonces según criterios de Justicia y proteger al propietario original frente a la existencia de un acto delictual el cual le despoja de su propiedad.  Me adhiero a los criterios sabios externados por la Sala Tercera en relación a la solución de proteger al propietario original…”

Por su parte, nuestra legislación,  encuentra cobijo al tercero adquiriente de buena fe, solamente en los casos de anulabilidad, el art. 559 del CC. Establece: “(EFECTOS DE LA ANULABILIDAD RESPECTO A TERCEROS) La anulabilidad no perjudica los derechos adquiridos por terceros de buena fe y a título oneroso, salvo los efectos de la inscripción de la demanda.”, normativa que debe ser interpretada en concordancia con la nueva visión procesal de la ley Nº 439 que en su art. 229 II referente a los alcances de la sentencia indica: “También alcanza los efectos de la sentencia a las personas que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas. En ningún caso afectará a terceros adquirientes de buena fe a título oneroso de bienes o derechos y que tengan título inscrito en el registro público correspondiente.”.  Al respecto, y en consideración a la denuncia expuesta por Ángel  Blacutt Sánchez relativo al principio “Quo nullumest, nullum producit effectun” (lo que es nulo no produce ningún efecto) que a criterio del recurrente fueron superados por la nueva concepción procesal civil en su art. 229 (Alcance de la Sentencia) donde se especifica que la sentencia en ningún caso afectará a terceras personas adquirientes de buena fe a título oneroso de bienes o derechos y que tengan título inscrito en el registro público, se debe indicar; no es que nuestra legislación haya evolucionado o superado dicho principio, éste como enunciado normativo general o axioma que plasma una determinada valoración de justicia de una sociedad, prevalece en el tiempo, y no puede ser superado por una norma adjetiva como la señalada. En ese entendido, respecto a la protección del tercero adquiriente de buena fe, indicaremos que nuestra legislación siempre contó con la protección a los terceros de buena fe, pero solamente en los casos previstos de anulabilidad, nunca para los casos de nulidad de documentos que conforme la regla de retroactividad establecida en el art. 547 del CC -efectos de la nulidad-, las cosas vuelve al estado original y al volver a su estado primigenio, surge o nace el efecto cascada de la nulidad declarada, alcanzando así los derechos de terceras personas que pudieron comprar de buena fe y que fueron demandadas de nulidad, lógicamente teniendo estás (terceros de buena fe) las vías legales para reclamar sus derechos a su vendedor o finalmente hacer prevalecer su buena fe conforme lo norma el art. 134  del CC, situación que en el caso de autos no concurre.  Por dicho motivo concluiremos indicando que esta nulidad tiene efectos Ex tunc, “desde el origen”; la nulidad ex tunc es una nulidad que se retrotrae al día en que se concluyó un contrato, término latino, utilizado para referirse a una acción que produce efectos desde el momento mismo en que el acto tuvo su origen, retrotrayendo la situación jurídica a ese estado anterior.

3ro.- En el caso de autos, se presenta estas dos figuras jurídicas indicadas y estudiadas en el punto 1ro y 2do.- de la presente resolución, donde Angélica Barrios Hualampa de Arandia representada legalmente por Gainsborough Cutipa López instaura la presente demanda de nulidad de la transferencia efectuada por Félix Orlando Blacutt Sánchez, Ángel Blacutt Sánchez, Valentín Otalora Mamani, Cristina Roxana Otalora Choque y Juan Valeriano Quiroz del lote de terreno adquirido por su madre Martha Hualampa Adrián de su propietario Alejandro Urquidi ubicado en el fundo denominado Vinto Cantón Bullain “Urbanización Arenales” correspondiente al lote G, Manzana 58 con un frente de 28 metros sobre la calle denominada 2 por un fondo de 50 metros con una superficie total de 1400 metros cuadrados que estaban registrados en la Partida No. 70 del Libro de Propiedades del Cercado del año 1954 con colindancias al Norte con la propiedad de Remigio Choque al Este con la calle 2 al Oeste con la propiedad de Cándido Adrián y al Sud con terreno baldío.

De los antecedentes fácticos descritos en la litis se tiene que Martha Hualampa Adrián (madre de la actora) falleció el 18 de noviembre de 1967 conforme se evidencia del certificado de defunción de fs. 5, quien aparece transfiriendo el lote indicado supra a Félix Orlando Blacutt Sánchez mediante minuta de fecha 1ro de Julio de 1999, protocolizado mediante la Escritura Pública No. 175/1999 de fecha 24 de agosto de 1999 extendida por el Notario de Segunda Clase con asiento en la población de Caracollo por el Ex notario Prudencio Pinaya C.; computando desde la fecha de la muerte de la transferente a la fecha de suscripción del documento de transferencia y consiguiente protocolización, se tiene que habrían transcurrido 32 años.

