TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                        S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 94/2016

Sucre: 04 de febrero 2016

Expediente: B 11 15- A

Partes: Marco  Antonio  Barthelemy  Calderón  y  Andrea Salinas Arteaga. c/

            Francisco Román Leigue y María Victoria Mendoza Gauna de Román.

Proceso: Recisión de Contrato por Lesión Enorme.

Distrito: Beni.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 487 a 499, interpuesto por  Francisco Román Leigue y María Victoria Mendoza Gauna de Román, contra el Auto de Vista Nº 039/2015 de 26 de febrero de 2015, de fs. 475 a 479, pronunciado por la Sala Civil Mixta del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, en el proceso ordinario de recisión de contrato por lesión enorme seguido por Marco Antonio Barthelemy Calderón y Andrea Salinas Arteaga contra los recurrentes; la respuesta al recurso de fs. 503 a 507 vta.; el Auto de concesión de fs. 510; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:                                                                                  ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Marco Antonio Barthelemy Calderón y Andrea Salinas Arteaga, por memorial de fs. 61 a 65, adjuntando las literales de fs. 1 a 50, en la vía ordinaria demandan recisión de contrato por lesión enorme en contra de Francisco Román Leigue y María Victoria Mendoza Gauna de Román, alegando que en fecha 05 de septiembre de 2012 habrían suscrito un contrato de compra venta con pacto de rescate de cuatro inmuebles ubicados en la Av. Panamericana (ex Hotel Taruma) de la ciudad de Trinidad con los ahora demandados, por la irrisoria suma de $us. 174.630.oo; documento protocolizado por Instrumento Público Nº 457/2012 por ante Notaria de Fe Pública de Primera Clase Nº 3 del Departamento del Beni,  cuando en realidad la propiedad tendría un valor en el mercado de más de seiscientos mil dólares, a ser probado en el transcurso del proceso, por lo que al amparo de art. 561, 562, 564, 566 y 567 del Código Civil concordante con el art. 327 de su Procedimiento demandan recisión de contrato por lesión enorme, pidiendo se declare probada la demanda y en consecuencia rescindido el contrato de compra venta de fecha 05 de septiembre de 2012 protocolizado el 18 de septiembre de 2012.

Citados los demandados, por memorial de fs. 119 a 124 se apersonan los esposos Francisco Román Leigue y María Victoria Mendoza Gauna de Román, oponiendo excepción previa de prescripción para el ejercicio de la acción. 

El Juez Tercero de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital, mediante Auto de 01 de diciembre de 2014, cursante de fs. 436 vta. a 438 vta., declaró probada la excepción de caducidad, asimilada como prescripción; contra esa resolución los  demandantes interpusieron recurso de apelación, resuelta por Sala Civil Mixta del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, por Auto de Vista Nº 039/2015 de 26 de febrero de 2015, cursante de fs. 475 a 479, revocando totalmente el Auto de 01 de diciembre de 2014 y deliberando en el fondo declara improbada la excepción de prescripción, sin costas; resolución de segunda instancia contra la cual,  la parte demandada recurre de casación.

CONSIDERANDO II:                                                                                        HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso de casación, se resume lo siguiente:

En la forma:

1.- Acusa al Auto de Vista Nº 039/2015 de 26 de febrero de 2015 de incongruente y contradictorio, en el entendido de que el Tribunal de Alzada aceptó que los demandantes habrían perdido su oportunidad de rescatar el bien inmueble objeto del contrato de venta con pacto de rescate; es decir habría caducado su derecho; sin embargo de manera contradictoria en la parte dispositiva de la resolución, otorga la razón a la parte actora respecto de la procedencia de la acción de recisión por lesión, por estar interpuesta dentro del término previsto por ley como si se tratara de una venta simple, vulnerado los arts. 90, 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil y Sentencias Constitucionales.

2.- Acusa violación del art. 236, incidiendo en la incongruencia y contradicción, al haber el Auto de Vista impugnado reconocido en principio plena validez al contrato de venta con pacto de rescate, para luego decidir por la procedencia de la acción rescisoria, vulnerado el debido proceso en su vertiente fundamentación debida.

En el fondo:

1.- Acusa, violación de los arts. 641 y 644 del Código Civil, por cuanto el Tribunal de Alzada no habría aplicado la ley que rige la materia al caso de autos, así como interpretación errónea de la ley, dándole un sentido equivocado y aplicando indebidamente la ley a hechos que no están regulados por la misma.

2.- Incide en que el Auto de Vista impugnado habría violado los arts. 641 y 644,

señalando que el contrato con pacto de rescate no estaría condicionado a prestaciones reciprocas, ya que el único obligado y facultado para la resolución del contrato sería el vendedor pagando el precio de retroventa, de no hacerlo caducaría su derecho y la venta quedaría perfeccionada.

3.- Señala que la venta con pacto de rescate previstas en el art. 641 y 644 del Código Civil, importaría una venta bajo una condición resolutoria. De manera que el vendedor al no ejercitar la condición resolutoria, se encontraría impedido de ejercitar la acción rescisoria por cuanto habría prescito su derecho.

4.- Los recurrentes consideran que el Auto de Vista impugnado confunde una venta pura y simple o venta corriente con la venta con pacto de rescate, bajo el razonamiento de que en la venta pura y simple si procedería la acción rescisoria por lesión por no estar sujeto a término ni condición y no así en la venta con pacto de rescate que está sujeto a término o condición resolutoria.

5.-Acusa, violación de los arts. 560, 568, 641 y 644 del Código Civil, en el entendido de que el Auto de Vista habría confundido la acción rescisoria con la acción resolutoria, cuando ambos institutos son diferente y contrapuestos, consideran que la acción rescisoria podría interponerse en contra de contratos concluidos, en cambio la acción resolutoria se interpondría en contra de contratos sujetos a término o condición, consiguientemente pretender demandar acción rescisoria cuando se tuvo la oportunidad de demandar la resolutoria como condición de la venta con pacto de rescate, resultaría impertinente y contrario a la norma.

6.-Finalmente acusa, violación de los arts. 1.283 del Código Civil y 375 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la valoración de la prueba de fs. 1 a 2 habría sido sesgada y valorada en su perjuicio, documento que establece la existencia y validez del contrato de venta con pacto de rescate, pretendiendo los demandantes la rescisión como si fuera un documento puro y simple o de venta corriente.

Por lo expuesto y fundamentado, solicitan al Tribunal Supremo de Justicia que en aplicación del principio constitucional de verdad material, anule el Auto de Vista recurrido en casación por lesionar el debido proceso en su vertiente fundamentación debida o en su defecto case el Auto de Vista y deliberando en el fondo mantenga incólume el Auto Definitivo de fs. 436 vta. a 438. Sea con costas.

CONSIDERANDO III:                                                                                   FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En sujeción a la argumentación deducida en el recurso de casación en la forma y en el fondo planteado por la parte demandada, se ingresará a  resolver en primer término lo referido a la forma, en razón a que si fueran evidentes los extremos denunciados y la consecuencia fuera por anular el Auto de Vista o lo obrado hasta el vicio procesal denunciado y evidenciado, resultaría e innecesario ingresar a analizar el recurso de fondo.

En la forma:

Siendo que los puntos acusados en el recurso de casación en la forma son conexos; ambos serán absueltos de forma global.

Con relación a que el Auto de Vista impugnado sería incongruente y contradictorio, bajo el entendido de que el Tribunal de Alzada habría reconocido la validez del contrato con pacto de rescate en su parte considerativa; sin embargo de manera contradictoria en la parte dispositiva habría declarado la procedencia de la acción de recisión por lesión, vulnerado los arts. 90, 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil.

Al respecto diremos que el principio de congruencia constituye un requisito de la Sentencia y como tal ha sido definita por el autor Jaime Guasp como: “la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituye el objeto del proceso más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan este objeto”. La congruencia supone por lo tanto que el Juez en su sentencia no puede reconocer lo que no se ha pedido (extra petita) ni más de lo que ha sido pedido (ultra petita) pues si así lo hiciere incurrirá en incongruencia positiva; por otro lado implica que el fallo no contenga menos de lo pedido por las partes, pues si así lo hiciera incurrirá en incongruencia negativa, que se da cuando la Sentencia omite decidir sobre alguna de las pretensiones deducidas por las partes.

En ese contexto diremos que el Auto de Vista impugnado si ha resuelto las pretensiones de la demanda sin omisión alguna, al contrario su fundamentación tiene como base el documento de venta con pacto de rescate suscrita en fecha 05 de septiembre de 2012, entre las partes ahora contendientes; cuyas características si bien son particulares no se encuentran al margen de ser rescindidas, siendo esta la pretensión de la demanda.

A  mayor abundamiento en el presente caso se tiene que la parte actora ha interpuesto una acción de rescisión de contrato por lesión enorme, cuya pretensión reiteramos es rescindir el contrato celebrado en fecha 05 de septiembre de 2012 protocolizado el 18 del mismo mes y año; figura jurídica diferente a la referida por los recurrentes y que no puede ser confundida con el derecho  que  tiene  el  vendedor  de solicitar la rescisión del contrato por lesión

enorme.

Siendo este el razonamiento del Tribunal de Alzada para llegar a la conclusión de que si bien habría caducado el derecho de rescatar la cosa vendida en el plazo establecido por el documento; sin embargo no habría prescrito el derecho de la parte actora para interponer demanda de rescisión de contrato, revocando totalmente el Auto de 01 de diciembre de 2014, por consiguiente improbada la excepción de prescripción. No siendo evidente lo acusado en estos puntos.

En el fondo:

Del análisis del recurso de casación en el fondo, se advierte que los agravios denunciados son reiterativos, cuyo fundamento principal está dirigido a cuestionar los temas de  caducidad y prescripción, habiendo operado para los recurrentes la excepción de caducidad por lo que no sería posible accionar rescisión de contrato cuando ya hubo resolución.

De inicio diremos que la prescripción de acciones según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio señala que: “es la caducidad de derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio...” Lo que significa que si una persona no hace uso o ejerce sus derechos en los plazos que establece la Ley, estos caducan por el transcurso del tiempo.

Es también pertinente decir que la prescripción extintiva es distinta a la caducidad, aunque ambas instituciones extinguen acciones y derechos por el transcurso del tiempo, pero el régimen jurídico perteneciente a una no le es aplicable enteramente a la otra; la doctrina marca como diferencia sustancial que la caducidad no es susceptible de interrupción en su plazo, como lo es la prescripción.

Por otro lado, la doctrina en análisis sobre estas dos instituciones ha logrado conjeturar criterios válidos para hacer más precisa su diferencia, que nos permitirán ahuyentar duda en el tema, para lo que recurrimos a Díez-Picazo y Gullón en la obra Instituciones del Derecho Civil (Vol. I/1, 2000, pág. 292) que sostienen acertadamente un razonamiento de diferencia respecto a la situación jurídica de la aplicación de la caducidad, que señala: “Un criterio de distinción aceptable es el derivado de la naturaleza del derecho objeto de presunta caducidad, pues ésta recae sobre lo que en su momento hemos llamado derechos potestativos o facultades de configuración o modificación de una situación jurídica. Pendiente su ejercicio, la situación jurídica afectada se encuentra en una fase provisional o transitoria, que exige un rápido tránsito a una situación definitiva”.
Con este preámbulo pasamos a dar respuesta a los reclamos acusados en el orden que fueron presentados:

A los puntos 1 y 2, los recurrentes acusan violación de los arts. 641 y 644 del Código Civil, por cuanto el Tribunal de Alzada no habría aplicado la ley que rige la materia al caso de autos, así como interpretación errónea de la ley, dándole un sentido equivocado y aplicando indebidamente la ley a hechos que no están regulados por la misma.

Debemos señalar que el contrato con pacto de rescate se encuentra regulado por el art. 641 y siguientes del Código Sustantivo de la Materia, mismos que establece  que el vendedor puede reservarse el derecho a recatar la cosa vendida, mediante la restitución del precio y reembolso de gastos, de no ejercer esta facultad el vendedor su derecho caducaría conforme lo dispone el art. 644 del Código Civil.

Ahora bien los recurrentes al denunciar vulneración de las citadas disposiciones, los hacen bajo el entendimiento de que el Ad quem no habría aplicado correctamente las leyes atinentes al caso, aspecto que no resulta ser cierto, pues como se tiene manifestado líneas arriba el Tribunal de segunda instancia en ningún momento ha desconocido la caducidad del derecho del vendedor de rescatar la cosa vendida en el plazo establecido por las partes en el contrato, más al contrario habría sido uno de los fundamentos de su resolución; establecer claramente de que el derecho del vendedor de rescatar la cosa vendida habría caducado, por lo que no es evidente el agravio acusado.

Al punto 3 del recurso, señala que la venta con pacto de rescate previstas en el art. 641 y 644 del Código Civil, importaría una venta bajo una condición resolutoria. De manera que el vendedor al no ejercitar la condición resolutoria, se encontraría impedido de ejercitar la acción rescisoria por cuanto habría prescito su derecho.

El reclamo acusado en este punto resulta reiterativo, toda vez que los recurrentes inciden en la vulneración de los articulados señalados supra, confundiendo los institutos de caducidad y prescripción. Al respecto ya se tiene manifestado que el Tribunal de Alzada en ningún momento habría desconocido la caducidad de recuperar la cosa vendida, lo que no implica que la parte actora pueda activar otro tipo de acciones previstas en la ley.

No se puede desconocer lo previsto en el art. 561 del Código Civil, referido a la rescisión del contrato por efecto de la lesión; que a la letra dice: “I. A demanda de la parte perjudicada es rescindible el contrato en el cual sea manifiestamente desproporcionada la diferencia entre la prestación de dicha parte y la contraprestación de la otra, siempre que la lesión resultare de haberse explotado las necesidades apremiantes, la ligereza o la ignorancia de la parte perjudicada”.

En el caso de autos se tiene que la parte actora presentó demanda de rescisión de contrato por lesión enorme en fecha 11 de marzo de 2014, conforme se acredita con el ingreso de causas del Sistema Judicial Boliviano de fs. 66, amparando su acción en la pre citada norma, con el fundamento de no responder el precio recibido por la venta al valor real del bien transferido; acción que habría sido interpuesta dentro del término establecido por el art. 564 del Código Civil, deduciendo que la misma no habría prescito por encontrarse vigente el plazo para su presentación, no existiendo óbice alguno que impida materializar la acción como pretenden los recurrentes.

Al punto 4, los recurrentes consideran que el Auto de Vista impugnado habría confundido una venta pura y simple con la venta con pacto de rescate, bajo el razonamiento de que en la venta pura y simple si procedería la acción rescisoria por lesión por no estar sujeto a término ni condición y no así en la venta con pacto de rescate que está sujeto a término o condición resolutoria.

El Diccionario de Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales de Manuel Osorio define jurídicamente al contrato señalando que: “hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos”. Capitant lo de define como: “el acuerdo de voluntades, entre dos o más personas, con el objeto de crear entre ellas vínculos de obligaciones, y también documento escrito destinado a probar una convención”.

El art. 450 del Código Civil señala: “Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre si una relación jurídica”. Dentro de este marco diremos que los contratos deben ser celebrados por personas capaces que manifiesten su voluntad de asumir derechos y contraer obligaciones, contratos que no deben ser contrarios a la moral y a las buenas costumbres.

En cumplimiento a dichas disposiciones, en el caso que nos ocupa las partes suscribieron un contrato de venta bajo la modalidad de pacto de rescate previsto por el art. 641 del Código Civil, cuya particularidad es la facultad que tiene el vendedor de rescatar la cosa vendida, mediante la restitución del precio, aspecto que no se ha dado en el caso, habiendo optado el vendedor de accionar la rescisión del contrato por lesión  conforme lo establece el art. 561 del mismo cuerpo de leyes, además de aclarar que esta modalidad de contrato no se encuentra  excluido del régimen de lesión previsto por el art. 562 del Código Civil, consiguientemente no existe confusión en los de instancia en el tratamiento del

contratos.

Al punto 5, acusa violación de los arts. 560, 568, 641 y 644 del Código Civil, en el entendido de que el Auto de Vista habría confundido la acción rescisoria con la acción resolutoria, cuando ambos institutos son diferente y contrapuestos, consideran que la acción rescisoria podría interponerse en contra de contratos concluidos, en cambio la acción resolutoria se interpondría en contra de contratos sujetos a término o condición, pues pretender demandar acción rescisoria cuando se tuvo la oportunidad de demandar la resolutoria como condición de la venta con pacto de rescate, resultaría impertinente y contrario a la norma.

Con relación a este punto debemos señalar que la rescisiónes dejar sin efecto un acto jurídico”, en tanto que la resolución es “deshacer, destruir algo, en términos contractuales equivale a deshacerlo o destruirlo”, ambos tienen efectos diferentes, el primero tiende al restablecimiento de las prestaciones, busca el equilibrio entre ellas, en tanto que la segunda busca extinguir el contrato.

Ambas figuras jurídicas se encuentran contempladas en nuestra Ley sustantiva, es así que el art. 568 del Código Civil, establece la procedencia de la resolución del contrato por incumplimiento, siendo aplicable a los contratos con prestaciones reciprocas, cuando una de las partes incumple por su voluntad la obligación, caso en el cual la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento del contrato o la resolución del mismo.

En tanto que la rescisión del contrato por lesión se encuentra regulada por el art. 561 del Código sustantivo de la materia, facultando interponer la demanda a la parte perjudicada, siendo rescindible el contrato, en el cual sea manifiestamente desproporcionada la diferencia entre la prestación de dicha parte y la contraprestación de la otra.

En el sub lite, se tiene que la pretensión de la demanda interpuesta por la parte actora, es clara en cuanto a su pedido de rescisión del contrato de venta con pacto de rescate por existir supuestamente lesión enorme, aspectos considerados por los de instancia, no existiendo confusión de ninguna naturaleza respecto de las figuras jurídicas aludidas, siendo impertinente lo aducido en este punto.  

Con relación al punto 6, se denuncia violación de los arts. 1283 del Código Civil y 375 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la valoración de la prueba de fs. 1 a 2 habría sido sesgada y valorada en su perjuicio, documento que establece la existencia y validez del contrato de venta con pacto de rescate, pretendiendo los demandantes  la  rescisión  como  si fuera un documento puro y simple o de

venta corriente. 

La presente acusación resulta inconsistente en cuanto a su argumentación, toda vez que se limita a señalar que la prueba de fs. 1 a 2 habría sido sesgada y valorada en su perjuicio, sin precisar de qué forma le hubiera causado agravios y respecto de la prueba el inc. 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil es claro, al determinar que procederá el este recurso cuando en la apreciación de prueba se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho, debiendo este último evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta del juzgador, lo que no ha acontecido en el caso de autos, aspecto que no cumple el recurrente.

Por los motivos expuestos precedentemente, este Tribunal de Casación no encuentra sustento legal en el recurso de casación en el fondo y en la forma, por lo que es aplicable el art. 271 num. 2) en relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, y en aplicación a lo previsto en el art. 271 num. 2) y art. 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y el fondo interpuesto por Francisco Román Leigue y María Victoria Mendoza Gauna de Román contra el Auto de Vista Nº 039/2015 de 26 de febrero de 2015. Con costas.

Se regula honorario profesionales en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.