TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                            S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 109/2016

Sucre: 04 de febrero 2016        

Expediente: T-15-15-S

Partes: Ninfa Isabel Romero Baldivieso Vda de Serrano c/ Carmelo Romero

            Bejarano y otros.

Proceso: Usucapión

Distrito: Tarija

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Horacio Peña Romero en representación de Carmelo Romero Bejarano Fs. 408 a 413, impugnando el Auto de Vista  Nº 19/2015, de fecha 9 de febrero de 2015, pronunciado por  la Sala Civil, comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia y violencia intrafamiliar o doméstica y pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija dentro del proceso de Usucapión seguido a instancia de Ninfa Isabel Romero Baldivieso Vda. de Serrano contra Carmelo Romero Bejarano y otros., la respuesta de fs. 416 a 421,  la concesión de fs. 423, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Ninfa Isabel Romero Baldivieso Vda. de Serrano, interpuso proceso de usucapión decenal manifestando que su familia fueron dotados por la Reforma Agraria de un inmueble ubicado en Pampa Galána Cantón San Luis con una superficie de 18.645 hectáreas laborables, propiedad que fue de sus padres y que decidieron titular a nombre de su hermano Nicanor Romero con la intención y promesa de luego hacer la titulación de las respectiva alícuotas partes, luego se dio el fallecimiento de su hermano y su único heredero, les mantuvo bajo igual promesa mientras fueron falleciendo casi todos sus hermanos. En la fracción de ese inmueble es decir en la superficie de 24.787.84 m2., la demandante se encuentra en posesión desde hace más de 10 años, en forma pacífica, publica ininterrumpida y continúa dándole al inmueble el uso agrícola atemporal por no existir riego en la zona, pastoreo de ganado y realizando trabajos de cerramiento perimetral con alambre de púas y la construcción de una casa que sirve de vivienda, por lo que al amparo del art. 138 y siguientes del Código Civil interpuso la demanda de usucapión decenal pidiendo se declare probada la misma y operada la usucapión en su favor.

Se cita a los demandados por edictos ante el desconocimiento de domicilio, no existiendo respuesta se designa defensor de oficio, luego en forma extemporánea se apersona Mery Romero Mendoza indicando que es apoderada de Carmelo Romero Bejarano y luego se apersona en forma personal  el demandado presentando declaratoria de herederos y el certificado de defunción de su padre Nicanor Romero Baldivieso. Asimismo se procedió a citación cedularía al Alcalde Municipal de Tarija, quien se apersona y reconviene por mejor derecho de superficie afectada al área de seguridad de la quebrada de San pedro de 172,55 m2.

Tramitado el proceso el Juez de la causa pronunció Sentencia, cursante de fs. 347 a 351, por la cual declaró IMPROBADA LA DEMANDA ordinaria de usucapión decenal de fs. 32. a 34, modificada de fs. 44 y 57, por no haberse demostrado la posesión real, civil, corporal, continúa, pública, ininterrumpida durante el plazo que la ley exige, Improbada la demanda reconvencional por mejor derecho planteado por la Alcaldía Municipal de la ciudad de Tarija ante la inexistencia de sobre posición.

Contra la mencionada Resolución la demandante María Isabel Romero Baldivieso Vda de Serrano interpuso recurso de apelación cursante de fs. 355 a 363, en conocimiento del mencionado recurso la Sala Civil, de Familia Niñez y Adolescencia violencia intrafamiliar o doméstica Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija pronunció Auto de Vista Nº 19/2015, de fecha 9 de febrero, por el cual REVOCA en todas sus partes la Sentencia de Fs. 347 a 350 y deliberando en el fondo declaro PROBADA LA DEMANDA DE USUCAPIÓN decenal o Extraordinaria de fs. 32 a 34 y modificada a fs. 44 a 57 y en consecuencia operada la usucapión decenal o extraordinaria en favor de Ninfa Isabel Romero Baldivieso Vda. de Serrano.

Contra la Resolución de Alzada Horacio Peña Romero en representación de Carmelo Romero Bejarano interpuso recurso de casación en la forma y fondo el cual se analiza:

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

La parte recurrente interpuso recurso de casación en la forma  y en el fondo expresando los siguientes reclamos:

En la forma:

El recurrente acusa que se convocó de manera irregular al vocal de la sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, cuando lo correcto era convocar al vocal de la sala civil primera, quien por llamado legal debía intervenir en la conformación de la Sala, para luego convocar al Vocal de la Sala social, al haber sido convocado un vocal que por ley no se encuentra habilitado el Auto de Vista pronunciado es nulo de pleno derecho siendo nulo por disposición del art. 254 inc. 1) del Código de Procedimiento Civil

Denuncia que la Sentencia declaro improbada la demanda reconvencional de mejor derecho interpuesta por la Honorable Alcaldía Municipal de Tarija, sin embargo el Auto de Vista no se ha pronunciado al respecto, razón por la cual existiría la falta de pertinencia establecida en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil respecto a la reconvención, así como la violación del art. 197 del Código de Procedimiento Civil, porque se ha pronunciado una Sentencia contra el Estado la cual no se ha sometido a consulta al superior en grado por tanto existe la casación en la forma por mandato de art. 254. Inc. 7) del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente reclama que el Auto de Vista al revocar la Sentencia otorga una superficie de 24.615.29 m2., es decir una superficie que no se demandó, puesto que la superficie indicada en la demanda es de 24.787.84 m2., Otorgando lo que no se ha pedido por tanto existe violación del art. 190 del Código de Procedimiento Civil

En el fondo:

La parte recurrente acusa error de derecho y de hecho en la apreciación de la prueba respecto a la inspección judicial toda vez que el Juez de la causa refiere que las construcciones tienen una antigüedad de 6 a 8 años, Asimismo refiere que en cuanto a las declaraciones testificales de Placido Apolinar Vilte Vega y Juan Benito Fabián evidenciarían que la construcción de la casa tiene una antigüedad de 7 a 8 años, incide que el Auto de Vista es contradictorio porque reconoce que se derrumbó la casa antigua hace 35 años y que recién estuviera en posesión la demandante 7 o 8 años con casa nueva, entonces no existiera posesión por más de 35 años.

Denuncia que la prueba testifical no evidencia la posesión de 10 años requerido para la usucapión decenal, hace mención a las declaraciones testificales de Juan Benito Fabián, Placido Apolinar Vilte Vega. Nicolasa Quintina Durán Vilte de Fernández, Felipe Ferrufino Ortega Rueda, Eugenio Durán Vilte, Fernando Ortiz Carbajal, declaraciones que indican una posesión de 7 a 8 años, razón por la cual el Auto de Vista no puede declarar la usucapión en virtud a que no existe posesión por más de 10 años. Sobre el punto menciona que la declaración de Pedro Flores Vilte refiere que los terrenos eran ocupados por la madre de la demandante Rosaura Baldivieso y que a su muerte recién  ingresa a ocuparlos y que esa casa tiene una antigüedad de 7 a 8 años.

Acusa que respecto a la confesión judicial de fs. 313 a 314, el Tribunal de Alzada ha cometido error de hecho y derecho en la apreciación de esta prueba porque indica que el recurrente ha confesado que existen 10 hermanos y cada uno de ellos les corresponde la superficie total de una hectárea, entonces he confesado que Ninfa Romero se encuentra en posesión de la porción que le corresponde, nunca de los 2 hectáreas, 4615,29 m2., que reconoce el Tribunal de Alzada, razón por la cual no existe confesión judicial la cual se inventa el Tribunal  ad quem.

Refiere que el plano geo referencial cursante de fs. 323 a 328, no han sido verificados y que las fotografías satelitales demostrarían que en el año 2003 no existían actos de posesión de la demandante.

Sostiene que el tribunal de Alzada ha violado el art. 138 del Código Civil toda vez que no existe posesión por más de 10 años y así lo demuestra la prueba testifical de cargo como de descargo, prueba que el Tribunal de Alzada ha valorado de manera equivocada.


Concluye su recurso solicitando a este Tribunal que anule obrados hasta la Sentencia por las causales expresadas en el recurso de casación en la forma o de lo contrario se case el Auto de Vista, manteniendo firme la Sentencia.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En atención a que el recurso de casación ha sido interpuesto en la forma y en el fondo resolveremos primero los reclamos de forma toda vez que ser procedentes los mismos, daría como resultado la nulidad de obrados, razón por la cual no sería necesario ingresar a resolver los agravios de fondo.

En la forma:

La parte recurrente denuncia que la conformación del Tribunal de Alzada se convocó de manera equivocada, cuando lo correcto era convocar al vocal de la Sala Civil primera, quien por llamado legal debía intervenir en la conformación de la Sala, para luego convocar al Vocal de la Sala social, al haber sido convocado un vocal que por ley no se encuentra habilitado el Auto de Vista pronunciado es nulo de pleno derecho por disposición del art. 254 num. 1) del Código de Procedimiento Civil

Al respecto diremos que de la revisión del proceso se evidencia que por proveído de fs. 379 vta. El Vocal Adolfo Irahola Galarza dispone que existiendo acefalía en la Sala Civil Segunda se convoca a la Vocal María Cristina Díaz Sosa Vocal de la Sala Civil, Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar por proveído de fecha 21 de abril de 2014, habiéndose notificado a las partes,  el recurrente tenía la facultad de observar la convocatoria en el momento si considera que no estaba conforme a derecho al no haberlo hecho su derecho a reclamar dicho aspecto precluyó, deviniendo su reclamo en infundado

Denuncia que la Sentencia declaro improbada la demanda reconvencional de mejor derecho interpuesta por la Honorable Alcaldía Municipal de Tarija, sin embargo el Auto de Vista no se ha pronunciado al respecto, razón por la cual existiría la falta de pertinencia establecida en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Al respecto diremos  que el Juez de la causa declaró improbada la demanda reconvencional del Gobierno Municipal de Tarija, por mejor derecho planteada ante la inexistencia de sobre posición, con relación al tema y de la revisión del proceso, se evidencia que la demandante ante la reconvención planteada por el Gobierno Municipal de Tarija, indicando que la propiedad afecta la franja de seguridad de la quebrada de San pedro (15 metros lineales ) en la superficie de 172,55 m2., excluye la superficie afectada del área municipal, sin embargo en el nuevo plano georeferenciado solo excluye la superficie de 51 m2., razón por la cual el Juez de la causa en el Auto de relación procesal puso como un punto a probar, si existe sobre posición del inmueble con área municipal, determinando en Sentencia y conforme a la prueba aportada al proceso que no existe sobre posición y en mérito a ello declaro improbada la demanda reconvencional. Siendo así se establece que la reconvencional planteada por la Alcaldía, no tenía fundamento probatorio donde solventarse, ni existía pretensión reconvencional del Gobierno Autónomo Municipal, no siendo necesario que el Tribunal de Alzada se pronuncie o determine algo respecto a la reconvencional.

Con relación a la violación del art. 197 del Código de Procedimiento Civil, porque se hubiera pronunciado una Sentencia contra el Estado, y no se hubiera promovido la consulta ante el superior en grado; Al respecto se debe precisar que el art. 197 del C.P.C., señala que: “Todas las sentencias dictadas contra el Estado o entidades públicas en general, serán consultadas de oficio ante el superior en grado sin perjuicio de la apelación que pudiere interponerse”  del análisis de dicho precepto normativo se pueden establecer dos componentes importantes: 1) La obligación de los jueces de primera instancia de elevar en consulta la Sentencia que haya sido desfavorable al Estado o Entidad pública en genera; 2) La revisión en consulta de la Sentencia desfavorable al Estado por arte del Tribunal superior; en ambos presupuestos que deben ser cumplido por los jueces de instancia, el elemento esencial es el elemento que la sentencia sea desfavorable al Estado o alguna institución pública, aspecto que en el caso de Autos observado correctamente por los jueces de instancia, ya que de análisis de la Sentencia cursante de fs. 347 a 351 se tiene que la misma no es desfavorable al Gobierno Municipal de Tarija toda vez que la misma declaró improbada la demanda principal de usucapión a la cual se opuso el Gobierno Municipal e improbada la demanda del gobierno municipal por no existir sobre posición, no siendo evidente lo acusado en este punto.

Finalmente reclama que el Auto de Vista al revocar la Sentencia otorga una superficie de 24.615.29 m2., es decir una superficie que no se demandó, puesto que la superficie indicada en la demanda es de 24.787.84 m2. Otorgando lo que no se ha pedido por tanto existe violación del art. 190 del Código de Procedimiento Civil.

De la revisión del proceso se establece que la demandante  interpuso demanda de usucapión en la superficie de 24.666.70 m2., conforme se acredita de fs. 32 a 34, sin embargo, modifica su demanda respecto a la superficie de 24.787.84 m2., por memorial de fs. 57 a 58, el Tribunal de Alzada revoca la Sentencia y declara probada la demanda de usucapión en la superficie de 24.615.29 de acuerdo al plano de fs. 111., el mismo que es el plano geo referencial, el cual se adjunta al proceso por la demandante, mediante memorial de fs. 112 en el cual especifica que describe la cantidad de terreno motivo de Autos, especificando con claridad la superficie continua a la quebrada de San Pedro, con 172.55 m2., que quedó excluida de la superficie planteada a favor del Municipio, razón por la cual no es evidente que el Tribunal de Alzada hubiera otorgado más de lo pedido porque simplemente otorgo la usucapión en base a los datos del proceso y teniendo en cuenta la prueba aportada en el mismo. Al margen de ello  el recurrente carece de legitimación procesal para el presente reclamo, puesto que la superficie otorgada en usucapión, al ser menor según el criterio del recurrente, le perjudica a la demandante y no al recurrente.


En el fondo:

La parte recurrente acusa error de derecho y de hecho en la apreciación de la prueba respecto a la inspección judicial toda vez que el Juez de la causa refiere que las construcciones tienen una antigüedad de 6 a 8 años, Asimismo refiere que en cuanto a las declaraciones testificales de Placido Apolinar Vilte Vega y Juan Benito Fabián evidenciarían que la construcción de la casa tiene una antigüedad de 7 a 8 años,

Sobre el reclamo diremos que en la inspección judicial realizada en el proceso cursante a fs. 290  el Juez de la causa verifico que la demandante se encuentra en posesión del terreno y que la construcción de la casa data aproximadamente de 6 a 8 años con un letrero pintado en la pared que indica que el inmueble se encuentra en proceso de usucapión, la construcción de la casa tiene una antigüedad de 6 a 8 años. El recurrente considera que por la data de la construcción que es de tiempo menor a los diez años, el Tribunal de Alzada ha cometido error de hecho en la apreciación de las pruebas.

Sobre el punto que diremos que la posesión significa acto de poseer o tener una cosa corporal con ánimo de conservarla para sí o para otro, por tal razón poseer es tener una cosa en su poder para usarla, gozarla y aprovecharla, nuestra legislación dispone en el art. 87 num. 1) del Código Civil que “La posesión es el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la atención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real”.

La posesión de un bien inmueble no solo se evidencia por las construcciones que el poseedor realice en ellas, sino también por los actos de posesión que realiza en el lote de terreno, en el caso en examen, se demuestran por el sembradío del terreno, el cercado con alambre de púas de cuatro hilos, postes y también ramas de churquis, hechos que son actos de posesión que realizo la demandante en el terreno y que el Juez A quo comprobó en la audiencia de inspección ocular (Fs. 290). Asimismo el Tribunal de Alzada valoro la prueba testifical de cargo de ( 295 a 305) juntamente con las demás pruebas aportadas al proceso, el pago de los impuestos servicios eléctricos de la gestión 2009 ( fs. 40 a 43), las fotografías adjuntas de sembradíos (de fs. 22 a 30) actos que denotan posesión de la demandante y que han formado convicción en el  Tribunal Ad quem para fundar la usucapión. Al respecto diremos que gran parte del terreno es usado en el sembradío y pastoreo de ganado, por lo que al ser así estos actos denotan posesión de la demandante, la misma que ha sido ininterrumpida, pública y pacífica, por más de diez años, razón por la cual no existe error de hecho en la apreciación de la prueba, toda vez que si bien la construcción  de  la casa data de 6 a 8 años, los demás actos posesorios de la demandante se han realizado, durante el tiempo exigido por la norma que es de 10 años.

Denuncia que la prueba testifical no evidenciaría la posesión de diez años requerida para fundar usucapión, hace mención a las declaraciones testificales de  Juan Benito Fabián, Placido Apolinar Vilte Vega. Nicolasa Quintina Durán Vilte de Fernández, Felipe Ferrufino Ortega Rueda, Eugenio Durán Vilte, Luis Fernando Ortiz Carbajal declaraciones que indican una posesión de 7 a 8 años.

Al respecto  diremos que de la revisión de las declaraciones testificales que hace referencia la parte recurrente se establece que si bien los testigos refirieron que la antigüedad de la casa es de siete a ocho años atrás, dato que se corrobora con la inspección judicial, la totalidad de los testigos conocen que la demandada siempre ha vivido y sembrado en ese lugar desde que tienen uso de razón, así el testigo Placido Apolinar Vilte Vega  en fs. 303 refiere: “que conoce a Doña Ninfa Romero desde que tenía 8 años de edad, actualmente tiene 48 años de edad, asimismo conozco a su madre quien falleció hace 38 años atrás….” La señora Ninfa tiene una fracción de terreno en Pampa Galana de una extensión aproximada de 3 hectáreas, todo el perímetro del inmueble está cerrado con alambre de púas y cerco de rama de churqui y tarco “el mismo testigo refiere” “Yo soy secretario General del Sindicato Agrario de Pampa galana desde hace 4 años atrás me consta que la Sra. Ninfa Romero asiste a las reuniones de la comunidad desde hace 20 años atrás”

El testigo Luis Fernando Ortiz Carvajal refiere a fs. 304: “los sembradíos de Doña Ninfa se realizan desde hace muchos años atrás desde que tengo uso de razón”… El inmueble cuenta con agua potable de una data de 7 años aproximadamente, antes el agua se llevaba en turriles”… “El terreno lo adquirió por herencia de sus padres, la señora Ninfa conozco que tiene 8 hermanos y conozco que hay una división y partición entre ellos, la posesión la realiza en forma pacífica y ella se comporta como una propietaria”

La testigo Nicolasa Quintana Durán Vilte de Fernández a fs. 295 refiere “conozco a la Sra. Ninfa Romero desde que tengo uso de razón, ella tiene un terreno ubicado en la zona de morros blancos, actualmente yo vivo en el Barrio XXIII pero tengo mis terrenos al lado de los terrenos de la señora Ninfa yo viví en ese lugar hasta mis 35 años y actualmente tengo mi casa en ese lugar. La señora Rosaura madre de Doña Ninfa murió hace aproximadamente unos 30 años, al fallecimiento de la señora Rosaura de Romero que hace aproximadamente unos 30 años, quedando en posesión de esos terreno la señora Ninfa conjuntamente sus hermanos e hijos, hace aproximadamente 12 años que ella cuida en forma continua e ininterrumpida lo suyo porque ha habido una partición verbal de esos terrenos con sus hermanos, en esos terrenos la señora tiene gallinas, dos vacas y patos tiene chanchos.”

El testigo Juan Benito Fabián refiere a fs. 298: “Conozco a Doña Ninfa desde hace unos diez años atrás aproximadamente yo vivo en la parte superior, somos vecinos de unos terrenos ubicados en la zona de morros blancos, nos encontramos en las reuniones de Pampa Galana, antes existía una casa de adobe, ahora hay otra casa de material que tiene una antigüedad aproximada de siete a ocho años…. También siembra maíz  a temporal, esta actividad la viene realizando es de hace unos diez años de antigüedad de forma pacífica e ininterrumpida, la superficie del terreno no puedo determinar”

Eugenio Durán Vilte refiere a Fs. 297: “Desde que era chico la veo a Doña Ninfa en ese terreno que antes era del señor Nicanor, ahora ella lo ocupa su terreno en una extensión aproximada de 2 hectáreas y media….Hace unos doce años atrás que ellos se partieron verbalmente el terreno con sus hermanos que son en número de entre ocho a diez. Como mejoras puedo indicar que ha construido una casa de material con techo de teja, asimismo tiene animales como gallinas y vacas, asimismo tiene plantas de míspero de seis años, asimismo siembra maíz arveja, el resto del terreno lo ocupa como pastoreo”

Luis Felipe Ferrufino Ortega Vega a fs. 299 refiere:” Conozco a la Sra. Ninfa Romero desde el año 1970 aproximadamente, yo me vine a vivir a ese lugar llamado Pampa Galana, ella trabajaba un terreno juntamente con cuatro personas, el terreno era de sus padres, su madre se llamaba Rosaura Reiloba y ella lo tiene en calidad de herencia hace unos diez años que se partieron el terreno con sus hermanos y ella trabaja solamente su parcela, la extensión de su parcela es aproximadamente de dos hectáreas y media…..”

De las mencionadas declaraciones se advierte que el Tribunal de Alzada ha valorado correctamente la prueba testifical toda vez que la misma es conteste y uniforme respecto a la posesión de la demandante en los terrenos que pretende usucapir. Si bien se advierte que algunos de los testigos han referido que la data de la construcción de la casa es 6 a 8 años, atrás, sin embargo de manera uniforme declaran que la demandante se encuentra en posesión en el lote de terreno por más de diez años. Al respecto este Tribunal tiene sentada línea jurisprudencial respecto a la posesión, así en el A.S. 257/2013 se estableció: “Que la posesión es el poder que se ejerce sobre el bien se sustenta en la voluntad libre e independiente de usar o aprovechar económicamente el bien….La posesión entonces supone siempre el poder de hecho de la persona respecto del bien, la realización de actuaciones consistentes en el uso o provecho del bien, como si se tratara del propietario, es decir, sin reconocer dominio ajeno”.

En el caso de Autos los actos de sembradío, el cercado de púas, el pastoreo y crianza de ganado todos constituyen actos de posesión que la demandante ha realizado en el terreno, por lo que el Tribunal de segunda instancia ha sabido valorar en su real dimensión todos los actos de posesión realizados por la demandante, no evidenciándose error de hecho o derecho en valoración de la prueba testifical como acusa la recurrente.

Acusa que respecto a la confesión judicial de fs. 313 a 314 confesión del demandado, el Tribunal de Alzada ha cometido error de hecho y derecho en la apreciación de esta prueba porque indica que el recurrente ha confesado que existen 10 hermanos y cada uno de ellos les corresponde la superficie total de una hectárea, entonces a confesado que Ninfa Romero se encuentra en posesión de la porción que le corresponde, y no así de los 2 hectáreas, 4615,29 m2., que reconoce el Tribunal de Alzada

Con relación a lo reclamado el Tribunal de Alzada en el Auto de Vista en el inc. d) con relación a la confesión provocada del demandado indica que Horacio Ernesto peña Romero apoderado del demandado Carmelo Romero al responder a la décima séptima pregunta del cuestionario de fs. 312 señalo: “nunca se ha interrumpido la posesión de la señora Ninfa Romero en la porción que le corresponde”.

Al respecto diremos que el Tribunal de Alzada, no solamente con la confesión sino con el resto de las pruebas aportadas al proceso como la prueba documental, inspección judicial prueba testifical, inspección judicial, cercado de terreno, prueba documental como las facturas de fs. 39 a 43, plano del lote de terreno a nombre de la actora, que abstrayendo la confesión provocada del recurrente, fundaron convicción en el Tribunal de Alzada  para declarar la usucapión, no siendo la única prueba que consideró, llegando a la conclusión, por la valoración del resto de las pruebas que la demandante Ninfa Isabel Romero Baldivieso Vda. de Serrano ha estado en posesión del inmueble ubicado en la zona de Pampa Galana de manera pública, pacífica, continuada e ininterrumpida, de manera exclusiva por más de diez años.

Refiere que el plano geo referencial cursante de fs. 323 a 328, no habría sido verificado por el Tribunal de Alzada y que las fotografías satelitales demostrarían que en el año 2003 no existían actos de posesión de la demandante. El recurrente acusa en este punto la falta de valoración del plano referencial, siendo así, la falta de valoración de una determinada prueba es un agravio de forma, porque ataca errores en la tramitación de la causa, los mismos que el recurrente debió atacar vía recurso de casación en la forma, al ser equivocada la forma de impugnación este Tribunal se ve impedido de realizar un análisis.

Respecto a la violación del art. 138 del Código Civil, en sentido de que no estaría acreditada la posesión de 10 años debemos decir que por los fundamentos expuestos se evidencia que no es así, estando en posesión la demandante por el tiempo requerido y cumpliendo los requisitos exigidos por la norma.

Por lo indicado concluiremos que, los Tribunales de instancia obraron conforme a derecho correspondiendo emitir fallo en virtud a la previsión contenida en los arts. 271 num. 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num.1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010; y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del mismo compilado legal declara INFUNDADO, el recurso de casación en  la forma y en el fondo de fs. 408 a 413, interpuesto por Horacio Peña Romero en representación de Carmelo Romero Bejarano, impugnando el Auto de Auto de Vista Nº 19/2015, de fecha 9 de febrero, pronunciado por la Sala Civil, comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia y violencia intrafamiliar o doméstica y pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Con costas por existir respuesta al recurso.

Se regula honorarios en la suma de Bs. 1.000

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.