TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A  C I V I L




Auto Supremo: 1034/2016 

Sucre: 24 de agosto 2016

Expediente: LP -185 - 15 S

Partes: Freddy  Mamani  Chambi  y  Arminda  Cari  Larico. c/  Dionicio Aranibar

            Calle.

Proceso: Ordinario sobre mejor derecho propietario y pago de daños y perjuicios.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 433 a 436 vta., interpuesto por Dionicio Aranibar Calle a través de su representante Gabriel Callizaya Trujillo contra el Auto de Vista Nº 231/2015 de 22 de junio, cursante de fs. 427 a 428, pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre mejor derecho propietario y pago de daños y perjuicios seguido por Freddy Mamani Chambi y Arminda Cari Larico contra el recurrente, la respuesta de fs. 440 a 443., el Auto de fs. 444 vta., que concedió el recurso, los antecedentes del proceso; y:


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:


El Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz pronunció Sentencia Nº 99 “A”/2014 de 23 de mayo, cursante de fs. 385 a 392 y su complementario a fs. 406 vta., que declaró probada la demanda,  principal con respecto al mejor derecho propietario y al pago de daños y perjuicios a calificarse en ejecución de Sentencia, con costas; disponiendo el mejor derecho propietario de los actores del bien inmueble ubicado Urbanización Los Rosales con una superficie de 300.00 m2., de la ciudad de La Paz, que hubiese adquirido por Escritura Pública No. 209 de fecha 16 de marzo de 2010 suscrita por ante Notario de Fe Pública Nilda Pestañas Cerezo registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula No. 2010990150274 de fecha 16/03/2010; asimismo declaró que el demandado no tendría derecho de propiedad sobre el referido bien inmueble objeto de autos; Resolución de primera instancia que al ser apelada por el demandado, fue resuelto por Auto de Vista Nº 231/2015 de 22 de junio, cursante de fs. 427 a 428, que confirmó la Sentencia apelada y el Auto complementario de fs. 406 vta., con el fundamento que, por las prueba presentada por las partes estaría aclarada la ubicación del inmueble y demás aspectos inherentes al mismo, dejando claro que el derecho propietario registrado  en la Oficina de Derechos Reales por los actores Freddy Mamani Chambi y Arminda Cari Larico en el Folio con Matrícula No. 2010990150274, bajo el Asiento A-2  de fecha 17 de marzo  de 2010 sería anterior al registro del demandado Dionicio Aranibar Calle de  fecha 13 de abril de 2010 que correspondería al Folio con Matrícula No. 2010990034301, bajo el Asiento A-2, además que la propiedad del demandado también versaría con las mismas especificaciones que los señalados por los demandantes con excepción de la “ubicación” consignada en los documentos del demandado, siendo que la misma estaría consignada  como “Alto Calacoto Urbanización los Rosales”, agrega, extremo que difiere la ubicación con respecto al primer registro, por lo cual con el registro precedente se habría dado publicidad al derecho propietario del bien inmueble objeto de Litis; que por las declaraciones testificales de cargo a fs. 178 a 183, se establecería que el inmueble cuyo mejor derecho se litigó en el presente caso, habría estado hace más de diez años bajo el uso y dominio de los demandantes habiendo sido impedidos a realizar conexiones de los servicios de agua y otros por parte del demandado, asimismo refiere que, la consignación en Sentencia de la denominación “Cruz Roja Boliviana” habría sido enmendado por el Juez A quo mediante Auto  de complementación de fs. 406; fallo de segunda instancia que fue recurrido de casación en el fondo de fs. 433 a 436 vta., interpuesto por Dionicio Aranibar Calle a través de su representante Gabriel Callizaya Trujillo.


II. CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:


1.- El recurrente sostiene que para establecer el mejor derecho propietario no sería aplicable el art. 1538 del Código Civil, como indebida y erróneamente sostendría el Tribunal de alzada en el Auto de Vista recurrido confundiendo también  la oponibilidad con la inscripción, siendo que esta norma solamente regularía de manera general la publicidad de los Derechos Reales, por lo que no sería aplicable a la prioridad de la inscripción, debiendo tenerse en cuenta además que tanto los demandantes como el demandado tendrían registrado sus respectivos inmuebles en Derechos Reales conforme constaría por la literal de fs. 5 y fs. 122 de obrados, consiguientemente el Ad quem en el Auto de Vista habría violado los arts. 1296, 1538 del Código Civil y 397 del Cód. Pdto. Civ,  e incurrido en error de derecho al no dar la valoración que estaría otorgada por esa norma legal a la inscripción del derecho propietario de los actores como del demandado con la sola inscripción en Derechos Reales, cuya inscripción harían oponible frente a terceros, sin lugar al mejor derecho propietario del uno con respecto al otro.


2.- Señala que, los demandantes invocando el art. 1545 del Código Civil, habrían demandado el mejor derecho propietario de su lote de terreno con respecto al lote de terreno del demandado, con el fundamento de que su derecho propietario sobre 300 m2., estaría inscrito en Derechos Reales con anterioridad a la propiedad del demandado, en ese entendido refiere que el Tribunal de alzada en el Auto de Vista no habría aplicado la norma para determinar el derecho preferente como establecería el art. 1545 del Código Civil, que conforme a esta norma los actores estarían obligados a probar que su derecho propietario y el derecho propietario del demandado tendrían el mismo causante, siendo que en el caso presente, el derecho propietario de los actores provendría de sus vendedores Eulogía Paco de Mamani y Francisco Salomón Mamani Rodríguez conforme constaría en el  testimonio de fs. 6-8 vta., folio real de fs. 5 (repetido a fs. 100) en tanto el derecho propietario del demandado provendría de Freddy Eraclio Ticona Zúñiga conforme acreditaría el folio real de fs. 122, además ambas propiedades tendrían ubicación distinta, toda vez que la propiedad de los actores estaría ubicado en la Urbanización Los Rosales, en tanto la propiedad del demandado estaría ubicado en Calacoto Alto, conforme se tendría de la confesión espontánea de los actores mediante memorial de fs. 90 vta., de tal modo que la demanda de los actores, a criterio del recurrente, sería inviable, aspecto que los juzgadores de instancia no habrían considerado menos valorado las pruebas referidas, por lo que -señala el recurrente- habrían violado, aplicado errónea e indebidamente la referida norma como el art. 1286 del Código Civil y art. 397 del Código de Procedimiento Civil.


3.- Por otro lado citando el art. 1455.I del Código Civil, y haciendo mención de lo que significaría la acción negatoria y a la conclusión al que habría arribado el Auto de Vista refiere que, resultaría inaplicable la acción negatoria, por cuanto el demandado tendría derecho real por excelencia, en su condición de propietario del lote de terreno de una superficie de 300.00 m2., que estaría ubicado en la Urbanización “Lo Rosales” de Alto Calacoto, inscrito en Derechos Reales en la Matrícula Nº 2010990034301 bajo el Asiento Nº A-2 de 13 de abril de 2010, conforme acreditaría el certificado de Derechos Reales de fs. 122, además estaría inscrito en la Dirección de Catastro Urbano Municipal de la ciudad de La Paz, bajo el Código 044 0413 431 de 1995, por lo que la acción negatoria no sería la vía legal para determinar el derecho de preferencia del lote de terreno del demandante, teniendo en cuenta que las instituciones de acción negatoria y mejor derecho de propiedad serían instituciones diferentes, por lo que el Auto de Vista habría aplicado errónea e ilegalmente el art. 1455.I del Código Civil, incurriendo en error de derecho al valorar erróneamente la prueba de cargo y prescindiendo la prueba de descargo.


Por otra parte señala que, no correspondía aplicar el art. 1455.I del Código Civil en razón de que lo actores en su demanda habrían argumentado “Por lo expuesto al amparo de lo “presto” los “art.” 105, 107, 15238, 1455, 1545 CODIGO CIVIL, art. 1 Y 15 Y LA LEY DE INSCRIPCION DE DERECHOS REALES LEY DE 15 de noviembre de 188, correlacionados con los arts. 316 del Código de Procedimiento Civil……”, lo que evidenciaría, que los actores no demandaron la acción negatoria, tampoco habrían fundamentado al respecto de modo que, el Auto de Vista al confirmar la Sentencia habría violado por indebida y errónea aplicación el art. 1455.I del Código Civil.


4.- Agrega que, la parte resolutiva de la Sentencia habría declarado probada la demanda con costas, resolución que habría sido confirmada en el Auto de Vista, por lo que al sancionar con costas al demandado tanto el Juez A quo como el Tribunal  Ad quem habrían violado por indebida y errónea aplicación el imperio del art. 198 del Código de Procedimiento Civil.

                                                                                                                              

5.- Concluye señalando que,  el pago de daños y perjuicios habría sido una de las pretensiones de la demanda y comprendido en los puntos de hecho a probar, sin embargo al no haber sido acreditado con ninguna prueba, no correspondía  disponer su pago por dicho concepto  a calificarse en ejecución de Sentencia, por lo que el Tribunal de alzada habría violado el art. 984 del Código Civil.


En base a esos argumentos refiere que, correspondería al Tribunal Supremo de Justicia casar el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo declarar improbada la demanda.


Respuesta al recurso.


A su vez, Freddy Mamani Chambi y Arminda Cari Larico, con los fundamentos expuestos por memorial de fs. 440 a 443, en cuanto a su respuesta al recurso de casación en el fondo refiere que: 1.- El Auto de Vista recurrido cumpliría a cabalidad el art. 236 del CPC., al circunscribirse  a los puntos resueltos por el inferior y que fueron objeto de apelación y fundamentación de agravio a que refiere el art. 227 del CPC., 2) el demandado no habría indicado en términos claros, en que parte del Auto de Vista la Corte Ad quem habría salido del marco legal indicado por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, sin que habría hecho mención alguna al error de hecho o de derecho en que habría incurrido el Tribunal de segunda instancia, 3) que en el Auto de Vista se habría absuelto los fundamentos  del recurso de apelación, citando al efecto los arts. 397 del Código de Procedimiento Civil y arts. 1286 y 1538 del Código Civil, así como el art. 253 del citado adjetivo Civil, 4) que el Auto de Vista habría respondido adecuadamente refiriendo que, el Juez mediante Auto complementario de fs. 406  habría corregido con respecto  a la “Cruz Roja Boliviana”, y que lo señalado no afectaría los fundamentos de la Sentencia en atención al art. 196 num. 1) del CPC., 5) a tiempo de señalar que estando resueltos  lo extremos reclamados en el recurso de apelación conforme se habría explicado refiere que, el recurrente pretendería confundir la interpretación de los arts. 1538, 1296 del CC., y art. 397 del CPC., siendo que el Auto de Vista en ningún momento se habría salido del marco legal del art. 236 del CPC., 6) el recurrente pretendería que el Tribunal de alzada resuelva un extremo que no habría sido objeto de la litis, es decir no se habría juzgado si ambos derechos propietarios provienen o no de un mismo propietario, haciendo una interpretación errónea al sostener que, para la procedencia del mejor derecho según el art. 1545 los demandante y demandados propietarios deberían tener el mismo causante, siendo que esta última norma determinaría la preferencia de un mismo inmueble no de un mismo vendedor, además habría transcrito en forma incompleta el AS. Nº 85 de 21 de julio de 2003 que estaría referido a un proceso de usucapión que no podría aplicarse al presente caso, 7) el Auto de vista no habría hecho ninguna alusión  a la acción negatoria, puesto que esta acción correspondería a los poseedores de inmuebles como loa acreedores hipotecarios, que no sería el casó, 8) sobre las costas, el art. 192  del CPC. num. 5) obligaría al juzgador al pronunciamiento sobre costas, y 9) respecto a los daños y perjuicios, en todo proceso ordinario se liquidarían en ejecución de sentencia y no sería indispensable demandar que se cumpla de esa manera.


III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:


III.1.- Respecto a la valoración de la prueba.


El Auto Supremo Nº 410/2015 de 09 de junio, ha señalado que: “…es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. En esta tarea jurisdiccional, la examinación de la prueba es de todo el universo probatorio producido en proceso, siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia”.


III.2.- En relación al mejor derecho de propiedad.


En relación a este instituto jurídico, la uniforme jurisprudencia de este Tribunal en el  Auto Supremo Nº 648/2013 de 11 de diciembre ha razonado que: “La interpretación del art. 1545 del Código Civil debe ser en sentido amplio en lo referente al propietario de quien emana los títulos de propiedad del inmueble, por cuanto el autor no debe ser entendido como causante inmediato sino en establecer el origen del derecho propietario común, acudiendo al principio del tracto sucesivo, este criterio fue asumido por la extinta Corte Suprema de Justicia- adoptada por éste Tribunal Supremo- mediante el Auto Supremo Nº 46 de 9 de febrero de 2011 que señaló: “…frente a una demanda de mejor derecho propietario, es necesario, en principio acreditar que el derecho propietario del actor como del demandado emergen de un mismo vendedor o lo que es lo mismo tienen un mismo origen, conforme establece el artículo 1545 del Código. Pero, la interpretación de esa disposición no se limita a un sentido restringido, es decir a establecer que el causante del actor y del demandado sea la misma persona, por el contrario, en sentido amplio, dicha determinación orienta a establecer el origen del derecho propietario, vale decir establecer si los derechos contrastados tienen un mismo origen”.


“Siguiendo con el análisis, resulta importante determinar el antecedente del dominio por cuanto es desde ahí de donde se establece los derechos, pues la cadena de transmisiones acreditará el derecho de sus antecesores otorgando legitimidad al título del contendiente.


Ahora bien, es posible que en este análisis del tracto sucesivo de ambos contendientes, no se arribe a un antecedente común, en cuyo caso la solución del mejor derecho de propiedad no pasa por establecer la prioridad de registro de uno u otro contendiente o de sus antecedentes, sino por determinar en base a otros criterios el mejor derecho de propiedad, para lo cual resulta indispensable también realizar un análisis del antecedente dominial del origen de los derechos de propiedad en contienda.”, en ese mismo sentido razonó el Auto Supremo Nº 23/2012 de 24 de julio.


III.3.- Sobre la publicidad de los Derechos Reales.


Al respecto el art.  1538  del Código Civil refiere que: “I. Ningún derecho real sobre

inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público según la forma prevista por este Código. II La publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que origina el derecho en el Registro de los Derechos Reales. III. Los actos por los que se constituyen, transmiten, modifican o limitan los derechos reales sobre bienes inmuebles y en los cuales no se hubiesen llenado las formalidades de inscripción, surten sus efectos sólo entre las partes contratantes con arreglo a las leyes, sin perjudicar a terceros interesados.”


A ese  fin el Auto Supremo Nº 648/2013 de 11 de diciembre 2013, ha orientado que:  “ …analizando lo denunciado se debe señalar que, el art. 1545 del Código Civil establece: “(PREFERENCIA ENTRE ADQUIRIENTES DE UN MISMO INMUEBLE) Si bien por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquiriente que haya inscrito primero su título”, norma legal que establece la preferencia de adquirientes de un mismo inmueble bajo el presupuesto de prelación en el tiempo de registro, que concuerda con la publicidad que emerge del registro en Derechos Reales conforme señala el art. 1538 del mismo Sustantivo  Civil.


La solución que otorga la norma de referencia para establecer el mejor derecho propietario es confrontar los títulos de propiedad, verificar el antecedente dominial y la fecha del registro del inmueble para considerar el mejor derecho, o sea, para fundar el mejor derecho de propiedad se debe tener en cuenta que: a) la litis verse sobre el mismo bien inmueble, b) acreditar el antecedente dominial del actor y del demandado, estableciendo el origen común del derecho propietario y c) confrontar las fechas de registro de los títulos de propiedad.”


III.4.- Del  principio del “per saltum”.


Respecto del principio de “per saltum” el Auto Supremo Nº 154/2013 de fecha 08 de abril, ha orientado que: “Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 núm. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem”.


IV.- DE LA FUNDAMENTACIÓN:


Que así planteado el recurso, analizado el contenido del mismo, se establece lo siguiente:


Con respecto a lo contenido en la denuncia 1) que, para establecer el mejor derecho propietario no sería aplicable el art. 1538 del Código Civil, siendo que esta norma solamente regularía de manera general la publicidad de los Derechos Reales.


En el caso que se analiza, de la lectura del Considerando III.1-a) del Auto de Vista recurrido, sin lugar a dudas, se comprende que el Ad quem hizo referencia a los alcances de la citada norma legal para establecer, la prelación en el tiempo de registro y de la oponibilidad a través de la inscripción en Derechos Reales que da publicidad para surtir efectos ante terceros, cuya inscripción ciertamente da efectos válidos y prioritarios respecto de terceros al objeto o fin del documento inscrito o registrado. Si la Ley no diera un efecto cierto y declarado a la publicidad de la inscripción, ella no tendría razón de existir, como remarca Carlos Morales Guillen “Código Civil concordado y anotado, pag. 1961”.


En ese sentido, el Tribunal de alzada conforme se tiene orientado en la doctrina legal III.1, dio la valoración que esta otorgada por esa norma legal en cuanto a la inscripción del derecho propietario de los actores como del demandado respecto a la prioridad del registro de aquellos, toda vez  que el lote de terreno objeto de litigio se trata del mismo sobre el que alegan derecho propietario ambas partes, aspecto que permite a los demandantes en su condición de titulares del referido lote hacer oponible su derecho a terceros (erga onmes), en el caso específico oponible contra el derecho propietario del demandado.


Concluyéndose por ello, que no ha existido transgresión de norma legal alguna, deviniendo el mencionado reclamo en infundado.


Con relación a lo referido en la denuncia del punto 2) sobre la supuesta falta de aplicación del art. 1545 del Código Civil, toda vez que el derecho propietario de los actores así como del demandado provendría de causantes diferentes, además ambas propiedades tendrían ubicación distinta.


La controversia en el caso de Autos se suscita por la presunta existencia de derecho propietario sobre el mismo bien inmueble, alegado por los demandantes y el demandado, en la aplicación de la referida norma legal, es decir, la preferencia entre adquirientes de un mismo inmueble.


El recurrente sostiene en su recurso que el derecho propietario de los actores provendría de sus vendedores Eulogía Paco de Mamani y Francisco Salomón Mamani Rodríguez en tanto el derecho propietario del demandado provendría de Freddy Eraclio Ticona Zúñiga, además ambas propiedades tendrían ubicación distinta, toda vez que la propiedad de los actores estaría ubicado en la Urbanización Los Rosales, en tanto la propiedad del demandado estaría ubicado en Calacoto Alto, de tal modo que la demanda de los actores, a criterio del recurrente, sería inviable, empero su análisis se limita a verificar la literalidad de la primera parte del art. 1545 del Código Civil, que en su integridad señala:“(Preferencia entre adquirientes de un mismo bien inmueble) Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquirente que haya inscrito primero su título.”, arribando a la conclusión que al tener ambas partes título de propiedad sobre un lote de terreno que es el mismo, pero que al haberse demostrado no tener un vendedor o transferente común no se acomodaría a la exigencia de la norma en cuestión.


Al respecto, simplemente haremos referencia de manera resumida al antecedente dominial o tracto sucesivo del derecho de propiedad de ambas partes litigantes; así se tiene que el origen del cual proviene el derecho propietario de los actores como del demandado según se desprende de la literal de fs. 348 y vta. y fs.122 y vta, se remonta al año 1971 siendo su inicial propietario Vicente Poma Mamani, y que por sucesión hereditaria Agapito Poma Mamani adquiere la superficie de 500 mts2. Ubicado en Calacoto Alto.


Ahora bien con respecto al antecedente dominial de los actores (fs. 348 y vta.), se tiene que Agapito  Poma Mamani transfiere a Francisco Salomón Mamani Rodríguez y Eulogia Paco de Mamani, la superficie de 300 mts.2 situado en Urbanización Los Rosales que corresponde a la partida computarizada Nº 01110062, de fecha 12/03/1991, estos a su vez transfieren la superficie de 300 mts.2. a favor de Beatriz Santa Cruz Jiménez que corresponde a la matricula Nº 2010990150274, Asiento -0-, quien a su vez transfiere el referido lote en favor de Francisco Salomón Mamani Rodríguez y Eulogia Paco de Mamani que corresponde al Asiento Nº 1, estos últimos transfieren en favor de los actores, registro que corresponde al Asiento Nº 2 de la referida matrícula, última compraventa registrada en fecha 17 de marzo  de 2010


Con relación al antecedente dominial del demandado (fs. 122 y vta.), se tiene que, Agapito  Poma Mamani transfiere a Celestina Valle Sirpa, la superficie de 300 mts2,, ubicado en la Urbanización Calacoto Alto registrado en la partida Nº 01110063, de 12/03/1991, quien a su vez transfiere a Romulo Campos La Madrid, la superficie de 300 m2, ubicado en Alto Calacoto Urbanización Los Rosales, esta persona transfiere a Freddy Eraclio Ticona Zuñiga que tiene su registro en la Matrícula Nº. 2010990034301 que corresponde al Asiento 1 y quien por último transfiere en favor del demandado bajo el Asiento Nº 2 de la referida Matrícula,  registrado en 13 de abril de 2010.


Entonces, si bien es cierto que el derecho propietario de los contendientes no proviene del mismo vendedor o transferente, en ese caso, según lo desarrollado en la doctrina legal III.2, corresponde interpretar en sentido amplio lo previsto por el art. 1545 del Código Civil, vale decir establecer el origen del derecho propietario común, acudiendo al principio del tracto sucesivo, asimismo existiendo la certeza que el predio objeto de litigio es el mismo sobre el que alegan derecho propietario tanto los demandantes como el demandado, de tal manera que para dar solución a aquella controversia conforme se tiene orientado en doctrina legal III.3. habría que tomar en cuenta la prelación de los adquirientes.


Ahora bien partiendo del causante común (Agapito Poma Mamani), es de incidir en consideración al tracto dominal de los actores que, la fecha de registro del título de Francisco Salomón Mamani Rodríguez y Eulogia Paco de Mamani que corresponde a la partida computarizada Nº 01110062, data de fecha 12/03/1991, y con respecto al del demandado, la fecha de registro del título de Celestina Valle Sirpa, que corresponde al registro Nº 01110063, también resulta ser de fecha de 12/03/1991, no existiendo en ese historial mayor antecedente para establecer con exactitud la prelación del registro, en tal sentido ante la limitación señalada y en consideración que en aquella época la asignación del número de partidas se las hacía en relación al orden de ingresos de los títulos sujetos a inscripción, corresponde tomar en cuenta el número de registro, en el caso presente resulta que los documentos del “01110062” (antecedente dominial del actor) ha sido presentado antes del “01110063”  (antecedente dominial del demandado),  de lo anterior estaremos de acuerdo que si bien de manera estricta no se está frente al hecho de que quien hubiera transmitido el derecho propietario fuera la misma persona, habrá que considerar que por la publicidad dada por los actores a su derecho propietario, frente al registrado por el demandado, existe prioridad en la inscripción del derecho propietario de los demandantes, de donde resulta correcto la aplicación del art. 1545 Código Civil, si bien los Juzgadores de instancia no efectuaron una relación en cuanto al tracto dominial del derecho de propiedad de las partes litigantes a tiempo de establecer la prelación en el registro, limitándose sólo a confrontar las fechas de registro de los títulos de propiedad de las pates en litigio, sin embargo  el yerro cometido no resulta trascedente en la decisión del fondo asumido.


Solo a manera de aclaración diremos que el demandado no cuestionó que el inmueble en debate se encontraría en lugares distintos sino que durante el proceso admitió que se encuentra en el mismo lugar, así se desprende, del memorial de constatación de fs. 94 cuando señala “Los demandantes son conscientes de que  no les asiste ningún derecho sobre mi terreno”, del memorial de apelación de fs. 394, al referir: “Toda vez que el referido fallo me causa agravios al desconocer mi derecho propietario sobre el lote de terreno de 300 m2., ubicado en la Urbanización Los Rosales….”, del memorial de fs. 380 cuando indica: “Que mi lote de terreno cuenta con el certificado de tradición treintañal (fs.122) por el que se establece que mi derecho tiene data desde hacen más de 30 años emergente de la propiedad originaria de Vicente Poma Mamani, Agapito Poma Mamani,Celestina Valle Sirmpa…….documento único demuestra la secuencia de propietarios sobre el lote de terreno objeto de la Litis, documento que no tienen los demandantes……”; al respecto el Juez A quo en la Sentencia de fs. 385 a 392, en el Resultando I - entre los Hechos Probados, haciendo referencia a, las declaraciones testificales de María Escobar  Quispe, Rosa Quispe Huayhua, Maruja Ticona Paucara (fs. 178-181), y confesión provocada del demandado (fs. fs.166 a 167) determinó  que, el demandado impidió a los demandantes la conexión de agua potable en el bien inmueble cuyo mejor derecho propietario se demanda, así también haciendo mención a la Carta emitida por EPSAS (fs. 28), fotografías (fs. 29-42, fs.287-300), trámite administrativo (fs. 208-286), estableció que el demandado  no habría permitido la instalación de los servicios básicos de luz, agua potable, alcantarillado en el inmueble objeto de la Litis.


Por otra parte del análisis de los reclamos expuestos en los puntos 3), 4) y 5) se observa que ameritan una sola respuesta, en ese entendido y por cuestiones de orden que hagan comprensible lo expuesto en dichas denuncias corresponde referirnos con relación a la denuncia en el punto 3) en la que el recurrente refiere que, resultaría inaplicable la acción negatoria, por cuanto el demandado tendría derecho real por excelencia, en su condición de propietario del lote de terreno inscrito en Derechos Reales y en la Dirección de Catastro Urbano Municipal de la ciudad de La Paz, por lo que la acción negatoria no sería la vía legal para determinar el derecho de preferencia del lote de terreno del demandante, teniendo en cuenta que acción negatoria y mejor derecho de propiedad serían instituciones diferentes, además los actores en su demanda habrían argumentado “Por lo expuesto al amparo de lo “presto” los “art.” 105, 107, 1538, 1455, 1545 Código Civil, art. 1 y 15 y la Ley de Inscripción de Derechos Reales Ley de 15 de noviembre de “188” correlacionados con los arts. 316 del Código de Procedimiento Civil……”, que evidenciaría que los actores no habrían demandado la acción negatoria menos fundamentado al respecto, por lo que el Auto de Vista habría aplicado errónea e ilegalmente el art. 1455-1 del Código Civil, incurriendo en error de derecho al valorar erróneamente la prueba de cargo al que habría hecho referencia en su recurso y prescindiendo la prueba de descargo.


En su denuncia en el punto 4) señala que, la Sentencia que habría declarado probada la demanda con costas, resolución que habría sido confirmada en el Auto de Vista, al sancionar con costas al demandado, tanto el Juez A quo como el Tribunal  Ad quem habrían violado por indebida y errónea aplicación el imperio del art. 198 del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente en la denuncia en el punto 5) indica, siendo el pago de daños y perjuicios una de las pretensiones de la demanda y comprendido en los puntos de hecho a probar y al no haber sido acreditado con ninguna prueba, no correspondía  disponer su pago por dicho concepto a calificarse en ejecución de sentencia.


Sin embargo, de conformidad a la revisión de obrados, se advierte que el recurrente, trae a casación aspectos que no fueron objeto de apelación, por lo que estos reclamos en particular no merecieron pronunciamiento alguno en Segunda Instancia debido a que los mismos no fueron objeto del recurso de apelación, lo que imposibilita que este Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie sobre estos reclamos, pues al no haber sido considerados por el Tribunal de Alzada, por su falta de impugnación, no cuentan con una respuesta sobre la cual este Tribunal pueda realizar un examen, argumento que encuentra su sustento bajo los alcances del principio del per saltum (pasar por alto) conforme se tiene orientado en la doctrina legal III.4, por lo que concluiremos indicando que al no haber expuesto dichos reclamos en su recurso de apelación (fs. 394 a 395), el recurrente perdió el derecho de impugnarlos en casación.


En consecuencia, corresponde resolver, el recurso en el fondo de acuerdo a las previsiones contenidas en el art. 220.II) del Código Procesal Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil (Ley Nº 439), declara: INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 433 a 436 vta., interpuesto por Dionicio Aranibar  Calle a través de su representante Gabriel Callizaya Trujillo contra el Auto de Vista Nº 231/2015 de 22 de junio, cursante de fs. 427 a 428, pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas y costos.


Se regulan los honorarios del abogado en la suma de Bs. 1.000.-


Regístrese, comuníquese y devuélvase.    

                                     

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.