Situación fáctica que se encuentra debidamente comprobada en la litis, no resultando aceptable la confusión de HUALLPA HUALAMPA  que pretenden hacer incurrir los recurrentes respecto a la titular, que a criterio de éstos sería otra persona totalmente distinta a la madre de la actora y que la venta sería legal, hecho que correctamente fue analizado por el Tribunal de alzada al indicar que: “…por un lapsus de traslación, a tiempo de ser transcrito y registrado en la Oficina de Derechos Reales el Testimonio Nº 60/1954 de 08 de abril de 1954, se hubo consignado en la Partida Registral Nº 116 del Libro Propiedades Cercado de 1954 como titular de la misma a MARTHA HUALLPA ADRIAN, siendo que la titular que reflejaba aquella Escritura Pública era la mencionada Martha Hualampa Adrián.  De ahí , que queda desvirtuado de inicio que Martha Huallpa Adrián sea persona diferente a Martha Hualampa Adrían, máxime si la parte demandada de forma alguna no aportó al proceso ningún medio de prueba por el cual se tenga demostrado la existencia física de una persona con el nombre y apellidos de Martha Huallpa Adrían…”, criterio del Ad quem que es compartido por este Tribunal Supremo de Justicia, donde la sana crítica y la experiencia profesional nos enseña que los registros efectuados en Derechos Reales contienen errores de transcripción, situación que se presenta en el caso de autos, lo cual no puede servir de excusa para pretender justificar una transferencia de una persona ya fallecida, máxime si en la inspección judicial efectuada a la Notaría de Segunda Clase de Caracollo se constató que en los libros Minutario y protocolar de la gestión de 1999, no se logró encontrar ni la minuta ni el protocolo del testimonio de la Escritura Pública Nº 175/99 de 24 de agosto de 1999 (fs. 316 vta. a 317 vta.), puesto que en dicha gestión sólo se hubieron emitido Escrituras Públicas sólo hasta el número 112 (Fs. 283 a 287 vta.).  De estas pruebas fácilmente se puede arribar a la conclusión que dicha minuta y Escritura Pública fueron falsificadas y que en los documentos descritos no concurrieron las voluntades para efectuar la transferencia del lote de terreno descrito supra.     

En este entendido, como administradores de justicia, tenemos el deber de reiterar y puntualizar que toda falsificación es evidentemente un acto ilícito y como tal no puede ser considerado como válido para generar efectos favorables para su autor, por lógica, debe producir efectos de reproche a ese acto, que atentaría contra el orden legal y la convivencia social, recriminación que si bien debe operar esencialmente en la vía del derecho penal, pero también en la esfera del derecho civil debe reprimirse el acto ilícito que altera el ordenamiento jurídico, no pudiendo en consecuencia avalarse los pretendidos efectos del hecho ilícito, en denuncias de vulneración a lo dispuesto en el art. 554 inc. 1) del Código Civil que establece la causal de anulabilidad por falta de consentimiento, situación que se encuentra por demás considerada supra; tampoco puede avalarse dicho hecho ilícito en el derecho que cuenta el “tercero adquiriente” de buena fe que para el caso de falsificación de documentos o lo que se conoce en la esfera internacional como “fraude registral”, no puede convalidar una transferencia originada en un hecho ilícito, basada en una ilegalidad, ya que en el caso de Autos se ha probado la falsedad e inexistencia de la minuta y de su protocolo -Escritura Pública-, por dicha consecuencia corresponde expulsarla del tráfico jurídico y retrotraer sus efectos hasta antes de su inscripción en el registro público de Derechos Reales (conforme lo señalado por el Tribunal Ad quem); este Tribunal  Supremo no puede reconocer una transferencia que se originó en una falsificación de documentos, ya que estaría yendo contra la ética, los principios, valores, la moral y las buenas costumbres que rigen el Estado, desechando la posibilidad de que en aquellos casos en que a raíz de una falsificación que evidencia un ilícito penal, pueda confirmarse en total detrimento del derecho del propietario original quien por hechos fraudulentos pierde su derecho propietario, aspecto que no puede ser consentido porque supondría generar un caos en el ordenamiento jurídico por contravención a los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado que determinan la moralidad y las buenas costumbres que deben regir en la convivencia social del Estado Plurinacional de Bolivia.

Bajo esas consideraciones, debemos concluir que la determinación asumida por el Tribunal de alzada resulta la correcta y conforme al nuevo entendimiento legal asumida por el Tribunal Supremo de Justicia que en reiterados fallos ya se expuso sobre la viabilidad de la nulidad del contrato de venta cuando proviene de hechos fraudulentos que dañan la ética y la moral, donde además se evidencia la no concurrencia del requisito sine quanon para la validez y existencia del negocio jurídico como lo es el consentimiento. Al ser nulo e inexistente la transferencia Nº 175/99 de fecha 24 de agosto de 1999, por consecuencia lógica y en aplicación de lo dispuesto en el art. 547 del CC, se retrotrae a la situación original y como consecuencia los efectos de la nulidad declarada, también alcanzan a todas aquellas transferencias derivadas de la compra venta declarada nula, correspondiendo declarar también la nulidad de los contratos de transferencia que se generaron como consecuencia de una venta fraudulenta. Teniendo la parte recurrente -que alega ser tercero adquiriente de buena fe- las vías legales correspondientes para demandar a su vendedor y exigirle su derecho de evicción, conforme lo norma el art. 614 num. 3) del Sustantivo Civil, como se tiene expuesto líneas arriba, “Aun cuando sea un tercer adquiriente de buena fe, no puede amparar su derecho bajo la tesis que adquirió bajo la publicidad registral.  Si a su adquisición le ha procedido un documento falso. Deben anularse todos los actos que tengan su base en aquel.  Todo para devolver al propietario original el bien que le fue sustraído.” (Jorge Jiménez Bolaños)    

En consecuencia éste Tribunal Supremo de Justicia, por el razonamiento vertido, emite resolución en la forma determinada por los arts. 271 num. 2) y 273 código adjetivo Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 746 a 751 presentado por Ángel Blacutt Sánchez, el recurso de casación y nulidad de fs. 755 a 763 vta., presentado por Juan Valeriano Quiroz, y el recurso de casación en el fondo de fs. 779 a 780 presentado por Félix Orlando Blacutt Sánchez, todos en contra del Auto de Vista de fecha 31 de diciembre de 2014 cursante fs. 729 a 733 vta., pronunciado por la Sala Civil, Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, con costas.

Se regula el honorario del profesional en la suma de Bs.- 1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.