TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 1113/2016

Sucre: 23 de septiembre 2016                                                                            Expediente: SC-170-15-S                                                                                        Partes: Irma Fernández Martínez c/ Iglesia Misión Adventista del Séptimo Día

            “MOVIMIENTO DE REFORMA”

Proceso: Mejor Derecho Propietario y Otros.                                                                                               Distrito: Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación de fs. 374 a 377, interpuesto por Irma Fernández Martínez por medio de su representante, contra el Auto de Vista de fecha 30 de septiembre de 2015 de fs. 371 a 372, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Violencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de Mejor Derecho Propietario y otros., seguido por Irma Fernández Martínez contra la Iglesia Misión Adventista del Séptimo Día “MOVIMIENTO DE REFORMA”, el Auto de concesión del recurso de fs. 384, y;

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez de Partido Decimo Segundo en lo Civil y Comercial del Departamento de Santa Cruz, pronunció  Sentencia de fecha 30 de abril de 2015, cursante de fs. 342 a 345, por la que declaró: “IMPROBADA la demanda saliente  fojas 18 a 20 y de fs. 84 a 88 del expediente, formulada por IMA FERNANDEZ MARTINEZ…. “.   

Resolución de primera instancia que fue apelada por la demandante a través de su representante de fs. 347 a 351, a cuyo efecto la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Violencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz mediante Auto de Vista de fecha 30 de septiembre de 2015, cursante de fs. 371 a 372, CONFIRMA totalmente la sentencia de fecha 30 de abril de 2015, bajo el siguiente fundamento: “ Nótese que el hecho de que la fundamentación no sea ampulosa o extensa no quiere decir que carezca de la misma, en este sentido se ha pronunciado el tribunal Constitucional en su Sentencia Nº 2212/2010-R, ya que, la fundamentación implica la identificación de la norma aplicable al caso concreto y su correspondiente adecuación, parámetro que contiene la resolución impugnada.

Que, en lo que se refiere a la denuncia de que se hubiere admitido prueba fuera del termino probatorio, corresponde puntualizar que no se evidencia reclamo alguno por parte de la demandante por lo que no atañe en esta instancia pronunciarse, puesto que conforme a lo previsto en el art. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, dicha irregularidad debió haber sido reclamada oportunamente”

Resolución que fue impugnada vía recurso de casación por la parte demandante por medio de su representante  a fs. 374 a 377, el mismo que se analiza.

II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Que el Auto de Vista niega la consideración de la prueba material consistente en el Auto Supremo Nº 137/2004 de 26 de julio.

Expresa contradicción, en sentido que al confirmarse la Sentencia de 30 de abril de 2015, se pone en duda la validez del AS Nº 137/2004, admitiéndose u otorgándose validez del ofrecimiento de pruebas propuestas fuera del termino procesal  violándose el art. 90 del Código de Procedimiento Civil.

Acusa haberse otorgado más de lo pedido por los demandados, y se condena al demandante con costas, ignorándose totalmente los antecedes del proceso lo que demuestra la marcada parcialización del Juez A quo.

RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN:

Señala que simplemente el recurrente pretende realizar una interpretación empírica de la norma, desconociendo  que  estos adquirieron el lote de terreno objeto de la presente Litis de los Sres. Oswaldo Gutiérrez Cuellar y Lucila Arancibia  Molina, personas que resultan los verdaderos propietarios y así lo demostraron en el proceso ordinario de mejor Derecho Propietario en contra de Asunta Pérez Justiniano, en cuyo proceso anularon y cancelaron sus títulos, resultando también nulos los títulos de los demandantes.

Y en cuanto al otro proceso el mismo se declaró improbado, porque no se demostró que la acción haya sido interpuesta contra el mismo bien inmueble, es decir que no se reconoció ningún derecho.

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- Ante la interposición del recurso de casación en la forma y fondo, es necesario  en primer lugar resolver los reclamos de forma:


Sobre este punto, corresponde señalar lo expresado en la doctrina aplicable contenida en el A.S. 203/2016 de fecha 11 de marzo, que de forma clara ha expresado: “En principio corresponde orientar que conforme establece el art. 274 del Código Procesal Civil, el recurso de casación puede ser interpuesto tanto en la forma como en el fondo; norma que posee un contenido análogo con lo que establecía el  art. 258 num. 2) del Código de procedimiento Civil, tipo de recursos que tiene relación con la forma de resolución que ha de emitirse, en vista de que el recurso de casación en la forma, es el mecanismo recursivo, mediante el cual se acusan aspectos inherentes a la forma de la tramitación de la causa, cuya finalidad es anular obrados y el recurso de casación en el fondo, es el mecanismo recursivo idóneo para observar la errónea aplicación, violación o interpretación de la ley realizado por los jueces de instancia y la finalidad de la misma es casar el Auto de Vista, y debido a esta notoria diferenciación, es que de principio y por metodología estructural corresponde pronunciarse en un primer momento, sobre los reclamos de forma, puesto que de ser evidente los mismos, la resolución a emitirse como se expuso es una anulatoria y  no corresponderá realizar un análisis en cuanto a los reclamos de fondo, entonces debido a ese antecedente, es que en principio corresponde realizar un análisis de los reclamos inherentes a la forma del proceso.”

III.2.- Del Principio de Convalidación: 

El fundamento del Principio de Convalidación, tiene su esencia en que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, debido a que no obstante haber tenido expedito el derecho para deducir su nulidad, no lo hace oportunamente en su primera actuación; con ese proceder dota a dicho acto de plena eficacia jurídica; en ese mérito el art. 107 de la Ley 439 estableció que “II. No podrá pedirse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita. III. Constituye confirmación tácita, no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil”.

Razonamiento que tiene relación con lo señalado en la SCP Nº 1420/2014 de 7 de julio que señaló: “…toda nulidad debe ser reclamada oportunamente a través de los recursos e incidentes que la ley procesal establece como medios idóneos y válidos para dejar sin efecto el acto procesal afectado de nulidad, más cuando se tuvo conocimiento del proceso y asumió defensa utilizando esos medios de defensa al interior del proceso, dicho en otros términos, un acto procesal es susceptible de nulidad solo cuando es reclamado oportunamente o cuando el litigante no tuvo conocimiento de la existencia del proceso, hecho que le causo indefensión, afectando su derecho a la defensa, razonando en contrario, no se puede solicitar la nulidad cuando teniendo conocimiento del proceso y asumiendo defensa dentro del mismo, no interpuso incidente alguno contra el acto procesal objetado de nulidad, dejando ver a la autoridad judicial, que ese acto se encuentra plenamente consentido o convalidado,”.

III.3.- De la preeminencia del Principio de verdad material:

En cuanto a la preeminencia del principio de verdad material, en el tema de la producción de prueba, este Maximo Tribunal, en un caso análogo,  en el  AS Nº 730/2015 L de fecha 27 de agosto,  ha orientado en sentido: “ sobre dicho criterio al tratarse de un aspecto atinente al procedimiento y no así al contenido o veracidad de dichas declaraciones; las cuales no han sido desvirtuadas menos objetos de tacha alguna, corresponde referir que en los de la materia rigen principios procesales esenciales como ser el de preclusión y convalidación, aplicables al presente caso en vista de que al momento de ser producidas las pruebas testificales, no han sido objetadas  o impugnadas por las partes, por cuanto  la actitud de las partes (demandante y demandada)  evidencia una aceptación en la producción de ese medio de prueba(testifical), máxime, si estos a través de su abogado participaron del contrainterrogatorio y en dicha audiencia lo cual evidencia una aceptación total en la realización de este actuado, sobre todo las partes no han realizado reclamo alguno referente a su extemporaneidad en su producción, por cuanto las partes han dado validez  a ese actuado jurisdiccional, no pudiendo posteriormente ante una resolución desfavorable pretender su modificación cuando en el momento procesal no se hizo reclamo alguno, resultando el mismo en una actitud reprochable que debió ser apreciada por el Tribunal de segunda instancia, que debe velar por el principio de verdad material sobre el formal.

Sobre lo explanado en la parte in fine de lo anteriormente expuesto sobre el tema conforme orienta el art. 190 del Código de procedimiento civil, -la sentencia pone fin al proceso y recae sobre la cosa demandada conforme a la verdad que evidencie la prueba producida en la causa-, es decir dicho articulado  postulaba el principio de verdad material, mismo que conforme a un nuevo modelo constitucional ha sido incorporado su aplicación a todos los jueces ordinarios, como principio fundamental del derecho, mismo que se encuentra consagrado en el art. 180 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, en el mismo sentido la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional  contenida en la SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0609/2015-S2 sobre el tema ha señalado: “Resulta necesario precisar entonces que, de acuerdo a la previsión contenida en el art. 180.I de la Ley Fundamental, que consagra los principios de la jurisdicción ordinaria, se halla contemplado el de verdad material, que comprende la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que concierne a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro, o de definir sus derechos y obligaciones, arribando a una decisión injusta que no corresponda a los principios, valores y valores éticos instituidos en la Ley Fundamental y a los que todas las autoridades de todos los órganos de poder, están compelidos a cumplir; en ese sentido, es lógico que a fin de efectivizar una impartición de justicia menos formalista y procesalista, dando lugar a una material y efectiva que respete los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas,”

Teniendo presente lo expresado en sentido que a través  del principio de progresividad se ha establecido la preeminencia del principio de verdad material, sobre los aspectos formales, por cuanto el hecho de quitar valor probatorio  a estos medios de pruebas por cuestiones netamente formales y no por su contenido, resulta una actitud totalmente formalista que va en desmedro de principios que actualmente rigen la administración de justicia, otorgados por una nueva estructura constitucional, que tiene como fuente principios orientadores de una verdad material”

III.4.- De las Costas:

Sobre este punto la norma adjetiva civil en cuanto a la imposición de costas procesales en primera instancia, en el art. 198 de manera taxativa expresa:” (Costas en primera instancia) I.- Cuando la sentencia declare improbada la demanda en todas sus partes, se condenará en costas al demandante.

II.- Será condenado en costas el demandado contumaz contra quien se hubiere pronunciado sentencia condenatoria.

III.- En procesos dobles no procederá condenación en costas en primera instancia.”

De la letra y espíritu de esta norma se desprende, que las costas en primera instancia solo procede en estos supuestos casos, más no, en otros, y en el mismo sentido se ha orientado en el Auto Supremo N ° 24 de fecha 20 de enero de 2009, el cual resolviendo un caso análogo expresó: “CONSIDERANDO: Que el art. 198 del Código de Procedimiento Civil, bajo el nomen juris "Costas en primera instancia", dispone lo siguiente: I.- Cuando la sentencia declare improbada la demanda en todas sus partes, se condenará en costas al demandante.

II.- Será condenado en costas el demandado contumaz contra quien se hubiere pronunciado sentencia condenatoria.

III.- En procesos dobles no procederá condenación en costas en primera instancia.

De la interpretación de la norma citada, queda claro que solo en una eventualidad procede la condenación en costas al demandado perdidoso y es cuando el demandado hubiere sido declarado rebelde y "contumaz" a la ley, es decir, no hubiere contestado a la demanda en el plazo que la ley procesal prevé y se decreté contra él la "rebeldía" y además la sentencia le sea desfavorable al rebelde.”

Y en cuanto al tema de las costas en segunda instancia, la norma de forma precisa en su art. 237-I expresa que el Auto de vista podrá ser: “Confirmatorio Total con costas, en ambas instancias, 2) Confirmatorio Parcial, sin costas. 3) Revocatorio Total o Parcial, sin costas. 4) Anulatoria o repositorio, con responsabilidad al inferior.”

De la norma en cuestión se advierte que solo cuando la sentencia sea confirmada en su integridad se condena en costas, con la excepción y salvedad que establece la segunda parte de la citada norma.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Ante la evidencia de reclamos tanto de forma como de fondo, corresponde absolver en primer lugar los de forma de acuerdo al criterio adoptado en la doctrina aplicable III.1.

Alude que de forma errada se habría otorgado validez a pruebas propuestas fuera del término procesal violándose el art. 90 del Código de Procedimiento Civil.

En principio, corresponde señalar que el ahora recurrente no expresa de forma concreta cual resulta ser la prueba que hubiese sido presentada fuera de plazo, empero, mas allá de esta omisión, del contexto del recurso se advierte que las pruebas que se acusan de ser presentadas de forma extemporánea son las cursantes de fs. 210 a 275, partiendo de este antecedente de la revisión de obrados, conforme ha señalado el Tribunal de Segunda instancia, no se advierte que el ahora recurrente hubiese observado ese ofrecimiento extemporáneo de prueba, y conforme a lo expuesto en la doctrina aplicable III.2, con el silencio del ahora recurrente se ha dotado de plena eficacia todos esos actuados realizados, no resultando viable pretender retrotraer actuados procesales ya superados, siendo inviable invocar la nulidad procesal por desidia o dejadez en el Juzgador, cuando como se expuso las partes contaban con los mecanismos recursivos idóneos establecidos en el art. 24 de la Ley 1760 deviniendo en infundado su reclamo.

Al margen de ello de acuerdo a lo desglosado supra en el punto III.3, dentro de un nuevo modelo constitucional actual que tiene como preeminencia el derecho sustantivo en amparo del principio de verdad material, sobre los aspectos formales, no puede restarse validez  a medios probatorios por cuestiones netamente formales sino por su contenido,  idea en contrario resultaría una actitud totalmente formalista que va en desmedro de principios que actualmente rigen la administración de justicia, otorgados como se expuso por un nuevo modelo constitucional, por lo que, no resulta viable su reclamo.

Como segundo punto, alude la errónea valoración del Auto Supremo Nº 137/2004, desconociéndose su derecho propietario.

Del contexto de su recurso se puede advertir, que lo que el recurrente pretende es que se otorgue un valor de cosa Juzgada a las resoluciones adjuntas a la demanda como ser el Autos Supremo Nº 137/2004 y el Auto de vista que le corresponde, sobre este tema es menester aclarar que no resulta viable el entendimiento pretendido, debido a que en esas resoluciones en ningún momento se ha dispuesto derecho alguno, mas por el contrario se ha declarado improbada la demanda invocada por quien ahora resulta la parte demandada,  debido a que el bien del cual se pretendía su mejor Derecho Propietario resultaba ser otro, puesto que no se reunía los presupuestos para la viabilidad de la acción impetrada, entonces bajo dicha óptica ese proceso conforme a lo aludido no genera ningún efecto de cosa juzgada en este proceso, deviniendo en infundado su reclamo.

Acusa haberse otorgado más de lo pedido por los demandados, por haberse condenado al demandante con costas, ignorándose totalmente los antecedes del proceso, lo que a su juicio demostraría la marcada parcialización del Juez A quo.

De lo glosado no se llega a advertir de forma clara y precisa el reclamo, empero, se puede inferir que su reclamo encuentra su fundamento en que no procedía condenarlo en costas al demandante.

Del análisis de la Sentencia se puede establecer que la misma ha sido declarada improbada, entonces bajo ese hecho por sindéresis era viable la figura de costas impuesta por el Juez, máxime, si no existía demanda reconvencional criterio que encuentra armonía en lo expuesto en el punto III.4, y al ser confirmada la Sentencia en todas sus partes también hace pasible la sanción en costas conforme a lo también orientado en la doctrina aplicable III.4, por lo que no resulta evidente su reclamo.

Por los motivos expuestos corresponde dictar Resolución conforme manda el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II, declara  INFUNDADO el recurso de casación de fs. 374 a 377, interpuesto por Irma Fernández Martínez por medio de su representante, contra el Auto de Vista de fecha 30 de septiembre de 2015 de fs. 371 a 372, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Violencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.000

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani