TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 1081/2016

Sucre: 19 de septiembre 2016

Expediente: SC-173-15-A

Partes: Karla Reerima Maldonado Torrez y María del Carmen Cruz Villarroel c/ 

            Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz.         

Proceso: Reivindicación, más pago de daños y perjuicios

Distrito: Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación de fs. 347 a 349 y vta., interpuesto por el Ing. Percy Fernández Añez en su calidad de Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, contra el Auto de Vista N° 467 de fecha 31 de agosto de 2015, cursante a fs. 337, pronunciado por la Sala Primera Civil, Comercial, Familia, Niñez y Violencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de reivindicación más el pago de daños y perjuicios, seguido por Karla Reerima Maldonado Torrez y María del Carmen Cruz Villarroel contra la institución recurrente; el Auto de concesión del recurso de fs. 354; los antecedentes del proceso; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, emitió el Auto N° 531, de fecha 06 de noviembre de 2014, cursante a fs. 306 y vta., declarando la PERENCIÓN DE INSTANCIA en el presente caso, disponiendo se dejen sin efecto todas las medidas precautorias que se decretaron, así como el desglose de la documentación que se adjuntó.

Resolución que puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que María del Carmen Cruz Villarroel y Lucia Torrez Lazarte de Maldonado en representación de Karla Reerima Maldonado Torrez, por memorial cursante de fs. 312 a 313, interpusiera Recurso de Apelación.

En merito a esos antecedentes, la Sala Primera Civil, Comercial, Familia, Niñez y Violencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 467 de fecha 31 de agosto de 2015 cursante a fs. 337, que con el fundamento de que la Juez A quo procedió de forma incorrecta debido a que no habría considerado que los memoriales de Fs. 295 a 296 tenían la finalidad de darle al proceso el impulso procesal requerido, y que la aparente inactividad estaría originada en la propia impericia de la Juez A quo y que prueba de ello sería el proveído de fecha 14 de Octubre de 2014 saliente a fs. 303 vta., en el que se habría corrido traslado con un inexistente recurso de reposición bajo alternativa de apelación, cuando en realidad con dicho  memorial la parte demandante contestó al recurso de reposición bajo alternativa de apelación planteado por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, por lo que resultaría inaplicable la norma contenida en el art. 309 del Código de Procedimiento Civil, REVOCÓ el Auto de Fecha 06 de noviembre de 2014, y en consecuencia rechazó la solicitud de perención de instancia planteada por Percy Fernández Añez en representación del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

Resolución que dio lugar al Recurso de Casación interpuesto por el Ing. Percy Fernández Añez en su calidad de Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, el que se pasa a considerar y resolver.

II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Acusa que los memoriales a los cuales hace referencia el Tribunal de Alzada no pretendían darle el impulso procesal, puesto que lo que correspondía era tramitar el Recurso de reposición bajo alternativa de apelación que fue interpuesto contra el Auto de designación de perito, y no así solicitar el juramento de perito en dos oportunidades, toda vez que este se encontraba observado, razón por la cual los memoriales citados por los jueces de Alzada no implicarían impulso procesal, por lo que no suspendería el término de la perención.

Denuncia que el proveído de 14 de octubre de 2014, que fue citado en el Auto de Vista,  correspondería a un memorial que fue presentado cuando ya habría operado la perención de instancia por el transcurso del tiempo, además que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra ya habría promovido la perención de instancia, por lo que no sería un argumento validado para revocar la declaratoria de perención de instancia.

De igual forma señala que el art. 309 del Código de Procedimiento Civil, si bien sanciona al sujeto procesal negligente que abandona el proceso por más de seis meses y que se computa inexcusablemente desde la última actuación que dejó de impulsar el proceso, empero no hablaría de que se deba cumplir cierto requisito a parte de la inactividad procesal por seis meses.

Por lo expuesto solicita se case y revoque el Auto de Vista recurrido, declarando la perención de instancia en el presente proceso por haber transcurrido hasta la fecha más de 14 meses de inactividad procesal, y se ordene el archivo de obrados y se levante las medidas precautorias, con costas.

De la respuesta al recurso de casación:

María del Carmen Cruz Villarroel y Lucía Torrez Lazarte de Maldonado en presentación se Karla Reerima Maldonado Torrez, respondiendo al recurso de casación refiriendo que el mismo debe ser rechazado por no contener elementos de juicio pertinentes.

Señalan que el recurrente faltando a toda ética moral jurídica refieren que su apelación estaba esgrimida sobre la base que por ser un proceso doble no opera la perención, lo que sería falso porque nunca hicieron referencia en tal sentido.

Que la fundamentación realizada por el Tribunal de Alzada fue en apego a la ley.

Finalmente señalan que el recurrente en ningún momento cita en términos claros, concretos y precisos, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, ni especificaría en que consiste la violación, falsedad ni error.

Por lo expuesto solicita se declare el recurso infundado, por no existir violación de la ley.

En razón a dichos antecedentes, corresponde a continuación ingresar a analizar el mismo.

III. DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- De la perención de instancia:

Sobre el particular este Tribunal Supremo de Justicia, entre otros Autos Supremos, emitió el A.S. Nº 970/2015 de 27 de octubre de 2015, donde razonó que: “ Ahora bien, siendo el tema en debate la perención de instancia, corresponde analizar dicho instituto en relación al presente caso y conforme al principio de verdad material acorde al art. 180 I de la Constitución Política del Estado, para lo cual citamos el art. 309 del Código de Procedimiento Civil, que señala: “I. Cuando en primera instancia el demandante abandonare su acción durante seis meses, el juez, de oficio o a petición de parte, y sin más trámite declarara la perención de instancia, con costas. II.- El plazo computara desde la última actuación”.

Acudiendo a la doctrina sobre el instituto en análisis CHIOVENDA señala: “anteriormente se consideraba a la perención como una pena al litigante negligente, pero hoy se admite que cuando las partes dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es porque no tienen interés en su prosecución y que desisten tácitamente de la instancia lo que autoriza al Estado a librar a sus propios órganos de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal.”

Asimismo LINO PALACIOS expresa: “inactividad procesal genérica, consiste en que durante determinados plazos legales, sobrevengan la inacción absoluta tanto de las partes,”… “cuanto del órgano judicial. Frente a ese hecho las leyes procesales instituyen un modo anormal de extinción de la pretensión y por lo tanto del proceso denominado caducidad o perención de instancia.”

Del espíritu de la norma y doctrina citada, se puede concluir que si bien el proceso es considerado teleológico, porque, tiene por finalidad llegar a una Sentencia empero, si las partes, realizaren un evidente abandono de la causa dentro de un periodo donde les corresponde a ellos el impulso procesal, la norma sanciona a las partes por esta actitud, debido a que el proceso no puede quedarse en un estado de inercia procesal, es por este motivo, que el legislador ha establecido la perención de instancia como una forma de conclusión extraordinaria del proceso.

Teniendo en claro la esencia de este instituto jurídico, corresponde reiterar que para la procedencia del mismo, este Tribunal a través de diferentes fallos ha establecido la concurrencia de requisitos para su procedencia, como ser: la Instancia, Inactividad procesal y Transcurso del plazo, y para la efectivización de las mismas debe existir pronunciamiento expreso de perención, en ese contexto se dirá también que la instancia es entendida como cada una de las etapas o grados del proceso dentro de nuestro ordenamiento jurídico, iniciando la instancia con la admisión de la demanda actuado a partir del cual, en aplicación del principio dispositivo es deber de las partes buscar el impulso procesal. Inactividad procesal entendida como la ausencia o abandono de los sujetos procesales dentro de una causa. Transcurso del plazo, tal cual manda el art. 309 del Código Procedimiento Civil de 6 meses.

Y como se expresó debe existir una declaración judicial expresa de perención de instancia, bajo el entendido de que la misma no opera -ipso facto- es decir que no opera de hecho sino ipso Jure- es decir y valga la redundancia debe existir una resolución judicial que la determine.

Cabe sin embargo señalar, que si bien la perención de instancia pone fin al proceso, no afecta a la acción, conforme dispone el art. 311 del Código Adjetivo Civil “La perención de instancia no importará la extinción de la acción, pudiendo intentarse una nueva demanda dentro del año siguiente. Transcurrido este plazo la acción quedara extinguida.” 

Ahora bien, respecto a los requisitos que hacen a la perención de instancia, corresponde hacer hincapié en la inactividad procesal, que como ya se señaló supra es entendida como el abandono o ausencia de los sujetos procesales en una determinada causa por el plazo que la Ley establece, sin embargo es posible que se produzca la interrupción del plazo que ocasiona la perención de instancia, cuando se produzca una petición interpuesta por las partes o una actuación del Órgano Judicial, cuyo efecto y consecuencia sea el impulso del proceso, en otras palabras, para que se produzca la interrupción de la perención, estos actuados deben tener como objetivo la continuidad del proceso hasta lograr su conclusión.

De esta manera, con relación a la interrupción de la perención, este Tribunal Supremo de Justicia asumió una postura, que se ve reflejada en varios Autos Supremos como el Nº 473/2012 de 03 de marzo, 134/2014 de 10 de abril, 220/2015 de 06 de abril y 611/2015 de 3 de agosto, donde se señaló que los actos que interrumpen la perención de instancia, son todos aquellos memoriales o solicitudes que tienen por fin inmediato dar continuidad a la causa, es decir, que ese actuado procesal debe estar orientado a que el proceso continúe la dinámica procesal, razón por la cual deben tener una petición que importe el desarrollo del proceso o que tienda a generar alguna incidencia relativa a esta.

De lo expuesto se advierte que no todos los memoriales o solicitudes que se hagan dentro del proceso implican continuidad a la causa, por ende no interrumpen el plazo para la procedencia de la perención, pues el solo hecho de generar la presentación de cualquier memorial no atinente al impulso del proceso de acuerdo a su secuencia, como es una solicitud de fotocopias, petición que no da luces a que el interesado quiera proseguir el desarrollo del proceso y por ende no incumbirá interrupción de la perención.

Sobre el particular, el tratadista Hugo Alsina indica entre otros aspectos que, la presentación de memoriales como el pedido de desglose de documentos, cambio de domicilio procesal, solicitud de fotocopias legalizadas, etc., no interrumpen la perención de instancia; similar criterio asume Enrique Lino Palacios, así como los doctrinarios nacionales Carlos Morales Guillén y Gonzalo Castellanos Trigo, toda vez que coinciden en cuanto a establecer que los actos procesales que no tengan por finalidad impulsar el proceso, no pueden considerarse idóneos para interrumpir la perención de instancia, tal como lo señala el Auto Supremo Nº 1071/2015-L de 17 de Noviembre que ha especificado lo siguiente: “…de ahí que los actos procesales para interrumpir a la Perención de instancia deben ser consecuentes a dinamizar el proceso mediante el impulso procesal, o sea, deben ser trascendentes a los fines de llegar a una Sentencia”.

Concordante con el razonamiento expuesto, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1724/2014 de fecha 5 de septiembre, donde señalo lo siguiente: “III.4. Sobre la perención de instancia y sus efectos… En ese sentido, el art. 309 del CPC, señala: “I. Cuando en primera instancia el demandante abandonare su acción durante seis meses, el juez de oficio o petición de parte, y sin más trámite declarará la perención de la instancia, con costas; II. El plazo se computará desde la última actuación”. Para que exista perención de instancia debe existir inactividad procesal, por el transcurso de un plazo, y finalmente una resolución judicial que declare la misma; tomando en cuenta que la inactividad procesal se genera cuando las partes en un proceso no dan el impulso necesario a la causa, lo que lleva a la paralización total del trámite, ésta inactividad debe ser continua durante los plazos previstos ley. Referente a los efectos de la perención, el art. 311 del CPC, indica: “La perención de instancia no importará la extinción de la acción, pudiendo intentarse una nueva demanda dentro del año siguiente. Transcurrido ese plazo la acción quedará extinguida”. El art. 312 de la misma norma legal, refiriéndose a la extinción de la acción, menciona: “Si por segunda vez se declarare la perención, se entenderá extinguido el derecho pretendido”; por su parte, el art. 313, señala las causales de improcedencia de la perención de instancia en los siguientes casos: “1) Después de dictada la providencia de autos para sentencia; 2) En los procesos posesorios, voluntarios y ejecutivos; y, 3) En los de suspensión del proceso por acuerdo de partes y aprobada por el juez”. La jurisprudencia constitucional, al respecto mencionó: “Al cumplir todas las condiciones señaladas, es aplicable la perención de instancia, pudiendo ser declarada de oficio o a petición de parte ya que opera por solamente el transcurso del tiempo legal del abandono procesal y no se convalida con la actuación posterior de las partes. En ese sentido el Auto que emita el juez o tribunal, es un reconocimiento a la plena existencia de la perención de instancia que se produce de pleno derecho; sin embargo, existe una diferencia de fondo entre la primera instancia que el demandante abandone el proceso, porque dicha actuación sólo afecta el procedimiento y no afecta al derecho; vale decir, que no extingue la acción y la nueva demanda que se intente dentro del año siguiente -como establece la norma-, motivando la perención de instancia por segunda vez, se entiende por extinguido el derecho (art. 312 CPC) y el demandante ya no podría interponer otra demanda, quedando la Resolución con calidad de cosa juzgada”, así lo entendió la SCP 1427/2012 de 24 de septiembre.” (Las negrillas nos pertenecen).

Finalmente, en lo que respecta a los efectos de la perención, es preciso aclarar, que si bien el art. 311 del Código de Procedimiento Civil, norma con que fue tramitada la presente causa, indicaba que: “La perención de instancia no importará la extinción de la acción, pudiendo intentarse una nueva demanda dentro del año siguiente. Transcurrido ese plazo la acción quedará extinguida”, sin embargo con la vigencia plena del Código Procesal Civil, se tiene que la perención de instancia, ahora denominada como “extinción por inactividad”, procede por las causales expresamente señaladas en el art. 247 de dicho cuerpo normativo, pudiendo ser declarada de oficio o a petición de parte, dando lugar a que la autoridad judicial pronuncie Auto Definitivo declarando extinguido el proceso, resolución que solo puede ser recurrible en apelación, pudiendo la parte actora deducir nueva demanda, empero ya no dentro del año siguiente de ejecutoriado dicho Auto Definitivo, sino dentro de los seis meses siguientes, tal como lo dispone el art. 249 del Código Procesal Civil, plazo legal vigente y aplicable aun a los posteriores casos que se hubiesen declarado la perención en el Código de Procedimiento Civil, debido a la realidad obvia del periodo de transición.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del análisis de los reclamos acusados en el recurso de casación, se advierte que estos se encuentran orientados a cuestionar la decisión asumida por el Tribunal de Alzada, es decir de revocar el Auto de fecha 06  de noviembre de 2014 cursante a fs. 306 y vta., y en consecuencia rechazar la solicitud de perención de instancia, toda vez que los memoriales a los cuales hicieron referencia los Jueces de Alzada, no tendrían como finalidad el impulso procesal, por lo que estos no habrían suspendido el término de la perención, y que el proveído de 14 de octubre de 2014, que también fue citado en el Auto de Vista, correspondería a un memorial que fue presentado cuando ya habría operado y se hubiese promovido la perención de instancia, para finalmente señalar que el art. 309 del Código de Procedimiento Civil, no hablaría del cumplimiento de otro requisito a parte de la inactividad procesal por seis meses.

En virtud a dichos reclamos y conforme a los fundamentos expuestos en el punto III.1, de la doctrina aplicable al caso de Autos, al ser la perención una forma extraordinaria de extinción del proceso, para que esta opere, conforme lo establece el art. 309 del Código de Procedimiento Civil, deben concurrir necesariamente tres requisitos que son la instancia, el transcurso del tiempo y la inactividad por cualquiera de las partes por más de seis meses; ahora bien, con relación al plazo debemos señalar que este debe computarse desde la “última actuación” de cualquiera de las partes, es decir demandante, demandado o del Juez. 

En esa lógica y toda vez que en el proceso hasta la emisión del decreto de Autos en primera instancia, se desarrollan varios actos procedimentales que tienen por finalidad dar continuidad al proceso para que este concluya con la emisión de una Sentencia, se infiere que aquellas actuaciones que no tengan como finalidad la continuidad o dar movimiento al proceso no interrumpen el cómputo para la perención.

De esta manera y conforme a la revisión de obrados, se advierte que en fecha 19 de febrero de 2014 el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, interpuso Recurso de Reposición bajo alternativa de apelación del Auto de fecha 17 de abril de 2013 (fs. 293 y vta.), memorial que mereció el decreto de fecha 20 de febrero de 2014 cursante a fs. 294, donde el Juez A quo corrió traslado a la parte actora, posteriormente en fecha 10 de marzo de 2014 y en fecha 26 de mayo de mayo de 2014, la parte actora mediante memoriales cursante a fs. 295 y 296 respectivamente, solicitó e insistió en que se tome nuevo juramento a perito por tratarse de prueba pendiente, memoriales que en ambos casos mereció el decreto del Juez A quo que dispuso se esté al recurso de reposición bajo alternativa de apelación que fue interpuesto por la institución demandada; posteriormente mediante memorial de fecha 9 de octubre de 2014 el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra solicitó la perención de instancia, que dio lugar a que el Juez A quo mediante Auto de fecha 06 de noviembre de 2014 (fs. 306 y vta.) declare la perención de instancia con el fundamento de que desde la Resolución de 20 de febrero de 2014 que corresponde al recurso planteado por la institución demandada, no habría existido la dinámica procesal, pues el proceso se habría paralizado por más de seis meses, Auto que al haber sido recurrido en apelación fue revocado por los Jueces de Alzada mediante el Auto de Vista Nº 467, de 31 de agosto de 2015 (fs. 337) quienes rechazaron la solicitud de perención, toda vez que entre el actuado considerado como último por el Juez A quo y la solicitud de perención de instancia la parte actora presentó dos memoriales cuya finalidad era la continuidad del proceso.

Expuestos así los antecedentes que dieron lugar a la resolución recurrida en casación, se infiere que el decreto de 20 de febrero de 2014, donde el Juez de la causa corre traslado a la parte actora con el Recurso de Reposición bajo alternativa de apelación interpuesto por la parte demandada, al margen de que no fue notificado a ninguna de la partes, este no se constituye como el ultimo actuado procesal cuya finalidad fue dar el impulso procesal al proceso, toda vez que en fecha 10 de marzo y 26 de mayo de 2014, la parte actora presentó memoriales solicitando el juramento del nuevo perito por tratarse de prueba pendiente, memoriales que de los cuales el último mereció el decreto de fecha 27 de mayo de 2014, donde el Juez A quo dispuso que se esté a las actuaciones dictadas dentro del presente proceso y que se conteste al recurso interpuesto por la contraparte; de lo advertido se tiene que estos últimos memoriales que fueron presentados por la parte actora tienen como finalidad que el proceso continúe la dinámica procesal, es decir que se cumplan las etapas procesales respectivas y se pronuncie Sentencia, como correctamente lo señaló el Tribunal de Alzada, toda vez que al solicitar que se realice un nuevo juramente de aceptación de cargo de perito, se entiende que la finalidad de la parte demandante era que se produzca la prueba que consideran pendiente y así concluir con la etapa probatoria, es decir dar el impulso procesal para que el Juez de la causa emita resolución, que independientemente de que el Perito haya o no sido observado por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, la parte actora al solicitar que dicha prueba sea producida en el presente caso, lo que pretendía era que el proceso continúe con la dinámica respectiva, pues dichas solicitudes resultan ser trascendentales para la continuidad del proceso, pues la producción de prueba resulta ser una etapa procesal en la cual se producirán y presentarán todos aquellos medios idóneos para demostrar o desacreditar pretensiones, sin embargo el Juez de la causa de manera incorrecta consideró que dichos memoriales no tendrían dicha finalidad, por no haberse dado respuesta al recurso de reposición, con el cual, reiteramos, no fueron notificadas ninguna de la partes.

Consiguientemente, se advierte que el Tribunal de Alzada realizó un análisis correcto de los actuados que se suscitaron en el presente caso, pues el ultimo actuado que se produjo es el decreto de fecha 27 de mayo de 2014 y no así el del 20 de febrero de 2014, por lo que realizando el cómputo del plazo que establece el art. 309 del Código Procesal Civil, desde el 27 de mayo de 2014 hasta la fecha en que la parte demandada solicitó la perención de instancia que data del 09 de octubre de 2014, no transcurrieron los seis meses de inactividad procesal, por lo tanto no operó la perención de instancia. 

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal emitir fallo en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código de Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 347 a 349 y vta., interpuesto por el Ing. Percy Fernández Añez en su calidad de Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, contra el Auto de Vista N° 467 de fecha 31 de agosto de 2015, cursante a fs. 337, pronunciado por la Sala Primera Civil, Comercial, Familia, Niñez y Violencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Sin costas y costos por ser una entidad pública.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán