TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                     S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 1004/2016                                                             Sucre: 24 de agosto 2016                                                                     Expediente: CB - 134 15 S                                                                 Partes: Servicio de Impuestos Nacionales Regional Cochabamba representado en

            su momento por Silvano Arancibia Colque en su condición de Gerente

            Distrital I c/ Félix Andrade Guarachi, Oscar Guzmán Guillen y Rosmery

            Vargas Albornoz                                                                      Proceso: Ordinario,  acción paulina                                                   Distrito: Cochabamba


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 1295 a 1310 interpuesto por Ebhert Vargas Daza en su condición de Gerente Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales, contra el Auto de Vista REG/S.CII/SEN.055/10.06.2015 de 10 de junio, de fs. 1233 a 1243 y vta. pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba dentro del proceso ordinario de acción paulina seguido por la Entidad recurrente contra Félix Andrade Guarachi, Oscar Guzmán Guillen y Rosmery Vargas Albornoz, con integración Mirian Sonia Castrati Nostas defendida por Defensora de Oficio; las respuestas de fs. 1351 a 1355 y vta., 1361 a 1364 y 1368 a 1372; el Auto de concesión de fs. 1388 y demás antecedentes.

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

I.1.- Sustanciado el proceso, la Juez de Partido en Materia Civil y Comercial Nº 9 de la ciudad de Cochabamba, mediante Sentencia de fecha 16 de mayo de 2014 de fs. 639 a 658 y vta., declaró IMPROBADA la demanda de acción paulina, sin costas; PROBADA la excepción perentoria de improcedencia opuesta por los tres demandados; IMPROBADAS las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad, improcedencia y falta de acción y derecho interpuestas por la Defensora de Oficio de Mirian Sonia Castrati Nostas, disponiendo se eleve la Resolución en consulta ante el superior en grado conforme al art. 197 del Código de Procedimiento Civil.

I.2.- Apelada que fue la indicada Sentencia por el Gerente Distrital de la Entidad Demandante; la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista REG/S.CII/SEN.055/10.06.2015 de 10 de junio, de fs. 1233 a 1243 y vta., CONFIRMO la Sentencia, sin costas, bajo los siguientes fundamentos:

Haciendo referencia a los cinco presupuestos contendidos en el art. 1446 del Código Civil, indica que la A-quo dio cabal y estricta aplicación a lo dispuesto por los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento referente a la valoración de la prueba en su conjunto contando la resolución con la debida fundamentación de manera contundente conforme a las exigencias plasmadas en innumerables sentencias constitucionales; seguidamente procede a transcribir de manera textual gran parte del contenido de la sentencia relativo a la fundamentación de la Juez A-quo y luego indica que no existe duda de haberse fundamentado correctamente la Sentencia y valorado a cabalidad las pruebas cursantes en obrados.

Seguidamente afirma no ser evidente que se hubiera acreditado la demanda y que la A-quo no hubiera valorado la prueba de obrados; que la apelante se limitó a efectuar apreciaciones subjetivas sin respaldo legal alguno ni prueba que acredite los extremos de su demanda conforme al art. 1283-I del Código Civil y 375 num. 1) de su Procedimiento ni mucho menos acreditó los argumentos de su alzada; que la parte actora recién trata de presentar prueba de reciente obtención en segunda instancia desvirtuando la esencia misma del proceso.

Rescatando nuevamente los fundamentos de la Juez Ad-quo refiere; contrariamente a lo anotado se habría acreditado que la transferencia de inmueble en dación en pago fue legal ajustado a la normativa en vigencia, no existiendo norma legal que impida al deudor cancelar una acreencia mediante la transferencia de un bien; que la carta notariada de fs. 487 acredita que existieron problemas sobre trabajos que tenían que realizarse en el terreno otorgado en anticrético, hecho que derivó en la solicitud de devolución del capital anticrético tal como se evidencia de la carta notariada de fs. 489, razón por la que decidieron la transferencia del inmueble que no tiene nada de raro en el tema de transacciones comerciales.

Que la Administración Tributaria jamás comunicó de su acreencia (Bs. 3.834.798) a terceros mediante la inscripción en Derechos Reales y menos existe prueba en obrados que demuestre que los adquirientes hubieran tenido conocimiento de una posible deuda con la Administración Tributaria o el perjuicio que podría ocasionar a un supuesto acreedor, tampoco acreditó que Félix Andrade Huarachi era amigo, familiar o empleado de la co-demandada Rosmery Vargas Albornoz y que por ello se prestó a la adquisición del bien; al contrario, por las certificaciones de Derechos Reales, comprobantes de pago de deudas y otros documentos se encontraría acreditado que el demandado Félix Andrade Guarachi desconocía la deuda que tenía la demandada Vargas; que la capacidad económica de los demandados cuestionada por la Institución actora no fue acreditada conforme a derecho; refiere que nadie está obligado a mantener movimiento económico bancario para efectuar transacciones, porque puede manejar su capital desde su casa; que los funcionarios de impuestos nacionales por su negligencia y dejadez no precautelaron sus derechos al no proceder con la anotación preventiva sobre el inmueble motivo de proceso, pese a que el pliego de cargo de fecha 19 de septiembre de 1997 determinó la notificación a Derechos Reales, misma que nunca se efectivizó; indica que corren en obrados los comprobantes de las amortizaciones de pago al Banco Nacional de Bolivia en diferentes fechas realizadas por el demandado Félix Andrade, no pudiendo hablarse de ausencia de pruebas; que la transferente realizó actos para la apertura del surtidor como parte de las obligaciones asumidas como vendedora en el instrumento público de transferencia de inmueble.

Bajos esos argumentos finaliza indicando que la Entidad apelante no habría acreditado con prueba fehaciente la existencia de los presupuestos previstos en el parágrafo I del art. 1446 del Código Civil para la procedencia de la acción paulina, contrariamente, de obrados y lo expuesto precedentemente se evidencia haberse acreditado que no concurren ninguno de los elementos previstos en la citada norma legal, ante esa situación haciendo referencia a la apelación y la consulta, procede a confirmar la sentencia. 

Contra el mencionado Auto de Vista, la Entidad Demandante (S.I.N.) interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo.

II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SUS RESPUESTAS:

II.1.- Recurso en la forma:

Denuncia la vulneración del debido proceso en cuanto a la motivación y congruencia de las resoluciones y el principio de verdad material; indica que el Auto de Vista no explica porque falló de esa manera, en sus únicos dos considerandos se limita a citar a la sentencia replicando la decisión asumida por el Juez A-quo y pese a que el recurso de apelación sujetó su pretensión en las pruebas aportadas por las partes no permite a la Gerencia Distrital asumir y entender la decisión del Tribunal de apelación, cayendo en la falta de fundamentación y congruencia respecto a los puntos demandados en la apelación, citando para el efecto jurisprudencia constitucional respecto a la motivación y congruencia de las resoluciones.

Reitera que el Ad-quem en el Auto de Vista, desde fs. 1237 hasta 1241 hace una copia textual de la sentencia sin explicar la respectiva valoración de las pruebas adjuntas en obrados, no desarrolla criterio propio compulsando las pruebas con la normativa aplicable al caso omitiendo una parte esencial del proceso cual es la de responder a todos los aspectos demandados con la prueba ofrecida por las partes mediante un razonamiento lógico que sustente la determinación asumida; refiere que a fs. 1242-1243 realiza una relación pobre y escueta para arribar a unas conclusiones sin exponer las citas jurídicas que apoyen en derecho la resolución asumida y expongan los motivos que sustentan su decisión, incumpliendo los presupuestos del debido proceso en los elementos de motivación y congruencia, citando nuevamente jurisprudencia constitucional.

Indica que el Tribunal no valoró la prueba cursante en obrados, no deliberó sobre el fondo de la sentencia apelada y confirmó dicha Resolución realizando una copia textual de lo expresado en la misma.

Que el Tribunal de Alzada agravó más la Sentencia emitida por la A-quo, pese a que la apelación fue interpuesta por la Gerencia Distrital Cochabamba y no así por los demandados, toda vez que la Juez A-quo negó la pretensión de revocatoria del acto de transferencia al considerar que no fueron acreditados los requisitos establecidos en los incs. 3) y 5) del art. 1446 del Código Civil, empero en el Auto de Vista el Tribunal señaló que la Entidad apelante no ha acreditado con prueba fehaciente la existencia de los presupuestos previstos en el parágrafo I del art. 1446 del Código Civil para la procedencia de la acción paulina y contrariamente a lo expuesto se evidencia haberse acreditado que no concurre ninguno de los elementos previstos en la citada norma legal, empero confirma la sentencia vulnerando el parágrafo II del art. 17 de la Ley Nº 025; es decir que el Tribunal Ad-quem ha excedido su potestad de impartir justicia abusando de su poder de imperio y agravando la posición jurídica del SIN (apelante), aspecto que se subsumiría al num. 4) del art. 254 del C.P.C.

En base a esos argumentos pide que se ANULE el Auto de Vista recurrido ordenando se dicte uno nuevo conforme a derecho y sea con multa.

II.2.- Recurso en el fondo:

Haciendo referencia a antecedentes de procesos administrativos y judiciales tramitados con anterioridad al inicio de la presente demanda, a la sentencia dictada en el presente proceso, así como al recurso de apelación y al Auto de Vista, trascribiendo cada uno gran parte de su contenido, procede a identificar como normativa violada y aplicada indebidamente a los arts. 236 del CPC., 227, 231, 304, 305, 308 de la Ley Nº 1340, 131 de la Ley Nº 2492, art. 2 de la Ley Nº 3092 y arts. 481 y 1470 del Código Civil.

Con relación al art. 236 del Código de Procedimiento Civil, reitera que la Sentencia al haber establecido que no fueron acreditados los requisitos previstos en los incs. 3) y 5) del art. 1446 del Código Civil, el Tribunal de apelación estaba obligado a fallar sobre los aspectos controvertidos, empero de forma ilegal expresó que la Administración Tributaria no acreditó la concurrencia de ninguno de los elementos previstos en el parágrafo I de la citada norma legal, demostrándose incuestionablemente la violación e interpretación errónea de los alcance del art. 236 del Código ritual de la materia.

Acusa la vulneración del art. 174 con relación al 305 y 308 ambos de la Ley Nº 1340 (Cód. Trib. Abrog.) por la exigencia de falta de probanza de la existencia de suma líquida y exigible de la deuda tributaria, toda vez que ante la impugnación de la Resolución Determinativa Nº 29/95 (fs. 8-10) por parte de la contribuyente (fs. 15-18), dicha Resolución fue confirmada en las demás instancias adquiriendo la calidad de cosa juzgada, actos administrativos que no habrían sido advertidos y compulsados por la Juez de origen y menos por el Tribunal de Alzada, ya que la contribuyente al haber elegido hacer uso de los medios de impugnación en la vía administrativa, por disposición de la primera normal legal de referencia estaba impedida de interponer demanda contenciosa tributaria ante la notificación con el Pliego de cargo (Nº 327/97), provocando lo establecido en el art. 231 de la Ley Nº 1340 (suspensión de la ejecución del acto), consiguientemente la Administración Tributaria no tuvo negligencia alguna al encontrarse impedida de accionar cualquier acto por imperio de dicha norma legal, aspectos que habrían sido plasmados en el memorial de demanda y en la apelación contra la Sentencia; refiere que según el art. 131 de la Ley 2492 la interposición de la demanda contenciosa administrativa no suspende la ejecución de la Resolución dictada en el recurso jerárquico, norma concordante con el art. 2 de la Ley 3092 que se constituirían de carácter especial, las que habrían sido vulneradas, no teniendo asidero legal lo afirmado por los de instancia respecto a la falta de acreditación de la suma líquida y exigible del adeudo tributario por el solo hecho de haberse interpuesto demanda contenciosa tributaria por la contribuyente.

Acusa también la vulneración del art. 481 del Código Civil al consentir por la Juez A-quo y el Tribunal de apelación en el anuncio de resolución de contrato comunicado a la demandada Rosmery Vargas como una amenaza para justificar los actos de los demandados.

Refiere existir error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, señalando que el acto impugnado en sede judicial mediante el contencioso administrativo por Rosmery Vargas Albornoz versa sobre otra resolución administrativa de recurso jerárquico, así se evidenciaría por las pruebas adjuntadas por la propia demandada de fs. 293 a 338 (proceso contencioso administrativo) cuestionando la resolución administrativa del recurso jerárquico Nº 04-005-07 de fecha 03 de diciembre de 2007 completamente distinto y diferente al Auto de 10 de noviembre de 1995 que declara ejecutoriada y de cosa juzgada la Resolución Administrativa Nº 10/95 y por ende firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 29/95 de 31 de enero de 1995 así como el Pliego de Cargo por la suma de Bs. 3.834.798 y por tanto de suma líquida y exigible.

Indica también que las resoluciones del recurso jerárquico agotan la vía administrativa y son de inmediata ejecución y de cumplimiento obligatorio y el Juez A-quo y el Tribunal de apelación al aseverar que no existe suma líquida y exigible no han valorado adecuadamente las pruebas adjuntadas en el legajo cursante de fs. 293 a 338 de obrados.

Con relación a la falta de anotación preventiva sobre los bienes de la deudora con miras a establecer el requisito previsto en el num. 3) del art. 1446 del Código Civil extrañado por los de instancia, refiere que a fs. 19-27 y 432-435 cursa la impugnación mediante contencioso tributario en contra del Pliego de Cargo Nº 327/07, el cual según el art. 131 de la Ley 1340 provocó que la Administración Tributaria suspenda todo acto administrativo de ejecución, entre estos realizar gravámenes en DD.RR., retención de cuentas, etc., ya que dicho proceso debió culminar conforme a las previsiones de las Leyes 1340 y 1455, cuyo decreto de cúmplase recién fue notificado al SIN el 28 de noviembre de 2005, cuando ya se habían transferido los bienes (fs. 30, 35, 50, 84, 287-289), consiguientemente la Administración Tributaria no tuvo posibilidad alguna de proceder con la anotación preventiva en DD.RR. sobre los bienes inmuebles que eran de propiedad de Rosmery Vargas Albornoz, no existiendo negligencia y dejadez como afirmaron los de instancia; bajo esos antecedentes señala que la sentencia y el Auto de Vista no valoraron las pruebas aportadas por el SIN y por la demandada cursantes a fs. 19-27 y 432-435.

Denuncia también la falta de valoración de la prueba de fs. 251 (certificación de la comunidad) la que acreditaría que Rosmery Vargas Albornoz y su esposo Fernando Ramiro Orellana Herbas serían garantes de Félix Andrade Guyarachi manteniendo una relación estrecha de amistad y confianza entre el deudor y los garantes, prueba que desvirtuaría lo afirmado por el Ad-quem en el inc. e) del Auto de Vista y no habría sido valorada por ninguna de las dos instancias; señala también que a fs. 645 a 1165 cursa documentos adjuntados en calidad de prueba de reciente obtención y aceptado por proveído de fs. 1172 en la que se evidenciaría una escritura de transferencia del supuesto comprador Félix Andrade Guarachi del bien inmueble con matrícula computarizada Nº 3.01.1.02.0003708 a favor de la Estación de Servicio Circuito Bolivia, cuyo accionista principal es justamente Fernando Ramiro Orellana Herbas (esposo de Rosmery), configurándose de esta manera el dolo del tercero comprador, cuyas pruebas tampoco habrían sido valoradas por el Ad-quem.

Continuando denunciando la falta de valoración de las documentales de fs. 238-283 y de fs. 1230 (certificaciones bancarias) que acreditarían que Félix Andrade Guarachi, Oscar Ferrufino Guzmán Guillen y Rosmery Vargas Albornoz no contaban con capacidad económica de pago para proceder a la compra de ningún bien inmueble, desvirtuando de esta manera el inc. c) del Auto de Vista, prueba última que no habría sido apreciada por el Ad-quem y las demás lo hizo con evidente error de hecho.

Indica que la co-demandada Rosmery Vargas Albornoz nunca estuvo en estado de insolvencia como para que se deshaga de los únicos bienes inmuebles que eran única garantía del FISCO, aspecto que se evidenciaría por las documentales de fs. 253-282 (movimientos económicos de su esposo), sobre todo de fs. 254, las cuales tampoco habrían sido compulsadas en el Auto de Vista, de haberlo hecho se hubiera establecido que la transferencia del inmueble no fue por falta de cumplimiento a sus compromisos establecidos en los contratos de anticrético otorgados a favor de Félix Andrade Guarachi y Oscar Fernando Guzmán Guillen; que el contrato de fs. 49 y 460 no establecía introducir ampliaciones o modificaciones sin autorización previa de la co-propietaria, no existiendo la posibilidad de presentar la supuesta carta notariada solicitando la demolición de un ambiente (bajo alternativa de resolución), de haberse leído el contrato, el Tribunal no habría llegado a la conclusión establecida en el inc. c), incurriendo en error de hecho en la apreciación de dichas pruebas.

Que por los folios de fs. 30, 35, 50, 84, 287 289 se habría establecido que la deudora al FISCO Rosmery Vargas fue propietaria del 50% de los bienes inmuebles junto a su esposo y que según la conclusión arribada por el Ad-quem, la acción paulina no procedería cuando el demandado no es propietario del 100% del bien inmueble, aspecto que no se encontraría debidamente fundamentado en derecho ya que el art. 1446 del Código Civil no establece esa situación, pruebas que no habrían sido valoradas conforme a la sana crítica.

Finalmente refiere que solicitó al Tribunal de apelación la apertura de plazo probatorio, habiendo sido el mismo concedido, empero sin la espera necesaria emitió el Auto de Vista argumentando que con la solicitud impetrada se desnaturalizaría el proceso.

Con esos argumentos en su petitorio solicita se ANULE el Auto de Vista impugnado y en caso de ingresarse al fondo, se CASE dicha resolución declarando probada la demanda, en ambos casos con multa al Tribunal.

II.3.- De las respuestas al recurso:

Los tres demandados exponen sus argumentos por separado en un mismo sentido, defendiendo la posición asumida por el Tribunal Ad-quem de confirmar la Sentencia, indicando entre otros aspectos que el Auto de Vista contiene la motivación y fundamentación realizada de manera congruente; que dio respuesta a cada uno de los puntos apelados, como también tomó en cuenta las pruebas aportadas al proceso; que el Tribunal tiene el derecho de citar como parte de su fundamento el contenido de la sentencia en todo lo que comparte criterio con el A-quo; que los argumentos del apelante no tienen mérito para ser considerados, solicitando se declare improcedente o infundado el recurso de casación. Se deja constancia que el memorial de respuesta de Rosmery Vargas Albornoz se encuentra presentado fuera del término que establecía el art. 259 con relación al 257 del Código de Procedimiento Civil vigente al momento de la interposición del recurso de casación y de las respuestas. 

III.- DE LA DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

Tomando en cuenta los reclamos vertidos en el recurso de apelación, lo resuelto por el Ad-quem en el Auto de Vista y lo reclamado en el recurso de casación en la forma; se expone a continuación lo más relevante del razonamiento jurisprudencial respecto al tema en cuestión.

La Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1072/2013 de 16 de julio ha desarrollado razonamientos de manera amplia sobre los siguientes tópicos:

III.1.- Con relación al debido proceso:

“El debido proceso previsto en el art. 115.II de CPE, ha sido entendido por el Tribunal Constitucional, en la SC 2798/2010-R de 10 de diciembre, como: “…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (las negrillas añadidas).

La SC 0486/2010-R de 5 de julio, estableció que: “La naturaleza de aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte inherente a la actividad procesal, tanto judicial como administrativa, pues nuestra Ley Fundamental instituye al debido proceso como:

1) Derecho fundamental: Para proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, originadas no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico.

2) Garantía jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso; como la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir, entre otras, y que se aplican a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes intervinientes en el proceso, en aplicación y resguardo del principio de igualdad” (negrillas agregadas).

De lo glosado es posible extraer que el debido proceso se encuentra integrado por varios elementos que lo configuran; entre ellos, la pertinencia, la congruencia, la motivación y la valoración de la prueba en las resoluciones; pues aunque esta última no se encuentra expresamente señalada en la jurisprudencia glosada precedentemente, sin embargo, en los instrumentos internacionales como en la doctrina constitucional ha sido ampliamente desarrollada. Elementos que sin duda constituyen presupuestos propios de las reglas de un debido proceso”.

Hizo referencia a la SC 0758/2010-R de 2 de agosto donde se expuso lo siguiente:

“La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías…”. 

III.2.- Con respecto al principio de pertinencia de las resoluciones:

“El principio de pertinencia determina que la resolución que emita el juez o tribunal superior cuando actúa como revisor de apelación o casación, debe circunscribirse a la decisión del juez o tribunal de inferior instancia; y según sea el caso, se abocará en la apelación a la expresión de ofensas contenidas en el recurso; y en la casación a la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma de derecho, sea en el fondo o en la forma; de ello se infiere que a momento de conocer y resolver un recurso de impugnación, se dilucidarán exclusivamente tales extremos en las resoluciones judiciales. Así el AS 55 de 1 de abril de 1998 sostuvo que: “Los fallos judiciales obligatoriamente deben responder a las pretensiones deducidas por las partes y las autoridades jurisdiccionales no pueden pronunciarse sobre aspectos no demandados y que no fueron objeto de la litis”.

(…)

Consecuentemente, tanto los jueces y tribunales de segunda instancia como los de casación, al pronunciar resoluciones, deben velar porque sus determinaciones sean pertinentes dado que: ”…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse” (SC 2017/2010-R de 9 de noviembre”.

III.3.- Con relación al principio de congruencia:

“El principio de congruencia sobre el cual, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló que implica: ”…la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

En virtud a este principio, las autoridades jurisdiccionales o administrativas están obligadas a velar porque en sus resoluciones exista una estricta correspondencia entre lo peticionado, lo considerado y lo resuelto, lo que implica no solamente la concordancia entre la parte considerativa y la dispositiva, sino su materialización debe reflejarse a lo largo de todo su contenido, no olvidando citar las disposiciones legales que sirvieron de base para asumir un determinado razonamiento y su consecuente decisión respecto del proceso en litigio”.

III.4.- Con relación a la motivación de las resoluciones sostuvo lo siguiente:

Con relación al principio de motivación de las resoluciones judiciales, la jurisprudencia constitucional ha sido consecuente con este postulado al establecer lo siguiente:

“Desde la SC 0752/2002-R de 25 de junio, ha expuesto una doctrina coherente con la obligación de los juzgadores de respaldar sus decisiones mediante la exposición de fundamentos y razonamientos jurídicos, afirmando que: “…cuando un Juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”.

Luego, desplegando un afán pedagógico, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre de 2005, explicó cómo se estructura una debida justificación de las resoluciones judiciales, al exponer lo siguiente: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”.

En ese mismo sentido, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, complementó el razonamiento al exponer el contenido de las resoluciones judiciales, estimando lo que sigue: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aún cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento…”.

De donde se concluye, que a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, las autoridades tienen la obligación de desarrollar de manera suficiente, las razones que motivaron su decisión, señalando las disposiciones legales que sustentan su fallo. …”

(…)

En ese orden valorativo, la SCP 1916/2012 de 12 de octubre, ha expuesto que la fundamentación y motivación de las sentencias tiene por objeto demostrar que la función de impartir justicia, cumplió su objetivo axiológico y no solamente formal, sosteniendo que: “La fundamentación y motivación de la sentencia, como resolución que pone fin al debate oral en primera instancia, implica que ésta, por su naturaleza valorativa, no solamente debe resolver el caso sometido a la decisión del juez o tribunal, sino que también debe llevar al convencimiento de que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general.Vale decir, que en su dictación se observaron las normas del debido proceso y se consideraron todos los medios probatorios legalmente incorporados, así como los argumentos tanto de la acusación y de la defensa”.

Finalmente, en esta exposición del decurso de la doctrina relativa al principio de motivación y fundamentación de las resoluciones, la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, sintetizó sus elementos en la siguiente proposición: “De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución…”.

III.5.- Con relación a la prohibición de empeorar la situación del recurrente (Reformatio in peius), la doctrina señala lo siguiente:

Eduardo J. Couture en su Obra “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, Tercera Edición 1958 Editorial Depalma, señala lo siguiente:

“La reforma en perjuicio (reformatio in pejus) consiste en una prohibición al juez superior de empeorar la situación del apelante, en los casos en que no ha mediado recurso de su adversario”.

“El principio de la reforma en perjuicio es, en cierto modo, un principio negativo: consiste fundamentalmente en una prohibición. No es posible reformar la sentencia apelada en perjuicio del único apelante”.

Ejemplificando el caso, señala: “Si quien vio sucumbir su pretensión de obtener una condena superior a $ 5.000 no apeló del fallo en cuanto le era adverso, ya no es posible alterar ese estado de cosas. El juez de la apelación, conviene repetir, no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos. No hay más efecto devolutivo que el que cabe dentro del agravio y del recurso: tantum devolutum quantum appellatum”. 

Por su parte el tratadista Víctor De Santo en su Obra “El Proceso Civil”, Tomo VIII-A, Editorial Universidad, Buenos Aires 1987, indica:

“La prohibición de la reformatio in peius (reforma en perjuicio) significa que el órgano ad quem al conocer, no puede modificar el fallo del inferior en perjuicio del propio recurrente, si la contraparte a su vez no se alzó también contra el fallo.

Este principio procesal halla su justificación en cuento quien ataca un pronunciamiento procura mejorar su situación en el juicio y no empeorarla, cosa que ocurriría si mediante su propia impugnación dicho pronunciamiento se alterara en su contra, máxime si el adversario lo consintió.

Haciendo referencia al criterio expuesto por Couture, señala: “Resulta manifiesto, por lo tanto, que sobre la base de estas pautas, enmarcadas en el principio dispositivo, si el perdidoso no se queja  no puede el ad quem beneficiarlo, pues ello equivaldría a que, por ejemplo, en la instancia de origen el juez oponga defensa que no han sido planteadas por el interesado”.

Citando a otros autores como Fairén Guillém, Manzini, Calamandrei, Carmeluti, Fernando de la Rúa y jurisprudencia de los tribunales de Argentina, llega a las siguientes conclusiones:

1.- La prohibición de la reformatio in peius, como hemos visto, reconoce su fundamento en el principio dispositivo e implica, en definitiva, una señalada reducción de los poderes de los jueces superiores, que no pueden alterar el pronunciamiento sometido a su revisión en perjuicio del propio recurrente.

2.- Los argumentos utilizados para defender el instituto van desde los sicológicos hasta los axiológicos y sociológicos, e inclusive, modernamente, constitucionales, apoyados éstos en las garantías de la propiedad y de la defensa en juicio.

3.- A los partidarios del postulado sub examine, que lo defiendan con el fundamento de que con él se puede obtener un mayor acercamiento al ideal de justicia, se le oponen quienes aducen precisamente lo contrario, sosteniendo que la prohibición de la refomatio in peius impide tal ideal al vedársele al ad quem revisar las decisiones que no se ajusten al derecho.

4.- Dejando de lado cualquier disquisición iusfilosófica, parece obvio que el instituto reconoce fundamentos vinculados con los principios de la congruencia y de la cosa juzgada, que en realidad responden a un criterio más de política jurídica que a postulados de carácter iusnaturalísticos.

5.- En definitiva, sea cual fuere el argumento que se emplee para defender el instituto de la reformatio in peius, la prohibición tiene sustento legal en el art. 271 CPN, que veda a los jueces de alzada resolver cuestiones que no han sido materia de agravios. 

  Los criterios jurisprudenciales anteriormente expuestos se constituyen en vinculantes para el caso de autos y en referentes u orientadores en el caso de la doctrina citada, los cuales sin duda ayudarán a comprender mejor a las partes en conflicto como al Tribunal de apelación en el error incurrido en la emisión del Auto de Vista recurrido.

IV.- FUNDAMENTOS  DE LA RESOLUCIÓN:

Habiendo sido deducido recurso de casación en la forma y en el fondo, por razones de orden lógico corresponde primeramente resolver el de forma, toda vez que de encontrarse fundados los reclamos daría lugar a la anulación de la resolución impugnada o del proceso en sí, sin que sea necesario ingresar a considerar el recurso en el fondo.

Con la aclaración que antecede y sobre la base de la doctrina aplicable que se tiene expuesta, se ingresa a resolver lo que se tiene indicado.

IV.1.- Recurso en la forma:  

Los argumentos del recurso de casación en la forma se encuentran orientados a denunciar de manera reiterada la vulneración del debido proceso en su elemento motivación y congruencia en la emisión del Auto de Vista donde el Ad-quem se habría limitado a transcribir de manera textual el contenido de la Sentencia sin explicar y desarrollar criterio jurídico propio o los motivos que sustente su decisión de confirmar la Sentencia, omitiendo valor la prueba y dar respuesta a los puntos demandados en apelación.

Revisado el contenido del Auto de Vista, efectivamente se advierte que el Ad-quem en gran parte realiza una reproducción textual de la Sentencia; en el Primer Considerando inicialmente rescata los argumentos de la Entidad apelante, así como las respuestas al recurso de apelación y en el Considerando II, a partir del punto 1.- luego de citar el contenido del art. 1446 del Código Civil, procede a transcribir de manera textual el contenido de la sentencia todo lo referido a los hechos no probados de parte de la Entidad demandante, luego continua con la transcripción del Considerando III de la sentencia respecto al análisis y fundamentos realizados con relación a los cinco presupuestos del art. 1446-I del Código Civil que viene a ser el fundamento central de la Juez A-quo; seguidamente prosigue con la misma tarea, esta vez transcribiendo los hechos probados de la Entidad recurrente que se encuentran descritos en el Considerando II de la Sentencia, retomando nuevamente con los argumentos expuestos en el recurso de apelación sin brindar una explicación razonada a los mismos, para luego finalizar en el punto 4.- (incisos a - i) reiterando nuevamente los fundamentos de la Juez A-quo; bajo esa descripción concluye (inc. j) indicando que la Entidad apelante no habría acreditado con prueba fehaciente la existencia de los presupuestos previstos en el parágrafo I del art. 1446 del Código Civil para la procedencia de la acción paulina; señala además que, contrariamente, de obrados y lo expuesto se evidencia haberse acreditado que no concurren ninguno de los elementos previstos en la citada norma legal; bajo esa descripción procede a confirmar la sentencia.

Como se podrá evidenciar, lo que hizo el Ad-quem a “título de fundamentación”, es reproducir el contenido de la sentencia alterando simplemente el orden de los fundamentos que se encuentran expuestos en dicho fallo, sin haber brindado de su parte respuesta motivada con fundamento propio a los reclamos que se hallan expuestos en los cuatro puntos deducidos en el recurso de apelación de la Entidad recurrente, sobre los cuales existe ausencia de fundamentación y si en algún momento se refirió a los mismos, lo hizo de manera superficial reiterando simplemente los términos de los reclamos planteados, aspecto que motivó el justo reclamo de la Entidad recurrente.   

Al realizar la transcripción del contenido de la Sentencia de primera instancia, el Ad-quem aparentemente pretende hacer suyos los razonamientos expresados en dicho fallo y sobre esa misma base procede a confirmar la Resolución impugnada, sin tomar en cuenta que los fundamentos de la Sentencia fueron el objeto central de cuestionamiento por parte de la Entidad recurrente a través del recurso ordinario de apelación; ante esa situación no podía haber asumido como fundamento propio, lo resuelto por el A-quo, aspecto que no le está permitido, debiendo en todo caso fundar los suyos propios desarrollando con mayor criterio jurídico su razonamiento por constituirse en Tribunal de mayor jerarquía, siendo además su deber hacer y emitir Resolución brindado respuesta de manera motivada, fundamentada y sobre todo congruente resolviendo todos los reclamos del apelante, aspecto que no ocurre en el caso presente.

Al no existir en el Auto de Vista un análisis y fundamento propio de parte del Ad-quem y menos pronunciamiento a los reclamos del recurso de apelación, en los hechos procesalmente no existe fallo de segunda instancia que resuelva el recurso de apelación, dejando irresuelto el mismo, aspecto que viola el debido proceso, el derecho a la defensa, a obtener una respuesta motivada y fundamentada a la cual tienen derecho la parte recurrente, soslayando el Ad-quem su deber de resolver el recurso de apelación dentro del marco de pertinencia que establecía el art. 236 del Cód. Pdto. Civ. vigente al momento de la emisión de la resolución impugnada.

Otro de los reclamos formulados por la Entidad recurrente está referido a la incongruencia del Auto de Vista con relación a los puntos demandados en la apelación, denunciando al Ad-quem de haber agravado aún más su situación de apelante; revisado el contenido de la Resolución recurrida con relación a lo resuelto en la sentencia de primera instancia y lo reclamado en el recurso de apelación, se advierte también ser evidente esa situación, toda vez que la Juez A-quo al momento de emitir la Sentencia, en el Considerando III realizó un análisis individualizado de cada uno de los cinco requisitos que contiene el art. 1446.I del Código Civil y declaró improbada la demanda de acción paulina por considerar que no se demostró la concurrencia únicamente de dos de los cinco presupuestos, siendo estos los que se hallan contenidos en los numerales 3) y 5) de dicha norma legal, aspecto que motivó la interposición del recurso de apelación únicamente por la Entidad demandante pretendiendo revertir la decisión asumida por la Juez A-quo, es decir lograr que se revoque la Sentencia con relación a esos dos presupuestos indicados y se declare probada la demanda; en ese sentido se encuentran los argumentos del recurso de apelación.

Sin embargo, el Ad-quem en la parte final del Auto de Vista previo a la parte dispositiva (fs. 1243 vta.) inciso j) señala lo siguiente: “Finalmente corresponde aclarar y dejar establecido que la entidad apelante no ha acreditado con prueba fehaciente la existencia de los presupuestos previstos en el parágrafo I del artículo 1446 del Código Civil para la procedencia de la acción paulina; contrariamente, de obrados y lo expuesto precedentemente se evidencia haberse acreditado que no concurren ninguno de los elementos previstos en la citada norma legal”; con esa conclusión arribada se estaría declarando improbada la demanda por falta de los cinco presupuestos establecidos en la indicada norma legal, aspecto que al margen de incurrir en incongruencia del fallo y al no existir apelación de la contraparte, genera la denominada reforma en perjuicio de apelante conocido en doctrina como “reformatio in peius” que se encuentra prohibido dentro del régimen del sistema recursivo en todas las legislaciones por ser contrario a uno de los elementales principios específicos que rigen las impugnaciones cual es la de no empeorar la situación de recurrente, conforme se tiene expuesto en el Punto III.5 de la doctrina aplicable al caso, constituyéndose además en una garantía jurisdiccional de todo litigante que hace uso de los medios de impugnación que se encuentra inmersa en el art. 115 de la Constitución Política del Estado. 

Pero más extraño aún resulta que el Ad-quem haya arribado a esa conclusión errónea sobre la base de los mismos fundamentos desarrollados en la sentencia, toda vez que como se indicó anteriormente, el Auto de Vista en su mayor parte constituye una transcripción textual de la Sentencia y el resto también viene a ser una reproducción de los fundamentos realizados por la Juez A-quo, no existiendo absolutamente ningún razonamiento innovador por parte del Tribunal de apelación que pueda revertir los fundamentos desarrollados en la Sentencia con relación a los restantes tres requisitos que se hallan previstos en los inc. 1) 2) y 4) del art. 1446.I del Código Civil, respecto a los cuales la Juez A-quo consideró plenamente demostrados por la Entidad actora, consiguientemente el Ad-quem al no existir apelación de la contraparte, no podía por ningún motivo considéralos como improbados, más aún si se toma en cuenta que en aquel tiempo se encontraba vigente el tema de la consulta de las sentencias dictadas en contra el Estado y las instituciones públicas.

Por otra parte, la Entidad recurrente denuncia omisión de valoración de la  prueba; al respecto de la revisión de los antecedentes del proceso se advierte que la parte actora en segunda instancia y dentro del plazo que establecía el art. 232 del Código de Procedimiento Civil, mediante memorial de fs. 1167 y vta., presentó abundante prueba documental en calidad de reciente obtención que cursa de fs. 745 a 1165 solicitando se señala día y hora para su respectivo juramento, la misma que fue admitida por el Ad-quem mediante decreto de fs. 1172 y al haberse anulado el Auto de concesión del recurso de apelación y posterior a la nueva concesión del mismo, oportunamente se ratificó a través del memorial de fs. 1202-1203, habiendo el Tribunal nuevamente admitido dicha prueba por decreto de fs. 1204 aperturando al mismo tiempo plazo probatorio de seis días y posteriormente por decreto de fs. 1218 le aclara a la Entidad recurrente que la prueba presentada en segunda instancia será valorada al momento de resolver la causa; empero de ello, en la emisión del Auto de Vista impugnado no tomó en cuenta dicha prueba, aspecto que vulnera el derecho de la parte recurrente respecto a su pretensión de probanza invocada en su recurso de apelación con miras a revertir la decisión de la Juez A-quo; según la denuncia formulada, las pruebas a las cuales se hace referencia no sería las únicas que habrían sido omitidas en su valoración sino también otras conforme se indica en el memorial de apelación, aspecto que se constituye en un defecto de forma que tiene su trascendencia a la hora de resolver la controversia suscitada entre las partes litigantes, cuyos reclamos deducidos en el recurso de apelación así como los oportunamente formulados en segunda instancia referidos a presentación de prueba, corresponden ser absueltos por el Ad-quem. 

Por todas las consideraciones realizadas se concluye que el Tribunal Ad-quem en la emisión del Auto de Vista ha incurrido en evidentes infracciones de orden procedimental que atentan el debido proceso en sus elementos de congruencia y motivación, además de omisión en la valoración de prueba, vulnerado el derecho de la parte recurrente, y por lo mismo el fallo adolece de vicio de nulidad y ante esa situación encuentran méritos los reclamos deducidos en el recurso de casación en la forma, corresponde emitir Resolución en la forma prevista por el art. 220.III inc. c) de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil y ante esta decisión se hace innecesario ingresar a considerar el recurso de casación en el fondo, aspecto que deben tener presente las partes litigantes.

En cuanto a las respuestas al recurso de casación donde los demandados de manera unánime respaldan al Auto de Vista cuestionado, posición que es comprensible desde el punto de vista de la calidad de sujetos pasivos que ostentan de la relación jurídica debido a que la resolución impugnada les es favorable a todos ellos; empero deben tener presente lo expuesto en la doctrina aplicable al caso como así los fundamentos desarrollados en la presente Resolución donde se tiene explicado porque la resolución impugnada no es correcta. Por otra parte, en cuanto a la solicitud de que se declare improcedente el recurso de casación, igualmente deben tener presente lo establecido en la S.C.P. 2210/2012 de 08 de noviembre, que ha limitado declarar la improcedencia de los recursos de casación.  

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.III inc. c) de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista REG/S.CII/SEN.055/10.06.2015 de 10 de junio, de fs. 1233 a 1243 y vta. pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y dispone que el Tribunal Ad-quem sin espera de turno y previo sorteo pronuncie nuevo fallo debidamente motivado y fundamentado y congruente con razonamiento propio conforme a la doctrina aplicable que se halla expuesta en la presente Resolución, debiendo resolver todos los reclamos del recurso de apelación de fs. 660 a 664, debiendo además tomar en cuenta y considerar toda la prueba documental que fue presentada y admitida en segunda instancia. 

En cumplimiento del art. 17.IV de la Ley 025, remítase copia de la presente Resolución al Consejo de la Magistratura. 

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Durán.