TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 1011/2016

Sucre: 24 de agosto 2016                                                                            Expediente: CB-136-15-S                                                                                        Partes: Mansur David Mendoza Padilla c/ Víctor Hugo Choque Callapino    Proceso: Resolución de Contrato y Otros                                                                                                       Distrito: Cochabamba


VISTOS: El recurso de casación de fs. 422 a 426 y vta., interpuesto por Mansur David Mendoza Padilla por medio de su representante Ángel Ledezma Zambrana, contra el Auto de Vista de fecha 07 de agosto de 2015 de fs. 416 a 419 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de resolución de Contrato, seguido por Mansur David Mendoza Padilla contra Víctor Hugo Choque Callapino, el Auto de concesión del recurso de fs. 433, y;

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez de Partido Noveno en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, pronunció  Sentencia de fecha 30 de enero de 2015, cursante a fs. 375-382 y vta., por la que declaró: “1.-PROBADA en parte la demanda de resolución de contratos de compromiso de venta de fojas 61-62.

2.-IMPROBADAS las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad, falta de acción y derecho y conciliación opuestas por memorial de fojas 162-163.

3.-PROBADA en parte la demanda reconvencional de devolución de monto entregado de fs. 163.

4.-En consecuencia: A) Se declaran resueltos los contratos de compromiso de venta fechas 1º de febrero 2007 y 16 de marzo de 2007, ambos reconocidos judicialmente en este despacho judicial por auto de 22 de febrero de 2008. B) En la resolución de los contratos, se dispone que MANSUR DAVID MENDOZA PADILLA devuelva a favor de VICTOR HUGO CHOQUE CALLAPINO la suma de $US 15.510,00.- (DOLARES AMERICANOS QUINCE MIL QUINIENTOS DIEZ 00/100) que le fueron entregados por concepto de anticipo por la compra de vehículos, y sea en el plazo de 30 días computables a partir de la ejecutoria de la sentencia. C) De la suma $US. 15.510,00.- (DOLARES AMERICANOS QUINCE MIL QUINIENTOS DIEZ 00/100) por resarcimiento del daño, deberán ser descontados los intereses legales del 6% anual a partir del 19 de noviembre del 2008 monto que deberá ser liquidado en ejecución de sentencia.

5.- Sin costas por ser juicio doble.” 

Resolución de primera instancia que fue apelada por Víctor Hugo Choque Callapino, de fs. 388 a 391 y vta. y a su turno Mansur David Mendoza Padilla de fs. 394 a 395 y vta., a cuyo efecto la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba mediante Auto de Vista de fecha 7 de agosto de 2015, cursante de fs. 416 a 419 y vta., CONFIRMA la Sentencia apelada con la modificación del punto 4) inc. B) de su parte resolutiva por la siguiente: “B) En virtud a la resolución de los contratos demandados, se dispone que MANSUR DAVIR MENDOZA PADILLA devuelva a favor de VICTOR HUGO CHOQUE CALLAPINO la suma $us. 7.860 por el precio cancelado por la venta de la vagoneta Land Rover, con más el pago del 6% anual desde la citación con la acción reconvencional efectuada mediante cedula el 29 de marzo de 2010 (fs. 207), así como devuelva la suma de $us. 7.650 entregada por el vehículo Dodge Dakota, modelo 2002, sin intereses legales, al no haberse convenido en el contrato de 1ro de febrero de 2007, sobre el precio real y la documentación del referido vehículo; igualmente, sin lugar al pago de daños y perjuicios por el incumplimiento del pago de los $us.4.050 que debió ser cancelado en el plazo de 15 días, así como por el no pago del saldo de los 6.000 por el precio convenido del vehículo Nissan X-terra, al haber igualmente incumplido el vendedor promitente con la entrega del motorizado en  cuestión en el plazo de cuarenta días pactados en el contrato.” Por lo demás se mantiene incólume la sentencia apelada. Criterio asumido bajo el siguiente fundamento: “que el contrato de 16 de marzo de 2007, se acredita que por la venta de la vagoneta Nissan Ex Terra, se fijó el precio de $us.10.050 del que V.H. Choque debía cancelar $us. 4.050 en el plazo de quince días y el saldo de $us. 6.000 en el momento de la entrega de los dos vehículos a realizarse en el plazo de cuarenta días. Asimismo, se tiene que mediante contrato de 1ro de febrero de 2007, este mismo comprador entrego a cuenta $us. 7.620 el vehículo marca Dodge Dakota modelo 2002, cuyo precio total se fijaría en 55 días a su arribo a la ciudad de Santa Cruz, de donde se colegie que no se precisó que ante el no pago de los $us. 4.050 el vendedor iba depositar los vehículos en el Storage y que su importe seria por cuenta del comprador. ” Líneas siguientes expresa “no consta que el vendedor hubiera recabado la misma, sino que conforme su declaración confesoria prestada por el actor cursante a fs. 319 por tratarse de una compra realizada a través de un licencia de COPART por internet, los vehículos no llegan registrados a su nombre y que una vez que llegan a las zonas francas de Bolivia el interesado debe tramitar su importación para que el vehículo salga registrado a su nombre cuando actor lo autorice. Que solo se han importado dos vehículos: la vagoneta Land Rover y la Dodge Dakota que afirma los ha vendido en la zona franca, ocho meses a un año y medio antes, pero no recuerda a quienes ni el precio que  La Nissan X terra lo vendió a Oscar Rivera después de haber intentado ajustar cuentas con el demandado por el Storage estando dispuesto a devolverle al demandado $us. 12.000 que tiene el valor probatorio asignado por el Art. 404-II del CPC y que demuestra que no sufrió daño económico alguno; sin embargo tampoco el comprador ha acreditado que hubiere cumplido de su parte con el pago total del costo de los motorizados ya sea cancelando personalmente al vendedor o judicialmente mediante oferta de pago y consignación en caso de que este hubiera rehusado recibir el importe faltante, para exigir el pago del interés legal en su favor- del apelante respecto a la integridad de los dineros entregados al vendedor promitente.”

Resolución que fue impugnada vía recurso de casación por Mansur David Mendoza Padilla por medio de su representante, de fs. 422 a 426 y vta., el mismo que se analiza.

II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Aduce que radicada la causa el Dr. Javier R. Celis Ortuño se excusa a fs. 404 del proceso fundando su excusa, en la causal prevista en el art. 347 inc. 8) de la Ley 439, misma que es aceptada, empero, las resoluciones a las que hace alusión para su excusa no son de fondo, debido a que las resoluciones en las que se ampara fueron emitidas una vez que se inició el trámite de la causa y no antes, en consecuencia la referida excusa es ilegal, lo que hace anulable todo lo actuado desde aquella fecha, y por ende la convocatoria es ilegal, puesto que para la convocatoria sea legal debe existir una causal correcta de excusa.

Acusa que el Auto de Vista menciona:“… estando dispuesto a devolverle al demandado la $US. 12.000 que tiene el valor probatorio asignado por el art. 404-II del CPC…”,  empero señala que este argumento no se ha expresado en ninguna parte del proceso, sino que este ha surgido como consecuencia de un proceso Penal.

Señala que el Auto de Vista afirma que la vagoneta X Terra fue vendida a Oscar Rivera aseveración que es falsa, debido a que el mismo demandado ha manifestado que se lo ha vendido a la esposa de Oscar Rivera fue a la vagoneta Dodge Dakota, lo cual denota contradicción.

Afirma que se ha demostrado que el demandado ha incumplido con lo estipulado en el contrato de 16 de marzo de 2007, debido a que no pago el monto. $us. 4.050, el cual se utilizaba para hacer el trámite y transporte de lo Estados Unidos a Bolivia.

Y refiere que al no pagar el referido monto tuvo que depositar los vehículos en un garaje en el léxico este se denomina storage y paga por el alquiler, monto que fue cancelado por el recurrente y que ha sido demostrado testificalmente.

Expresa que en el por tanto no se menciona en que disposiciones se funda para poder modificar el inciso B del punto 4. 

RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN:

Señala que en ningún momento se ha reclamado sobre la excusa.

Y que no existe ninguna contradicción debido a que ese fundamento proviene de la transcripción exacta de la  declaración confesoria.

De igual forma señala que el demandado no ha demostrado que el incumplimiento del documento de 16 de marzo de 2007 haya generado el pago de alquiler por depósito de vehículos, puesto que ello nunca se demandó menos se consignó en el compromiso de venta.

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- Del Principio de Convalidación:

El fundamento del Principio de Convalidación, tiene su esencia en que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, debido a que no obstante haber tenido expedito el derecho para deducir su nulidad, no lo hace oportunamente en su primera actuación; con ese proceder dota a dicho acto de plena eficacia jurídica; en ese mérito el art. 107 de la Ley 439 estableció que “II. No podrá pedirse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita. III. Constituye confirmación tácita, no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil”.

Razonamiento que tiene relación con lo señalado en la SCP Nº 1420/2014 de 7 de julio que señaló: “…toda nulidad debe ser reclamada oportunamente a través de los recursos e incidentes que la ley procesal establece como medios idóneos y válidos para dejar sin efecto el acto procesal afectado de nulidad, más cuando se tuvo conocimiento del proceso y asumió defensa utilizando esos medios de defensa al interior del proceso, dicho en otros términos, un acto procesal es susceptible de nulidad solo cuando es reclamado oportunamente o cuando el litigante no tuvo conocimiento de la existencia del proceso, hecho que le causo indefensión, afectando su derecho a la defensa, razonando en contrario, no se puede solicitar la nulidad cuando teniendo conocimiento del proceso y asumiendo defensa dentro del mismo, no interpuso incidente alguno contra el acto procesal objetado de nulidad, dejando ver a la autoridad judicial, que ese acto se encuentra plenamente consentido o convalidado,”.

III.2.- De la valoración de la prueba:

Respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.  Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture

III.3.- Sobre la obligación de agotar la solicitud de complementación y enmienda:

Sobre el tópico es menester previamente enfatizar que el art. 254-4) del Código de Procedimiento Civil expresaba: “procederá el recurso de casación por haberse violado las formas esenciales de proceso, cuando la sentencia o auto recurrido hubiere sido dictado...4) Otorgando más de lo pedido por las partes o sin haberse pronunciado sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente ante los tribunales inferiores.” Ultima parte de la norma que está en concordancia con el art. 258-3) del mismo compilado legal,  y al ser la omisión un aspecto de forma, el cual tiene por finalidad Anular obrados, la normativa que rige dicho instituto procesal ha establecido lo siguiente: “III. La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos.” Art. 17-III de la Ley 025, criterio que se halla en consonancia con el nuevo Código Procesal Civil.

De lo que se concluye cuando se alegue en amparo de esta causal art. 254-4) del cuerpo Ritual Civil antes señalado (Código de Procedimiento Civil) la falta de pronunciamiento, sea en primera o segunda instancia, corresponde al afectado previamente a utilizar el recurso de apelación o casación, hacer uso de la facultad establecida en el art. 196-2) del Código de Procedimiento Civil, aplicable a segunda instancia por expresa determinación del art. 239 de la misma normativa, articulo que de manera clara señala que con esta facultad se puede:”…  suplir cualquier omisión en que se hubiere incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio.”, facultad que permite subsanar la falta de pronunciamiento por los Tribunales o Jueces de instancia, caso contrario en aplicación del principio de convalidación, al no utilizar el mecanismo para su corrección, implica una aceptación tácita de la omisión acusada, precluyendo por simple consecuencia su derecho de reclamar aspectos de nulidad no reclamados en su oportunidad cuando se contaba con los mecanismos que establece la ley.

Entendimiento orientado por este Supremo Tribunal en diversos fallos entre ellos el Auto Supremo Nº 32/2015 que señaló: “Respecto a la falta de pronunciamiento del segundo punto apelado, se debe indicar que, el Ad quem, de forma genérica arribó a la conclusión de que el Auto de 10 de junio de 2003 que resolvió las excepciones no se las puede revisar en vía del recurso de apelación porque dicha resolución hubiera causado ejecutoria, esa es una respuesta de forma general a las acusaciones relativas a la forma de resolución de las excepciones formuladas por los recurrentes.

Ahora si dicha respuesta, no satisfacía las expectativas deducidas por los recurrentes debieron formular la petición de complementación y aclaración en base al art. 239 del Código de Procedimiento Civil, el no haberlo hecho implica que los recurrentes no agotaron el mecanismo de protección oportuno para la satisfacción del reclamo que ahora se traen en casación, consiguientemente se advierte no haberse dado cumplimiento a la premisa establecida en el art. 17 parágrafo III de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial.”.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Como primer reclamo el recurrente aduce que radicada la causa el Dr. Javier R. Celis Ortuño se excusa a fs. 404 del proceso fundando su excusa, en la causal prevista en el art. 347 inc. 8) de la Ley 439, misma que es aceptada, empero, las resoluciones en las que se ampara no son de fondo, debido a que fueron emitidas  una vez que se inició el trámite y no antes, en consecuencia la referida excusa resultaría ilegal, lo que haría ilegal la convocatoria del nuevo Vocal.

Del contexto de su reclamo se advierte que su fundamento tiene origen, en la excusa suscitada por Javier R. Celis Vocal de Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, la cual a su criterio resulta ilegal y no se adecuaría a la causal octava del art. 347 de la Ley 439, extremo que haría nulo todo lo obrado.

