TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                            S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 1103/2016                                                             Sucre: 23 de septiembre 2016                                                      Expediente: P 11 15 S                                                                                Partes: Maritza Quiroga Roca c/ Fundación María Luisa Jordán Vda. de León.                     Proceso: Usucapión                                                                                    Distrito: Pando


VISTOS: Los recursos de casación de fs. 1297 a 1302 interpuesto por Fundación María Luisa Vda. de León, mediante su representante Guillermo Torres López, y el de fs. 1306 a 1312 y vta., interpuesto por Maritza Quiroga Roca en contra del Auto de Vista Nº 121/2015 de 8 de septiembre, que cursa de fs. 1285 a 1286 y vta., pronunciado por la Sala Civil, Social, Familia, de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, en el proceso ordinario de usucapión seguido por Maritza Quiroga Roca en contra de Fundación María Luisa Vda. de León, la concesión de fs. 1323 vta., los antecedentes del proceso y;

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Primero en lo Civil pronuncia la Sentencia N° 010/2015 de 22 de mayo, que cursa de fs. 1169 a 1177 declarando probada la demanda de usucapión interpuesto por Maritza Quiroga Roca, improbada la demanda reconvencional de reivindicación interpuesta por el Ministerio de Educación, improbada la demanda de devolución de inmueble en comodato precario interpuesta por Fundación María Luisa Jordán Vda. de León, declarando el derecho propietario de la actora sobre el inmueble objeto de Litis con una superficie de 592,08 m2., describiendo la ubicación y colindancias del mismo; describiendo el efecto extintivo de la usucapión respecto a la partida y folio de la Fundación descrita.

En contra de la mencionada Resolución se interpone recurso de apelación que es resuelta mediante Auto de Vista de fs. 1285 a 1286 y vta., que  anula obrados hasta fs. 145 a efecto de que proceda a la citación legal de todos los que correspondan de acuerdo a la escritura pública de constitución de la Fundación “María Luisa de León” comprendiendo a los Ministerios referidos anteriormente, así como citarse al Ministerio de la Presidencia y Ministerio Público, fundamenta su decisorio en sentido de que la demanda de usucapión, que la actora ingresó como inquilina alegando posesión por 20 años, describe que luego de la presentación de documentos, y que de acuerdo a la Escritura Pública de constitución describe como integrantes de la Fundación a los Ministerios de Previsión Social y Salud Pública, Educación y Cultura y la Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social de la Presidencia de la República, cuyas atribuciones actualmente se encuentran asignadas al Ministerio de la Presidencia, refiriendo que el inmueble litigado es parte de los bines del estado conforme señala el Art. 339 de la Constitución Política del Estado, que no puede ser objeto de usucapión; asimismo refiere que no consta la citación a los referidos Ministerios ni al Ministerio Público, que se constituye en parte de acuerdo al art. 70 del Código Civil, describiendo la necesidad de anular obrados.

II.- DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

El recurso de Fundación María Luisa vda. de león de fs. 1297 a 1302:

Cita el art. 17 de la Ley Nº 025 y refiere que no es dable anular el proceso, manifiesta que al admitirse la demanda de fs. 142 se ordena que la pretensión se haga conocer a la Procuraduría General del Estado, que fue cumplida a fs. 174, posteriormente a fs. 182 se indicó que se debía ampliar la demanda en contra de los Ministerios de Educación y Salud, que no fue observado, señala que la nulidad debe ser indispensable, trascribe el considerando II del Auto de Vista, y describe que dicho criterio es intrascendente pues debió declararse improbada la demanda, refiere que la nulidad debes estar señala en la ley conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Civil, alega que no existe nulidad sin perjuicio, describiendo que fueron citados los Ministerios de Culturas, Educación y Salud, y que la nulidad procesal inclusive es perjudicial para el Estado, asimismo refiere que las partes han convalidado los actos procesales. Refiere haberse infringido los arts. 115 a 178 de la Constitución Política del Estado, describe antecedentes del proceso, y expone que el Auto de Vista de fs. 120 tiene efecto de cosa juzgada es contradicho con el Auto de Vista 121/15, no pudiendo fundar la nulidad en la falta de citación al Ministerio Público cuando el Auto de Vista de fs. 120 se indicó que era necesaria. Añade que la lógica de Auto de Vista es porque se declare improbada la demanda, y en forma contradictoria se anula el proceso; refiere infracción al debido proceso por falta de oportunidad de la decisión, citando el art. 339 de la Constitución como una norma no aplicada, pues el Ad quem prolonga sin motivo la duración de un pleito que no puede prosperar. Por lo que solicita que se desestime la nulidad procesal declarada declarando que la demanda es improbada con el argumento del Ad quem o con el fundamento de su recurso que destaca la improponibilidad de la demanda.

Asimismo refiere que ha infringido el art. 91 del Código de Procedimiento Civil, y 180 de la Constitución Política del Estado, legando que el expediente fue acumulado conforme al Auto de Vista de fs. 247 a 248 que a su vez confirma el rechazo de las excepciones, deduciendo que no concurre identidad de sujetos procesales, ya que las partes son diferentes y el objeto de la demanda de devolución es diferente al proceso de usucapión, alegando que la acumulación requiere de dos procesos lo que la hizo posible, que siguen siendo diferentes, no se toma en cuenta que el primer proceso por la nulidad dispuesta ha dejado de existir, y correspondía al Tribunal de Alzada disponer que el proceso acumulado  continúe su tramitación por cuerda separada, Por lo que solicita se disponga el cese de la acumulación.

El recurso de Maritza Quiroga Roca de fs. 1306 a 1312 y vta:

Refiere que el argumento del Ad quem respecto al registro del derecho de propiedad de la entidad demanda fuera del mes de noviembre de 1990 es una falacia, deduciendo que el registro de la Fundación es de 5 de marzo de 1992 conforme a la Resolución Suprema Nº 21051, alegando que cuando se registró el inmueble no existía la Fundación, refiere infracción de los arts. 483 y 488 del Código Civil alegando que el contrato de donación se efectuó sin que exista la fundación. Cita el art. 664 del Código Civil, refiriendo que la donación fuera no válida, también refiere que se describe como donante a dos supuestos sobrinos de María Luisa Jordán viuda de León, los que no demostraron derechos sobre el inmueble acusado infracción del art. 660 del Código Civil al no existir declaratoria de herederos ni pago de impuestos sucesorios ni aranceles en Derechos Reales; describe que no correspondía considerar la donación.

Acusa que el Estado no participa como poder público en esa Fundación, pues se hace referencia a los Ministerios, sin identificar a los representantes de esas entidades, porque se trata de una propiedad privada, acusa infracción de los arts. 67 y 68 del Código Civil, ya que si bien se menciona al Ministerio de Educación y a la Junta nacional de solidaridad y Desarrollo Social de la Presidencia de la República, estos forman parte de una supuesta Fundación privada, siendo la actuación del Estado en la esfera privada, refiere no haberse considerado el art. 52 y 67 del Código Civil. Por lo que debía considerarse a la persona jurídica de la supuesta Fundación.

Alega que si bien es cierto que el Ministerio Público tiene la obligación de supervigilar las fundaciones no puede participar de los procesos civiles y cita el art. 2 de la ley Nº 260 que no menciona la representación del Estado Plurinacional de Bolivia, refiere que la Ley Nº 064 en su art. 2 describe la finalidad de la Procuraduría general de Estado de defender los intereses del Estado, deduciendo la infracción a dichos cuerpos legales.

Asimismo señala que no se ha observado la foja 476, que describe la calidad del bien objeto de la usucapión, resulta ser propiedad privada, y los Ministerios no son propietarios sino parte de la Fundación y cita el art. 71 del Código Civil para señalar que la fundación tiene un patrimonio diferente de quienes lo conforman; asimismo acusa infracción del art. 86 del Código Civil, refiriendo que no debió considerarse el inmueble objeto de litis como un bien de dominio del Estado, porque la fundación tiene propia personalidad, asimismo refiere que se ha infringido los arts. 71, 52, 54 y 86 del Código Civil.

Señala que se anula obrados hasta fs. 145 y se dispone la citación de los Ministerios referidos y del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio Público empero no se hizo mención de qué artículo fue vulnerado, infringiendo el art. 251 del Código de Procedimiento Civil, refiriendo que se afecta el derecho dispositivo siendo que la Fundación fue demandada y posteriormente la Procuraduría fue incluida en el proceso, por lo que al disponerse la citación del Ministerio de la Presidencia se aplicó indebidamente el art. 50 del código de Procedimiento Civil.

Asimismo refiere agravios que afectan sus derechos constitucionales, citando el art. 115.II de la Constitución, alegando que el proceso data de 6 años y que fue corregido mediante Auto de vista de fs. 120, y la procuraduría señalo que no le correspondía y que se trata de un patrimonio del Estado; cita el art. 178.I de la Constitución Política del Estado, describiendo los principios de seguridad jurídica, celeridad equidad, debido proceso e igualdad, legalidad, alegando que la fundación tiene patrimonio propio que se confunde con el de sus miembros.

Finaliza solicitando se case el Auto de Vista manteniendo firme la Sentencia.

La Fundación María Luisa Vda. León contesta el recurso de su adversario en escrito de fs. 1314 a 1315 y vta., alegando que el primer agravio no es parte del debate; el segundo, no se hizo mención sobre la donación; el tercer argumento, resulta ser inoportuno; el cuarto argumento, refiere que dicho argumento que fue establecido anteriormente no puede ser revisado; el quinto argumento refiere que el inmueble es de propiedad privada, empero deviene en cuanto a su argumentación; respecto al sexto argumento, señala que cuando se dispuso la citación a los integrantes de la Fundación la demandante no hizo nada y dijo precluir su derecho; el séptimo argumento, refiere que debe ser determinado en el fondo y resolverse por declarar improbada la demanda.

La actora Maritza Quiroga Roca, en escrito de fs. 1319 y vta., contesta el recurso de casación de la Fundación, alegando que no se ha acreditado por el abogado Guillermo Tórrez López la representación de la Fundación, alegando que el mismo se le confiere el Poder de fs. 111 y 265 por parte de Nelly Viera de Maradey; alega que no existe en el cuaderno procesal constancia de que el inmueble corresponda al Estado, y la Fundación es una persona jurídica de derecho privado y en caso de que lo sea se tendría que aplicar la Ley Nº 247, por lo que solicita se declare el recurso improcedente.

III.- DOCTRINA LEGAL APLICABLE:

III.1.- De la acumulación de procesos y su finalidad:

El art. 338 del Código de procedimiento Civil, señala lo siguiente: “(Pluralidad de peticiones).- En una demanda podrán plantearse todas las acciones que no fueren contrarias entre sí y pertenecieren a la competencia del mismo juez”, la norma permite acumular pretensiones y sobre la acumulación de pretensiones este Tribunal ha emitido el Auto Supremo Nº 524/2014 de 15 de septiembre, en ella señaló lo siguiente: “Al respecto Hugo Alsina en su “Tratado Teórico Practico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, Tomo I, pags. 538 a 543, al desarrollar la teoría de la acumulación objetiva de acciones y el principio de no contradicción establece: “a)La  oposición puede derivar, en primer término, de la naturaleza de las acciones deducidas…La imposibilidad puede también derivar de un texto expreso de la ley…b) Sin embargo, lo que el código prohíbe en realidad es que estas acciones sean acumuladas en carácter de principales, es decir, para que el juez se pronuncie sobre ellas al mismo tiempo, pero nada impide que sean deducidas en forma condicionada. La doctrina distingue a ese respecto tres modos de acumulación: 1º) sucesiva, cuando una de las acciones es propuesta con la condición de que antes sea acogida la otra de la cual tomará vida, de tal manera que, desestimada aquélla, ésta queda de hecho excluída, pero que no debe confundirse con la accesoria, porque ésta existe al mismo tiempo que la principal; 2º) eventual, es decir, que solo será considerada por el juez cuando la otra fuera desestimada; 3º) alternativa, cuando varias acciones son propuestas para que una u otra sean estimadas. La jurisprudencia ha declarado así, que puede deducirse la acción pauliana para el caso de que no prospere la de simulación, y en la misma forma pueden acumularse las de nulidad y cumplimiento de contrato…En los casos citados las acciones son contrarias, pero no se excluyen…”

La acumulación de pretensiones objetiva, es originaria, cuando en una demanda se proponen dos o más pretensiones y es sucesiva, cuando se proponen o se integran otras pretensiones después de iniciada la demanda, generalmente las pretensiones que integran al ampliar o modificar la demanda. La acumulación objetiva originaria de pretensiones, que se presenta cuando existen más de dos pretensiones en la formulación de la demanda, para la procedencia de esta clase de acumulación de pretensiones es necesario que las mismas no sean contradictorias entre sí, excepto que sean propuestas como alternadas, o subordinadas, siendo indispensable para la procedencia de la acumulación la conexitud, cuando se presenten elementos comunes sobre la cosa demandada. La acumulación objetiva sucesiva de pretensiones, se presenta cuando, después de iniciada la demanda, se incorpora al proceso pretensiones procesales, cuando: 1) el acto amplía su demanda, 2) cuando el demandado reconviene, y 3) cuando se dispone la acumulación de procesos, que tenga en común la identidad de la cosa demandada, siendo necesario efectuarlo luego de que el Juez haya adquirido prevención en la causa, antes de dictarse sentencia y que tenga vínculo con la cosa demanda (sea vinculada con la relación jurídica debatida), esto con la finalidad de evitar que se pronuncien fallos dispersos sobre una misma relación jurídica.

III.2.- De la intervención del Ministerio Público en la Fundaciones:

Sobre la participación del Ministerio Pública como fiscalizador en las fundaciones, corresponde citar jurisprudencia constitucional, al respecto se cita la Sentencia Constitucional Nº 0063/2004 de 7 de julio en ella se indicó lo siguiente: “III…. En el marco de las normas previstas por los arts. 124 de la Constitución y 14 de la LOMP, el art. 70 del CC, asigna al Ministerio Público, la función de ejercer vigilancia sobre las fundaciones, las que, según define el art. 67 del CC, tiene por objeto afectar bienes, por la voluntad de una o más personas, a un fin especial no lucrativo. De las normas legales citadas, se infiere que el Ministerio Público, como parte de su función de defender los intereses del Estado y la Sociedad, ejerce vigilancia sobre las Fundaciones, lo que significa que desarrolla una labor orientada a velar porque dichas organizaciones desarrollen sus funciones y actividades en el marco del ordenamiento jurídico del Estado, cumpliendo los fines y objetivos para los que fueron creadas, asimismo, velar porque los bienes afectados a los fines y objetivos definidos en los documentos constitutivos y los estatutos de la Fundación no sean destinados a otros fines, en suma cuidar los intereses del Estado y la sociedad con relación a las Fundaciones. Se entiende que la función de vigilancia que le asigna el Código Civil al Ministerio Público, con relación a las Fundaciones, lleva implícita la competencia del representante del Ministerio Público, en este caso concreto del Fiscal de Distrito, de adoptar las medidas necesarias y convenientes, acudiendo en su caso a las autoridades jurisdiccionales, para preservar los bienes afectados fines y objetivos de la Fundación, en aquellos casos en los que constate o tenga evidencias de que, los administradores de la Fundación estuviesen desviando o destinando dichos bienes a otros fines, o, en su caso, pongan en peligro la existencia de dichos bienes, o la propia Fundación…

III.2.2. Con relación a la supuesta derogación del art. 70 del CC por la Ley Orgánica del Ministerio Público, ello no es evidente; por cuanto dicha Ley no la deroga expresa ni tácitamente. En efecto, La Disposición Final Cuarta de la referida Ley dispone: “Queda derogada la Ley del Ministerio Público N° 1469 de 19 de febrero de 1993”, no contiene ninguna otra derogación, menos aún del art. 70 del CC, por lo que no existe una derogación expresa; tampoco existe la derogación tácita, que se produce cuando una disposición legal anterior es contraria a la nueva Ley, lo que no sucede con la norma prevista por el art. 70 del CC, toda vez que no es contradictoria a las disposiciones contenidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público, al contrario es concordante con lo previsto en su art. 14.1).

Finalmente, no es evidente de que las modificaciones efectuadas, mediante la Disposición Final Quinta de la LOMP, a los arts. 127.I y 779 del CPC, constituya una modificación o derogación del art. 70 del CC, pues las normas modificadas son procesales o adjetivas y regulan la intervención del Ministerio Público en los procesos judiciales en materia civil, en cambio la norma prevista por el art. 70 del CC es sustantiva, que otorga una función al Ministerio Público.

De lo referido se concluye definitivamente que el Fiscal recurrido tiene competencia para ejercer vigilancia sobre la Fundación “Ramón Darío Gutiérrez Jiménez”, a la que representa el recurrente...”, el criterio descrito en la Sentencia respecto a la función del Ministerio Público de defender los intereses de la sociedad se mantiene en el art. 225 de la Constitución Política del Estado, que señala: “I. El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera…” y en el art. 3 de la ley Nº 260 del Ministerio Público.

III.3.- De la legitimación de las partes:

Sobre la legitimación de las partes, este Tribunal ha emitido el Auto Supremo Nº 583/2014 de 10 de octubre, en ella se señaló lo siguiente: “1.- Tomando en cuenta que la resolución de primera instancia recurrida que ha dado lugar al conocimiento de la presente resolución resulta ser una excepción en la que cuestiona la legitimación de las partes, sobre la misma se pasará a exponer lo siguiente:

Para evaluar la polémica presente, corresponde señalar que el tema de la representación siempre ha traído conflictos en los operadores de justicia, para la misma se pasa a establecer una diferencia entre la legitimación “ad procesum” y la legitimación “ad causam”.

Sobre la legitimación “ad procesum”, empezaremos diciendo que diferentes procesalistas ente ellos Eduardo Couture, señala: “la legitimación procesal es la aptitud o idoneidad para actuar en un proceso, en el ejercicio de un derecho propio o en representación de otro”, esto quiere decir que la legitimación en el proceso comprende tanto a la capacidad procesal, como la aptitud que tienen las personas que actúan en calidad de representantes de otras (por carencia de capacidad procesal o por representación voluntaria).

Carlos Arellano García, en su obra TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, Edit, Porrua México 2001 página 214, señala lo siguiente: “dentro de nuestro mundo forense, se alude a personalidad y falta de personalidad, o personalidad acreditada, cuando aparece que en el proceso se ha tenido el derecho de intervenir como parte o como tercero, o como representante de una parte o de un tercero, cuando se han aportado elementos de prueba para demostrar que se es parte o tercero o que se tiene la calidad de representantes de una parte o de un tercero”, de acuerdo al criterio expuesto, corregiremos el término de “personalidad” por el de personería, porque refiere a la situación de representación.

Así diremos que la legitimación en el proceso, se identifica con la falta de personería o capacidad en el actor, que se encuentra referida a un presupuesto procesal, necesario para el ejercicio del derecho de acción que pretenda hacer valer quien se encuentre facultado para actuar en el proceso como actor, demandado o tercero; la falta de personería se refiere a la capacidad, potestad o facultad de una persona física o moral, para comparecer en juicio, a nombre o en representación de otra persona, esta falta de legitimación ad procesum se encuentra establecida como la excepción de impersonería en nuestro Código de Procedimiento Civil.

Ahora sobre la legitimación “Ad causam”, diremos que es la condición particular y concreta de las partes, que se deriva en su vinculación con el objeto del litigio, así podemos citar el criterio de Hernando Devis Echandía, quien en su obra TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, 2da Edición Buenos Aires Edit. Universidad 1997 página 269, señala: “Tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, puede formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda o en la imputación penal, por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial pretendida o del ilícito penal imputado, que deben ser objeto de la decisión del Juez…”

Esto quiere decir que la legitimación en la causa es un elemento esencial de la acción que presupone o implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso  concreto la función jurisdiccional…”

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El recurso de Fundación María Luisa Vda. de León de fs. 1297 a 1302, efectuado en base al mandato conferido por Nelly Viera de Maredey:

1.- Respecto a la acusación relativa de que se hubiera ampliado la demanda en contra de otras personas, refiriendo que la nulidad debe ser indispensable; corresponde señalar que el Ad quem asumió el criterio de anular el proceso en sentido de haber advertido que no consta la citación al Ministerio de la Presidencia y al Ministerio Público, sobre dicha postura corresponde fijar el factor de la trascendencia de la nulidad dispuesta por el Tribunal de Alzada, así se dirá que de acuerdo al estatuto orgánico de la Fundación María Luisa Jordán Vda. de León (fs. 70 a 74), señala que son atribuciones y Obligaciones del Directorio la de representar a la entidad conforme a su art. 18 inc. l), ahora el Directorio Ejecutivo conforme a su art. 8 se encuentra compuesta por un grupo colegiado de personas naturales y jurídicas; por lo que para establecer la  legitimación pasiva en la causa, deben ser citados todos los componentes del proceso obviamente que en el proceso el Juez deberá optar por instar la unificación de la representación- y solo con la citación de los componentes del Directorio Ejecutivo se habrá cumplido con la obligación de citar a todas las personas legitimadas para asumir defensa a nombre de la Fundación, de lo contrario se entendería que la legitimación pasiva de la usucapión se encontraría incompleta y fácilmente a la postre se podría acusar incidente de nulidad por indefensión, aspecto que este Tribunal precautela en afán de otorgar seguridad jurídica a las partes, por lo que en este punto no se evidencia infracción del art. 17 de la ley Nº 025.

2.- En cuanto a la acusación de que la nulidad debe estar dispuesta por ley; corresponde señalar que el art. 117.I de la Constitución Política del Estado, señala: “I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”  de acuerdo al contenido extensivo de la norma constitucional la misma se aplica a los procesos civiles, en sentido de que nadie puede ser condenado sin que haya sido oído y juzgado, entendiendo por tal precepto constitucional que para condenar a una persona (siendo la usucapión un proceso en el que se busca emitir una sentencia condenatoria en contra del patrimonio del usucapido), necesariamente deben ser citados los legitimados pasivos de la pretensión para oír su postura, ahí la norma que no permite generar indefensión a las partes, y en este caso se tiene que un componente del Directorio de la Fundación María Luisa Jordán Vda. de León.

3.- Respecto a la acusación de que la nulidad fuera perjudicial para el Estado; corresponde señalar que en el caso presente los componentes de la Fundación, son algunas carteras del Estado, por lo que resulta necesario proceder con su citación, sin que ello pueda importar perjuicio en contra del Ente público.

4.- En cuanto a la acusación de haberse infringido los arts. 115 y 178 de la Constitución Política del Estado, en sentido de que el Auto de Vista de fs. 120 tiene efecto de cosa juzgada; se debe señalar que en el presente caso, se ha advertido indefensión a miembros componentes del directorio Ejecutivo de Fundación María Luisa Jordán Vda. de León, por lo que cualquier resolución ejecutoriada no tiene efecto sobre el carácter de la indefensión generada a una de las partes legitimadas, quienes tienen el derecho de asumir defensa en la presente causa, por lo que no se evidencia haberse infringido el art. 115 y 178 del texto constitucional.

5.- Respecto a la acusación de que el Auto de Vista, tiene la tendencia porque se declare improbada la demanda y en forma contradictoria anula el proceso; sobre la misma corresponde señalar que la cita del art. 339 de la Constitución Política del Estado, no cambia la parte dispositiva del fallo recurrido, en consideración a que se hubiera advertido que se ha generado indefensión a uno de los componentes del directorio Ejecutivo, en lo demás la cita del texto constitucional y la calificación del bien del inmueble debatido es un asunto que debe ser deliberado en el fondo de la causa, no pudiendo considerarse a esta altura la viabilidad del fondo de la pretensión; asimismo corresponde señalar que la postura de la improponibilidad no puede ser considerada en esta fase, sino que la misma debe advertirse del contenido de la postulación de pretensión que plantea la actora y no sobre un elemento de prueba asimilado con posterioridad la citación con la demanda.

6.- Respeto a la acusación de haberse acumulado el proceso conforme al Auto de Vista de fs. 247 a 248, y no concurre la identidad de sujetos procesales y el objeto de la demanda; ese es un asunto cuyo reclamo a precluido, pues la recurrente debió impugnar el Auto de fs. 247 a 248 (folio del expediente cumulado) de 17 de agosto de 2012 que dispuso la acumulación, esto en consideración a que el mismo fue asumido por la recurrente sin que exista reclamo en su debida oportunidad.

7.- En cuanto al reclamo de que debió ser dispuesta la desacumulación del proceso; corresponde señalar que esa postura no es suficiente para modificar la decisión impugnada, pues se ha indicado que en la doctrina aplicable que uno de los presupuestos para la acumulación del proceso es la prevención que el Juez adquiera del proceso, la misma que se opera con la citación de la demanda al demandado conforme señala el art. 130 num. 1) del Código de Procedimiento Civil, actualmente abrogado, y al no existir prevención del conocimiento de la actual causa, puede solicitar al Juez disponga la devolución del expediente acumulado (devolución de inmueble), a su juzgado de origen, sin que ello implique la imposibilidad de que posteriormente pueda ser acumulado, una vez que se reúna el requisito de la prevención del juzgador en el proceso de usucapión, por lo que sobre este punto la recurrente debe acudir al Juez de primera instancia a que disponga la desacumulación  del proceso de devolución de inmueble, tomando en cuenta que el Auto de Vista de fs. 120 a 121 dispuso la nulidad del proceso hasta fs. 12, la misma que persiste pese de la nulidad posterior que fue dispuesta por Auto de Vista de fs. 1285 a 1286 y vta.

Por lo que no se evidencia infracción en los términos descritos por la recurrente.

El recurso de Maritza Quiroga Roca de fs. 1308 a 1312 y vta:

1.- Sobre la acusación de que el registro de propiedad consigna la fecha del derecho de propiedad de 1990 cuando la fundación tiene la data de 1992; este punto no fue descrito en el Auto de Vista, por lo que la misma no puede ser considerado como una infracción al no formar parte del argumento del decisorio de segundo grado, siendo ese argumento el que debe ser impugnado y no otro diferente al que dio origen el recurso. Asimismo respecto al título de propiedad, corresponde señalar que para operar el efecto extintivo de la usucapión el legitimado pasivo se constituye en la persona natural o jurídica que figura en el registro de Derechos Reales como propietario, siendo el mismo suficiente para identificar al legitimado pasivo de la usucapión.

Asimismo corresponde señalar que en cuanto a la infracción de los arts. 483 y 488 del Código Civil en sentido de que el contrato de donación se efectuó sin que exista Fundación; ese es un tema ajeno a la Litis y no condice con el fundamento del Auto de Vista que identificó indefensión procesal, siendo este el argumento que debe ser debatido por la recurrente por lo que la acusación en este punto resulta ser impertinente. Criterio similar se aplica a las acusaciones de haberse infringido el art. 664 del Código Civil respecto a una donación no válida y sobre la acusación de haberse infraccionado el art. 660 del mismo cuerpo legal, respecto a que no exista declaratoria de herederos, el pago de impuestos y el importe para el registro de derechos reales.

2.- Sobre la acusación de que el Estado no participa como poder público; corresponde señalar que la Fundación María Luisa Jordán Vda. de León tanto en el instrumento de su constitución de fs. 18 a 21, en su cláusula sexta describen a los componentes del Directorio, y en el Estatuto de fs. 70 a 74 describen como atribuciones del Directorio Ejecutivo de representar a la Fundación conforme al art. 18 inc. l), por lo que el Ad quem consideró que no se procedió a citar a personas que forman parte del Directorio Ejecutivo, que resulta ser esencial para acreditar la identificación y acreditación del legitimado pasivo en la usucapión tomando en cuenta que la Fundación se encuentra representada por un cuerpo colegiado de personas naturales y jurídicas, no participa como poder del Estado en forma independiente, sino como componente del Directorio Ejecutivo de la Fundación, que a su vez dicho cuerpo colegiado asume la representación de dicha Fundación.

Respecto a la acusación de que se trataría de un bien de dominio público, ese es un argumento de debe verificarse en el fondo de la causa, no siendo este el momento procesal oportuno para dilucidar tal aspecto en consideración a que el Auto de Vista advirtió indefensión procesal a uno de los componentes del Directorio Ejecutivo de la Fundación, no evidenciando infracción a los arts. 67 y 68 del Código Civil, no se trata de integrar al ente público por formalidad, sino que de acuerdo al Estatuto de la Fundación, las reparticiones del Estado forman parte del Directorio Ejecutivo, siendo este cuerpo colegiado la que asume la representación de la Fundación, por lo que las acusaciones de infringirse los arts. 52 y 67 del Código Civil, no resultan ser evidentes.

3.- Sobre las acusaciones respecto a la integración del Ministerio Público; de acuerdo a la Sentencia Constitucional Nº 63/2004 de 7 de julio, descrita en la doctrina aplicable, la misma señala que el Ministerio Publico actúa, en calidad de fiscalizador de la Fundación, o sea que fiscaliza actos efectuados por el operador (Directorio Ejecutivo), siendo esta su labor, su participación en el proceso debe estar condicionada solo en caso de que se demuestre una conducta omisiva o ausente del Directorio Ejecutivo en los procesos judiciales, por lo que la citación dispuesta por el Ad quem resulta ser correcta empero su participación en el proceso deberá estar subordinada al percatarse de la conducta omisiva del Directorio de la Fundación, esa es la postura que estima este Tribunal, pues si existe participación del representante legal de la Fundación sería innecesario adicionar la participación del Ministerio Público, que podría generar duplicidad en la representación de la Fundación, por ello se considera que la citación es correcta, empero la participación del Ministerio Público solo podrá aceptarse ante la ausencia de intervención del representante legal de la Fundación en el proceso judicial, por lo que la acusación de que el Ministerio Público no pueda participar en el proceso no resulta ser correcta, ni la infracción a las Leyes Nº 260 y 064.

4.- Respecto a la acusación de no haberse considerado la foja 476 que describe la calidad del bien; corresponde señalar que este Tribunal ha estimado la procedencia de la nulidad porque la legitimación pasiva no se encuentra correctamente determinada, pues en el caso de Autos se ha identificado parcialmente la legitimación pasiva en el proceso de usucapión; en cuanto a la calidad de propiedad privada ese es un argumento que debe ser considerado en el fondo de la pretensión; corresponde aclarar que la calificación del bien como de dominio público por el Tribunal de Alzada, no es correcta, esa situación de calificarse la calidad de bien de dominio privado o dominio público debe ser efectuada al momento de acogerse o negarse la pretensión de usucapión o sea al momento de definir el fondo de las pretensiones, por lo que la acusación respecto de haberse infringido el art. 86 del Código Civil no resulta evidente; asimismo corresponde señalar que la acusación de la infracción de los arts. 71, 52, 54 y 86 del Código Civil, tampoco resulta ser evidente, pues se ha expuesto que la calificación de la calidad de un bien de dominio público no puede ser considerada sobre la base de un vicio de procedimiento en el que se ha identificado la ausencia parcial de la legitimación pasiva en la usucapión.

5.- Sobre la acusación relativa de no haberse descrito la norma infringida acusando la infracción del art. 251 del Código de Procedimiento Civil; dicha acusación es similar a la expuesta por su contraparte, para ello nos remitimos a lo razonado en el punto 2 de la respuesta al recurso de Nelly Viera de Maredey mediante su representante Guillermo Torrez López.

6.- Respecto a la cita del art. 115.II de la Constitución Política del Estado; respecto al acceso a la justicia, corresponde señalar que en el caso de Autos se ha evidenciado que la legitimación pasiva (la representación legal) de la fundación se encuentra compuesta por varias personas, unas particulares y otras representantes de entidades públicas, y al no ser citadas todos esos componentes, se tiene que la legitimación pasiva del demandado no se encuentra completa, esa es la razón por la que se dispone mantener subsistente la nulidad procesal, por evitar indefensión a la Fundación, en lo demás respecto a la cita los principios contenidos en el art. 178 de la Constitución, debe efectuarse una ponderación de derechos y resulta que en el caso presente, se ha evidenciado indefensión a los componentes de la Fundación demandada, por lo que la determinación del Ad quem de sanear el proceso resulta ser la correcta.

Por lo que las acusación vertidas por la actora no son evidentes.

En cuanto a las respuestas a los recursos, la expuesta en el escrito de 1314 a 1315 y vta., no resulta ser necesario en consideración a que el recurso formulado por la actora resulta ser infundado.

En cuanto a la contestación de Maritza Quiroga Roca, respecto al recurso de fs. 1297 a 1302, que la recurrente carecería de personería para actuar a nombre de la fundación; corresponde señalar que de acuerdo al acta de fundación de fs. 18 Nelly Viera de Maredey la misma figura como fundadora, y en el folio 22 se tiene que la misma funge en calidad de presidente del directorio de la Fundación, en consecuencia la misma resulta ser miembro de la Fundación y el recurso interpuesto a su nombre por Guillermo Torres López debe ser considerado a título de la Presidencia, o sea que su participación en el proceso se encuentra acreditada, por lo que la acusación de que la misma no goza de la personería de la Fundación no puede ser forzada como para desestimar dicho recurso.

Por lo expuesto corresponde emitir fallo en la forma prevista en el art. 220.II del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 y en aplicación de los arts. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO los recursos de casación de fs. 1297 a 1302 interpuesto por la Presidencia de la Fundación María Luisa Jordán Vda. de León, mediante su representante Guillermo Torres López, y el de fs. 1306 a 1312 y vta., interpuesto por Maritza Quiroga Roca en contra del Auto de Vista Nº 121/2015 de 8 de septiembre, que cursa de fs. 1285 a 1286 y vta., pronunciado por la Sala Civil, Social, Familia, de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando. Sin costas ni costos, por ser ambas partes recurrentes.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.