TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L 



Auto Supremo: 1031/2016

Sucre: 24 de agosto 2016

Expediente: PT-40-15-S

Partes: Aida Aranda Campos Vda. de Alejandro y otros. c/ Ángel Gerardo

            Alejandro Escobar

Proceso: anulabilidad

Distrito: Potosí


VISTOS: el recurso de casación de fs. 351 a 354, interpuesto por Ángel Gerardo Alejandro Escobar contra el Auto de Vista Nº 149/2015 de 01 de septiembre, de fs. 345 a 347 y vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí en el proceso anulabilidad y reconvencional de cumplimiento de contrato seguido por Aida Aranda Campos Vda. de Alejandro Ingrid Gaby Alejandro Arando y Paola Ximena Alejandro Arando contra Ángel Gerardo Alejandro Escobar, la respuesta de fs. 357 a 364 y vta., la concesión del recurso de fs. 365 vta.; y

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital - Potosí, mediante Sentencia Nº 017/2015 de 21 de abril, cursante a fs. 312 a 314, declaró: PROBADA la demanda principal de fs. 24 a 27 por o que dispuso la anulabilidad del documento de 15 de agosto de 2011 y sin efecto legal alguno, no corresponde el reconocimiento de pago de daños y perjuicios; y probada la  excepción de falta de acción y derecho del demandante; e IMPROBADA la demanda reconvencional y la excepción de cosa juzgada.

Deducidas la apelación por el demandado y remitida la misma ante la instancia competente, la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Auto de Vista Nº 149/2015, confirmo la Sentencia apelada señalando que el Juez A quo fundamenta su resolución en sentido de que la demandante Aida Arando campos Vda., de Alejandro y sus hijas tras la muerte de su esposo tuvieron conocimiento del documento de 15 de agosto de 2011, señalando que la firma estampada por su difunto esposo seria falsificada, señalando que con relación al prueba pericial presentada por la parte demandada que la propone como prueba pre constituida  no ha cumplido con su obligación de ratificar su producción dentro el proceso ordinario de anulabilidad de documento; por su parte la parte demandante por prueba pericial demuestra que la firma de Tobías Tifón Alejandro seria falsificada; que en el caso de Autos y del análisis de la Sentencia impugnada y los puntos de apelación llego a la conclusión de que el Juez A quo en el II y III de su Sentencia  ha valorado todas y cada una de las pruebas, otorgándoles el valor a cada una de ellas; pues la resolución del A quo no habría causado agravio alguno, más si el apelante en su petitorio en apelación no especifica si la revocatoria de la Sentencia es total o parcial y que efecto del mismo impetra, tampoco el apelante con ninguna prueba fehaciente ha podido demostrar los fundamentos de su acción y menos ha desvirtuados la prueba de las demandantes principales tampoco ha podido enervar la prueba pericial de las mismas.

En conocimiento de la determinación de segunda instancia, el demandando interpuso recurso de casación, mismo que se pasan a analizar:

II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Del análisis del recurso e casación se tiene que el recurrente realiza una relación de antecedentes para centrar su recurso el acusar lo referente a:

Que la expresión de agravios realizada por su persona en apelación por la vulneración de una serie de normas adjetivas y sustantivas, así como constitucionales, no habría sido objeto de análisis por parte del Tribunal de Alzada quienes con la mera expresión de algunos conceptos y aforismos ya que su persona en relación a su reconvencional, habrían sido plenamente demostrados conforme consta a fs. 33 a 69 entre los que existiría un informe pericial que manifestaría que la firma le corresponde a su titular Tobías Tifón Alejandro, documento que no podría ser obviado  y soslayado como lo hizo el A quo y ratificado por el Ad quem, que fue declarado autentico por Auto de 7 de mayo de 2013 que fue apelado pero confirmado  por Auto de Vista 108/2013 y el mismo no podría ser soslayado bajo la muletilla de que no habría sido ratificada y menos aún ignorada como lo hicieron los jueces de instancia.

Que habría observado en apelación que los puntos de hecho a ser probados  emitidos por el mismo A quo, este se habría apartado de las mismas emitiendo una Sentencia ultra petita ya que la demanda pidió la anulabilidad del documento de 15 de agosto de 2011, en consecuencia debió anularse el documento presentado a fs. 1, o en su caso indicar improbada la demanda ya que el documento base de la demanda seria incompleto, es decir que no se habría adjuntado el acta de reconocimiento de firmas realizado mediante Auto interlocutorio de fecha 7 de mayo de 2013 y menos aún el Auto de Vista Nº 108/2013 y en los hecho anularía  un documento público, conforme se le otorgo  el art. 1297 del C.C.

Que el Juez A quo al apreciar solo el informe pericial de José Antonio Goitia quien no habría acreditado su condición de perito de quien se debió exigir todos sus documentos, por lo que el A quo debió guiar su accionar en lo determinado por el art. 1331 de C.C., y los arts. 441 y 442 del C.P.C., parcialidad del A quo que habría sido ratificada por el Ad quem demostraría que existe una franca violación de la Ley y que habría influido en la disposición emitida en la Sentencia.

Forma:

Que el Auto de Vista recurrido  sin otorgar una fundamentación jurídica a los puntos apelados la misma no habrían sido objeto de análisis y mucho menos contendría decisiones expresas positivas y precisas que no recaerían sobre los puntos apelados, por lo que el Ad quem debió haberse pronunciado con referencia a la misma conforme determina el art. 236 del C.P.C., vulnerándose de esta forma lo referido en dicho artículo.

Que el Tribunal de Ad quem al solo hacer una enunciación en varios puntos completamente desordenados, no constituye  la misma  un fundamento y mucho menos fundamentación jurídica que respalde su parte resolutivas del Auto de Vista recurrido y menos se realizaría una valoración de los medios probatorios.

Por lo que solicitan que el Tribunal de casación  anule el Auto de Vista  para que se dicte nueva Resolución anulando la Sentencia disponiendo dicten nueva Sentencia declarando improbada la demanda principal y probada la demanda reconvencional.

De la Respuesta al Recurso de Casación:

Que el recurrente no habría cumplido con los requisitos que debe reunir el recurso de casación  que se halla establecido en el art. 258 del C.P.C., por otra parte señala que las medidas preparatorias tienen la finalidad, de preparar el proceso, por lo que no constituye un proceso, en sí, sirven para recabar información y datos que sirvan para una futura demanda y el recurrente confundiría una medida preparatoria con un proceso contencioso, pues si bien la medida preparatoria de reconocimiento de firmas tiene por finalidad otorgarle valor probatorio a un documento esto no significa que este  no pueda ser impugnado en su validez por causales ya sea de nulidad o de anulabilidad; en cuanto a la forma refiere que sería contradictorio lo señalado por el recurrente en el recurso de casación en la forma toda vez que se acusa vulneración en las normas sin señalar cuales y en qué forma, siendo evidente que el recurso de casación habría sido realizado sin cumplir con los requisitos para su procedencia, pues cuando se recurre en casación con relación a la prueba el medio de impugnación no es el recurso de casación en la forma si no en el fondo.

En tales antecedentes diremos que:

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- De la Nulidad Procesal de oficio:

Conforme el art. 106 del Código Procesal Civil, que hace mención a que el Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, disposición aplicable al presente caso conforme a la disposición transitoria segunda de la mencionada ley, por lo que se pasa a efectuar una revisión de oficio del proceso en cuestión en aplicación del principio de eficacia, contenido en el art. 180.I de la C.P.E., que deben contener las resoluciones judiciales.

Por otra parte el art. 17 par. I) de la Ley 025 señala: “La revisión de actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley”, en este entendido, a los Tribunales aún les es permisible la revisión de las actuaciones procesales de oficio, sin embargo, esa facultad está limitada a aquellos asuntos previstos por ley, entendiendo, que el régimen de revisión no es absoluto, sino limitado por factores legales que inciden en la pertinencia de la nulidad para la protección de lo actuado, por lo que en el caso de que un Juez o Tribunal advierta algún vicio procesal, este en virtud del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria al tomar una decisión anulatoria.

III.2.- De la Prueba Trasladada:

Para los autores Carlos Hernández Lozano y José Vásquez Campos en su obra Código Procesal Civil (comentado y anotado), Tomo I, Lima, Ediciones Jurídicas, 1996, pág. 651, señalaron: “…pueden hacerse valer en un proceso las pruebas producidas en otro, aunque tramiten distintas jurisdicciones, siempre que ellas se hubieran producido con la intervención de los interesados…”, en este entendido diremos que la prueba trasladada es aquella producida legalmente en un proceso que tendrá la misma validez y eficacia en otro seguido entre las mismas partes, siempre que en el primero se hubieren producido por una de las partes contra la otra.

Prueba que no está, ni estuvo prohibida en la legislación boliviana conforme indica el art. 373 del Código de Procedimiento Civil y actualmente regulada en el art. 143 del Código Procesal Civil en vigencia plena que al respecto dispone: “Las pruebas legalmente producidas en un proceso tendrán la misma validez y eficacia en otro seguido entre las mismas partes, siempre que en el primero se hubieren producido por una de las partes contra la otra.”, prueba que resulta válida si es propuesta en procesos en los que participan las mismas partes, esto en función a que en la proposición y posible oposición de la prueba que se pretende trasladar se cumpla con los principios básicos de la producción de prueba que son los principios de contradicción e inmediación, esto en razón a que es de suma importancia que en la producción de la prueba el Juez de la causa, debe estar presente o presenciar los actos de prueba, con la presencia de ambas partes que puedan participar en la producción de la prueba con la inmediación de un juzgador, para que estas puedan realizar las observaciones que consideren pertinentes, precautelando el cumplimiento de los principios de contradictorio, inmediación y concentración, razón por la cual es jurídicamente igual que la prueba trasladada se haya producido en un proceso anterior civil o penal o contencioso-administrativo, u otro, al proceso en el que se la ratifica, conforme señala Hernando Devis Echandía.

En este mismo sentido, este Supremo Tribunal de Justicia en sus diversos fallos, entre ellos los Autos Supremo Nros. 654/2015 L de 12 de agosto y 1169/2015 L de 21 de Diciembre ha orientado que: “Para tal efecto corresponde describir la teoría de la “prueba trasladada” (que no está prohibida conforme indica el art. 373 del Código de Procedimiento Civil), sobre la misma Hernando Devis Echandía quien en su obra COMPENDIO DE LA PRUEBA TOMO I anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso, en la página 175 señala lo siguiente: “Se entiende por prueba trasladada aquella que se practica o admite en otro proceso y que es presentada en copia auténtica o mediante el desglose del original, si la ley lo permite en el segundo proceso”, también en dicha obra al referirse a la prueba trasladada de un proceso penal a un proceso civil en la página 180 y siguientes expone lo siguiente: “Pruebas de un proceso penal o de otra jurisdicción no civil Dada la unidad de la Jurisdicción, no obstante la división y especialización que para su ejercicio se haga, es jurídicamente Igual que la prueba trasladada se haya recibido en un proceso anterior civil o penal o contencioso-administrativo, etcétera, Siempre que haya sido pública y controvertida por la parte contra quien se aduce en el nuevo proceso. Pero para su traslado de un proceso penal a otro civil, debe distinguirse la prueba practicada en la etapa del sumario penal sin audiencia del presunto sindicado y antes de recibírsele indagatoria (acto que lo incorpora o hace parte en el proceso), de la practicada después. Aquélla no ha sido controvertida por el sindicado, y ésta sí; en consecuencia, el traslado de la segunda a un proceso civil contra ese sindicado o Imputado, no necesita ratificación, mientras que el de la primera equivale al de la prueba practicada extra proceso y debe ratificarse o repetirse; Igual ocurre cuando en ambos casos el traslado se hace a un proceso civil contra persona que no fue parte en el penal, y puede ser civilmente responsable por los mismos hechos” (las negrillas y subrayado no corresponden al texto original); de acuerdo a dicho criterio la prueba trasladada (declaración informativa de fs. 174 bis) según el Ad quem debió ser ratificada en el presente proceso civil, empero de ello la ratificación de esa prueba trasladada debe ser solicitada por la parte que se considera afectada, o en su defecto sin requerir la ratificación observarla porque no cumpliría con las reglas establecidas para la admisión de una prueba trasladada, esto en estricta aplicación de los arts. 346 num. 2) y 331 del Código de Procedimiento Civil…”.