Sobre lo alegado, del análisis de obrados se advierte que una vez suscitada la excusa a fs. 404, la misma es puesta a conocimiento de partes por decreto  de fs. 405, y a fs. 414 se convoca a Eddy Mejia Montaño Presidente de Sala Civil Segunda a efectos de conformar Sala y posteriormente se dicta el correspondiente Auto de Vista que es objeto del presente recurso de casación, del análisis de obrados no se advierte que el ahora recurrente de forma inmediata hubiese observado lo ahora reclamado, es decir, -la excusa y la convocatoria realizada-, por cuanto, con su silencio ha dotado de plena eficacia jurídica a esos actuados procesales conforme lo descrito en la doctrina aplicable III.1, operándose el principio de convalidación y por ende el de preclusion, no resultando viable la nulidad de obrados impetrada, puesto que, no resulta ético que ante las resultas de una resolución desfavorable recién observar aspectos de forma no reclamados oportunamente.

Asimismo, aduce que en ninguna parte del proceso se mencionaría que: “… estando dispuesto a devolverle al demandado la suma de $US. 12.000 que tiene el valor probatorio asignado por el art. 404-II del CPC…”, por lo que esta afirmación realizada en el Auto de Vista no resulta correcta, debido a que surgió en el proceso penal y no en la presente causa.

Sobre lo reclamado, corresponde señalar que lo afirmado por el recurrente no resulta evidente, debido a que el fundamento extrañado por su parte, ha sido extractado del contenido del acta de confesión provocada de fs. 319 a 320 de la respuesta a la cuarta pregunta de la parte in fine, es por ese motivo que ha merecido el valor probatorio asignado, no resultando cierto lo esgrimido por el recurrente.

Acusa que el Auto de Vista afirma que la vagoneta X Terra habría sido vendida a Oscar Rivera aseveración que resultaría falsa, debido a que el mismo demandado ha manifestado que lo se habría vendido a la esposa de Oscar Rivera fue la vagoneta Dodge Dakota.

A prima facie, corresponde señalar que el reclamo incoado resulta insustancial o intrascendente a los efectos del proceso, empero, con la finalidad de otorgar una respuesta clara, se debe aclarar al recurrente, que la afirmación realizada por el Tribunal de Segunda instancia, es conforme a lo expuesto por el ahora recurrente en su confesión provocada, resultando incoherente y no ético pretender o generar contradicción en su propia confesión, resultando infundado su reclamo.

Afirma que ha demostrado que el demandado ha incumplido con lo estipulado en el contrato de 16 de marzo de 2007, es decir, el pago por el monto de $us. 4.050, que debía pagarse por el trámite y transporte de lo Estados Unidos a Bolivia, y al no pagar esa obligación el demandado tuvo que depositar los vehículos en un garaje y pagar por los alquileres, extremo que ha sido demostrado testificalmente.

En principio corresponde señalar que lo alegado en la primera parte de su reclamo resulta evidente, debido a que el demandado no ha cumplido con el pago, empero, este  aspecto que no ha sido desconocido por los de instancia, careciendo de sustento ese reclamo, ahora en lo que concierne al pago por el depósito de los vehículos, este argumento conforme han concluido las resoluciones de grado, no ha sido demostrado documentalmente, es decir, que hubiese utilizado un garaje o que se hubiere pagado por el uso mismo, si bien las testificales hacen referencia al pago que debe hacerse por alquiler de un garaje, empero, estas atestaciones son de índole general, es decir, que expresan que conocen que se actúa de esa manera que cuando se utiliza un garaje debe pagarse por el uso mismo, empero, no afirman que el demandante pagó por el garaje o que  el demandante ha utilizado un garaje para los vehículos, por lo que, estas atestaciones no han de enervar la decisión de fondo, resultando correcta la valoración realizada por el Tribunal Ad quem.

Y por último señala, que en la parte resolutiva no se hace mención, en que disposición se funda para modificar la Sentencia.

Si bien la parte resolutiva no expresa de forma precisa en qué norma se ampara para la modificación parcial, sin embargo la parte ahora recurrente tenia expedita la vía para solicitar la complementación de este punto, conforme se ha orientado en la doctrina aplicable III.3, no pudiendo traer a esta etapa casacional aspectos de forma que pudieron ser corregidos oportunamente, al margen debe tenerse presente que este punto no es un aspecto transcendental que vaya a modificar lo resuelto en el Auto de Vista.

Por los motivos expuestos corresponde dictar resolución conforme manda el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II  del Código de Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 422 a 426 y vta., interpuesto por Mansur David Mendoza Padilla por medio de su representante Ángel Ledezma Zambrana, contra el Auto de Vista de fecha 07 de agosto de 2015 de fs. 416 a 419 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, con costas y costos.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani