TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 111/2016

Sucre: 05 de febrero 2016

Expediente: CB-73-15S

Partes: Juan Teodoro Chambi Hinojosa c/ Rafael Chambi Hinojosa y José Isaac

            Torrico Soria

Proceso: Nulidad de contrato

Distrito: Cochabamba

VISTOS: El recurso de casación de fs. 254 a 260, interpuesto por Rafael Chambi Hinojosa y Sandra Elizabeth Chambi Peña contra el Auto de Vista Nº 017/2015 de 30 de enero, de fs. 247 a 250, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro el proceso de Nulidad de contrato, seguido por Juan Teodoro Chambi Hinojosa encontra de Rafael Chambi Hinojosa y José Isaac Torrico Soria, la contestación de fs. 263 a 264 y vta., el Auto de concesión de fs. 266, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Decimo primero en lo Civil de la Capital y Provincia Cercado del Departamento de Cochabamba, pronunció Sentencia de fecha 24 de diciembre de 2013, de fs. 212 a 216, falla declarando IMPROBADA la demanda de nulidad de fs. 4, aclarada a fs. 7, formulada por el Sr. Juan Teodoro Chambi Hinojosa y PROBADA la excepción perentoria de improcedencia interpuesta por el co-demandado José Isaac Torrico Soria a fs. 23, asimismo IMPROBADA, la demanda reconvencional de fs. 31 aclarada a fs. 36, interpuesta por Rafael Chambi Hinojosa.

Contra dicha Resolución, Juan Teodoro Chambi Hinojosa, interpone recurso de apelación fs. 219 a 223, que mereció el Auto de Vista Nº 017/2015 de 30 de enero, de fs. 247 a 250, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que REVOCA la Sentencia apelada.

Resolución que dio lugar al recurso de casación presentado por Rafael Chambi Hinojosa y Sandra Elizabeth Chambi Peña, el mismo que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

1.-Refiere la vulneración al debido proceso, toda vez que la representación de 14 de octubre del 2010, ha sido acompañada fuera del término de prueba, pues de obrados se tiene que por Auto de 8 de octubre del 2008, se declaró la conclusión  del termino de prueba con incumplimiento de disposiciones legales desnaturalizando la condición  de prueba plena, es más existe una contradicción en la proposición de la prueba de Juan Teodoro Chambi Hinojosa de fecha 23 de julio del 2008,

2.-Así mismo sostiene que el Auto de Vista motivo de impugnación, si bien la parte actora inicialmente demanda la anulabilidad y la nulidad de la Escritura Publica Nº 147/2001 de 06 de marzo de 2001, respecto a la escritura otorgada por Rafael Chambi Hinojosa y María Elena Peña de Chambi a favor de José Isaac Torrico Soria de las acciones y Derechos que le corresponden a Juan Teodoro Chambi Hinojosa en el inmueble de 478 m2., Ubicado en la av. Capitán Ustariz zona Chimba Chica de esta ciudad y posteriormente mencionado la existencia de línea jurisprudencial establecida, respecto a que la falta de consentimiento era solo causal de anulabilidad, es forzada a demandar la nulidad de documentos, por las causales  1, 2 y 3 del art. 549 del Código Civil. pues toma como base el consentimiento como requisito esencial para la formación del contrato, desconociéndose que el consentimiento corresponde a una previsión legal contenida en el art. 554 del Código Civil, que dispone la anulabilidad del contrato y no la nulidad demandada por el actor, se entra en una serie de apreciaciones tomando en cuenta una certificación cuestionada incurriendo en una apreciación subjetiva de fundamento, sin percatarse que la ilicitud enunciada, no tiene sustento legal de cosa juzgada tampoco considera que existe en el consentimiento dos formas la tacita y la expresa que el demandante no ha demostrado si firmo o no el documento de 01 de julio de 1998, no demostró que viven en la Argentina con prueba contundente.

3.- Por otra parte refiere la errónea interpretación o aplicación indebida de la ley, disposiciones contradictorias acusando error de hecho y derecho en la valoración de la prueba.

4.-Asimismo, los recurrentes sostienen que en la parte Resolutiva los arts. 552 y 553 del Código Civil, disposiciones contradictorias y apreciación de la prueba incurriendo en error de hecho o de derecho, con la valoración de la supuesta prueba, mencionando que no se puede dar validez a un documento inexistente, por haber sido íntegramente falsificado con su suplantación de firmas y rubricas, empero esto no ha sido demostrado objetivamente, toda vez que la representación de fecha 14 de octubre de 2010, ha sido adjuntado fuera del termino probatorio.

Concluyendo que el Auto de Vista se ha salido del marco del debido proceso y la seguridad jurídica, pues se ha operado una serie de hechos anotados y actos dictados, que se ha materializado en vulneración no solo con la Constitución Política del Estado, sino que ha originado una serie de actos prohibidos por la ley Adjetiva y Sustantiva Civil, en la que de manera más distorsionada y podría decirse hasta coercitiva habilita una defectuosa demanda, que no se ajusta al procedimiento factico; debido que no se ha valorado lo actuado en el proceso, señalando en consecuencia la vulneración del art. 190 del Código de Procedimiento Civil y la violación del debido proceso.

Con lo que termina peticionando al Tribunal supremo de Justicia, casando el Auto de Vista objeto de impugnación y declarara improbada la demanda de fs. 4 y probada la excepción de fs. 23

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

1.- Partiendo del análisis del recurso de casación, los recurrentes cuestionan la vulneración del debido proceso, señalando que la “representación” de fecha 14 de octubre del 2010, ha sido presentada fuera del término de prueba, razonando que por Auto de 8 de octubre del 2008, se habría declarado la conclusión del termino de prueba, no habiéndose observado este extremo por los de instancia.

Al respecto es pertinente puntualizar lo siguiente; de los antecedentes del proceso, se advierte a fs. 79 y vta., el Auto de fecha 08 de octubre de 2008, donde se dispuso la conclusión del termino probatorio, no obstante ello, la “representación” expedido por Notaria de Fe Publica cuestionado fue adjunto al proceso en fecha 19 de octubre de 2010 (según cargo de presentación de fs. 129 vta.), en cumplimiento de lo ordenado por el Juez de la causa por Resolución de fecha 07 de octubre de 2010, en uso de la facultad conferida por el art. 378 del Código de Procedimiento Civil, en la que dispuso la notificación a la Notaría de Fe Publica Nº 23 a cargo del Dr. Gualberto Torrez Claure a objeto de que represente sobre la procedencia de la Escritura Publica 147/2001, recibiendo como respuesta en aquella “representación”: “…Que revisado el libro de Protocolos de Escrituras Públicas de la Gestión 2001 de los archivos del Dr. Julio Márquez Balderrama, la escritura No. 147/2001 de 01 de febrero de 2001, corresponde a un préstamo de dinero por la suma de 2.500 $us. que otorga ECOFUTURO S.A. a favor de María Ugarte de Meneses, y no así al documento de compra y venta del lote de terreno de fecha 01 de julio de 1998 protocolizado en fecha 6 de marzo de 2001”, de lo cual se evidencia que la referida prueba lo requirió el Juez a efectos de establecer la verdad de los hechos prevalido del art. 378 C.P.C., citado dentro del marco de sus atribuciones, consiguientemente no se vulnero el derecho al debido proceso, siendo así el reclamo del recurrente resulta sin sustento legal.

2.- Previamente al ingresar a dar respuesta, sobre la infracción de los arts. 549 y 554 del Código Civil, es preciso referirnos a los argumentos de la demanda de fs. 4 y vta., que Juan Teodoro Chambi Hinojosa interpone acción de nulidad y anulabilidad conforme a los arts. 549 nums. 1), 2) y 3) y 554 num. 1) del Código Civil, pretensiones que fueron observadas por el A quo, por proveído de fecha 14 de febrero de 2007 (ver. fs. 5), mismo que fue aclarado por memorial de fecha 22 de febrero de 2007. (Según cargo de presentación ver fs. 7), señalando claramente que su pretensión fuese de una nulidad de contrato de transferencia, manifestando que nunca había firmado una declaratoria de herederos mucho menos una transferencia del 50 % del total del bien inmueble en el que aparece como propietario Rafael Chambi Hinojosa (demandado) según el Registro en Derechos Reales bajo la matricula computarizada Nº 3011010010368 Asiento A-1 de fecha 23 de abril de 2001, no obstante de ello aparece como único propietario Rafael Chambi Hinojosa (demandado) transfiriendo el otro 50% del bien inmueble a favor de José Isaac Torrico Soria, bajo la misma matricula computarizada Nº 3011010010368 con el Asiento A-2, sosteniendo que por actos dolosos e ilícitos contrarios a las normas falsificó el documento de fs. 2 a 3 de obrados, es así que tramitada la causa hasta llegar al estado de que el A quo emita Sentencia de fecha 24 de diciembre de 2013, donde declaró improbada la demanda principal.

Ahora bien ingresando al recurso de casación en sí mismo, donde los recurrentes acusan que el Auto de Vista recurrido arbitrariamente revoca la Sentencia y declara probada la demanda principal de nulidad, sin haber observado que el actor no probó los presupuestos para la procedencia de la nulidad contenida en el art. 549 del Código Civil, y por el contrario su razonamiento se basa en el consentimiento según el art. 554 num.. 1) del Código Civil; al respecto debemos remitirnos a los antecedentes del proceso, que en primera instancia se adjunta por memorial de fecha 19 de octubre de 2010 (según cargo de presentación de fs. 129 vta.), la “representación” y fotocopia del registro de índice del Libro de Protocolos con las numeraciones del 129 a 159, expedido por Notario de Fe Publica Nº 23 a cargo del Dr. Gualberto Torrez Claure, en cumplimiento de lo ordenado por el Juez de la causa por Resolución de fecha 07 de octubre de 2010, en cuya representación indica lo siguiente: “… revisado el libro de Protocolos de Escrituras Públicas de la Gestión 2001 de los archivos del Dr. Julio Márquez Balderrama, la escritura No. 147/2001 de 01 de febrero de 2001, corresponde a un préstamo de dinero por la suma de 2.500 $us. que otorga ECOFUTURO S.A. a favor de María Ugarte de Meneses, y no así al documento de compra y venta del lote de terreno de fecha 01 de julio de 1998 protocolizado en fecha 6 de marzo de 2001”, donde verifico la inexistencia de la Escritura Publica 147/2001, mismo que fue considerado por el Tribunal de alzada en el cual determino la falsedad de la transferencia del bien inmueble al no existir la Escritura Pública en registros de la Notaria de Fe Publica, concluyendo en la nulidad del documento por ser dicho acto el resultado un ilícito contrario al orden público y las buenas costumbres en el contrato del que se pretende la nulidad.

Por otra parte en cuanto a que no se habría probado los presupuestos para la procedencia de la nulidad contenida en el art. 549 del Código Civil, acusación que tiene relación con el reclamo donde los recurrentes acusan que existiría interpretación errónea ya que todo el trámite se habría dirigido a una causa de anulabilidad y no de nulidad, pues dentro de las causas de anulabilidad especificadas en el art. 554 del Código Civil, que dispone que el contrato será anulable por la falta de consentimiento para su formación, y en el caso el proceso se habría limitado a demostrar la falta de consentimiento, por lo que la parte actora no habría probado las causales de nulidad; al respeto corresponde señalar el art. 8  y 9 numeral 4 del Constitución Política del Estado, establece sobre los valores y principios morales sobre los que se basa el Estado Plurinacional de Bolivia, disponiendo además que entre los fines y funciones del Estado, está el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución, es decir se convierten en normas que comparten la eficacia jurídica de la propia constitución.

En ese contexto, se debe tener presente que si bien los recurrentes acusan que todo el trámite del proceso se habría dirigido a una causa de anulabilidad y no de nulidad, causales de anulabilidad señaladas en el art. 554 num. 1) del Código Civil, que dispone que el contrato será anulable por la falta de consentimiento para su formación, por lo que no se habría probado las causales para la nulidad previstas de la citada norma.

A ese fin es preciso remitirnos al Auto supremo Nº 275/2014 en el que se ha orientado que: “…el art. 554 inc. 1) del Código Civil establece la causal de anulabilidad por falta de consentimiento, se debe puntualizar que esta causal no contempla dentro sus previsiones aquellas causales que derivan de una ilicitud sancionada incluso penalmente, sino que esta contempla esencialmente aquellos casos en los en que por ejemplo: Un cónyuge transfiere un bien inmueble sin el consentimiento de su cónyuge, cuando este bien inmueble resulta ser un bien ganancial, sin encontrar en este acto de disposición un ilícito penal sino simplemente, una ausencia de consentimiento del cónyuge quien resultaría el legitimado para validar esa transferencia, o; En el caso de que se le confiera poder a una persona para hipotecar un bien inmueble, y este mandatario va más allá de lo dispuesto en su mandato y transfiere el bien inmueble, acto que tampoco constituiría un ilícito penal, sino que solo implicaría la ausencia de consentimiento del legitimado para disponer la venta del bien inmueble. En ambos casos la conducta no constituye un ilícito reprochable a su autor.”, como en el caso presente se ha demostrado la inexistencia de la Escritura Publica Nº 147/2001, de tal manera entra en pugna con los principios y valores ético morales en que se sostiene el Estado Plurinacional de Bolivia.

Ahora bien, que por la inexistencia de la Escritura Publica Nº 147/2001, el Ad quem fundamento que: “…con relación a la pretensión de nulidad o anulabilidad es preciso acumular y resolver ambas pretensiones cuando la nulidad ha sido deducido en forma subsidiaria o eventual propia, es decir cuando se reclama pronunciamiento sobre la nulidad solamente en el caso de no se haya acogido sobre la pretensión de anulabilidad, de donde se infiere que ya no es posible considerar como peticiones antagónicas, sino que es atribución  de los jueces y tribunales de justicia resolver el conflicto en base a los hechos expuestos en la demanda y reconvención que deben ser subsumidos en la norma vigente…”.  

Razonamiento que resulta correcto toda vez que los efectos jurídicos que devienen de un hecho ilícito deben tener en relación al actor eminentemente efectos de reproche a la conducta ilícita, y por ningún motivo debe significar la consolidación de derechos favorables al demandado que incurrió en el acto ilícito.

En consecuencia un hecho ilícito debe generar para el autor efectos de reproche, no de consolidación de un derecho adquirido por un ilícito; por lo que a diferencia de los casos sobre falta de consentimiento expuestos supra, debe entenderse como la inexistencia del acto es decir de la Escritura Pública de transferencia de un bien inmueble el mismo deviene de un hecho ilícito al existir la falsificación, pues toda falsedad supone un acto que no habilita su invalidación por vía de anulabilidad sino por vía de nulidad por su manifiesta ilicitud, consiguientemente lo acusado por los recurrentes no cuentan con un sustento legal.

3.- En lo que respecta a este punto, corresponde aclarar que el recurrente cuando acusa en uno de sus puntos de controversia, las disposiciones contradictorias, sin explicar el contenido de dicha acusación al efecto cabe referir que la causal referida al art. 253 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, implica que la contradicción pueda que se encuentra generada en la parte dispositiva del fallo, entendiendo por tal que el Ad quem hubiera otorgado o acogido pretensiones contradictorias entre sí, sea del demandante o demandado, no siendo en consecuencia evidente lo alegado.    

4.- En cuanto al cuarto punto es preciso señalar que, el recurso de casación transita sobre la denuncia de error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, sin embargo de la revisión de las documentales cursantes de fs. 126 y 128, consistente en una representación expedido por la Notaria de Fe Publica Nº 23 y la fotocopia del registro del índice de las escrituras públicas pertenecientes de los Nº 129 a 159, de los cuales se evidencia que no corresponde el protocolo de la Escritura Nº 147/2001, concerniente a una transferencia de terreno que otorgó Juan Teodoro Chambi Hinojosa (demandante) en favor de Rafael Chambi Hinojosa (demandado), siendo la misma inexistente, por lo que,no se observa error de derecho o de hecho en su apreciación, por cuanto el Ad quem otorgó la valoración que establece los arts. 1296 parágrafo II. del Código Civil., sin que su contenido hubiese sido distorsionado, alterado o cercenado, de ahí que el Tribunal de alzada en el Auto de Vista cuestionado en el considerando segundo considero los medios probatorios más aún cuando refirió: “Que en el trámite del proceso mediante la representación de fecha 14 de octubre de 2010, que señala que revisado el libro de Protocolos de Escrituras Públicas de la Gestión 2001 de los archivos del Dr. Julio Márquez Balderrama, la escritura No. 147/2001 (…), corresponde a un préstamo de dinero por la suma de 2.500 $us. que otorga ECOFUTURO S.A. a favor de María Ugarte de Meneses, y no así al documento de compra y venta del lote de terreno de fecha 01 de julio de 1998 protocolizado en fecha 6 de marzo de 2001, se evidencia que el actor no ha suscrito el documento de venta en cuestión mucho menos la transferencia del 50% del total del inmueble a favor de su hermano Rafael, sin embargo, el A quo con el argumento de que no se demostró la procedencia de la demanda de nulidad de transferencia y menos la existencia de las causales de nulidad declara improbada la demanda de nulidad…”.Resolución que emergió del análisis de todo el conjunto probatorio que otorgó la convicción al Tribunal de Alzada para asumir la determinación de revocar la Sentencia y declarar probada la demanda principal.

De lo expuesto precedentemente, se infiere con claridad que no existe violación de norma alguna tampoco aplicación indebida de la ley en el Auto de Vista recurrido, y al contrario, denota una correcta aplicación de las normas descritas en esta Resolución, por cuanto sus reclamos devienen en infundados.

En consecuencia este Tribunal Supremo de Justicia, por el razonamiento vertido, emite Resolución en la forma determinada por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 254 a 260, interpuesto por Rafael Chambi Hinojosa y Sandra Elizabeth Chambi Peña contra el Auto de Vista Nº 017/2015 de 30 de enero, de fs. 247 a 250, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas.

Se regula honorarios en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator : Mgdo. Rómulo Calle Mamani.