TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                   S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 87/2016                                                                         Sucre: 04 de febrero 2016                                                                 Expediente: CH-12-15-S                                                                      Partes: José Grover Ávila Llobet c/ Iván Gabriel Pereira Raya

Proceso: Mensura y Deslinde                                                           Distrito: Chuquisaca


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 1736 a 1743 y vta., interpuesto por Roberto Garnica Huaylla en representación de Iván Gabriel Pereira Raya, contra el Auto de Vista N° SCI- 127/2015 de fecha 11 de marzo, de fs. 1723 a 1728 y vta., pronunciada por la Sala Civil y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca dentro del proceso de Mensura y Deslinde seguido por José Grover Ávila Llobet en contra de Iván Gabriel Pereira Raya, la contestación de fs. 1747 a 1748 y vta., el Auto de concesión de fs. 1749, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I:                                                                 ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Juez de Partido Sexto en lo Civil y Comercial de la Capital Sucre, pronunció Sentencia N° 20/2014 de fecha 13 de mayo, de fs. 1623a 1637 y vta., FALLA declarando PROBADA la demanda de mensura y deslinde. IMPROBADA la oposición. IMPROBADA la reconvención. IMPROBADAS las excepciones de falta de acción, falta de interés legítimo y falta de legitimidad activa en el actor re-convencionista. PROBADA la excepcion de falta de derecho en el demandante reconvencionista Iván Pereira Raya, sin lugar a las excepción de prescripción de daños y perjuicios al no haberse probado la existencia de daños y perjuicios, la falta excepción de falta de derecho según lo prescrito por el art. 343 parágrafo 11 del Código de Procedimiento Civil, sin costas en lo que respecta al juicio doble entre José Grover Ávila Llobet e Iván Gabriel Pereira Raya; con costas en lo concierne a la demanda de Iván Gabriel Pereira Raya contra Adela Maldonado de Ávila y Elena López López. En consecuencia de ello. 1.- Se declara que José Grover Ávila Llobet tiene derecho a demandar mensura y deslinde (pedido de fs. 19 y vta., en torno a la oposición  y reconvención formulada  a fs. 27-28, Art. 640-11 y 641 C.P.C.). 2.- No ha lugar a la nulidad de contrato  de venta de fecha 24 de febrero  de 1987, otorgada por Elena López López en favor de José Grover Ávila Llobet. 3.- Sin lugar a la división y partición del inmueble denominado “El Nogal”, en cuanto se refiere a la escritura de compra-venta de fs. 14-15 (en rigor es de fs. 15-16), correspondiente al instrumento Nº 77/2003, ni a la división y partición de una bodega, cubas, tinas, talca, lagar y una casa y terreno que fueran de este fundo. 4.- No ha lugar a la división y partición de la propiedad  que Iván Pereira Raya ha adquirido del señor Julián López. 5.- No ha lugar a la nulidad del documento de fs. 2-3, 4-5 (Auto de Vista fs. 1223 a 1225, que señala que la demanda también es de nulidad respecto de los documentos de división y partición  de fs. 4-5, protocolizada a fs. 1017-1020 según inciso “c” del memorial de fs. 27-28; igualmente según impugnación de Iván Pereira Raya de fs. 1052 vta., “además que dicho documento…ha sido impugnado de nulidad”. 6.- No ha lugar al pago de daños y perjuicios y la devolución de frutos civiles. 7.- En cumplimiento del Auto de Vista  de fs. 1420 y 1421 que confirma el Auto de fs. 1251. Sin lugar a la revocatoria  de fs. 1270 del expediente.

Contra dicha Resolución, Iván Pereira Raya interpone recurso de apelación de fs.1693 a 1701, recurso que previa sustanciación, es resuelto por Auto de Vista N° SCI- 127/2015 de fecha 11 de marzo, de fs. 1723 a 1728 y vta., pronunciada por la Sala Civil y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca por el que confirma totalmente la Sentencia apelada Resolución que dio lugar al recurso de casación presentado por Roberto Garnica Huaylla en representación de Iván Pereira Raya, el mismo que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO II:                                                                                DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

I. En la forma

I.1- Refiere que el Auto de Vista recurrido, incurren en falta de pertinencia, infringiendo el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, por el efecto formal relevante referido a que concuerda con lo determinado por el art. 254. 4 y 7 y 514 del mismo cuerpo legal, alegando además que deben ser ejecutados sin modificar ni alterar su contenido por cualquier autoridad en lo vertical y horizontal del Órgano Judicial, y que son afectados al responder dichos planteamientos soslayados al igual que lo hizo la Jueza del proceso, que no existe prueba sobre tal extremo, cuando el reclamo formulado fue por falta de pronunciamiento de la prueba que fundamenta a fs. 1107 que tiene relación con su precedente de fs. 554 a 555 que es pertinente y útil y justifican los frutos civiles y naturales.

Del mismo modo refiere que al incumplimiento al Auto de Vista de fs. 1028 y vta., constituye otro antecedente por el cual está pendiente de Resolución el pronunciarse sobre los frutos civiles y naturales pretendidos, así como el conjunto de elementos probatorios que la fundamental, en lugar de cumplir dicha determinación judicial, emitiendo criterios de justicia razonables sobre los extremos mencionados, además que la prueba de fs. 1107, que tiene relación con su precedente de fs. 554 a 555 relativos a los informes periciales practicados por Marcelo Tapia sobre el monto a restituir por concepto de los referidos frutos y que debe ser valorada en forma armónica e integral conforme a las previsiones  de los art. 373 y 397 del Código de Procedimiento Civil, estableciendo en forma razonada que no fueron observados por los de instancia.  

Por lo que concluye peticionando al Tribunal Supremo de Justicia anule el Auto de Vista y complementario recurridos, con el objetivo que se dicte nuevo Resolución con la pertinencia, motivación y fundamentación que exigen los art. 190, 192.2. y 236 del Código de Procedimiento Civil.

II. En el Fondo

II.1.- Refiere el recurrente que el Juez de la causa debe tener en cuenta, que en el memorial de demanda de mensura y deslinde promovida por José Grover Ávila Llovet de fs. 19 y vta., refiriéndose a la propiedad el Nogal señala que “pese a que en cada una de las escrituras o documentos se encuentran claramente establecidos sus límites”… continúa y peticiona que esta sea objeto de mensura y deslinde, por esta confesión debió en forma inmediata “inadmitirse la demanda por infundabilidad” o improponibilidad objetiva que releva de otra prueba y es suficiente para desestimar la demanda por constituir en confesión espontanea que importa renuncia a cualquier eventualidad beneficio que podría otorgársele en Sentencia conforme lo previsto en el art. 404.II del Código de Procedimiento Civil, estos extremos omitidos en los fallos de instancia.

II.2.- Del mismo modo refiere como especie de reclamo, que el demandante a lo largo de varios años de litigio, por ningún medio probatorio, el actor pudo demostrar que las acciones y derechos que sostiene de su propiedad en el inmueble el Nogal, se encuentran divididas y partidas respecto a la de los otros colindantes para activar la acción de deslinde y mensura, sino lo único que quedo claro es su indivisión que las partes con el paso del tiempo adquirieron fracciones de terreno en cuotas partes o acciones y derechos allí determinados, razón por el cual ese hecho activa la división y partición de bienes que al igual que las acciones y derechos sin dividir que sostiene como propias, no viabilizan esta acción de mensura y deslinde al ser inadmisible jurídicamente que se establezcan superficies y limites en una propiedad, dicho esto queda claro para otorgarle viabilidad jurídica a la pretensión  de mensura y deslinde  que refiere la previsión del art. 682 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, la división y partición que norma el art. 1233 y siguientes del Código Civil, debe ser en un contexto armónico de sistematización de normas jurídicas y nunca en forma aislada como lo hacen en las Resoluciones recurridas.

II.3.-Señala como otra especie de reclamo, que la Sentencia se replica silenciosamente en el Auto de Vista recurrido, alegando además, que en la Escritura Pública de fs. 42 a 44, supuestamente suscrita únicamente por Mateo Ávila a favor de Elena López de compra venta de media acción de una entera que tenía Mateo Ávila en la propiedad El Nogal- Villa Abecia, con derecho a una tercera parte de una cuba y tina y bodega y lagar, respecto a los documentos de fs. 52 a 59 que están suscritos por mi persona, no asiste a mi mandante derecho de pedir división y partición de lo que sin consistencia jurídica recalcan, esta apreciación sesgada e incompleta y arbitraria es errónea y fue repetida en las resoluciones recurridas.

II.4.-Sostiene además que mantener la indivisión de la propiedad El Nogal como lo hacen en los demás fallos recurridos, es como aceptar que mi mandante está impedido de dividir y partir propiedad común, manteniendo siempre el bien inmueble en situación de copropiedad con arraigo perpetuo de mantener en comunidad para siempre, sin impórtales en absoluto de poner fin a la indivisión que se busca entre todos los co-propietarios se repartan equitativamente las cuotas que correspondan a cada uno para que quede asignada legalmente la parte dividida de la cosa, en lugar de la indivisa que anteriormente  tenia, haciendo desaparecer la pluralidad de co-propietarios y por consiguiente la comunidad, y más cuando el art. 167.1., del Código Civil, que lo que acuso de inobservado, autoriza al co-propietario de la propiedad indivisa  denominada El Nogal a pedir y obtener en cualquier tiempo, la división de la cosa a los fines de que se tutele el derecho de división y partición.

II.5.- Del mismo modo señala, que de la nulidad de documento planteado por parte del ahora recurrente, alega haberse sustanciado al interior del proceso ordinario, se ha demostrado mediante los documentos de fs. 83 al 87 que la supuesta Escritura Pública de la transferencia de Mateo Ávila a Elena López no existe jurídicamente, debido a que nunca fue elaborado, tampoco insertada en ningún tiempo en los registros notariales de Camargo como se comprobó en la inspección ocular llevada según consta a fojas. 1072 y vta., por lo que el supuesto contrato de compra venta de fs. 42 a 44 no tiene su referente en ningún acto de escritura notarial idónea y legal que acredite el origen o la forma de adquisición inicial de la propiedad, constituyendo un documento simulado e inexistente.

II.6.- Las literales sobre división y partición que presente el accionante, que no son oponibles contra terceros por falta de inscripción en los registros de Derechos Reales, no producen efectos legales contra ni en perjuicios de terceros, donde adviertan que no se encuentran inscritas por todas las partes legitimadas e interesadas y por tanto carecen de consentimiento, ocurre que en la partición  de bienes, toma en cuenta la declaratoria de herederos de fs. 1014 a 1016 en la cual se declara heredero de José Grover Ávila Llovet al fallecimiento de Bautista Mateo Ávila Morales, ese heredero no participa en aquella partición de bienes, por tanto es nula por mandato de los arts. 1252.1., del Código Civil y 679 de su procedimiento, por cuanto debe y tiene que procederse a la división y partición de dicho fundo.

Por lo que concluye peticionando al Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista y declare improbada la pretensión de mensura y deslinde y por el contrario probada la demanda reconvencional de división y partición de bien indiviso, así como probadas las acciones de nulidad de las Escrituras Públicas de fs. 9 a 10 y 42 a 44, más los daños y perjuicios para su cálculo en ejecución “coactiva” de Sentencia y restitución de frutos naturales y civiles.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Habiendo sido interpuesto el recurso de casación tanto en la forma como en el fondo, corresponde absolver los mismos en el orden que fueron interpuestos.

1.- En la Forma

I.1.-Respecto al primer punto, corresponde referir que la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, ha señalado que “…la motivación y fundamentación de una Resolución, no necesariamente implica que su exposición sea exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación implica que la Resolución sea clara y concisa donde se exponga las razones determinativas que justifican la decisión asumida; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte resolutiva del fallo…”

Ahora bien, de la revisión de la Resolución de Alzada, se evidencia que el Ad quem, en la primera parte delsegmento considerativo del Auto de Vista recurrido,se remite a los agravios que fueron fundamento del recurso de apelación, y en un segundo considerando desarrolla su análisis en relación a dichos puntos, por lo que también resuelve sobre los mismos aspectos que fueron motivo de impugnación, cumpliendo de ésta manera con el art. 236 del adjetivo civil y de consiguiente con el principio de pertinencia y congruencia extrañado.

De donde se infiere que el Auto de Vista recurrido se circunscribe a la expresión de agravios que hubo sido detallado en el memorial de apelación, porque resuelve sobre los mismos puntos, habiendo observado de esta manera la pertinencia que establece el art. 236 con relación al art. 227 del Código de Procedimiento Civil y el principio de congruencia, siendo además que la Resolución de Alzada tiene la suficiente claridad y cuenta con motivación y fundamentación que la sustenta, dando cuenta de las razones por las cuales arriba a dicho entendimiento, aspecto que permite comprender razonablemente la claridad y alcance del fallo, resultando por consiguiente infundado el reclamo denunciado.

II.- En el Fondo

II.1.- Respecto a la acusación que, los de instancia no han considerado lo previsto en el art. 404.II del Código de Procedimiento Civil, al no haber considerado la confesión judicial espontánea que hizo el actor al momento de interponer su acción de fs. 19 vta., señalando además que esa pretensión debía haber sido declarado improponible, al haber afirmado que las escrituras ya contaban con límites y colindancias detalladas, por lo tanto no requería accionar una demanda de mensura y deslinde, confesión judicial espontánea por parte del demandante.

Sobre la misma se dirá que, de los argumentos acusados por el hoy recurrente, se tiene el razonamiento del Tribunal de alzada en el entendido de que: “…a lo largo de los términos de la apelación y el memorial de oposición el apelante desconoce cualquier deslinde y se opone en toda la extensión de la propiedad el Nogal, en apelación pretender hacer valer la misma, incongruencia  que no tiene asidero legal, sin embargo acorde al art. 682 del CPC; faculta a cualquier propietario que considere necesario aclarar en todo en parte los lindes de su propiedad urbana o rural acudir en la vía voluntaria al Juez Instructor Civil, extremo demandado cuando expresa que la demanda es con el único fin de evitar atropello o avance, que no es otra que aclarar no es ético transcribir solo una parte, fraccionando la frase contraria, incurriendo en la responsabilidad prevista por el Art. 57 del CPC., entonces no se acomoda a la confesión exigida por el art. 404-II) del CPC…”

En virtud de ello, es precisoseñalar puntualmente que la confesión según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio, es la “Declaración que, sobre lo sabido o hecho por él, hace alguien voluntariamente o preguntando por otro. Reconocimiento que una persona hace, contra ella misma, de la verdad de un hecho”; para Couture la confesión es: “El acto jurídico consistente en admitir como cierto, expresa o tácitamente, dentro o fuera del juicio un hecho cuyas consecuencias de derecho son perjudiciales para aquel que formula la declaración”, Arístides Rangel Romberg la define como:  “…la declaración que hace una parte, de la verdad de hechos a ella desfavorables afirmados por su adversario, a la cual la ley atribuye el valor de plena prueba…” 

En ese contexto y trasladando los conceptos antes señalados respecto a la confesión, en el caso concreto, se tiene que el recurrente al interpretar una parte del razonamiento del Juez de la causa, en el entendido de que “…pese a que en cada una de las escrituras o documentos se encuentran claramente establecidos sus límites…” este aspecto no constituye una confesión espontánea, más por el contrario si a criterio del recurrente considera que el actor cuenta con títulos y limites ya definidos, sin embargo, es preciso aclarar al respecto, que del análisis de la documentación de fs. 2 a 3 y vta., de fs. 9 a 10 y vta., de fs. 15 a 16 y vta., y de fs. 42 a 44, se acredita que efectivamenteesos predios cuentan con límites y colindancias ya definidas, empero, lo que se busca y pretende en el caso de autos es -delimitar materialmente, para determinar las dimensiones exactas de la propiedad- de José Grover Ávila Llobet, en el entendido que el actor interpone la acción de mensura y deslinde conforme lo establece el art. 682 del Código de Procedimiento Civil, que señala textual:“Cuando un propietario considerare necesario aclarar en todo o en parte los linderos de su propiedad rústica o urbana no edificada, se presentara al juez con los títulos correspondientes, pidiendo recorrer sus términos y restablecer los mojones en su caso”, norma aplicada adecuadamente por los de instancia, siendo en consecuencia inconsistente el reclamo del recurrente.

II.2.-Por otro lado cabe enfatizar en lo concerniente a los puntos 3, 4 y 6, es preciso especificar y aclarar sobre la propiedad de José Grover Ávila Llobet y de Iván Pereira Raya, para luego determinar si corresponde la división y partición peticionada por parte del ahora recurrente, y descartar el reclamo traído a casación, en ese sentido es pertinente examinar el documento protocolizado de compra-venta del bien inmueble,y desarrollados los argumentos se obtienen los siguientes antecedentes; en cláusula primera; se tiene la intervención de las partes suscribientes, Elena López López (propietaria-vendedora del predio el Nogal) y José Grover Ávila Llobet (comprador), en dicha cláusula se señala de manera expresa los límites y colindancias de la propiedad transferida, es decir; Al Norte con la propiedad que se encuentra en litigio, entre José Grover Ávila Llobet y Blanca Morales Ávila y con la propiedad de la Parroquia, al Sud con los herederos de la Sra. Mercedes A. de López y con la de Iván Pereira, al Este con la del Sr. Eleuterio Montellano y con el final de la calle Abaroa, al Oeste con el Rio Chico, así como el registro en las oficinas de Derechos Realesen fecha 13 de marzo de 1991. (ver fs. 9 a 10 y vta. y 15 a 16 y vta.).

Ahora bien, que de la Escritura Publica Nº 5/78, de fecha 7 de marzo de 1978 (ver. fs. 42 a 44), se tiene que Mateo Ávila Morales transfiere una tercera parte de la Bodega, lagar y tina de estaño en la propiedad denominada El Nogal situado dentro el Radio Urbano del Pueblo de Villa Abecia, Provincia Sud Cinti del Departamento de Chuquisaca, documento suscrito en fecha 21 de agosto de 1975, en favor de Elena López López, señalando también claramentelos límites y colindancias, misma que se encuentra registrada en las oficinas de Derechos Reales en fecha 03 de abril de 1978 (ver fs. 43 vta.).

Por otra parte, del análisis de la documentación de fs. 52 a 54 y vta., se tiene el documento de compra-venta de fecha 16 de enero de 1992, suscrito por su propietario Julián López Ávila quien transfiriere una fracción de su propiedad denominada El Nogal, en favor de Iván Pereira Raya, expresando e individualizando en la cláusula tercera los límites y colindancias de manera clara y concreta, es decir, al Norte con la propiedad de Grover Ávila; al Sud con propiedad de sucesión del Sr. Jorge López A., al Este con la propiedad del comprador y al Oeste con la propiedad del Sr. Guido López y el Cañal, mismo que se encuentra inscrito en las oficinas de Derechos Reales en fecha 10 de julio de 2004 (ver. fs. 54).

Del mismo modo a través de la Escritura Publica Nº 292/2000, de fecha 10 de julio de 2000, se evidencia que Rodolfo Vincente y Natalia Yevara de Vincente su condición de propietarios transfieren en fecha 18 de febrero de 1994, una fracción de la propiedad el Nogal en favor de José Grover Ávila Llobet, con una superficie total de 1.370. m2., que resultan ser de 13 mts. de ancho en la colindancia Este y 9 en la colindancia Oeste, más el Martillo que se forma hacia el Norte (ver fs. 55 a 57 vta.).

Por otra parte en el mismo documento de fecha 18 de febrero de 1994 y en la Escritura Publica Nº 292/2000 de fecha 10 de julio de 2000, refiere haber realizado otra transferencia en favor de Iván Pereira Raya con una superficie de 630 m2., que resulta ser 7 mts. de ancho en la colindancia Este, desde la altura Acequia, hacia el Oeste con una extensión de 90 mts., hasta rematar con el Rio Chico de Villa Abecia, describiendo de manera clara los límites del predio, mismo encontrándose también inscrito en los registros de Derechos Reales, en fecha 10 de julio de 2004 (ver. fs. 57 vta.),a la vez Rodolfo Vincente y Natalia Yevara de Vincente nuevamente transfierenotra pequeña porción de la propiedad el Nogal es decir 150 mts2., en favor de Iván Pereira Raya, incrementando a la superficie antes transferida de 630 m2., a la superficie total de 780 m2., manifestando de manera concreta las colindancias y que además aclara que el martillo se encuentra ubicado en el lado Sur y no al Norte.

De los antecedentes anteriormente señalados, se evidencia que la adquisición de cada uno de los predios con las delimitaciones y colindancias ya definidas y que las mismas cuentan con títulos debidamente registrados en la oficina de Derechos Reales, los cuales no pueden ser objeto de división y partición como pretende el ahora recurrente, conforme se establece de los documentos adjuntos al proceso; este aspecto ha sido evidenciado por los de instancia y analizado de manera correcta no infringiendo norma alguna como pretende el recurrente, consecuentemente sus reclamos carecen de sustento legal.

II.5.- En lo que concierne al último punto, es preciso aclarar los siguientes extremos, que a criterio del Tribunal de alzada cuando en su razonamiento refiere:“Sobre la nulidad de los documentos 9-10 y 42 a 44, formulado en el memorial de oposición de fs. 27-28, con apoyo del Art. 549 numerales 1, 2, 3, 4 y 5) del Código Civil según el Art. 641 del CPC, caso de autos se considera demanda reconvencional, así reconocido por el a quo en el auto de fs. 105, modificada y ampliada por memorial de fs. 108-110 y vta., sustanciada así en todo el proceso; ahora bien por el principio dispositivo que le asiste al tenor del art. 86 del CPC., solo la parte está facultado a iniciar el proceso que viene por conveniente, la misma que debe reunir los requisitos previstos en el Art. 327 in fine del CPC., caso de autos el demandante solo se ha limitado a invocar los incisos 5 del art. 549 del CC., sin precisar cual causal de nulidad contiene los documentos de fs. 9-10 y 42-44, el administrador de justicia no puede suplir esa omisión que incumbe a la parte para hacer valer sus derechos, de hacerlo estaría violentado la igualdad de las partes en juicio, quebrantando el derecho a la defensa al convertirse en juez y parte; por otra parte de la revisión de la prueba aportada por el principio de mancomunidad de la prueba o universalidad de la prueba, las pruebas pertenecen al proceso y no a las partes, se advierte que el apelante reconvencionista no ha acreditado por medio probatorio alguno la nulidad general demandada, menos una de ellas”, criterio acogido por parte del Ad quem.

De lo anterior señalado se tiene, que el ahora recurrente al interponer la acción reconvencional de nulidad de contratos y sustentar su demanda en el art. 549 incs. 1, 2, 3, 4 y 5) del Código Civil, sin embargo el mismo, no hace una adecuada fundamentación concreta sobre que causal recaería la nulidad del documento de compra y venta de los predios en disputa, más aun cuando el Tribunal de alzada consideró estos argumentos al momento de emitir el Auto de Vista en su considerando segundo punto seis (6) de manera que mereció respuesta, desestimando de esta manera su pretensión al no haber probado y demostrado la nulidad de los contratos, al no haber subsumido su pretensión en base a uno de los cinco incisos del art. 549 del Código Civil, que concierne a los casos de nulidad del contrato.

De lo precedentemente indicado, se establece que en Sentencia la Jueza de la causa declaró probada la excepción por falta de derecho en el demandante (reconvencionista), situación no comprendida por el ahora recurrente que reitera su reclamo en la presunta infracción del art. 549 del Código Civil, siendo evidente que carece de legitimación para cuestionar la validez del contrato que acusa de nulidad, situación que ya fue definido por los de instancia al declarar probada la excepción de falta de derecho en el reconventor (sobre la nulidad del contrato), consecuentemente la acusación de infracción de la norma citada resulta impertinente.

Por todas las consideraciones realizadas, se concluye que el Ad quem ha realizado un adecuado análisis de los hechos dentro del marco legal correspondiente, no advirtiéndose vulneración de las normas legales denunciadas por el recurrente, debiendo emitirse por ello Resolución en la forma prevista por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara: INFUNDADO los recursos de casación en la forma y en el fondo de fs. 1736 a 1743 y vta., interpuesto por Roberto Garnica Huaylla en representación de Iván Gabriel Pereira Raya, contra el Auto de Vista N° SCI-127/2015 de fecha 11 de marzo, de fs. 1723 a 1728 y vta., pronunciada por la Sala Civil y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas.

Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.