TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                 S A L A  C I V I L 




Auto Supremo: 1062/2016

Sucre: 06 de septiembre 2016

Expediente: SC-157-15-S

Partes: David Terán Torrez, Eva Mamani de Terán y Eduarda Huayta Nina. c/

            Hilarión Cari Gómez.

Proceso: Rescisión de Contrato por lesión y otro.

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo cursante de fs. 193 a 204 vta., de obrados interpuesto por Hilarión Cari Gómez contra el Auto de Vista Nº 411/2015 de fecha 23 de julio de 2015 cursante de fs. 185 y vta. de obrados, pronunciado por la Sala Civil  Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de Rescisión del Contrato por efecto de lesión  y resolución de contrato por incumplimiento seguido a instancia de David Terán Torrez, Eva Mamani de Terán y Eduarda Huayta Nina,  la contestación del recurso cursante a fs. 209, la concesión del recurso de fs. 211 de obrados, los antecedentes del proceso; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Tramitado el proceso, el Juez tercero de Partido en lo Civil de la ciudad de Santa Cruz pronunció Sentencia Nº 09/2015 cursante de fs. 151 a 1552 vta., y  declaró PROBADA en parte la demanda ordinaria de fs. 19 a 20 y de 41 a 42 incoada por David Terán Torrez, Eva Mamani de Terán y Eduarda Huayta Nina representados por Jaime Alberto Montenegro Ruíz e IMPROBADA en cuanto al pago de daños y perjuicios, en consecuencia dispuso la rescisión o declaró sin valor legal la Escritura Pública de transferencia de lote de terreno y aclarativa de ubicación por la suma de Bs. 6.000.oo de fecha 11 de septiembre de 2012 suscrita entre David Terán Torrez y Eva Mamani de Terán como vendedores e Hilarión Cari Gómez en su condición de comprador. Resuelto el documento privado de venta de lote de terreno de fecha 11 de septiembre de 2012, por la suma de $us. 18.000 suscrita entre Eduarda Huayta Nina como vendedora acreedora e Hilarión Cari Gómez en su condición de comprador deudor. En mérito de lo resuelto se ordenó al demandado Hilarión Cari Gómez a desocupar y entregar el inmueble en el término de 30 días, bajo prevenciones de librarse mandamiento de Lanzamiento en caso de incumplimiento.


Contra esta resolución el demandado Hilarión Cari Gómez interpuso recurso de apelación cursante de fs. 163 a 174 de obrados, en conocimiento del mencionado recurso la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció Auto de Vista No 411/2015 por el cual CONFIRMO la Sentencia con costas con los fundamentos de que no son ciertos los agravios formulados por los demandantes, pues del análisis de la Sentencia apelada se concluye que la misma es producto de interpretación correcta de la normativa jurídica aplicable al caso y de una valoración integral de la prueba aportada por las partes durante el proceso. Nótese que los aparentes vicios de los documentos cuya nulidad pretenden no se encuentran dentro del catálogo previsto en el art. 549 del Código Civil. Es más los argumentos en que se basan resulta erróneos pues como acertadamente lo refiere el Juez A quo en la resolución impugnada, el Testimonio de Derechos Reales en el que se basa la demanda contiene datos que no son correctos y que no corresponden a la minuta de fs. 386 cuya nulidad se impetra, por consiguiente en mérito a esas premisas las conclusiones plasmadas en la Sentencia son concordantes con la legalidad y verdad material, de donde se concluye que el fallo apelado no incurre en errores de hecho y de derecho.


Contra la Resolución de segunda instancia el recurrente Hilarión Cari Gómez interpuso complementación y enmienda, el mismo que se determinó no haber lugar por Auto de fecha 11 de agosto de 2015, interponiendo luego recurso de casación en la forma y en el fondo cursante de fs. 193 a 204 vta. el cual se analiza:


II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:


Del recurso de casación en la forma:


1.- Acusa que el Auto de Vista impugnado carece de motivación y fundamentación exigida por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, porque los vocales suscriptores del Auto no han introducido una exposición sumaria de hecho y derecho que se litiga con relación al recurso de apelación y la Sentencia, de igual manera no ha citado las leyes en que se funda la resolución. Sobre el mismo punto refiere que existe incongruencia en el Auto de Vista recurrido, con relación a la Sentencia y los puntos apelados, nombrando foliaturas inexistentes y a los sujetos procesales de forma errónea ya que su persona es demandante, asimismo hacen referencia a un testimonio de Derechos Reales que no existe cursante a fs. 386 y a un proceso de nulidad, cuando el proceso es de rescisión de contrato por lesión, aludiendo que los supuestos vicios no se encuentra dentro del Catálogo del art. 549 del Código Civil.


2.- Indica que el Auto de Vista debe ser estructurado con la debida fundamentación con doctrina jurisprudencia y otras citas legales, debiendo tener considerandos que contengan resumen de los puntos por el inferior que son motivo de apelación, resumen de la apelación y la parte apelada, análisis de la prueba, análisis de los hechos probados y no probados análisis de la ley doctrina y jurisprudencia,  análisis que no contiene el Auto de Vista apelado.


3.-Acusa que existe vicio de nulidad porque no fueron consideradas sus alegatos en conclusiones  habiendo sido interpuestos dentro del plazo establecido por los arts. 394.I y 395 del Adjetivo civil, menciona que los mismos debieron ser considerados por la Autoridad en Sentencia, violándose el derecho a ser oído y se respete el principio de igualdad de las partes.


4. Refiere que se produjo prueba fuera del plazo probatorio, siendo este plazo perentorio e improrrogable, si bien es cierto que la Juez de la causa está facultada para producir prueba de oficio conforme lo establece el art. 378 del Adjetivo civil, pero en ninguna parte la juzgadora ha ejercido este derecho, motivo por el cual toda prueba producida fuera del plazo de 50 días es nula de pleno derecho, máxime si esta prueba producida indebidamente que cursa de fs. 129 a 142 ha sido base para dictar Sentencia y está referida al informe pericial.


Del recurso de casación en el fondo:


1.-Denuncia que tanto el Juez de la causa como el Tribunal Ad quem no ha cumplido con la labor de compulsar lar pruebas de acuerdo a las normas adjetiva civil, con relación al contrato de rescisión por lesión la misma que debe contener un requisito objetivo por el cual se exige una manifiesta desproporción entre la prestación de una parte y la contraprestación de la otra, debiendo exceder ella a la mitad del valor de la prestación ejecutada o prometida 2) un requisito subjetivo que se refiere a la explotación ya sea de una necesidad apremiante, la ignorancia de la parte perjudicada o su ligereza, elemento subjetivo que no ha podido ser demostrado por la parte demandante porque se debió individualizar a cuál de los tres demandantes habría seducido a efecto de hacerlo incurrir en un error para engañarlos y cuál de ellos se encontraba en estado de necesidad, hechos que no han podido demostrar los demandantes.

2.- Denuncia que en el documento suscrito con los demandantes David Terán Torrez y Eva Mamani de Terán, de fecha 11 de septiembre de 2012, del cual se pretende su rescisión, específicamente en la cláusula segunda expresa taxativamente sin que exista dolo, presión o vicio que anule el consentimiento, esta cláusula de seguridad no puede quedar como un simple enunciado literario, sino que merecen ser interpretados de acuerdo al sentido que resulta del conjunto del acto.


3.- Afirma que el contrato suscrito con Eduarda Huayta Nina, de fecha 11 de septiembre de 2012, con la finalidad de que su persona honre la totalidad de $us. 18.000, precio total del lote de terreno, debió ser un contrato de compromiso de deuda y compromiso de pago porque la vendedora no era propietaria ya que rescindió el contrato de compra venta suscrito con David Terán Torrez y Eva Mamani de Terán.


4.- Sostiene que el intentó cancelar el monto de $us. 18.000 a Eduarda Huayta Nina, sin embargo ella intentó chantajearlo pidiendo que se le pague más de lo acordado, negándose a recibir el efectivo de su parte pese a que saboteo el crédito con la financiera.


5.- Refiere que no se le ha notificado de manera oportuna con la designación del perito para poder plantear los puntos de pericia, tal como manda el inc. II del art. 431 del adjetivo civil, hecho que le privo de poder objetar o agregar nuevos puntos de pericia, dejándolo en completa indefensión.


De la Respuesta al Recurso de Casación.-


Los demandantes a través de su representante legal contestan el recurso de casación refiriendo que el demandado en la contestación ni siquiera negó la demanda, así como no presento prueba dentro de los 5 primeros días y que la pretensión jurídica de rescisión de contrato por lesión se encuentra probada por el inmueble vale más de cuarenta mil dólares y no seis mil bolivianos que no se pagó. De igual manera indica que procede la resolución de contrato por incumplimiento del contrato suscrito entre Eduarda Huayta Nina y el demandado, porque no cumplió con la cancelación a la cual se comprometió. Concluye su recurso solicitando a este Tribunal que se declare infundado el recurso de casación.

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- De la Congruencia en las Resoluciones.

Por Sentencia congruente se entiende aquella que se adecue a las peticiones de las partes deducidas oportunamente en el litigio; por su parte motivación de la Sentencia, como acto importantísimo de la actividad jurisdiccional, se denomina a aquella que precede y justifica el fallo, es decir, a aquella parte que expresa las razones que el órgano jurisdiccional ha tenido en cuenta para decidir en la forma como lo hizo.

Con relación al tema en el Auto Supremo No 1158/2015, de fecha 16 de diciembre de 2015, orientó: “ La doctrina, en relación a la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para que el juzgador considere aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretende evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.        

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014. 
El doctrinario HERNANDO DEVIS ECHANDÍA en su obra TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, Tomo I pág. 49, al establecer la noción de congruencia señala que la misma es: “El principio normativo que exige la identidad jurídica entre lo resuelto, en cualquier sentido, por el Juez en la sentencia y las pretensiones y excepciones planteadas por las partes…”, esto quiere decir que las pretensiones y/o excepciones tienen una causa petendi (es el conjunto de hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la parte, formulados en la demanda contestación, reconvención y excepción) y el Juez debe fallar sobre esa relación de hechos.

De manera específica con relación a la congruencia de las resoluciones judiciales en segunda instancia, la SCP Nº 0363/2012-R de 22 de junio señaló: “en ese sentido, el Tribunal Constitucional anterior, en uniforme criterio, en la SC 0890/2010- R de 10 de agosto, estableció que: “En cuanto a la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es  una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, límites que se expresan precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del CPC, como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”.

III.2.- Con relación a la motivación de las resoluciones:

Con relación al principio de motivación de las resoluciones judiciales, la jurisprudencia constitucional ha sido consecuente con este postulado al establecer lo siguiente:

“Desde la SC 0752/2002-R de 25 de junio, ha expuesto una doctrina coherente con la obligación de los juzgadores de respaldar sus decisiones mediante la exposición de fundamentos y razonamientos jurídicos, afirmando que: “…cuando un Juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”.

Luego, desplegando un afán pedagógico, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre de 2005, explicó cómo se estructura una debida justificación de las resoluciones judiciales, al exponer lo siguiente: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”.

En ese mismo sentido, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, complementó el razonamiento al exponer el contenido de las resoluciones judiciales, estimando lo que sigue: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aún cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento…”.

De donde se concluye, que a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, las autoridades tienen la obligación de desarrollar de manera suficiente, las razones que motivaron su decisión, señalando las disposiciones legales que sustentan su fallo. …”

En ese orden valorativo, la SCP 1916/2012 de 12 de octubre, ha expuesto que la fundamentación y motivación de las sentencias tiene por objeto demostrar que la función de impartir justicia, cumplió su objetivo axiológico y no solamente formal, sosteniendo que: “La fundamentación y motivación de la sentencia, como resolución que pone fin al debate oral en primera instancia, implica que ésta, por su naturaleza valorativa, no solamente debe resolver el caso sometido a la decisión del juez o tribunal, sino que también debe llevar al convencimiento de que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general. Vale decir, que en su dictación se observaron las normas del debido proceso y se consideraron todos los medios probatorios legalmente incorporados, así como los argumentos tanto de la acusación y de la defensa”.

Finalmente, en esta exposición del decurso de la doctrina relativa al principio de motivación y fundamentación de las resoluciones, la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, sintetizó sus elementos en la siguiente proposición: “De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución…”.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Respecto al recurso de casación en la forma:

En cuanto al recurso de casación en la forma el recurrente refiere falta de motivación  e incongruencia en el Auto de Vista, aduciendo que  en el mismo  no existe una exposición sumaria de hecho y derecho que se litiga con relación al recurso de apelación y la Sentencia, de igual manera no habría citado las leyes en que funda su resolución. Sobre el mismo punto indica que existe incongruencia en el Auto de Vista con relación a la Sentencia y los puntos apelados, nombrando foliaturas inexistentes y a los sujetos procesales de forma errónea ya que su persona es demandante, así como se refiere a una acción de nulidad cuando el proceso es de rescisión de contrato por lesión.

Con relación a lo denunciado y de la revisión del Auto de Vista impugnado diremos que en el mismo existe incongruencia interna porque refiere: “En ese marco se tiene que no son ciertos los agravios formulados por los demandantes, pues del análisis de la Sentencia apelada se concluye que la misma es producto de interpretación correcta de la normativa jurídica aplicable al caso y de una valoración integral de la prueba aportada por las partes durante el proceso. Nótese que los aparentes vicios de los documentos cuya nulidad pretenden no se encuentran dentro del catálogo previsto en el art. 459 del Código Civil. Es más los argumentos  en que se basan resulta erróneas, pues como acertadamente lo refiere el Juez A quo en la resolución impugnada el Testimonio de Derechos Reales en el que basa su demanda contiene datos que no son los correctos y que no corresponden a la minuta de fs. 386 cuya nulidad se impetra, por consiguiente en mérito a esas premisas las conclusiones plasmadas en la Sentencia con concordantes con la legalidad y verdad material, de donde se concluye que el fallo apelado no incurre en errores de hecho y de derecho”.

De la trascripción realizada del Auto de Vista se evidencia que el mismo se refiere a otro proceso, porque expresa que se trata de un proceso de nulidad refiriéndose a aparentes vicios, cuando en la presente causa la pretensión jurídica es la resolución de contrato por lesión, asimismo contiene datos erróneos respecto a las fojas y documentos, nótese que el presente proceso no tiene la fs. 386  porque el mismo termina 218,  no existiendo una relación de los hechos que se litiga, que en el caso de Autos es la rescisión de contrato por lesión, más por el contrario el Auto de Vista se refiere a un proceso de nulidad  indicando que los aparentes vicios de los documentos cuya nulidad se pretende no se encuentran dentro del catálogo previsto en el art. 549 del Código Civil,  describiendo  a otro proceso,  sin referirse siquiera al hecho sobre el cual se funda el juicio, lo que se conoce como fundamentación fáctica, así como carece de fundamentación probatoria, la cual conforme la doctrina aplicable en el punto III.1  debe contener una lógica descripción y una fundamentación intelectiva lo que el Código denomina análisis y fundamentación de la prueba que obliga al Tribunal a referirse y establecer cuáles son los medios probatorios introducidos en el proceso y que hubiesen sido objeto de valoración por el Juez A quo para asumir su decisión, establecido también si la misma es producto de una  valoración correcta de esos medios probatorios,  valoración que no existe en el Auto de Vista impugnado, toda vez que el Tribunal ni siquiera se refiere al proceso en cuestión, menos ingresa a establecer que medios valorativos han tomado en cuenta el Juez A quo para asumir la decisión de declarar probada la demanda, asimismo el mencionado Auto de Vista al no realizar el análisis de la pretensión jurídica de las partes  involucradas en el proceso ha incurrido en total desprolijidad respecto a su labor revisora.

Con relación a la motivación como elemento esencial de una resolución,  el Auto de Vista impugnado carece de motivación lógica, al no realizar análisis alguno de los hechos y las pruebas que sustentan los mismos,  porque conforme lo establece la doctrina aplicable en el punto III.2 es obligación de los juzgadores el respaldar sus decisiones mediante la exposición de fundamentos y razonamientos jurídicos, hecho que no se da en la Resolución de Alzada, porque ni siquiera se ha referido al presente proceso sino a otro totalmente diferente, incumpliendo su función de fallar conforme a derecho, cayendo, como ya lo dijimos en total desprolijidad  respecto la labor que  debe realizar toda autoridad jurisdiccional  y  la obligación que tiene de revisar el proceso sometido a su conocimiento y en base a ese análisis  lógico y valorativo, asumir una decisión debidamente fundamentada y motivada. Al incumplir el Tribunal de Alzada con ese deber, no solo ha suprimido una parte estructural de la Resolución, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el  derecho que tienen las partes de conocer cuáles son las razones para que se asuma una decisión confirmatoria respecto al proceso.

En definitiva el Auto de Vista impugnado no se refirió al presente proceso menos se pronunció con relación a la  pretensión jurídica más por el contrario se refirió a un proceso diferente,  incurrido en incongruencia interna y falta de motivación, conforme a los fundamentos que hemos expuesto.

En ese sentido este Tribunal se ve imposibilidad de realizar análisis alguno respecto al fondo del proceso, por la carencia total de congruencia y falta de motivación  porque evidentemente al no referirse al proceso que nos ocupa, no ha ingresado siquiera a realizar un análisis de los agravios expresados en el recurso de apelación, impugnando aspectos relativos a la Sentencia, donde la parte recurrente ha acusado varios reclamos con relación a que no se consideraron sus conclusiones y  que la prueba pericial habría sido producida fuera del plazo probatorio, existiendo también observaciones respecto al informe pericial el cual no fue notificado para que sea observado o en su caso, el recurrente pueda aumentar puntos de pericia así como existen reclamos con relación a la valoración de la prueba,  porque no se habría demostrado el elemento subjetivo que debe tener la figura jurídica de rescisión de contrato por lesión, reclamos que ni siquiera han sido considerados por el Tribunal de Alzada menos absueltos,  porque desde un inicio ni siquiera se ha referido al proceso que nos ocupa, incurriendo en absoluta carencia de fundamentación, motivación y congruencia, hecho que amerita la nulidad del Auto de Vista.

Finalmente del análisis realizado se establece que en los hechos procesalmente no existe fallo de segunda instancia que resuelva el recurso de apelación, aspecto que viola el debido proceso, el derecho a la defensa, a obtener una respuesta motivada y fundamentada a la cual tiene derecho la parte recurrente, soslayando el Ad-quem su deber de resolver el recurso de apelación dentro del marco de pertinencia y congruencia establecida en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil vigente al momento de la emisión de la resolución impugnada y actualmente establecida en el art. 265.I del Código Procesal Civil.

Siendo evidente la nulidad a disponer no corresponde pronunciarse sobre los agravios de fondo.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala el art. 220.III del Código Procesal Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 411/2015 de fecha 23 de julio de 2015 cursante de fs. 185 y vta., de obrados, pronunciado por la Sala Civil  Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y dispone que la misma Sala, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva Resolución con arreglo a lo previsto por el art. 265.I del Código Procesal Civil.         

No siendo  excusable  el  error  se  impone  multa de un día de haber a los vocales suscriptores        del Auto de Vista, para tal efecto comuníquese a la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.


Cumpliendo lo previsto por el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.