III.3.- Sobre el deber del juzgador de otorgar una resolución eficaz que resuelva el conflicto de partes:

En nuestra economía jurídica el Código de Procedimiento Civil en su art. 1 establece que: “I.- Los jueces y tribunales de justicia sustanciarán y resolverán, de acuerdo a las leyes de la República, las demandas sometidas a su jurisdicción. II.- No podrán excusarse de fallar bajo pretexto de falta, oscuridad o insuficiencia de la ley, en las causas sometidas a su juzgamiento, debiendo pronunciar sentencia según la equidad que nace de las leyes, conforme a las disposiciones que comprenden casos semejantes al hecho particular que ocurriere”, por su parte el art. 193 del mismo procedimiento civil refiere: “El juez no podrá dejar de fallar en el fondo de las causas sometidas a su juzgamiento, bajo pretexto de falta, oscuridad o insuficiencia de la ley, ni salvar los derechos de los litigantes para otro proceso. Deberá fundar su sentencia en los principios generales del derecho, las leyes análogas o la equidad que nace del ordenamiento jurídico del Estado”.

Por su parte, la Ley Nº 025 en su art. 3 desarrolla los principios que sustentan al Órgano Judicial, entre los que se menciona a la seguridad jurídica, armonía social y cultura de paz, asimismo el art. 11 de esta misma Ley dispone que la:“(Jurisdicción). Es la potestad que tiene el Estado Plurinacional de administrar justicia; emana del pueblo boliviano y se ejerce por medio de las autoridades jurisdiccionales del Órgano Judicial”, de cuyos enunciados se puede inferir que frente a la interposición de la demanda, el Juez tiene el deber ineludible de pronunciar una resolución de fondo, que resuelva el conflicto suscitado por las partes, pues no debemos perder de vista que quienes recurren al auxilio de la administración de justicia lo hacen precisamente debido a que no pudieron resolver los mismos en forma amigable, activando con su demanda todo el sistema judicial en espera de una solución al conflicto así como un sometimiento a las determinaciones que pudieran ser asumidas, siendo deber de las autoridades judiciales fallar en cada caso, aplicando las normas legales vigentes de nuestro ordenamiento jurídico, tomando en cuenta los principios contenidos en al art. 180.I, de la Constitución Política del Estado, o en su caso la doctrina y jurisprudencia aplicable al caso en concreto.

Razonamiento orientado por este Tribunal de Casación, que en el Auto Supremo N° 746/2014 de 12 de diciembre, al respecto ha señalado que: “…frente a la interposición de la demanda, el Juez tiene el deber ineludible de pronunciar una resolución de fondo, que resuelva el conflicto suscitado por las partes, pues no debemos perder de vista que quienes recurren al auxilio de la administración de justicia lo hacen precisamente debido a que no pudieron resolver los mismos en forma amigable, activando con su demanda todo el sistema judicial en espera de una solución al conflicto así como un sometimiento a las determinaciones que pudieran ser asumidas, siendo deber de las autoridades judiciales fallar en cada caso, aplicando las normas legales vigentes de nuestro ordenamiento jurídico, tomando en cuenta los principios contenidos en al art. 180.I, de la Constitución Política del Estado, o en su caso la doctrina y jurisprudencia aplicable al caso en concreto.”.

III.4.- Del Principio de Verdad Material:

Sobre dicho principio este Supremo Tribunal de Justicia ha orientado en sus diversos fallos como el Auto Supremo Nº 131/2016 que: “…en este Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía al Juez o Tribunal ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, ya que ahora los jueces y Tribunales deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que el Juez tiene la posibilidad incluso más amplia de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tiene su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso, por lo que en conclusión, el Juez tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales.

En este entendido la averiguación de la verdad material resulta trascendente para que el proceso conduzca a decisiones justas, en un Estado Social Constitucional de Derecho, donde la solución de los conflictos, se basa en el establecimiento de la verdad como como única garantía de la armonía social.”.

Así también el Auto supremo Nº 225/2015 al respecto ha orientado que: “Para resolver el fondo del asunto es preciso referir lo que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha razonado respecto a la verdad material y la irretroactividad de la norma, a raíz de que el Tribunal de Garantías dispuso resolver el caso en sujeción a lo previsto por el art. 180.I de la Constitución Política del Estado; en ese entendido, diremos que respecto a la verdad material en Sentencia Constitucional Plurinacional No. 1662/2012 de 1 de octubre, señaló que “II.3. Principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Entre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la Constitución Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derecho y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Jurisdiccional y de otras instancias, se encuentran impelidos de dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal.”.

Por otra parte la Sentencia Constitucional 0713/2010-R de 26 de julio al respecto ha establecido que: “El art. 180. I de la CPE, prevé que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio procesal de verdad material, que abarca la obligación del juzgador, a momento de emitir sus resoluciones, de observar los hechos tal como se presentaron y analizarlos dentro de los acontecimientos en los cuales encuentran explicación o que los generaron; de ello, se infiere que la labor de cumplimiento de este principio, refiere a un análisis de los hechos ocurridos en la realidad, anteponiendo la verdad de los mismos antes que cualquier situación, aunque, obviamente, sin eliminar aquellas formas procesales establecidas por la ley, que tienen por finalidad resguardar derechos y garantías constitucionales.

El ajustarse a la verdad material, genera la primacía de la realidad de los hechos sobre la aparente verdad que pueda emerger de los documentos; aplicando este principio, debe prevalecer la verificación y el conocimiento de éstos, sobre el conocimiento de las formas. En ese contexto, el régimen de nulidades, estará subordinado únicamente a la violación de derechos o garantías constitucionales; y en consecuencia, la inobservancia de las formalidades que no vulnere derechos o garantías constitucionales, tendrá menos relevancia que justifique una declaratoria de nulidad a momento de realizar el trabajo de valoración de la actividad procesal que adolezca de algún defecto formal. El  principio consagrado por la Constitución Política del Estado, exige además a los litigantes y a los abogados que los patrocinan, lealtad procesal e idoneidad profesional, debida precisamente a que sus actuaciones y pretensiones deben encontrar pleno respaldo en la realidad fáctica.”

III.5.- De la Facultad de producir prueba de oficio en caso de existir duda:

El art. 233 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil dispone: “El juez o tribunal podrá asimismo, antes del decreto de autos disponerse la pruebas que estimare convenientes.”, en esta misma lógica el art. 4 num. 4) del mismo cuerpo legal, que regula entre las facultades del Juez o Tribunal las de: “exigir las pruebas que consideren necesarias, como exhibiciones, peritajes y juramentos, llamar a los testigos ofrecidos por las partes, efectuar careos  y emplear cuantos medios  fueren conducentes  al mayor esclarecimiento del proceso.”, preceptos normativos aplicables al caso, por cuanto establecen la facultad de los jueces y Tribunales de producir prueba de oficio esto en procura de llegar a la verdad material de los hechos y lograr la emisión de resoluciones eficaces, que se materializan precisamente por el cumplimiento de los principios reconocido por la Constitución Política del Estado.

Es en este entendido que este Supremo Tribunal de Justicia a orientado a través de diversos fallos (Autos Supremos Nros. 690/2014, 889/2015 y 131/2016) que  en este nuevo Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía al Juez o Tribunal ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, ya que ahora los jueces y Tribunales deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que según lo regulado en los arts. 4 num. 4) y 233 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil aplicable al caso el Juez o Tribunal tiene la posibilidad incluso más amplia (por el principio de verdad material art. 180 de la C.P.E.), de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tiene su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso, por lo que en conclusión, el Juez tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales.

Razonamiento que tiene sustento en diversos fallos constitucionales que fundamentaron sobre el nuevo Estado Constitucional de Derecho que hoy rige la en la justicia boliviana entre ellas podemos citar a la S.C.P. Nº 0112/2012 de 27 de abril (hito) que señaló: “…la constitución de 2009, inicia un constitucionalismo sin precedentes en su historia, que es preciso comprender para construir, hilar una nueva teoría jurídica del derecho boliviano, en una secuencia lógica que va desde la comprensión de este nuevo derecho hasta los criterios para su aplicación judicial. Esto debido al nuevo modelo de Estado ínsito en el texto constitucional… con un rol preponderante de los jueces a través de su labor decisoria cotidiana.”. Lo que significa que en este nuevo Estado Social Constitucional de derecho, la primacía de la Constitución desplaza a la primacía de la ley, exigiendo de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción a la ley, en aplicación primaria de los principios y valores constitucionales.

Así también, acudiendo al derecho comparado la Sentencia T-264/09 de la Corte Constitucional de Colombia, desarrolla  la verdad material realizando un análisis,  minucioso respecto a este principio y la función de Juez en la averiguación de la verdad, señalando: “…es posible distinguir dos tendencias: una que preconiza que el proceso civil mantenga un carácter plenamente dispositivo, y otra que propugna por dar pleno alcance a las facultades oficiosas del juez, incluidas aquellas de carácter inquisitivo para la determinación de los hechos. La primera tendencia concibe al proceso exclusivamente como un mecanismo para la resolución pronta y definitiva de los conflictos sociales mediante la composición de los intereses en pugna, en tanto que la segunda lo concibe como una instancia destinada a lograr la vigencia y efectividad del derecho material.

La verdad, desde el primer punto de vista no resulta relevante e, incluso, puede convertirse en un obstáculo para la composición de conflictos dentro de términos temporales estrictos, pues supone (i) el alejamiento de posiciones intermedias que permitan soluciones sencillas y prácticas, o que lleven a un acuerdo para la terminación del proceso basado más en la conveniencia que en la verdad, y (ii) implica un desgaste de recursos, lo que disminuye la eficacia y eficiencia del proceso.

Desde el segundo punto de vista, en cambio, se considera que una decisión solo es justa si se basa en un soporte fáctico que pueda considerarse verdadero. En este sentido, la verdad es un fin del proceso, y la solución de conflictos solo se considera adecuada si se lleva a cabo mediante decisiones justas, basadas en un fundamento fáctico confiable y veraz.”.

En este entendido ninguna decisión judicial puede considerarse razonablemente correcta o justa, si se funda sobre una comprobación errónea o parcial de los hechos que hacen al fondo del proceso sobre la duda del juzgador respecto a pruebas que puedan generar confusión en el criterio del mismo, aspectos que harían de la Resolución una decisión ineficaz que atentaría contra los principios constitucionales de armonía social y eficacia; la decisión es correcta si se pone fin al conflicto estando fundada sobre criterios legales y racionales, ya que en todo proceso la solución de conflictos es compatible con la búsqueda de la verdad, ya que una Resolución que no se fundamente en la veracidad de los hechos viene a generar una desconfianza generalizada hacia órgano judicial y un riesgo para mantener la armonía social, por lo que el compromiso del Juez es con la verdad y no con las partes del proceso, pues tiene como instrumento para llegar a esta verdad material, la facultad de decretar pruebas de oficio, por ello la producción de pruebas de oficio en equidad no afecta la imparcialidad del Juez, ya que estas pruebas de oficio que determinen la verdad real de los hechos pueden favorecer a cualquiera de las partes sin que esto signifique limitar el derecho de defensa y contradicción que tiene la otra parte, pues el Juez solo debe buscar la verdad real de los hechos manteniendo firme su imparcialidad en la aplicación del principio de verdad material al caso concreto.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Conforme lo desarrollado en el punto III.1, de la Doctrina Aplicable corresponde señalar que en el caso de Autos, Aida Aranda Campos Vda. de Alejandro, Ingrid Gaby Alejandro Arando y Paola Ximena Alejandro Arando, interpusieron demanda de anulabilidad de documento de 15 de agosto de 2011, por el que Tobías Tifón Alejandro Cruz difunto esposo y padre de las actoras, supuestamente habría recibido un préstamo por la suma de $us. 130.000.- de Ángel Gerardo Alejandro Cruz contra quien interponen su demanda, arguyendo que la firma de su padre y esposo habría sido falsificada ya que este nunca habría tenido ninguna deuda con el demandado; demanda que al ser admitida y citado el demandado, este contesto mediante memorial de fs. 133 a 141 negando los extremos de la demanda adjuntando a dicho memorial prueba pericial cursante de fs. 50 a 69, prueba que fue producida ante el Juez Primero de partido en los Civil y Comercial de Potosí dentro la medida preparatoria de proceso ejecutivo (fs.4).

Prueba que en criterio de los de instancia fue propuesta como pre constituida que no tendría eficacia legal, ya que no existiría prueba pericial pre constituida en el Código adjetivo Civil (Código de Procedimiento Civil), por la misma naturaleza jurídica de la medida preparatoria, sus efectos se hallarían limitados en su validez a proceso contencioso, pues en el proceso contencioso la parte demandada debió nuevamente producir la prueba pericial, hecho que no habría ocurrido porque dicha prueba no habría sido ratificada por el demandado dentro del presente proceso de anulabilidad; razonamiento que no resulta correcto y atenta contra los principios de eficacia y verdad material reconocidos por la Constitución Política del Estado en su art. 180, desarrollados en el punto III.4, de la doctrina aplicable, por no considerar que la prueba pericial de fs. 50 a 69 fue producida en la medida preparatoria de otro proceso ante el Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial de Potosí, prueba que en el proceso representa prueba trasladada conforme ampliamente se desarrolló en el punto III.2, de la doctrina aplicable, que al ser válida genera duda en la resolución de la causa para establecer la verdad material de los hechos.

En este antecedente, en el caso de Autos resulta necesario precisar que el informe pericial documentologico cursante de fs. 50 a 69, fue introducido al proceso por el demandado como prueba trasladada, producida públicamente por disposición del el Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial de Potosí dentro la medida preparatoria a un  proceso ejecutivo anterior, medida preparatoria sustanciada entre ambas partes, donde las ahora demandantes fueron emplazados y participaron en la producción de dicho estudio pericial que incluso fue objetado de su parte, conforme se evidencia en las documentales de fs. 70 a 74 y vta., objeciones que merecieron en la medida preparatoria el Auto de 7 de mayo de 2013 cursante a fs. 33 y vta., por la que se aprobó la prueba pericial, Resolución apelada en la medida preparatoria de referencia por las ahora demandantes que fue confirmada por Auto de Vista de fs. 34 a 36 y vta., y ratificada en el presente proceso de anulabilidad conforme se tiene en el memorial de proposición de prueba de fs. 173 y vta.; cumpliendo de esta forma con los principios de contradicción e inmediación en la producción de dicha prueba conforme se desarrolló en el punto III.2, de la doctrina aplicable, prueba que en el caso de Autos reiteramos- fue traslada al presente proceso, por lo que sin duda, para el caso de Autos debe ser tenida por eficaz en virtud del principio de concentración.

Sin embargo al resultar dicha prueba eficaz y toda vez que en ella se establece que la firma y rúbrica de Tobías Trifón Alejandro Cruz con C.I. 3673521 Pt., por las características propias  del escribiente es auténtica; prueba que genera duda que impide la emisión de una Resolución eficaz del conflicto de partes, que resulta uno de los fines esenciales del proceso conforme se desarrolló en el punto III.3, de la doctrina aplicable, toda vez que al referir la prueba pericial de cargo que la firma de Tobías Trifon Alejandro Cruz seria falsificada, se concluye que en el caso de Autos existe duda razonable para establecer la verdad material de los hechos, siendo este aspecto -reiteramos- un óbice para emitir una Resolución judicial efectiva que de fin al conflicto de partes.

Bajo este análisis, y por lo fundamentado en la doctrina aplicable al caso se encuentran infracciones cometidas por los jueces de instancia a los principios constitucionales y procesales, ya que no resulta correcto el proceder de los de instancia, al quitar eficacia a la prueba pericial que resulta ser trasladada y en contrastación con la prueba pericial de cargo genera duda razonable sobre la resolución de fondo conforme se desarrolló en el punto III.3, y III.5, la doctrina aplicable, corresponde que el Juez A quo, instancia donde se genera la duda a partir de la decisión de ineficacia de la prueba pericial de fs. 50 a 69, que no resulta ser documental sino trasladada, le corresponde ordenar la producción de prueba pericial de oficio que dirima las conclusiones a las que llegaron las pruebas periciales de ambas partes y establezca en definitiva si la firma y rubrica de Tobías Trifon Alejandro Cruz en el documento de préstamo de 15 de agosto de 2011, es falsa o autentica; esto en sujeción al principio de independencia que le da al Juez un amplio margen para la dirección del proceso y en observancia a los principios constitucionales de verdad material, de eficacia y los principios procesales de equidad, armonía social, seguridad Jurídica, eficacia e igualdad de las partes ante el Juez, establecidos en los arts. 180.I y 178.I de a C.P.E., y el art. 30 de la ley 025 del Órgano Judicial, que sólo será posible si se garantiza la producción de prueba de oficio imparcial e integral en cumplimiento de los fines esenciales del Estado al que representa en su envestidura  el juzgador ordinario en procura de proporcionar una decisión justa y eficaz.

Por lo que, en virtud a que los principios constitucionales son de aplicación obligatoria y más si como en el caso de la verdad material direccionan al cumplimiento de fines del Estado, concluiremos que el proceder asumido por los jueces de instancia, vulneró la correcta aplicación del principio de verdad material y en consecuencia los principios procesales antes nombrados, al no realizar un análisis integral y conjunto de los mismos en relación al principio de verdad material, para llegar a la verdad real de los hechos que proporcione una decisión justa y eficaz.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala los arts. 106.I y 220.III del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 106.I y 220.III del Código Procesal Civil, ANULA obrados hasta fs. 310 inclusive, y dispone que la Juez A quo, en virtud al principio de verdad material consagrado en el art. 180.I de la C.P.E., de oficio ordene la elaboración de prueba pericial dirimitoria para determinar si en definitiva si la firma y rubrica de Tobías Trifon Alejandro Cruz en el documento de préstamo de 15 de agosto de 2011, es falsa o autentica, conforme se analiza en el presente Auto Supremo.

Siendo excusable el error, no se impone multa.

En atención a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025, se dispone oficiarse al Consejo de la Magistratura, con el objeto de hacérsele conocer la presente Resolución a los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran